miércoles, 11 de mayo de 2011

Colombia: El expolio del sistema financiero al ahorro pensional

Manuel Gil Giraldo (especial para ARGENPRESS.info)

El Gobierno de Juan Manuel Santos anunció la reforma al sistema pensional, y entre los cambios notificó el aumento de la edad y las semanas cotizadas para tener ese derecho, sumándose a la campaña del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, retornando a los tiempos de la esclavitud con visos modernos, es decir: que los trabajadores laboren hasta el final de sus días, y si les fuera posible que se lleven algo de faena al ‘descanso eterno’.

Por su lado los fondos privados de pensiones, controlados por los grupos financieros del país, mejoran el negocio cerrando las puertas al sistema público de pensiones, lo que significa que continúan trabajando con el ahorro de los trabajadores, después de explotarlos durante su vida laboral, un negocio redondo que en cualquier momento lo pueden declarar en quiebra, tal como ocurrió hace unos años con el fondo pensional de la Seguridad Social, la caja menor del gobierno. Así de dinámico es el capitalismo salvaje y desalmado.

La actitud que tome el vicepresidente Angelino Garzón, puede resultar definitiva en esta reforma, porque según sus palabras “se necesita un gran debate nacional sobre todo el sistema pensional, con la perspectiva de construir un gran pacto nacional con participación de sindicatos, empresarios, pensionados, partidos políticos con representación parlamentaria, fondos privados de pensiones, el Seguro Social y el Gobierno. Las pensiones no es solamente un tema de edad: está ligado a una política de empleo y reducción de la informalidad laboral”. Eso es válido si hay claridad respecto al futuro del pensionado, y no al interés mezquino de quienes administran el ahorro de los trabajadores.

Según un informe de la Escuela Nacional Sindical, Colombia está lejos de ser un Estado Social, entre otras razones porque de cada 100 trabajadores, escasamente 30 están afiliados y cotizan para algún día pensionarse. El tema a tener en cuenta en el debate pensional, es la necesidad de replantear los dividendos de la plusvalía para que el trabajador devengue un salario digno, y lo vea reflejado en la mesada pensional; un sistema salarial que cubra los gastos del trabajador y su familia, lo que es imposible con la actual política salarial.

Pero ¿qué ocurre en la realidad social colombiana?, que la desigualdad salarial es alarmante porque existe una clase empresarial a la que le gustaría implantar un sistema feudal como en la Edad Media, el servilismo y la explotación llevados a su máxima expresión. La otra realidad es que el 58 por ciento de las personas en edad laboral, trabaja en la economía informal, con el agravante de que los ingresos están por debajo del salario mínimo y la mayoría no puede cotizar para pensión. El desempleo es del 12 por ciento, el más alto de América Latina y por encima del promedio global que es el 7 por ciento, el cual aumenta entre la juventud. La situación se agrava cuando se pierde el trabajo, como consecuencia de la inestabilidad laboral y la facilidad del despido a trabajadores que consideran incómodos, lo que revierte en que éste no sigue cotizando, pues no tiene recursos para hacerlo, como sí ocurre en algunos países donde el Estado Social de Derecho reconoce un subsidio de desempleo.

Es responsabilidad del Estado las precarias condiciones de contratación que incluso el gobierno practica y están imponiendo en el mercado laboral, cuya consecuencia es que los cotizantes no llegan al 60 por ciento, de tal manera que quienes tienen un contrato temporal, por prestación de servicios o por cooperativas de trabajo social, generalmente no cotizan al sistema de pensiones. La situación es más difícil para el adulto mayor, según el informe del MPS al Congreso de la República, en mayo de 2010 había en Colombia 1´459.768 personas pensionadas. Pero no todos eran adultos mayores, porque en las pensiones se incluyen las de vejez, invalidez y sobrevivientes. Realmente, el porcentaje de adultos (de más de 55 años) que recibe estas pensiones es el 82 por ciento, y corresponde a 1´226.530 personas. Lo que significa que frente a una población adulta mayor de 6´288.233, estimada por el DANE para el 2010, sólo el 19.5 por ciento recibía alguna pensión. Es decir que, si el 80 por ciento de la población adulta mayor no cuenta con una renta o la solidaridad de su familia, su situación sería la indigencia; situación que se agrava en un futuro cercano, pues mientras la población adulta mayor crece a una tasa anual del 4 por ciento, los pensionados lo hacen al 2 por ciento.

El informe del MPS ante el Congreso se refiere a dos tipos de políticas, que son parte de los programas de atención a las poblaciones vulnerables. Durante el 2009 se giraron 4´882.712 subsidios por valor de $304.059 millones, y se alcanzó una cobertura de 549.956 adultos mayores beneficiados desde diciembre de 2003 hasta diciembre de 2009. En 2010, la cobertura alcanzó la cifra de 573.472 adultos mayores. A estos programas hay que agregar el programa de alimentación para el Adulto Mayor, que desarrolla el ICBF, que consiste en la entrega de un complemento alimentario, sin embargo, son baños de agua tibia ante la traumática realidad, porque apenas beneficia al 10.8 por ciento, y con esa ayuda los beneficiados pagarían el costosísimo transporte de Transmilenio, que por cierto, debería ser un servicio gratuito para el adulto mayor, en cualquier Estado Social de Derecho.

Es una política de marginalidad, que está lejos de garantizar el respeto a la dignidad humana que fundamenta el Estado Social. Tampoco cumple con el mandato constitucional que en el artículo 42 indica que es deber del Estado (también de la sociedad y la familia) la protección y la asistencia de la tercera edad, promover su integración a la vida activa y comunitaria. Si la reforma anunciada no aborda la baja cobertura de cotizantes y la desprotección en que se encuentra el 80% de la población adulta mayor, sólo hará más difícil el acceso a este derecho. Cualquier sistema pensional será inútil si no aborda las reformas de 1993 cuyo objetivo fue aumentar la edad y semanas de cotización, recortar la mesada pensional y eliminar los regímenes acordados en negociaciones colectivas. Además de entregar al sector privado el 70 por ciento de los afiliados al régimen de prima media, pero no resolvieron los bajos niveles de cotización, ni la situación de exclusión social.

Y qué decir de la inequidad social y la falta de conciencia al respecto, cuando hasta los representantes de la justicia se amparan en regímenes especiales que el resto de colombianos no tienen; igual ocurre con congresistas y magistrados que se pensionan anticipadamente con pensiones millonarias y por las cuales no han aportado la cotización que las sustente. Así lo explicó la revista SEMANA al denunciar el carrusel de nombramientos que se presentan en el Consejo de la Judicatura: “Los funcionarios de la rama judicial tienen unos privilegios muy particulares en materia de pensiones. A diferencia de los demás colombianos, a quienes el Seguro Social les calcula su pensión con los últimos diez años cotizados, los de la rama judicial se jubilan con el salario más alto del último año en que trabajaron” ¡Qué maravilla de justicieros tenemos! El impacto económico de esas pensiones, sobre las finanzas del Estado, es demoledor. Si se pagara el costo de una pensión (lo que los especialistas llaman valor actuarial), el
total de la mesada de quien cotizó sobre un salario mínimo sería de $110 millones, mientras que la de un magistrado auxiliar sería de $3.500 millones. Con la Ley 100, se debilitó este sistema, hasta el punto de que los fondos privados de pensiones manejan más de $90 billones y tienen sólo 37.672 pensionados, en tanto que los colombianos tenemos que aportar una suma cada vez mayor para ayudar a financiar las pensiones de 1´459.768 personas, entre ellas las pensiones millonarias de los que reformaron el sistema pensional a favor del sector financiero.

Razón tiene el Vicepresidente Angelino Garzón, al considerar necesario un pacto social desde el que se construya un sistema pensional, y así evitarle a la población adulta mayor un futuro mendigante y mezquino, que sólo se puede lograr desde el diálogo, porque es ante todo un derecho humano, como la vida, la cultura o la libertad de expresión. El objetivo de la reforma podría ser la restitución del sistema pensional como patrimonio público, y no para fortalecer al sistema financiero. Que sea el Estado quien maneje los recursos que están en manos del sector privado, y así no habrá necesidad de que del presupuesto nacional se tengan que financiar pensiones. Es de tomar como referente a países como Chile, Argentina y Uruguay, donde establecieron este derecho para la población adulta mayor.

Pero ¿qué ocurre en Colombia? que es el país de América Latina con mayor inequidad social y entre los países más desiguales del mundo, y se corre el riesgo de ser el primero; porque la tendencia es: no desconcentrar el ingreso, si se tiene en cuenta como lo señala Fedesarrollo, que mientras el (PIB) y el gasto público se multiplicaron por dos en los últimos veinte años, la pobreza extrema se redujo en un dos por ciento, pues demagógicamente dicen que hacen mucho para enfrentar la pobreza, pero muy poco para mermar la desigualdad, y el resultado es que la reducción de la pobreza está por debajo del promedio latinoamericano.

¿Por qué se da este complejo ‘sinónimo’? Aquí no aplica la regla de tres ni la raíz cuadrada. Además de la situación social, cuenta la gigantesca brecha de los ingresos entre empresarios y trabajadores; entre funcionarios públicos y contribuyentes trabajadores (que son sus jefes reales porque son los electores). Sin ir más lejos: si hacemos un salario de nóminas en el Congreso, encontraremos que sus ‘señorías’ se ‘apoltronan cómodamente’ a ganarse una mensualidad que supera en 30 o 40 veces más el salario de la persona que le mantiene limpio su espacio de trabajo (si es que trabajan sus señorías), que tal vez es la que le sirve los tintos o mantiene pendiente de sus olvidos… ¿Así cuándo puede haber igualdad social?

De otra parte están ‘los cacaos’, de la distinguida ‘sociedad’. La desigualdad es ante todo un problema del modelo económico que toca muchos intereses y por ahora no existe un proyecto político dispuesto a enfrentar el problema, porque según los economistas ortodoxos capitalistas “el crecimiento económico se encarga de resolver el problema de la pobreza y la desigualdad”; una ecuación que en la praxis no funciona en Colombia, si el 10 por ciento de los más ricos se queda con el 50 por ciento del PIB, mientras el 10 por ciento de los más pobres apenas reciben las migajas del 0,6 por ciento. Y si tenemos en cuenta que los afortunados de la franja pobre que tienen trabajo mantiene a seis personas en promedio, en tanto que los privilegiados de la pirámide capitalista sostiene a dos ¿cuándo podrá haber igualdad social?

En un estudio de la revista norteamericana de negocios ‘Forbes’ muestra a dos colombianos entre los hombres más ricos del mundo, uno de ellos Luis Carlos Sarmiento Angulo, que ocupa el puesto 75 con un capital de 10.500 millones de dólares, gracias a especular en la banca; el otro es Julio Mario Santo Domingo, que está en el puesto 108, con un capital de 8.400 millones de dólares. Luego de ver dicho informe salta la duda o la preocupación, por saber en cuánto dejarán su mesada pensional estos ‘pobres hombres’. En verdad que sí es urgente el pacto social, si queremos evitar a futuro una situación de indigencia total en los adultos mayores.

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