lunes, 19 de septiembre de 2011

Transformar la justicia, esencial mandato popular en Ecuador

Pedro Rioseco (PL)

Transformar la ineficiente y corrupta justicia ecuatoriana, al decir de su Presidente Rafael Correa, es uno de los mandatos esenciales de la consulta popular del 7 de mayo, lo cual explica la oposición de algunos sectores a su implementación.

Concebida como la única forma de lograr resultados en la lucha contra la delincuencia y por un clima de seguridad ciudadana, la transformación de la justicia en 18 meses es una tarea gigantesca encomendada al Consejo de la Judicatura de Transición (CJT).

Creado con el respaldo del voto popular en esa consulta, el CJT está formado por tres miembros, un representante del Poder Ejecutivo, que lo preside; un vocal representante del Poder Legislativo y otro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

En ese carácter, el presidente del CJT, Paulo Rodríguez, expuso recientemente a los corresponsales extranjeros aquí la estrategia trazada para resolver o encauzar en 18 meses los problemas acumulados en décadas por la administración de justicia en el país.

Recalcó Rodríguez que, por los obstáculos interpuestos por actores políticos para la publicación de los resultados de la Consulta Popular, se demoró la constitución del CJT y ya han pasado seis de las 78 semanas del plazo fijado de 18 meses.

Por su gravedad, una de las primeras acciones planteadas es hacer inventario y depuración de un millón 200 mil causas pendientes, para lo cual todos los funcionarios judiciales trabajarán los sábados como parte de la emergencia decretada por el Ejecutivo en el sector.

Para la asambleísta María Alejandra Vicuña el millonario número de causas represadas son el más claro ejemplo de la catástrofe que vive el sistema judicial, con la permanente violación del derecho humano fundamental de poder acceder a una justicia oportuna, ágil y eficaz.

Indicó que ante esta realidad el Gobierno tuvo la decisión política de someter al pueblo ecuatoriano un proceso de reestructuración total de la justicia, el cual fue democráticamente aprobado por la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas y se encuentra ya en marcha.

La vocal del CJT, Tania Arias explicó que el estado de emergencia no era suficiente para obedecer al mandato popular que exige la reestructuración de la justicia, pues sólo permite la contratación de personal pero no la movilización oportuna de recursos económicos.

Ante ello, apuntó, se planteó al Ejecutivo la posibilidad de decretar el Estado de Excepción en la Función Judicial, para que ese organismo reciba oportunamente los recursos que necesita para la transformación que demanda la ciudadanía.

Para la asambleísta Vicuña el argumento de opositores de que no es permitido establecer excepciones para interferir otras funciones del Estado, cae por su propio peso, pues el Decreto tiene como fin "garantizar el derecho a la justicia", actualmente inexistente por la crisis del sector.

Para Arias el objetivo de que ocho mil servidores judiciales trabajen los sábados es conocer el estado exacto del número de causas activas, represadas y en qué materias y judicaturas están ubicadas, para definir las acciones a seguir.

La estrategia planteada por el CJT tiene seis ejes principales a resolver: talento humano, modelo de gestión de administración de justicia, infraestructura civil, incorporación de tecnología informática, coordinación interestatal y gestión financiera para la transformación.

Como punto de partida han implementado un sistema de indicadores partiendo de que lo que no se puede medir no se puede evaluar y por ende, mejorar, puntualizó Rodríguez tras recalcar los principios de ética, moral y transparencia que deben regir esta transformación.

En la actualidad en pleno proceso de evaluación de aspirantes, la Corte Nacional de Justicia quedará constituida en los próximos seis meses con 21 jueces titulares y 21 suplentes, y se renovará cada tres años, explicó Arias.

Antes de las próximas elecciones generales de enero del 2013, la función judicial espera contar con instalaciones adecuadas en todas las provincias y con parte del personal calificado para impartir justicia, con fondos asignados por el Ejecutivo.

Transformar el sistema judicial en Ecuador para lograr eficiencia y una infraestructura adecuada en todo el país para apoyar la lucha por la seguridad ciudadana requiere una inversión estimada de 600 millones de dólares, ejecutados hasta el año 2015.

Unos 400 millones serán invertidos por el CJT en la ejecución del plan integral de transformación de la justicia y unos 200 millones más luego de terminado el trabajo del Consejo Transitorio.

Fracasado el pedido de juicio político en el Legislativo contra el titular del CJT por supuesto incumplimiento de la norma constitucional y el Código Orgánico de la Función Judicial, al carecer del número de votos requerido, nuevos obstáculos surgirán para mantener la injusticia.

Modificaciones al Código Penal e, incluso a la Constitución del 2008, fueron aprobadas en la Consulta Popular para complementar el cambio en un sector, del cual, junto a la Fiscalía, depende que los delincuentes reciban las condenas correspondientes a sus culpas.

Vivimos un estado de conmoción al interior de la administración de justicia, y se necesitan soluciones drásticas para resolverlo, afirmó Paulo Rodríguez, cuya trayectoria de dos años al frente del Registro Civil avala las expectativas populares ante la misión encomendada.

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