martes, 7 de junio de 2011

Corrupción golpea al Poder Legislativo puertorriqueño

PL

El senador Antonio Soto puede ser investigado por una comisión ética, al protagonizar un nuevo caso de corrupción en la Asamblea Legislativa puertorriqueña.

Soto, quien se autodenomina "El Chuchin" (el bonito en el argot callejero), disparó la alarma al admitir ante medios de prensa que el vehículo británico Bentley Continental que posee es un regalo.

El congresista también es señalado como defraudador del Programa de Asistencia Nutricional (PAN), dirigido a beneficiar a personas de escasos recursos, pues en el pasado se acogió a ese beneficio alegando tener en su hogar a varios hijos que realidad vivían con su madre.

En medio de este escándalo salió a relucir que a pesar de informar un ingreso inferior a los 20 mil dólares anuales, se comprobó que el senador del oficialista Partido Nuevo Progresista (PNP) mantenía una propiedad valorada en cerca de 400 mil dólares.

El presidente de la Comisión de Ética del Senado, Javier Torres, indicó que los miembros del panel se reunieron este lunes para discutir las querellas recibidas contra el legislador por Guayama, municipalidad al sur del país.

Este caso Soto es solo la punta del iceberg de una crisis más profunda en el Legislativo de Puerto Rico, afectado hace varias semanas cuando un jurado federal halló culpable al senador Héctor Martínez.

El político recibió favores económicos del empresario Juan Bravo, también procesado por los hechos.

Thomas Rivera Schatz, presidente del Senado, impulsa la destitución de Soto, pero está envuelto en su propia tormenta luego de aflorar un contrato de asesoramiento por siete mil dólares mensuales a un abogado novato que, se arguye, tiene fuertes nexos con Martínez.

El detonante del caso Martínez, fue la declaración que el otrora senador oficialista Jorge de Castro Font brindó al Buró Federal de Investigaciones (FBI),en la que implicó a otros influyentes políticos del anexionista PNP, contra los que no se han emitido acusaciones.

De Castro Font, cumple una pena de cinco años después de admitir sus actos de corrupción en el tribunal federal y acaba de ser acusado en la jurisdicción puertorriqueña por evasión contributiva.

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