miércoles, 6 de abril de 2011

México: El Ejército a los cuárteles

Eduardo Ibarra Aguirre

Tras permanecer en el Distrito Federal, Chihuahua, Coahuila y Guerrero del 18 al 31 de marzo, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, llegó a una conclusión central: recomendar al gobierno de Felipe Calderón que considere “a corto plazo” el retiro del Ejército de las labores de seguridad pública.

Las razones esgrimidas por Osman El-Hajjé (Líbano), Jasminka Dzumhur (Bosnia Herzegovina) y Ariel Dulitzky (Argentina) son porque no está facultado para dicha labor, además su actuación se ha relacionado con el aumento de la criminalidad. El caso más estrujante es Ciudad Juárez, donde en tres años de operativos del Ejército y la Policía Federal se multiplicó por 10 veces el número de homicidios dolosos, aseguró Víctor Quintana a Carmen Aristegui.

Juárez, la ciudad más insegura de la aldea global, coexiste con El Paso, una de las poblaciones más seguras de Estados Unidos, y por sí sola la primera prueba el fracaso tan estrepitoso como lamentable de los hasta hoy inamovibles enfoques militaristas que determinan las lineales políticas de Calderón para hacer frente al crimen organizado, influenciado como está por conceptos dogmáticos y, sobre todo, por los planes geoestratégicos de Washington para que Colombia, México y Panamá, además de los gobiernos de los países que lo permitan, realicen el trabajo sucio que corresponde a las agencias y las tropas estadunidenses en su territorio. Que estas naciones pongan a los muertos, desaparecidos, huérfanos y heridos; mientras EUA pone a los adictos, vende las armas y se lleva fabulosas ganancias muy bien lavadas sin que ningún gobierno las persiga con seriedad y menos las confisca.

Como todas las personas que tienen sentido común, los funcionarios de la ONU reconocieron que la ola de inseguridad y violencia que azota al país es generada principalmente por los delincuentes, pero no eludieron la responsabilidad del Ejército y otros cuerpos de seguridad del Estado. Y emitieron un diagnóstico terrible, tanto que cualquier gobierno democrático, esto es, producto de la voluntad ciudadana, atendería de inmediato o refutaría a profundidad: las fuerzas armadas se han convertido en una amenaza para los derechos humanos de la ciudadanía.

Lo anterior no implica ignorar a los cientos de soldados y marinos que ofrendaron su vida por convicción o por necesidad para darle sustento a su familia, en la costosísima aventura militar ordenada por el comandante supremo para legitimarse en Los Pinos, cumplirle a la Casa Blanca que le brindó su temprano apoyo –documentado hasta el detalle por los cables de Wikileaks dados a conocer por La Jornada el lunes 4--, y responder erráticamente al clamor generalizado de brindar seguridad pública.

Dos integrantes de segunda fila del funcionariado de Calderón Hinojosa salieron a defender las estrategias de su jefe, que más bien pertenecen a Barack Hussein Obama (el novel precandidato que empezó a pujar por la reelección sembrando más terror y muerte en Libia): “sería una irresponsabilidad dejar a los mexicanos a merced de los grupos criminales” y las fuerzas armadas intervienen de manera “subsidiaria, temporal y en regiones específicas”. ¡Imagínese usted el desastre si fuera generalizada!

Lo que se precisa y con urgencia es de muchísima información (bloqueada por la telecracia) y un amplio debate nacional, el que omitió el abogado, economista y administrador público con una decisión autocrática con la que se plegó a los enfoques y las políticas de Estados Unidos en materia de narcóticos y abandonó la propia, la que aprobó la ONU por aclamación con el resolutivo 48/112, del 28 octubre de 1993, para revisar “la estrategia universal”.

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