lunes, 4 de julio de 2011

El derecho y el poder

Jorge Gómez Barata (especial para ARGENPRESS.info)

Sobre la base de los cargos presentados por el fiscal Luis Moreno Ocampo, la Sala Preliminar de la Corte Penal Internacional, emitió órdenes de arresto contra Muammar al-Gadafi, su hijo Sayf al-Islam al-Gadafi y su cuñado Abdulá Senusi. El expediente se inició a solicitud del Consejo de Seguridad de la ONU. El fiscal que nunca ha estado en Libia, sustentó la acusación en documentos mientras los jueces fallaron sin escuchar a los demandados. Más que un intento por hacer justicia la gestión, obviamente politizada, parece formar parte de la agresión.

Muammar al-Gaddafi es con Omar Bashir, presidente de Sudan, el segundo líder en ejercicio mandado a aprender por la Corte Penal Internacional, otros precedentes fueron los de Slobodan Milosevic y Charles Taylor, ex presidentes de Serbia y Sierra Leona respectivamente, que ya no eran jefes de Estado cuando fueron arrestados.

Según expertos el próximo paso consiste en enviar a las autoridades judiciales libias una “solicitud de cooperación” para que ejecuten la orden de arresto y pongan a las personas requeridas a disposición de la Corte Penal Internacional. Según se sabe el procedimiento no supone la culpabilidad de los encartados sino la determinación de juzgarlos

La Corte Penal Internacional no debe ser confundida con la Corte Internacional de Justicia, también conocida como Tribunal de la Haya, que es el principal órgano internacional de justicia nacido en 1945 como parte de la ONU y cuyos estatutos forman parte de la Carta de la Organización. A diferencia de la Corte Penal que juzga a individuos y puede condenarlos hasta con 30 años de cárcel, la Corte Internacional de Justicia se ocupa de litigios entre los estados.
Los únicos precedentes de una entidad de la naturaleza de la Corte Penal Internacional fueron los tribunales de Núremberg y Tokio constituidos al finalizar la II Guerra Mundial para juzgar a los jerarcas fascistas y a subalternos que cometieron crímenes de guerra.

Debido a los cambios políticos operados con el fin de la Guerra Fría, la unipolaridad, los avances de la globalización y la instalación de ideas que ponen en tela de juicio la noción de soberanía nacional y ante las graves violaciones de los derechos humanos registradas, entre otros lugares, en la ex Yugoslavia entre 1991 y 1995 y en Ruanda en 1994, en julio de 1998, fue impulsado un proceso que condujo a la Conferencia de Roma en donde se decidió establecer la Corte Penal Internacional.

Se trató del primer órgano judicial internacional de carácter penal, encargado de juzgar y condenar a individuos, principalmente jefes militares y líderes políticos por crímenes cometidos en cualquier parte, incluso en sus propios países. El acuerdo de Roma fue suscrito por 110 estados (23 de ellos de América Latina y el Caribe).

La Corte sólo está habilitada para juzgar los delitos especificados en el artículo 5 del Estatuto de Roma: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el delito de agresión todavía no definido. La Corte Penal Internacional sólo es competente cuando algún país implicado no juzga o no puede juzgar los hechos atribuidos a determinado individuo. En lo demás aspectos técnicos y doctrinarios: presunción de inocencia, irretroactividad y otros, la Corte se atiene a la práctica universal.

La Corte está presidida por el juez Sang-Hyun Song (Corea del Sur), actúan como vicepresidentes los jueces Fatoumata Dembele Diarra (Malí) y Hans-Peter Kaul (Alemania). De la entidad forman parte otros 18 jueces y el Primer Fiscal Luis Moreno Ocampo (Argentina).

Aunque, debido a la politización del Derecho Internacional, a los prejuicios existentes respecto a ciertas formas de liderazgo o a modelos políticos que se apartan de los estándares occidentales y a los diferentes raseros aplicados, incluso por organismo de la ONU, muchos países y expertos expresaron reservas; sin embargo, la verdadera manzana de la discordia la introdujo Estados Unidos que reclamó excepción para sus militares, funcionarios y ciudadanos en general, por actos punibles que pudieran cometer en el extranjero.

Al no lograr que tan escandaloso privilegio se adoptara explícitamente, en 2002 el Congreso norteamericano aprobó la Ley para la protección del personal de los servicios exteriores que prohíbe la presentación de ciudadanos de los Estados Unidos a la Corte Internacional, entre otras clausulas, la ley faculta al presidente estadounidense para utilizar "todos los medios necesarios” para liberar a cualquier norteamericano juzgado por la Corte Penal Internacional". Más 100 estados se han plegado a semejantes anomalías.

Al convertir a los procedimientos judiciales en instrumentos políticos, la Corte Penal Internacional desmiente la imparcialidad de la administración de justicia, legitima la agresión y levanta un formirable obstáculo a la búsqueda de alguna solución negociada al conflicto en Libia. De ese modo, una vez más el derecho se pliega a la fuerza y se pone al servicio del poder. Allá nos vemos.

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