lunes, 31 de octubre de 2011

México: Reglamento Federal de Toxicomanías

Eduardo Ibarra Aguirre (FORUMENLINEA)

Una lección de intransigencia autoritaria acaba de dictar Felipe Calderón al responder, por medio de su vocera, a Cuauhtémoc Cárdenas sobre la propuesta discursiva que presentó el ingeniero ante la Cámara de Senadores, al recibir la Medalla Belisario Domínguez, para que el Ejército vuelva a los cuarteles y se rectifique en la estrategia guerrerista que desde hace cinco años padece México, pero aplaude la Casa Blanca, el Departamento de Estado y el Pentágono porque son de los principales autores intelectuales.

El malestar, la irritación del general de cinco estrellas ante las exigencias del galardonado con la máxima presea mexicana al valor civil -aunque no faltan voces reflexivas que estiman que en 1988 no dio muestra suficiente-, resultó inocultable incluso para las pantallas de sus aliados del duopolio televisivo, pero tampoco Calderón Hinojosa trató de ocultarlas como lo muestra la respuesta que dio por medio de Alejandra Sota. Es decir, ni siquiera tuvo el tacto de solicitar que intercedieran en su defensa a Isabel Miranda o Alejandro Martí, justificadores desde el ámbito no gubernamental de la participación del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública.

Si el comandante supremo de las fuerzas armadas o por lo menos sus asesores que cobran muy bien, abrevaran un poco más en los antecedentes históricos de la brega nacional contra el narcotráfico y el crimen organizado, registrarían que no comenzó el 13 de diciembre de 2006, como infructuosamente pretende acreditar el autodenominado “gobierno del presidente de la república”. Más de un siglo separa al dramático y sangriento presente del remoto pasado.

Ya en 1940, por ejemplo, fue enfocado de manera radicalmente distinta el problema, como un asunto de salud pública. Se reglamentó que el adicto, entonces denominado toxicómano, “no es un delincuente, sino un enfermo al que hay que atender y curar”.

El Nuevo Reglamento Federal de Toxicomanías del Departamento de Salubridad Pública sustituyó al que desde 1931 “establece como sistema la persecución y denuncia de los toxicómanos y traficantes de drogas”.

Hace 71 años se dictaminó “Que la persecución de los viciosos que se hace conforme al reglamento de 1931 es contraria al concepto de justicia que actualmente priva, toda vez que debe conceptuarse al vicioso más como enfermo a quien hay que atender y curar, que como verdadero delincuente que debe sufrir una pena;”

Desde entonces fue previsto lo que hoy reditúa gigantescas ganancias a los llamados cárteles, gracias a la estrategia policiaca y militar: “Que el único resultado obtenido con la aplicación del referido reglamento de 1931, ha sido la del encarecimiento de las drogas y hacer que por esa circunstancia obtengan grandes provechos los traficantes;” mismos que ya tenían como plazas centrales a Ciudad Juárez, Matamoros y Tijuana. Y el tráfico de enervantes era considerado por el último gobierno encabezado por un militar como “de los muy serios”.

El boicot de Washington a la venta de fármacos de Estados Unidos a México obligó a Manuel Ávila Camacho a rectificar. Amén de que el reglamento no contempló a los mexicanos no adictos y sobre todo la ya enorme demanda en el vecino país, el campeón indiscutible de las adicciones a todo tipo de narcóticos.

Las estrategias punitivas y militaristas –sólo allende las fronteras estadunidenses–, datan de 1971 y fueron impuestas a la aldea global por Richard Nixon, multiplicadas y relanzadas por George W. Bush, genocidas ambos que desoyeron resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se significan por sus enfoques multidisciplinarios y multilaterales.

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