jueves, 31 de marzo de 2011

Argentina: Urtubey al igual que Romero, acentuó la represión a la protesta social en Salta

Marco Díaz Muñoz (COPENOA)

La aplicación del plan represivo se enmarca dentro del un protocolo denominado tolerancia cero, que faculta a la fuerza de seguridad de esta provincial, a reprimir de forma preventiva el derecho a peticionar garantizado en la constitución.

Al igual que su antecesor el también peronista Juan Carlos Romero, el gobernador Urtubey responde con violencia sobre las organizaciones populares que peticionan ser incluidas en el sistema, ataques hoy sistemáticos acentuados sobre zonas petroleras.

El objetivo de este plan macabro e inconstitucional, es garantizar a las empresas multinacionales el continuismo del saqueo, reafirmando la matriz económica, privatista y de entrega fortalecida en la época de la dictadura, que deja como regalías de los recursos naturales, como el gas y el petróleo para el estado solo el 12 %, mientras las multinacionales se llevan el 88%.

Los índices de desocupación en el norte de Salta, siguen siendo de dos dígitos, la migración de la población laboral inactiva en busca de trabajo se incrementó, como la protesta por la falta de trabajo.

En el municipio de Gral. Mosconi organizaciones de desocupados como la U.T.D, Unión de trabajadores desocupados de esta ciudad, impulsaron una ordenanza que garantice un cupo del 50 % de puestos de trabajo para desocupados del lugar, en empresas que se radiquen en la zona, para contrarrestar la falta de trabajo. El incumplimiento de esta norma, es una constante, originando desde las empresas en su mayoría petroleras conflictos que culminan con la aplicación del plan de tolerancia cero, es decir reprimiendo a la petición, al cumplimiento de una norma, ordenanza municipal, lo que convierte al estado provincial en garante al quebrantamiento de las garantías constitucionales.

Entrevista a José “Pepino” Fernández, dirigente popular y ambientalista.


Para hacer efectiva la aplicación del plan de tolerancia cero, la represión, el gobierno acentuó en medios de comunicación, la criminalización de la protesta social, basada sobre las dificultades que originaban los continuos bloqueos a los pobladores, en ciudades como Tartagal y Gral. Mosconi, realizados por organizaciones populares que se visibilizaban mediante este reclamo. Arremetiendo el gobierno con esa propaganda, sobre la necesaria aplicación preventiva del plan de tolerancia cero, ante posibles reclamos, peticiones, vistos por el gobierno como delitos, de forma especial sobre petroleras multinacionales.

No es casualidad que las organizaciones más vulneradas por este plan represivo, como la Unión de Trabajadores Desocupados de Gral. Mosconi, sean las que llevan adelante la consigna de estatizar las empresas petroleras hoy en manos extranjeras. Como la defensa de los recursos naturales no renovables.

Sobre esta problemática el dirigente popular y ambientalista José “Pepino” Fernández, quien es criminalizado ante la opinión pública y en la justicia por ejercer del derecho a peticionar en busca del bien común, se refiere al plan macabro implementado por el gobernador Kirchnerista Juan Manuel Urtubey, que conformó con el aval del partido justicialista de Salta una alianza política para su reelección para las elecciones del 10 de abril con el Partido Renovador, de pensamiento procesista, similar al de Fuerza Republicana de los Bussi en Tucumán.

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