jueves, 3 de marzo de 2011

Medio Oriente: La cultura y la política

Jorge Gómez Barata (especial para ARGENPRESS.info)

De todas las manifestaciones de la creación humana, la cultura política es la que con más dificultades se abre paso; entre otras cosas por su relación con el poder, con la oposición y su vínculo con las reformas y las revoluciones. La cultura política es la base de la participación y ésta de la democracia.

En América Latina hubo épocas en que las vanguardias eran reprimidas por leer el Contrato Social de Juan Jacobo Rousseau, como luego lo fueron por estudiar el Manifiesto Comunista de Carlos Marx.

Entre 1559 y 1966 la Iglesia católica publicó el Índice de libros prohibidos; los nazis quemaron textos de Einstein, Freud y Stephan Zwig; durante el Macartismo, en Estados Unidos se persiguió la militancia y el pensamiento y durante la desestalinización, en las bóvedas de la KGB se encontraron cientos de manuscritos que nunca llegaron a publicarse. Los cristianos, los liberales y los comunistas han muerto durante siglos por sus ideas. Todavía hoy, en muchos lugares la intolerancia ideológica se expresa de diversas maneras.

Las ideas no son productos naturales, sino creaciones humanas, frutos de talentos capaces de penetrar las esencias de diversos campos de la realidad, producir generalizaciones y anticipar procesos que escapan a la comprensión de la gente común. Ellos son los sabios, los científicos y los ideólogos. Muchos eventos políticos forman parte de los momentos estelares de la humanidad y las doctrinas humanistas son un patrimonio común de la especie.

Las ideas, especialmente las ideas políticas, filosóficas, morales, éticas y estéticas, son como una sustancia aglutinante, una especie de cemento que penetra las estructuras sociales y las suelda, en ocasiones hasta hacerlas invulnerables. Mientras más personas comparten las mismas ideas más indestructibles es la cohesión social. Todo proyecto político es necesariamente una obra colectiva y las metas compartidas hacen exitosos a los pueblos y a las generaciones.

A diferencia de lo que a veces se supone, las ideas políticas, éticas, estéticas, morales y religiosas no son muchas ni exageradamente diversas; nadie tiene necesidad de imponer un pensamiento único porque eso ya existe. Las grandes doctrinas humanistas, los sistemas teológicos, los conceptos acerca del bien y el mal, los patrones estéticos e incluso los preceptos jurídicos, son en realidad unos pocos principios compartidos por miles de millones de personas. En esa unanimidad radica su fuerza y su influencia como elementos reguladores de la conducta. En la medida en que una misma idea es asumida por más personas, la cohesión social es mayor.

Según se afirma cerca del 90 por ciento de todos los seres humanos cree en la existencia de Dios y alrededor del 80 por ciento, de algún modo, práctica algunas de las tres grandes religiones. Resulta obvio que la inmensa mayoría de las personas políticamente activas, estén o no conscientes de ello, comparten los preceptos liberales; incluso cuando en términos partidistas, sobre todo en relación con el poder, y con su ejercicio y otros grandes temas adopten posiciones diversas.

No hace falta demostrar que la mayoría de las personas cree en la democracia y comparte las fórmulas que hacen legítimo al poder que, en todas partes, se relacionan con el gobierno conforme a Derecho, basado en constituciones y leyes escritas, en la celebración de elecciones periódicas y en el ejercicio universal del sufragio.

Como mismo ocurre con la religión, la moral, la ética y la estética, en términos políticos la diversidad radica en el modo en que los individuos asumen esos ideales, en la manera en que imperan en las diferentes sociedades y en el grado de satisfacción que las mayorías sienten por las condiciones creadas para ejercerlos.

El debate acerca de las formas de gobierno, las atribuciones del Estado, el carácter de las instituciones de cada país y el modo como en cada lugar funcionan los sistemas políticos, es tan legítimo como lo es la unanimidad existente en el repudio a la arbitrariedad y la ilegitimidad con que en algunos lugares ha sido y es ejercido el poder.

Es imposible pretender que los países árabes soportaran para siempre vivir en lugares donde en 2000 años nunca se ha celebrado una elección, en 20 siglos no se ha elegido un solo gobernante y jamás las personas han tomado parte en las decisiones que afectan su vida y su destino. Es también irracional pretender que pueblos ilustrados aceptaran eternamente ser conducidos por castas de clérigos, camarillas oligárquicas y familias privilegiadas que se definen a sí mismas como elegidos por la Providencia.

El hecho de que en el Medio Oriente y en el llamado espacio islámico, con la excepción de Turquía, no exista una sola democracia ni un solo gobierno legitimado por prácticas estándar debería ser suficiente para explicar las rebeliones que sacuden a esos países donde además, las desigualdades son ofensivas, la pobreza afecta a grandes masas y donde la ignorancia y el oscurantismo son herramientas del despotismo y el autoritarismo en sus formas más grotescas y humillantes.

En el Medio Oriente, junto a la protesta contra la opresión, las desigualdades y la lucha contra la pobreza; tiene lugar también una batalla de ideas, un movimiento en defensa de valores culturales universales, una apuesta por el progreso y un proceso que enriquecerá la cultura política de la humanidad.

El enigma no es tanto aquello que la juventud y los pueblos árabes quieren, sino las oportunidades que tendrán para lograrlo sin que otra vez el occidente cristianos como en tiempos de las Cruzadas o el oriente islámico como en los siglos de la dominación otomana los extranjeros se entrometan.

Los árabes y los pueblos islámicos que hoy luchan desde Islamabad a Marruecos y de Tánger a Somalia, no necesitan que se les envíe armas, no requieren tropas extranjeras, no precisan liberadores ni falsos profetas y ninguno ha pedido asistencia ni consejo.

Si acaso quisieran ayudar; Estados Unidos y la OTAN debieran enfundar sus cañones y abstenerse de intervenir. Sobre todas las cosas, los árabes necesitan un chance.

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Honduras: Gloria y Delmer o el arte político cómo fundir una columna política social

Dick Emanuelsson - Mirian Huezo Emanuelsson (especial para ARGENPRESS.info)

En la Resistencia hondureña se aglutinan más de 300 organizaciones sociales, políticas, gremiales y una diversidad de pueblos originarios.

Ella es una verdadera veterana política que inició la lucha política hace 30 años en el Partido Liberal. Fue Secretaria General, coronando la “carrera” como presidenta del Parlamento Centroamericano, PARLACEN.

Él es un artista y trabajador cultural del pequeño municipio Trinidad en el hermoso departamento de Santa Bárbara, caracterizado por la agricultura y la ganadería, un verdadero bastión de liberalismo pero que ahora es dominado totalmente por la Resistencia.

¿Qué lo que unen dos hondureños con diferentes pasados y hojas de vidas?

Pues, el anhelo de cambiar uno de los países más injustos, clasistas y corruptos que un grupúsculo de oligarcas ha manejado desde la independencia como si fuera su propia finca.

¿Que instrumento o herramienta quieren o necesitan para transformar Honduras?

El Frente Nacional de Resistencia Popular, dicen los dos, sin vacilar un segundo.

De la fila liberal a la resistencia popular

Gloria Oqueli cumplió 50 años hace poco y le felicitamos cuando iniciamos la entrevista, faltando unas horas para clausurar la primera sesión de la asamblea el sábado 26 de febrero. Acaba de terminar un acalorado debate sobre participar Si o No en las elecciones, que, por lo menos por el momento, no obtuvo una mayoría aunque 14 departamentos de los 19 no descartan la posibilidad si las circunstancias cambiaran.

Dirige el programa radial “Encuentro Progresista ProConstituyente” del lunes a viernes entre 7-8 rn la noche. A principio era el programa de Liberales en Resistencia pero con el tiempo y el mismo proceso político, fue cambiándose el nombre y contenido, subrayando la tarea de conquistar la Constituyente. También maduró el hecho que los liberales de la base habían dejado atrás la estructura del Partido Liberal, cuya cúpula prácticamente fue el motor y el aval del golpe de estado militar, metiendo brutalmente una puñalada en la espalda de su propio líder, el derrocado presidente Manuel Zelaya Rosales que llevaba la misma cantidad de años en el Partido Liberal como Gloria.

Para cualquier ser humano que lleva tanto tiempo en una organización, es doloroso despertar un día y darse cuenta que no es la misma organización como ayer, que tengo tres alternativas; me quedo violando mis principios politicos, me retiro y me quedo pasivo o sigo insistiendo en las ideas progresistas por lo cual entré una vez en aquel partido cuya cúpula traicionó, no solamente a mi, sino a todo un pueblo.

– Cuando se dio el golpe de estado, siendo leal y fiel a mis principios, fui la primera en decir, que “no puedo caminar por las calles de Tegucigalpa, por que cuando me van a preguntar mis hijos y futuros nietos; Madre, Abuela, ¿que hiciste al frente del golpe de estado”?

– Muchos (liberales) se han quedado callados, esperando que pasa. Otros simplemente se fueron en favor al golpe de estado, buscando las formas para justificar. Pero yo no quise, siendo presidenta del Parlamento Centroamericano, teniendo una posición, dice Gloria con firmeza.

Así funciona la democracia popular

Delmer López Moreno es dirigente departamental de la Resistencia y tiene el cargo para desarrollar la Cultura y Arte en el departamento de Santa Bárbara.

Dice que la Resistencia es fuerte y que tiene la simpatía política de la gran mayoría de los habitantes en el departamento por un cambio fundamental de Honduras. Por eso fueron muy exitosos en la recaudación de firmas para la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Llegaron a ser casi 1,4 millones los hondureños que pusieron sus firmas para reforzar el reclamo popular para una Constituyente.

Mientras entrevistamos a Delmer, los casi 30 delegados de los 17 municipios de Santa Bárbara están debatiendo la propuesta de integrantes departamentales para la Dirección Nacional del Frente que se van a elegir en dentro de una hora. Esta vez, con los 1500 delegados; propietarios y suplentes, es importante que la mitad sean mujeres, dice Delmer, un hecho casi imaginable hace poco en este país en donde el machismo, las botas y el sombrero de vaquero es símbolo de HOMBRE de “H” mayúsculo.

Pero el cambio es brusco después del golpe de estado el 28 de junio de 2009 y el musculoso y barbudo Delmer no vacila ante los retos que significa, sobre todo en un departamento agrícola y ganadero como Santa Bárbara, de romper con viejos esquemas que han embrutecido no solamente hombres, sino también mujeres.

– Queremos dejar atrás ese proceso viciado en donde tres (personas) se reunían en una casa y tomaron las decisiones (en el nombre) de los indígenas, sin ser indígenas. Eso nos va a traer ciertos conflictos de análisis. Pero vamos a llegar a la confianza y concordia y establecer que nuestra lucha no es contra nosotros mismos sino contra la oligarquía, dice Delmer con un tono pausado y tan típico de la gente que viene del campo, y no tan estresado a muerte como los capitalinos.

Entrevistas con:
Gloria Oqueli (26 min.) VIDEO: http://vimeo.com/20576149
Audio: http://www.box.net/shared/ir5zbhmkmv
Delmer López Moreno (24 min.): VIDEO: http://vimeo.com/20578758
Audio: http://www.box.net/shared/nzar4srvlh

En el programa radial Voz de la Resistencia con Félix Molina: http://vimeo.com/20564490
Margarita Murillo, de la Comisión Política del Frente: http://vimeo.com/20450786
Todos los videos de Honduras: http://vimeo.com/album/220363
Todos los audios de Honduras: http://www.box.net/shared/cfsgtjf522

Foto: Honduras - Gloria Oqueli, veterana y líder del Partido Liberal que es una de miles liberales que ahora se encuentran en el Frente de resistencia. // Delmer López Moreno, dirigente de la Resistencia en el departamento de Santa Bárbara. – Autora: Mirian Huezo Emanuelsson


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El ministro de defensa no ha explicado por qué Estados Unidos dice que tiene bases en Colombia

MOIR

No son satisfactorias las explicaciones dadas por el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, sobre las inversiones militares de Estados Unidos en bases colombianas, afirmó el senador Jorge Enrique Robledo al pedirle de nuevo al alto funcionario aclarar varias y graves inconsistencias.

La Coalición Colombia No Bases, en cuyas investigaciones se ha respaldado Robledo, también señaló que el gobierno no ha explicado con seriedad por qué Estados Unidos dice tener bases militares en el territorio nacional.

El ministro colombiano describe como “simple adecuación de alojamientos” y “otras construcciones menores” el contrato suscrito el 30 de septiembre de 2010 con la empresa HCS Group. Pero según información del gobierno estadounidense, el contrato tiene que ver con la prestación de servicios a una AOB (Advanced Operations Base) que el Comando Sur de Estados Unidos tiene en Tolemaida, como consta en la página usapending.gov. El senador Robledo explicó que “una AOB es una base militar para comandar, controlar o apoyar operaciones tácticas o de entrenamiento”. Hay otro contrato para llevar a cabo “instalaciones adicionales de una AOB” en la misma base colombiana de Tolemaida. Los dos suman más de 500 mil dólares, cifra exageradamente alta para hacer menores adecuaciones.

Hay un tercer contrato, por más de 400 mil dólares, para obras de la fase 1 de una CSL (Cooperative Security Location), otro tipo de bases militares que instala Washington a lo largo del mundo. Y existen otros contratos que nada tienen que ver con la construcción de obras menores.

La Corte Constitucional tumbó en agosto de 2010 el acuerdo suscrito por los dos gobiernos para construir siete bases militares estadounidenses dentro de bases colombianas, por lo que la actuación del gobierno de Juan Manuel Santos es manifiestamente ilegal.

El senador del Polo Democrático pidió también esclarecer por qué hay una diferencia de cien millones de dólares entre las cifras suministradas por el Ministerio de Defensa colombiano y las que figuran en los contratos celebrados por Estados Unidos para “cooperación bilateral”.

Se anexan las respuestas del Ministerio de Defensa y la carta enviada por el senador Robledo:

Doctor

RODRIGO RIVERA

Ministro de Defensa

Ciudad

Ref.: Las explicaciones sobre las inversiones militares de Estados Unidos en bases militares colombianas no son satisfactorias.

Atento saludo,

El pasado 22 de febrero recibí sus respuestas sobre los contratos que Estados Unidos ha firmado para ser ejecutados en bases militares colombianas. Debo señalarle, señor Ministro, que las explicaciones no son satisfactorias.

Usted afirma que “no corresponde al Gobierno de Colombia vigilar o supervisar la ejecución de los contratos celebrados por el Gobierno de Estados Unidos, en ejecución de los acuerdos de cooperación bilateral”. Y agrega que para responder las preguntas sobre estos contratos primero el Ministerio de Defensa Nacional tuvo que hacer algunas averiguaciones. Me parece muy grave que el gobierno nacional no controle ni vigile la ejecución de estos contratos, más cuando estos se ejecutan en bases militares colombianas.

En cuanto al contrato que el Ejército de Estados Unidos celebró el 30 de septiembre de 2010 con la empresa HCS Group P.C., me explica Usted que su objeto es construir “las adecuaciones de las instalaciones y alojamientos del Batallón de Comandos del Ejército –BACOA en Tolemaida”. Y agrega que “esta obra también incluye construcciones menores de alojamientos para hasta 18 instructores”.

Sin embargo, de acuerdo con la información publicada en la página usaspending.gov, el objeto de este contrato está relacionado con una AOB (Advanced Operations Base) ubicada en la Base de Tolemaida y controlada por el Comando Sur de Estados (Anexo 1). Y hay un segundo contrato (Anexo 2) cuya descripción es “instalaciones adicionales AOB, Tolemaida, Cololmbia”. Una AOB, señor Ministro, es una base estadounidense para comandar, controlar o apoyar operaciones tácticas o de entrenamiento, por lo que su respuesta no se corresponde con la descripción que el gobierno de Estados Unidos hace del contrato en mención.

Además, los dos contratos suman un valor de USD$587.083, cifra que me parece demasiado alta para la simple adecuación de alojamientos. Por esta razón, en el cuestionario que anexo le solicito que me informe de manera detallada en qué consisten estas adecuaciones.

Sobre los demás contratos militares que Estados Unidos ha celebrado y que se están ejecutando o se ejecutarán en Colombia, su respuesta se limita a señalar que “las obras a construir son solicitadas por el Gobierno de Colombia, con el objeto de fortalecer las capacidades de las fuerzas militares” y explica que el fundamento legal de dichas obras es el Apéndice 9 al Anexo de 2004 del Convenio General para la Ayuda Económica, Técnica y Afín de 1962.

Al respecto debo señalar que, de acuerdo con la información publicada por el gobierno de Estados Unidos, estos contratos no se limitan a la construcción de obras. Por ejemplo, hay un contrato que el gobierno de Estados Unidos describe como “fase 1 de una Cooperative Security Location” (CSL). Como Usted bien lo sabe, se le da el nombre de CSL a una de las distintas clases de bases militares que Estados Unidos ha instalado en diferentes regiones del mundo. Este contrato tiene que ver entonces con la construcción de una base militar estadounidense en el territorio colombiano, situación abiertamente ilegal. Y el monto es de USD$$400,722, lo que evidencia que no se trata de una construcción menor.

En las publicaciones del gobierno de Estados Unidos se describen otros contratos cuyo objeto no es la construcción de obras. La descripción de uno de ellos es “Afghanistan Rotary Wing airlift” (Anexo 4), por lo que la pregunta obvia es: ¿Por qué el Departamento de Defensa está ejecutando contratos en Colombia relacionados con Afganistán?

Por último, señor Ministro, las cifras que Usted me suministra sobre la inversión militar estadounidense en Colombia no cuadran. Porque según su respuesta, entre 2000 y 2010 el presupuesto asignado por Estados Unidos a la cooperación bilateral es de USD$6.466.108, pero la suma de los contratos incluidos en el listado que anexo en un CD es de USD$103.207.607, una diferencia de casi cien millones de dólares.

Por las razones expuestas, adjunto un cuestionario sobre estos contratos y otros temas relacionados con la presencia militar de Estados Unidos en Colombia.

La presente solicitud se fundamenta en el artículo 258 de la Ley 5ª de 1992.

Agradezco su atención.

Cordialmente,

JORGE ENRIQUE ROBLEDO

Senador de la República

CUESTIONARIO

1. ¿En la base militar de Tolemaida funciona una Advanced Operations Base (AOB) de Estados Unidos? Favor sustentar su respuesta teniendo en cuenta que existen dos contratos del Departamento de Defensa que se refieren a una AOB en esta base colombiana (Anexos 1 y 2).

2. Remitir un informe sobre el objeto y la ejecución de los contratos descritos en los anexos 1 y 2 y señalar cuáles son los fundamentos jurídicos de los mismos.

3. Remitir un informe que detalle cuáles son las actividades que adelantan los militares estadounidenses en la base de Tolemaida. Incluir el número de personal militar, civil y contratista de Estados Unidos que tienen presencia en estas instalaciones, el control que el gobierno colombiano ejerce sobre ellos y las empresas privadas a las que pertenecen los contratistas.

4. Remitir un informe de las obras y adecuaciones que ha realizado el personal militar, civil y contratista estadounidense en la base de Tolemaida en los últimos diez años.

5. ¿En Colombia existe una Cooperative Security Location (CSL) de Estados Unidos? Favor sustentar su respuesta teniendo en cuenta que un contrato del Departamento de Defensa se describe como Fase 1 de una CSL (Anexo 3).

6. Favor informar en detalle el objeto y ejecución del contrato descrito en el anexo 3.

7. ¿En qué consiste el contrato descrito en el anexo 4 que el gobierno de Estados Unidos describe con la frase “Afghanistan Rotary Wing airlift”? Favor remitir un informe que detalle su objeto y ejecución.

8. Favor remitir un informe que explique en detalle el objeto y ejecución de los siguientes contratos que se anexan:

Descripción Monto (USD) Anexo

Other direct costs option 3 $6,212,672 5

Tolemaida Aviation $5,507,666 6

Transportation Battalion Marine $1,771,799 7

Base Malagana Colombia

Infrastructure Larandia Towers $749,726 8

Services for Transportation $146,260 9

BattalionMarine Base at Malagana

9. ¿Por qué existe una diferencia de más de cien millones de dólares entre la cifra que usted me envía en la respuesta 4 y la sumatoria de los montos de los contratos incluidos en el listado que anexo en un CD?

10. En la respuesta número 2, Usted señala que Colombia cumple con sus obligaciones derivadas de los “acuerdos de cooperación bilateral con el Gobierno de Estados Unidos mediante el presupuesto de las Fuerzas Militares”. Favor aclarar cuáles son las obligaciones que Colombia ha asumido como consecuencia de los acuerdos de cooperación, especificando el acuerdo del cual se deriva cada una de ellas. Igualmente, solicito que me informe los montos que las Fuerzas Militares han destinado al cumplimiento de estos tratados en los últimos diez años, discriminando la información por año.

11. En sus respuestas Usted me explica que “las obras a construir son solicitadas por el Gobierno de Colombia, con el objeto de fortalecer las capacidades de las fuerzas militares”. ¿Cuáles son los obras exactas que Colombia le ha solicitado a Estados Unidos en los últimos 10 años? Favor remitir copia de estas solicitudes.

12. Favor informar dónde están ubicados los 459 militares y civiles a los que se refiere la primera respuesta e informar en detalle cuáles son las labores que desempeñan.

13. ¿A qué empresas privadas pertenecen los 113 contratistas a los que se refiere la primera de sus respuestas? ¿En qué parte del territorio nacional se encuentran? ¿Cuáles son las funciones que desempeñan?

14. En el presupuesto de 2010 del Departamento de Defensa, el Congreso de Estados Unidos aprobó una partida de 46 millones de dólares para invertir en la Base Germán Olano Moreno, Palanquero. En sus respuestas Usted señala que “esta unidad no recibe cooperación del Gobierno de Estados Unidos”. ¿Esta partida nunca fue ejecutada? Favor sustentar su respuesta.

Favor remitir copia de todos los informes que el gobierno ha presentado al Congreso sobre los tratados y acuerdos que permiten la presencia de personal militar de Estados Unidos en Colombia. Lo anterior en virtud de que la página web de la cancillería no registra tales informes y solo cuenta con tres breves referencias al Convenio General para Ayuda Económica Técnica y Afín del 23 de julio de 1962. Por lo tanto, le reitero la solicitud de que me allegue copia de los informes rendidos a la Comisión Segunda de Relaciones Exteriores del Senado y la Cámara de representantes sobre todos los acuerdos vigentes.

15. Favor remitir copia de todos los convenios, subconvenios, apéndices, subapéndices y demás acuerdos de implementación que desarrollen y adicionen el Anexo de 2004 al Convenio General de Ayuda Económica, Técnica y Afín. Incluir todos los que permiten las adecuaciones y construcciones hechas por Estados Unidos en bases militares colombianas.

16. De acuerdo con su respuesta número tres, ¿cuál es la presencia militar o civil, las construcciones, adecuaciones y los servicios realizadas y prestados por el Gobierno de los Estados Unidos en: la base aérea Luís F. Gómez Niño (Apíay), Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suarez (Cali), Base Naval ARC Bolívar (Cartagena), Cuarta Brigada del Ejército (Medellín), Base Aérea Ernesto Esguerra (Tres Esquinas, Caquetá), Batallón de Ingenieros Agustín Codazzi (Palmira), Batallón Cartagena número 6 (Riohacha), Base Aérea de Marandúa (Vichada), Base militar de la Macarena, Batallón Escuela de Comunicaciones (Facatativá), Base Naval ARC San Andrés, Octava Brigada (Armenia), Base naval ARC Coveñas, Batallón de Infantería No 5 "Gral. José María Córdova" (Santa Marta), Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla, Colegio Naval “José Prudencio Padilla"(Buenaventura), Sexta Brigada (Ibagué), Brigada de Infantería de Marina No.1 (Corozal), Batallón de Infantería la POPA (Valledupar), Décimo Octava Brigada (Arauca), Batallón de Transportes de la Infantería de Marina en Malagana (Bolívar).

Si hay una brigada, batallón, escuela, o cualquier otro tipo de ordenamiento militar que tenga o haya tenido presencia militar, civil o financiera de los Estado Unidos, favor detallarlo.

17. Favor detallar el tipo de ayuda militar y el tiempo en que la ha recibido cada una de las brigadas móviles, territoriales y de infantería de marina mencionadas en la respuesta número 3.

18. De acuerdo con la respuesta número uno, el “personal militar se encuentra en Colombia bajo lo permitido por el del Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos relativo a una Misión del Ejército, una Misión Naval y una Misión Aérea de las Fuerzas Militares de los Estados Unidos de América en la República de Colombia, suscrito en 1974”. El artículo 3° de este tratado dispone que las Misiones Militares estarán integradas por “el Jefe de Misión Militar con grado de coronel para el Ejército y la fuerza Aérea y Capitán de Navío para la Armada” y el “personal adicional de los Estados Unidos de América propuesto por los Comandantes de las Fuerzas Colombianas, previo acuerdo con los correspondientes Jefes de Misiones Militares, que sea aprobado por el comandante General de la fuerzas Militares y autorizado por el Ministerio de Defensa de Colombia”. De acuerdo con lo anterior, favor informar año por año cuáles han sido las solicitudes del gobierno colombiano sobre personal adicional y remitir copia de las que se han elevado desde el año 2000.

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Largó la campaña para la reelección

Jorge Altamira (especial para ARGENPRESS.info)

El discurso de CFK en la inauguración del período anual de la sesión legislativa se caracterizó por un reparto de sopapos a propios y ajenos, así como por un indisimulado intento de iniciar la agenda electoral sin compromisos con nadie, instalada en el vértice de la política nacional, rodeada apenas por una camarilla de negociadores económicos y otra camarilla de asesores ‘intelectuales' -a una buena distancia de las camarillas que gozan de representación política (sean barones del conurbano o gobernadores falderos).

A los diputados y senadores les reprochó la inercia parlamentaria -aunque cuando ‘trabajan' les estampa el veto presidencial- y a sus amigos sindicalistas les endilgó las huelgas en los servicios públicos, pero no los crímenes políticos ni la adulteración de medicamentos sensibles. Bajó una orden para que su vicepresidente en discordia silencie a unos pocos partidarios que hacían ruido, pero no se incomodó con los cantitos y papelitos que la ensalzaban desde los palcos, aunque convirtieran al recinto del Congreso en el escenario de inauguración del Apertura. Se mostró como madre y maestra de los más pobres, aunque la pobreza y la indigencia sigan en porcentajes descomunales, mientras la Bolsa y los títulos públicos se disparan a las nubes; también mostró simpatía de género con las mujeres -pero insinuó que no dejaría pasar el derecho al aborto. Se mofó de sus propias alcahuetas que la desean ‘eterna', pero dejó al descubierto que trabaja para ella sola, sin tiempo ni ganas para sucesores/as. En un viaje a París, cuando era senadora, declaró con ingenuidad que si fuera francesa, sería bonapartista. Ahora busca realizar ese deseo reprimido sin necesidad de cruzar el Río de la Plata. Cuenta con un pronóstico propio fantástico sobre la economía, que sintetizó en una recaudación fiscal que batió los cien mil millones de dólares. En junio de 2009 no había logrado más de un tercio de los votos cuando la crisis económica tocaba fondo.

El bonapartismo, que es la concentración relativa del poder en una persona, es siempre el resultado de una desarticulación de la organización política. Efectivamente, la llamada oposición, el pejotismo e incluso la burocracia sindical se encuentran relativamente en ese estado. Las condiciones para un régimen político estable se han debilitado, no fortalecido. De manera que la pretensión de la Presidenta de gobernar sobre los deshechos de las fuerzas existentes y de manipular las ambiciones de unos contra otros es un recurso de emergencia. Estamos ante el reconocimiento del fracaso de la tentativa original que postulaba la "reconstrucción de la política", luego del derrumbe del gobierno de la Alianza y del impasse del gobierno de Duhalde. Las "concertaciones plurales" y el "retorno a Perón" duraron lo que un suspiro. La tentativa de bonapartismo es un intento de salvar a la gestión oficial de su propio fracaso. Por eso está poblada de ‘colectoras', es decir del agrupamiento de camarillas rivales. La crisis política abierta en torno a la policía bonaerense es emblemática: están discutiendo lo mismo por enésima vez. La cuestión de "la seguridad" se ha convertido en la cuadratura del círculo, porque es insoluble en el marco político actual. Lo mismo ocurre con el vandalismo de la burocracia sindical, el cual no puede ser superado mientras el régimen necesite la estatización de los sindicatos. El camino hacia el bonapartismo que emprende CFK es, en última instancia, una marcha hacia el vacío.

La Presidenta debería despedir por torpeza al asesor que le susurró que anuncie que no devaluará el peso, por la simple razón de que las devaluaciones empiezan por una declaración en contrario. Pero varios países ‘emergentes' que atraviesan situaciones inflacionarias ya han comenzado a devaluar -por ejemplo Vietnam, Venezuela, Corea del Sur. Necesitan compensar los aumentos de costos producidos por la inflación. La Presidenta negó la intención de devaluar, no por razón sino por necesidad: una devaluación transformaría a la inflación corriente en hiperinflación. Pero eso es precisamente lo que habrá de ocurrir si prosigue el proceso inflacionario. Guillermo Moreno acaba de autorizar un nuevo aumento de precios para los lácteos. Esto permite entender que si el gobierno de Brasil decidió apretar las clavijas a la inflación -con aumentos en la tasa de interés y una reducción de gastos estatales de 30 mil millones de dólares- es porque tiene la intención de devaluar. La elevada cotización del real brasileño penaliza a la industria local frente a la competencia extranjera. Brasil se encuentra, por otro lado, en las vísperas de una crisis financiera debido a que la expansión del crédito al consumo, a tasas de interés usurarias, supera en proporción a la situación norteamericana previa al estallido de la crisis financiera hipotecaria. La devaluación del real o su combinación con una crisis financiera serían suficientes para poner fin a las fantasías bonapartistas.

La Presidenta expuso con satisfacción una realidad financiera que es sinónimo de parasitismo. Las reservas en divisas acumuladas por Argentina tienen un costo desorbitante: rinden el 1% anual, sea si se depositan en el exterior o si se le prestan al Tesoro nacional para gastos o pago de la deuda, pero son compradas al 11% anual cuando el Banco Central absorbe los pesos que emitió para obtener esas divisas. La proporción de dinero que no se absorbe genera un costo aún superior: la inflación, y tasas de interés internas del 30 al 40%. Los bancos ganan como animales, en los libros, pero el endeudamiento de los usuarios, por ejemplo de tarjetas de crédito, es impagable. El mismo parasitismo se manifiesta en los subsidios a las empresas con precios regulados, que se llevan 60 mil millones de pesos, o las reducciones y exenciones impositivas, de 35 mil millones de pesos. En contraste, la meneada asignación por hijo es de 4 mil millones de pesos al año. Una gestión económica que ha elevado la deuda pública de 120 mil a 160 mil millones de dólares, luego de pagar en forma serial la deuda vencida, no puede ser sino caracterizada como parasitaria.

El ciclo ascendente de la gestión económica kirchnerista concluyó con el inicio de la crisis mundial y la disputa con el capital sojero en 2008. Se ha roto un equilibrio económico mundial que está lejos de recomponerse -menos ahora que han estallado procesos revolucionarios generalizados en naciones sensibles e incluso un movimiento de masas en Estados Unidos, signados por el derrumbe fiscal del Estado. Los pronósticos tradicionales no tienen cabida en este marco convulsivo. La inflación, ignorada en el discurso oficial, es una gran desarticuladora de quimeras y plantea una lucha social y política a las masas trabajadoras.

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Imputabilidad e impunidad

Susana Merino (ECUPRES)

La definición del margen etario inferior de imputabilidad penal es un tema recurrente.

Nuevamente se agitan en el Congreso las perspectivas de abordar la discusión de no de menos quince iniciativas tendientes en su mayoría a responsabilizar y castigar a los más jóvenes por el incremento de la criminalidad.

Creo que correspondería preguntarnos antes si la sociedad y en primer término el estado al que contribuimos a mantener todos los ciudadanos y más especialmente, desde luego, los que detentan las facultades que les hemos delegado son o no imputables por la falta de cumplimiento de los deberes que les asignan las leyes y en primer lugar la Constitución.

Creo que muy pocos saldrían airosos de una investigación que les obligará a poner en negro sobre blanco los resultados de las gestiones que se comprometieron cumplir a lo largo de las campañas electorales y a través luego de ortodoxo y rutinario juramento.

Como en algún momento de nuestra historia, hacia fines del siglo XIX el Congreso de la Nación sancionó la Ley de Residencia de triste memoria por su intencionalidad represora debería sancionarse hoy un instrumento inverso que no condenara ya como en aquel momento a los extranjeros que luchaban por sus derechos sino a los políticos y funcionarios actuales que ignoran el cumplimiento de sus obligaciones conculcando impunemente los derechos de sus representados.

Resulta sorprendente la cantidad y variedad de argumentos que esgrimen los funcionarios y los legisladores que abordan el tema de la delincuencia juvenil soslayando referirse o aludir a las verdaderas causas del problema que no son otras que el fehaciente incumplimiento de sus deberes políticos: que “existen baches y deficiencias en el tratamiento que el estado le ha dado a los conflictos de menores con la Ley”, como si no fueran ellos mismos los responsables de esos baches y conflictos, que “no existe infraestructura para responder al problema” que “el problema de la seguridad no se resuelve bajando la edad de imputabilidad sino garantizando que el delito no quede impune” que “el problema es que tiene que haber justicia, porque si a usted le mataron un familiar no le preocupa cuántos años tenía quien lo mató", que existe “una puja patética e infanticida en la oposición", cuando ha sido la misma presidente de la Nación la que recientemente afirmara que “parece lógico hacer una reducción de 16 a 14”, considerando que se trata de “un instrumento, una adecuación de los tiempos”, agregando que ““si hemos hecho una reducción de 21 a 18 años para adquirir la mayoría de edad, hacer una reducción de 16 a 14 (en la imputabilidad) parece lógico”.

En suma una pléyade de circunloquios que apuntan a penalizar a una entelequia que nadie sabe o pretende no saber donde reside, por la que todos fingen preocuparse sin asumir la más mínima responsabilidad por las crecientes condiciones de deterioro moral y económico de nuestra sociedad, fruto exacto del sistemático abandono a que la han conducido y la siguen conduciendo sus gobernantes.

Resulta tan terriblemente falso y artificioso buscar y tratar de encontrar pretextos que disfracen una realidad que reclama casi a gritos una verdadera justicia, no la de la cárcel, no la del castigo, no la de la condena a quienes la sociedad excluye y desprecia sino la de la identificación de los verdaderos culpables, la del reconocimiento de la impunidad de quienes no cumplen con las responsabilidades políticas que los ciudadanos les confían.

Por el contrario como dice el sociólogo francés Loïc Vacquant autor de “Las cárceles de la miseria” cada vez son más evidentes los “lazos orgánicos” entre “el debilitamiento y retroceso del sector social del Estado y el despliegue de su brazo penal”

Quienes en algún momento exigían menos estado pretenden ahora más estado especialmente en aquellas áreas en que aparece la amenaza de la violencia o de la subversión social, no para revertir sus causas sino para atacar encarnizadamente las consecuencias de lo que ellos mismos generan.

A menos que esa reacción lleve implícita la todavía no declarada intención de desarrollar otro nicho mercantil: el de las cárceles, los reformatorios, los institutos de detención de gestión privada, como ya se han venido instalando desde hace largo tiempo entre nosotros, el de la vigilancia y la “seguridad” a la carta.

Estas últimas y las empresas carcelarias constituyen un pingüe negocio como lo evidencia la Correction Corporative of America, primera en el “jugoso mercado del castigo” de los EE.UU. que en 10 años no solo multiplicó por cuarenta el valor de sus títulos en el mercado bursátil Nasdaq, sino que ha logrado las más altas cifras de detenidos en el país (50 mil) y el más alto volumen de ingresos en su género (más de 400 millones de dólares anuales).

De modo que a la violencia de la exclusión económica se le sume la violencia de la exclusión carcelaria, a la desregulación económica la sobrerregulación penal ya no solamente a nivel de los adultos sino de los más jóvenes que son los más golpeados por un sistema que no les ofrece alternativas.

Mientras por una parte se acentúa la desinversión social que debiera garantizar los compromisos constitucionales del artículo 14bis, entre los que se menciona “la protección integral de la familia” los principales responsables de su aplicación y de las leyes que lo reglamentan se preocupan no por mejorar las condiciones de vida (o tal vez solo y abundantemente las de sus propias vidas) de los más desheredados e indefensos de sus representados sino por condenarlos al descarte social lo más tempranamente posible.

¿Y quién castiga a quiénes, en los más altos niveles de la conducción política, defraudan día tras día, año tras año, las expectativas de la población que les ha conferido la responsabilidad de gobernar? ¿Alguna de las tantas comisiones investigadoras, consideradas como el mejor medio de conducir la pesquisa, de hasta el delito más flagrante, a una vía muerta? ¿Adónde están, cuales son las leyes que debieran exigir rendición de cuentas a todos y a cada uno de los congresales, legisladores, funcionarios que suelen dilapidar el erario público con el único resultado visible de su propio enriquecimiento?

¿Hasta cuándo gozarán de impunidad los imputables de tan delincuenciales comportamientos? ¿Hasta cuándo tanta irresponsabilidad, tanto egoísmo y sobre todo tanto desamor?

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Democracia y sindicalización policial

Martín Lozada (RIO NEGRO ON LINE)

La sindicalización policial, que tiene en las provincias de Chaco y Entre Ríos ejemplos de interesantes y prolíficos debates, continúa siendo una cuestión tabú para los gobiernos de nuestro país. Sin embargo, su concreción daría lugar a una representación colectiva en defensa de los intereses laborales de sus integrantes, incluyéndolos dentro de una lógica democrática de la cual no deberían verse exentos.

El desafío planteado es puntual: reconocer y proteger los derechos hasta ahora restringidos de ese colectivo laboral y, simultáneamente, adoptar una reglamentación que impida que sus eventuales medidas de fuerza obstruyan el normal desenvolvimiento del servicio de seguridad que presta a la población.

En nuestro ámbito regional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en uno de sus informes acerca de seguridad ciudadana y derechos humanos, expresó que los Estados deben garantizar al personal que integra las fuerzas policiales el derecho de asociarse para la defensa de sus derechos profesionales, conforme a lo establecido en el ordenamiento jurídico internacional. Y que el ejercicio de la libertad sindical por parte de los funcionarios policiales debe desarrollarse manteniendo una ponderación permanente con el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los Estados miembros respecto de toda la población bajo su jurisdicción, en el marco del Derecho Internacional de los derechos humanos.

Por su parte, el Consejo Europeo de Sindicatos de Policías, compuesto por casi dos decenas de organizaciones sindicales nacionales, ha señalado que "el derecho de los policías de constituir sindicatos para la defensa de sus intereses y la mejora del servicio público que representan no presenta excepciones en un país que se tiene por democrático".

En la Argentina la cuestión fue abordada años atrás a través del voto de uno de los jueces de la sala VI de la Cámara Nacional del Trabajo, Dr. Capón Filas, en un asunto en el cual ciertos agentes policiales discutían una resolución ministerial que les negaba la inscripción gremial.

Dicho voto puso en crisis la opinión según la cual la sindicalización no resulta aplicable a los agentes públicos cuyo "estado militar o policial" los sujeta a una estructura de carácter marcadamente jerárquico, articulada sobre pilares de disciplina y dependiente de una cadena de mandos.

El Dr. Capón Filas, en cambio, sostuvo que debe reconocerse a las fuerzas armadas y a las fuerzas de seguridad la libertad sindical y el derecho de negociación colectiva, pues cuando el Estado argentino ratificó los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ninguna ley fue sancionada excluyendo la libertad sindical de tales sectores.

Ese criterio subraya que no hay institución de la República que pueda estar exenta de los necesarios procesos de democratización, y en este sentido el reconocimiento del derecho a la libre sindicalización del personal de las fuerzas de seguridad contribuye de modo incuestionable al afianzamiento de un modelo de sociedad sin marginados ni excluidos.

La posibilidad de horizontalizar una estructura tradicionalmente vertical y jerárquica permitirá generar una nueva dinámica que restrinja la posibilidad de que las fuerzas de seguridad se conviertan en el brazo armado de intereses políticos ajenos a sus funciones esenciales; es decir, ni más ni menos que el mantenimiento de la paz social y la preservación de los derechos de todos los ciudadanos.

Para ello es necesario considerar definitivamente a la policía como un servicio esencialmente de naturaleza civil y, por ende, sin razón para seguir manteniendo su militarización y su carácter de colectivo laboral no deliberante. Su inclusión democrática debería permitirle discutir las particularidades que hacen a su régimen laboral y emitir opiniones públicas, así como ejercer el derecho de peticionar pacíficamente en grupo como paso indispensable para desarrollar una conciencia profesional en sintonía con los principios que rigen en el Estado constitucional de derecho.

La democratización de las fuerzas policiales es algo más que una formulación decorosa para ser pronunciada en tiempos de marcadas crisis institucionales. Se trata de un proceso que debe ser articulado en el diseño de instituciones altamente verticalizadas y militarizadas, que han ido marginando hasta el extremo el protagonismo, la voz y el voto de los empleados públicos que las integran.

Martín Lozada es Juez penal. Catedrático Unesco en Derechos Humanos, Paz y Democracia por la Universidad de Utrecht, Países Bajos.

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Argentina: Encuentran los restos de un desaparecido entrerriano en Santa Fe

EL ONCE - INFOALTERNATIVA

El cadáver de Gustavo Pon fue encontrado junto a otros siete cuerpos en una fosa común detectada por el Equipo Argentino de Antropología Forense, en el predio militar campo San Pedro, Santa Fe.

En el transcurso de la mañana de ayer fueron inhumados en el Cementerio Lar de Paz de Santa Fe, los restos del militante montonero Gustavo Pon, desaparecido en el año 1977, durante la última dictadura militar.

Pon, oriundo de Gualeguaychú, era licenciado en Filosofía. Fue secuestrado en Rosario y trasladado al centro clandestino La Calamita. Fue profesor universitario, subsecretario de Cultura de la Municipalidad de Santa Fe en 1973 y era activo militante montonero.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, destacó la importancia de las identificaciones de restos humanos que se vienen produciendo en la provincia, “ya que marcan avances significativos en el camino hacia la verdad y la justicia”.

El cadáver de Pon fue encontrado junto a otros siete cuerpos en una fosa común detectada por el Equipo Argentino de Antropología Forense, luego de dos años de trabajos en la zona, en el predio militar campo San Pedro, a unos 50 kilómetros de la ciudad de Santa Fe, cercano a la ciudad de Laguna Paiva.

El hallazgo se produjo en el marco de una causa judicial iniciada el 19 de marzo de 2007 por denuncias de la Casa de Derechos Humanos de Santa Fe y otros organismos de Derechos Humanos. A partir de allí, comenzaron las tareas de identificación de los restos, que dieron como resultado, hasta hoy, la identificación de tres personas desparecidas En la tumba clandestina, la investigación forense halló los restos de ocho personas (cinco hombres y tres mujeres), seis de ellas con disparos en la cabeza.

Hasta ahora lograron identificar a tres: María Esther Ravelo, María Isabel Salinas y Gustavo Adolfo Pon.

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Argentina: Primer juicio por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca

RIO NEGRO ON LINE

Se iniciará en abril y durará hasta noviembre. Responde a las denuncias que se documentaron en la Justicia a partir del regreso de la democracia. Hubo víctimas de la región.

El Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca confirmó ayer que el juicio por delitos de lesa humanidad ocurridos durante el último golpe militar se llevará a cabo de abril a noviembre, en dependencias de la Universidad Nacional del Sur (UNS).

El juicio responde a las primeras denuncias que se documentaron en la Justicia a partir del regreso de la democracia por los secuestros, torturas y desapariciones -que en esta jurisdicción fueron calificados como homicidios- de casi un centenar de víctimas que militaban en organizaciones sociales, en organizaciones estudiantiles secundarias, universitarias y en agrupaciones peronistas en 1976.

Una decena de militantes del PJ rionegrino fueron llevados desde Viedma por la policía federal al V Cuerpo para la tortura. Entre ellos el caso del ex rector Pablo Bohoslavsky cuando era profesor de la UNS y la apropiación del bebé del matrimonio Metz -secuestrado en Cutral Co- que nació en el centro clandestino "La Escuelita" de Bahía, serán parte del proceso en debate.

Las audiencias orales y públicas serán los días martes y miércoles de cada semana, en dependencias de la Universidad Nacional del Sur.

Se informó desde el Tribunal Federal que la fecha definitiva del inicio del juicio oral dependía de una comunicación de la Universidad sobre la disponibilidad del Aula Magna para llevar a cabo el juicio, ya que por la cantidad de imputados -en total 19- y querellantes era difícil hacer el juicio en la sede judicial.

Se conocerán los detalles de un centenar de víctimas, en su mayoría sobrevivientes del Centro Clandestino "La Escuelita" y de los familiares de las víctimas que fueron interrogadas con tormentos hasta su muerte en el lugar.

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Argentina, Chaco. Juicio por la Masacre de Margarita Belén: “Pedimos justicia y los restos de nuestro hermano”

Gonzalo Torres (CHACO DIA POR DIA)

Es el reclamo de los hermanos Piérola, presentes en la inspección ocular realizada en el Regimiento de la Liguria durante la mañana de este miércoles. El 16 de marzo comienza la lectura de la documental de la causa, cada vez más cerca de sentencia.

La audiencia número 48 de la causa por la Masacre de Margarita Belén se realizó en el Regimiento de la Liguria, Grupo de Artillería 7, donde se llevó acabo la inspección ocular de varias dependencias del lugar, cuando ya queda muy poco para una sentencia.

En la inspección participaron tres testigos de la causa: los ex presos políticos Ricardo Uferer y Eduardo Luque y el policía Luis Rafael Ovalle. Uferer y Luque fueron detenidos en el Regimiento a causa de su militancia política mientras se encontraban prestando servicio militar, poco después del 24 de marzo de 1976. Ovalle confeccionó fichas dactiloscópicas a un grupo de cadáveres traídos de la ruta ese 13 de diciembre.

Varios testigos de la causa – que no fueron citados para la ocasión- contaron que las instalaciones del Regimiento podrían haber sido utilizadas como centro clandestino de detención. Incluso se dijo que después de la Masacre los oficiales reunieron los cadáveres de los asesinados en un playón y realizaron una arenga ante la tropa sobre los “costos” de enfrentar al Ejército argentino.

Con la etapa testimonial de la causa finalizada los debates continuarán el 16 de marzo con la lectura de las pruebas documentales. Es posible que esto lleve un par de días, por lo cual el tribunal estará fijando la fecha de inicio de los alegatos para finales de marzo o comienzos de abril.

Tal y como ya sucedió en la inspección en la Alcaidía y en la U7, el tribunal no permitió la participación del equipo del Programa de Asistencia a las Víctimas en la inspección. La situación sorprendió a Luque y Uferer, que igualmente debieron afrontar el acto procesal sin ejercer su derecho de acompañamiento psicológico en tanto víctimas del terrorismo de Estado.

No fue ese el único caso: La presencia de los hermanos de Fernando Piérola (desaparecido en la Masacre), María Luz, Cristela, y Gustavo, querellantes en la causa y venidos exclusivamente para la ocasión desde Paraná, Entre Ríos, fue objetada por la jueza Yunnes, que finalmente cedió y les permitió presenciar el relevamiento (ver aparte).

El plantel de abogados defensores perdió un jugador: el defensor oficial Federico Carniel fue trasladado a Bahía Blanca. Su co-equiper Juan Manuel Costilla comunicó la novedad al tribunal y solicitó que se tenga en cuenta la situación de cara al plazo que se le concederá para la elaboración de su alegato

La inspección

En tropel y durante algo más de una hora jueces, empleados del juzgado, fiscales, querellantes, los Pierola, el camarógrafo de la Dirección de Cine y Espacio Audiovisual (con un valioso registro de más de 300 horas filmadas del juicio) periodistas, trabajadores de la Casa por la Memoria, abogados defensores, el grupo de militares imputados y su cohorte de custodios del SPF, y varios militares de la guarnición (algo así como la custodia de la custodia) recorrieron los fondos del Regimiento, la sala de armas, y el Casino de Oficiales siguiendo recuerdos de los testigos.

Todo comenzó con la búsqueda del lugar donde el licenciado en criminalística Luis Rafael Ovalle tomó las huellas dactilares a un grupo cadáveres después del 13 de diciembre de 1976. En esa época Ovalle trabajaba en la sección de Dactiloscopía de la policía del Chaco.

En su testimonio en la causa en agosto de 2010 relató que después del 13 de diciembre fue enviado a tomar huellas dactilares a cadáveres en el Regimiento. Ovalle realizó las pericias a siete cuerpos, dos eran NN, una mujer y un hombre en un “dormitorio, pasando la Plaza de Armas”.

Después de idas y vueltas, Ovalle se dio por vencido y en la Sala de Armas dio por terminada la infructuosa búsqueda. “Son treinta y cuatro años, espero que me entienda” se disculpó ante la jueza Yunnes.

El imputado Ricardo Reyes entendió al hombre, “es muy difícil… los edificios confunden” musitó con su voz grave y sin perder el semblante serio que lo caracteriza. Ya que no pudo encontrar el lugar Ovalle pasó a describirlo: “Tenía techo a dos aguas, era como un dormitorio, (una cuadra) estaba en el fondo, y había una puerta que daba a un descampado”. Contó que los cuerpos estaban a la derecha de la puerta de ingreso, uno al lado de otro.

Los colimbas detenidos

Llegado el turno de los ex presos políticos la cosa fue más sencilla: simplemente contaron y señalaron los lugares donde fueron detenidos pocos meses después de marzo de 1976. A Eduardo Luque lo fueron a buscar en la zona de la guardia, hacia el frente del Regimiento, casi sobre la avenida 9 de Julio. Ricardo Uferer fue detenido durante un descanso de su turno de guardia por el en ese entonces teniente Ricardo Reyes, hoy imputado. A unos pocos pasos, Ricardo Reyes escuchaba con atención el testimonio de Uferer y anotaba en una libretita como las que utilizan los médicos para recetar, con la inscripción Aplazoma – tranquinal en el dorso.

Reyes llevó a Uferer a la Batería Comando, donde este restaba servicio y de allí a la guardia, donde permanece encerrado durante una hora. Su destino siguiente fue la Brigada de Investigaciones. Allí conoció el “sadismo impresionante de la tortura porqué sí, despiadada, para destruir física y moralmente a los detenidos”, tal y como declaró en la Causa Caballero el año pasado.

Por último se relevó la ubicación del Casino de Oficiales y eso fue todo. Se informó a las partes que todo continuará el 16 de marzo con la lectura de las pruebas documentales de cara a la ronda de alegatos.

Algunas instantáneas de la inspección: la inmensidad del Regimiento, que motivó una amarga reflexión en un de los presentes: “Acá caben como treinta campos de exterminio”. La nostalgia de algunos de los imputados, recordando cómo eran las instalaciones. El orgullo castrense del diminuto Aldo Martínez Segón: “Mirá los camiones del Ejército” dijo, con una sonrisa en los labios, mientras observaba unos camiones militares con carteles del Ministerio de Salud de la Nación.

Resabios del espíritu de cuerpo: los oficiales que estrechaban las manos de los militares imputados con sumo respeto. En el Casino de Oficiales, un escudo sobre la puerta de ingreso, con el dibujo de un yaguareté y la inscripción “Abnegación y constancia”.

“Justicia y los restos de nuestro hermano”

Con la inspección terminada, los hermanos Pierola hicieron su descargo con la jueza Yunnes después de que casi no se les permitiera presenciar la diligencia: “Nos duele esta situación, nosotros viajamos para esto, estamos buscando justicia y los restos de nuestro hermano” le explicaron. Fue una charla cordial, seguida atentamente por un par de imputados. La jueza les dijo que las decisiones del tribunal se fundamentan en disposiciones procesales referentes a su condición de querellantes y testigos, y que “todo se hace bajo el amparo de la ley”. “Ese es el beneficio que tienen ellos, y nosotros siempre lo vamos a defender, a pesar de que no lo tuvieron sus víctimas” fue la respuesta de María Luz.

Momentos después , en una breve charla con la prensa los Pierola dejaron claro sus críticas con respecto a los pocos testigos convocados para la inspección, la exigencia de condenas a cadena perpetua para todos los imputados y la sensación que les provoca estar en el lugar donde los asesinados “fueron expuestos como trofeos de Guerra”.

“Esto fue un hito en lo que fue la cuestión represiva, porque acá hubo desaparecidos y hasta que no encontremos la fosa común no vamos a saber quién es cada uno” comentó Cristela Pierola. Su hermana María Luz no se quedó atrás: lo único que queremos es llegar a la verdad, no solamente que a la justicia, porque el cuerpo de nuestro hermano no lo hemos encontrado y creemos que hay muchos que saben donde está y lo único que pedimos es que nos digan eso, así no seguimos rompiendo el cementerio” afirmó.

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Argentina, Jujuy: La CTA celebra la detención de Carrizo Salvadores

ACTA

El 27 de febrero quedó detenido en el Servicio Penitenciario de Catamarca, por orden de la Justicia Federal, el ex jefe de Policía de la provincia de Jujuy, Carlos Eduardo del Valle Carrizo Salvadores. La CTA Jujuy, reseñó en un comunicado la participación de Carrizo Salvadores en delitos de lesa humanidad.

"Luego de ser indagado por la Masacre de Capilla del Rosario, un hecho de lesa humanidad ocurrido en el año 1974, Carrizo Salvadores quedó detenido en Catamarca por orden del juez federal catamarqueño Ricardo Antonio Moreno.

1974 Carrizo Salvadores era jefe del Regimiento 17 de Infantería Aerotransportada de Catamarca y responsable (acorde a los informes) junto a Mario Nakagama, de lo que hoy se conoce como Masacre de Capilla del Rosario, donde fusilan a 16 combatientes de la Compañía del Monte "Ramón Rosa Jiménez" del PRT-ERP que habían rendido sus armas.

Este hecho, constituye para muchos, el primer ensayo de las prácticas sistemáticas de torturas y exterminio que se aplicaron luego en el Operativo Independencia, antesala a su vez del terrorismo de Estado de la última dictadura militar.

1982 Existen registros que indican que durante la Guerra de Malvinas, Carrizo Salvadores se encontraba a cargo de la Cía. B del RI 7, en Monte Longdon, donde los soldados sufrieron bailes, maltratos de los oficiales, abandono, hambrunas persistentes que los llevaron a robar para sobrevivir, estacamientos por horas y la muerte de Héctor Miguel Rolla por congelamiento.

1999/2003 Carrizo Salvadores ejerció como jefe de Policía de Jujuy, período en el que varios/as dirigentes sociales estuvieron presos. El hecho represivo más recordado de su gestión, fueron la dudosa muerte de Cristian Gabriel Ibáñez y el asesinato Luis Marcelo Cuellar, ambos militantes de la CCC, durante la violenta represión en Libertador General San Martín en 2003. Estos hechos motivaron la apresurada salida de Carrizo de su cargo.

Desde que se activaron las causas por delitos de lesa humanidad, Carrizo Salvadores ejerció la defensa de otros represores de Jujuy, con su título de abogado.

2008 En el 2008, el juez federal Ricardo Antonio Moreno, a cargo de la causa de la Masacre de Capilla del Rosario, rechazó el pedido de eximisión de prisión presentado por Carrizo Salvadores y el otro imputado. Carrizo, entonces, no recurrió a las citaciones, evitándolas e incluso recurrió a un certificado médico que acreditaba una enfermedad y prescribía 15 días de reposo, mientras era observado fuera de su domicilio muy sano.

2009 El 6 de Julio de 2009, Carrizo debió presentarse a declarar y quedó imputado como partícipe secundario de homicidio simple en la causa de la Masacre, sin embargo fue excarcelado bajo una caución real de 100 mil pesos. Hoy está detenido en el Servicio Penitenciario de Catamarca. Será justicia", finaliza la declaración de la CTA jujeña.

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Argentina, Tucumán: Para el fiscal, la muerte de los cinco montoneros fue una masacre premeditada

PRIMERA FUENTE

“En el juicio está quedando bastante claro que no hubo ningún tipo de enfrentamiento, sino un allanamiento ilegal de fuerzas conjuntas de policías y militares, y se actuó con tal contundencia que no se dio ni la más mínima oportunidad de defensa a ninguna de las víctimas, las que fueron ejecutadas”. Esto es lo que sostiene el fiscal general Leopoldo Peralta Palma, en el juicio que se sigue a los represores Menéndez y Albornoz por el fusilamiento de cinco militantes montoneros ocurrido el 20 de mayo de 1976 en el barrio Echeverría.

El fiscal general Leopoldo Peralta Palma no tiene dudas de que la muerte de los cinco militantes montoneros reunidos el 20 de mayo de 1976 en la casa de María Alejandra Niklison, en calle Azcuénaga 1816 del barrio Echeverría, fue “una masacre provocada, premeditada y, con alevosía”.

“En el juicio está quedando bastante claro que no hubo ningún tipo de enfrentamiento, sino un allanamiento ilegal de fuerzas conjuntas de policías y militares, y se actuó con tal contundencia que no se dio ni la más mínima oportunidad de defensa a ninguna de las víctimas, las que fueron ejecutadas”, dijo ayer en declaraciones a Radio Metropolitana.

Peralta Palma representa al Ministerio Público que acusa a los represores Luciano Benjamín Menéndez y Roberto “El Tuerto” Albornoz, por los delitos cometidos contra las cinco víctimas: María Alejandra Niklison, Fernando Saavedra Lamas, alias “Pepo”; Juan Carlos Meneses (con el nombre de Miguel Angel Gonzalez Cano), Atilio Brandsen y Eduardo Gonzalez Paz, alias “Tomas” o “Martín”.

“Aquí estamos hablando concretamente de un acto criminal, existen actuaciones policiales de la época –que serán presentadas como pruebas por esta fiscalía- que pesarán en el momento de la sentencia. Se da por probado que hubo una masacre, pero todavía faltan testimonios e informes periciales (actuaciones policiales de aquel tiempo) que serán incorporados en su momento”, agregó en declaraciones radiales.

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Argentina: Causa de Benedetti: Se prorrogó para octubre el juicio a Videla en Tucumán

PRIMERA FUENTE

Comenzará el 4 de octubre y no el 22 de marzo como estaba previsto desde un principio. El presidente del Tribunal Oral Federal en Tucumán, Gabriel Casas, tomó la decisión a pedido del fiscal general y el defensor público oficial Lo Pinto. Sucede que Videla es sometido a otro juicio en Buenos Aires que se extenderá por ocho meses.

Por pedido del fiscal general subrogante Leopoldo Peralta Palma y el defensor público oficial Ciro Vicente Lo Pinto, el presidente del Tribunal Oral Federal de Tucumán, Gabriel Casas, prorrogó la fecha de inicio del juicio oral y público al dictador Jorge Videla para el 4 de octubre próximo.

En ese debate, Videla será juzgado por la muerte de Osvaldo de Benedetti, que habría ocurrido dentro del territorio tucumano -en un lugar que no fue identificado - el 21 de julio de 1978 en manos del personal militar perteneciente al III Cuerpo del Ejército en un simulado intento de fuga.

Lo Pinto, en representación de Jorge Gorleri y Héctor Lorenzo Chilo, alertó que aún se encuentran tramitando las actuaciones complementarias del expediente, en las que aparecen otros imputados (Camilo Colotti y Ariel Valdiviezo). El planteo fue realizado en forma conjunta con la defensora pública oficial ad-hoc, María Pamela Tenreyro, quien representa al imputado Jorge González Navarro.

También subrayó que Videla es sometido a otro juicio –que se inició el lunes en Capital Federal- por el robo de bebés durante la última dictadura militar y que se estima que se durará ocho meses.

Por su lado, el fiscal general Leopoldo Peralta Palma hizo un planteo en igual sentido y advirtió en declaraciones a la prensa que “Videla no puede estar ausente, porque de Benedetti estaba a su disposición”, cuando sucedió su muerte.

En este juicio también será juzgado el ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez.

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Guatemala: Dirigente asesinado y manifestantes indígenas retenidos y golpeados en San Marcos

CERIGUA

Un dirigente comunitario fue asesinado en Alta Verapaz, al norte del país mientras que al menos 50 personas que pedían la suspensión temporal de la mina Marlin, de la canadiense Goldcorp, en el departamento San Marcos, fueron retenidas y golpeadas después de una protesta pacífica el pasado lunes 28 de febrero denunciaron organizaciones sociales.

Leocadio Juracán, coordinadora nacional del Comité Campesino del Altiplano (CCDA) condenó ambos hechos e informó que Rigoberto Gualim, quien militaba en el Consejo Nacional Indígena y Campesino (CNAIP) fue asesinado por individuos fuertemente armados el pasado 26 de febrero en la aldea Las Pacayas, en San Cristóbal Verapaz, después de salir de una reunión del Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE).

Juracán también condenó los hechos ocurridos el pasado lunes en el municipio de San Miguel Ixtahuacán, donde opera la mina Marlín, propiedad de la canadiense Goldcorp, donde cerca de 50 personas que pedían la suspensión temporal de la mina en base a medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fueron retenidas y golpeadas por miembros de una aldea vecina.

De acuerdo con la información del Frente de Defensa Miguelense, los comunitarios bloquearon los pasos principales de la empresa minera de manera pacífica; cuando se levantó el bloqueo y al paso de la comunidad de la aldea San José Ixcanichel alrededor de 60 miembros de esa comunidad, quienes trabajan en la empresa, los interceptaron y golpearon a varias personas, entre ellas a Miguel Bámaca, quien tiene medidas cautelares por la Comisión Presidencial de Derechos Humanos y a Aniseto López; los dirigentes fueron amenazados con ser linchados.

Lamentamos mucho lo ocurrido, porque la actividad minera ha logrado la confrontación entre los pobladores de San Miguel señaló Juracán; las consecuencias más graves que traen las transnacionales es el daño que le han hecho al tejido social al dividir a las comunidades, dijo el dirigente campesino.

En un comunicado, el CCDA condenó enérgicamente la detención de los 50 comunitarios y exigió a las autoridades la investigación de los grupos que operan al margen de la ley; los comunitarios fueron liberados en horas de la noche de ese mismo día.

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Maestros hondureños continúan las protestas contra la privatización

PL

Los maestros hondureños continuaron hoy las protestas contra la ley de descentralización de la educación pública, a debate en el Congreso Nacional.

Los docentes marcharon desde el bulevar Comunidad Económica Europea hasta la sede del Parlamento, donde se discute el decreto de descentralización del sistema educativo nacional, que a juicio del gremio conduce a la privatización de la enseñanza pública.

"Esta Ley lesiona el derecho de miles de niños y jóvenes a la educación gratuita", explicó el secretario general del Primer Colegio Profesional Hondureño de Maestros, Orlando Mejía.

La dirigencia magisterial exigió, además, el pago de los salarios atrasados a unos seis mil profesores y rechazó la decisión del gobierno de congelar las transferencias de dinero al Instituto de Previsión del Magisterio (Inprema) mientras no se resuelva el conflicto con el gremio.

Asimismo, reclamó al Inprema la destitución de los empleados nombrados por recomendaciones políticas y la realización de una auditoría internacional por presuntas irregularidades administrativas en la institución.

En respuesta a tales exigencias, la junta directiva de ese organismo se reunió esta mañana y decidió que 200 de esos funcionarios serán separados de sus cargos.

El presidente del Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras, Edgardo Casaña, indicó que el Directorio del Inprema, por tres votos a dos, determinó despedir a todos los recomendados políticos y gremiales, quienes profundizan el desequilibrio financiero de la institución.

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Nicaragua: La reelección de Daniel Ortega

Alfredo G. Pierrat (PL)

Definidas las alianzas políticas que concurrirán a las elecciones generales de noviembre próximo, los ataques de la oposición contra el sandinismo gobernante se centran hoy en cuestionar la legalidad de la eventual reelección del presidente Daniel Ortega.

El IV Congreso Extraordinario del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) nominó el pasado sábado a Ortega como su candidato para ocupar nuevamente, durante el próximo quinquenio, la jefatura del Estado nicaragüense.

En la cita electoral serán elegidos el presidente y el vicepresidente de la República, así como los ocupantes de los 90 curules de la Asamblea Nacional y los 20 que corresponden a Nicaragua en el Parlamento Centroamericano (Parlacén). La designación del líder sandinista para optar por un nuevo período presidencial era ampliamente esperada y solo faltaba su oficialización por el Congreso, que aprobó por aclamación y con grandes muestras de júbilo la propuesta que en ese sentido formuló el Comandante de la Revolución Tomás Borge, único vivo de los fundadores del FSLN.

Desde hace bastante tiempo prácticamente todas las encuestas otorgan grandes posibilidades al FSLN para ganar las elecciones de este año y continuar gobernando el país durante los próximos cinco años.

Eso es lo que justifica que las formaciones antisandinistas hayan tenido siempre en su agenda opositora tratar de impedir la participación en los comicios de Ortega, quien goza de gran prestigio y autoridad en la población, y que sea otro el candidato del FSLN, a fin de reducir sus posibilidades de éxito.

Para ello la oposición esgrime el artículo 147 de la Constitución, resultante de la reforma electoral aprobada por la Asamblea Nacional en 1995, que prohíbe de manera explícita la reelección continua.

Con ese argumento todas las formaciones antisandinistas, apoyadas por la jerarquía católica, organizaciones empresariales, medios de prensa y hasta del embajador de Estados Unidos, han mantenido el rechazo a la candidatura de Daniel Ortega como una de las líneas principales de su estrategia para tratar de volver al gobierno del país.

Pero en octubre de 2009, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió un recurso de amparo contra la reforma constitucional de 1995, presentado por el propio Ortega, y emitió una sentencia que le dio la razón.

La Sala dictaminó en esa ocasión que la prohibición de ser reelegido para cargos ejecutivos de manera continua viola los derechos humanos y constitucionales de los funcionarios que aspiren a ser reelectos.

El dictamen declaró, por tanto, inaplicable el artículo 147 de la Constitución, que prohíbe a los presidentes, vicepresidentes, alcaldes y vicealcaldes postularse al mismo cargo que ostentan en forma consecutiva, pero solamente para Ortega y los alcaldes incluidos en el recurso.

La prohibición, sin embargo, rige para otros candidatos que no figuran en el recurso de amparo presentado por el mandatario porque, según explicó en su momento uno de los magistrados, si no fueron incluidos en el documento es "porque no sienten que se les violan sus derechos".

Esa decisión, adoptada por la Sala Constitucional, fue ratificada el pasado año en Corte Plena por la CSJ, lo que abrió puertas legales a la eventual reelección del presidente Ortega en noviembre de este año y posteriormente la de 109 alcaldes sandinistas elegidos en los comicios municipales de 2008.

A partir de entonces se multiplicaron los ataques opositores sobre la postulación para un nuevo período del líder sandinista, que califican de manera sostenida de inconstitucional e ilegal.

Tras el fracaso de los intentos de formar un bloque único que agrupara a toda la oposición para acudir unidos a las elecciones de noviembre, las impugnaciones a la candidatura del líder sandinista pasaron a primer plano y se volvieron cotidianas, pero todo parece indicar que muy escasas las perspectivas de éxito en ese empeño.

A juicio del Subprocurador de Derechos Humanos, Adolfo Jarquín Ortel, el presidente Ortega está claramente facultado para aspirar a un nuevo período.

Según Jarquín, quien fue diputado por la Unión Nacional Opositora (UNO) durante el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro, en los años 90, sobre el pueblo es el que recae la facultad de elegir a sus gobernantes, y el Consejo Supremo Electoral debe acatar el mandato de la CSJ y restituir el derecho del actual mandatario a reelegirse.

Los fallos y resoluciones de la CSJ son de ineludible cumplimiento y si no se acatara esta resolución se estarían violentando los derechos ciudadanos y los derechos humanos del presidente Daniel Ortega, precisó.

Por su parte, el magistrado Francisco Rosales, presidente de la Sala Constitucional de la CSJ, reafirmó que la candidatura de Ortega tiene sustento legal, en base a la sentencia de octubre del 2009 y ratificada al año siguiente en Corte Plena.

En similar sentido se pronunció el diputado Edwin Castro, coordinador de la bancada sandinista en la Asamblea Nacional, quien calificó la candidatura de legítima y legal y señaló que se debe acatar las resoluciones de la CSJ.

Según Castro, esas resoluciones se hicieron a partir del precedente de las adoptadas en Colombia y Costa Rica, para permitir la reelección de los presidentes Alvaro Uribe y Oscar Arias, respectivamente.

Y lo que se hizo en esos países "nadie lo vio malo o como un atentado a la democracia, apuntó el parlamentario.

A su juicio, la oposición tiene derecho de impugnar esas decisiones, pero contra sentencias judiciales de la CSJ ya no hay recursos posteriores, "porque es materia juzgada, es un hecho consumado".

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Protestas en Estados Unidos por la agresión contra los sindicatos

PL

En Wisconsin, Ohio y otras regiones de Estados Unidos prosiguen hoy las protestas contra los planes de gobernadores republicanos de reducir los poderes de negociación del movimiento sindical.

Amparados en la crisis económica y el déficit fiscal que enfrenta el país, los republicanos alientan drásticos cortes de programas sociales, plantean los dirigentes de las protestas.

Sin embargo, aunque las evidencias apuntan a un problema económico en esta política de ajuste, el móvil republicano es cortar a los demócratas el tradicional apoyo del movimiento sindical, con vistas a las elecciones presidenciales de 2012.

La víspera manifestantes de otros 14 estados se sumaron al descontento de trabajadores del sector públicos, bomberos, policías y maestros en esas regiones.

El diario de The Washington Post comentó la situación creada en la cual la iniciativa del gobernador de Ohio, el republicano Juan Kasich, se muestra como continuidad al proyecto presentado semanas atrás por su par de Wisconsin, Scott Walker.

Estos proyectos caracterizan el discurso opositor en Estados Unidos, donde los republicanos parecen decididos a bajar el presupuesto de la nación sin importar las consecuencias para los sectores sociales más desfavorecidos.

Según el Post, en Columbus los manifestantes acusaron a los legisladores -y en particular al gobernador- de aprovecharse de la crisis del presupuesto para destruir a los sindicatos.

Las medidas, que afectan a los agentes de policía y bomberos, llevarían a estos a enfrentar recortes sociales como el incremento en el costo del sistema de pensiones y de seguro médico.

Al igual que en Wisconsin, donde la reducción del gasto de ayuda a los gobiernos locales y a distritos escolares provocaría el desempleo de 12 mil trabajadores en los próximos dos años, en Ohio la oposición conspira contra los planes del presidente, Barack Obama, y los demócratas de mejorar el empleo.

En este último estado, las protestas son contra medidas que afectarían a unos 300 mil trabajadores, entre empleados públicos, bomberos, policías, maestros, entre otros.

Según algunas fuentes, el previsible incremento y extensión de las protestas a otros estados del país puede provocar la intervención de la Casa Blanca, y agudizar los enfrentamientos entre demócratas y republicanos sobre el tema del déficit fiscal y las medidas para enfrentar la situación.

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ONU: Consumo per cápita de cocaína en España es el mayor de Europa

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de la Organización de Naciones Unidas señaló hoy a España como el país europeo de mayor consumo per cápita de cocaína por delante incluso del Reino Unido e Italia.

En su informe de 2010, la JIFE dijo con datos del Observatorio Europeo de las Drogas, que la prevalencia anual del consumo de cocaína en España es del 3,1 por ciento entre la población de 15 a 64 años.

Las cifras colocan a España por encima del Reino Unido, donde el consumo de cocaína alcanza el 2,4 por ciento e Italia, con un 2,2 por ciento entre la población del mismo segmento poblacional.

La media en los países de la Unión Europea (UE) es del 1,2 por ciento, según la JIFE.

Según la JIFE, la cocaína es la segunda droga de mayor consumo en Europa después de la cannabis, y su uso en el viejo continente se ha duplicado al pasar de los dos millones de adictos en 1998 a los 4,1 millones en 2008.

España es también uno de los principales puntos de entrada de la cocaína en Europa y es responsable de la confiscación en aduanas de más del 50 por ciento de esa droga.

De un total de 34,9 toneladas de cocaína confiscada durante 2009 en Europa, España aportó casi 18 toneladas, si bien los decomisos de esta droga bajaron en el resto europeo, siempre según las mismas fuentes.

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Gadafi y Liga Árabe aceptan plan de Chávez para solucionar crisis en Libia

RIA NOVOSTI

El líder libio, Muamar Gadafi, y el secretario general de la Liga Árabe, Amr Musa, aceptaron la propuesta del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, de crear una comisión internacional para solucionar la crisis en Libia, informó hoy la cadena Al Yazira.

De acuerdo con la cadena de televisión, Chávez sostuvo una conversación telefónica con Muamar Gadafi y Amr Musa en la que acordaron poner en marcha la propuesta, pero oficialmente no hay confirmación al respecto.

El plan consiste en enviar una misión internacional a Libia que estará conformada por representantes de países de América Latina, Europa y Oriente Medio.

La tarea principal de la misión es sostener conversaciones con el gobierno libio y con los líderes de la oposición a fin de encontrar una solución a la crisis política por la que atraviesa el país norafricano.

La víspera el líder libio solicitó a la ONU enviar una comisión a su país para investigar la muerte de manifestantes durante los enfrentamientos con las fuerzas del orden.

Luego Estados Unidos, junto con sus aliados de la OTAN, manifestó que “estudian” la posibilidad de una intervención militar en el país africano, para lo cual dos buques de guerra estadounidenses ya ingresaron en el Mediterráneo con dirección a Libia y el Pentágono anunció la reagrupación de fuerzas navales y aéreas en torno al país árabe.

Anteriormente, Musa declaró que la Liga Árabe estaba considerando el plan de Chávez para encontrar una solución pacífica a la crisis política en Libia.

“Hemos sido informados sobre el plan de Chávez pero todavía está siendo considerado”, dijo Musa citado por la prensa internacional.

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El primer ministro de Egipto presenta dimisión bajo presión de la oposición

RIA NOVOSTI

El jefe del Gobierno interino de Egipto, Ahmed Shafiq, presentó este jueves su renuncia, que fue aceptada por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, informó el organismo en un comunicado publicado en su cuenta oficial de Facebook.

El ex ministro de Transportes, Esam Sharaf, será ahora el encargado de formar un nuevo gabinete.

De esta forma, Shafiq cedió ante las multitudinarias manifestaciones celebradas en los últimos días para exigir su dimisión.

Para los jóvenes que protagonizaron la revolución del pasado 25 de enero, el ex primer ministro era una figura vinculada al antiguo régimen de Hosni Mubarak. No pudo conservar su puesto ni destituyendo a la mayoría de sus ministros que recibieron sus respectivas carteras aún estando Mubarak en el poder.

Este próximo viernes, 4 de marzo, la oposición tenía previsto celebrar una nueva protesta contra Shafiq. Además, algunos manifestantes se habían declararon en huelga de hambre hasta que dimitiera, acampando en la plaza Tahrir, famosa por ser el corazón de las recientes revueltas egipcias.

El presidente egipcio Hosni Mubarak renunció a su cargo el pasado 11 de febrero tras una ola de protestas antigubernamentales que sacudieron al país. La dimisión de Mubarak fue precedida por una degradación económica y social.

Las protestas y los disturbios causaron 365 muertos y más de 5.000 heridos.

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China y sus temas de actualidad

Luis Melian (PL)

Con el inicio hoy de la sesión anual de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, los debates sobre los programas, desafíos y estrategias para mantener el desarrollo socio-económico cobran más actualidad en China.

Ese órgano está integrado por personalidades y expertos que asesoran al gobierno y al Estado, hoy ocupados en el análisis del Plan de Desarrollo-Socio Económico para el período 2011-15, documento rector de las acciones para el lustro recién iniciado.

Nuevo punto de partida de estos debates fue el informe sobre el trabajo realizado en 2010 por la referida Conferencia (CCPPCh), presentado por su presidente, Jia Qinglin, en sesión a la que asistió el mandatario chino, Hu Jintao, y otras autoridades.

De acuerdo con el orador, esa entidad hizo importantes contribuciones para responder a múltiples riesgos y desafíos, promover un desarrollo socio-económico rápido y sano, y a la formulación científica del XII Plan Quinquenal.

Este año, esa organización convocará encuentros especiales de su Comité Permanente con vistas a deliberar sobre cómo acelerar la reestructuración económica y fomentar el avance de la nación más poblada del mundo.

Muchos de estos temas, incluidos problemas como la inflación, elevados precios de las viviendas, desigual distribución de la riqueza, entre otros, dominan la realidad del país desde hace algunas semanas.

Primero fueron analizados por la dirección del Partido Comunista y luego abordados por el primer ministro, Wen Jiabao, en un diálogo con internautas el pasado domingo, sin dejar de aparecer en encuestas de opinión.

En dos de esas últimas en las que participaron casi un millón de ciudadanos, además de los asuntos mencionados, entre los principales se citaron la lucha contra la corrupción y el empleo.

La atención a todas esas preocupaciones y las soluciones que imponen constituyen renovados desafíos para las autoridades al iniciarse el XII Plan Quinquenal, el cual la Asamblea Popular Nacional debatirá a partir del próximo sábado.

Entre las proyecciones de ese documento destaca la meta de un crecimiento anual del siete por ciento, 0,5 por ciento por debajo de la del quinquenio anterior.

La cifra se corresponde con la estrategia de priorizar su calidad mediante la transformación del modelo de desarrollo para garantizar una expansión económica sostenible. El modelo actual es muy dependiente de las exportaciones e inversiones.

Otros objetivos fijan el combate a la inflación como la máxima prioridad del gobierno.

Ese calificativo responde a la realidad de que el Indice de Precios al Consumidor registró alzas interanuales de 5,1 por ciento en noviembre, la mayor en 28 meses, de 4,6 en diciembre, de 4,9 en enero y de 3,3 en 2010, ese último ligeramente por encima del tope propuesto.

Para aliviar el problema de la vivienda se prevé la construcción de 36 millones de bajo costo hasta 2015, mientras la lucha contra la corrupción se refuerza, según recalcan las autoridades.

Hace unos días Liu Zhijun fue destituido como ministro de Ferrocarriles por supuestas "graves violaciones de la disciplina", caso con el cual se ejemplificó la determinación del Gobierno y el Partido de sancionar a los funcionarios encontrados culpables de situaciones de ese tipo.

China entra así en una nueva etapa enfrentada a todos estos retos, necesarios de vencer a fin de garantizar la estabilidad social, condición impostergable para mantener su desarrollo, ahora como segunda economía del mundo luego de desplazar a Japón el año pasado de esa posición.

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México: Ataques a defensoras de los Derechos Humanos, reflejo de un Estado autoritario

Anayeli García Martínez (CIMAC)

Durante los últimos cuatro años el gobierno federal ha mostrado su desdén por los Derechos Humanos (DH), y aunque se ha visto obligado a incluir este tema en su discurso oficial, las amenazas y hostigamiento contra defensoras y activistas refleja la falta de voluntad política para crear un mecanismo de protección que les garantice seguridad.

Así lo señala la abogada Andrea Medina Rosas, integrante de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, quien litigó ante el sistema interamericano de Derechos Humanos el feminicidio del Campo Algodonero y posteriormente realizó un análisis jurídico feminista de la sentencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió contra el Estado mexicano por este caso.

Medina Rosas expone que las defensoras de DH son un importante referente en cualquier Estado que se precie de ser democrático, ya que mantienen viva la memoria de la sociedad, difunden la exigencia de justicia, ayudan a develar la verdad y, además, asumen la defensa y atención de las víctimas de la delincuencia y de la inacción de las autoridades.

En entrevista con esta agencia, asegura que en México, al igual que en toda la región mesoamericana, las defensoras corren mayores riesgos para ejercer su labor y cuentan con menos recursos para protegerse, por lo que el próximo 8 de marzo, en el contexto del Día Internacional de la Mujer, organizaciones civiles mexicanas, de Guatemala y Honduras denunciarán esta situación ante Naciones Unidas.

Las organizaciones se reunirán con la relatora especial sobre la situación de los defensores de DH de la ONU, Margaret Sekaggya, en Ginebra, Suiza, a quien le presentarán el informe “Violencia contra defensoras de derechos humanos en Mesoamérica”, un diagnóstico que elaboraron a partir de entrevistas, testimonios y reflexiones de activistas y defensoras de DH de esta región que han recopilado desde 2006.

-¿Qué reflejan los asesinatos de defensoras de DH como Josefina Reyes, Marisela Escobedo y Susana Chávez?

-Primero la impunidad de los ataques iniciales. La impunidad es una responsabilidad del Estado mexicano y el hecho de que no se hayan investigado y sancionado anteriores ataques va haciendo una bola de nieve en la que no sólo las demás defensoras entramos en mayor riesgo, sino que los agresores adquieren confianza para generar estos niveles de violencia.

Otro punto importante es que no hay un reconocimiento del valor y el aporte del trabajo de las defensoras en el proceso de democratización del país y de la región mesoamericana. El propio gobierno y muchos medios de comunicación difunden que las activistas atacan al Estado. En Ciudad Juárez, por ejemplo, plantean que nos interesa minar el desarrollo económico del país y construyen campañas de difamación en contra del trabajo que realizamos.

-De acuerdo con la ONU, México es el segundo país más peligroso para las mujeres defensoras. ¿A que atribuyes esto?

-La violencia estructural de género nos afecta de manera particular a las defensoras. Hay una tendencia a analizar los ataques o la situación de defensores en general, pero nosotras hemos hecho un análisis donde resaltamos la importancia que tiene esta estructura de desigualdad.

En el diagnóstico “Violencia contra defensoras de derechos humanos en Mesoamérica”, encontramos que defender el derecho a una maternidad libre y voluntaria, la denuncia del feminicidio y la defensa de los derechos laborales, ponen en mayor riesgo a las mujeres porque son derechos que abren fisuras en la estructura de opresión contra las mexicanas.

La piedra angular de la construcción de las libertades fundamentales tiene que ver con el derecho al cuerpo y a la maternidad libre y voluntaria. No es coincidencia que sea uno de los derechos que más resistencia tiene socialmente y desde el Estado.

-En sólo cinco años, de 2004 a 2009, México acumuló 27 casos de amenazas contra defensoras, ¿esto se debe a la violencia del narcotráfico?

-Cuando se incrementa la violencia social es de manera generalizada, pero en una sociedad con una fuerte estructura discriminatoria contra las mujeres, son ellas quienes se llevarán una carga mucho más grave. Argumentar que el narcotráfico es la causa de estas agresiones puede llevarnos a no ver el impacto diferenciado que tienen estas formas de violencia.

-En este contexto, ¿consideras que hay una política de seguridad para las y los defensores de DH?

-Los derechos humanos no han sido un aspecto prioritario y transversal para el gobierno mexicano en esta administración. Tal vez lo incluye en el discurso, pero evidentemente no en las acciones. Un ejemplo es Todos Somos Juárez, un programa que canceló la mesa de trabajo sobre derechos humanos.

También es interesante que en este plan no hay medidas de acceso a la justicia, lo que demuestra que no se están planteando medidas de seguridad desde un enfoque de derechos humanos ni desde una perspectiva de género. Esto trae como consecuencia el ataque a la sociedad civil, del cual somos testigos.

-Hay promesas para generar un mecanismo de protección para defensores, ¿desde la sociedad civil cuáles son las propuestas?

-No hay un mecanismo efectivo de protección a defensoras y defensores debido a la falta de voluntad política del gobierno. Hay propuestas, las necesidades están planteadas, pero sólo se implementarán si el gobierno quiere.

La seguridad de las defensoras implica varios elementos y acciones que van desde las medidas de prevención, hasta aquellas de emergencia, pero se requiere de una respuesta ágil, oportuna y efectiva por parte de las autoridades.

En algunos de los casos que hemos tenido en los últimos meses se presentan las solicitudes de medidas de protección a las instancias de derechos humanos y su respuesta es que ellos, a su vez, las solicitarán. Al final el Estado no responde, no hay una coordinación entre los tres niveles de gobierno.

Para Medina Rosas, es claro que la democracia no sólo es el voto, ni la alternancia de partidos, también significa que la ciudadanía puede ejercer sus derechos y contar con libertades fundamentales. Afirmó que si continúan la persecución y asesinatos de quienes defienden y promueven esos derechos México no tendrá condiciones mínimas de democracia.

Para alertar sobre este tema, Medina Rosas, junto con las organizaciones Asociadas por lo Justo Mesoamérica (JASS), Feministas en Resistencia de Honduras y la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas se reunirán este 8 de marzo con la relatora de la ONU, Margaret Sekaggya.

Para la abogada es importante visibilizar el problema porque estos tres países se han convertido en los más violentos e inseguros del continente americano, con un clima de corrupción e impunidad que hacen poco o nada efectivos los mecanismos de protección y procuración de justicia para la población en general, y para las defensoras de derechos humanos en particular.

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El alza de precios del crudo fortalece la moneda rusa

Vlad Grinkevich (RIA NOVOSTI)

Los disturbios masivos que sacuden al Oriente Próximo desde hace varias semanas tuvieron repercusiones en Rusia. La subida de los precios de petróleo provocada por las olas de protestas revolucionarias estalladas en Egipto y Libia fortaleció la moneda nacional rusa, el rublo.

En caso de que continúe el descenso en la cotización del dólar respecto al rublo esto puede impulsar un importante flujo de capital especulativo al mercado ruso y contribuir al aumento de la tasa de inflación en Rusia.

Rusia recupera su reputación de socio seguro

Los acontecimientos en el Oriente Próximo no provocaron escasez de crudo en el mercado mundial. Otros países han compensado con creces los cortes en el suministro de petróleo de Libia.

Por ejemplo, Arabia Saudita anunció un aumento de su oferta en unos 3,5 millones de barriles diarios, mientras que los suministros del crudo libio tan sólo se redujeron en varias centenas de miles de barriles.

Sea lo que sea, los riesgos de escasez de recursos energéticos causaron la subida de los precios del crudo junto con el aumento de la cotización del rublo. “Las oscilaciones de los precios del petróleo son el factor clave para predecir con bastante fiabilidad la cotización del rublo respecto al dólar”, dijo Vladímir Bráguin, jefe del departamento de análisis macroeconómico y financiero de la compañía gestora Alfa-Capital.

La tendencia al aumento de los precios de petróleo registrada a finales de la semana pasado continua.

Los disturbios que azotan a países árabes benefician a Rusia. Según el director de la Fundación de Seguridad Energética Nacional, Konstantín Símonov, los socios occidentales de Rusia se verán obligados a revisar próximamente sus planes para diversificar las rutas y las fuentes del suministro del gas y dejar de considerar a Rusia como un “socio poco fiable”. Rusia adquirió esta imagen debido a las llamadas “guerras de gas” ruso-ucranianas.

A diferencia del Oriente Próximo, que empieza a convertirse de nuevo en un foco de inestabilidad, el clima en Rusia es favorable tanto para las exportaciones de hidrocarburos como para las inversiones de cartera.

Flujo de capital especulativo

“Hoy en día, los recursos financieros están saliendo activamente de los países con mercados emergentes y se inyectan a Rusia, dijo Vladímir Braguin. Según el experto, al aumentar la tasa de refinanciación en 0,25 puntos, hasta el 8%, el Banco Central de Rusia hizo el primer paso para limitar el flujo del capital especulativo.

Por otra parte, el director de la Escuela Superior de Economía de Rusia, Vasili Solodkov, cree que, en la situación del fortalecimiento del rublo, el aumento de la tasa de refinanciación puede atraer a los capitales especulativos.

En todo caso, la afluencia de inversiones especulativas no representa una grave amenaza para la economía rusa. El mercado de valores puede beneficiarse de estos capitales y, además, Rusia devolverá al extranjero una parte de los ingresos aportados por la subida de precios del petróleo, pagando los intereses a los inversionistas.

Por otro lado, el fortalecimiento del rublo inevitablemente aumentará la tasa de inflación en Rusia y recalentará el mercado de consumo. Esto parece más desagradable.

En resultado, la tasa anual de inflación puede aumentar en un 2% ó 4%. Esto depende del Banco Central de Rusia. Este organismo es seguramente incapaz de frenar el alza de los precios mundiales de petróleo, pero, a diferencia de la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central ruso puede influir en la cotización del rublo.

Hoy por hoy, todo depende de cómo frecuente recurrirá el Banco Central a este derecho suyo. A juzgar por todo, el Banco actuará de modo activo porque un o de los principales indicadores económicos está en juego.

Además, la lucha contra la subida de los precios será una de las tareas primordiales de los funcionarios rusos.

Los intereses de los exportadores rusos, ante todo, las compañías energéticas, también deben tomarse en consideración, ya que el fortalecimiento del rublo afecta su rentabilidad.

Estas empresas no quieren sufrir pérdidas y según las estimaciones de Solodkov, el precio de coste de extracción de un barril de petróleo es de un US$10 ó US$15. El monto restante es el beneficio.

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