miércoles, 23 de noviembre de 2011

Democratizar la Justicia a través de la condena a los jueces cómplices

Irina Santesteban (LA ARENA)

Un informe de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos, reveló que en el país hay por lo menos 55 jueces y funcionarios judiciales que están implicados en juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar-cívica.

Todos los jueces que actuaron durante el Proceso de Reorganización Nacional, que irrumpió con tanques y botas el 24 de marzo de 1976, instaurando el terrorismo de Estado como método sistemático y planificado, tuvieron que jurar por el Estatuto de esa dictadura.

Los dictadores Videla, Massera y Agosti, junto a los comandantes y jefes militares, grupos de tareas, fuerzas policiales y penitenciarias, etc., pudieron actuar con impunidad. No sólo tenían la suma del poder político, económico y militar, y se aseguraron el terror de la población, sino que también gozaron de una Justicia cómplice y, en algunos casos, activa participante de los aberrantes delitos que se cometieron en aquella etapa trágica de la historia argentina.

Recién en 2009 un juez, Víctor Brusa, fue condenado a 21 años de prisión por apremios ilegales contra ocho secuestrados cuando era secretario del juzgado Federal de Santa Fe.

La lista

Según la Unidad Fiscal que coordina Pablo Parenti, en una nota publicada por el diario "Tiempo Argentino" en su edición del pasado domingo 20 de noviembre, son 55 los jueces que hoy figuran como presuntos autores o cómplices de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Fueron implicados a través de los testimonios de los cientos de personas que han ido declarando en los juicios que se están desarrollando en nuestro país desde que, en 2003, se anularon las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, y quedó allanada la vía judicial para juzgar esos delitos.

Para Parenti, la Justicia había sido impotente en los años 80 para juzgarse a sí misma por el rol cumplido durante el Proceso militar.

Peca de indulgente o ingenuo el Coordinador de la Unidad Fiscal, pues no fue impotencia lo que afectó a los jueces en aquellos primeros juicios contra los represores, sino afinidad ideológica -con la dictadura- y hasta instinto de supervivencia, pues en su inmensa mayoría eran los mismos jueces que venían de la época del Proceso militar.

Sin complicidad

Para Parenti, "hoy no hay espacio para la complicidad de la Justicia con los acusados". Y expresó que actualmente se vive un proceso de reformulación del rol de la Justicia, que tuvo enormes falencias en el pasado democrático para investigar los delitos de lesa humanidad.

El funcionario de la Unidad Fiscal de las causas por delitos de lesa humanidad, denunció que hay una "reacción corporativa" de los magistrados y funcionarios, que fueron protegiendo a sus pares para impedir que sean juzgados por su nefasto papel durante el videlismo.

Mendoza

Según la Unidad Fiscal, el único condenado es el juez Brusa, de Santa Fe. Pero en muchas otras provincias hay jueces y funcionarios judiciales denunciados por su complicidad con los mencionados delitos aberrantes.

Mendoza pareciera ser la provincia con más casos conocidos. Los camaristas Otilio Romano y Luis Miret están procesados por privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos, cuando eran fiscal y juez federal, respectivamente. El primero huyó un día antes de que fuera suspendido en su cargo y hoy se encuentra con visa temporaria en Chile. El lunes pasado comenzó un Jury de Enjuiciamiento para decidir su destitución, en ausencia, con una importante asistencia de testigos, muchos de los cuales fueron víctimas de torturas con la complicidad de Romano, que no sólo no investigó esos delitos, sino que en muchos casos, presenciaba esos vejámenes. Una de las testigos, Luz Faingold, quien tenía 17 años cuando militaba en el secundario y fue llevada al Departamento policial D2 de Mendoza, fue torturada y sufrió agresiones sexuales, contó que Romano la vio en ese estado y no sólo que no hizo nada para sacarla de ese lugar, siendo menor de edad, sino que, frente al pedido de restitución que hicieron sus padres, se los negó.

Los ex camaristas mendocinos Carlos Martín Pereyra González y Julio Petra, renunciaron recientemente por estas denuncias; tres ex jueces están procesados por delitos similares: Rolando Carrizo Elst, Guillermo Max Petra Recabarren y Gabriel Fernando Guzzo. Y están en la misma situación los ex fiscales Ernesto Peñaloza, Carlos Ernesto Fuego y Edgardo Díaz Araujo.

En otros puntos

En La Plata, por denuncia del Tribunal Oral Federal que preside Carlos Rozanski, hay en marcha una investigación que involucra a 13 jueces y un ex fiscal, siempre a partir de testimonios de sobrevivientes de los centros clandestinos de detención. También en La Plata, el camarista Leopoldo Schiffrin, pidió investigar a los ex jueces platenses Eduardo Hortel, Eduardo Sanucci y Horacio Piombo.

En Córdoba, los abogados querellantes en la causa por los fusilamientos producidos en la Unidad Penitenciaria Nº 1 de la ciudad de Córdoba, durante la dictadura, Juan Miguel Ceballos y Rubén Arroyo, solicitaron la ampliación del requerimiento fiscal a los fines de que sean investigadas las conductas desplegadas por magistrados y funcionarios de la Justicia Federal de aquella época: Miguel Ángel Puga, Ricardo Haro, Carlos Otero Álvarez, Luis Eduardo Molina, Eudoro Vázquez Cuestas, Antonio Sebastián Cornejo y Ali Fuad Ali. Sin embargo, sólo prosperaron las denuncias contra los ex fiscales Ali Fuad Alí y Antonio Cornejo y el ex juez Miguel Ángel Puga, pues en una nueva muestra de "solidaridad corporativa", los restantes magistrados fueron dejados fuera de esa investigación.

Más investigaciones

En otras provincias como Chaco, Salta, Bahía Blanca y La Rioja, también se realizan investigaciones sobre la presunta participación y/o complicidad de magistrados, mientras cumplían sus funciones durante la dictadura militar. Muchos de ellos directamente figuran como imputados en las causas sobre delitos de lesa humanidad.

Es que siempre fue evidente que la dictadura militar no hubiera podido asesinar y hacer desaparecer a tanta gente, e incluso hoy, negarse a revelar el sitio donde fueron enterrados los desaparecidos, o las familias a las que entregaron los centenares de bebés apropiados durante el cautiverio de sus madres, sin la complicidad del Poder Judicial. Por eso es correcto hablar de "dictadura militar-cívica".

Los habeas corpus eran sistemáticamente denegados, porque las Fuerzas Armadas o de seguridad contestaban que las personas requeridas "no estaban detenidas", sin siquiera investigar si esas respuestas eran ciertas.

Tomar declaración a detenidos en condiciones deplorables, con evidentes signos de tortura, e incluso haber presenciado apremios, golpizas y hasta vejámenes sexuales, son algunas de las acusaciones que hoy enfrentan estos magistrados.

La mayoría de ellos siguieron actuando durante muchos años después de recuperadas las instituciones democráticas, y continuaron "impartiendo justicia", tomando decisiones sobre la libertad y los bienes de ciudadanos, como si estuvieran legitimados para ello.

Democratizar

Por ello, una asignatura pendiente de esta democracia, incluso de la nueva etapa abierta luego de la reanudación de los juicios por delitos de lesa humanidad y las condenas que ya tienen 262 represores en nuestro país, es la democratización del Poder Judicial.

Es necesario depurar a la Justicia de los elementos residuales de la dictadura, los que participaron y aquellos que defendieron a esos cómplices, o los encubrieron, porque de todo eso hubo en el Poder Judicial.

No es venganza ni caza de brujas. Es lisa y llanamente pretender que, a 28 años de aquellas elecciones donde se dejó atrás la oscura noche dictatorial, los vientos democráticos ingresen a la majestuosidad de los palacios judiciales, inunden esos despachos que tantas injusticias cobijaron y se lleven para siempre a quienes deshonraron la Justicia.

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