miércoles, 2 de noviembre de 2011

Argentina. Pueblos Fumigados: "En el campo argentino como en Vietnam”

Carlos Saglul (ACTA)

Doce millones de personas que viven en la denominada zona sojera argentina son rociadas anualmente con toneladas de veneno. Entre los trabajadores rurales y localidades pequeñas los casos de cáncer alcanzan cifras récord al igual que los casos de bebés que nacen con malformaciones.

Desafiando todo tipo de presiones algunos jueces trataron de poner límites, contados científicos desafiaron a las multinacionales que invierten millonarios fondos en becas universitarias, confirmando la magnitud del envenenamiento.

Sin embargo, desde el Poder Legislativo y los gobiernos locales y nacionales, no hay medidas suficientes. Carlos Manes, vicepresidente del Movimiento de Pueblos Fumigados, dialogó con ACTA después de reunirse con gran parte del gabinete santafesino.

El lunes, la Cámara de Diputados votó y giró al Senado un proyecto de ley con disposiciones para el control del manejo, almacenamiento y disposición final de sustancias químicas de uso agrícola y designa como autoridad de aplicación a la Secretaría de Medio Ambiente.

Carlos Manes: Una iniciativa similar ya fue votada hace dos años sin encontrar eco en la Cámara Alta. Pasará lo mismo esta vez. La presión de las multinacionales será más importante que la salud de la población. Esta parece venir siendo la rutina, según el Tribunal Permanente de los Pueblos que acaba de realizar en Buenos Aires un Juicio Etico contra las multinacionales con la presencia entre otros de Adolfo Pérez Esquivel. Una de las empresas juzgadas fue Monsanto, la estrella del modelo agrícola que envenena cientos de pueblos argentinos, mientras crece el mar de soja.

¿Qué solicitan ustedes?

Pedimos que se legisle a nivel local y nacional hasta dónde se puede fumigar y que se tomen de una vez medidas para proteger la vida de la población. En Santa Fe surgió el primer fallo de la justicia que prohibido fumigar más allá de los 800 metros de zonas pobladas. Luego en el Chaco, otro fallo extendió esa área de protección a los mil metros.

¿Qué pasa con las distintos organismos del Gobierno?

Nada. El cien por ciento de los insecticidas son nocivos para la gente. Sin embargo los funcionarios miran para otro lado. Claro, hablamos de un negocio que mueve millones. Hace cuatro años que estamos intentando que la Legislatura Nacional trate el tema. Todo ha sido inútil. Ahora nos reunimos con las autoridades de Santa Fe para que tomen cartas en el asunto.

¿Hay conciencia de la magnitud del daño que ocasionan estos productos?

La pregunta es cuantos muertos más se necesitan para que los funcionarios se hagan cargo de lo que está pasando. Hay informes científicos que señalan que los casos de cáncer han crecido al punto de que se habla de una epidemia de cáncer. Ha pasado a ser la primera causa de fallecimiento. El otro tema relevado es el aumento de entre el 300 y el 400 por ciento de los nacimientos con malformaciones.

¿Cuál es la magnitud del envenenamiento?

Anualmente se arrojan 350 millones de litros de veneno sobre 12 millones de personas que vivimos en la zona sojera. Hablamos de Santa Fe, parte de Buenos Aires, Entre Ríos, Santiago del Estero y Chaco.

“Pueblos Fumigados” entre otras reivindicaciones pide que se dé curso a la Resolución 147 de la Defensoría del Pueblo de la Nación del año pasado sobre la modificación en la calificación de los agroquímicos. En realidad, se trata de una facultad del gobierno nacional a través del Senasa que es quien determina el grado de peligro de los herbicidas y plaguicidas. Actualmente -se explicó- se miden los efectos inmediatos del producto pero no las consecuencias que trae la exposición cotidiana al producto.

Monsanto es la misma empresa que fabricó PCB, y ocultó durante 50 años que ese aceite era cancerígeno. Pagó millones en indemnizaciones y después cambió de nombre. Su primer gran aporte a la ciencia fue el Napal que deforestó Vietnam.

Su objetivo hoy es controlar el mercado mundial de los alimentos a través de los transgénicos.

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