miércoles, 2 de febrero de 2011

Dos años de gobierno: Obama, presidente fiasco (Parte II)

Juan Luis Berterretche (especial para ARGENPRESS.info)

Robert M. Gates: de boy scout a jefe del Pentágono

A los 18 años, en 1961, Gates fue distinguido con el premio Águila Scout por los Boy Scouts of América (BSA). En el Colegio William & Mary, fue un miembro activo y presidente de la fraternidad Phi Alpha Omega y del grupo de jóvenes republicanos. Allí se graduó en 1965 en la licenciatura de Filosofía y Letras. Hizo una maestría en Historia en la Universidad de Indiana en 1966 y fue reclutado por la Agencia Central de Inteligencia (Central Intelligence Agency – CIA) en el mismo año.

Con el rango de segundo teniente de la Fuerza Aérea de Estados Unidos intervino en la guerra de Vietnam durante 1967-1969 en el Comando Aéreo Estratégico de Inteligencia en la Base Aérea de Missouri. En 1969 retornó a la CIA. En 1974 obtuvo un doctorado en Historia Rusa y soviética en la Universidad de Georgetown y dejó la CIA para integrarse al Consejo de Seguridad Nacional (National Security Council –NSC) donde actuó hasta 1979.

En 1979 (gobierno Carter) retornó a la CIA, sirviendo brevemente como Director del Centro de Evaluación Estratégica. En 1981 (gobierno Reagan) fue nombrado Director ejecutivo de personal, y en 1982 vice-director de la CIA. En diciembre de 1984, como vice-director de la CIA, Gates, en base a opiniones alarmistas, defendió en un memorando secreto al entonces director de la CIA William Casey, que Estados Unidos debería iniciar una campaña de bombardeos contra Nicaragua, y hacer todo lo que estuviera a su alcance para realizar una invasión militar directa al país y derrocar al gobierno sandinista. El hecho indica que Gates siempre adhirió a una ideología guerrerista, con una total falta de respeto al derecho internacional.

El presidente R. Reagan lo nombró Director adjunto de la Central de Inteligencia a partir de abril de 1986. Gates también fue propuesto por R. Reagan para Director de la Central de Inteligencia (jefe máximo de la CIA) en comienzos de 1987. Y actuó como director de la central de inteligencia en funciones durante 5 meses (de enero a mayo del 1987). Pero se retiró su nombre luego que quedó claro que el Senado iba a rechazar su candidatura, por su turbia intervención en la operación Irán-Contra /17. Igual se mantuvo en la CIA hasta 1989.

Fue asesor del presidente Bush senior y vice-Consejero de Seguridad Nacional en el período de agosto de 1989 hasta noviembre de 1991.

Cuando en 1991, el entonces presidente George Bush senior volvió a proponer a Robert Gates para que fuera el nuevo director de la CIA, un comité del Senado que lo interpeló durante un mes sacó a la luz, algunos recuerdos y menciones del escándalo Irán-Contra que estalló a fines de los años ochenta. El New York Times informó que: “Mr. Gates ha hecho lo posible por disipar las dudas que lo obligaron a retirarse cuando fue propuesto por primera vez en 1987. Ha parecido arrepentido y de mente abierta y cita su amplia experiencia y visión futura. Pero los senadores deberían tener en cuenta (…) si su desempeño en el pasado justifica tenerle confianza....” y además indicó: “David Boren, presidente del comité (del Senado), elogia a Mr. Gates por su franqueza. Pero pasa por alto las ocasiones en las que Mr. Gates ayudó a tergiversar evaluaciones de inteligencia y se mostró evidentemente ciego ante la ilegalidad. La ilegalidad concierne al escándalo Irán-Contra. Mr. Gates afirma que estuvo fuera de dicha operación en cuanto a decisiones. Y defiende su pretendida ignorancia sobre la base de la negación de que estaba protegiendo a la CIA de ser involucrada. Esas afirmaciones son inverosímiles.”

El artículo del NYT explica además: “El testimonio de otros (implicados) ubica a Mr. Gates, en por lo menos dos ocasiones, directamente en el centro de las decisiones. Supervisó la preparación del engañoso testimonio del director [de la CIA] William Casey ante el Congreso sobre el escándalo (Irán-Contra). Y el analista de la CIA, Charles Allen, dice que él informó a Mr. Gates, antes de que salieran a la luz, de tres detalles inolvidables: La participación de Oliver North, (condenado en el escándalo Irán-Contra) el encarecimiento de los precios de armas vendidas en secreto a Irán, y el desvío de los ingresos a un fondo para operaciones clandestinas (destinado a financiar un levantamiento de mercenarios denominado Contra en Nicaragua). En un desliz contundente de su supuesta formidable memoria, Mr. Gates no pudo recordar los detalles cuando el Congreso le preguntó dos meses después.” /18

Respecto a la “tergiversación de evaluaciones de inteligencia” que menciona el artículo del NYT, se refiere a la denuncia de Melvin Goodman /19 a los senadores, afirmando que Gates había ayudado a manipular la inteligencia para adaptarse a la perspectiva de línea dura propuesta por los funcionarios de la administración Reagan, en particular tratando de vincular la Unión Soviética con los actos de terrorismo, incluido el intento de asesinato al Papa Juan Pablo II en 1981.

Su forma de manipular la información se deduce también de sus estimaciones erróneas sobre las fuerzas militares de la URSS y la situación en la Unión Soviética poco antes y luego de su implosión. Como vicedirector y director de inteligencia de Estados Unidos no tuvo la facultad de medir con precisión la caída y desintegración de la Unión Soviética. El propio Bob Gates reconoce que la CIA “no tenía ni idea en enero de 1989 que uno de los maremotos de la historia estaba a punto de arrollarnos” /20 describiendo el hecho como un problema de la Agencia y olvidándose que él había sido durante años jefe de los analistas especializados en la Unión Soviética. El doctorado en Historia Rusa y soviética en la Universidad de Georgetown que lo catapultó como máximo especialista de la CIA en el tema, resultó un verdadero chasco. “Mientras la Unión Soviética se desvanecía, la CIA “informaba constantemente que la economía soviética crecía (…) Solían tomar simplemente lo que anunciaban oficialmente los soviéticos, le descontaban un pequeño porcentaje y lo publicaban” /21

A pesar de todo lo que salió a luz, el comité del Senado aprobó su nombramiento y Gates ocupó el cargo de director de la CIA a partir de noviembre de 1991. Completando 26 años al servicio de la CIA en enero de 1993 cuando se fue definitivamente de la Agencia.

Después de salir de la CIA en 1993, Gates trabajó como académico y conferencista (sí, aunque Ud. no lo crea). De 1999 a 2001 Gates fue Decano interino de la Escuela de Gobierno y Administración Publica George Bush en la Universidad Texas A & M. A partir de agosto de 2002, se tornó presidente de la Universidad Texas A & M.

Entre 1993 y 2006 Gates integró el consejo de fideicomiso de la Fidelity Investments y participó en el Consejo de administración de varias corporaciones. En enero de 2004, Gates co-presidió un equipo de trabajo en el Council on Foreign Relations sobre las relaciones Irán-Estados Unidos.

El 18 de diciembre de 2006 Gates fue nombrado por el presidente Bush junior, secretario de Defensa de Estados Unidos (y por tanto jefe del Pentágono) en sustitución de Donald Rumsfeld. Asumía cuando el país estaba embarcado en dos guerras declaradas y unas cuantas decenas de conflictos militares encubiertos. Sus más de dos décadas y media de actividad en la CIA lo acostumbraron a conducir la política exterior de Estados Unidos quebrantando de forma sistemática las leyes de los demás países. Por sus antecedentes en ineptitud, engaño e ilegalidad estaba a la altura de su antecesor.

Robert Gates y las industrias de guerra

Cuando accedió a secretario de Defensa, los principales intereses privados de Gates estaban repartidos en tres empresas (en las que participó en la dirección entre 1993 y 2006) que abarcan actividades indispensables para la orientación de la guerra preventiva global del imperio.
La Parker Drilling Company, donde ejerció de ejecutivo, es una empresa con sede en Houston, Texas que proporciona servicios de perforación en tierra y mar para la industria petrolera. Asimismo, provee plataformas de perforación, gestiona proyectos y arrienda herramientas para la industria energética. La empresa cuenta con una flota de 28 equipos para perforación terrestre en 9 países, y 17 plataformas de perforación presentes en el Mar Caspio, México y el Golfo de México. Según su reporte anual, la compañía registró un ingreso total aproximado de 752 millones de dólares en 2009.

Las otras dos: VoteHere y Science Applications International Corporation (SAIC), son dos empresas relacionadas que tienen directivos en común. Además de Bob Gates, el ex-presidente, director de operaciones y vicepresidente de SAIC, el almirante Bill Owens, pasó luego a Presidente de la Junta de VoteHere. Owens también se desempeñó como Vice Presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor y fue un militar de alto nivel como asistente de los secretarios de Defensa Frank Carlucci y Dick Cheney.

SAIC tiene 46.000 empleados en 150 ciudades en todo el mundo y declaró en 2009 ingresos por US$ 10.070 millones. Trabaja intensamente con el Departamento de Defensa (DoD), el Departamento Federal de Seguridad Nacional y la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos, incluida la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y otros organismos federales y estaduales. La compañía ha tenido como parte de su gestión, y en su Consejo de Administración, muchos personajes gubernamentales conocidos, incluyendo Melvin Laird Secretario de Defensa en el gobierno de Nixon, William Perry, secretario de Defensa de Bill Clinton, John M. Deutch, el director de la CIA del presidente Clinton, el almirante Bobby Ray Inman , quien sirvió en varios cargos en la NSA y la CIA para los presidentes Ford, Carter y Reagan, y David Kay, que dirigió la “búsqueda de armas de destrucción masiva” para las Naciones Unidas después de la guerra del Golfo de 1991 y en la Administración Bush tras la invasión de Irak en 2003. Con estos compinches Bob Gates no desentona.

VoteHere desplazó a Diebold Election System's a partir de una auditoría encargada por el gobernador Robert L. Ehrlich Jr. de Maryland a Science Applications International Corporation (SAIC) para revisar el desempeño de Diebold en las elecciones de 2000 en Maryland. La fraudulenta elección de Bush junior en 2000, demostró la importancia del control del conteo de los votos en Estados Unidos. VoteHere surgió como una iniciativa de personajes relacionados con las agencias federales de seguridad, en particular con la CIA y el Pentágono, para intervenir en las decisiones electorales.

SAIC obtuvo en 2003 el contrato para ayudar a otras corporaciones, incluyendo Northrop Grumman, en la formación del Ejército iraquí. Y eso a pesar del pasado poco fiable de SAIC y sus vertederos de desechos radioactivos. En 1990, SAIC fue acusado por el Departamento de Justicia de diez cargos criminales por fraude en la gestión de la limpieza de un lugar tóxico Superfund (SAIC se declaró culpable). "En 1992 SAIC fue acusado de fabricar pruebas ambientales de los vertederos de residuos tóxicos. En 1993, el Departamento de Justicia demandó a SAIC, acusándolo de fraude civil en un contrato ilegal con cazas F15. En noviembre 2002 Associated Press informó que " trabajadores de la Yucca Mountain Project gestionado por SAIC y Bechtel (sí, la misma de la guerra del agua de Cochabamba) dijeron que hubo fallas en los procesos científicos utilizados para determinar si el sitio es adecuado para la eliminación de residuos nucleares”

SAIC es un gigante contratista de defensa militar que el conocido boletín Crypt, editado por George Smith describe como: "La sombra de la clase gobernante en el Pentágono" /22 y VoteHere es una empresa, que aspira controlar la criptografía y el software de seguridad para la industria de las elecciones electrónicas. También ha desarrollado programas para la vigilancia sobre la población civil de Estados Unidos. Una combinación perfecta para dar continuidad a la fiesta de la industria armamentista. En esas empresas Bob Gates desarrolló sus intereses privados.

Nadie previó que Barack Obama recibiría de Bush junior la herencia de esta alimaña armamentista como secretario de Defensa y lo mantendría hasta el presente.

Otros “pacifistas” de Obama

Para acompañar a Bob Gates en la gestión Obama nombró como subsecretario de Defensa a William Lynn que fue Director Financiero del Departamento de Defensa en el gobierno Clinton y luego vicepresidente de la gigante armamentista Raytheon, y lobbysta de esa corporación en el Congreso hasta julio de 2008. Y también como subsecretario de defensa (contralor) Obama nombró a Robert Hale que fue secretario auxiliar de la Fuerza Aérea en el papel de interventor financiero entre 1994 y 2001. Bajo la mirada atenta de Lynn y Hale, en los ejercicios fiscales de 1999 y 2000 el Departamento de Defensa reportó la desaparición de US$ 3,4 billones (millones de millones) Y hasta ahora no hubo investigación sobre ese saqueo histórico. Oportunamente el 10 de setiembre de 2001 Donald Rumsfeld anunció en una rueda de prensa que faltaban en el Pentágono los 3,4 billones de dólares, pero que no habría investigación y no detendrían a nadie como responsable. Al día siguiente a partir de las 08hs.46’.30’’ cuando el vuelo 11 de American Airlines se incrusta en la Torre Norte del World Trade Center, el desfalco en el Pentágono dejó de ser noticia /23.

Para dirigir la Inteligencia Nacional que supervisa a las agencias de inteligencia (incluida la CIA) Obama nombró al almirante Dennis Blair, otro representante de la industria armamentista. Blair estuvo en el directorio de Earl Dodge Osborne Corporation (EDO), un subcontratista para el programa del nuevo avión de combate F-22 Raptor; actuó en la directiva de Tyco International, que fabrica pequeños componentes electrónicos del F-22 y de Tridium, compañía de satélites. Y como director de la Agencia de Seguridad Nacional al general de cuatro estrellas James L. Jones, que hasta enero de 2009 fue consultor de Cross Match Technologies (compañía biométrica que trabaja para el Pentágono) miembro de la junta directiva de MIC Industries (construcción de instalaciones militares en Irak y Afganistán) y antes ejecutivo de Chevron, Boeing e Invacare Corp (equipamiento médico militar).

Obama conservó la legislación represiva de Bush

Apenas 45 días después (26 de octubre del 2001) de los ataques del 11 de septiembre, sin ningún debate, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley Patriota o 'US-PATRIOT Act' ["Uniting and Strengthening by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism" - "Uniendo y fortaleciendo Estados Unidos por medio de proveer las apropiadas herramientas para interceptar y obstruir el terrorismo"]

Adoptada a título provisorio, este dispositivo de excepción expiraba el 31 de diciembre de 2005, pero fue prolongado por la Cámara de Representantes y se perenniza. De las dieciséis disposiciones de la Ley Patriota, asegurando un control generalizado de las poblaciones, catorce han sido convertidas en permanentes. Bajo el gobierno Obama lo central de la Ley US-Patriot continúa vigente.

Muchas secciones de esta extensa legislación quitan el control judicial sobre la ejecución de la ley y lesionan los propios derechos y libertades que garantiza la Constitución estadounidense. Según los estudios de instituciones independientes /24, bajo la Patriot Act y disposiciones complementarias el gobierno puede:

Registrar su casa en un allanamiento secreto y ni siquiera decírselo. Quitarle su propiedad sin ninguna audiencia. Recopilar información sobre los libros que Ud. lee, lo que estudia, sus compras, su historial médico, y sus finanzas. Revisar su correo electrónico y mirar cuales sitios de Internet Ud. visita. Espiar a los estadounidenses inocentes. Interceptar su línea de teléfono bajo una orden que ni siquiera tiene su nombre. Autoriza que el FBI observe y vigile grupos religiosos y políticos sin prueba de lo que han hecho

Poner a los inmigrantes, cualquier extranjero o cualquier persona que nunca haya cometido un crimen en la cárcel indefinidamente. Se trata de una anulación directa del habeas corpus. Establece que una persona puede ser juzgada por un tribunal militar, a la discreción del presidente, si no es ciudadano. El presidente de Estados Unidos tiene la posibilitad de calificar de combatiente enemigo (“Enemy Combatant”) a todo ciudadano estadounidense o a todo nacional de un país con el cual Estados Unidos no está en guerra. Clasificar sin fundamento como “terrorista” cualquier persona u organización. Amplía la definición de "actividad terrorista" hasta el punto de incluir en la misma actividades no violentas opuestas a la política exterior estadounidense. Ambas disposiciones tienen vigencia planetaria.

Los contenidos de la ley pueden ser aplicados retroactivamente (esta es una violación específica del artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de ONU).

La ley es un ataque directo contra derechos fundamentales como el derecho a la privacidad y a la libertad de expresión. Se legaliza pues la práctica de la detención administrativa con desconocimiento del hábeas corpus y la puesta en práctica de la persecución política a los opositores y criterios racistas y xenófobos en la detención de personas supuestamente vinculadas a organizaciones que arbitrariamente se definen como "terroristas".

Guantánamo, postergación indefinida

Uno de los fiascos más reveladores del gobierno Obama fue su falsa promesa electoral de desmantelar el campo de concentración de Guantánamo. A mediados de noviembre de 2010 el Washington Post informó que el gobierno de Obama había abandonado de hecho los planes de cerrar la cárcel de Guantánamo. Funcionarios del gobierno culparon al Congreso por no votar el financiamiento para cerrar el Auschwitz del Pentágono y transferir los detenidos a Estados Unidos /25.

Del total de 779 prisioneros que tenía Guantánamo a finales de 2008, 749 habían sido detenidos sin ninguna clase de garantías legales durante los dos primeros años y la cifra final se completó con los vuelos desde las prisiones secretas durante 2007 y 2008; vía el campo de concentración de la Base Aérea de Bagram en Afganistán. De esos centenares sólo alrededor del 5% quizá habrían tenido que ver con la desaparecida al-Qaeda, entelequia que hoy se sigue utilizando como enemigo en el sainete de la guerra global contra el terrorismo.

En mayo de 2010, un grupo de fiscales, analistas de inteligencia, agentes de seguridad y otros similares funcionarios gubernamentales, publicó el informe sobre la situación en Guantánamo, encomendado por el presidente Obama /26. Dicho estudio no encaró el estatuto de los 181 prisioneros -a esa fecha- de la prisión, respetando la propia legalidad estadounidense que obligaría a procesarlos en tribunales federales. Tampoco lo hizo tomando en cuenta el derecho internacional. Estados Unidos viola, sistemáticamente las disposiciones de la Convención de Ginebra con relación al trato que se debe otorgar a los prisioneros de guerra. Quien dice esto no es ningún dictador de los países del “eje del mal”, es el ex-presidente Jimmy Carter.

A los prisioneros de Guantánamo, Estados Unidos no quiere aplicar la legalidad nacional o internacional vigente porque en general o fueron secuestrados en diversos países o comprados como “terroristas” a aliados militares de Estados Unidos en busca de recompensas (cómplices pakistaníes, afganos, iraquíes, yemenitas, etc.), trasladados ilegalmente, arrancadas sus confesiones bajo tortura y acusados con pruebas o testimonios falsos. Andy Worthington, al presentar -en Londres, en enero de 2010 /27- el estudio más completo sobre los presos de Guantánamo, basado en los archivos del Pentágono, entrevistas a los liberados y otras variadas fuentes, afirmó:

“Es mi esperanza que este proyecto fornecerá una herramienta inestimable de la investigación para aquellos que tratan de comprender como ocurrió que el gobierno de Estados Unidos le dio la espalda a la ley domestica e internacional estableciendo la tortura como política oficial de Estados Unidos y deteniendo personas sin pruebas, sin otorgarles el estatuto de prisioneros de guerra protegidos por las convenciones de Ginebra, sino como ‘combatientes enemigos ilegales’. Y como ese gobierno estableció una prisión en que la mayoría de los detenidos –por lo menos el 93% del total de los 779 hombres y niños encarcelados- eran personas completamente inocentes, aprendidas como consecuencia de inteligencia dudosa o vendidos con el objetivo de recibir recompensa, o soldados de infantería del Talibán, reclutados para luchar una guerra civil inter-musulmana que comenzó mucho antes de los (dudosos) ataques del 11 09 2001 y que no tenían nada que ver con al-Qaeda, Osama Bin Laden o el terrorismo internacional”

En la actualidad –luego de más de ocho años de infamia en Guantánamo Bay con tanta responsabilidad de Bush como de Obama- de los 177 prisioneros que restan, alrededor de 130 pueden esperar algún juicio amañado por comisiones militares y 47 serán detenidos indefinidamente sin posibilidad de juicio.

Mientras tanto, bajo Obama, las Fuerzas de Reacción Inmediata (IRF) en la base Delta de Guantánamo permanecen muy activas. Las IRF son en el papel un grupo de cinco oficiales de policía militar que están en alerta constante para responder emergencias. En especial para actuar con violencia y dominar con crueldad cualquier resistencia de los detenidos. En realidad son un pelotón extrajudicial de terror. Son equipos encargados de brutalizar el trato a los prisioneros /28.

Y la situación aún es peor en las prisiones secretas que Estados Unidos mantiene en zonas de guerra o que transfirió a las autoridades de gobiernos fantoche como en Irak y Afganistán. Así como en las cárceles que subcontrata en países satélites bajo gobiernos dictatoriales.

Ver también:

Notas:
17/ La operación Irán-Contra, fue una trama clandestina aprobada por el presidente Ronald Reagan, que tuvo como principales organizadores al consejero de seguridad nacional del presidente, el almirante John Poindexter, y su mano derecha, el coronel Oliver North, los cuales gestionaron en 1985 la venta de misiles al Irán de Jomeini canjeándolos por rehenes estadounidenses en Líbano, para luego desviar las ganancias obtenidas de la venta, a la financiación encubierta de los contras nicaragüenses. En 1984, la Contra, mercenarios armados por la CIA, se había ganado ya una reputación de violación, tortura, asesinato y terrorismo, asolando las ciudades, especialmente a lo largo de la frontera norte de Nicaragua.
18/ Kerr, Richard. The Once and Future CIA. The New York Times: October 18, 1991.
http://www.fas.org/irp/congress/1991_cr/s911031-gates.htm
19/ Melvin Goodman era un veterano de 24 años en la CIA amigo de Bob y miembro de la Oficina de Asuntos soviéticos que había subido con Gates en la Agencia durante el apogeo de la Guerra Fría. Él fue testigo de cómo Gates realizó un informe sobre el atentado al Papa Juan Pablo II, plagado de afirmaciones dudosas, tratando como un hecho las declaraciones de una sola fuente, poco fiable.
20/ Robert M. Gates From the Shadows: The Ultimate Insider’s Story of Five Presidents and How They Won the Cold War (Desde las sombras: La historia de cinco presidentes contada desde dentro y cómo ganaron la Guerra Fría) Simon and Schuster, New York , 1996.
21/ Tim Weiner Legado de Cenizas La historia de la CIA. Debate. Buenos Aires 2009. Weiner cita a Mark Palmer “uno de los más experimentados kremlinólogos de la administración Bush “ (padre).
22/ Crypt Newsletter, editado por George Smith. Enero de 1994.
23/ Andrew Hughes. “Obama Defense Departmente Appointees- The 3.4 Trillion Dollar Question”, Global Research, 13 de febrero de 2009.
24/ Unión Americana de Libertades Civiles (American Civil Liberties Union – ACLU – www.ucla.org), Comité de Defensa de los Derechos de los Ciudadanos (Bill of Rights Defense Committee) Fundación Fronteras Electrónicas (Electronic Frontier Foundation – EFF – www.eff.org/), Gremio Nacional de Abogados (National Lawyers Guild http://www.nlg.org/) y la fundación Gente para la Manera Americana (People for the American Way Foundation - PFAW http://www.pfaw.org/),
25/ Washington Post, 16 de noviembre de 2010.
26/ Washington Post, 28 de mayo de 2010.
http://media.washingtonpost.com/sp-srv/nation/pdf/GTMOtaskforcereport_052810.pdf
27/ Andy Worthington Archivos de Guantánamo: Las historias de los 774 detenidos en la prisión ilegal de América (The Guantanamo Files, The Stories of the 774 Detainees in America’s Illegal Prison), Pluto Press, distribuida por Macmillan en Estados Unidos, y disponible en Amazon. Londres enero 2010.
28/ Andrew Wander, “Guantanamo conditions 'deteriorate'” Al Jazeera English, 10 de noviembre de 2009.

Autor imagen: Carlos Latuff

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El problema de la profundización del proceso revolucionario en Venezuela

Homar Garcés (especial para ARGENPRESS.info)

Durante los doce de gestión del Presidente Hugo Chávez han surgido voces que quisieran acallar y amortajar el espíritu subversivo de la revolución en Venezuela, atrincherados como están en posiciones de autoridad, en sus diversas formas o modalidades, lo cual ha impedido que se construya un amplio movimiento popular, capaz de asumir la conducción del proceso revolucionario de un modo pleno e independiente.

En ello se evidencia una total discrepancia con los postulados fundamentales que debieran caracterizar a la revolución bolivariana, esto es, el respeto a la soberanía popular y el cambio estructural del Estado que, a su vez, tendría que proyectarse en un cambio cualitativo de las relaciones de poder. Así, a los ojos de las masas populares, alrededor de Chávez pululan quienes, diciéndose revolucionarios, usufructúan el poder e impiden la materializar la democracia participativa en manos de esas mismas masas populares.

Esto demuestra suficientemente la necesidad de plantearse la sustitución, gradual o inmediata, de esta dirigencia reformista para la cual la revolución se hizo sinónimo de oportunidad para enriquecerse y cambiar sustantivamente su antiguo nivel de vida. Ello supone establecer, desde ya, un abandono de sus prácticas clientelares, de manera que el pueblo pueda hacer la Revolución con un contenido realmente participativo y protagónico, sin apelar a fórmulas desgastadas del pasado que sólo servirían para truncar la transformación revolucionaria de la sociedad venezolana. Supone, al mismo tiempo, asumir una línea radicalmente subversiva que facilite la comprensión popular de lo que es la Revolución Bolivariana, cuáles son sus metas, vías y potencialidades, enmarcada en lo que sería su mayor conquista: un verdadero poder popular. Al respecto, es necesario comprender que la democracia -elevada a su más alta y genuina expresión mediante la participación y el protagonismo del pueblo- implica la transformación y el cese definitivo de todas las manifestaciones organizativas de la democracia representativa. Con ello se estará dando un salto cualitativo en la proyección y consolidación de la Revolución, dejando de ser ese híbrido contradictorio que muchos acusamos y confrontamos a diario.

De lo que se trata, entonces, es que los sectores populares, conscientes de las paradojas que padece el proceso revolucionario, comiencen a disputarle los espacios de poder a la dirigencia derechista actual y genere sus propias formas organizativas, su propia teoría revolucionaria y, por consiguiente, su propio poder; de tal forma que se practique realmente la consigna de “darle todo el poder al pueblo”. Esto implica enfrentar y poner al descubierto la falta de identificación de una gran parte de la dirigencia chavista con los principios esenciales del proyecto revolucionario bolivariano. Urge, por tanto, que los diversos sectores populares puedan desarrollar formas de autodeterminación y articulen concepciones alternativas de cómo debe ser la sociedad de nuevo tipo planteada por el socialismo revolucionario.

En síntesis: los choques, desviaciones y contradicciones que afloran en el proceso revolucionario venezolano hacen obligatoria la maduración de elementos revolucionarios, dispuestos -incluso- a crear órganos de poder paralelo a los tradicionalmente existentes. Como lo indicara Mao Tse-Tung alguna vez: “Si tenemos una teoría justa, pero nos contentamos con hacer de ella un tema de conversación y la dejamos archivada, en lugar de ponerla en práctica, semejante teoría, por buena que sea, carecerá resignificación”. Esto ocurre cuando se adopta una actitud conservadora que, en el fondo, es reaccionaria, nunca revolucionaria. Cuando la revolución va por otro cauce, es preciso que sean las mismas masas populares quienes acometan, sin las restricciones legalistas que se les anteponen a fin de impedirles su participación y protagonismo, sea cual sea su origen, la tarea de enrumbarla por el cauce correcto, lo que se traducirá, sin duda, en mejores posibilidades de construir el socialismo revolucionario en el país.

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Capitalismo de desastre para Honduras

Manuel E. Yepe (especial para ARGENPRESS.info)

Al Congreso Nacional de Honduras ha llegado una iniciativa legislativa que, de ser aprobada como ley, autorizaría la creación de “Ciudades Modelo” o “Regiones Administrativas Especiales”, lo que confirmaría, una vez más, la doctrina del choque y la teoría del capitalismo de desastre estudiadas y descritas por la escritora y periodista canadiense Naomí Klein en su libro “The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism”, publicado en 2007.

Tales “ciudades modelo” serían micro estados localizados en territorio hondureño respecto a los cuales el Estado de Honduras haría renuncia formal de su papel de velador por el cumplimiento de sus propias leyes, así como de las decisiones de las instituciones nacionales. Esas ciudades tendrían su propia moneda, su gobierno, su policía, su aduana y sus tribunales.

El proyecto prevé conceder, inicialmente, unos mil kilómetros cuadrados del territorio hondureño para que contratistas extranjeros instalen fábricas ensambladoras de computadoras, barcos, turbinas, vehículos y otras producciones de alto componente laboral.

Serán colonias en las que trabajarán y vivirán indefinidamente muchos miles de pobladores. Allí estarán sujetos a las leyes especiales que establecerán las corporaciones transnacionales y serán tratados como extranjeros en su propio país.

Se trata, quien lo duda, de un proyecto de colonización imperial que representaría un primer paso para la entrega de la soberanía nacional al capital extranjero y el comienzo de la liquidación del Estado de Honduras.

La iniciativa legislativa fue promovida por la Embajada de los Estados Unidos que invitó al país al empresario Paul Romer quien, según se dijo, ha fomentado proyectos similares en otras partes del mundo. El empresario ofreció en días recientes declaraciones acerca de este proyecto, que se supone auspiciado por el gobierno de facto.

El fatídico golpe de Estado que padeció Honduras en 2010, al igual que los terribles desastres naturales sufridos en el propio año por Chile y Haití, unidos a la calamitosa epidemia de cólera en esta última nación, más la reacción oportunista de Estados Unidos en todos estos casos, han despertado justificados temores de que Latinoamérica, en su conjunto, esté destinada a ser pasiva de la aplicación de la doctrina del capitalismo de desastre con sus globalizantes propósitos neoliberales ante nuevas situaciones de choque, casuales o previsibles.

Téngase en cuenta que la coyuntura por que atraviesa Estados Unidos no le es propicia para recurrir a nuevas guerras como solución de corto plazo para su actual crisis multifactorial, lastrada como está la superpotencia por sus aún abiertas cruzadas contra Irak y Afganistán.

Después de todo, nada nuevo habría en que la administración actual de Estados Unidos se apropie de una doctrina político-militar que se basa en el aprovechamiento de desastres, espontáneos o inducidos, valiéndose de ellos para introducir soluciones que actúen a favor de sus designios hegemónicos imperialistas.

Históricamente, calificarían dentro de esta doctrina muchos desastres secretamente provocados por la superpotencia para beneficiarse con su solución. Recuérdense, desde la explosión auto suscitada del acorazado Maine en la bahía de La Habana en 1898 para entrar en guerra contra España y hacerse de sus colonias, hasta la declaración en 1960 del bloqueo a Cuba para provocar una situación de hambre y miseria de la que se culparía al gobierno de la isla y mantener el acoso hasta nuestros días cual espada de Damocles sobre la estabilidad de la nación cubana.

Con el desastre provocado por el golpe de Estado en Honduras que instrumentó Washington usando a la oligarquía hondureña como chivo expiatorio, se intentaba un beneficio inmediato para la política exterior de Estados Unidos hacia Latinoamérica frenando la corriente hacia la independencia y la izquierda que aun subsiste y, eventualmente, invertirla. Pero, sin dudas, el desastre presente era previsible.

El régimen de facto, primeramente con Roberto Micheletti al frente y encabezado ahora por Porfirio Lobo, instrumentos ambos de la oligarquía plegada al imperio, no ha podido imponerse, ni en lo interno, ni a nivel regional e internacional, con un costo político que está siendo asumido por la diplomacia estadounidense en tiempos en los que carece de la solvencia necesaria y suficiente para ello.

Pero Washington pudo haber previsto para el caso aprovechar el desastre ganando tiempo con proyectos como el de las “ciudades modelo” neoliberales, antes que pretender un imposible regreso al orden anterior al golpe o apresurar la vuelta a una normalidad que le enfrentaría a un pueblo que ya no es aquel mismo instrumento dócil que controlaba la oligarquía.

A apenas un año de haber sido obligado al exilio el presidente constitucional Manuel Zelaya, hoy Coordinador General de la Resistencia, Honduras parece inexorablemente abocada a la revolución llamada a aportar a su pueblo toda la independencia y la justicia social a que, ahora lo sabe, tiene derecho.

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Costa Rica: Triquiñuelas tributarias

Luis Paulino Vargas Solís (especial para ARGENPRESS.info)

El gobierno quiere convencernos de que su paquete tributario es equitativo. Note usted un detalle: en el afán por asentar esa idea nos habla de imponer impuesto de las ventas a servicios como salud y educación ofertados en forma privada, aduciendo que estos son utilizados solamente por el “40% de la población de mayores ingresos”. Como si dijeran: tan solo los ricos pagarán. El tema, sin embargo, es que, incluso si esos datos son correctos, las autoridades están queriendo meter en un mismo canasto realidades sociales muy disímiles.

¿Qué porción de ese 40% es lo que se dice realmente rica? Y cuando digo rica, es rica: mansión en Escazú; casa de playa; yate privado; auto del año para cada miembro de la familia; viajes frecuentes a Estados Unidos y Europa, trajes fifth avenue New York, etc. No lo sabemos, pero ha de ser una fracción muy pequeña ¿1 de cada mil? Seguramente menos. Váyase a saber. Luego vendrán los que son relativamente ricos, pero no ricos-ricos. Y a lo poco que bajemos unos cuantos escalones empezamos a entrar claramente en lo que uno identifica como grupos o clase media. Parte de esta algo más acomodada, pero basta que usted descienda un poquillo más por la escalera, y comienza a toparse con gente que la suda, y con ganas, para medio mantener un status que más o menos coincida con sus aspiraciones clasemedieras.

El caso es que, si uno deja de lado por un ratito las artificiosas taxonomías oficiales sobre pobreza, se da cuenta que, en general, la mayor parte del pueblo tico tiene que pulsearla, y bien duro, para sobrevivir. Si no son exactamente pobres, como mínimo se ven forzados a vivir al día. Y, la pura verdad, esa es la realidad de la mayor parte de nuestra clase media y, por lo tanto, de una porción sustancial de ese “40% (presuntamente) privilegiado” de que habla el Ministro de Hacienda.

Agreguemos un detalle importante: la asfixia presupuestaria a que el neoliberalismo reinante somete a los servicios públicos. De ahí que una parte sustantiva de esos grupos medios se la juegan recurriendo, hasta donde pueden, a los servicios privados de educación y salud. Ello es seguramente más claro en este segundo caso y resulta un fenómeno comprensible. Piénsese nada más en las citas que el Seguro Social pospone por muchos meses, incluso tratándose de enfermedades tan serias como el cáncer.

La secuencia es más o menos así: 1) debilitar (y en esas siguen) los servicios públicos; 2) poner la mesa para el negocio privado con esos mismos servicios (una tarea a cuyo favor el TCL aporta “contribuciones” de grandísimo alcance); 3) atornillar a los grupos medios a los que han compelido a recurrir a esa onerosa oferta privada. Perdón si esto caricaturiza la situación, pero a veces la caricatura es una forma eficaz de representar la realidad.

El tema tiene, sin embargo, otras aristas igualmente problemáticas.

Por ejemplo, la aplicación del impuesto del 15% sobre ingresos provenientes de intereses o alquileres. El problema aquí está en el criterio indiscriminado con arreglo al cual se aplicaría el tributo. Este lo mismo sería pagado por la viuda que recibe una extrita de 125 mil colones con la casita que alquila o el potentado dueño de un “mall” que percibe miles y miles de dólares por concepto de alquiler de locales comerciales. Y el 15% lo pagará igual el maestro de primaria que, en sus cincuentas, se esfuerza por ahorrar a plazo en un banco público en prevención de su ya cercano retiro y la no tan lejana vejez, que el súper rico cuyas inversiones financieras se tasan en millones de dólares, y a quien nada lo ata a los humildes y aburridos (aunque confiables) instrumentos de inversión que ofrecen nuestros bancos. Él tiene a sus pies el mundo, para invertir, si así lo desea, en Nueva York, Londres o Frankfurt.

El asunto tiene que ver con lo que la jerga tributaria llama “carácter cedular” de esos impuestos, es decir, el hecho de que ingresos como los provenientes de alquileres o intereses se gravan por aparte, a una tasa fija y uniforme. Lo ideal es, por supuesto, que se sumen como parte del ingreso total y, entonces, se graven con arreglo a una tasa progresiva: más alta conforme más alto el ingreso. Si así fuera, posiblemente la señora viuda del cuento no tendría que pagar impuesto alguno (obviamente eso sería lo justo y equitativo) y el ricachón dueño del “mall” pagaría el monto debido, según los muchísimos millones que le pagan las boutiques, bares, cines y supermercados que le alquilan.

Y si además se aplicara –que no se está haciendo- el concepto de “renta mundial”, entonces el millonetas que invierte en las bolsas de París o Tokyo, deberá pagar por lo que ahí gana, cosa que hoy no hace. Con lo cual decimos que, en la práctica, este señorito de plata puede no tener que pagar nada por sus ingresos provenientes de inversiones financieras, muy diferente del ahorrativo maestro de nuestra historia que, sin escapatoria posible, deberá cubrir el 15% que la Presidenta Chinchilla quiere recetarle.

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El sesgo neoliberal de la estrategia K. Las razones del acuerdo bipartidista en materia de contribuciones patronales

Claudio Lozano - Tomás Raffo (INSTITUTO IPYPP)

El Gobierno Nacional comienza el 2011 repitiendo una vieja idea neoliberal: aquella que sostiene que la creación de empleo depende de la reducción del costo laboral y no de la suba del nivel de actividad económica.

En efecto, con fecha del 31 de enero del 2011, el Poder Ejecutivo ha dictado el Decreto Nro. 68/2011 por medio del cual se dispone prorrogar durante todo el 2011 (desde el 1ero de enero hasta el 31 de diciembre) la reducción de las contribuciones patronales que se habían fijado por Ley (Ley Nro 26.476) en el denominado “paquete anti crisis” con que el Gobierno pretendió hacer frente a la crisis internacional a finales del 2008.

Recordemos que aquella norma permitía una reducción de los niveles vigentes de las contribuciones a la seguridad social (incluyendo dentro de estas el aporte al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones y dentro de estas obviamente las Contribuciones Patronales, además de los Aportes Personales; involucra además los aportes para el Pami, para el Fondo Nacional del Empleo, para el Sistema de Asignaciones Familiares y para el Régimen Nacional de Empleadores Rurales) para toda nueva relación laboral o para la regularización de un relación laboral existente, equivalente a:

- Reducción del 50% del nivel vigente para el primer año de la nueva relación laboral o de la regularización de una ya existente.

- Reducción del 25% del nivel vigente para el segundo año de la nueva relación laboral o de la regularización de una ya existente.


El plazo de duración de este beneficio se fijó originalmente por un año, es decir para el 2009 exclusivamente. Sin embargo, a principios del 2010 el gobierno prorrogó, tal cual lo hace ahora, la vigencia de esta reducción para todo el 2010 (Decreto Nro 2166/2009 del 6 de enero del 2010).

De este modo, el Gobierno Nacional no solo mantiene la política neoliberal implementada por Cavallo en 1994 sino que la profundiza por vía de una reducción adicional de las contribuciones a la seguridad social (mucho más vasta que las de Cavallo pues involucra el conjunto de los subsistemas de la seguridad social y no solo las contribuciones patronales).

Nunca está demás recordar que la premisa neoliberal que sostiene que el volumen de empleo está directamente involucrado con la reducción del costo laboral es por demás falsa. No solo la experiencia nefasta de los 90 es una muestra palpable de lo absurda de esta idea (en efecto en aquel entonces de la mano de las reducciones inauguradas por Menem y Cavallo el desempleo trepó a niveles records, nunca antes vistos hasta aquel entonces) sino que la propia experiencia reciente refuta esta idea. En efecto, la creación de empleo iniciada a mediados del 2002 se realizó manteniendo inalterada el nivel de contribuciones. No fue por lo tanto el costo salarial el que explicó el crecimiento del volumen del empleo sino el nivel de actividad. La muestra más contundente de lo absurdo de esta premisa es lo ocurrido en materia de empleo durante los últimos 2 años. En efecto durante el 2009 y el 2010 con la vigencia de las reducciones fijadas por el Gobierno Nacional, el volumen de empleo se comportó de manera totalmente opuesta entre un año y otro. Así en el 2009 la tasa de empleo se redujo un 0,50% (del 42,6% al 42,4%) y la de desempleo creció un 15% (del 7,3% al 8,4%) lo que se tradujo en un aumento de 206.707 nuevos desocupados; mientras que lo que se tiene registrado del 2010 (hasta el 3er trimestre) la tasa de empleo creció un 1,50% mientras la tasa de desempleo se redujo un 17,6% (permitiendo que 263.000 desocupados dejaran deserlo). Lo que explica por tanto las diferentes evoluciones del volumen de empleo no fue la reducción de las contribuciones dictadas por el Gobierno, sino el nivel de actividad, que durante el 2009 se contrajo (por más que lo niegue el INDEC) un 2,5% mientras que en el 2010 se expandió a una tasa cercana al 9%.

La decisión del Gobierno Nacional de profundizar la política neoliberal de reducción del costo salarial materializada por el dictado del decreto se da de bruces con el discurso “pseudoprogesistas” que enarbola el Gobierno Nacional y sus aliados en el Congreso Nacional para justificar el veto al 82% móvil porque, según el oficialismo, “la Oposición” no quiere restituir las contribuciones patronales a los niveles de 1993. Cierto es que el segmento mayoritario de lo que se denomina “la Oposición” (es decir el Grupo A compuesto por la Coalición Cívica, la UCR y el PJ Disidente) se niega a restituir las contribuciones patronales. Pero es el Gobierno el que, no solo se niega a esta restitución, sino que profundiza la política neoliberal iniciada en los 90. Para una mirada inocente podría resultar paradójico que el Gobierno Nacional y lo más rancio de la Oposición tengan una coincidencia tal en este punto que es el Gobierno el que asume la vanguardia de la postura neoliberal al profundizar una medida en la que ambos entramados políticos presentan coincidencias. Sin embargo, para nosotros esta “extraña coincidencia” no es otra cosa sino la propuesta que el Bipartidismo, en sus dos versiones, tiene para la sociedad argentina: esconder bajo el falso prisma de que se busca crear empleo decente un abultamiento de las ganancias de las principales firmas a costa de una reducción del “costo salarial”, lo que en buen romance, no es otra cosa sino a costa de un menor financiamiento al sistema previsional (que se paga sumiendo al 75% de los mayores con el haber mínimo), a costa del nivel y calidad de las prestaciones del PAMI, de los irrisorios montos que se transfierene por subsidio al desempleo, así como por el menor financiamiento que se realiza a las asignaciones familiares y con la precariedad del mundo laboral rural.

Es bueno recordar que con la decisión de mantener las contribuciones patronales a los niveles de 1993 el gobierno permite que (según los datos a septiembre del 2010, último dato disponible de la AFIP) las grandes firmas se apropien de nada menos que $25.406 millones que deberían financiar al sistema previsional. Se trata de una masa de recursos que es apropiada por tan solo 21.000 firmas que representan apenas el 4% de las 546.000 firmas registradas por la AFIP. Este cálculo no tiene en cuenta la reducción adicional que el Gobierno dispuso durante el 2010 (ya que no hay información disponible que permita estimar el impacto de esta medida). Si se proyecta para el 2011, la pérdida de recaudación por mantener los niveles de contribuciones patronales para las grandes firmas según lo fijado por la dupla Menem - Cavallo, el abultamiento de las ganancias de las grandes firmas asciende a no menos de $34.500 millones. Y esto sin contar el abultamiento adicional de las ganancias de las principales firmas que desde el 2009 el Gobierno ha promovido por vía de la reducción de las contribuciones a la seguridad social.

Por ello, no es casualidad que aún en el peor año económico de la presente etapa (el 2009 con una caída del 2,5% del nivel de actividad), la tasa de rentabilidad de las empresas relevadas por la AFIP es del del 7,4% respecto de sus ventas. Se trata de una tasa que si bien es levemente inferior al 8% que se obtuvo en promedio en los años 2006-2008, se encuentra en el mismo nivel que el año 2005 (del 7,5%) y casi duplica el promedio de la tasa de rentabilidad de los mejores años de la Convertibilidad (cercano al 4%).

Se trata de una tasa de rentabilidad que se distribuye concentradamente de acuerdo al poder de mercado de cada firma en los respectivos mercados. Una rápida mirada a la distribución de las ventas relevadas por la AFIP según grandes empresas y de acuerdo a distintos sectores permite observar que en líneas generales prácticamente el 80% de las ventas (y por ende de las utilidades) se concentran en un porcentaje de empresas que no supera el 10% de las firmas del sector.

Cuadro: Empresas grandes, total de empresas y participación de las empresas grandes en el total de la facturación. Algunos sectores seleccionados. 2009.


Reafirmando lo expuesto, según la información provista por la la Dirección de Grandes Firmas del INDEC, las 500 firmas de mayor valor agregado (las 500 empresas más grandes) presentan al 2009 una masa de utilidades de $72.450 millones, que se distribuye un 20% en apenas 4 firmas, un 35% en solo 20 empresas y un 65% en no màs de 100 empresas.

Proyectando al 2011 la masa de utilidades de las primeas 500 empresas según la evolución de la recaudación (del 35% para el 2010 y del 30% para el 2011) resulta que la masa de excedentes apropiadas por las primeras 500 firmas asciende a $127.150 millones. Por lo que la decisión de mantener la reducción de las contribuciones patronales supone contribuir desde el Estado y a costa de los sectores populares en un 27% a la apropiación del excedente por parte de las principales firmas del país. Toda una política de Estado en que están comprometidas las 2 variantes del BIPARTIDISMO local.

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Argentina: Sobre la discusión de un Sistema Penal Infantil

Jorge Torres (ACTA)

En la ocasión del curso de dirigentes sociales que organizó la CTA entre los años 2006 y 2007 en Río Cuarto, el profesor Edgardo Datri, que trabaja con la problemática de las cárceles en la Argentina dio una serie de datos que señalan la raíz del problema en cuestión.

Datri nos contaba que en la década del sesenta la edad promedio de los reclusos del conjunto de las cárceles era de 57 años, para la década del setenta era de 43 años, para la década del ochenta era de 33 años, para la década del noventa era de 25 años, y para la mitad del primer decenio de este siglo la edad promedio de los reclusos en cárceles argentinas era de 22,7 años. La edad de la delincuencia se ha trasladado desde la edad adulta hacia las puertas de la niñez.

De cada tres personas una es niña o niño, pero de cada dos pobres uno es niña o niño. Por otro lado, la mayor violencia que hay en la Argentina es la violencia simbólica, la manera fácil que se gana dinero con la timba financiera, con el escándalo, con la venalidad, con la coacción, con la corrupción, con la ostentación prepotente de la riqueza en los modelos artificiales del deber ser, banales y consumistas. A su vez, en la Justicia es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico vaya preso.

Bajar la edad de imputabilidad de las niñas y niños es institucionalizar la inmoralidad con que los adultos tratan a sus hijos. No es la solución de un problema, sino la supresión del resultado. No hay sustento bio-sico-social para penar a una criatura, nada más la impotencia ante un estado de cosas monstruoso.

Por cada chico de catorce años que se convierte en asesino, hay miles de niñas y niños que mueren en la pobreza, la droga, la prostitución, la explotación; todos ellos son víctimas tanto de la falta de políticas del Estado como de la falta de solidaridad y responsabilidad del conjunto de los ciudadanos. Cuando un chico mata suena una alarma en la sociedad, pero cuando miles de chicos comen de la basura la misma sociedad no acusa recibo.

Por temor individual y por conveniencia electoral, por estos días, se debate sobre la necesidad de un código penal juvenil, una denominación hipócrita, porque en realidad estamos hablando de niñas y niños, no de jóvenes, cualquier mayor de 18 años, es decir cualquier joven, es ya penalmente responsable como cualquier adulto, sabemos además que desde los 16 años también son responsables penalmente ante ciertos delitos. Entonces, para llamar las cosas por su nombre, lo que estamos discutiendo es sobre la necesidad de un Código Penal Infantil, una herramienta propia de la obscenidad de conciencia que como sociedad padecemos.

Ahora bien, para que haya imputabilidad debe haber en el culpado un mínimo de desarrollo de conciencia al respecto del delito que comete, ese desarrollo requiere, además de la evolución o maduración de la psique del individuo, el establecimiento social de un marco tal que promueva la conducta correcta, concretamente a través de las condiciones de vida mínimas para el buen obrar. Para los niños de los que estamos hablando no se dan ninguna de esas condiciones. No son imputables doblemente, en primera instancia porque nadie a los catorce años puede tener la necesaria madurez para ser consiente pleno de las consecuencias de sus actos, y en segundo lugar porque a los niños dejados de la mano de las buenas costumbres no se les ha dado una mínima oportunidad que los obligue.

En cuanto a la pena, como el menor daño social ante un peligro comprobado y permanente, en el mejor de los casos se propone como un período de privación de la libertad tal que, durante el mismo, el penado tenga acceso a la reflexión y reparación espiritual del daño en su fuero íntimo, a través de herramientas de crecimiento personal, como el estudio o el trabajo creativo. Un niño o niña lo que necesita para mejorar, para salir adelante, es afecto, atención y buen ejemplo, materializados en abrazos, alimentos y lecciones de vida alentadoras de parte de sus adultos inmediatos. No puede compararse el amor que necesita un niño con la pena que es el menor daño social, como dijimos.

Penar a un niño es propio de una sociedad de bárbaros. Pensar en regular, institucionalizar, legislar, normalizar, un sistema de penas para niñas y niños, es amoral, fuera de ordenamiento, desmorona todo el edificio filosófico sobre el que se pueda justificar una legislación.

Si en la base del contrato social no hay un mínimo de condiciones de sociabilidad, luego, no hay posibilidad normativa. No es un problema técnico legal la implementación de un Código Penal Infantil, tal debate es una inmoralidad desnuda.

Jorge Torres es Coordinador de la Constituyente Social, Río Cuarto, Córdoba.

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Parias

Claudia Rafael (APE)

Tampoco esta vez habría arbolito. Las navidades suelen ser las de los otros. Las que aparecen por la tele, en publicidades en rojo y blanco, con guirnaldas y serpentinas, cuando hay tele; las que se escuchan en la radio con villancicos que prometen esperanza y buena vida; las que asoman desde los negocios atestados de gentes que compran un pedacito de felicidad. Ese 24, el de 2010, el grupito de pibes asomó a la luz de la mañana, entre rejas y desnudeces, con la ilusión etérea de que para ellos por una vez sería distinto.

Pidieron lo que se pide cuando los sueños son cortitos y no hay alas para alcanzar paraísos que saben, por convicción e historia, que son ajenos. La crónica de ese 24 recién se terminó de escribir en estos días, cuando Casación hizo lugar a un habeas corpus que presentó la Procuraduría Penitenciaria. Tienen entre 18 y 21 años. Pertenecen al territorio eterno de los “ellos”, los que están del otro lado, lejos muy lejos del “nosotros” del sistema. Cuando se levantaron, 14 de los que estaban sancionados en el pabellón 7 del Módulo 5 del Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz, decidieron que no recibirían la comida. Que querían hablar con un jefe y negociar, por un ratito de esos que derraman espíritu navideño, la sanción. Simplemente querían que las 23 horas diarias de encierro quedaran en suspenso hasta el 26 y retomar ese día la pena. Sólo una hora menos cruenta. Apenas 60 minutos de cada día durante el último año. 23 horas en que todo es encierro. Y en donde la soledad sólo se mitiga de la mano de los tormentos que se les encienden cotidianamente, muchas veces con la presencia de médicos que alguna vez, hace tanto tiempo juraron “por Apolo el Médico y por Esculapio, Higeía, Panacea y por todos los dioses y diosas” trabajar “en beneficio de los enfermos y apartarlos del perjuicio y el terror…Pasaré mi vida –decía el juramento- y ejerceré mi arte en la inocencia y en la pureza”.Mientras los ecos del “no” de los guardianes del poder se les plantaban todavía rotundos ante sus pies, fueron desnudados y golpeados en el camino hasta las duchas. Después, lo de siempre. Una hora bajo el agua fría para borrar las marcas en el cuerpo. Y luego la inyección que los dormiría hasta la tarde del 25.Detrás de la crónica periodística, la historia ausente. Los 35 grados de térmica, puertas adentro del pabellón, abonados por la calefacción que les encienden los guardias en esos días. La cotidiana tortura de ahogar todo atisbo de sol y vida con 23 horas de encierro en celdas de olvidos y soledades de dos metros por uno cincuenta. El miedo eterno. La violencia que se abona y multiplica muros adentro. El cuerpo, la última geografía propia para los desposeídos, invadido por ese ejército de guardias, último bastión puertas adentro del sistema carcelario, del poder. Lejos, muy lejos, la constitucionalidad ausente.“Lo que más nos cuentan es el ‘verdugueo’ al que son sometidos, el trato militarizado de caminar con manos atrás, cabeza gacha”, relata Natalia Osorio, de Procuración. Y las sistemáticas prácticas de despojo porque ya no hay nada que pueda pertenecerles. Como aquella vez en que un plantel de las inferiores de Quilmes jugó al fútbol con los pibes detenidos en la Unidad 24 y les regaló las camisetas transpiradas, con olor a libertad y furia, con sabor a dioses paganos que se despueblan de encierro. La canchita de fútbol les dio esos minutos de des-encierro que el calabozo les quitaría en apenas una nada. Es que a los guardias también les gustaban las camisetas y, a los golpes, se las quitaron. “Son violentos”, dicen convencidos de que aplicarles una dosis redoblada de torturas será el remedio perfecto para aplacarlos. En la puesta en marcha de mecanismos perversos de “cura”, que son ley en cada acto, a contramano de los discursos de “resocialización” que se ofrecen oficialmente. Son la pieza perfecta que, una vez amasada cuidadosamente, con las dosis de violencia y perversidad necesarias, con los ingredientes exactos de tortura y castigo, serán soltados como fieras a la vida en libertad para que la sociedad grite horrorizada “hacen falta más cárceles”, “hay que crear más rejas”, “sólo la mano dura permitirá vivir con seguridad”.En la página web del Servicio Penitenciario Federal, en el ícono “Jóvenes adultos”, se lee que allí “el concepto de tratamiento es abordado como una suma de acciones tendientes a lograr un cambio positivo en el interno; por medio de la presencia y ofertas de posibilidades para superar conflictos y carencias. Así también, bajo un principio de arraigo constitucional, la presunción de inocencia; el procesado privado de su libertad tiene la posibilidad de participar en las actividades laborales, educativas, espirituales y terapéuticas compatibles con su situación legal”.A millones de kilómetros de su realidad, casi un centenar de hombres viven en las antípodas de ese modelo de encierro. También en el Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz pasan sus días en pabellones “vip”. Se llaman Alfredo Astiz, Christian Von Wernich, Miguel Etchecolatz, el Turco Julián, Walter Grosse, Jorge Antonio Bergés o Luis Abelardo Patti. Siguen hablando de “una guerra que continúa” y en los mismos días en que los pibes del módulo 5 ayunaban para reclamar un compás de espera en la sanción, ellos hacían huelga de hambre para reclamar derechos. Ellos, que pisotearon todos los derechos. Ellos, los hacedores de una historia que parió a esos pibes en el despojo y el abandono. Que los empujó a las calles sin techos ni utopías. Que les marcó a bastonazos que son y serán el afuera perpetuo. Que no tienen ni tendrán derechos porque son hijos de la expoliación y fueron concebidos como la casta de los dalits, en la India, tan parias que no merecen ser tocados. Tan bajos que ni siquiera son visibles para el resto.Son el último peldaño. Ese territorio que –decía Michel Foucault- “es el único lugar en el que el poder puede manifestarse de forma desnuda, en sus dimensiones más excesivas, y justificarse como poder moral”. En definitiva, esa geografía privilegiada en la que el poder no se oculta ni se enmascara, cínico poder a tiempo completo, que perpetúa el orden entre las sobras que va dejando la inequidad.Edición: 1945(APe).- Tampoco esta vez habría arbolito. Las navidades suelen ser las de los otros. Las que aparecen por la tele, en publicidades en rojo y blanco, con guirnaldas y serpentinas, cuando hay tele; las que se escuchan en la radio con villancicos que prometen esperanza y buena vida; las que asoman desde los negocios atestados de gentes que compran un pedacito de felicidad. Ese 24, el de 2010, el grupito de pibes asomó a la luz de la mañana, entre rejas y desnudeces, con la ilusión etérea de que para ellos por una vez sería distinto. Pidieron lo que se pide cuando los sueños son cortitos y no hay alas para alcanzar paraísos que saben, por convicción e historia, que son ajenos.

La crónica de ese 24 recién se terminó de escribir en estos días, cuando Casación hizo lugar a un habeas corpus que presentó la Procuraduría Penitenciaria. Tienen entre 18 y 21 años. Pertenecen al territorio eterno de los “ellos”, los que están del otro lado, lejos muy lejos del “nosotros” del sistema. Cuando se levantaron, 14 de los que estaban sancionados en el pabellón 7 del Módulo 5 del Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz, decidieron que no recibirían la comida. Que querían hablar con un jefe y negociar, por un ratito de esos que derraman espíritu navideño, la sanción. Simplemente querían que las 23 horas diarias de encierro quedaran en suspenso hasta el 26 y retomar ese día la pena. Sólo una hora menos cruenta. Apenas 60 minutos de cada día durante el último año. 23 horas en que todo es encierro. Y en donde la soledad sólo se mitiga de la mano de los tormentos que se les encienden cotidianamente, muchas veces con la presencia de médicos que alguna vez, hace tanto tiempo juraron “por Apolo el Médico y por Esculapio, Higeía, Panacea y por todos los dioses y diosas” trabajar “en beneficio de los enfermos y apartarlos del perjuicio y el terror…Pasaré mi vida –decía el juramento- y ejerceré mi arte en la inocencia y en la pureza”.

Mientras los ecos del “no” de los guardianes del poder se les plantaban todavía rotundos ante sus pies, fueron desnudados y golpeados en el camino hasta las duchas. Después, lo de siempre. Una hora bajo el agua fría para borrar las marcas en el cuerpo. Y luego la inyección que los dormiría hasta la tarde del 25.

Detrás de la crónica periodística, la historia ausente. Los 35 grados de térmica, puertas adentro del pabellón, abonados por la calefacción que les encienden los guardias en esos días. La cotidiana tortura de ahogar todo atisbo de sol y vida con 23 horas de encierro en celdas de olvidos y soledades de dos metros por uno cincuenta. El miedo eterno. La violencia que se abona y multiplica muros adentro. El cuerpo, la última geografía propia para los desposeídos, invadido por ese ejército de guardias, último bastión puertas adentro del sistema carcelario, del poder. Lejos, muy lejos, la constitucionalidad ausente.

“Lo que más nos cuentan es el ‘verdugueo’ al que son sometidos, el trato militarizado de caminar con manos atrás, cabeza gacha”, relata Natalia Osorio, de Procuración. Y las sistemáticas prácticas de despojo porque ya no hay nada que pueda pertenecerles. Como aquella vez en que un plantel de las inferiores de Quilmes jugó al fútbol con los pibes detenidos en la Unidad 24 y les regaló las camisetas transpiradas, con olor a libertad y furia, con sabor a dioses paganos que se despueblan de encierro. La canchita de fútbol les dio esos minutos de des-encierro que el calabozo les quitaría en apenas una nada. Es que a los guardias también les gustaban las camisetas y, a los golpes, se las quitaron.

“Son violentos”, dicen convencidos de que aplicarles una dosis redoblada de torturas será el remedio perfecto para aplacarlos. En la puesta en marcha de mecanismos perversos de “cura”, que son ley en cada acto, a contramano de los discursos de “resocialización” que se ofrecen oficialmente. Son la pieza perfecta que, una vez amasada cuidadosamente, con las dosis de violencia y perversidad necesarias, con los ingredientes exactos de tortura y castigo, serán soltados como fieras a la vida en libertad para que la sociedad grite horrorizada “hacen falta más cárceles”, “hay que crear más rejas”, “sólo la mano dura permitirá vivir con seguridad”.

En la página web del Servicio Penitenciario Federal, en el ícono “Jóvenes adultos”, se lee que allí “el concepto de tratamiento es abordado como una suma de acciones tendientes a lograr un cambio positivo en el interno; por medio de la presencia y ofertas de posibilidades para superar conflictos y carencias. Así también, bajo un principio de arraigo constitucional, la presunción de inocencia; el procesado privado de su libertad tiene la posibilidad de participar en las actividades laborales, educativas, espirituales y terapéuticas compatibles con su situación legal”.

A millones de kilómetros de su realidad, casi un centenar de hombres viven en las antípodas de ese modelo de encierro. También en el Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz pasan sus días en pabellones “vip”. Se llaman Alfredo Astiz, Christian Von Wernich, Miguel Etchecolatz, el Turco Julián, Walter Grosse, Jorge Antonio Bergés o Luis Abelardo Patti. Siguen hablando de “una guerra que continúa” y en los mismos días en que los pibes del módulo 5 ayunaban para reclamar un compás de espera en la sanción, ellos hacían huelga de hambre para reclamar derechos. Ellos, que pisotearon todos los derechos. Ellos, los hacedores de una historia que parió a esos pibes en el despojo y el abandono. Que los empujó a las calles sin techos ni utopías. Que les marcó a bastonazos que son y serán el afuera perpetuo. Que no tienen ni tendrán derechos porque son hijos de la expoliación y fueron concebidos como la casta de los dalits, en la India, tan parias que no merecen ser tocados. Tan bajos que ni siquiera son visibles para el resto.

Son el último peldaño. Ese territorio que -decía Michel Foucault- “es el único lugar en el que el poder puede manifestarse de forma desnuda, en sus dimensiones más excesivas, y justificarse como poder moral”. En definitiva, esa geografía privilegiada en la que el poder no se oculta ni se enmascara, cínico poder a tiempo completo, que perpetúa el orden entre las sobras que va dejando la inequidad.

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Argentina, Entre Ríos: Ningún gurí nace ladrón

ACTA

Bajo el lema "Imputabilidad: un paso atrás para los derechos humanos. Lo que hay que cambiar es el modelo", la CTA Paraná emitió un documento fijando su posición contraria a la baja en la edad de imputabilidad de los menores.

A continuación, el texto de la declaración firmada por Ricardo Sánchez y Mauricio Castaldo, secretario general y de Derechos Humanos de la Central de Trabajadores de la Argentina de Paraná:

"Creemos que es muy importante, en este momento, marcar nuestra posición política con respecto al debate que se está dando sobre la baja a la edad de imputabilidad. En primer lugar, no acordamos y lamentamos las afirmaciones de la Presidenta de la República, quién entiende -por un lado- que «parece lógico reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años», y por el otro, que «de todas maneras la baja de edad no resuelve nada» y que «se necesitan buenas instituciones policiales, judiciales y educativas».

Lamentamos que, quienes dicen ser parte de un pensamiento nacional y popular abandonen tan abruptamente aquella consigna histórica expresada por el propio Juan D. Perón y la abanderada de los humildes Evita, quienes supieron firmar y proponer que en Argentina los únicos privilegiados debían ser los niños.

La lógica que la presidenta expresa, junto a buena parte del arco político argentino, es la lógica conservadora de las políticas neoliberales, que tanto han castigado a nuestro pueblo. Es la lógica perversa que se expresa, de una parte, por no intentar modificar las estructuras profundas de un poder económico y social concentrado y excluyente, y por el otro, profundizar el castigo, el disciplinamiento social y la represión a quienes son parte de las consecuencias del propio modelo económico y político injusto, marginador, empobrecedor, excluyente y corrompido de tal manera en buena parte de sus instituciones que cierra fuertemente la salida a la descomposición social.

Y no entendemos entonces, si la baja de edad no soluciona nada -cuestión que nosotros también afirmamos, pero con otros fundamentos-, para qué la presidenta habla de la «lógica de bajarla». Necesitamos un debate político, social y de Estado más serio, más coherente y más profundo. Lo mismo cuando discutimos sobre mejores instituciones: ya es tiempo de que el gobierno argentino deje de comentar la realidad y piense democráticamente políticas para transformarla.

No coincidimos también con algunas voces supuestamente opositoras que, en el fondo, expresan la misma lógica política excluyente y conservadora. Tal el caso de aquellas y aquellos que irresponsable y retorcidamente dicen que «si los menores fueran a juicio dirían para quién roban y caerían políticos». El sistema político, la justicia y la sociedad deberían usar y/o construir las herramientas y las luchas necesarias para generar derechos y justicia, sin encerrar cobardemente a los menores de edad, marcándolos como chivos expiatorios.

Disentimos con la Presidenta y con los dirigentes que piensan como ella o parecido a ella, en pensar que el Régimen Penal Juvenil y la baja de la edad de imputabilidad son «una adecuación a los tiempos». En realidad, son una adecuación al pasado, son una lamentable continuidad de la lógica ideológica dominante de los 90, y un paso atrás para los derechos humanos en Argentina.

Lamentamos profundamente que, desde los asesinatos políticos a Mariano Ferreyra, Roberto López y Sixto Gómez (en Formosa) y la represión a los sin techo y sin tierra que peleaban por un poco de dignidad en el Parque Indoamericano, el debate político y mediático argentino se ha derechizado tanto que ya nadie habla, ni puede decir, ni pedir -desde los sectores oficialistas- que «no se le haga el juego a la derecha».

Nos preocupa y nos alarma también que buena parte de la sociedad argentina caiga en esta lógica política simplista y excluyente, y que ya haya bajado de hecho la edad de imputabilidad. Toda la sociedad debe superar la estrechez de las simplificaciones y las generalizaciones, que sólo tienen por consecuencia el incremento de los dramas sociales, de la injusticia y de la complicidad cobarde con políticas opresivas -ahora contra los menores- que sólo llevan al desarrollo del círculo vicioso de la desigualdad, la supervivencia como se pueda, y la frustración.

El pueblo debe pensar y luchar por sus propias prioridades y no por las que se intentan imponer desde el poder. Una sociedad cobarde se agrede a sí misma, una sociedad lúcida y valiente lucha unida por un horizonte mejor.

Para nosotros, el hambre es un crimen y ningún pibe nace chorro, ningún gurí nace ladrón. La CTA propone hoy pensar otras prioridades urgentes, para empezar a generar justicia distributiva real, tales como la verdadera universalización de la asignación por hijo, y un seguro de empleo y formación, entre otras cosas.

En Túnez, en Egipto, como en Bolivia, Venezuela, y como en muchos lugares de Nuestra América y del mundo, los pueblos no le echaron la culpa a los jóvenes de los problemas políticos y sociales, si no que salieron juntos a pelear por un futuro distinto, con libertad, dignidad y justicia.

En Argentina, necesitamos cambiar el modelo político y económico, y no profundizar el actual. La educación de los jóvenes es fundamental, pero ella sola no basta: necesitamos generar una serie de transformaciones estructurales, políticas, económicas, sociales y culturales, dónde la devolución de recursos y de poderes a las provincias y la propia superación del concepto subordinado de provincia, sea uno de los ejes y una de las claves de reconstrucción de la soberanía particular de los pueblos y de un federalismo auténtico con justicia económica y social. Necesitamos generar desde abajo, desde la recomposición de fuerzas del campo popular, desde la acción directa autónoma, y desde la movilización social solidaria, un verdadero proceso de revolución democrática y social liberadora".

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Argentina: El horror de la última dictadura. Aseguran que está probado que desde El Palomar partían los ‘vuelos de la muerte’

TELAM - PRIMERA FUENTE

El fiscal federal Federico Delgado tiene “probado” que desde la base aérea de Palomar partían “vuelos de la muerte” desde los cuales se arrojaban prisioneros a las aguas durante la última dictadura militar y le pidió al juez Daniel Rafecas que así lo declare en un pronunciamiento judicial.

El fiscal federal Federico Delgado tiene "probado" que desde la base aérea de Palomar partían "vuelos de la muerte" desde los cuales se arrojaban prisioneros a las aguas durante la última dictadura militar y le pidió al juez Daniel Rafecas que así lo declare en un pronunciamiento judicial.

Mediante un dictamen de más de cuarenta carillas, al que Télam tuvo acceso y que incluye anexos con datos, listados y hasta una maqueta, Delgado sostuvo que en el predio comprendido entre las calles Benjamín Matienzo, Capitán Rosales, Derqui José Rodó, el arroyo Morón y las vías del ferrocarril San Martín, operaba "el grupo de tareas denominado `G 100´ que materializaba la represión ilegal".

Tras analizar el resultado de una paciente investigación de más de un año y medio, el fiscal solicitó "formalmente" al juez Rafecas que "declare judicialmente probado la existencia de los denominados `vuelos de la muerte´ en la Primera Brigada Aérea de Palomar y que disponga las diligencias que considere necesarias para someter esta investigación parcial y sus conclusiones al escrutinio de la sociedad civil".

Delgado sostuvo que en esa base aérea "los ciudadanos de 18 años eran convocados al servicio militar obligatorio y eran cuidadosamente separados de la sangrienta represión que se estaba llevando a cabo. En ese sitio despegaban aviones en vuelos regulares´ y de losotros´. Algunos aviones partían hacia la Antártida. Otros llevaban por el país a planteles de fútbol que competían en el mundial de 1978".

"Así como había personas privadas ilegalmente de la libertad, otras disfrutaban de las piletas, de las canchas de tenis e incluso de un frontón en el que otras personas esperaban ser `trasladadas´ en un avión con el preciso significado que esa palabra tenía en el plan criminal probado: la muerte", explicó el representante del ministerio público.

En esa base aérea "convivió" un aspecto "legal del Estado con una fase criminal. Allí donde algunos conscriptos cumplían con el servicio militar, también habitaba el temido grupo de tareas G 100´ que regenteaba la geográficamente cercanaMansión Seré´".

Donde esos mismos jóvenes pasaban sus días, había personas que ingresaban a lo que se denominó la "casita de la muerte, otros eran torturados".

Precisamente los testimonios de más de seis centenares de ex "conscriptos" que realizaron el servicio militar en esa base durante la última dictadura fueron el andamiaje en el que se basó la investigación ya que ellos advertían sobre la existencia de "vuelos" aunque ninguno pudo dar precisiones sobre tripulantes de esos aviones o víctimas que hubieren sido arrojadas a las aguas.

Ello impidió a la fiscalía efectuar imputación concreta contra ningún jefe militar ante "la imposibilidad práctica de la investigación para llegar a hechos claros y distintos pasibles de ser contrastados con la ley penal" lo que "devela un difuso resultado cuya carga moral es demasiado compleja para adjudicarla en términos unilaterales a responsables a título individual".

Los testimonios son "menciones que carecen de la entidad necesaria como para construir una imputación, siquiera con el escaso grado de sospecha" que exigen las normas legales "al menos por ahora y carecen de esa mínima certeza porque se trata de nombres derivados de la memoria de los testigos que, a su vez, remiten a versiones que se oían en la época de los hechos y que, para colmo de males, no tienen ningún tipo de referencia espacio temporal y tampoco de alguna víctima", añadió Delgado.

"Concretamente se podrían resumir en la siguiente fórmula: `se decía que fulano era parte de los vuelos de la muerte´. Esas afirmaciones y otras similares se repiten en muchos casos. Por ejemplo, sobre la existencia de presos ilegales y vuelos de exterminio", afirmó el fiscal en su extenso dictamen.

"Dicho de otro modo, adjudicar responsabilidades de ese tipo constituiría una simplificación excesiva y carente del consenso necesario para que tenga sentido la inculpación para la comunidad en la que coexistimos", afirmó Delgado, y no ocultó su decepción ante el "fracaso" de la investigación en cuanto a la falta de imputados.

Este tramo del expediente que Rafecas lleva adelante en el marco de la "megacausa" por los delitos de lesa humanidad cometidos en la órbita del Primer Cuerpo del Ejército, se basa en una denuncia de Lorena Carla Pacino, quien refirió que su padre Carlos Pacino fue visto por última vez en el "Olimpo" antes de subir a un camión que lo condujo a la Primera Brigada Aérea de Palomar y cuyo cuerpo luego "fue hallado en la costa atlántica".

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Argentina, Chaco: Advierten que recrudece la violencia policial. Denuncian aplicación del “submarino seco” en una comisaría

CHACO DIA POR DIA

Así lo afirmó el coordinador del Centro Mandela, Rolando Núñez, en declaraciones a RADIO CIUDAD. Advirtió sobre el incremento de la violencia en las comisarías y en los procedimientos por parte de la Policía del Chaco.

El Centro de Estudios e Investigación Social “Nelson Mandela” denunció un recrudecimiento de la violencia policial en la provincia del Chaco a partir de dos nuevos sucesos producidos durante el último fin de semana. En la Brigada de Investigaciones se habrían aplicado tormentos similares a los utilizados durante la última dictadura militar y en un procedimiento realizado en una vivienda -sin orden de allanamiento- se destrozaron bienes, se golpeó a los ocupantes y se efectuaron disparos de Itaka.

“La situación recrudece notablemente porque en el curso de los últimos meses habíamos visto que se había atenuado la violencia policial en los lugares de detención y en los procedimientos. Pero recrudece notablemente en el curso de los últimos días y este fin de semana fue el punto máximo que hemos encontrado”, señaló el coordinador del Centro Mandela, Rolando Núñez, en diálogo con Radio Ciudad. Y remarcó que los casos de mayor resonancia ocurridos en las comisarías de Fontana y la Séptima de Resistencia durante 2010 no fueron excepciones sino que se repiten en forma sistemática en el resto de las comisarías.

El abogado consideró que el recrudecimiento de la violencia policial se debe a múltiples causas aunque apuntó principalmente a la falta de conducción de la institución, a problemas en la cadena de mando y de trabajo en terreno y a la falta de experiencia de muchos de los jóvenes recién egresados de la escuela de policía. Además, volvió a apuntar al Grupo Especial Motorizado (GEMO) como uno de los “bolsones” de violencia dentro de la Policía del Chaco y mencionó como paradigma al cabo Hugo Olivello, quién se sigue desempeñando en la fuerza y al que calificó como “pro violento” y que no se encuentra en condiciones de seguir prestando servicio. Olivello fue quién detuvo en forma absolutamente arbitraria al reportero gráfico de El Diario de la Región, Gustavo Torres, cuando se encontraba cumpliendo con su función laboral.

La responsabilidad política

Núñez señaló la “responsabilidad política del actual gobierno” y aseguró que “se debe analizar a fondo el desempeño de los jefes de policía y unidad por unidad” debido a la intensificación de la violencia que durante este fin de semana tuvo su pico máximo cuando a un joven detenido en la zona de la vieja terminal de ómnibus se le aplicaron métodos de tortura utilizados durante la última dictadura militar como el “submarino seco”, sumado a descargas eléctricas, golpes en los talones y castigos en el rostro.

La madre del joven realizó la denuncia ante la justicia penal y también ante el Organo de Control Interno de la Policía del Chaco (OCI) para que se investiguen los vejámenes cometidos, aunque el abogado cuestionó el funcionamiento de ambos. En el caso del OCI, consideró que “ese organismo no sirve para nada, lamentablemente. Ese tipo de controles no sirve”. Con respecto a la justicia penal, advirtió que “es bastante defectuosa y en general no investiga a fondo los apremios ilegales, las torturas y los tormentos porque hay una especie de impunidad en marcha en este tema”.

“Está trabajando mal gran parte del personal policial, ante la crisis de conducción que tienen, los problemas de cadena de mando, los bajos salarios, las condiciones inapropiadas de trabajo y otros factores que actúan en el presente, hace que cada policía es su propio jefe de policía, y actúa sin ningún tipo de control de los niveles jerárquicos”, subrayó el coordinador del Centro Mandela.

Obstrucción a la defensa de los derechos humanos

Por otro lado, Núñez denunció que en la Comisaría Cuarta de Resistencia se impidió a uno de sus colaboradores tomar imágenes de las personas detenidas “que mostraban señales claras de lesiones y de haber sido sometidas a castigo”. “Hay una clara obstrucción a la defensa de los derechos humanos, a la tarea específica del abogado y nosotros como auxiliares de la justicia estamos en condiciones de recoger pruebas que hagan a la comprobación de un delito de acción pública como es someter a castigo a los presos que están detenidos en una unidad policial”, advirtió.

Al respecto, el abogado reflexionó que “nos estamos encontrando con una serie de dificultades propias de las épocas en que la institución policial está fuera del control institucional y político por parte del gobierno de turno”.

“Suponemos que el gobierno va a convocar a los jefes de policía para que rindan cuentas de estas cuestiones y de otras que señalan un mal funcionamiento de la institución policial que auspicia y potencia el alto grado de inseguridad pública que sienten los vecinos”, concluyó Núñez.

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Argentina: Investigan vinculaciones con red de trata en prostíbulo correntino

MOMARANDU

La organización civil Red Infancia Robada sospecha vinculaciones de un prostíbulo en el barrio San Benito, advertido a raíz de la desaparición de la joven Oriana Caballero, con negociadores de jóvenes y menores para ofertas sexuales. Presumen connivencia con la policía.

El abogado de la ONG que hace poco logró al recuperación del niño Damián Silva Hermino González, dijo que el caso de Oriana sigue tal cual lo denunció hace una semana.

Ni el ministerio público, ni el servicio de inteligencia de la policía provincial, no juez alguno más que la de Menores que recibió la advertencia de la desaparición de Oriana, se han interesado por el caso, señala.

La situación ha llevado a la organización que encabeza la ex candidata al Nobel de la Paz, Martha Pelloni, a operar en el interior correntino y la capital como una "fiscalía civil" que investiga por su cuenta casos de desapariciones no abordados por la fuerza pública.

Las primeras averiguaciones revelaron la existencia de vinculaciones sobre el caso de Oriana y un prostíbulo ubicado en el Barrio San Benito. El propietario de ese sitio desaparecía el mismo día que la joven.

Mientas la policía de la provincia se mantiene en reserva, la organización ha logrado saber que el propietario del prostíbulo es el mismo que el de una verdulería en el que trabajaba Oriana.

"Tenemos la seguridad de que en el prostíbulo trabajaban menores, o trabajan. Y nos resulta ampliamente sospechoso que la policía permitiera su desarrollo porque al parecer esto era sabido por la gente de ese lugar", dijo González.

- ¿Qué supone la presencia de este prostíbulo en ese barrio? - Desidia, connivencia, por permitir la existencia de ese prostíbulo frente a todo el mundo, y luego precariedad y promiscuidad: proxenetismo. Quienes regentean son hombres, que seguramente cuentan con protección.

Oriana está desaparecida desde el 20 de enero pasado cuando a las 18 hs. fue vista por última en ese comercio de frutas y verduras. El único sospechoso responde al nombre Jorge Rondoni.

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Argentina, Tucumán: Baldazo judicial a legisladores

TUCUMAN NOTICIAS

La Justicia determinó que pese a que un diputado provincial goce de inmunidad parlamentaria, puede ser investigado por un supuesto delito siempre y cuando no se coarte su libertad. De esta manera, se rechazó la nulidad y se dio vía libre para que se prosiga con la investigación.

La Cámara Federal confirmó que un legislador puede ser investigado por la Justicia pese a tener fueros parlamentarios vigentes, al desestimar un planteo de nulidad presentado por una diputada provincial de Tucumán para que se deje sin efecto una investigación en su contra por un presunto hecho criminal.

Se trata del caso de la diputada provincial de Tucumán Olijella Del Valle Rivas, quien intentó dejar sin efecto la investigación en su contra aduciendo que goza de fueros parlamentarios puesto que tiene mandato vigente hasta el 28 de octubre próximo.

Luego que el juzgado federal Nº 5 denegara el recurso de la defensa, la misma apeló ante la Cámara argumentando que el magistrado no solicitó el desafuero de la diputada, “a los fines de legitimarla pasivamente”.

“Resulta significativo señalar que en múltiples precedentes, la Corte Suprema de Justicia ha sostenido, en base a la doctrina originada en el artículo 31 de nuestra Carta Magna, la evidente supremacía de la Constitución Nacional sobre las constituciones y leyes provinciales”, señalaron los camaristas de la Sala II en el fallo.

Esa norma prevé que la “Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación; y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella, no obstante cualquiera disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales, salvo para la provincia de Buenos Aires, los tratados ratificados después del Pacto de 11 de noviembre de 1859”.

Además, los jueces aclararon que ello no tiene “por finalidad la protección de un miembro parlamentario para su propio beneficio, sino que están destinadas a garantizar la independencia funcional y jerarquía de las cámaras legislativas como órgano, para así habilitar a los representantes del pueblo a cumplir funciones sin temor a acciones civiles”.

Sin embargo, al analizar los privilegios previstos en los artículos 69 “inmunidad de arresto” y 70 “desafuero” de la Constitución Nacional, los camaristas advirtieron que “tales prerrogativas no impiden que se promuevan acciones criminales que no tengan origen en sus opiniones como legisladores, ni que se les adelanten los procedimientos de los respectivos juicios, mientras no se afecte su libertad personal, o sea, mientras no se dicte orden de arresto o prisión, ya sea ésta preventiva o de carácter definitivo”.

“Para que los amparos parlamentarios en cuestión se lesionen, es requisito esencial la circunstancia de que en el proceso se produzca algún acto que concretamente coarte la libertad personal del legislador de manera que obstaculice sus funciones específicas”, concluyó el Tribunal.

En la actualidad, claro ejemplo de ello es el caso del actual senador y ex presidente Carlos Menem, quien está siendo juzgado por el contrabando ilegal de armas a Croacia y Ecuador, y recién se pedirá el desafuero en caso de recaer condena.

Por último, las normas que benefician a los legisladores “no se oponen en modo alguno a la iniciación de acciones penales o que se adelanten los procedimientos del juicio mientras no se afecte su libertad personal a través de alguna medida que así lo disponga. Nada impide que los jueces competentes instruyan sumario para averiguar la verdad de un eventual hecho criminal acaecido en su jurisdicción y que se le impute a un miembro del Congreso, mientras que éste no se vea imposibilitado de realizar su tarea parlamentaria”, dijo la Cámara.

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Argentina, Tucumán: Decidirán dónde y hasta cuándo Bussi deberá cumplir la prisión perpetua

PRIMERA FUENTE

Los jueces del Tribunal Oral Federal de Tucumán tendrán que definir este mes cuántos años de prisión perpetua tendrá que cumplir el represor Antonio Domingo Bussi por la desaparición y homicidio del ex senador provincial Guillermo Vargas Aignasse. Para el cómputo se tendrá en cuenta el primer día de detención por este hecho, que se remonta al 15 de octubre de 2003. El Tribunal Oral también deberá decidir dónde cumplirá la pena: en el country de Yerba Buena, en un predio militar o en la cárcel de Villa Urquiza.

Una vez que tengan en sus manos el abultado expediente sobre la causa Vargas Aignasse que debe ser girado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los jueces del Tribunal Oral Federal de Tucumán se abocarán a resolver dos cuestiones clave para el futuro del represor Antonio Domingo Bussi: cuántos años incluirá la prisión perpetua en su contra y dónde deberá cumplirla.

Para el cómputo de la pena se tendrá en cuenta el primer día de detención del ex gobernador de facto, hecho que ocurrió el 15 de octubre de 2003. Ese día, en medio de un revuelo mediático y político desatado en la provincia, el entonces juez federal Jorge Parache le tomó la primera declaración indagatoria por la causa Vargas Aignasse y tras varias horas decidió ordenar su detención.

Luego vino el procesamiento y cinco años más tarde el histórico juicio oral y público, que finalizó el 28 de agosto de 2008, con la condena a prisión perpetua a Bussi y el ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, por la desaparición y homicidio del ex senador provincial Guillermo Vargas Aignasse.

Pero recién en los últimos días del año pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó un planteo de las defensas de ambos represores en contra del fallo condenatorio, con lo cual técnicamente quedó firme la sentencia.

Con esta decisión del Máximo Tribunal de la Nación, los jueces Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Luis López (juez santiagueño en reemplazo de Josefina Curi) tienen luz verde para resolver también sobre la modalidad del cumplimiento de la pena, un tema pendiente desde el día de la sentencia, cuando los familiares y organismos de derechos humanos reclamaron en vano que sean llevados a una celda del penal de Villa Urquiza.

Ahora, los magistrados deben decidir en el marco de la Ley 24.660 (de ejecución de la pena privativa de libertad) si mantienen el arresto domiciliario que hoy cumple Bussi en un country de Yerba Buena o es enviado a una cárcel común. Una tercera alternativa, es la Unidad Penitenciaria Federal de Campo de Mayo, donde además de la cárcel hay un hospital militar. Igual análisis deberá realizarse para Menéndez.

En el caso del cómputo de la pena, se especula que oscilará entre los 20 y 35 años, en ambos casos se superan las expectativas de vida de los octogenarios represores.

Se trata de la primera sentencia contra militares de alto rango que quedó firme a nivel país, en el marco de las múltiples causas por delitos de lesa humanidad reactivadas en Tribunales Federales.

Fuente foto: PRIMERA FUENTE

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