martes, 27 de diciembre de 2011

Organizaciones y especialistas, preocupados por el alcance de la nueva Ley Antiterrorista

PUNTAL - ACTA

La normativa reclamada por el Grupo de Acción Financiera Internacional fue aprobada el pasado jueves en el Senado. Defensores de derechos humanos denuncian que es inconstitucional y que permite la criminalización de la protesta social.

Diversas organizaciones sociales, abogados y defensores de los derechos humanos expresaron gran preocupación ante la reciente aprobación de la Ley Antiterrorista. La normativa fue reclamada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y sancionada el pasado jueves en el Congreso. Especialistas indican que la modificación que se introdujo en el Código Penal es inconstitucional y que su ambigüedad le permite al poder político y judicial criminalizar la protesta social al interpretarla como “actos con finalidad terrorista”.

En la madrugada del jueves, el Senado aprobó por 39 votos favorables y 22 negativos la ley sobre antiterrorismo, que tan sólo una semana antes había recibido diversos cuestionamientos cuando obtuvo media sanción en Diputados.

Se trata de una reforma al Código Penal que el Gafi reclama a nuestro país bajo amenaza de excluirlo del G-20, grupo de los 20 países más industrializados y emergentes.

La reciente modificación contó con el apoyo del bloque oficialista y busca profundizar la Ley Antiterrorista que ya había sido sancionada en 2007 en nuestro país mediante la incorporación de un tratado internacional.

La reforma central introducida en esta nueva etapa establece que las penas ya establecidas en el Código Penal se duplicarán cuando los delitos hayan sido cometidos “con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”.

Según abogados de organizaciones sociales y de derechos humanos de la provincia de Córdoba, la ambigüedad que rodea al concepto de terrorismo en el texto de la ley la transforma en un instrumento peligroso que permitiría a los jueces violar distintos derechos constitucionales.

A nivel nacional, su aprobación también ha sido duramente cuestionada ya que permitiría avanzar en la criminalización de la protesta social.

Así lo manifestaron diversos sectores políticos y sociales entre los que se encuentran el Frente Amplio Progresista, referentes del radicalismo, la CTA y cientos de colectivos y organizaciones sociales del país. También expresaron fuertes cuestionamientos personalidades como el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, el periodista Horacio Verbitsky y el juez de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Zaffaroni.

Protesta social y terrorismo

La polémica ley pretende sancionar las “actividades delictivas con finalidad terrorista”. Sin embargo, según diversos especialistas, el modo en que se aborda este concepto permitiría su aplicación ante cualquier manifestación de las protestas sociales.

El abogado Sergio Job, integrante del Movimiento Lucha y Dignidad de Córdoba y de la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos Humanos, explicó que la normativa sancionada en los últimos días profundiza la ley antiterrorista aprobada en 2007 “duplicando las penas del Código Penal y manteniendo ambigüedad en qué es un terrorista”.

“En realidad cualquier organización social y cualquier persona que salga a reclamar entra en esa categoría”, dijo. En este sentido, recordó que según este instrumento legal cualquier persona que usara un método para forzar a un gobierno u organismo internacional a realizar un acto o dejar de hacerlo es considerado terrorista.

“Uno cuando hace una huelga está forzando a un Estado, por ejemplo, a aumentar un salario. Cuando piqueteros o movimientos sociales salen a cortar la ruta para exigir, por ejemplo, que dejemos de pagar la deuda al FMI, es un acto de terrorismo. Cualquier medida de fuerza puede ser interpretada como terrorismo; no se han respetado las medidas constitucionales”, argumentó el profesional respecto a los peligros que conlleva la flamante ley. Incluso, Job relacionó esta definición con el discurso presidencial emitido semanas atrás: “Cristina dijo que la huelga está siendo utilizada como un método de extorsión; se ha ido construyendo un relato que legitima esta concepción”.

Por su parte, Claudio Oroz, abogado de distintos organismos de derechos humanos y sindicatos en Córdoba, advirtió que según lo estipulado por la normativa la finalidad terrorista “puede aplicarse a cualquier actividad delictiva”, lo que quedaría sujeto a la interpretación del juez interviniente.

En tanto, el abogado de la CTA Córdoba, Eugenio Biafore, también se mostró alarmado por el texto aprobado en el Senado. “Nos parecen preocupantes los márgenes abiertos que deja a delitos que, en el tipo y su conformación, apuntan a la conflictividad social. Cuando la técnica legislativa no es la propicia, se abre una posibilidad de judicializar la protesta”, expresó.

Una norma inconstitucional

El artículo 19 de la Constitución Nacional establece: “Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”.

Es especialmente en relación a este artículo que los especialistas apuntan a la inconstitucionalidad de la Ley Antiterrorista. Al respecto, Oroz señaló que la reforma introducida por la normativa transforma a los delitos que se cometen con una finalidad terrorista en “tipos penales abiertos que son inconstitucionales porque en la práctica violan el Principio de Reserva Penal, establecido en el artículo 19 de la Constitución”.

Para que dicho principio se respete los delitos deben estar tipificados de manera taxativa, algo que la Ley Antiterrorista no respeta dada su ambigüedad.

“La consecuencia es tener tipos penales abiertos que dejen librado a la interpretación judicial la finalidad de un acto, que es algo que sólo está en la mente de una persona”, dijo Oroz. Justamente en respuesta a estos cuestionamientos, la reforma del artículo 41 del Código Penal que incluye la polémica ley establece que la duplicación de las penas “no se aplicarán cuando el o los hechos de que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho”.

Sin embargo, Oroz destacó que este apartado no modifica la inconstitucionalidad de la norma, ya que los límites que establece para la libre interpretación del juez no son lo suficientemente claros.

El poder del juez

De este modo, uno de los mayores peligros que acarrea la Ley Antiterrorista se relacionaría con el poder que le otorga a los jueces, quienes en última instancia decidirían en qué ocasiones aplicarla. Job expresó que pese a las excepciones planteadas por la norma “queda a voluntad del juez definir si el acto se da en el marco de una protesta social o si es por extorsión o directamente un acto de terrorismo”.

Y continuó: “Sabiendo lo conservador que es el Poder Judicial eso no es garantía de nada porque después va a haber que demostrar que realmente era en el marco de un movimiento social y que en realidad el movimiento social estaba reclamando un derecho. Es fácil tergiversarlo”.

En este sentido, recordó que la primera etapa de la legislación antiterrorista, sancionada en 2007 también tipifica este delito de manera imprecisa. Acerca de su contenido, el abogado expresó: “Era tan ambiguo que cualquiera que tuviera una gomera significaba que era terrorista. También se consideraba terrorismo a aquellos grupos que tuvieran relación con organizaciones y movimiento de otros países, algo que tienen casi todas la organizaciones”.

Según ejemplificó el abogado, las implicancias de la ley antiterrorista se hacen evidentes en la realidad chilena, donde ya se encuentran en vigencia las legislaciones reclamadas por el Gafi. Allí, en diversas ocasiones las comunidades mapuches son consideradas un movimiento terrorista, aduciendo entre otras cuestiones que poseen vinculaciones con las FARC.

En este marco, el integrante del Movimiento Lucha y Dignidad concluyó que el concepto de terrorismo se constituye como “un significante vacío, que va a ser llenado por las conveniencias del poder de turno”. En concreto, el principal poder que la nueva ley le conferiría a los jueces es el de duplicar las penas estipuladas por el Código Penal.

El aspecto más preocupante de esta disposición,indicó Oroz, se daría en relación a figuras como daños, resistencia a la autoridad e intimidación pública, que suelen aplicarse para criminalizar las protestas sociales. Si el juez interviniente considera que existió una finalidad terrorista en el delito, en algunos casos las penas máximas aplicables a los manifestantes podrían pasar de 10 a 20 años.

Ante estas posibilidades, Oroz reflexionó: “Estaríamos aplicando inconstitucionalmente una figura, mucho más cuando esto está hecho para seguir permitiéndonos estar en el Gafi y el G20. En un país como el nuestro, teniendo en cuenta no sólo lo que ocurrió en la época de la dictadura, sino también lo que se hizo en el 2001 con 39 muertos en la calle, es algo realmente preocupante”.

Y continuó: “Darle estos instrumentos a un Poder Judicial como el argentino, que sigue siendo el poder menos democratizado y que es el refugio más conservador, con honrosas excepciones, y que encima no puede estar controlado por los ciudadanos porque no es elegido, es un verdadera avasallamiento a la Constitución”.

Preservar la soberanía

Además de la Ley Antiterrorista, el Senado aprobó una legislación para ampliar las sanciones contra el lavado de dinero, también solicitada por el Gafi para proteger al sistema financiero mundial del blanqueo ilegal de fondos.

En este marco, los cuestionamientos expuestos por diversos sectores sociales no sólo se reducen a los peligros de criminalizar la protesta social sino también a los orígenes de estas leyes. “Esta propuesta legislativa no fue lo suficientemente difundida ni discutida por la población, sino que se aprobó por el requerimiento de organismos internacionales”, dijo Biafore al respecto.

El juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni también criticó duramente las leyes aprobadas. En declaraciones a Radio Nacional Córdoba aseguró que el Gafi “nos extorsiona de modo que si no sacamos esas leyes, nos va a sancionar económicamente” cuando originalmente el organismo no tiene facultades para hacerlo, ya que su función es emitir recomendaciones a los gobiernos.

Además, señaló que nuestro país no necesita “para nada” una figura como el terrorismo: “En Argentina, la muerte de una sola persona con un medio capaz de causar grandes estragos tiene pena perpetua en nuestro Código desde hace 90 años”, dijo.

En cuanto a la ley que incorpora como delitos las acciones destinadas a afectar el orden económico y financiero, Zaffaroni sostuvo que “Argentina está extorsionada por este organismo que se ocupa de garantizar que el lavado de dinero se haga solamente en el hemisferio norte”.

Retomando las afirmaciones del juez, Oroz advirtió que “la cuestión del terrorismo esta enmarcada por el paradigma de los Estados Unidos, que le ha permitido invadir países que supuestamente tenían armas de destrucción masiva y que después de años de guerra no se han encontrado”.

“Justamente es en estas situaciones donde tenemos que tratar de preservar nuestra soberanía. La experiencia que tenemos de cómo son usadas las normativas internas para violar los derechos humanos debería hacernos reflexionar sobre estas cuestiones impuestas por el sistema financiero internacional”, sostuvo el abogado.

La criminalización de la protesta social en Argentina y Latinoamérica

Según los abogados de organizaciones sociales de Córdoba, la Ley Antiterrorista se enmarca en un fenómeno mundial que se expresa de diversas maneras en América Latina. Job advirtió que “la criminalización de la protesta social en Argentina está en consonancia con lo que pasa en el resto de los países latinoamericanos”.

En este sentido, destacó que existe “una guerra generalizada del poder contra los sectores populares”, un fenómeno que en aquellas zonas con una alta conflictividad se manifiesta a través de la intervención del ejército y en lugares de baja conflictividad por medio de la policía.

Esto último, dijo el integrante de la Coordinadora Antirrepresiva, es lo que está ocurriendo en nuestra provincia con la aplicación del Código de Faltas.

“La Ley Antiterrorista y el Código de Faltas tienen en común que salen de los mismos centros de pensamiento de Estados Unidos y los países poderosos. Están inscriptos en una lógica del capitalismo de guerra que vienen planteando muchos autores”, aseguró.

El abogado advirtió que, a excepción de Cuba, Bolivia y Venezuela, “en todo el Cono Sur se vienen votando leyes en términos de seguridad interna”.

A su vez, puntualizó que en aquellas zonas donde existe una resistencia armada, como ocurre con el Ejército Popular Paraguayo, está aumentando la intervención del ejército y la militarización de territorios.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.