jueves, 2 de junio de 2011

México: Competencia y monopolios

Gerardo Fernández Casanova (especial para ARGENPRESS.info)

“Que el fraude electoral jamás se olvide.
Ni tampoco los miles de muertos inocentes”

La pugna entre los magnates de las telecomunicaciones ha colocado el tema de la competencia y los monopolios en un sitio importante del debate nacional. La debilidad del régimen espurio y su ilegitimidad sistémica han logrado que un asunto que debiera ser procesado por medio del derecho, haya caído en el marasmo de los intereses y las simpatías personales.

Por su parte, los actores interesados han aplicado todas sus capacidades de presión y chantaje sobre la muy disminuida autoridad de los encargados de regular la operación de las empresas que explotan bajo concesión el espacio radioeléctrico. Es un juego perverso en el que Calderón, con los dedos pillados en la puerta, es el perdedor inmediato, pero que arrastra al país sometido al poder de quienes sólo ven por sus utilidades.

En la realidad concreta e inmediata se trata de un pleito entre monopolios, por el que cada uno protege el propio e intenta romper el del otro. Slim quiere entrar al negocio de la televisión, en tanto que Azcárraga y Salinas Pliego quieren entrar en la telefonía. Ambos son monopolios nefastos por lo que la solución parece obvia: abrir ambos para que haya competencia. Incluso así se ha manifestado López Obrador que desde 2006 ha postulado el combate a los monopolios, propuso una ley para combatirlos en el 2008 y lo incluye como un elemento importante del Proyecto Alternativo de Nación. Está bien; esa es la solución inmediata. Ya no habría monopolios nefastos, ahora sólo tendríamos oligopolios aunque igualmente nefastos.

Creo que el tema amerita un espacio de reflexión. Para no confundir me limito a analizarlo sin modificar el sistema capitalista imperante. Formulo un postulado: Toda actividad económica cuyas características determinen la imposibilidad o la inconveniencia de la libre concurrencia de los particulares deberá operarse exclusivamente por el estado (monopolio estatal), en primera instancia, o por los particulares bajo el régimen de concesión restringida y regulada por el estado (monopolio legal). Como ejemplo del monopolio estatal están las actividades estratégicas del sector energético; del monopolio legal son ejemplos la explotación del espacio radioeléctrico, por razón de ser físicamente limitado, o las autopistas de cuota en que no es concebible la competencia.

Bajo este esquema, en el caso de la telefonía fija habrá que separar la operación infraestructural de la red de interconexión de lo que es el servicio telefónico derivado, que incluye la televisión por cable; la primera es un monopolio natural en el que no cabe la competencia, en tanto que el segundo admite la amplia concurrencia de competidores. El asunto es que la red nunca debió de ser privatizada o, en último término, debió concesionarse como monopolio legal, entre cuyas restricciones estaría la prohibición de ser simultáneamente operador de telefonía. Telmex tendría que optar por alguna de las dos; no debe operar ambas.

Lo más caprichoso se registra en el tema de la televisión abierta. Es el caso clásico del monopolio legal por el hecho de explotar un bien nacional de disponibilidad restringida; el estado concesiona bandas de frecuencia que son exclusivas para cada concesionario. El problema aquí es múltiple: 1) Al nivel central se concesionaron ocho canales (con lo que supuestamente se cubre todo el espectro) de los cuales cuatro son de Televisa (canales 2, 4, 5 y 9) dos de TV Azteca (canales 8 y 13) uno del Instituto Politécnico Nacional (canal 11) y uno de un patronato cultural estatal (canal 22); hay una concentración indebida de seis canales para dos particulares. 2) La laxitud de las reglas de la concesión convierte a los concesionarios en propietarios casi de derecho pleno, sin que la nación pueda imponer las modalidades y contenidos que atiendan a los intereses nacionales. 3) La SCT ha negado la posibilidad de ingreso a nuevos interesados. Hay lugar para más o, en caso de no haberlo, deberían redistribuirse las concesiones múltiples otorgadas.

Para terminar. No necesariamente es cierto que la competencia beneficie al consumidor y menos en un régimen de estado reducido y débil como el actual. En el caso de la televisión, la competencia se registra en la venta de los espacios publicitarios, respaldada por el volumen de audiencia de la programación (rating). Esto produce dos efectos nefastos: 1) El tiempo televisivo está atiborrado de publicidad enajenante y 2) La programación compite en términos de vulgaridad para abarcar mayor audiencia, en detrimento de la calidad informativa y cultural. De nada sirve que haya nuevos actores en una competencia entre particulares en busca de la utilidad financiera; entre mejores sandeces ofrezcan mayor audiencia lograrán.

En cuanto a la libertad de expresión, la competencia le sería favorable, por lo menos entre tanto no afecte los intereses de los principales anunciantes, miembros distinguidos de la mafia en el poder, que jamás se promoverán en un espacio televisivo que se abra a la verdad informativa y otorgue espacio a la izquierda; no hay censura, simplemente son decisiones comerciales.

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