jueves, 14 de abril de 2011

Argentina, Entre Ríos: Organizaciones de Derechos Humanos y militantes repudian el nombramiento del juez Quevedo y piden al Concejo que se expida

DIARIO JUNIO - INFOALTERNATIVA

En la mañana de hoy representantes de organismos de Derechos Humanos, madres, hijos, familiares de desaparecidos y militantes sociales y políticos presentaron un escrito en el Concejo Deliberante y ante el delegado de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia en el que manifiestan “profunda preocupación y repudio” por el nombramiento de Julián Quevedo como juez interino y piden que ese cuerpo se expida.

Evidentemente, los firmantes no le creyeron a Quevedo que negó “haber firmado” un pedido de liberación del asesino de la ESMA, Ricardo Cavallo en el 2003, ni otra de “apoyo a las FF.AA. de seguridad y policiales” en la que intiman al juez federal Claudio Bonadío a abstenerse de “perseguir judicialmente” a quienes ese juez llamaba a indagatoria por delitos de lesa humanidad. En la nota presentada al Concejo se señala que el “nombramiento afecta no solo la memoria de quienes han sufrido…sino que lesiona normas constitucionales”, mencionando el artículo 6 de la Constitución de Entre Ríos.

Las notas al Concejo Deliberante y a la Secretaria de Justicia

Los abajo firmantes, familiares de detenidos desaparecidos, HIJOS, ex presos políticos, organizaciones políticas, de Derechos Humanos y vecinos de Concordia, manifestamos nuestra profunda preocupación y repudio ante un hecho concreto ocurrido recientemente en el foro de la justicia entrerriana que mediante resolución del Superior Tribunal de Justicia (…) nombró como juez interino en el juzgado laboral a Julián Quevedo a quien se lo reconoce, dicen, por su manifestación pública a favor del genocida Ricardo Cavallo, alias “sérpico o marcelo”, hoy detenido y procesado por su participación como figura emblemática en la infame Escuela Mecánica de la Armada, símbolo temible del aparato represivo del Proceso militar.

Señalan seguidamente que, tal nombramiento afecta no solo la memoria de quienes han sufrido bajo ese triste período de la historia, sino que lesiona claramente normas constitucionales establecidas e incorporadas a la reforma de la Constitución provincial como el artículo 6.

Así, siguen diciendo que la intención es peticionar ante ese cuerpo colegiado para que el mismo se exprese dando a conocer su criterio acerca de esta inaceptable nominación, de modo que otros estamentos oficiales de la composición republicana, puedan también expedirse.

En tanto, en la nota que proponen sea reenviada a la Secretaría de DD.HH. y de justicia y que está dirigida a Rubén Bonelli, piden “investigación e intervención en la designación de Quevedo como juez interino”. En ese escrito afirman que la verdad y la justicia deben alcanzar a quienes se manifiesten a favor de quienes violentando el orden constitucional llevaron adelante el genocidio más aberrante de la historia de nuestro país y que es inconcebible que esos personajes se desempeñen en las instituciones de la republica.

Entre los firmantes de esa nota que lleva el Nº de expediente 18533-P y que recibió hoy a las 10 hs. la secretaria del Concejo Delia Tallarico de Soage, aparecen firmando Luisa Traversa de Quintero, madre y familiar de varios desaparecidos ; José Zalazar, hijo de desaparecido ; Ángela del Carmen Braccia de Tito, ex Co-fundadora de la Asamblea por los Derechos Humanos delegación Concordia ; Daniel Cedro, Concejal ; Lidia Subosky; Horacio Maciel, Juan Cortiana, Luís Rolón y José Luís Uranga, ex presos políticos ; Miguel Yoya, Luís Román y Carlos Sánchez familiares de ex presos políticos y desaparecido, Eduardo Díaz y Juan José Cornú, periodistas, Mariano Guerrero, representante de la Universidad de Entre Ríos, Antonio Candioti, Edgardo Pontelli, Lidia Santich, Ramón Cabrera, José Lima, María Rosa Kurovsky Luchik, Daniel Barboza, Matías Céspedes, Antonio Moser, Natalia Palacios, María Laura Coronel y Carlos Gauna, entre otros dirigentes políticos, sociales y estudiantiles.

Quevedo

Vale destacar que el pasado viernes 8 al mediodía, Quevedo envió a este diario una Carta Documento cuyos términos más destacados, ya habíamos publicado un día antes.

El primer dato a resaltar es que esa carta llega 8 días después que este diario diera a conocer que, Quevedo había sido nombrado juez suplente (algo que hasta ese momento la opinión pública desconocía) y que, al googlearlo, su nombre completo acompañado de su DNI y la localidad, aparecía en varias páginas digitales ligadas a los integrantes de la última dictadura militar. Citábamos específicamente dos notas en dos sitios distintos (de los años 2002/03) en las que también aparecen los nombres y documentos de varios integrantes de la familia de su esposa, hija de un conocido militar que prestó servicios en aquellos años.

A su vez, Quevedo fue convocado por el STJ y se presenta ante sus superiores a instancias de jueces de Concordia que le piden que haga su descargo ante tan grave situación, en rigor, lo mismo que por fax le solicitaba el STJ. DIARIOJUNIO conoce tal acontecimiento (el día en que Quevedo se presentó ante el STJ) por un abogado del foro local que se relaciona socialmente con Quevedo y que contó a este diario lo que estaba ocurriendo en los tribunales de Concordia.

Así, en esa CD Quevedo se limita a negar que haya firmado alguna nota en defensa de represores.

Sin embargo, el ahora juez no explica a que adjudica que su nombre y el de varios de sus familiares aparezcan en esas páginas web y que razones tendrían los organizadores de esas movidas para publicar allí su nombre y el de varios de sus familiares y no el de cualquier otra persona.

Dice sí, que “promoveré Hábeas Data contra quien se identifique como responsable de haber incorporado a sitios web las falsas noticias mencionadas, a los fines que supriman la inclusión del suscripto en las mismas”.

No aclara qué pasaría si nadie se “identifica como responsable”, ni que plazo se da para dejar tranquila a la comunidad preocupada por estos hechos.

Probablemente a título de amenaza, no lo sabemos, Quevedo aclara en esa CD que “existen numerosos fallos jurisprudenciales que condenaron a periodistas –caso Lanatta- y/o sitios o buscadores web que publicaron noticias que contenían información falsa”.

De acuerdo a esta interpretación, de allí las dudas y la escasa credibilidad de su desmentida, la única información que él presume falsa en los casos que nosotros mencionamos, es su firma y la de sus familiares (algunos de los cuales también revistan como funcionarios en la justicia local).

Solo esa parte sería falsa, ya que, el resto es público y notorio.

Es público y notorio el pedido que enviaron al entonces presidente mexicano Vicente Fox para que no extradite a Cavallo a España solicitado por el juez Baltasar Garzón ; es notorio que en esa época en la Argentina existían las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y que por eso pedían su “regreso seguro al país” y es público también que en este país existe un grupo que recolecta adhesiones a asesinos de la dictadura que se llama “memoria completa”.

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