martes, 25 de octubre de 2011

México: ONU y OEA critican ineficacia para proteger a periodistas

Anayeli García Martínez (CIMAC)

Ante el recrudecimiento de la violencia contra las y los comunicadores, las relatorías para la Libertad de Expresión de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos criticaron que el Estado mexicano no aplique medidas efectivas de prevención y protección para el gremio periodístico.

En conferencia de prensa desde Washington, Catalina Botero, relatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y su homólogo en la ONU, Frank La Rue, señalaron que las y los periodistas siguen siendo un grupo en riesgo en México.

Al presentar sus informes sobre la visita conjunta que realizaron del 9 al 24 de agosto del año pasado, ambos relatores calificaron como “insuficientes” a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, dependiente de la PGR, y el mecanismo de protección para periodistas implementado por dependencias federales en 2010.

Catalina Botero dijo que México aún enfrenta desafíos en materia de libertad de expresión, y consideró que no hay elementos para afirmar que se está superando la impunidad, por el contrario, sostuvo que continúan los asesinatos y agresiones contra las y los comunicadores.

Frank La Rue señaló que las autoridades deben asumir la responsabilidad de federalizar los delitos contra periodistas, reconocer a los medios de comunicación comunitarios, y despenalizar aquellos delitos que atentan contra el derecho a informar y estar informados.

El gramio es “El Enemigo”

De acuerdo con ambas instancias internacionales, del año 2000 al 2010 se registraron en México 70 asesinatos de periodistas, y en lo que va de 2011 se documentaron 13 asesinatos que no han sido esclarecidos, por ello criticaron que las y los informadores que denuncian corrupción o abusos sean considerados “enemigos”.

Cabe recordar que luego de la visita de los relatores de la ONU y de la OEA continuaron los asesinatos y agresiones contra el gremio periodístico. Tan sólo el pasado 24 de septiembre fue encontrado el cuerpo de María Elizabeth Macías, jefa de redacción del diario Primera Hora, en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

A este asesinato se suman el de las periodistas Rocío González Trápaga, ex reportera de Televisa, y Ana María Marcela Yarce Viveros, fundadora de la revista Contralínea, ultimadas el pasado 31 de agosto en esta capital; y el de Yolanda Ordaz de la Cruz, columnista del diario veracruzano Notiver, asesinada el pasado 26 de julio.

Además de estos homicidios, también se han sumado diversas denuncias por acoso judicial o por amenazas e intimidaciones. Así por ejemplo, las reporteras Arcelia García Ortega, del periódico Realidades de Nayarit, y Lily Campos, del diario Avanzada de Colima, fueron demandadas por su labor informativa.

Otras comunicadoras han denunciado agresiones en su contra, como sucedió con la reportera Betsy Hidalgo Rosales, del Sistema Informativo Lobo de la Universidad Autónoma de Durango, cuya casa fue allanada el pasado 14 de octubre.

Otra reportera que ha hecha públicas las agresiones e intimidaciones en su contra es Selene Ríos Andraca, del diario Cambio, quien fue golpeada por escoltas del ahora gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, cuando trataba de entrevistarlo en noviembre del año pasado.

Recomendaciones

Las relatorías presentaron un documento que reúne ambos informes, e incluye 77 recomendaciones en materia de libertad de expresión formuladas por ambos organismos desde 2008.

Las recomendaciones se dividen en cuatro ejes: violencia, impunidad y autocensura; libertad, diversidad y pluralidad en el debate democrático; acciones legales relacionados con el ejercicio de la libertad de expresión y acceso a la información.

Entre los temas de preocupación se encuentra el establecer un mecanismo nacional de protección a periodistas, el cual fue suscrito el 3 de noviembre de 2010, pero que hasta la fecha no ha sido eficaz para proteger al gremio, según han denunciado organizaciones civiles.

Asimismo se recomienda fortalecer a la Fiscalía Especial y los órganos locales de procuración y administración de justicia a través de mayor autonomía y recursos, así como adoptar las reformas legislativas que permitan el ejercicio de la jurisdicción federal sobre posibles delitos contra la libertad de expresión en los estados de la República.

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