miércoles, 23 de noviembre de 2011

El dragado y la marea

Enrique Gandolfo (ACTA)

Desde siempre los vecinos de Cerri han llamado la marea a esa franja costera que el conocimiento científico denomina humedal. Los nombres no le importan al entramado del poder político y económico que pretende taparlo con millones de metros cúbicos de sedimentos provenientes de obras de dragado, necesarias para instalar una planta regasificadora en la parte más interna del estuario.

En torno a este tema la audiencia pública del 16 de noviembre venía cargada de tensiones. El día anterior el intendente reelecto de Bahía Blanca (FPV), Cristian Breitenstein, había salido públicamente a descalificar el análisis crítico de la Comisión Científica del Instituto Argentino de Oceanografía (el estatal IADO).

La irritación del intendente se explica porque el informe del Instituto echa por tierra con el Estudio de Impacto Ambiental encargado por YPF a la empresa Serman y Asociados. Los científicos sostienen que contiene “falencias técnicas, inconsistencias, omisiones o carencias de información relevante” y concluyen con una afirmación taxativa: “el lugar elegido para instalar una planta regasificadora es inapropiado”.

En fina sintonía con el intendente, la tapa del diario La Nueva Provincia del día 16 de noviembre operaba sin tapujos: “Técnicos del Iado vinculados a YPF” titulaba para instalar la desconfianza.

El enojo del intendente tiene otra explicación. Cuando en la ciudad comenzaron a escucharse voces de oposición al proyecto, las había desechado porque eran de “una minoría que decía no porque no”. Ahora había irrumpido un actor inesperado: la mayoría de los científicos de la ciudad se han expedido con claridad y contundencia.

El puntapié inicial lo dio el 26-de octubre la resolución unánime del Consejo Departamental de la Universidad Nacional del Sur de Biología, Bioquímica y Farmacia: “consideramos que esta propuesta para la ampliación del sector portuario, sumado a la extensión del dragado requerido para dicho emplazamiento resulta absolutamente inapropiado y completamente desaconsejable desde el punto de vista ambiental”. Luego esta resolución fue hecha suya por el Consejo Superior de la Universidad Nacional del Sur.

A continuación se sucedieron pronunciamientos del GEIA (Grupo de Estudios de Impacto Ambiental) de la Universidad Tecnológica Nacional, de la Asociación de Profesionales del Hospital Municipal, la citada Comisión Científica del IADO y el Departamento de Geografía y Turismo de la UNS.

Los científicos estaban empiojando el gran negocio. Los grupos ambientalistas tenían razón. El dragado hacia la parte más interna del estuario se carga con “un ecosistema de humedal de altísima productividad y de particular concentración de diversidad biológica. El estuario resulta clave para la prestación de servicios ecológicos tales como la protección de la línea de la costa, la captación y almacenamiento de dióxido de carbono y mantenimiento de poblaciones de interés pesquero” (Informe Biología UNS).

El intendente se ha irritado. La minoría se va transformando en mayoría que comienza a hacer un aprendizaje acelerado de conciencia ecológica, al tiempo que va reconociendo quienes están a favor del gran negociado, que incluye un emprendimiento inmobiliario con las “ 500 hectáreas que se ganarian al humedal ”para instalar nuevos emprendimientos industriales asociados a las obras propuestas.

El bloque de poder que respalda el proyecto está constituído por YPF-Repsol asociada a ENARSA (o sea al Estado nacional), el Estado provincial con la tarea de hacer la vista gorda al desastre ambiental y convalidar el proyecto a través del dictamen del OPDS (Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible), la Intendencia de Bahía Blanca, el Consorcio de Gestión del Puerto, la Corporación del Comercio y la Industria y el diario la Nueva provincia actuando como el mejor publicista del proyecto de dragado.

El bloque popular está compuesto por los grupos ambientalistas, Vecinos Autoconvocados de General Daniel Cerri, científicos, estudiantes, trabajadores, organizaciones sindicales, sociales y políticas de la ciudad de Bahía Blanca.

La Audiencia Pública

Así se llegaba a la audiencia pública no vinculante del 16 de noviembre en General Cerri. A las 10 de la mañana de un miércoles laborable. La fugaz aparición del Intendente para abrir la audiencia reservaba una perlita: “la conciencia ambiental ha crecido enormemente en la ciudad, lo que implica no solo una política reactiva o negativa, sino tener una capacidad de análisis para discernir entre una observación y un obstáculo o una mera negativa a todo emprendimiento positivo”.

Una forma elegante y matizada de reiterar aquello “del no porque no”. A continuación el subsecretario de Gestión Ambiental del municipio Eduardo Conghos anuncia que los voceros de YPF y los técnicos de la empresa Serman responsable del estudio de impacto ambiental se iban a referir al proyecto sin límite de tiempo. Se tomaron cuatro horas.

Después los técnicos del OPDS que debe pronunciar un dictamen sobre la factibilidad del emprendimiento dicen que van a escuchar todos los argumentos y pedir “un informe ampliatorio a la empresa Serman”. Como pedirle al zorro que cuide el gallinero.

Pese al tiempo transcurrido, pese a la policía que no dejaba ingresar a expositores; pese a los punteros con modos patoteriles, pocos vecinos de los trescientos asistentes son los que se van. Los cinco minutos para cada uno de los 103 expositores hacen que la audiencia culmine a las 22,30 horas. La paliza es contundente, el 80% se ha pronunciado en contra del dragado conformando un bloque de voces opositoras que han acorralado a la mesa que conduce la audiencia con argumentos combinados entre la razón, el conocimiento, el sentimiento y la emoción. Los rostros demudados de los funcionarios lo dicen todo. Hombres y mujeres de la ciudad les han dado una lección difícil de olvidar.

De un lado han estado los defensores de un sistema impiadoso con la naturaleza y con los seres humanos, un capitalismo en serio que está en crisis, pero que no renunciará a su esencia: una rapacidad de carácter canceroso capaz de desestabilizar las ecologías de los sistemas vivientes dentro de los cuales está la misma humanidad. Un sistema para el cual la biodiversidad no es más que una ofrenda a sacrificar en el altar de la ganancia empresaria.

Es curioso que quienes intentan vender el proyecto con el argumento de los puestos de trabajo (60 efectivos al finalizar la obra) son los mismos políticos que contribuyeron al vaciamiento y cierre del frigorífico CAP Cuatreros y La Lanera ambos ubicadas en General Cerri, un pueblo asolado por la desocupación y la precarización laboral más aberrante en el otro frigorífico, el Villa Olga.

Del otro lado, se ha expresado una marea ascendente de voces plurales capaces de vivir, de conocer, de accionar a favor de una vida digna en armónica convivencia con la naturaleza y con trabajo genuino para todos. Se construyó una fuerza social colectiva que se expresó bullanguera y diversa, con el color y el calor del pueblo cuando se manifiesta en libertad, sin las tenazas del control político de los que mandan.

El origen del mal

El proyecto de instalar una planta regasificadora en la parte más interna del estuario, que incluye el dragado del canal principal entre Puerto Galván y General Cerri, es parte inseparable de una política energética continuista con el avance privatizador perpetrado durante el gobierno de Menem.

La entrega del gas y el petróleo a las multinacionales es el origen de las penurias actuales. La desinversión de estas empresas que solo se guían por el criterio de maximizar ganancias a cualquier costo, es lo que explica que el país se haya vuelto un importador neto de combustibles, incluído el gas. Se retomó la importación de gas natural desde Bolivia y desde hace tres años importamos gas congelado, pagando precios altísimos de nuevas tecnologías para descongelar gas y convertirlo en gas natural, por el cual el usuario abona el impuesto de importación.

Al no romper con esta lógica de la energía como mercancía ni recuperar el control soberano de los recursos naturales se entra en este negocio presentado como necesidad, que incluye la presencia de buques metaneros y plantas regasificadoras. Ya hay una en Escobar y otra en Ingeniero White. Como no alcanzan van por más. Por eso la planta de Cerri.

En este negocio el Estado actúa como aliado bobo de YPF-REPSOL. La estatal Enarsa se asocia con la multinacional y pondrá buena parte de los 200 millones de dólares previstos para consumar el proyecto.

El Estado Provincial a través del OPDS hasta ahora ha tomado como serio, un Estudio de Impacto Ambiental ostensiblemente chapucero y favorecedor de la consumación del dragado, hecho por la empresa Serman contratada por YPF .

El municipio de Bahía Blanca actúa como gerente de publicidad y ha generado la pomposa idea que se trata de la Tercera Fundación de la Ciudad con los falaces argumentos del progreso y los puestos de trabajo.

Todos trabajan de trueno. La llovida es para YPF –Repsol que en muchos casos se autoimporta el gas y además es dueña de los buque metaneros. Fondos públicos, negocios privados.

Las voces, las manos de la audiencia de Cerri tienen que multiplicarse para frenar esta iniciativa. Todavía estamos a tiempo.

Enrique Gandolfo es Secretario General de la CTA Bahía Blanca-Dorrego.

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