domingo, 6 de noviembre de 2011

España: Invertir en el futuro en lugar de hipotecarlo

Carlos Miguélez Monroy (CCS)

Una señora bien vestida se acerca a un contenedor de basura y saca una barra de pan en uno de las zonas más adineradas de la ciudad. Hombres que esperan afuera de los supermercados a la hora del cierre para buscar comida fresca entre lo que se tira para evitar que se consuma comida caducada. Gente que hace cola para comer en los comedores sociales, o que va a los comedores de las facultades para ahorrarse unos euros. Jóvenes que pasan la noche en bancos de madera de parques en zonas donde no era habitual encontrarse con personas sin hogar. Algunos llevan pocos días en esta situación, pero su proceso de deterioro se acelera en ciudades que no están hechas para los nadies.

Podría tratarse de descripciones de una ciudad “tercermundista”, pero este panorama se observa con cada vez más frecuencia Madrid y otras grandes ciudades en España, donde ya hay casi cinco millones de desempleados. En millón y medio des de hogares, todos sus miembros están en paro. La brecha entre los más ricos y los que menos tienen ha crecido en estos años de crisis. Sólo Letonia, Rumanía y Lituania registran más desigualdad social que en España, según estadísticas europeas.

Hace unos años, las organizaciones de la sociedad civil que atienden a personas sin hogar asociaban el aumento del sinhogarismo con la vulnerabilidad social y laboral que suponía tener un nombre extranjero o un color de piel distinto. Se hacinaban debajo de algunos puentes del centro inmigrantes que venían del África subsahariana, de Europa del Este y de algunos países de América Latina. Sin embargo, la ONG Cáritas señala que el 30% de las solicitudes de ayuda el año pasado provenían de personas que no la habían necesitado antes, y que la proporción de españoles atendidos aumenta.

Se trata del 21% de la población que encuentra dificultades para ver satisfechas sus necesidades básicas. Pero el empobrecimiento al que aluden los estudios europeos va más allá de la alimentación o de una vivienda digna. La educación sufre recortes que podría dificultar el despegue de España cuando haya terminado la crisis, con una generación entera que padecería deficiencias educativas para encarar el futuro. Despidos, recortes en las asignaciones a educación y el aumento de horas lectivas han motivado huelgas en el profesorado desde hace semanas. A esto se suma el anuncio de un recorte del 80% de financiación pública en las universidades madrileñas.

La oposición califica al gobierno socialista de gobierno de los recortes sociales, el gobierno de los cinco millones de parados, pero no ha ofrecido propuestas concretas para acabar con el desempleo y para garantizar derechos como la salud y la educación con servicios de calidad.

En materia de sanidad, un asunto que gestionan las Comunidades Autónomas, los recortes empezaron con los cambios de gobierno regionales de marzo. En Cataluña, los quirófanos de algunos hospitales cierran los fines de semana. Hablan de “optimizar recursos”, de “evitar duplicidades”, de “mejorar la gestión”, pero en las comunidades donde gobiernan ellos y partidos del mismo corte en materia económica han aplicado políticas de tijeretazo. O hablan de implementar un supuesto “copago” de la sanidad, cuando se trata de un re-pago. Los ciudadanos ya pagan con sus impuestos uno de los sistemas sanitarios más accesibles y equitativos del mundo. Entonces hablan de un uso abusivo en los servicios de urgencias, que se podría solucionar con la formación y la contratación de personal encargado de despejar las urgencias y derivar a la gente en función de su malestar, supervisores que velaran por el uso adecuado de los servicios.

Se espera que, en los debates previos a las elecciones generales del 20 de noviembre, los candidatos expliquen con claridad su programa en materia de recaudación de impuestos, de educación y de salud, pilares fundamentales para una redistribución equitativa de la riqueza y para construir un futuro distinto al que prometía una burbuja inmobiliaria que a pocos ha beneficiado. Para que las personas ejerzan con responsabilidad su derecho y obligación de votar, antes tienen que saber lo que se juegan si se aplican las mismas recetas a un sistema enfermo.
Carlos Miguélez Monroy es periodista, coordinador del CCS.

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