martes, 2 de agosto de 2011

¿Constitución, ley o, corporaciones?

Roberto F. Bertossi (especial para ARGENPRESS.info)

Desde hace tiempo, en ámbitos académicos y periodísticos fuimos advirtiendo y denunciando no solo supuestas irregularidades e inadecuada fiscalización publica en materia cooperativa y mutual sino, mucho más que eso. consecuente y coherentemente propusimos la intervención administrativa y judicial del INAES junto a la de los Órganos provinciales de aplicación pertinentes.

Razones de estrépito público e interés general como son mutuales y cooperativas involucradas en trabajo indecente, mafias de medicamentos, mesas usurarias de dinero, “soja negra” o el escándalo denigrante de seudocooperativas (Vg., las de los Schoklender, las de Sala, las de grupos piqueteros entre otras) bastardeadas en el Plan Nacional (`no Federal y clientelar´) “Argentina Trabaja(?)” por citar solo algunas anomalías inaceptables, justificaron y justificarán dichas posiciones académicas y comunicaciones periodísticas.

Pero, reciente y corporativamente, todas las confederaciones mutuales y cooperativas , acaban de declarar y manifestarse, diciendo que: 1) `Ante expresiones sobre supuestas irregularidades e inadecuada fiscalización, mutual y cooperativa, valoran positiva y homogéneamente las actuales políticas públicas para la promoción y desarrollo del Sector de la Economía Social. 2) Por ello ante algunos cuestionamientos, no resulta razonable la difamación ni la critica sin fundamento (sic)

Concluyen ahí expresando: “… que conjuntamente con el INAES, llevamos a cabo políticas de desarrollo y promoción del Sector de la Economía Solidaria y según lo establecen las leyes 20.337 y 20.321, estamos empeñados en impulsar acciones concretas para transparentar y legitimar las actividades que realizan cooperativas y mutuales en todo el territorio nacional”.

Ante estas “ explicitaciones” resulta inevitablemente necesario, preguntarse:

1) ¿Esas corporaciones son negligentes inexcusables, partícipes necesarios y/o cómplices?

2) A confesión de parte, relevo de pruebas! La propia corporación mutual-cooperativa como vemos, admite expresamente falta de transparencias mutuales- cooperativas e ilegitimidades;

3) ¿Partes y Jueces? … Mediante el Decreto 721/2000, el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) creó el INAES, asignando su conducción y administración a un Directorio integrado también por un vocal en representación de las Mutuales y otro en representación de las Cooperativas añadiendo que, los integrantes del Directorio que actúen “en representación de las Mutuales y de las Cooperativas” serán propuestos por entidades que agrupen a Mutuales y a Cooperativas? (sic).

Obvia y concomitantemente, toda irregularidad, descontrol, ilegalidad e ilegitimidad cooperativa y mutual inhabilita a esos directores mutuales y cooperativos para dictaminar y/o resolver en dichos casos en general, pero mucho menos para “apañarlos”, en particular.

4) ¡Adviértase también que esta `Declaración conjunta´ no contiene ningún repudio ni el más mínimo reproche a las notorias irregularidades mutuales y cooperativas actuales, de público conocimiento y enorme repercusión.

5) ¿Porque dichas corporaciones tampoco denunciaron a ninguno de los supuestos difamadores a que hacen referencia?

6) Finalmente, todos los firmantes de esta “Declaración-manifiesto” vienen conformándose, sujetándose y subordinándose sin ningún reproche ni reservas a los decretos mutuales (20.321/73) y cooperativos (20.337/73) de la dictadura, paradójicamente, una de las dictaduras a las que este gobierno mal podría prohijar y propiciar sólo en materia mutual y cooperativa cuando su condena a las mismas es total, absoluta sin precedentes conocidos; condena que ecuánimemente compartimos en la medida que no exceptúa ni admite ningún infame traidor a la Patria (Art.s. 29, 36 y cc. CN.).

Así entonces, esta declaración corporativa, suma otro motivo, otra razón, otro fundamento para que insistamos con la intervención del INAES y la interpelación parlamentaria de los responsables políticos del área; ahora con el acompañamiento “constitucionalmente” obligatorio de todos los señores legisladores y jueces de la Nación; claro, si acaso de calidad, fortalecimiento y transparencia institucional se trata.

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