jueves, 3 de noviembre de 2011

Industria petrolera venezolana: 10 años de desarrollo social

Damy Vales (PL)

Venezuela destinó en la última década sumas millonarias de dinero en ingresos petroleros a la inversión social, cuya distribución ha favorecido notablemente a la población, principalmente a los sectores menos favorecidos.

De acuerdo con el ministro de Energía y Petróleo y presidente de Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) Rafael Ramírez, los aportes al desarrollo social de esa industria y los ingresos por la venta de crudo y derivados suman 125 mil 250 millones de dólares desde 2001 a la actualidad.

Tras exponer el proyecto de Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2012 ante la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional (AN), Ramírez resaltó la importancia de la política petrolera del gobierno venezolano, que permitió no sólo la recuperación de los precios del mercado de hidrocarburos, sino una mayor captación de ingresos por esta vía para el Estado.

En ese sentido, la inversión social pasó de 91 mil millones de bolívares (21 mil 162,8 millones de dólares) en el Presupuesto de 2011, a 115 mil 717 millones de bolívares (26 mil 910,9 millones de dólares) en 2012, para un incremento del 27 por ciento.

Según cifras oficiales, antes de la revolución la regalía petrolera que debían pagar las empresas trasnacionales era de apenas un uno por ciento con una ínfima participación de Pdvsa en los proyectos.

Sin embargo en la actualidad, el Ejecutivo impuso un esquema de regalía de 33,3 por ciento; impuesto sobre la renta (ISLR) de 50 por ciento y una participación de Pdvsa de al menos un 60 por ciento.

A juicio de Ramírez, esa estrategia pretende mantener un precio justo del petróleo, y a su vez, proteger un sistema eficaz de recaudación de la renta petrolera.

El titular señaló además, que tanto el aporte fiscal como el petrolero aumentaron en los últimos años.

Explicó que según lo establecido en la Ley Orgánica de Hidrocarburos y lo generado por la implementación desde 2004 de la política de plena soberanía petrolera, suman 356 mil 236 millones de dólares el aporte que el país logró capturar en los últimos 10 años de esa renta, ganancia que antes iba para el exterior.

Sin embargo, recordó que el Ejecutivo mantiene la prudencia al establecer el precio del petróleo para el gasto corriente (fijado en 50 dólares el barril para este año), pero aclaró que luego esos recursos extras serán distribuidos de acuerdo con lo establecido en las leyes, en aras de impulsar el desarrollo social y la actividad no petrolera.

El aporte del 42 por ciento por parte de los ingresos no petroleros, estimados en el Proyecto de Ley de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2012 en 165 mil millones de bolívares (38 mil 372,09 millones de dólares), refleja el esfuerzo de la administración para evitar cada vez más la dependencia de la economía venezolana de los ingresos por concepto del llamado oro negro.

El propósito es superar progresivamente el esquema rentístico petrolero del país, añadió.

Por otra parte, el ministro de Planificación y Finanzas, Jorge Giordani, ratificó las estimaciones de crecimiento económico para este y el próximo año, impulsadas por la inversión en planes de carácter social.

Reiteró que dicho crecimiento ha sido posible gracias al impulso de iniciativas financiadas con recursos de la renta petrolera, además de los que forman parte de la Gran Misión Vivienda Venezuela, estrategia social implementada por el Gobierno para solucionar el problema habitacional en el país.

Hasta la segunda semana de octubre, ese proyecto logró la construcción de 80 mil casas para atender ese déficit existente en la nación, de acuerdo con estadísticas del Ministerio de Vivienda y Hábitat, y se prevé la edificación de dos millones de domicilios entre 2011 y 2017.

En torno a ello, Giordani reiteró que los criterios asumidos en el diseño del presupuesto 2012 continúan centrados en la política social incluyente, a través de los diferentes sectores.

Al concluir, Giordani aseguró que el estado mantendrá una política prudente de ingresos por concepto de ese recurso no renovable, que permita prolongar su explotación con vistas a futuras generaciones.

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