martes, 11 de octubre de 2011

Colombia: País de leyes

Alberto Pinzón Sánchez (especial para ARGENPRESS.info)

Jiménez de Quesada el invasor español fundador de la actual Colombia, era un “leguleyo” de origen judío quien después de secuestrar y torturar hasta matar “legalmente” al Zipa de Bacatá para arrancarle los tesoreros del Dorado que le adeudaba “legalmente” al Rey de España, pasó toda su vida pleiteando ante la Justicia Imperial para que le devolvieran “los miles indios a él Encomendados”. Hasta cuando la lepra que padecía lo mató de viejo.

Pero el máximo representante del legalismo colonial heredado de este “Nuestro Primer Padre Fundador Quesada” lo constituyó “Nuestro Segundo Padre Fundador Francisco de Paula Santander” quien pasó toda su vida “haciendo leyes para cubrirse” como lo demostró, citando sus propias palabras, el filósofo Fernando Gonzáles en la biografía que escribió sobre el Hombre de las Leyes, y cuyo principio administrativo no era actuar de acuerdo a la realidad, sino tener una ley para cubrir cualquier acto de gobierno: Leyes ideales para todo y para cualquier cosa que luego la realidad volvía añicos. Cuando Bolívar lo profetizó tempranamente en la Carta de Jamaica, el Hombre de la Leyes lo odió a muerte.

En 200 años de legalismo ininterrumpido, la clase Dominante y Dirigente logró convertir a Colombia en el país con más leyes ineficientes del mundo, debiendo recurrir a 9 guerras civiles en el siglo XIX y a los 3 ciclos de las violencias políticas recurrentes en los siglos XX y XXI, para cambiar con pactos en las alturas la “Ley de Leyes” como se llama la Constitución colombiana. El último pacto bipartidista en las alturas que condujo a una constitución fue en 1991.

Pero ¿cual problema resolvieron? Ninguno, pues la violencia política del conflicto histórico social y armado continúa después de 60 años como el mundo entero lo presencia y Colombia, a pesar de tantas y tantas leyes, sigue siendo un Estado pre-moderno atravesado por la ilegalidad y la ilegitimidad. Estado fallido dicen algunos.

Por eso, la critica internacional sonríe cuando el gobierno de J M Santos tratando de reclamar la ley para sí, cobija a paramilitares, narcotraficantes, guerrillas, delincuencia común ect, dentro de la categoría legal de “Grupos Armados Ilegales (GAI)”; pero acaso ¿hay alguien más ilegal e ilegitimo que las Fuerzas del Estado comprometidas en los “falsos positivos”, en los fusilamientos y en las desapariciones de civiles desarmados?.

El gobierno de JM Santos fiel continuador del anterior de Uribe Vélez, prolonga sin interrupción la tradición legalista o “leguleya del santanderismo oligárquico colombiano” y para buscar la Paz pretende “curarse en salud” o cubrirse, con una cascada de leyes que en lugar de resolver han actuado como una complicación, dando la razón al principio rábula colombiano de “Pleito que no gano lo enredo”.

Sin embargo no hay argumento que les sirva a los “leguleyos”: El conflicto colombiano no es un conflicto interno como cualquier otro y no basta con reconocerlo simplemente. Es menester entender su complejidad y sus tres características esenciales que son simultáneas, para que lo entiendan, se dan al mismo tiempo:

1. Es Histórico.

2. Es Social

3. Es Armado

Es decir por más que se desee, no se puede resolver con Leyes, pues en la base de esta complejidad hay un elemento esencial que mueve las voluntades de los hombres para tomar las armas, que es la Política. Y tratando de negar esta esencia, los “leguleyos y rábulas obdulianos” han llegado hasta negar la misma realidad del conflicto, convirtiéndolo en un simple ataque de Grupos Armados Ileales (GAI) contra el Estado legítimamente (?) constituido de Colombia.

Pero como la legalidad no surge de un papel, sino del reconocimiento de la legitimidad, o como decía el emperador romano, la mujer del Cesar no solo debe aparentar que es honesta sino que debe serlo de verdad y en la vida real; lo más probable es que fracasen todas las “leyes Santistas” dictadas disque para buscar la Paz, como fracasaron todas las leyes de paz y justicia o alternatividad o justicia transicional de Uribe Vélez y sus Uribeños, así como tampoco la pena de muerte va a detener a los abusadores infantiles y la prohibición del aborto va a detener los 40.000 abortos ilegales que se practican en Colombia ect, porque son resultantes del atraso ciudadano y de la pre-modernidad institucional colombiana.

El Conflicto histórico social armado de Colombia, que ya lleva más de 60 años de desarrollo, es Político y su Solución debe ser Política, para después convertirla en leyes. Lo demás es seguir dándose con una piedra en los dientes.

¿Es esto acaso tan difícil de entender?

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