lunes, 10 de octubre de 2011

Argentina: Los cien años de Sampay

Salvador María Lozada (especial para ARGENPRESS.info)

En este año que ya quiere terminar se cumplen los 100 del nacimiento de Arturo Enrique Sampay.

Tal vez el mayor jurista argentino del siglo XX, la recordación pública de este patriota debe destacar su contribución a la reforma constitucional de 1949. Allí introdujo las normas que más necesitaba y que más necesita la economía social de la Argentina. Están en el famoso art.40 de aquel texto, notoriamente de su autoría:

“Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes de energía, con excepción de los vegetales, son propiedad imprescriptibles e inalienables de la Nación, con la correspondiente participación en su producto, que se convendrá con las provincias.

“Los servicios público pertenecen originariamente al Estado, y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explotación. Los que se hallan en poder de particulares serán transferidos al Estado, mediante compra o expropiación previa cuando una ley nacional lo determine.

“El precio por la expropiación de empresas concesionarias de servicios públicos será el del costo de origen de los bienes afectados, menos las sumas que se hubieren amortizado durante el lapso cumplido desde el otorgamiento de la concesión, y los excedentes sobre una ganancia razonable, que serán considerados como reintegración del capital invertido.”

A propósito del petróleo decía Sampay que no podía sino recordar a Hipólito Irigoyen que pocos meses antes de su derrocamiento afirmaba: “el subsuelo mineral de la República no puede ni debe ser objeto de otras explotaciones que las de la Nación misma” y cuya deposición el 6 de septiembre de 1930 impidió sancionar la ley de nacionalización del petróleo.

Y añadía sobre el art.40:

¡Quiera Dios que las futuras progenies argentinas hagan de este precepto una roca inconmovible contra la que nada puedan las fuerzas del mal”

Absolutamente incumplidos en los años siguientes a 1949 y durante toda la segunda mitad del siglo pasado, hoy, estos principios, frente a la plutocracia post menemista vigente, parecen simplemente un pedazo de Historia Ficción.

Sampay los introducía como elemento clave de la función social de la propiedad:

“solo legitimando la actividad económica no usuraria…podrá restablecerse el espíritu económico pre-capitalista o tradicionalista –así llaman Max Weber y Sombart, respectivamente, a la ética económica cristiana- con lo que la riqueza quedará sometida a una función social que obliga, no solo a distinguir entre medios lícitos y no lícitos para su adquisición, sino también a discriminar entre intensidad lícita y no lícita en el uso de los medios lícitos. Con este sentido, Señor Presidente, es que le reforma constitucional instaura un orden económico esencialmente anticapitalista”.

No resulta sorprendente que ni en el Congreso Nacional ni en las Facultades de Derecho en las que enseñó se haya podido hacer un acto para honrarlo y reflexionar sobre su importante legado.

Prevalecen por ahora, como bien se sabe, las fuerzas del mal.

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