viernes, 4 de marzo de 2011

Estado salvadoreño está obligado a cancelar deuda en caso Serrano Cruz

Merlin Velis - Eugenio Castro (COLATINO)

La desaparición forzada de las hermanas Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, mediante la “Operación Limpieza” y conocida como “guinda de mayo”, representa uno de los casos más emblemáticos de violación a los derechos humanos cometidos en El Salvador, durante los episodios oscuros del conflicto bélico de los años ochentas y que ha puesto al Estado en la mira de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde que fue denunciado en 1999.

La lucha jurídica empezó en marzo de 1993, cuando la señora Victoria Cruz, acompañada del Padre Jon de Cortina, denunció en el Juzgado de Primera Instancia de Chalatenango la desaparición de sus hijas Ernestina y Erlinda, de siete y tres años, ocurrida el día 2 de junio de 1982, a manos de miembros del Ejército salvadoreño que impulsó una campaña militar al norte del departamento de Chalatenango.

El proceso penal fue archivado en varias oportunidades, por lo que en 1999, la Asociación ProBúsqueda y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) demandaron al Estado salvadoreño ante la CIDH, que en su informe de fondo emitido en marzo de 2003, estableció la responsabilidad del Estado Salvadoreño en la desaparición forzada de ambas niñas.

El Estado trató de probar que las niñas no habían existido y que la Corte no era competente para conocer el caso debido a que El Salvador ratificó la competencia de esta hasta en 1995. La Corte Interamericana de Derechos Humanos aceptó su falta de competencia para juzgar al Estado Salvadoreño por hechos ocurridos antes de 1995, por lo que en su sentencia de fondo y reparaciones de marzo de 2005, únicamente condenó al Estado de El Salvador por la violación a la integridad personal de la familia Serrano Cruz.

También fue condenado por la violación a las garantías judiciales y la protección judicial efectiva de Ernestina y Erlinda Serrano Cruz y de su familia. Entre las medidas de reparación, este tribunal internacional también ordenó que el Estado salvadoreño debía investigar efectivamente la desaparición de Ernestina y Erlinda, e identificar y sancionar a los responsables, para lo cual le advirtió abstenerse de recurrir a figuras como la amnistía, la prescripción y excluyentes de responsabilidad.

Otra de las indicaciones dictadas por la Corte Interamericana es la conformación de un banco de perfiles genéticos de las familias que buscan a sus niños y niñas desaparecidos, que serviría de herramienta, como un archivo de búsqueda, para facilitar la ubicación de familiares.

El Estado salvadoreño ha incumplido la medida de reparación referida a investigar el paradero de Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, además de no determinar y juzgar a los responsables de su desaparición.

Desde octubre de 2005, la Asociación ProBúsqueda promueve acusación particular contra miembros de la Fuerza Armada, logrando que en el mes de junio de 2008 compareciera a declarar el Ex Jefe del Estado Mayor, General Rafael Flores Lima.

De igual modo en octubre de 2008 fue citado a declarar el ex-jefe de la Fuerza Aérea, general Juan Rafael Bustillo, ambos hechos inéditos en la lucha por la justicia en El Salvador.

Este mes se cumplen seis años de haberse dictado esta sentencia de estricto y obligatorio cumplimiento para las autoridades, sin que se haya realizado una sola diligencia mediante la cual pudiera determinarse el paradero de estas niñas.

La sentencia emitida por la Corte Interamericana, contra el Estado salvadoreño, constituye uno los hitos en la historia de lucha por la defensa de los derechos humanos en El Salvador, y abre la esperanza a las víctimas para impulsar por la vía de la justicia la reivindicación de sus derechos.

“Nosotros vamos a seguir presionando porque los familiares están decididos a enfrentar a la Fiscalía para que puedan darles una respuesta responsable”, dijo Elsi Flores, representante legal de ProBusqueda.

Si el Estado y sus instituciones encargadas de impartir justicia no cumplen con el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de agilizar las investigaciones y castigar a los criminales que ejecutaron la desaparición de las hermanas Serrano Cruz, quedará mal no solo ante los ojos de los organismos internacionales de derechos humanos; sino, con todo un pueblo salvadoreño que sigue anhelando que el manto de la impunidad ya no siga cubriendo la esperanza y la verdad.

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