lunes, 4 de julio de 2011

Argentina, Tucumán. Los Quilmes no tienen paz: otra vez bajo amenazas de nuevos despojos

PRIMERA FUENTE

El expediente que ordena la medida había sido solicitado por la Corte Suprema de la provincia para estudiar un pedido de sanciones disciplinarias interpuesto por la organización Andhes contra el juez de Paz de Colalao del Valle, Adolfo Salazar. Ahora que volvió al juez Juan Carlos Peral, el desalojo vuelve a ser inminente.

Por cuarta vez en dos años, la Comunidad India Quilmes se encuentra en riesgo de ser desalojada. El proceso judicial que hace más de dos años se mantiene en contra de este pueblo fue motivo de un pedido de juicio político por parte de la organización Andhes (Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales) contra el juez Peral, así como de la solicitud ante la Corte provincial de sanciones disciplinarias contra Adolfo Salazar por arbitrariedad manifiesta.

La cámara baja rechazó el pedido de juicio político y el máximo tribunal estudia si corresponde o no sanción contra el juez de Paz de Colalao del Valle. Mientras tanto el expediente que ordena la medida se encuentra nuevamente en manos del juez en Documentos y Locaciones de la III Nominación, Juan Carlos Peral, por l oque se estima que la concreción de la orden sería inminente.

“Tucumán, asumiendo el proceso de reparación histórica a nuestros pueblos originarios, reconoce constitucionalmente la preexistencia de los pueblos indígenas y su derecho a la propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan. Resulta inadmisible que este mismo estado mantenga en su seno jueces que fallan sistemáticamente desconociendo toda legislación local, nacional e internacional en materia de derecho indígena, el debido proceso e incluso a las mismas comunidades”, sostuvieron desde Andhes.

Los antecedentes

El juez Salazar fue denunciado por la CIQ por parcialidad manifiesta en el año 2008. “Sólo por esa razón el juez debería excusarse de intervenir en toda contienda en la cual la Comunidad India Quilmes sea parte. Al no hacerlo, viola derechos constitucionales referidos al debido proceso”, explicaron abogados de Andhes.

Luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Provincia suspendiera, en agosto de 2009, una orden de desalojo ordenada por el juez Peral sobre el territorio en cuestión, y que la otra parte en el conflicto (la comunidad Aráoz Hermanos) se negara a participar de la instancia de mediación que dispuso la Corte Provincial; el 17 de septiembre del mismo año, y por orden del mismo juez se ejecutó el desalojo de 40 familias de la Comunidad, destruyéndose por completo las casas construidas comunitariamente. Con el tiempo, y con muchísimo esfuerzo, la Comunidad inicio la reconstrucción de las casas, sobre las que esta nueva medida pretende avanzar.

“Desde Andhes repudiamos enérgicamente el proceder de funcionarios que continúan permitiendo y motorizando atropellos contra la Comunidad India Quilmes, al mismo tiempo que instamos con urgencia a las autoridades provinciales a tomar cartas en el asunto, toda vez que la responsabilidad internacional por el incumplimiento de la normativa de aplicación a los pueblos indígenas, recae sobre el Estado”.

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