domingo, 16 de octubre de 2011

Incierto futuro de Calderón

Eduardo Ibarra Aguirre (FORUMENLINEA)

Investigadores, abogados, periodistas y defensores de los derechos humanos presentarán ante la Corte Penal Internacional de La Haya una denuncia en contra de Felipe Calderón “por crímenes de guerra y lesa humanidad”, ante los más de 55 mil muertos, 10 mil desaparecidos y 230 mil desplazados de sus lugares de origen o residencia. Son saldos de la “guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado” y que, justamente, para evitar este tipo de riesgos judiciales fue negada en forma oficial y presentada como “lucha”.

Con independencia de la suerte que tenga la denuncia ante el máximo tribunal de la aldea, resulta indicativa del incierto futuro que le espera a Calderón Hinojosa a partir de que el 1 de diciembre de 2012 entregue la banda presidencial en San Lázaro.

Todo apunta a que el general de cinco estrellas difícilmente podrá permanecer en México, incluso en el hipotético caso de que su hermana gane la gubernatura de Michoacán, pero es bien sabido que los milagros no se producen en la esfera de la política. Incluso entre algunos futurólogos se da por hecho que el único país donde podrá residir con garantías para su integridad física e intelectual es Estados Unidos, nación y gobiernos de Bush y Obama por los que en buena medida se involucró en la estrategia militarista frente al crimen organizado, mientras más de 20 millones de estadunidenses disfrutan con frecuencia los viajes intergalácticos.

Y además al primer círculo de colaboradores del general de cinco estrellas, el futuro no le pinta mejor, pues también se presentarán denuncias, respaldadas como en el primer caso por decenas de miles de firmas, en contra de los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Seguridad Pública, Guillermo Galván, Francisco Saynez y Genaro García Luna, respectivamente; así como contra Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como El Chapo. Será el 25 de noviembre cuando el fiscal Luis Moreno Ocampo recibirá los documentos del grupo de denunciantes.

Por supuesto que, enseguida y en automático, la Secretaría de Relaciones Exteriores, en nombre del gobierno, “rechaza categóricamente que la política de seguridad pueda constituir un crimen internacional”. Acaso tenga razón Patricia Espinosa y estemos ante un crimen nacional sin precedente en tiempos de paz.

En el caso del ingeniero García, experto también en montajes para Televisa, a la denuncia ciudadana se agregó la petición formal de diputados de los partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo para que se le haga juicio político por violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales y sociales, que han “comprometido el normal funcionamiento de las instituciones del país”; aducen que enfrenta “serias acusaciones de corrupción, mismas que son del dominio público”; señalamientos de tener supuestos vínculos con “un sector del narcotráfico”; además de ser “el autor intelectual” de la estrategia de seguridad pública.

Todavía faltan 13 meses y medio para la partida del grupo gobernante y el panorama se le complica seriamente, tanto que varios se refugiarán en cargos de elección popular para protegerse con el fuero.

Pero a otros, como el general secretario, les va de maravilla, pues los integrantes de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados comparecerán en las oficinas de Galván para que en un desayuno les haga el favor de explicarles el estado de la Sedena con motivo de la glosa del V Informe de Gobierno.

Sólo el diputado petista Enrique Ibarra Pedroza votó en contra de este desfiguro público de sometimiento del poder civil al castrense, convertido en rutina años ha, pero más preocupante ahora en que el protagonismo de la milicia adquiere insospechados e ilegales alcances.

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