lunes, 4 de julio de 2011

Guatemala: Al menos 28 asesinatos se registran en proceso electoral

CERIGUA

Con el asesinato del abogado Pablo Matías Pérez, miembro del partido Visión con Valores (VIVA), en el municipio de Ixcán, Quiché, ya son 28 los asesinatos que se han registrado en el marco del proceso electoral, en el que el partido oficial y la agrupación CREO han sido los más afectados.

De acuerdo con una información de elPeriódico, los partidos políticos que han sufrido más ataques son la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), con 3 y Compromiso Renovación y Orden (CREO), con 3, seguidos por el Partido Unionista (PU), con 1, Acción de Desarrollo Nacional (ADN) con 1 y Visión con Valores (VIVA), con 1.

El Partido Patriota (PP), agrupación que encabeza la última encuesta realizada, con el 42.5 por ciento de la intención de voto, no registra ni un solo ataque mortal contra sus candidatos, aunque sí registra el asesinato de 2 integrantes y 2 familiares de sus candidatos.

Sergio Morales, Procurador de los Derechos Humanos (PDH), indicó que en este proceso electoral los discursos tienen un tono más confrontativo que en años anteriores, lo que ha exacerbado el clima de violencia.

Félix Castillo Milla, ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), considera que la violencia a nivel local se ve exacerbada por las pugnas que existen en torno al manejo de los recursos municipales.

Según la publicación, de las 28 personas asesinadas en el contexto electoral, 10 eran ajenas a la política; eran acompañantes, guardaespaldas o personas que simplemente se encontraban en el lugar en donde se produjo un ataque contra un candidato.

La violencia también se ha trasladado a los funcionarios del TSE quienes han sido objeto de amenazas y presiones, incluso de los mismos partidos políticos; la semana pasada la presidenta del Tribunal, María Eugenia Villagrán, denunció amenazas de muerte en su contra, lo que originó la solidaridad del PDH y de miembros del cuerpo diplomático.

Los representantes de Estados Unidos, España, Suecia, Francia y Gran Bretaña manifestaron públicamente su apoyo al Tribunal y condenaron las amenazas contra su presidenta; el sector empresarial representado por el CACIF también se solidarizó con la funcionaria por medio de un comunicado.

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