miércoles, 11 de mayo de 2011

Es urgente evitar embarazos no deseados y abortos inseguros

Irina Santesteban (LA ARENA)

El debate sobre la despenalización del aborto tomó el año pasado un fuerte impulso, luego de la presentación de un proyecto de ley con la firma de más de 50 diputados y diputadas nacionales. Ahora parece retomarse.

Otros dos nuevos casos de peticiones ante la Justicia, para que se autorice la realización de sendos abortos (no punibles) a dos jóvenes, una de ellas con discapacidad, que fueron violadas y quedaron embarazadas, en Santiago del Estero y en Chubut, volvieron a poner en la agenda de las necesidades urgentes la de contar con una ley que despenalice la interrupción del embarazo.

Ya existen proyectos en el Congreso de la Nación desde hace varios años, y desde marzo del año pasado, se ha presentado uno que lleva la firma de más de 50 diputados y diputadas nacionales, para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación. Apoyando la misma iniciativa, existe otro que extiende hasta las 14 semanas el tiempo de gestación permitido para la práctica del aborto.

Solicitada

El 8 de abril pasado, una solicitada con la firma de 400 personalidades e instituciones se publicó en diversos diarios del país y en La Arena. Allí se exhortó a ambas Cámaras del Congreso Nacional para que de una vez por todas se trate y se sancione el mencionado proyecto, llamado "Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo" y que fuera elaborado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

La solicitada lleva importantes adhesiones como las de Hebe de Bonafini, Nora Cortiñas y Estela de Carlotto (de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, respectivamente); artistas como Diego Capusotto, Florencia Peña, Soledad Silveyra, Federica Pais, Antonio Grimau, Gustavo Garzón, Carla Conte, Jean Pierre Noher, Inés Estévez, Marta Bianchi, Cristina Banegas; periodistas como Víctor Hugo Morales, Eduardo Anguita, Pedro Brieger, Martín Caparrós, Pablo Marchetti, entre otras personas de la prensa. A esto se sumó el apoyo de los diarios La Arena y Nuevo Diario de Salta. También suscribieron esta nota organizaciones como el Inadi, la CTA, Ctera, Asociación de Abogados de Buenos Aires, universidades de distintos puntos del país, sindicatos, ONGs y movimientos de mujeres.

Deuda de la democracia

El texto de la solicitada expresó que la falta de una ley que despenalice el aborto es "una deuda de la democracia para con las mujeres en Argentina", porque legalizar la posibilidad de interrupción de un embarazo no deseado, no es un tema "privado" ni algo en lo que tenga que intervenir la fe o la religión, sino que es un tema de justicia social y política sanitaria. Evitar el centenar de muertes de mujeres, por causas derivadas de abortos practicados en malas condiciones sanitarias, es un problema que deben atender los gobernantes, despojándose de toda connotación religiosa.

En particular, quienes mueren por esta causa, son las adolescentes y las mujeres pobres, pues las integrantes de los estratos medios y altos poseen recursos para pagar en clínicas privadas abortos que se realizan también de manera clandestina, pero en mejores condiciones sanitarias.

Los firmantes expresan también que "un Estado laico y democrático debe garantizar la libertad y el respeto a las creencias de todas las personas y es su responsabilidad diseñar y ejecutar eficazmente políticas públicas que garanticen el derecho a la salud integral de las mujeres". La publicación concluye con el lema de la Campaña por el Aborto: "Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal, seguro y gratuito, para no morir".

Causa de muerte

A pesar de estas expresiones y apoyos, incluso a las encuestas que muestran una creciente opinión pública favorable a la despenalización del aborto, es muy probable que este tema no sea tratado tampoco este año, tal como ocurriera el anterior. Aunque a fin de año se logró que la Comisión de Legislación Penal comenzara a recibir testimonios sobre la necesidad de esta ley.

Mientras tanto, continúan la realización de abortos clandestinos. Se calcula que entre 500.000 y 700.000 de estas intervenciones quirúrgicas son practicadas anualmente en nuestro país, algunas realizadas por médicos o estudiantes de medicina, otras por parteras o personas no tan idóneas. Así, las consecuencias de estos abortos son la primera causa de muerte materna en la Argentina.

Casos

Corroborando estas cifras, recientemente hubo dos casos de abortos no punibles, que reafirman la urgente necesidad de contar con una ley que autorice las interrupciones voluntarias de embarazos.

En el caso de los abortos no punibles, previstos en el artículo 86 del Código Penal, no necesitan autorización judicial para su realización, pero en la práctica, por las presiones de la Iglesia y de los sectores más conservadores, la mayoría de los médicos se niegan a intervenir sin autorización judicial, por miedo a denuncias penales.

Hace unas semanas, en Trelew, una joven de 16 años violada pidió la interrupción de su embarazo a la Justicia, pero le fue denegada, a pesar que el año pasado en Chubut, un caso similar fue resuelto favorablemente por el Tribunal Superior de Justicia. Con posterioridad se dictó un Protocolo de Abortos No Punibles, pero que, según la abogada Sandra Grillo, no se cumple en los hospitales públicos.

Los protocolos reglamentan los procedimientos a seguir en casos controvertidos, y en materia de abortos no punibles su objetivo es que las mujeres no tengan que peregrinar por los Tribunales, a merced de jueces que deciden muchas veces impulsados por sus creencias, y no por las leyes vigentes.

Denuncia penal

En este caso, finalmente la adolescente sufrió un aborto espontáneo, pero la abogada Grillo y la madre de la menor realizaron una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público contra las autoridades del hospital que se negaron a practicar la interrupción del embarazo.

Es de destacar que, cuando se aprobó en la Legislatura chubutense el Protocolo para los Abortos previstos en el artículo 86 del Código Penal, los legisladores aprobaron también una declaración para que "ni una sola mujer chubutense muera por un aborto mal practicado, sobre todo cuando se trate de aquellos permitidos por la Ley".

Violencia a la mujer

En una reciente visita a la ciudad de Córdoba, la ministra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carmen Argibay, afirmó que "no despenalizar el aborto es también violencia de género" y "un desprecio hacia la personalidad de la mujer".

Para Argibay la violencia radica en que no se permite que sea la mujer la que tome decisiones relativas a su propio cuerpo y a su derecho de elegir si quiere o no ser madre.

La jueza suprema también se refirió a que los abortos no punibles, contemplados en el artículo 86 del Código Penal, deben ser realizados sin recurrir al ámbito judicial, pues con esto sólo se demora el proceso de la interrupción del embarazo.

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