lunes, 24 de enero de 2011

Estados Unidos vive de la guerra…de los otros

Marcelo Colussi (especial para ARGENPRESS.info)

“La versión norteamericana de la colonia es la base militar”.
Chalmers Johnson

Lo que se consume hay que pagarlo. Verdad trivial, sin dudas, pero incuestionable. Si queremos decirlo de otra manera, quizá en términos económicos dando por supuesta una estructura monetaria: “nada es gratis”. O, en términos más coloquiales: nada viene del aire.

Estados Unidos, que durante todo el siglo XX marcó el ritmo de la economía mundial constituyéndose en la potencia dominante con la mayor cuota de poder que sociedad alguna haya tenido en toda la historia, fue construyendo un modelo cultural inviable, monstruoso, francamente descabellado: el hiper consumo. La apología del consumo se entronizó en su cotidianeidad pasando a ser, por lejos, la nueva deidad a cuyo alrededor se construyó toda la vida. Consumismo hedonista, consumismo por el puro placer de consumir: figura rayana en lo psicótico que no tiene perspectiva, que se cierra sola, que se termina autofagocitando. La actual catástrofe medioambiental es su consecuencia directa.

Sólo para graficarlo con un ejemplo: mientras el consumo de agua necesario para una vida equilibrada es de 25 litros diarios por persona, término medio, contra el litro diario que consume un africano un ciudadano estadounidense utiliza… ¡100! Si se le preguntara a ese ciudadano común (digamos: Homero Simpson, prototipo del hombre medio del país) el por qué de ese desmedido consumo, no tendría respuesta. Levantando los hombros con desdén diría simplemente que porque “así es…”, y punto.

Así se edificó Estados Unidos: consumiendo, produciendo y consumiendo sin desmayo. Consumiendo más de lo necesario, creando continuamente nuevas necesidades. “Lo que hace grande a este país -pudo llegar a decir el gerente de la agencia publicitaria BBDO, estadounidense y una de las más grandes del mundo- es la creación de necesidades y deseos, la creación de la insatisfacción por lo viejo y fuera de moda”. Consumir sin límites…, pero llega un momento que eso topa con los límites: ¡hay que pagar lo que se consume! Valen entonces las palabras iniciales: “nada es gratis”. ¿Quién va a pagar ese hiper consumo desmedido de la sociedad estadounidense? Su población representa menos del 5% de la población mundial, pero consume alrededor del 25% de la producción de todo el planeta. Así como sucede con el ejemplo del agua dulce, así sucede con cualquier rubro. Eso es inviable, tanto en términos de sostenibilidad física (los recursos se agotan) como de posibilidades económicas: alguien tiene que pagar todo ese esfuerzo productivo. Y sucede que los estadounidenses no lo están pagando. ¿Quién lo va a pagar entonces?

Estados Unidos aún es la economía más fuerte del planeta y dos terceras partes de las reservas financieras mundiales están hechas aún en dólares, contra un cuarto acuñadas en euros, lo cual significa que desde Washington todavía se impone el ritmo mundial. Pero esto está cambiando. El pasivo que mantiene el país es técnicamente cada vez más impagable; tanto la deuda familiar (cada persona adulta tiene un promedio de 5 tarjetas de crédito y una deuda de 7.000 dólares) como el déficit del Estado. Estados Unidos, como potencia, no está derrotada, en absoluto. Pero ha iniciado un ciclo de regresión, de no expansión como proyecto de unidad nacional, con indicadores macroeconómicos que muestran insostenibilidad en el largo plazo. Ante ese déficit fiscal impagable, ante ese nivel de consumo irreal (se gasta mucho más de lo que se produce), su actual grandeza depende de la guerra, que es siempre una salida -monstruosa- ante las crisis (viejo recurso de todos los imperios). Pero esto es un elemento definitorio: no hay economía sana que pueda estar eternamente en dependencia de la guerra. Eso, tarde o temprano, cae.

Y en Estados Unidos, ya empezó la caída.

La economía de los seres humanos se basa en la producción de bienes y servicios necesarios para la vida; muchos de estos son inventados, prefabricados (“creación de necesidades y deseos” nos decía el publicista). Buena parte de las guerras actuales que tienen que ver con Estados Unidos, esta nefasta industria de la muerte, aunque parezca patético, trágico, inhumano, aborrecible y toda la larga cohorte de etcéteras condenatorios que quiera agregarse, eso está entre las “necesidades creadas” de la actual economía estadounidense. ¿Por qué? Porque la gran potencia, expresión máxima del sistema capitalista, está agotada. Más aún: el sistema económico mismo da señales de ir estando agotado, por eso cada vez más apela a estos recursos bestiales para sobrevivir. La industria de la muerte (la fabricación de armas y de guerras, el manejo de la producción y distribución de drogas ilegales, la destrucción bélica de países para su posterior reconstrucción…), todo eso pasó a ser el sector más dinámico de la economía mundial; es, dicho de otra manera, una tabla de salvación. Estados Unidos y el capitalismo desarrollado necesitan guerras.

Si a principios del siglo XX el presidente de Estados Unidos Calvin Coolidge podía decir que el negocio de su país consistía en “hacer negocios”, hoy eso se ha trocado en “hacer negocios con la guerra”. Que los otros se peleen, y ahí estamos nosotros para venderles armas. ¡Viva la guerra! El negocio de la muerte cada vez más va entronizándose como el ámbito que más crece, que más ganancias da. Y junto a ello, todo lo que se relaciona con la muerte. A título de ejemplo: en estos últimos 35 años el negocio de las drogas ilegales dentro del territorio estadounidense (otro negocio de la muerte) creció de un promedio de 17 a 400 toneladas, es decir: un 2.353%, lo que da como resultado un 67% de crecimiento anual (índice que ningún otro rubro comercial siquiera sueña con alcanzar).

El negocio de la muerte rinde mucho, sin dudas (25.000 dólares por segundo). Y para eso, cada vez más en forma creciente, se han ido entretejiendo poderosas telarañas de relaciones entre los fabricantes de armas y los fabricantes de guerras. Es decir: la gran industria productora de tecnología militar se apoya en un entramado de políticos de derecha, pensadores e ideólogos conservadores que justifican las guerras (los think tanks) y medios de comunicación absolutamente tendenciosos que crean las condiciones para que las mismas sean posibles. Así, de esa manera, la tan ansiada “paz” que se proclamó terminada la Segunda Guerra Mundial en 1945 y para la que se creó la Organización de Naciones Unidas, parece muy pero muy lejos de alcanzarse. La guerra es negocio. Y… business are business.

Que haya guerras (más de 20 frentes de combate abiertos en la actualidad), que se compren (¡y usen!) armas por doquier (un muerto por minuto a escala planetaria como consecuencia de una detonación de algún arma de fuego), que se viva un clima de zozobra, de histeria colectiva por los nuevos fantasmas que nos atacan (¡el “sanguinario” terrorismo islámico!, ¡el narcotráfico!, el crimen organizado desbocado, etc.) -climas prefabricados, por supuesto-, todo eso es funcional a esa gran industria que, hoy por hoy, es pieza fundamental de la economía estadounidense. Dato patético: en Latinoamérica uno de los rubros comerciales que viene creciendo más aceleradamente en estos últimos 20 años es el negocio de las empresas de seguridad. Y eso -ahí está lo conmovedor-, lejos de asegurar la seguridad de la población, el clima de paz y concordia, no disipa el clima de violencia creciente que se va viviendo (muchos de esos países atraviesan epidemias de violencia con índices de criminalidad por arriba de los 20, 30 y 40 muertes anuales por 100.000 habitantes, cuando lo esperable sería no superar los 5 muertos). ¿Será que se necesitan estos climas hostiles? ¿Quién hará los businesses en ese caso?

Alrededor de dos terceras partes de todas las armas exportadas en el mundo provienen de la industria de Estados Unidos. Business are business. Y sus propias fuerzas armadas consumen hoy casi la mitad de todos los gastos militares del mundo; gastos, por supuesto, que, pagados en dólares, van a parar como ganancias a las cuentas de ese gran complejo militar-industrial que no dejó nunca de crecer, ni siquiera habiéndose terminado la Guerra Fría. Dicho sea de paso, esos gastos militares representan casi una cuarta parte del presupuesto federal total de la nación. ¿Quién paga todo eso?

Ese fabuloso complejo militar-industrial-mediático-ideológico sabe lo que hace. Dicho conglomerado fue la espina dorsal de la rehabilitación económica de los Estados Unidos luego de la depresión de los años 30 del siglo pasado, y también fue pieza clave de su larga prosperidad de postguerra. Hoy continúa siendo el motor de la economía, moviendo impresionante cantidad de recursos, creando puestos de trabajo y manteniendo activa la capacidad investigativa y creativa de la vanguardia científico-técnica del país.

Toda esta monumental maquinaria bélica decide la política y la cultura de Estados Unidos, tanto en lo doméstico como en su proyección internacional. Hoy por hoy su poderío se basa en las guerras, siempre de los otros, nunca en su propio territorio. En todo sentido la guerra es su eje: su economía doméstica está alimentada en un alto porcentaje por la industria de guerra y su hegemonía planetaria (apropiación de materias primas e imposición de reglas de juego económicas y políticas a escala global con el primado del dólar) también depende de ellas. Hoy día Washington necesita de las guerras, el país entero necesita de ellas para continuar viviendo. Sin las guerras, la potencia no sería potencia. Es más: sin las guerras no podría siquiera mantenerse. ¿Cómo haría, por ejemplo, para mantener ese hiperconsumo de agua dulce por ejemplo, si sus reservas están por agotarse y no se asegurase otras nuevas por medio de la fuerza? Ahí están los boys entonces, siempre listos para defender la “libertad” y la “democracia” en el mundo. Por cierto, y para graficarlo, una de las bases militares más grandes de que dispone en Latinoamérica se halla en la triple frontera argentino-brasileño-paraguaya, donde “casualmente” se ubica el Acuífero Guaraní, la segunda reserva subterránea de agua dulce más grande del mundo. Por supuesto, la justificación para la creación de ese destacamento militar es muy otra: ¡la presencia de fanáticos musulmanes y escuelas coránicas de Al Qaeda en la zona! (Bueno…, además de imponerse con la fuerza bruta, parece que también nos toman por estúpidos).

A propósito, valga decir que oficialmente Estados Unidos posee 737 bases en todo el orbe, con un valor total de 127.000 millones de dólares cubriendo casi 2.800 kilómetros cuadrados en alrededor de 130 países. Evidentemente las armas no son sólo para ir de cacería…

La estrategia en curso de los sectores más conservadores y ligados a este complejo militar-industrial-mediático con el que las grandes corporaciones dominan la política de la Casa Blanca -y por tanto el mundo- consiste en desplegar fuerzas ofensivas infinitamente superiores a todos sus contrincantes (de hecho, en la actualidad, las fuerzas armadas estadounidenses tienen un poder de fuego similar a la suma de todo el resto del mundo) y promover guerras preventivas como parte definitoria de la iniciativa. A través de ellas (con la excusa que sea, por supuesto) Washington se asegura: 1) recursos vitales (energéticos, agua dulce, minerales estratégicos, biodiversidad para la industria transgénica), 2) posicionamiento militar cada vez más amplio en todo el orbe con lo que seguir controlando, 3) movimiento en su economía interna con una formidable industria bélica que no se detiene, y 4) otros negocios (venta de armas a terceros, y destrucción de países para reconstruirlos por medio de leoninos contratos). Complementando este sensacional business encontramos la promoción de un consumo irracional de armas por cantidades inconmensurables de gobiernos que son forzados a armarse hasta los dientes en consonancia con ese clima bélico que lo inunda todo. ¿Necesitan acaso las naciones pobres del Sur renovar sus flotas de tanques de guerra cada tanto? ¿Se termina el problema del narcotráfico con toda la tecnología militar que compran continuamente los países productores de sustancias básicas? ¿Por alguna remota casualidad despunta la paz por algún lado pese a esta parafernalia monumental de armas que no cesa de crecer? ¿A quién ayuda verdaderamente todo esto?

El negocio de la guerra, en definitiva, mantiene con vida la economía nacional estadounidense. Y en ese proyecto queda ya más que claro que no se trata de qué administración está de turno, si demócratas o republicanos (otras opciones no hay). Aparentemente los republicanos son más funcionales a los proyectos de ultra derecha militarista, pero la experiencia de estos años muestra que el ¡Premio Nobel de la Paz! Barack Obama, demócrata, y todo su gobierno, no pueden despegarse de una línea ya trazada: la economía de guerra ha llegado para quedarse en este capitalismo en decadencia que representa Estados Unidos manejado por los halcones fundamentalistas.

El nuevo presidente, más allá de las honestas expectativas de cambio que pudo generar en su momento, terminó ampliando las guerras de Afganistán y Pakistán, al par que enviaba al Congreso un presupuesto con gastos militares siempre en expansión, mayor que el de su antecesor, un guerrerista declarado. Pero ese recurso de salvamento tiene sus bemoles. Las economías de guerra, si bien pueden ser un tubo de oxígeno que refresca por un tiempo, no permiten construir una sociedad sana, por la sencilla razón que toda esa maquinaria de muerte se ha tornado impagable. Y, como decíamos al principio, alguien debe responsabilizarse de los gastos. El matón del barrio puede vivir asustando a todos, pero si está insolvente, ¿cómo hace para sobrevivir? El chantaje, las presiones, la actitud mafiosa todo eso tiene límites. El crédito alguna vez se agota.

Como acertadamente lo dijo el brasileño Luiz Alberto Moniz Bandeira, “el incomparable poderío militar de los Estados Unidos tiene límites económicos. Irresponsabilidad fiscal, descontrol de los gastos públicos, altos déficit presupuestales, continuo déficit en la balanza comercial, elevado endeudamiento externo, corrupción inherente al conjuro entre industria bélica y el Pentágono, representado por el complejo industrial-militar, recesión -factores similares a los que produjeron la crisis de Grecia- representan la mayor amenaza y pueden derrotar a la superpotencia”.

En definitiva: la industria de la muerte no puede conducir sino a la muerte. Muerte para la potencia americana como gran centro de poder por su endeudamiento sin salida, muerte para la humanidad toda si se pone en marcha el aparataje bélico instalado: si se disparase el potencial atómico hoy día disponible en el mundo, la onda expansiva llegaría hasta Plutón. Más allá de la ¿proeza? tecnológica que esto último pudiera representar, ¿de qué nos sirve a los mortales de a pie?

Los muertos y mutilados los sigue poniendo el pobrerío de todo el mundo, del Sur fundamentalmente, mientras los dólares quedan en las grandes firmas con sus cuentas en el Norte o en paraísos fiscales. ¿No es hora de ir cambiando eso de una buena vez?

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Haití: No a los hechos consumados

Jorge Gómez Barata (especial para ARGENPRESS.info)

El retorno, poco menos que triunfal de Jean-Claude Duvalier a Haití no es el inicio sino la culminación de una elaborada y repugnante maniobra que reinstala en el panorama político caribeño y latinoamericano un capitulo que parecía sepultado en el fondo de los tiempos.

Al aceptar que un personaje de semejante ralea retorne a la política en el país que humilló, es un evento surrealista que pudiera ser aplaudido por Somoza, Trujillo, Batista y Stroessner a quienes la tolerancia haitiana parece legitimar. Al aceptar tan grotesco hecho la OEA, la ONU, Estados Unidos y el gobierno haitiano se descalifican absolutamente como factores estabilizadores en Haití.

Desde la lejanía, Jean-Bertrand Arístides, quien no tiene los macabros antecedentes del Baby Doc, aunque tampoco aliados tan influyentes y que también debería formar parte del pasado; reclama el derecho al retorno, lo cual, seguramente se producirá en breve, entre otras cosas porque nadie tiene moral ni autoridad para impedirlo.

Con ellos retornaran también al escenario político haitiano los gorilas y vende patria que en períodos recientes, de modo cruento y cada vez más violento, se han desplazado unos a otros del poder. Las nuevas rondas políticas entre tales elementos permitirán presenciar uno de los más grotescos espectáculos políticos de que se tengan noticias.

Haití, un país ocupado militarmente por la ONU la cual se dice responsable por el “orden” pero no por el bienestar de esa nación, un sitio donde operan unas 10 000 organizaciones no gubernamentales y donde el débil gobierno existente ha sido superado por su escasa capacidad de convocatoria y por acontecimientos nefastos, los más recientes, el devastador terremoto y la epidemia de cólera más relampagueante y letal que se haya desatado en mucho tiempo.

Una increíble sucesión de eventos nefastos entre los que figuran una revolución brillantemente ejecutada e infelizmente encaminada, una cruel venganza de Francia que apresó e hizo morir en sus galeras a un libertador y único caso en que una potencia cobra millones de francos en oro a un pueblo por la libertad; unido a una interminable sucesión de dictaduras de la cuales los Duvalier fueron de los capítulos más recientes, corrupción en grado superlativo, incultura y sus compañeras inseparables: pobreza y exclusión han conducido a la situación más desesperada que pueblo alguno haya conocido nunca.

La represión, el crimen y el exilio han hecho que no existan en Haití vanguardias políticas, fuerzas de izquierda o élites culturales capaces de convocar a la resistencia ni haya estructuras de participación de la sociedad civil. No hay en el martirizado país gobierno solvente y tampoco fuerzas políticas realmente habilitadas para disputar el poder y encabezar la búsqueda de alguna solución.

En términos estrictamente políticos, Haití vive ahora momentos de mayor infortunio que aquellos cuando, doscientos años atrás, a fines del siglo XVIII Toussaint Louverture dirigió la única sublevación de esclavos que condujo a la formación de la primera nación negra y la única fuera de África que encumbró a los únicos emperadores de ébano de la modernidad.

Lo que ahora ocurre y que parece un hecho consumado con la participación de Francia, la mirada entre cómplice y tolerante de las fuerzas de estabilización y de la estructura ejecutiva de la ONU y la OEA, la pasividad de Estados Unidos, la incapacidad del gobierno haitiano y el frívolo leguleyismo del sistema judicial vernáculo, han obrado el milagro de sintonizar el sistema político haitiano con la situación material del país. Como la Nación la democracia haitiana está en ruinas y gravemente enferma.

Nadie sabe si algún día llegará el momento en que la nación haitiana y su juventud puedan mirar adelante, sacudirse el polvo de los siglos y encarar por ellos mismos el porvenir. En Haití es la hora de gritar: revolución, mas no hay quien lo haga.

Lo que pueden hacer los gobiernos latinoamericanos, aunque sea el registro es repudiar el reciclado político de Duvalier y aplicar a su presencia en el escenario haitiano la cláusula aprobada para lidiar con los golpes de estado y los atentados a la democracia y a las débiles instituciones.

Tratar con Duvalier, concederle beligerancia y legitimarlo como alternativa política son actos tan indecentes e inmorales como fueron las dictaduras del padre y del hijo.

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Cocktail

Álvaro Cuadra (especial para ARGENPRESS.info)

En política, y especialmente en la política chilena, es muy difícil entregar certificados de defunción de conglomerados, partidos y figuras. La historia nos enseña que la resurrección política existe y, aunque escasa no alcanza para ser calificada de milagro. No obstante, las recientes actuaciones de la llamada Concertación de Partidos por la Democracia demuestra que tal coalición se encuentra en un estado lamentable, acaso terminal.

Habría que repetir lo que ya se sabe. Una concertación de partidos nacida y diseñada como oposición democrática a la dictadura militar encabezada por el extinto Augusto Pinochet en las postrimerías de los ochenta ha envejecido. La vejez que la afecta no solo dice relación con sus líderes emblemáticos sino que afecta a su concepción misma. La nítida dicotomía entre un gobierno autoritario e ilegal y la promesa de restituir la democracia en el país se ha desdibujado ante una derecha que enarbola hoy, precisamente, las banderas de la democracia y el cambio.

Los síntomas de un acelerado desgaste de la Concertación ya se hicieron notar en el último mandato presidencial de la señora Bachelet, los que culminaron con una fatal escisión electoral que determinó su derrota. No es necesario insistir en las miserias que explican la actual situación. Lo cierto es que el triste espectáculo que ofrece hoy la oposición al gobierno de derecha solo augura un alejamiento del poder mucho más prolongado del que se creyó al principio de la actual administración.

Un diagnóstico mínimo debiera dar cuenta, por lo menos, de tres grandes ámbitos de acción opositora: La movilización social, la presencia mediática y, desde luego, el trabajo legislativo. Es claro que en los dos primeros dominios estratégicos del juego político no hay mucho que decir, salvo que lo obrado hasta aquí ha sido insuficiente para tensionar mínimamente la hegemonía de la derecha en el poder. Respecto del tercer dominio, esto es, la actuación opositora en el poder legislativo, lo único que se puede afirmar es que hemos asistido a un triste espectáculo, un sainete tragicómico cuyo resultado está a la vista: El actual gobierno del señor Sebastián Piñera pareciera gobernar sin oposición.

Hasta el presente, el gobierno se las ha arreglado para aprobar en ambas cámaras sus proyectos más emblemáticos con los votos de muchos parlamentarios opositores. Estos hechos, ciertamente, no hacen sino profundizar las diferencias entre los distintos sectores que conforman la otrora poderosa Concertación.

Al observar la situación actual, surge inevitable la pregunta por las ausencias. El gran ausente de la política chilena, una política manejada por cúpulas, es aquello que antiguamente se llamaba “el pueblo” y que la misma Concertación llamó “la gente”. Mientras esa silla siga vacía, sin profesores, sin indígenas, sin trabajadores, sin empleados públicos, sin estudiantes…la fiesta de la democracia en Chile seguirá siendo un exclusivo “cocktail” privado al que sólo están invitados mercaderes, curas, militares y políticos de oficio.

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Ecuador: La democracia pelucona juega a la manipulación

Alberto Maldonado (especial para ARGENPRESS.info)

Sin sonrojarse, el editorialista del diario El Comercio de Quito (el principal diario sipiano del país) exclamó en su editorial de fondo (edición del jueves 19 de enero/2011) que la consulta popular propuesta por el Presidente de la República (Rafael Correa Delgado) posterga “lo fundamental: la inseguridad social” e insinúa que el Presidente trata de “concentrar el poder del Ejecutivo” y de postergar las reformas judiciales.

La oposición a la “revolución ciudadana”, al mismo tiempo que los periódicos sipianos decían lo suyo, comenzaron también a “sonar insistentemente la alarma” ya que según ellos, la parte del referendo propuesta por el Presidente no es otra cosa que una invasión del Ejecutivo al Judicial, en especial porque propone reemplazar al ineficiente Consejo de la Judicatura, con una comisión tripartita (ejecutivo, legislativo y judicial) a fin de que este nuevo organismo, en un plazo de 18 meses (año y medio) lleve adelante una reforma integral de esta función del Estado, de la cual todo el mundo (incluidos los opositores) se quejan.
Dice Chomsky (político norteamericano) que una de las estrategias de la prensa sipiana (impresa, radial, televisada) es tratar a sus públicos como si fueran criaturas de 8 años o menos. ¿El propósito?:llegar a sus perceptores con facilidad, de manera que, mediante un lenguaje, unos signos y unas actitudes poco menos que para “retrasados mentales” convencer a sus públicos que lo que dicen, muestran y aseveran, es la única verdad en la que hay que creer.
En este sentido, el principal editorial de El Comercio repite lo que se dice y se asegura sin descanso: que para combatir la inseguridad social “solo hay que endurecer las leyes penales”; y que el único culpable de que haya llegado a los extremos actuales, la delincuencia, organizada o no, es el gobierno tal y cual. Argumentan que la disposición constitucional de que si a un detenido, por cualquier delito, no le dictan sentencia, en un año calendario, pues este sindicado tiene derecho a salir en libertad inmediatamente es una puerta de salida de la delincuencia a seguir cometiendo fechorías.
Y vaya que, durante la vigencia de esta disposición legal (que fue dictada hace años, porque era clamoroso el caso de detenidos que estaban en la cárcel no solo meses sino años, aunque podía tratarse de inocentes) los abogados defensores, los fiscales y los jueces, mediante dilatorias y argucias, permitieron que sindicados de delitos mayores o menores, salgan, por miles, de la cárcel; y se burlen así de la justicia y de la sana razón.
En otras palabras; el remedio fue peor que la enfermedad. Por defender un derecho ciudadano (el de la libertad, mientras no haya sentencia en firme) se vulneró otro derecho aún más sensible: el de que las víctimas o la familia de las víctimas o la sociedad en su conjunto, vean salir en libertad a los acusados de un asesinato, un asalto, una violación, etc.
Sin duda, la inseguridad social que se vive en estos tiempos se ha incrementado y “se ha perfeccionado” en la medida en que ha aumentado proporcionalmente la desocupación, la insalubridad, los sueldos de hambre, las inequidades, la pobreza cuando no la miseria, la corrupción. Y nadie duda que en esta materia (de la corrupción) los sectores judiciales baten todos los records, al punto que todos dudan de todos; aunque si se les pregunta que, si alguna vez han cogido alguna coima o se han prestado para alguna corruptela, todos dirán que nunca y que son honrados a carta cabal. Pregunten ustedes a los detenidos de un centro de detención si son inocentes o víctimas; y todos, dirán que si, que están ahí porque el fiscal hijo de tal no creyó en su inocencia o porque no tuvieron plata para pagar al juez y/o al amanuense.
¿Entonces? Hace rato largo también que desde distintos sectores sociales se viene exigiendo a los poderes públicos que se vaya a una reforma de fondo del poder judicial; y al decir reforma de fondo, se está comprendiendo una actualización y simplificación de las leyes vigentes de manera que ni un fiscal ni un juez puedan interpretarlas a su antojo; una suerte de auditorías imprevistas a los fiscales y jueces, una penalización mas rigurosa contra fiscales y jueces que se encuentren culpables de actos dolosos o inmorales; una legislación penal ciertamente rehabilitadora del delincuente, etc. Es decir, un cambio total del sistema y no un parche para pasar el mal momento. Y este cambio no puede ser de la noche a la mañana sino un proceso de años. Solo entonces, tendrá sentido la llamada autonomía de la función judicial.
Para la prensa sipiana, lo único que hace falta es endurecer las penas (la pena máxima en el Ecuador es de 25 años; hasta hace poco, era de 16; y no hay acumulación de penas) y reformar la disposición constitucional de la libertad, si no hay sentencia en un año. ¿No es eso tratar a los públicos perceptores como niños de escuela? Desde luego, los sectores que así lo pregonan saben muy bien que no es así. Pero, consigna es consigna; y si pueden endosarle al gobierno una supuesta falta de acción para por lo menos “atenuar” la inseguridad ciudadana, qué mejor.
En cuanto a que el Gobierno Correa solo busca abarcar todo el poder del Estado para reinar a su antojo en el país, pues también tiene sus bemoles.
La dimensión de la “sospecha” sipiana tiene que ver con un hecho histórico cierto: que desde la revolución francesa (o liberal) no ha habido país en el mundo que observe, ciento por ciento, la famosa división de poderes. Solo señalaremos que los países de régimen parlamentario (la mayoría de los europeos) de hecho y de derecho, establecen que el poder legislativo está sobre el ejecutivo; y entre los dos, gobiernan y disponen de la función judicial. ¿No es cierto? Entonces, de qué división de poderes hablan si aquello nunca funcionó a cabalidad.
En cuanto a que se persigue una acumulación de poderes, pues francamente tampoco entiendo. Los sipianos y sus seguidores (que los hay) dicen y sostienen que el único poder democrático es el que proviene de las urnas. En ninguna parte de la doctrina se establece que, para que haya el tal balance de poderes, si un gobierno es conservador, automáticamente, la legislatura debe ser de mayoría liberal; o que conservadores y liberales deben delegar en el espíritu santo la necesidad de nombrar jueces y de regular la función judicial. ¿No es verdad que si el PSOE gana unas elecciones en España, tiene derecho a gobernar y a nombrar jueces y ver por la calidad de vida de todos los españoles así sean del PP (franquistas) o de la Izquierda Unida? (antiguo partido comunista)
Si en Venezuela, el ahora Partido Socialista Unificado, cuyo líder máximo es Hugo Chávez Frías, gana y gana elecciones democráticas y representativas, tiene derecho a gobernar Venezuela, con esa orientación, así le disguste al Tío Sam y a las hijastras, las hermanas teresas latinoamericanas. Si un líder socialcristiano o demócrata cristiano habría logrado ganar limpiamente el ejecutivo y el legislativo, ¿no es cierto que aquello se habría considerado muy democrático? Al expresidente Rodrigo Borja Cevallos (social demócrata) se le critica porque en la primeros dos años de su gobierno (1988-1992) en que tenía mayoría parlamentaria, no impuso su programa de gobierno, en especial, la transformación integral del poder judicial y del régimen penitenciario. ¿Y no fue un gobierno evidentemente autócrata (el de León Febreros Cordero) el que impidió a sangre y fuego que se posesione una corte jurisdiccional nombrada por el Congreso de mayoría oposicionista?
Lo que no recuerdan los ideólogos de la oposición es que la tarea de reformar a fondo el poder judicial ha estado, desde hace años, en manos del llamado Consejo de Judicatura, un organismo constitucional que hizo nada por cambiar la podrida estructura judicial. Quedó comprobado y demostrado que encargar una transformación completa de un organismo a los mismos actores de una tragedia es como pedirle peras al olmo Simple y llanamente, eso no es posible. Solo un proceso revolucionario y un poder honesto y fuerte es capaz de cambiar a fondo lo que haya que cambiar; y a mandar a la casa o a la cárcel, a quienes “hayan hecho méritos” para ello.
Pero la reforma judicial es una tarea pendiente de los poderes públicos y privados; una exigencia nacional, no de ahora sino de ayer, de anteayer. Y si el Consejo de la Judicatura no pudo cumplir, en años, con esta tarea; entonces ¡quién carajo hace tal reforma! Podía sugerirse que el pueblo cristiano, siguiendo las enseñanzas de su maestro, vaya a los juzgados y a las cortes y saque a patadas a todos los judiciales, sean o no corruptos. Por suerte para ellos, al Presidente Correa y su movimiento Alianza País, se les ha ocurrido plantear una alternativa civilizada: que lo que no ha podido hacer el Consejo de la Judicatura lo haga, en 18 meses, una comisión tripartita (un delegado del ejecutivo, otro del legislativo y un tercero del propio judicial); y sea esta comisión la que inicie la añorada y motivada reforma, como un proceso que ya no admite postergaciones y que puede durar mucho tiempo.
En un estado de derecho, o de izquierdo, si un organismo no cumple con sus funciones esenciales y acusa un avanzado estado de postración y .de parálisis, lo lógico e impositivo es que hay que buscar alternativas para que pueda darse esta transformación judicial. Y si esta posibilidad es sometida al pronunciamiento ciudadano, mediante una consulta popular-referéndum, lo elemental es que se espere ese pronunciamiento. Lo contrario es totalmente antidemocrático ¿o no?
¿Por qué la oposición sipiana y sus ideólogos se adelantan al pronunciamiento ciudadano y acusan al Presidente Correa de afanes “autocráticos, antidemocráticos” si aún los y las ciudadanas no se pronuncian? ¿No es antidemocrático y hasta insolente anticiparse a ese criterio? Ya que es sabido en el mundo entero que el único soberano es el ciudadano y las ciudadanas; y que de su voluntad depende el que una disposición legal o constitucional sea ratificada, reformada o anulada.
Yo dudo que los sipianos opositores ignoren este y otros principios universales. Lo que si dudo es que ahora, que hemos caminado una década del siglo 21, los públicos perceptores de la gran prensa (impresa, radial y televisiva) les crean y voten nulo o por los nos respectivos. Es que, según lo dijo hace siglos el filósofo de esquina: se puede engañar a un pueblo, una vez; se puede engañarlo diez, cien veces; pero nunca toda la vida.

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La inflación marca el ritmo de la economía en Argentina

Julio C. Gambina (especial para ARGENPRESS.info)

Ya comenzado el 2011, en asuntos económicos sobresale el debate por la inflación, y como se defiende cada quién para abordar la carestía creciente de los bienes y servicios que satisfacen las necesidades cotidianas. No se trata de un tema nuevo. La Argentina tuvo ciclos inflacionarios que anidan en la preocupación y memoria histórica de la población, tanto como los regresivos impactos de las políticas antiinflacionarias. Fue antiinflacionaria la política de Martínez de Hoz, como lo fue la convertibilidad de Cavallo y Menem, que cumplirá pronto dos décadas de iniciada (abril del 91). Ambas políticas contra la inflación fueron reaccionarias y regresivas, porque se pagaron con miseria, desempleo, pérdida de ingresos populares y más explotación de la fuerza laboral.

De este modo podemos afirmar que la inflación y la política de combate a la inflación son sufridas por los de abajo. La inflación y la política para combatirla son instrumentos que favorecen a la ganancia, al capital y perjudican a los trabajadores y sectores de ingresos fijos. ¿Es posible resolver el flagelo inflacionario de otro modo? ¿Qué orden económico se requiere para una perspectiva popular de satisfacción de necesidades?

Aumentos de precios y afectación del consumo popular

El fenómeno inflacionario se presenta como aumento generalizado de los precios, claro que unos más que otros. Es sabido por cualquiera que los alimentos se destacan en estas horas por un alza por encima del resto de los bienes y servicios. Inflación de precios de los alimentos, algo que incide incluso en la especulación sobre materias primas. Alza de precios y especulación con los alimentos. Además del hambre que provoca el orden económico capitalista, el capitalismo especula y gana con los precios de los alimentos.

Por si fuera poco, los alimentos inciden mayoritariamente en la composición del indicador oficial de inflación, el índice de precios al consumidor. Para el Instituto de estadísticas y censo de la Argentina, el Indec, más allá de la credibilidad de sus datos, el rubro de alimentos y bebidas expresa más del 37% del indicador; le sigue en importancia transporte y comunicaciones con más del 16% y vivienda con más del 12%. Entre los tres (alimentos y bebidas; transporte y comunicación; y vivienda) superan el 65% de la composición del índice de precios al consumidor. Son rubros que impactan seriamente en los sectores de menores ingresos, impedidos de prescindir de un consumo cotidiano para su alimentación, transportación y techo. Hay conciencia del mayor encarecimiento de los productos de la canasta alimentaria, del alza de los precios de alquiler de vivienda, sin hablar de la elevación del costo de la construcción y por cierto del avance sobre fines del año pasado del precio de los combustibles.

La inflación afecta principalmente a los sectores más empobrecidos, especialmente a quienes viven de un ingreso fijo y observan cotidianamente la pérdida de la capacidad de compra de sus limitadas entradas, sean trabajadores jubilados o en actividad, en situación regular o irregular, desempleados o subempleados, beneficiarios o no de planes sociales. Los mecanismos de defensa contra la suba de precios son variados, muchos relativos al ajuste del gasto de las familias, con deterioro del consumo familiar, tanto por calidad de productos adquiridos, sustituyendo productos de marca por otros de menor categoría, o afectando cantidades a consumir, cuestión manifiesta, por ejemplo en el 2010, en el menor consumo de carnes, principal componente de la dieta alimentaria en la Argentina. Adicionemos, que durante el 2010 se resignó a mano de uruguayos el podio mundial en el consumo per cápita, ellos con unos 58Kg. anuales y en nosotros en torno a los 55Kg.

La inflación golpea a los de abajo. En el escenario político sobresale el debate sobre las negociaciones salariales, mecanismo de defensa de las condiciones laborales y salariales de los trabajadores. Existen voces sindicales reclaman ajustes salariales del orden del 30%, demanda concreta de la CTA, contemplando para ello la inflación del año pasado (del 25%) más el impacto del crecimiento económico previsto para el 2011. Claro que ambos indicadores (inflación y crecimiento) no remiten a los datos oficiales, pues de lo contrario se estaría demandando un ajuste entre 12 y 15%. El resultado de las paritarias afecta directamente a un 20% de la población trabajadora que reviste en situación regular (relación formal de dependencia), aunque incide en el ingreso del conjunto de los trabajadores y habilita nuevos pisos en la discusión del salario mínimo, que no debiera esperar mucho tiempo para una urgente convocatoria al Consejo del Salario Mínimo, el Empleo y la Productividad.

La estrategia de los empresarios se acerca a proponer valores de ajuste salarial en consonancia con los datos oficiales. Desde el gobierno se empuja una política de pacto social para conciliar intereses de las patronales y los trabajadores. Un pacto que apunta a limar las contradicciones en el régimen del capital. Se pretende un acuerdo para la continuidad del régimen de explotación, con un imaginario de paridad de intereses entre las ganancias y los salarios. Aquellas son producto de una apropiación de la renta nacional generada por el trabajo social y su cuantía disminuye el monto de ingreso de la población trabajadora, sea como salario directo o como gasto de la sociedad vía presupuesto estatal.

La carestía la definen las grandes empresas

El problema no es tanto el fenómeno, sino las causas de la inflación. En ese sentido, la suba de precios es un mecanismo utilizado por los capitales más concentrados para defender sus ganancias. Sea por la crisis mundial, o por la desaceleración del 2008 y 2009, los precios vienen subiendo crecientemente desde antes, ya desde el 2006, precisamente cuando se empezó a generalizar el debate por negociaciones colectivas y la ocupación ociosa de la capacidad de producción era historia del pasado recesivo entre 1998 y 2002. El gran crecimiento económico entre 2003 y 2006 resolvió cuantiosas ganancias empresarias que eran desafiadas por la recuperación del derecho de negociación de los trabajadores. Era el momento de mantener la tasa de ganancia vía incremento de los precios. Esa defensa de las ganancias es un asunto derivado de la concentración económica existente en la Argentina y de su poder para imponer condiciones de funcionamiento del orden económico y social.

No cualquiera puede establecer precios en el mercado. Para ello se requieren ciertas condiciones, un tema válido no solo en el país, sino en el capitalismo. Los precios de las materias primas crecen no por mayores costos de producción, sino por la forma monopólica de funcionamiento del capitalismo mundial. La especulación sobre futuros, de la soja o del oro incide en el movimiento al alza o la baja del precio. Problemas de sequía u otros problemas naturales pueden encarecer producciones afectadas transitoriamente, pero el factor especulativo, solo posible por grandes y concentrados operadores económicos son los que definen la escalada de precios. En todo caso, la combinación de los problemas para la producción (agotamiento estructural de las reservas de petróleo, por ejemplo) y el funcionamiento especulativo de capitales transnacionales definen la escalada de precios a escala global.

La inflación se presenta como problema nacional y es consecuencia de problemas locales y globales, que se manifiesta de manera diferenciada en distintas regiones y por eso, la inflación no resulta pareja para todos los países y se pone en evidencia en ciclos históricos concretos de algunos países y no necesariamente por las mismas razones. Venezuela y Argentina son los países donde más golpea el flagelo inflacionario y sin embargo, ambas economías no son asimilables y el diagnóstico de la suba de precios en uno y otro país aluden a problemas específicos de cada país, aunque en ambos, el fenómeno de la concentración económica es importante.

Según el Indec, con datos al 2009, agravados en el 2010, la concentración y extranjerización económica crece en la Argentina. De allí surge que de las 500 empresas más grandes del país 324 son extranjeras y sólo 176 argentinas, según datos que arroja la Encuesta Nacional a Grandes Empresas (ENGE). Son datos que excluyen al agro y las finanzas. Es sobre esas 500 que debe ejercerse el control estricto de precios y no demandar moderación a los trabajadores en sus reclamos por ajustes o aumentos de salarios. Esas 500 empresas expresan un tercio del producto anual, con lo cual allí se encuentro la dominación del sistema económico, donde muy pocas empresas definen la situación de las principales ramas de la producción. Cuando hablamos de control no remitimos solo al que pueda ejercer el Estado, sino a formas de involucramiento de los trabajadores de esas empresas, vía organizaciones sindicales a desarrollar en todos los ámbitos empresariales (solo el 13% de las empresas en la Argentina reconocen delegaciones sindicales en su seno).

Es un asunto de democratización económica. El control de precios no es un atributo solo del Estado, es del conjunto de la población, de los consumidores, y especialmente de los trabajadores que generan la riqueza social. Si las empresas fijan los precios de bienes y servicios que genera el trabajo social, la respuesta es la democratización del régimen económico, involucrando a los trabajadores en el control de los precios.

Esas 324 extranjeras aportan el 81,4 por ciento del valor agregado que generan las 500; el 79,3 por ciento del valor de producción (la suma de la facturación y la variación de stocks) de ese conjunto; el 75,3 por ciento de toda la utilidad, y el 68,3 por ciento de la masa salarial. Lo principal de la cúpula empresarial (500 grandes empresas) es originario de otros países, lo que define el destino del excedente. De las 40 compañías del rubro minas y canteras que figuran entre las 500 más grandes del país, 36 son de afuera y sólo 4 argentinas; de las 76 dedicadas a combustibles, química y plástico, 61 son extranjeras; y de las 43 en maquinarias, equipos y vehículos, 35 son foráneas. Alimentos, bebidas y tabaco, donde sobre un total de 107 firmas, hay 49 nacionales y 58 extranjeras. El eje pasa por controlar a las grandes y de ellas a las extranjeras, ya que en buena medida resuelven sus problemas de rentabilidad en países de origen, con excedentes generados en nuestros países.

De las 500, más de la mitad son industria manufacturera (56,6%) y un poco más de un quinto son de alimentos, bebidas y tabaco (21, 4%), y ya comentamos la importancia que el rubro tiene en el tema inflacionario. Las 50 más grandes expresan el 54,8% del valor agregado de las 500. Del mismo modo, 50 grandes concentran el 53% de las ganancias de las 500. He aquí donde se define el modelo productivo, el patrón de consumo y la fijación de los precios en el sistema económico local. El foco inicial del control de precios debe fijarse en estas 50 empresas y desde allí generalizar los controles de mayor a menor concentración. Insistamos que no se trata de controles burocráticos, sino populares, de usuarios, consumidores y trabajadores. Es un problema de democratización de la economía.

Todo el debate que aparece en los medios académicos y de comunicación parte de aceptar el razonamiento favorable a la ganancia del empresario, especialmente los de la cúpula. Es algo lógico como enfoque dentro del capitalismo, donde la ganancia está naturalizada. Así como se reconoce un ingreso por el trabajo (salario), aparece como lógico, natural, un ingreso por la propiedad de la tierra (renta) y por la propiedad del capital invertido (ganancia). Es obvio y correcto en esa lógica, no la única, ya que la crisis capitalista nos convoca a pensar más allá y contra el capitalismo como orden económico de la sociedad. Tan naturalizado está, que el límite de la distribución de la renta nacional (distribución funcional del ingreso) se establece en el máximo histórico logrado en el país, repartiendo la misma por mitades, el 50% para los empresarios (ganancias) y la otra mitad para los trabajadores (salarios).

¿Porqué no pensar en un desequilibrio favorable a los trabajadores? Un 60 ó 70% para el ingreso de los trabajadores y el resto para los inversores de capital, por ejemplo; o incluso pensar en la organización de la economía sin el inversor privado, situación que pusieron en evidencia las “fábricas sin patrones” de la experiencia de recuperación de empresas por parte de sus trabajadores, hecho que logró visibilidad importante en plena crisis del 2001 y subsiste en el presente. El debate salarial se queda, muchas veces, en la recuperación del poder de compra perdido por el avance de la inflación. Así, toda la ganancia por productividad es apropiada por el capital, quien a su vez traslada el aumento de salarios a los precios de los bienes y servicios finales.

Desde los trabajadores no hay techo en la disputa de la renta nacional contra el capital. El único límite viene dado por la correlación política de fuerzas, nunca por cuestiones estrictamente económicas.

Precio, valor e inflación

Los precios (en tanto equivalen al valor), desde el punto de vista de Marx son igual a la inversión en capital constante (edificios, infraestructura, materias primas, materiales, etc.) más capital variable (salarios) más plusvalía (equivalente al conjunto de la ganancia).

Así: valor = C+V+Pl (del conjunto de la economía, pues la Pl -plusvalía- se distribuye entre todos los capitalistas, micro, pequeños, medianos y grandes, siendo estos últimos los que más concentran). Los precios de los bienes y servicios reponen el capital invertido (constante más variable) y adicionan una ganancia (el conjunto de la plusvalía equivale a la ganancia total). Esa ganancia tiene que alcanzar para ampliar la acumulación del capital y satisfacer inagotables necesidades de consumo (incluso suntuario) del capitalista.

Al aumentar los precios (manifestación del valor en el mercado), los capitalistas pueden:

a) aumentar el C (capital constante), es decir, incrementar la inversión acumulando parte de las ganancias. No es lo que ocurre en Argentina, pues se verifica la fuga importante de capitales (unos 150.000 millones de dólares en divisas, bonos y títulos según registros del BCRA); y la recurrente peregrinación del gobierno argentino buscando inversores del exterior en sucesivas giras por el mundo;

b) pueden aumentar el V (capital variable invertido en salarios), y claro que eso no ocurre, al contrario, buscan abaratar el costo laboral vía disminución de salarios. Por ello “tercerizan” y mantienen buena parte del trabajo en situación irregular, todo para bajar el costo salarial;

c) pueden aumentar la Pl e invertir en divisas, activos externos (dólar, euro, bonos, acciones, propiedades en el exterior, etc), siendo esto lo que ocurre mayoritariamente, pues las transnacionales compensan sus pérdidas por la crisis mundial de sus países de origen remitiendo utilidades a sus casas matrices, y los inversores locales invierten mayoritariamente en activos externos, dificultando el proceso local de ahorro e inversión. Esas mayores ganancias explican el crecimiento de gastos suntuarios, la expansión de la construcción, del turismo o de la compra de automotores de alta gama.

Por todo ello es que resulta adecuado demandar 30% ó más (35 ó 40%) de ajuste salarial para el 2011, siendo ello una definición política en relación a la capacidad de lucha y la correlación de fuerzas, y el argumento es que el crecimiento de la economía es apropiado actualmente por los capitales más concentrados, siendo la inflación un mecanismo de defensa de la ganancia de esos capitales más concentrados.

La solución al problema de la inflación pasa por medidas de fondo, tal como lo referido al control de precios, lo que debe acompañarse por profundos cambios en la política económica, como la reforma tributaria y una política de nacionalizaciones, por lo menos de la banca y del comercio exterior, más el uso de las reservas internacionales, o parte de ellas para otro modelo productivo (contra la sojización y la mega minería) sustentado en empresas recuperadas, emprendimientos de autogestión por los trabajadores y formas económicas con participación popular en la toma de decisiones sobre la producción, para así modificar el patrón de consumo.

En conjunto supone pelear por la soberanía alimentaria, energética y financiera (cambio de la carta orgánica del banco central, p.e., y aliento al banco del Sur, también, que no parece ser la orientación oficial y por la que hay que luchar). Se trata de un conjunto de reformas estructurales del orden económico vigente, para modificar el modelo productivo y de desarrollo con énfasis en la satisfacción de las necesidades sociales mayoritarias. Ello supone el control estatal de los recursos naturales, de la tierra y el agua. Es otro modelo productivo, de desarrollo para pensar en otro orden económico de la sociedad.

No se trata de pensar en la inflación al margen del orden económico social y por ende, aquella no puede resolverse sin afectar la ganancia, o los intereses del capital más concentrado, principalmente extranjero. ¿Es una tarea estatal? En principio sí, pero esencialmente, se trata de control popular sobre la producción, o dicho de otro modo, sobre el conjunto empresarial que define la producción, sobre la cúpula, las 500, o un conjunto menor y decisivo de ellas. Es una cuestión estatal y de la sociedad, principalmente de los de abajo.

¡La inflación es una cuestión de poder popular!

Julio C. Gambina es Profesor Titular de Economía Política en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, UNR. Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP. Integrante del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO.

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Argentina: Víctor De Gennaro, “No pueden parar la organización de los trabajadores”

ACTA

El ex secretario general y de Relaciones Institucionales de la CTA, Víctor De Gennaro, desatendió la posible fractura en la Central, y dijo que Hugo Yasky, candidato de la Lista 10, hace daño al no reconocer el resultado, aunque “en ningún momento dice -nosotros ganamos-, dice -los otros no ganaron-”. “No pueden parar la organización de los trabajadores” señaló, y dijo que “hay que acostumbrarse, recuperar la capacidad de creer que los trabajadores son los protagonistas”.

El coordinador nacional de la Constituyente Social, Víctor de Gennaro, pasó el miércoles por el Concejo Deliberante de Tres de Febrero donde junto al concejal de Unidad Popular, Fernando Ramos, dialogó con la prensa. Más tarde recorrieron juntos Barrio El Libertador y el partido de General San Martín.

Primeramente, el sindicalista se refirió a la crisis generada tras la elección de la Central de Trabajadores de la Argentina: “la justicia acaba de ratificar lo actuado por la junta electoral, y esa junta ratificó el triunfo a nivel nacional, la lista 1 que encabeza Pablo Michelli”.

Interpretó que esta situación por la que atraviesa la CTA los a fortalecido: “fijémonos San Martín, tenía en la lista opositora un Secretario General que había sido de la CGT, nunca estuvo muy de acuerdo con la CTA; ahora hay un pibe joven, Pablo Abramovich, y va a crecer la CTA en San Martín y Tres de Febrero, como no había crecido durante años”. De Gennaro agregó: “no nos sacan más del conurbano” a pesar del triunfo de la Lista 10 en la provincia.

Consultado para donde cree él que va la CTA dijo: “Va para un solo lado, para donde queremos los trabajadores. Que no le guste al Gobierno, a Tomada, a los partidos políticos, es una cosa, pero nosotros decidimos y de hecho la Justicia convalidó lo que había resuelto a Junta Electoral, que es el único órgano electo por el congreso presidido por Hugo Yasky, ahora no le gusta porque los trabajadores votaron otra cosa. Él no dice que ganó, dice que no está comprobado que nosotros ganamos. Pero también aceptamos que la Lista 10 triunfó en la Provincia”.

“La CTA está planteando el aumento salarial. ¿Dónde habló Yasky de incremento salarial? No existe su declaración porque lo único que puede hacer es lo que quiere el Gobierno o Moyano. Y el 23 y 24 de marzo, en Mar del Plata, habrá de nuevo los famosos congresos de delegados” remarcó De Gennaro.

Por otro lado, cabe consignar que dirigentes políticos, sociales y funcionarios de San Martín recordaron a Eduardo Puebla. En el acto por los seis años del fallecimiento por mala praxis del dirigente social estuvieron en representación de la Comuna Juan Callegher y Daniel Ivoskus, y por las organizaciones que impulsan la Constituyente Social Víctor De Gennaro, Pablo Puebla y Roberto Perdía, entre otros. También hubo comitivas de otros municipios.

El intendente provisorio de San Martín admitió que “la muerte de Eduardo fue el detonante que disparó una toma de conciencia real y concreta sobre el sistema de salud”. Y Perdía, líder de las Organizaciones Libres del Pueblo (OLP) llamó a “construir más poder para que el propio pueblo defina su destino”.

“Tenemos que gobernar los argentinos para los argentinos"

En lo político-electoral, el hombre proveniente del peronismo afirmó que será candidato por la fuerza de la Unidad Popular dentro de Proyecto Sur, aunque no aclaró a que candidatura apunta. De Gennaro apuntó contra el PJ y la UCR, ya que consideró que “ni uno ni otro han sido fieles a los mandatos de sus movimientos populares”.

Para ganar en el distrito, dijo, hay que organizar las fuerzas sociales “en este gran Buenos Aires, donde se concentra la mayor cantidad de habitantes y también de marginalidad y mortalidad infantil, una situación que exige para tener una respuesta, que nos gobernemos a nosotros mismos”, por ese motivo, dijo, visitaron Barrio El Libertador, una de las localidades más postergadas de la comuna de Tres de Febrero.

En cuanto a la nueva ley electoral, convalidó la elección directa: “la CTA esta hoy como está gracias al voto directo donde votó la gente (…) lo mismo va a pasar en las internas abiertas, aunque soy escéptico de las mismas (…) así como acordaron los radicales y PJ sacar una ley electoral que persigue a los partidos chicos y no quiere que aparezcamos, mañana pueden terminar con que no existe internas, pero nosotros quisiéramos que existan, no le tenemos miedo a la gente, el gobierno le tiene miedo”.

Consultado por su nueva estructura política indicó: “Vamos para gobernar Argentina, no tengo ninguna duda, el tiempo que tardemos se mide en falta de soluciones a problemas de nuestra gente; hay que ir gobernando como podamos en cada instancia”.

"Por supuesto que aliento no sólo a Pino sino a Binner, Juez, Margarita Stolbizer, toda la experiencia que encabezó Piña en Misiones, que todo confluya en una gran fuerza política nacional. Hay que terminar con que las máquinas de ganar elecciones son la solución, ni la UCR, ni el PJ, tenemos que gobernar los argentinos para los argentinos” concluyó.

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“La sociedad debe hacerse responsable”

Fatima (INDYMEDIA)

A partir de un nuevo hecho donde presuntamente habría menores de edad involucrados comienzan nuevamente a parecer las voces que piden la “baja de edad de imputabilidad”. Esto no permite ni permitirá que se profundice sobre la necesidad de políticas dirigidas hacia los y las adolescentes. Impide el debate entre las partes involucradas, creando un vació de información.

El Defensor Penal Juvenil Ricardo Berenguer fue entrevistado en “Pelopincho” por Radio Estación Sur. Al comenzar la entrevista, Berenguer, dejo en claro que la información que circulo en portales y medios nacionales fue errónea: “Presenté un habeas corpus pero en ningún momento pedí que se lo traslade ha un centro de atención a las adiciones. Sencillamente porque no tuve acceso a la causa, por otro lado, yo no tengo constancia de que este chico haya estado bajo los efectos de drogas, o que tenga un serio compromiso con las drogas, mas haya de que se han producido algunos informes en tiempo record, y sin notificación a la defensa, lo cual me merece duda respecto a la veracidad de estos informes”. Agrego: “el juez de garantías, Fabián Cacivio, hizo lugar al habeas corpus que presentamos nosotros, ordeno la inmediata libertad, pero en los hechos esa libertad no se efectivizo”.

Berenguer dejo de manifiesto las dudas sobre la participación del chico en los hechos: “Si bien todavía no tuve acceso a la causa, sé porque recabe información en el barrio, y porque tuve acceso parcial a la causa a través del sistema informático de la procuración general, que han declarado dos personas que dicen que al momento del hecho, este chico estaba haciendo una compra en una almacén del barrio. Lo cual me permite en principio sospechar que podria no tener ninguna vinculación con el hecho. Mas haya que yo soy el defensor, y que me tocaría a mi defenderlo en ese asunto, la sensación que yo tengo es que me sacan la pelota de la cancha. Pasan el tema a la justicia de familia, y no le permiten al chico defenderse”.

Las derivaciones

Hay un aparente juego planteado por la fiscal, Mercedes Catani, y juez de garantías, por un lado aceptan la imputabilidad, pero lo internan en un instituto para ser tratado por una supuesta “adicción a las drogas”. Esto impide que se demuestre fehacientemente, si el adolescente, participio del hecho del que se lo imputa y por otro, silencia las voces que exigen sean encerrado porque técnicamente lo va a estar.

Berenguer también duda sobre las pericias realizadas no sólo porque no cumplen lo mínimos requisitos para su derivación, sino que tampoco con la celeridad con la que fueron realizadas: “Para hacer una derivación compulsiva a una comunidad terapéutica, lo mismo que a una clínica psiquiatrica de un insano, se requiere el informe de dos médicos psiquiatras que así lo avalen, y en este caso, el único informe que consta en la causa a requerimiento del juez de garantías que habla de peligrosidad, es un informe psicológico y no un informe psiquiátrico. Los informes se hicieron en el tiempo que tuvo la fiscal, Mercedes Catani, para tener aprendido al chico, esto es 12 horas, en ese plazo se hicieron los informes”.

Las causas

Los factores que desencadenaron el asesinato de Esquivel no son puestas en el debate. Salvo algunas pocas voces, como la de los defensores/as penales y algún que otro Juez, nadie menciona la relación entre los desarmaderos y la policía. Es decir de las redes mafiosas que manejan este negocio delictivo y que en todo caso reclutan menores como mano de obra barata y sacrificable. Mucho menos en un año electoral, donde el discurso más convocante es el de la “seguridad”.

La única respuesta que parece tener el Estado es reducir todo a un tema penal. Berenguer deja en claro que la problemática es mucho más compleja: “Creo que ni el problema es la justicia, ni hay un vació legal. En principio no es un problema de la justicia porque esto tiene que ver con la promoción de derechos, la justicia esta para sancionar actos que la Ley Nacional reprocha (…) La ley apela a la responsabilidad social para resolver los problemas de otra manera, esto es lo que no esta sucediendo. No hay políticas sociales inclusivas, políticas que promuevan objetivos claros en los chicos, que propongan proyectos de crecimiento personal e inserción social”

El Estado ausente

El gobernador Scioli fue el principal impulsor de políticas de encierro. Desde que esta a cargo de la gobernación lo proyectos presentados en la Cámara de Diputados y Senadores tiene el mismo fin. No hay debate alguno en torno a ellos son aprobados sin debate, a puerta cerrada y en lo posible con la menor difusión publica posible. Aun así, su gestión, no ha logrado demostrar la eficiencia de las políticas de encierro. Tres años después, insiste con los mismos métodos.

Berenguer deja planteado el debate sobre minoridad: “en nuestro país a partir de la Ley Nacional la edad por debajo de la cual no se puede sancionar a un chico son los 16 años. Se puede discutir si 16 es adecuado o 14, lo que esta claro es que tiene que haber una edad por debajo de la cual no se puede sancionar a los chicos, porque sino vamos a sancionar a un chico de 2 años que por accidente comete un homicidio”(…) “En algún punto por debajo de la edad de punibilidad, sea cual sea, la sociedad debe hacerse responsable de promover ciertas conductas en los chicos, y asumir que por debajo de alguna edad los jóvenes no pueden ser responsables por esos hechos.”

Entrevista realizada en el programa Pelopincho, de lunes a viernes de 10-12hs, por Radio Estación Sur 91.7

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Los traidores

Manuel Justo Gaggero (especial para ARGENPRESS.info)

Este es el título de una película dirigida por Raymundo Gleyzer, filmada en 1972, durante el período de la Dictadura Militar encabezada por el General Alejandro Agustín Lanusse.

En el film, en el que se combina documental con ficción, con un estilo original para aquella época, se describe la historia de un dirigente sindical, que comienza militando en la resistencia peronista al golpe de 1955, mediante el cuál se depuso al General Juan Domingo Perón, luego este llega a la dirección de su gremio, en 1958 y finalmente pacta con la patronal, mejorando sustancialmente sus ingresos.

Barreda, como se llamaba en la ficción el personaje, tiene diálogos con su empleador y conversaciones con sus compañeros que Gleyzer tomó de una entrevista que le había realizado a Lorenzo Miguel.

Conocí a Raymundo en 1973 en una reunión preparatoria del IV Congreso del Frente Antiimperialista y por el Socialismo en el que pensábamos proclamar la fórmula Tosco -Jaime para enfrentar a la oficialista Perón-Perón-.

Había convocado a numerosos trabajadores de la cultura entre los que estaban una actriz conocida en aquellos años -Elsa Daniel- y escritores de la talla de Humberto Constantini y Haroldo Conti.

Luego nos seguimos viendo, en diferentes oportunidades.

-En los primeros días de mayo de 1976 tuvimos un encuentro en una galería ubicada en la intersección de las calles Caning -hoy Scalabrini Ortiz- y Santa Fe.

-Me comentó que tenía la posibilidad de trabajar en cine en los Estados Unidos, donde, además, se sumaría al movimiento solidario y de denuncia de la Dictadura Militar, que tenía una expresión periodística que era el mensuario “Denuncia” que se editaba en Nueva York.

Me pareció una excelente noticia ya que se incrementaba todos los días la represión y Raymundo corría serios riesgos.

La dictadura le ganó de mano, y el 27 de mayo fue secuestrado-desaparecido.

En el film se describe el comportamiento de un sector de la dirigencia sindical que hoy lo vemos en acción.

Cuándo analizamos el papel que cumplen los sindicatos en esta etapa, es preciso realizar algunas precisiones y hacer una referencia a la historia para tratar de comprender el proceso de burocratización creciente en los mismos.

Sin desconocer el rol que en la conformación del movimiento obrero organizado jugaron las corrientes anarquistas y socialistas de principios de siglo XX, y no ignorando el aporte de los comunistas en la década del 30, es evidente que el Movimiento Sindical actual encuentra su origen en el sindicalismo peronista que surge, impulsado por el oficialismo, en 1946.

Este parto, que se entronca con el surgimiento de una nueva clase obrera, conformada por la emigración de los trabajadores rurales a las grandes ciudades y el desarrollo acelerado de una industria sustitutiva de las importaciones dirigida a satisfacer la creciente demanda del mercado interno, le introduce una característica a los sindicatos que los diferencia de los de otros países latinoamericanos; que es la articulación con el Estado.

El funcionamiento corporativo y autoritario y la conformación de una dirigencia burocrática que apela a todo tipo de mecanismos antidemocráticos para evitar ser desplazada, completan el retrato de las organizaciones gremiales.

Por otro lado, este Movimiento Sindical, desde sus inicios, aparece como un apéndice del peronismo, o como la expresión de éste, según se mire.

-Los dirigentes a la vez que ejercen su representación social, utilizan esta para disputar la dirección del movimiento político.

El manejo de las Obras Sociales que cubrían y cubren las necesidades de atención médica .turismo, etc. generó y genera un poder económico muy grande que le otorgó y le otorga a los Barreda , como se llamaba el personaje de ficción del film de Gleyzer, un rol decisivo en la lucha social.

La “defensa del sillón”, hizo y hace que la dirigencia apele a todo tipo de procedimientos ilegales para impedir su desplazamiento; llegando incluso a la organización de bandas armadas, que intentan amedrentar a la oposición, incluso mediante el asesinato; como ocurriera en el mes de octubre del 2010 con el militante del Partido Obrero, Mariano Ferreyra.

En la década del 60, a la par que cobraba fuerza le nueva burocracia, luego de la sanción de la ley de Asociaciones Sindicales, que legitima y sostiene el control burocrático y estatal, surgen corrientes opositoras que tienen su expresión a nivel nacional en la denominada C.G, T, de los Argentinos encabezada por Raymundo Ongaro y Agustín Tosco.

El Estado Terrorista -1974 a 1983-, pese al carácter autoritario y facistoide de la cúpula sindical, no podía llevar a cabo su diseño de país con un movimiento obrero tan fuerte, por eso inmediatamente de producido el golpe se intervienen los sindicatos, se encarcelan a muchos de sus directivos e, incluso, ser llega al secuestro y desaparición de algunos dirigentes.

Al asumir el gobierno constitucional, en diciembre de 1983, el flamante presidente radical plantea que la democracia no es sólo el libre ejercicio de las instituciones republicanas, sino también la participación plena y sin limitaciones, de todos los ciudadanos en sus organizaciones sociales.

Acorde con esta idea remite el Congreso Nacional una ley de Reordenamiento Sindical -conocido como “Proyecto Mucci”- en el que se establecía la intervención de las minorías en la dirección de los sindicatos, la plena vigencia del principio de la libertad sindical establecido en las Convención de la Organización Internacional del Trabajo suscripta por la Nación, y la no reelección de los cuerpos directivos, por mas de dos períodos.

El proyecto, cuestionado en bloque por la dirigencia sindical, es rechazado en el Congreso Nacional, por lo que el Ministerio de Trabajo comienza la normalización de la vida sindical en base a una reglamentación de la época de la Dictadura que favorecía la sobrevivencia de una dirigencia irrepresentativa, ya que esta contaba con todas las artimañas legales y el aparato político -económico necesario para evitar su desplazamiento-.

Hoy, en este “cuarto peronismo” también el oficialismo, que había asegurado que le otorgaría personería a la Central de los Trabajadores Argentinos, ha optado por pactar con una dirigencia, anquilosada y corrupta que desde hace mas de treinta años maneja los principales sindicatos.-

Recientes fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación han abierto una puerta para la cada vez más urgente modificación de la ley de Asociaciones Sindicales que garantice la renovación y la participación plena de los trabajadores.

Es esta una asignatura pendiente del Congreso Nacional.

Manuel Justo Gaggero es ex director del Diario “El Mundo” y de las revistas “Nuevo Hombre “ y “Diciembre 20”.

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La salud en la agenda pública

Jorge Yabkowski (ACTA)

En los próximos días se reunirá en Villa General Belgrano, provincia de Córdoba, el Secretariado Ampliado de la Federación de Asociaciones Sindicales de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FeSProSa). Una buena oportunidad para brindar algunos elementos para el debate que debe encarar nuestra Federación.

Un meduloso estudio del Instituto de Estudios y Formación de la CTA fundamenta el pedido de al menos un 30% de aumento salarial, fijando la canasta familiar actualizada en 5200 pesos y el salario inicial de convenio a solicitar en 4200.

Analiza este estudio la inflación real de 2010, la inflación de la canasta alimentaria y el crecimiento económico y de rentabilidad que da sustento al reclamo. La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP-CTA) ha fijado en Buenos Aires su pedido de aumento en el orden del 40%, agregando a la inflación proyectada el deterioro salarial de los dos últimos años.

Es menester además hacer un balance de la exitosa lucha de Mendoza. Ni los descuentos masivos, ni las amenazas de multas millonarias a AMPROS (aún vigentes) ni el dictamen antisindical de la Comisión de Garantías pudieron con la voluntad de lucha y la unidad férrea de los trabajadores de la salud mendocinos. Estamos orgullosos de nuestra regional Mendoza y de todas las regionales de FeSProSa que brindaron su apoyo incondicional al conflicto.

Un eje clave será el comienzo de la batalla política nacional e internacional por la Personería Gremial de FeSProSa. El gobierno de Cristina Fernández nos transmitió a través de su Ministro de Trabajo, el Dr. Carlos Tomada que no va a firmar nuestra personería aunque legalmente nos corresponda, instándonos a judicializar el tema.

Esta decisión de mantener a toda costa el unicato sindical de los Moyano y los Pedraza significa hoy ausencia de derechos para millones de trabajadores. FeSProSa no va esperar tres años a que algún juez nos reconozca lo que nos corresponde. En Córdoba diseñaremos la estrategia para revertir esta decisión del gobierno nacional.

Daremos continuidad en Córdoba al debate iniciado en San Luis y que continuara en el Garrahan sobre la inserción de FeSProSa en el movimiento obrero argentino. Lo haremos a la luz de los nuevos hechos ocurridos en diciembre, intentando arribar a consensos que nos permitan tomar decisiones en el congreso de abril.

2011 será un año electoral, eminentemente político. Como siempre ocurre el oficialismo y buena parte de la oposición intentarán soslayar el debate sanitario. Es deber de nuestra Federación introducir este debate en la campaña impidiendo que la salud sea la gran desaparecida de la agenda del Estado. Tenemos para ello un arma muy valiosa como lo es la declaración del Garrahan, con la cual interpelaremos a los candidatos en todos los niveles exigiendo se pronuncien sobre nuestras propuestas.

Debatiremos también como fortalecer nuestra FeSProSa, incorporando nuevos sindicatos y fortaleciendo las regionales. Definiremos la continuidad del plan de formación que tan exitosamente comenzara en el 2010.

El Día Mundial de la Salud 2011 nos encontrará nuevamente movilizados, en la calle, exigiendo más salud pública con trabajo decente y Personería Gremial ya para nuestra FeSProSa.

Jorge Yabkowski es Secretario de Salud Laboral de la CTA. Presidente de la Federación de Asociaciones Sindicales de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FeSProSa).

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Argentina: El cuarto juicio por delitos de lesa humanidad en Misiones se realizará en el primer semestre del año

MISIONES ON LINE

El cuarto juicio oral en la provincia de Misiones por delitos de lesa humanidad está previsto para el primer semestre de 2011 y en el proceso serán juzgados un ex coronel del Ejército, un ex comisario de la policía misionera y un médico de esa fuerza, responsables de tormentos cometidos en instalaciones de la Jefatura de Policía durante la dictadura.

Dos de los implicados, el ex coronel Carlos Omar Herrero y el ex comisario de la policía local Felipe Nicolás Giménez, serán juzgados por privaciones ilegítimas de la libertad agravada y aplicación de tormentos agravados en 42 hechos.

Ambos estaban a cargo de la Jefatura de la Policía y del Departamento de Informaciones de la Policía de Misiones, respectivamente.

El tercer juzgado será Guillermo Roque Mendoza, médico de la Policía en esa época, acusado de privaciones ilegítimas de la libertad agravada y de aplicación de tormentos en tres hechos.

El Tribunal estará presidido por Carlos Adolfo Sodá e integrado por los camaristas Manuel Alberto Jesús Moreira y Norma Lampugnani de Arce Mielnik.

Una vez terminado este cuarto juicio oral, una nueva causa quedaría pendiente para cerca de fin de año, la que sacará a la luz lo ocurrido dentro de las instalaciones del Regimiento 30 de la ciudad de Apóstoles, a unos 60 kilómetros de Posadas.

En 2008 se realizó el primer juicio por delitos de lesa humanidad en Misiones, y en ese marco fue condenado el coronel retirado y ex jefe del Area 232 de la provincia Carlos Humberto Caggiano Tedesco, quien recibió una pena de 25 años de prisión por la desaparición seguida de muerte del ingeniero correntino Alfredo González.

Según los fundamentos de la sentencia, Caggiano Tedesco fue considerado “autor mediato” de la desaparición y posterior asesinato del ex decano de la facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Misiones, hecho ocurrido el 4 de marzo de 1978.

En julio de 2009, en el marco del segundo juicio que se realizó en esta provincia, el Tribunal Penal Federal en Misiones condenó a dos décadas de prisión a dos guardiacárceles que torturaron a presos políticos durante la última dictadura militar en el Centro Carcelario La Candelaria.

Rubén "Lobo" Gómez recibió 23 años por cometer 18 tormentos agravados y José María Cuenca, considerado autor de otros 11 tormentos agravados, 20 años de reclusión.

En el tercer juicio por delitos de lesa humanidad en Misiones, el 16 de octubre de 2009, el Tribunal Oral Federal de Posadas condenó a la pena de reclusión perpetua a los coroneles retirados Juan Carlos Beltrametti y Carlos Humberto Caggiano Tedesco.

Beltrametti derrocó el 24 de marzo de 1976 al gobernador Miguel Angel Alterach, fue interventor de la provincia durante cuarenta días y jefe del área militar 232 hasta enero de 1977, y Caggiano Tedesco asumió ambos cargos en 1977.

El tribunal condenó en la oportunidad a Beltrametti como autor mediato de cuarenta privaciones ilegales de la libertad y dos torturas seguidas de muerte, y a Caggiano Tedesco por 47 secuestros, tres torturas seguidas de muerte y un robo.

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Argentina: La lucha en las conciencias. Tras los bloqueos antimineros, destacan la enorme campaña de concientización desplegada

PRIMERA FUENTE

Luego de que el lunes pasado, organizaciones de todo el país bloquearan el paso a vehículos con insumos para explotaciones mineras, desde las ONG resaltaron el valor “concientizador” de la histórica medida.

Es que, más allá de la obstrucción del paso a los camiones ligados a las explotaciones mineras, desde las diferentes asambleas, destacaron que el principal objetivo de la medida interregional se cumplió con creces: hacer conocer a la población sobre el impacto socioambiental que causan las mega explotaciones mineras.

Un ejemplo de esto se dio en el puesto que se instaló sobre la ruta Nº 337, que une Amaicha del Valle con la ciudad catamarqueña de Santa María. Allí, durante 24 horas, un grupo de autoconvocados de Santa María, Colalao del Valle, Cafayate, Tafí del Valle, Quilmes, Fuerte Quemado y de la organización ASANOA entregó miles de volantes a quienes por allí pasaban. En estos se explicaba el por qué de la lucha contra las mineras multinacionales y la forma en las que estas afectan al ambiente.

En forma paralela, muchos conductores se sumaron a las campañas de recolección de firmas en pos de la derogación del Código Minero y leyes afines, y de rechazo al proyecto de Agua Rica, ubicado en Andalgalá, Catamarca.

“La importancia de esto radica en que, en forma simultánea, a lo largo de la cordillera, organizaciones de todo el país paralizamos el movimientos de vehículos de las mineras y pudimos advertir a la población sobre el daño que están causando. Incluso, en nuestro puesto en los Valles Calchaquíes, me atrevo a decir que un 98 por ciento de la gente que parábamos nos daba su apoyo y respaldaba nuestra medida”, expresó Alfredo Carbonel de la ONG taficeña Pro-Eco.

Al día de hoy, de los cuatro puntos de resistencia levantados el lunes (al mencionado se le suma el establecido en el paso fronterizo de Uspallata (Mendoza) en la ruta internacional Nº 7; el del cruce de diferentes vías con la nacional Nº 38 en Patquía, a 70 kilómetos de la ciudad de La Rioja y el de la localidad de Cerro Negro, sobre la ruta Nº 40 en Belén, Catamarca), sólo este último se mantiene en pie.

Allí, un grupo de vecinos de localidades cercanas desafía las inclemencias del tiempo y mantiene firme su tarea de concientización masiva. Continúa la histórica medida de fuerza iniciada el lunes pasado cuando, al menos por un día, un grupo de vecinos pudo torcer el brazo a las multinacionales mineras.

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Argentina: Comunidad toba-qom de Tigre, “queremos la tierra para trabajar y las leyes nos amparan”

INDYMEDIA

En diálogo con INDYMEDIA, autoridades de la comunidad Yecthakay fundamentan el reclamo de territorio propio con título comunitario y manifiestan que están dispuestos a movilizarse a la municipalidad si no hay respuestas favorables.

Se trata de 60 familias que tienen sus orígenes en Chaco y Formosa, aunque la mayoría se crió en el partido de Tigre. En este distrito, con el que se identifican tras vivir allí hace cinco décadas, sueñan con formar una comunidad propia para vivir todos juntos y no dispersos en seis barrios como ahora. En este sentido, le pidieron al Municipio de Tigre un terreno deshabitado de cuatro hectáreas entre Ricardo Rojas y Parque San Lorenzo, lugar en el que la mayoría tiene sus viviendas precarias en lotes donde viven hasta cinco familias. Las autoridades respondieron que en ese terreno pensaban construir una escuela y propusieron 10 hectáreas en la Isla, luego pasó más de un año sin novedades pero por iniciativa de los qom, este lunes tendrán una reunión con funcionarios del área del secretario de Gobierno, Eduardo Cergnul.

"Estamos esperando nada más el lugar y la fecha para ir a verlo, porque ya está todo conversado con los funcionarios", dice el presidente de Yecthakay, Eugenio Fernández. Si no obtienen respuestas de las autoridades, los qom piensan realizar protestas pacíficas para visibilizar su reclamo. "Tendremos que hacer alguna manifestación al Municipio, pero bien preparada, invitando a los medios y aprovechando estas elecciones que se aproximan. Yo pienso que (Sergio) Massa no quiere mancharse", expresa Eugenio, quien remarca que "hay muchas organizaciones que están listas para apoyar".

La comunidad existe en los papeles porque cuenta con una personería jurídica desde 1999, y en los hechos porque las familias tienen trato entre sí. Sin embargo, tal como remarca el secretario de la comunidad, Pablo Ortiz, de 25 años, están “todos separados". “Pedimos un territorio con título comunitario para profundizar lo nuestro", agrega.

El proyecto consiste en viviendas que serían construidas por los integrantes de la comunidad, un Salón de Usos Múltiples donde capacitarse, un centro de salud, un campo de deportes y porqué no , una escuela intercultural bilingüe -derecho reconocido en la actual legislación-, en donde se enseñe la cultura y lengua toba, como tienen los qom en Rosario, otro de los bastiones de este pueblo originario obligado a migrar por falta de trabajo desde el Gran Chaco. "En el norte hay mucho racismo, lo viví yo", cuenta Eugenio Fernández, quien llegó a Tigre desde la localidad chaqueña de Las Palmas y trabajó en una fábrica hasta jubilarse.

El espacio propio permitiría recibir a escuelas y visitantes en general, y tener donde vender las artesanías tradicionales. "Lo que más se quiere es el lugar, porque ahí se puede trabajar y tener visitas. Las escuelas quieren venir, creen que vivimos juntos como la comunidad toba de Derqui (en Pilar), y al estar esparcidos no se puede", explica el líder qom.

Recibieron propuestas para irse a La Plata, a 100 kilómetros, pero ellos quieren quedarse en el partido de Tigre, aunque la propuesta de vivir en la Isla genera dudas. "Mucha gente nuestra lo ve como si nos aislaran", dice Eugenio Fernández. "Hay que ver el lugar, ellos dijeron Canal 1 que está frente a la Prefectura de Tigre, después Canal 2 que está medios lejos y Canal 3 que será como dos horas de viaje", agrega. Por su parte Pablo explica: "La mayoría nacimos o nos criamos acá, somos todos tigrenses. Voy a otro lado y no es lo mismo".

Casi todos los hijos indígenas de la comunidad asisten a la Escuela 33, frente a la delegación municipal de Ricardo Rojas, en donde estudió Pablo Ortiz. Pero en esta institución no hay materias adecuadas para su pueblo. "A eso también queremos llegar porque hay leyes que marcan que tienen que enseñar lengua toba y preparar a un maestro bilingüe", expresa Eugenio Fernández. "La juventud escucha qom y sabe lo que se está hablando pero no puede pronunciar bien, es lo que queremos rescatar", agrega el presidente de Yecthakay.

Falta de asistencia de Nación y Provincia

El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas les reconoció la personería jurídica en 1999, un logro que costó mucho esfuerzo. “Luego fue como si nos dijeran: 'arréglense como puedan', te largan, no te asesoran, no te acompañan", manifiesta Eugenio Fernández. A través de este organismo que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación han recibido una cantidad irrisoria de becas para estudiantes: sólo ocho.

En tanto, a nivel provincial existe desde hace dos años el Consejo Provincial de Asuntos Indígenas, bajo la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos. Se eligieron a las autoridades por cada pueblo indígena de la provincia, sin embargo los qom de Yecthakay no han sido invitados. "Hasta ahora no sabemos nada, nunca nos han avisado. No conocemos a nuestros representantes", asegura Eugenio.

Tigre para quién

Los reclamos indígenas tomaron volumen en el distrito durante el 2009 y 2010 a través del conflicto de Punta Querandí, un predio público de dos hectáreas con restos arqueológicos milenarios ubicado en el paraje rural Punta Canal, en Dique Luján, límite norte del distrito. Este lugar es sagrado para organizaciones originarias del área metropolitana, que formaron el Movimiento en Defensa de la Pacha junto a otros sectores sociales para defenderlo debido a que pretende ser anexado por la empresa EIDICO a su Complejo Villa Nueva, 11 barrios privados náuticos que ya se extienden por 850 hectáreas.

La demanda de los Qom de Yecthakay abre otro desafío para el municipio, en un distrito donde lo que parece primar hasta ahora son los derechos de los vecinos de los barrios privados, que ocupan grandes extensiones de tierras -muchas veces adquiridas de manera espuria- en desmedro de la población tigrense preexistente con postergados problemas habitacionales.

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Buscan conectar todos los ecuatorianos a la electricidad en el 2013

PL

El Gobierno ecuatoriano definió como uno de sus objetivos hasta el 2013 dotar de energía eléctrica a la totalidad de la población, según publica hoy el sitio web de la Presidencia.

"El año pasado, 300 mil nuevas familias ecuatorianas tuvieron servicio eléctrico en el programa de electrificación rural y urbano marginal", mencionó el Presidente Rafael Correa, lo que equivale aproximadamente a un millón de personas.

El Jefe de Estado anunció que, como parte de ese proceso, "poco a poco se están reemplazando los viejos cables por nuevos, para impedir el robo de energía", proyecto ya ejecutado en uno de los barrios de la provincia de El Oro.

Aseguró en su último informe por cadena radiotelevisiva que, solamente si existe una emergencia y el Estado se ve obligado a reasignar recursos, existe la posibilidad de que ese objetivo no se cumpla.

Otra comunidad de El Oro conocida como Bajo Alto, será la primera en contar con gas por tubería. "El gas es más barato, mucho menos contaminante y es nuestro", manifestó Correa al explicar las ventajas de la nueva planta de licuefacción que tendrá esa provincia. "Es un proyecto piloto que marca un hito, por la diversificación de la matriz energética en el país", y reemplaza importaciones de gasolina y diesel.

"Por primera vez, explicó, nuestra industria va a usar gas natural y en dependencia de cuánto gas tengamos en el golfo (de Guayaquil), vamos a continuar con la exploración y podemos utilizar el gas para muchas otras cosas, por ejemplo, para transportes públicos".

La planta de licuefacción cuenta con tecnología de punta: toma el gas del golfo y lo baja a una temperatura menor a 160 grados para volverlo líquido y luego, en buques tanqueros, enviarlo a la industria.

Esta instalación está ubicada en el bloque tres de Petroecuador (campo amistad) y estará lista en el próximo mes de agosto.

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Cable submarino mejorará comunicaciones de Cuba

XINHUA

El enlace submarino de fibra óptica de Cuba con Venezuela y Jamaica, cuyo tendido se inició el sábado, mejorará las comunicaciones en la isla, pero será insuficiente para garantizar el acceso masivo a Internet.

"El despliegue de la conectividad no se resuelve de un día para otro porque cuesta mucho dinero y son necesarias otras inversiones", dijo a la prensa hace unos días el viceministro primero de la Informática y las Comunicaciones (MIC), Ramón Linares.

Linares añadió que "ante esa situación, nuestra prioridad es continuar la creación de puntos colectivos de acceso a Internet, además de potenciar las conexiones en centros de investigación científica, educacionales y sanitarios del país".

"Todo el que tenga un teléfono debe tener como política derecho a una conexión", afirmó Linares, para quien la baja densidad telefónica es todavía uno de los impedimentos materiales con vistas al despliegue de la red de redes.

En opinión del viceministro del MIC, Boris Moreno, la llegada del cable pondrá a la isla en mejores condiciones en cuanto a conectividad internacional, pero "no significará que en agosto haya Internet en todas las casas".

"Existen condiciones de tipo técnico y financiero internas que hay que resolver antes de brindar esos servicios", añadió Moreno.

El tendido de la línea, uno de los grandes proyectos de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y cuyo costo asciende a unos 70 millones de dólares, comienza hoy desde Camuri, cerca del puerto venezolano de La Guaira, para llegar a la playa Siboney, en el oriente de Cuba en la primera quincena de febrero.

En la orilla cubana, ya están en fase conclusiva los registros de playa, es decir, el punto tecnológico donde se unirá el cable submarino con el de tierra, donde ahora se monta el 70 por ciento del equipamiento necesario para que el sistema entre en operaciones en julio próximo.

Una vez enlazadas Cuba y Venezuela, se montará un segundo tramo de cable de 200 kilómetros que unirá a la isla con Jamaica, línea que los expertos llaman "Redundancia" y cuyo objetivo es garantizar una alternativa de comunicación ante un fallo de la conexión principal.

De acuerdo con el proyecto, una semana después de establecer la conexión física entre Cuba y el continente, el cable saldrá desde Aguadores, en Santiago de Cuba, hacia Ocho Ríos, en Jamaica.

La línea tendrá unos 1.600 kilómetros de longitud y permitirá a Cuba multiplicar por 3.000 la velocidad de transmisión de datos, imágenes y voz, con un ancho de banda de 640 gigabytes y capacidad para 10 millones de transmisiones telefónicas simultáneas.

Cuba, que es el único país del hemisferio occidental que no está enlazado al resto del mundo con cables de fibra óptica, se conecta a Internet por satélite desde 1996 con un ancho de banda que le permite apenas 393 megabytes por segundo de bajada y 209 de subida.

Según fuentes oficiales, el proyecto, que beneficiará también a las islas del Caribe Oriental y a Centroamérica, supone la primera conexión de fibra óptica de Cuba, que debido al bloqueo económico, financiero y comercial de Estados Unidos no tiene permitido conectarse a los cables submarinos que pasan a pocas millas de sus costas.

Uno de esos cables de fibra óptica enlaza el balneario mexicano de Cancún con la sureña ciudad estadounidense de Miami y pasa a sólo 32 kilómetros de La Habana.

La compañía china Shanghai Bell, filial de la francesa Alcatel-Lucent, es la encargada del tendido del cable para Telecomunicaciones Gran Caribe, una empresa mixta cubano-venezolana, propiedad de las compañías estatales de telecomunicaciones de ambos países.

La compañía china, que tiene experiencia en la instalación de líneas similares en varias partes del mundo, colocará el cable de fibra óptica en diferentes terrenos como una zona de la costa cubana, que desciende a una profundidad de cerca de 5.800 metros.

El buque especializado de bandera francesa "Ile de Batz", que llevó a Venezuela el cable adquirido en el puerto francés de Calais, será el encargado de la instalación y cuenta con un robot submarino que facilitará el monitoreo de las operaciones.

Los meses de marzo, abril y mayo serán de prueba de la parte sumergida y de la terrestre para comenzar en junio a dar capacidades de operación a las empresas ETECSA, de Cuba, y CANTV, de Venezuela.

La conexión tendrá una vida útil de 25 años y la inversión se recuperará en plazos adecuados, afirmó el vicepresidente de Telecomunicaciones Gran Caribe, Waldo Reboredo.

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