martes, 12 de abril de 2011

La memoria donde arde: Operativo Serpiente Roja

Carlos Saglul (ACTA)

Para Slavoj Žižek el capitalismo “no puede existir sin realizar periódicos genocidios que le sirven para ordenar y disciplinar a la sociedad”. La violencia con la que siempre se topó cualquier intento de democratización sindical, inseparable del reparto más equitativo de la riqueza, es inherente al sistema mismo.

La existencia de burócratas sindicales o policías bravas son meras herramientas al servicio de esta lógica bestial y explican porque el terrorismo de Estado tuvo inició en el accionar de la Triple A durante un gobierno civil y su ensayo más claro como desenlace de un conflicto gremial en Villa Constitución. Este mes se cumple un nuevo aniversario del Operativo Serpiente Roja en el cual matones al servicio de burócratas sindicales y las fuerzas de seguridad, intentaron sofocar, a sangre y fuego, una de las más ricas experiencias del sindicalismo clasista y revolucionario que había emergido un año antes, en marzo de 1974, con el “Villazo”.

El año pasado la Unión Obrera Metalúrgica de Villa Constitución (UOM-CTA) junto a la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) y a dirigentes de la Central de Trabajadores de la Argentina presentaron una denuncia penal contra los responsables del denominado Operativo Serpiente Roja del Paraná, ocurrido el 20 de marzo de 1975 por orden de la ex presidenta María Estela Martínez de Perón, y expresa indicación del entonces presidente del Directorio de Acindar, José Alfredo Martínez de Hoz.

La represión contra los trabajadores que se empezaba a institucionalizar en ese momento –recuerda la denuncia- respondió a la demanda empresaria de “orden” ante la multiplicación de conflictos en demanda de libertad y democracia sindical y un mejor reparto de la riqueza. El escrito, que firmaron entre otros los dirigentes Alberto Piccinini, Carlos Sosa y Juan Actis, acusó por delitos de lesa humanidad al ex ministro de Economía Martínez de Hoz y la ex presidenta María Estela Martínez –de quien piden la extradición desde España– por la represión en Acindar y el asesinato de más de 20 trabajadores.

La Triple A tuvo su “bautismo de fuego” en la Masacre de Ezeiza el 20 de junio de 1973. La conforman ex policías, homicidas sacados de las cárceles, integrantes del Comando de Organización, la Juventud Sindical Peronista y custodios de los caciques gremiales. “En la habitación 108 del Hospital Internacional de Ezeiza, media docena de matones sindicales conducidos por el “Negro” Corea, jefe de la custodia de José Rucci -(secretario general de la UOM)- estaban torturando a ocho prisioneros a golpes y descargas eléctricas. (… ) La mayoría de los torturados eran peronistas sin militancia, uno era incluso un suboficial de la Policía mendocina. Leonardo Favio se enteró de lo que estaba pasando y fue para allá (…)”. Según recuerdan Eduardo Anguita y Martín Caparrós en “La Voluntad”, el propio Favio, integrante de la Comisión Organizadora del regreso de Perón que conducía el acto en Ezeiza, confiesa: “me puse a llorar de rodillas”.

Villa Constitución rompe con la hegemonía del “unicato” sindical. Cuando la conducción nacional de la UOM y el Ministerio de Trabajo tratan de utilizar la receta de siempre ante el triunfo de una corriente clasista, es decir los despidos y la intervención, se encuentran con el muro infranqueable de miles de trabajadores dispuestos a hacer respetar la democracia sindical. La Comisión Interna de Acindar se rodea de un amplio abanico de solidaridades, otras fábricas y la mayor parte de la comunidad.

El Ministerio de Trabajo debe terminar negociando con los obreros en conflicto. El retroceso es sólo táctico. Los grupos económicos están dispuestos a darle una lección a la “guerrilla fábril”, como por entonces califica a las organizaciones, dirigentes, delegados y activistas del sindicalismo que, con aciertos y errores, no transa con la patronal ni con el poder de turno, el líder radical Ricardo Balbín.

El Operativo Serpiente Roja es uno de los mayores ejemplos de la complicidad del Estado, sus fuerzas de seguridad y la burocracia sindical para doblegar el espíritu de lucha de los trabajadores. Una columna de 105 Ford Falcón cargados de policías, prefectos y matones sindicales invade Villa Constitución. Se monta en los dormitorios para solteros de Acindar el primer campo de concentración en un adelanto de lo que haría luego la dictadura militar. Hay alrededor de trescientos detenidos y veinte desaparecidos. Los trabajadores resisten al terror hasta el límite de sus fuerzas.

Las campanas de la parroquia San Pablo Apóstol celebraron el Operativo Serpiente Roja del Paraná. El repique de las campanas ocultó los gritos de los torturados y el estampido de los fusiles. El cura Samuel Martino, responsable de la Iglesia aparece en las listas de represores de la CONADEP.

Carlos Sosa de la Unión Ferroviaria narró al diario Pagina/12: “A pesar de tener la ciudad ocupada, los dirigentes presos, siguió el paro por varios días, la resistencia fue heroica: se dice que Acindar les pagó a los represores. El 16 de octubre secuestraron al delegado metalúrgico (Julio) Palacios, a la doctora De Grandi y a un pastor, (Carlos) Ruesca. Los fusilaron y aparecieron los cuerpos mutilados, a la doctora le cortaron los senos, a los hombres los testículos, y los tiraron en Albarellos para que todos lo vieran. También secuestraron a un colectivero que se había negado a llevar a unos carneros. La gente resistía desde los techos de las casas en solidaridad con los presos”.

Al denunciar lo sucedido, Piccinini, que pasó largos años detenido, fue legislador nacional y ha vuelto a conducir la organización gremial, y los dirigentes de la Unión Obrera Metalúrgica de Villa Constitución (UOM-CTA) subrayaron en el escrito que no perseguían otro objetivo que “buscar la condena de todos los responsables del genocidio, sean éstos sus ejecutores materiales, como los grupos económicos, políticos, intelectuales que se beneficiaron, y probar la existencia de mecanismos de terrorismo estatal tendiente a disciplinar y desarticular el movimiento de lucha gremial y político previo al golpe del ’76”.

Menos de un año después de los sucesos de Acindar, Martínez de Hoz renuncia a su puesto en la dirección de la empresa y asume como ministro de Economía de la dictadura. Lo reemplazó el general Alcides López Aufranc, quien durante el “Onganiato” había encabezado la represión del “Cordobazo”. En 1976 el militar aprovecha un cóctel para brindar por los 23 delegados de Villa Constitución que “ya no joderán más porque estaban bajo tierra”.

Los grupos económicos que son en verdad quienes detentan el poder del Estado, respaldan al sindicalismo empresarial como “un mal necesario”: ellos les garantizan mano de obra barata, empleados en negro o tercerizados y, por sobre todas las cosas, controlar que los trabajadores no puedan organizarse democráticamente para terminar con este formato de país rico poblado de obreros pobres.

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