miércoles, 2 de febrero de 2011

Exigen renuncia de segundo jefe del Ejército de Chile

PL

Parlamentarios, líderes opositores y organizaciones de derechos humanos insisten en la renuncia del jefe del Estado Mayor del Ejército, general Guillermo Castro, quien admitió haber sido agente de la policía secreta de Augusto Pinochet (1973-1990).

Tenemos como segundo hombre del Ejército de Chile a un violador de los derechos humanos, denunció en esta capital Lorena Pizarro, presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.

Si algo así no horroriza a la gente, este país va a un barranco, subrayó la reconocida dirigente social en declaraciones a ADN Radio Chile, tras recordar los tremendos horrores que se vivieron durante los años de la dictadura militar.

A raíz de un proceso investigativo sobre una matanza de campesinos en 1973 en la localidad de Paine, situada al sur de Santiago, el alto jefe militar chileno reconoció en declaración judicial haber pertenecido a la Central Nacional de Informaciones (CNI), sucesora de la temible Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).

Si estuvo vinculado a un organismo represor debe irse, opinó el diputado del Partido Socialista Marcelo Díaz, criterio con el que coincidió el también diputado Hugo Gutiérrez, militante del Partido Comunista y presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja.

Hay un general que ha reconocido haber sido parte de una asociación ilícita terrorista que se ocupó de asesinar y hacer desaparecer a opositores del régimen militar, apuntó el presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade. Por la dignidad del propio Ejército debe dejar su cargo, enfatizó.

Ante el emplazamiento a las Fuerzas Armadas, exponentes del oficialismo arremetieron contra los partidos de la Concertación chilena, a los que acusaron de haber permitido que el cuestionado general hiciera carrera militar cuando ellos estaban en el gobierno.

La congresista Karla Rubilar, de la gubernamental Renovación Nacional, llamó incluso a una especie de mea culpa de la Concertación, aunque dijo estar de acuerdo en que se conozca si hay más generales que estén en servicio activo que hayan estado en la CNI o en los organismos represores de la dictadura, y se aclare por qué se mantienen.

Entre tanto, la postura del Gobierno ante la demanda de renuncia del jefe militar fue expresada por el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, quien dio su espaldarazo a la decisión de desvincular de las Fuerzas Armadas a tres asesores que estuvieron ligados a la dictadura, pero consideró que en el caso del jefe de Estado Mayor es diferente.

"Al encontrarse en servicio activo operan otras normas legales y otros entendimientos para tomar una decisión", alegó.

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