jueves, 31 de marzo de 2011

Ecuador: Esta vez NO

EN MARCHA

Que le consulten al pueblo sobre decisiones trascendentes para su vida es un derecho que la Constitución lo ha consagrado desde décadas atrás, por ende, no es una dádiva del gobierno. En los actuales momentos es un imperativo que la consulta verse sobre temas que tienen que ver con el aseguramiento del buen vivir, el manejo patriótico y soberano de los recursos naturales, el combate a la corrupción, la política de endeudamiento externo, las acciones gubernamentales en materia de salud y educación, el nulo desempeño de la Asamblea en materia de fiscalización, entre otros.

Sin embargo, Correa, amparado en el discurso del combate a la inseguridad y la delincuencia –problema muy sentido por la peligrosidad que ha alcanzado- propone una consulta popular mañosa y tramposa, con la cual pretende que se le otorgue la facultad de privarnos de derechos fundamentales y se le entregue, en bandeja de plata, el control absoluto de todo el sistema judicial, con lo cual, en otros términos, aspira que pongamos en sus manos la soga que colocará en el cuello de todo aquel que discrepe y reclame sus derechos, dando rienda suelta a su enfermizo autoritarismo.
Si bien la consulta tiene diez preguntas, cinco de referéndum porque adjunta los textos concretos para reformar la Constitución y cinco referidas a diversa temáticas de interés público, está claro que su razón de ser es asaltar el control de las cortes para perseguir y atemorizar con juicio y cárcel a quien proteste y, por otro lado, evitar el juzgamiento de irregularidades y hechos de corrupción de su gobierno. Lo demás quiere utilizarlo como elementos distractores.
Primera pregunta:
Se refiere a la eliminación de la caducidad de la prisión preventiva, con lo cual, supuestamente, nos libraría de la delincuencia. Al respecto debemos argumentar lo siguiente:
La delincuencia no se combate apresando a presuntos delincuentes por largas temporadas sin que se dicte sentencia condenatoria o absolutoria, eso solo significaría que hay que construir más cárceles. Está demostrado que el endurecimiento de las penas no disuade ni evita la criminalidad.
Para combatir la delincuencia el Estado debe garantizar: una política preventiva mediante la generación de empleo, pues, está probado que solo el trabajo educa y disciplina a la gente, no así la dádiva de una labor asistencial; el desarrollo de una auténtica rehabilitación social de la población carcelaria; y, el combate sin cuartel a la mafia y crimen organizados, los mismos que no prosperan sin la complicidad de las altas esferas del poder político.
En realidad, la prisión preventiva ya es una afectación al derecho a la libertad y al principio de la presunción de inocencia. Que la Constitución establezca, en forma categórica, el límite de caducidad de la prisión preventiva en seis meses para los delitos con pena de prisión y de un año para aquellos que ameritan reclusión fue una necesidad frente a una población carcelaria de la cual, a finales de la década de los noventa, el 50% era de presos sin sentencia, gracias a una justicia corrupta y lerda.
Para sancionar a los jueces, operadores de justicia y abogados corruptos que con artificios dilatan los procesos judiciales no se necesita modificar la Constitución, basta con aplicar las sanciones previstas en el Código de Procedimiento Penal y el Código Orgánico de la Función Judicial. El problema de la justicia en nuestro país no es por falta de leyes sino por falta de aplicación.
Segunda pregunta:
Plantea que se cambien los textos de los numerales 1 y 11 del artículo 77 de la Constitución que disponen que la prisión preventiva se aplicará de manera excepcional en tanto que las medidas cautelares alternativas serán de aplicación prioritaria; y, se los reemplaza por otros a través de los cuales se invierten estos conceptos, es decir, la prisión preventiva será la norma y lo excepcional será la medida cautelar.
Eliminar el carácter excepcional de la prisión preventiva constituye un retroceso en materia penal; es una violación al derecho de libertad que tenemos todos los seres humanos por el solo hecho de nacer. La aplicación excepcional de esta medida está determinada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros instrumentos y organismos internacionales.
La prisión preventiva en sí misma ya significa una sentencia previa a la declaratoria de culpabilidad o inocencia del sospechoso con esto se afecta la presunción de inocencia.
Esta propuesta guarda relación con la primera pregunta y se enmarca en los objetivos de Correa de disponer de armas jurídicas para legalizar su política represiva y policiaca, para reprimir y criminalizar la lucha social, para imponer un régimen totalmente autoritario en base al miedo y la persecución.
Cuarta pregunta:
El actual Pleno del Consejo de la Judicatura es reemplazado por uno de Transición integrado por tres miembros designados por el Ejecutivo, Legislativo y por la Función de Transparencia, el mismo que durará 18 meses en funciones y estará encargado de reestructurar la Función Judicial, es decir, nombrar jueces, notarios, registradores de la propiedad y demás operadores de justicia.
Esto es lo que se llama asaltar la justicia; meter las manos y el cuerpo entero en las Cortes, es violentar una norma constitucional que garantiza la independencia interna y externa de la Función Judicial so pena de incurrir en responsabilidad administrativa, civil o penal.
Es designar a dedo (el de Correa) al máximo organismo encargado de definir las políticas del sistema judicial, para manejar a su antojo y voluntad la aplicación de la justicia, con lo cual deja de ser independiente para pasar a ser una sucursal más que cumple los designios de Carondelet.
Esta aberración no estuvo en la mira ni de los gobiernos más retardatarios como el de Febres Cordero, sin embargo de lo cual, siempre se lo acusó de secuestrar la justicia, por su injerencia y manipulación de buena parte de las Cortes.
Por lo dicho, esta pregunta es el plato fuerte del referéndum. Para que el pueblo la digiera se argumenta que así se combatirá la delincuencia y se acabará con la corrupción de los jueces. Mentira! Para combatir la corrupción judicial de debe depurar las Cortes y sancionar a los jueces incursos en estas prácticas mas no adueñarse del sistema para poner a sus incondicionales. Para garantizar justicia pronta debe fortalecer el sistema judicial con más presupuesto, con más jueces honestos que sustancien las causas.
Quinta pregunta:
Es el corolario de lo anterior; el Consejo de la Judicatura definitivo estará integrado por cinco miembros y se los designará de entre las ternas enviadas por el Presidente de la Corte Nacional de Justicia, por el Fiscal, por el Defensor del Pueblo, por el Ejecutivo y por la Asamblea.
Así las cosas, el proceso establecido por la Constitución para la selección e integración del Consejo de la Judicatura mediante concurso público de oposición y méritos, con impugnación y veeduría ciudadanas, abortaría sin que siquiera haya sido ensayado. Se desenmascara la demagogia de su tan cacareado discurso de la “participación ciudadana”, pues, según la visión de Correa, ésta se garantiza en tanto y en cuanto no intervenga la ciudadanía, en tanto y en cuanto él la personifique.
Como es tan burdo el propósito de controlar la justicia, en la propaganda oficial se dice que ahora la designación del Consejo de la Judicatura será por concurso. Falso. Serán designados quienes garanticen fidelidad y ciega obediencia a Correa. Precisamente la reforma elimina el concurso.
Se apuesta a que la gente no lea las complejas e intrincadas reformas legales y tome una definición al amparo de la imagen caudillesca de Correa y de la confianza ciega en su palabra.
Por el temor de que en la Asamblea no cuente con la mayoría para aprobar las reformas legales que se desprenderán en caso de ganar el sí, de manera, mañosa, inconstitucional e ilegal, con el afán de dejar sellado el tema, incorporó más de 30 modificatorias al Código Orgánico de la Función Judicial, pese a que la Corte Constitucional no las conoció. Correa incurre en una acción fraudulenta y dolosa.
Tercera pregunta:
de manera táctica esta pregunta está en medio de los temas antes citados referidos a la justicia, seguramente, para aplacar de manera formal su impacto y se refiere a la prohibición de que los dueños de los bancos o de medios de comunicación tengan acciones y participaciones en empresas ajenas a su respectiva actividad. Este tema ya está normado y se lo pone para aparentar una postura antioligárquica mientras su política le ha sido altamente beneficiosa, basta recordar que los dueños de las instituciones financieras son los que registran mayores utilidades en estos años.
Sexta pregunta
¿Está usted de acuerdo que la Asamblea Nacional, sin dilaciones, dentro del plazo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, a partir de la publicación de los resultados del plebiscito, tipifique en el Código Penal, como un delito autónomo, el enriquecimiento privado no justificado?
Correa pretende mostrarse como el abanderado de la lucha contra la corrupción, pero los hechos demuestran lo contrario:
No hay ningún banquero corrupto responsable del feriado bancario tras las rejas.
Nada se ha hecho para sancionar a los evasores de impuestos como Álvaro Novoa.
Protege y tolera a los funcionarios que junto a su hermano Fabricio Correa suscribieron contratos con el Estado por más de 700 millones causándole un perjuicio de 140 millones de dólares.
Los responsables de los hechos de corrupción en su gobierno como los come cheques en el Ministerio de Deportes; Corolina Chang y David Chiriboga en el Ministerio de Salud que festinaron los recursos destinados a de las emergencias en el sector salud, aun no han sido enjuiciados y peor sancionados.
Correa no combate la corrupción. Con su bancada oficialista, en la Asamblea, se opuso a la aprobación de la Ley de Extinción del Dominio que tenía como finalidad recuperar las fortunas mal habidas y ponerlas al servicio del Estado.(Ley propuesta por el MPD)
No hay voluntad política para sancionar el enriquecimiento ilícito, el Código Penal instituye las normas para establecer la responsabilidad administrativa, civil y penal por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos, que deben aplicarse a los dignatarios, funcionarios y servidores de los organismos e instituciones el Estado. Los mismos que están sujetos a las sanciones establecidas por comisión de delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito.
Los artículos 257, 285 al 289, 264 del Código Penal estipulan sanciones como la reclusión de cuatro a ocho a años por el cometimiento de peculado y cochecho; así también el Código de Procedimiento Penal establece en los artículos 217, 223 y 296,1 y 296,2 las sanciones para el enriquecimiento ilícito que van dos a cinco años de prisión y restitución del duplo del monto del enriquecimiento ilícito.
Séptima pregunta
¿Está usted de acuerdo que en el país se prohíban los negocios dedicados a juegos de azar, tales como casinos y salas de juego?
Es claro que al gobierno no le interesa terminar con estos juegos, por el contrario tiene intereses creados; varios funcionarios de su gobierno como Alexis Mera están involucrados con este tipo de empresas, es publica la denuncia de corrupción que implica a este funcionario acusándolo de recibir cuantiosos sobornos de INVERMON, gran empresa que posee 84 salas de juego en el país y más de 100 empresas vinculadas .
Se conoce además que INVERMON habría aportado a la campaña del Presidente Correa, de su hermana Pierina y Julio César Quiñónez, Gastón Gagliardo y otros funcionarios del gobierno.
De querer terminar con este tipo de negocios el gobierno, a través de sus acaldes, emitiría ordenanzas en cada uno de los municipios que dirige y los prohibiría.
Octava pregunta
¿Está usted de acuerdo que en el cantón de su domicilio se prohíban los espectáculos que tengan como finalidad dar muerte al animal?
Discurso contradictorio mientras por un lado Correa pretende terminar con las corridas de toros, la pelea de gallos y otros eventos en los que se de muerte a un animal al plantear esta pregunta; en su campaña anuncia que eso no será así, en la Universidad Central fue enfático en señalar que la fiesta taurina de Quito no se suspenderá, lo mismo hizo en el sur de Quito en el primer evento de su campaña por el Sí.
Se trata de una pregunta distractora que busca, ubicándose como defensor de los animales, ganar razón en aquellas organizaciones y personas que sí defienden los derechos de los animales y de la naturaleza a fin de que voten por el sí en su consulta mañosa.
Novena pregunta
¿Está usted de acuerdo que la Asamblea Nacional, sin dilaciones, dentro del plazo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, expida una Ley de Comunicación que cree un Consejo de Regulación que regule la difusión de contenidos en la televisión, radio y publicaciones de prensa escrita que contengan mensajes de violencia, explícitamente sexuales o discriminatorios, y que establezca criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores o los medios emisores?
La presión de varios sectores ha impedido que el gobierno, poseedor del mayor monopolio de medios de comunicación apruebe una ley que lleva debatiéndose en la asamblea nacional más de un año y que busca, bajo el discurso de la libertad de expresión, controlar a los medios privados que se muestran opuestos al régimen, por ello se vio avocado a incorporarlo en la consulta
La creación del Consejo Regulador es el punto central de la ley, organismo al que se le dará plenos poderes para cerrar, suspender o clausurar los medios de comunicación que a su juicio estén atentando contra el derecho a la libre expresión o a su vez, considere están incurriendo en la emisión de mensajes discriminatorios, sexuales o violentos.
Importante señalar que el mayor monopolio mediático está controlado por el gobierno allí no hay libertad de expresión, no hay espacio para la voz de los sectores populares ni sociales, muestra de ello es lo que ocurrió el 30 de septiembre cuando la televisión , la radio y la prensa escrita “pública” solo difundió el mensaje del gobierno
Décima pregunta
¿Está usted de acuerdo que la Asamblea Nacional, sin dilaciones, dentro del plazo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, a partir de la publicación de los resultados del plebiscito, tipifique como infracción penal la no afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de los trabajadores en relación de dependencia?
En torno a esta pregunta el gobierno pretende manipular el derecho de los trabajadores consagrado en la Constitución que declara como obligatoria la afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, incumplimiento que además puede sancionarlo con la potestad que le da la actual Ley ,
No lo hace porque es él, uno de los principales sujetos que incumple con este mandato al mantener más de 13 mil docentes sin afiliarlos al seguro social.
No le interesa en realidad porque de lo contrario habría ordenado a su bloque parlamentario en la Asamblea Nacional apoyar la propuesta de MPD de tipificar como delito en el Código Penal la no afiliación al IESS.

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