miércoles, 11 de mayo de 2011

Uruguay: familia de asesinado en dictadura demandan reabrir caso

PL

Familiares de un uruguayo asesinado durante la dictadura (1973-1985) presentaron un recurso ante la Presidencia, en el cual solicitan revocar una disposición del Poder Ejecutivo de 1988 que archivó el caso, reseñó hoy la prensa local.

El abogado Pablo Chargoñia, en nombre de la militante del Partido Comunista Lille Caruso, formuló la solicitud al gobierno con efecto retroactivo, contra la disposición que engavetó el sumario de Alvaro Balbi amparada en la Ley de Caducidad.

Caruso presentó el 26 de octubre de 1985 una denuncia por el "crimen con intencionalidad" de su esposo Balbi, fallecido en 1975 en el centro clandestino de detención "300 Carlos" o "El Infierno Grande", en el capitalino Batallón de Infantería 13.

Sin embargo, el entonces presidente de Uruguay Julio Maria Sanguinetti (1985-1990) decidió incluir el caso bajo el manto de la citada norma jurídica, mediante decreto firmado también por el entonces ministro de Defensa Hugo Medina en 1988.

El derecho "al amparo judicial" de la familia de Balbi "ha sido obstruido por el Estado, pues una vez formulada la denuncia penal en el año 1985, el presumario no llegó a concluirse", señaló el texto de Chargoñia, reseñó el diario La República.

El 22 de diciembre de 1986, tras la caída del régimen dictatorial, el Parlamento uruguayo aprobó la Ley de Caducidad, con los votos de legisladores de los partidos Blanco y Colorado, conservadores, y la oposición del FA, ahora en el gobierno.

La legislación impide procesar y condenar a militares y policías que cometieron secuestros, torturas, violaciones de detenidas, asesinatos, ocultamientos de cadáveres y otros crímenes de lesa humanidad durante el gobierno de facto.

Chagornia recordó un reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenó al Estado uruguayo garantizar que Caducidad no represente un obstáculo, para la investigación de hechos contrarios a los DD.HH.

"Una de las medidas a adoptar para dar cabal cumplimiento a la sentencia (de la Corte IDH) es la revocación con efectos retroactivos, de la resolución que determinó el archivo de la denuncia penal", recalcó el jurista.

La bancada de diputados del gobernante Frente Amplio (FA) tiene en su agenda votar el próximo 19 de mayo, un proyecto denominado interpretativo por el cual se elimina los efectos de la Ley de Caducidad.

Sin embargo, una reunión del presidente, José Mujica, con los parlamentarios del FA derivó el inicio de un nuevo proceso de discusión interna en la coalición de izquierda, cuya mesa Política deberá decidir mañana si convoca a un Plenario Nacional sobre el tema.

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