miércoles, 16 de marzo de 2011

El dilema de Francia

Alejandro Teitelbaum (especial para ARGENPRESS.info)

En política interior, la noticia de la última semana en Francia ha sido el resultado de los sondeos de opinión que colocan a Marine Le Pen, candidata del Frente Nacional de extrema derecha, en el primer o en el segundo lugar de la primera vuelta de las próximas elecciones presidenciales.

El partido del presidente Sarkozy trata de minimizar el sondeo, aunque algunos de sus miembros dicen que la culpa es del Partido Socialista, que no ofrece un programa alternativo a la política del actual Gobierno, dejando así la vía libre a la extrema derecha.

Los socialistas culpan al Gobierno porque promueve los temas favoritos de la extrema derecha: debates sobre la “identidad nacional”, la inmigración clandestina y el peligro de que arriben ahora enormes masas de inmigrantes del Norte de África. Todo ello sobre fondo de racismo y antiislamismo.

Lo cierto es que en Francia se advierte una proliferación del mensaje racista, propalado bajo distintas formas por periodistas, políticos, intelectuales y gente común.

Salvo una condena a un periodista por el delito de incitación a la discriminación racial durante una emisión de televisión, (calurosamente defendido en nombre de la libertad de expresión y ahora vedette del partido de Sarkozy) y el episodio un poco grotesco de John Galliano el modisto de Dior, que está procesado porque en un bar, estando ebrio dirigió injurias racistas a una pareja, los mensajes racistas circulan ampliamente y sin trabas. Muy recientemente fueron invitados a una emisión de televisión una serie de personajes que se libraron a un verdadero festival antiislámico, en algunos casos caricaturesco, sin que hasta ahora se haya producido reacción alguna contra el responsable de la emisión o los participantes.

Las organizaciones sociales antiracistas, algunos partidos de extrema izquierda y figuras del Partido Socialista denuncian esta escalada de las ideas racistas.
Pero salvo pocas excepciones, no llegan a situar esta escalada en el marco del plan gubernamental de ofrecer a la vindicta popular un “chivo emisario” de la grave situación social existente en Francia caracterizada por la desocupación, los salarios prácticamente congelados, la inflación, el aumento de los impuestos, etc.

De modo que la responsabilidad del Gobierno francés es muy grande por haber llevado al país a una situación social desastrosa, beneficiando al mismo tiempo a las grandes fortunas, muchos de cuyos titulares son íntimos amigos de la elite gobernante. Pero no cabía esperar algo muy diferente de la derecha tradicional francesa.

Los que dicen que el Partido Socialista carece de un programa alternativo claro y coherente tienen razón, (lo mismo puede decirse de la llamada “izquierda de la izquierda”) de modo que el vacío político creado por el rechazo que provoca el Gobierno en las clases populares afectadas por los problemas sociales no lo ocupa el Partido Socialista ni la extrema izquierda sino, con un discurso simplista y populista, la extrema derecha,

Desde hace años la tarea principal del Partido Socialista en su plano interno es tratar de mantener la cohesión entre tendencias ideológicamente diferentes, que van de una izquierda moderada a un franco liberalismo. Lo que tiene como resultado la falta de programa y de propuestas concretas. Con el agravante de que existe una tendencia a postular como candidato presidencial a Dominique Strauss Kahn, actual Director del Fondo Monetario Internacional (nombrado con el apoyo de Sarkozy), un inveterado liberal que no tiene nada siquiera de socialreformista. Strauss Kahn fue ministro de economía de Lionel Jospin, durante cuyo Gobierno se batió el récord de privatizaciones de empresas y servicios públicos y el alineamiento de Francia sobre el enfoque neoliberal de la construcción europea fue completo.

El cálculo, y los sondeos lo confirman, es que Strauss Kahn ganaría cómodamente las elecciones, porque en la segunda vuelta lo votaría la clase media “progre”, una buena parte del electorado de la derecha tradicional y una pequeña parte de las clases populares, esta última para ver si cambiando de personaje mejoran un poco las cosas. Aunque perdería votos “por izquierda” de la gente conciente de que con Strauss Kahn sería cambiar algo para que todo siga igual.

Sin embargo, la postulación de Srauss Kahn pierde fuerza, incluso dentro del PS, a causa de que no se define como precandidato, puede ser porque duda entre conservar su tranquilo y bien remunerado puesto en el FMI y entrar en el torbellino impredecible de la política francesa.

Otra posible candidata del PS es Martine Aubry, quien también podría ganar las elecciones pero de manera más ajustada que Strauss Kahn, pues no contaría con los votos de una parte del electorado de derecha, que la ve “muy a la izquierda” aunque, por cierto, no lo es. Como secretaria general del PS su labor principal consiste en criticar la política gubernamental y formular vagas propuestas como para no molestar a ninguna de las diferentes corrientes partidarias. Valga como ejemplo reciente el hecho de que criticando la frase de una diputada del partido de Sarkozy ( “a los inmigrantes que vienen del Mediterráneo hay que meterlos de nuevo en los barcos”) Martine Aubry se declaró “espantada” y agregó otras generalidades. Pero se abstuvo de denunciar las raíces sociales de la actual escalada racista.

El panorama de la llamada izquierda de la izquierda en Francia no es nada alentador. El Partido Comunista, que abandonó hace decenios un enfoque crítico global del sistema y una propuesta de cambio radical de la sociedad, está en las últimas etapas de una larga agonía. Buena parte de su electorado popular emigró al Frente Nacional.

El Nuevo Partido Anticapitalista liderado por Olivier Besancenot, surgido hace un par de años de una fusión ideológicamente heteróclita de la Liga Comunista Revolucionaria, de algunos ecologistas y de gente independiente con vagas ideas de izquierda, (ni siguiera lograron ponerse de acuerdo para darle un nombre positivo al Partido) suscitó algunas esperanzas en el momento de su creación, llegando a reunir unos 9000 miembros, ahora reducidos a menos de la mitad, quienes tampoco logran ponerse de acuerdo sobre un programa y una política de alianzas.

Jean-Luc Melenchon que se fue del PS por la izquierda y fundó en 2009 el Parti de Gauche es una fuerte personalidad, autor reciente de un libro titulado Qu'ils s'en aillent tous ! ( ¡Que se vayan todos!) cortejado y al mismo tiempo rechazado por el PC que teme perder totalmente su identidad y verse reducido al papel de aparato de Melenchon.

Con el retiro de su dirigente histórica Arlette Laguillier, Lucha Obrera, baluarte de una rígida política de “clase contra clase” y refractaria a toda alianza con otros grupos de izquierda, quizás haya perdido algo de su presencia más bien simbólica en el escenario político francés.

Se puede situar a los verdes (Europa Ecología) en esta izquierda, bien representada en la figura de su secretaria general Cecile Duflot, quien precisamente fue uno de los pocos políticos de izquierda que caracterizó bien la actual escalada racista como una manera de desviar la atención de los verdaderos responsables de la grave situación social.

En resumen, la derecha tradicional y la extrema derecha francesa están explotando con éxito –dada la inanidad político-ideológica de la izquierda- el rechazo del otro, del diferente, que existe en estado latente en buena parte de las personas (y como fuerte convicción ideológica en una minoría militante) no sólo en Francia sino en todos los países y que eclosiona vigorosamente a la luz del día cuando se agravan los problemas sociales. Sobran los ejemplos en todo el mundo y en todas las épocas, cuya expresión más pavorosa y sangrienta fue el hitlerismo.
Ahora Sarkozy quiere recuperar, (pero no lo logra, su descrédito es cada vez mayor) la vanguardia en la derecha francesa que le ha quitado el Frente Nacional, no sólo promoviendo cierta política dentro de Francia sino pretendiendo asumir, como un nuevo Bush, el liderazgo internacional de la derecha con su propuesta de bombardear Libia, hasta ahora recibida con cierta reserva por los demás países europeos e incluso por USA como surge de las declaraciones del Ministro de Defensa de Obama, Robert Gates. Aunque mientras tanto crece el despliegue de fuerzas aeronavales frente a Libia.

El Partido Socialista Francés, que en esta materia quiere ser más sarkozista que Sarkozy, emitió un comunicado el 11 de marzo declarándose impaciente porque las potencias occidentales tardan en establecer una zona de exclusión aérea sobre Libia, lo que sería el primer paso de una nueva agresión imperialista “humanitaria”. Salta a la vista la semejanza del caso de Libia con los hechos de Kosovo que precedieron a los devastadores y criminales bombardeos de la OTAN sobre Yugoslavia en 1999, realizados con un desprecio total del derecho internacional humanitario.
Los sondeos de opinión que colocan a Marine Le Pen en “pole position” para las próximas elecciones presidenciales han ocupado todos los medios de comunicación.
Dichos medios no han tenido aparentemente espacio para publicar otro sondeo realizado en enero de 2010 y repetido en enero del 2011 por CEVIPOF (Centro de Investigaciones Políticas) de Ciencias Políticas (SciencesPo) asociado al CNRS (Centro Nacional de Investigación Científica) del que surge que sólo el 14% de los franceses tienen confianza en los partidos políticos (el 13% en enero 2011) , mientras que el 51% les tienen más bien desconfianza y el 31% ninguna confianza.
La gran mayoría de los franceses están hartos, como muchos otros pueblos, de tener que optar en cada elección entre la sartén y el fuego, lo que sin duda se va a reflejar en una alta tasa de abstención en las elecciones cantonales del 20 y 27 de marzo próximos.
Y para las próximas elecciones presidenciales si el Partido Socialista, en lugar de buscar el candidato que pueda juntar más votos (ya fracasó con Segolène Royal con esa estrategia en 2007), no se ocupa de promover una coalición de izquierda en torno a un programa para sacar a Francia del marasmo (y la izquierda de la izquierda no empuja fuertemente en ese sentido), las elecciones presidenciales de 2012 pueden terminar en la segunda vuelta en un duelo entre un “frente republicano” de centro-derecha para “cerrar el paso” al Frente Nacional por un lado y el Frente Nacional por el otro, con un resultado final previsiblemente favorable al “frente republicano”, como en 2002, cuando ganó Chirac frente a Le Pen. Pero no cabe excluir que el resultado sea el inverso y resulte triunfante el Frente Nacional.

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Piñera negoció en secreto acuerdo nuclear con Estados Unidos

Ernesto Carmona (especial para ARGENPRESS.info)

Chile y Estados Unidos suscriben el viernes un “memorándum de entendimiento sobre cooperación en energía nuclear” negociado prácticamente en secreto con el propósito de construir centrales nucleares de manufactura estadounidense. Washington pidió que el acuerdo se firmara 48 horas antes del arribo de Barack Obama.

El gobierno de Sebastián Piñera se propone embarcar a su país en un programa nuclear a espaldas de la opinión pública y política, mientras crece la tensión mundial por el Chernóbil de Japón. La prensa informó que el acuerdo (1) sería rubricado por Jaime Salas, director de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, y Alejandro Wolff, embajador de Estados Unidos. “Sería”, y no “será”, porque en horas han surgido reparos, incluso desde las filas políticas del gobierno.

El biministro de Energía y Minería, Laurence Golborne, fue convocado a una comisión del Senado para que describa el jueves los planes energéticos de Piñera. "Le vamos a pedir a Golborne que se pronuncie sobre sus dichos a favor de la energía nuclear y también que nos explique más acerca de la firma de estos convenios tanto con Francia como con Estados Unidos", dijo el senador José Antonio Gómez, del partido Radical Socialdemócrata (PRSD). Desde las propias filas del gobierno, el senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Jaime Orpis dijo que "claramente, a raíz de lo sucedido en Japón, la discusión sobre la energía nuclear se complica en Chile".

Voces contra la energía nuclear

La filial de Greenpeace llamó a no suscribir el acuerdo el viernes. Su director Matías Asún dijo que "ante la grave situación que enfrenta la población japonesa por la emergencia nuclear, rechazamos rotundamente avanzar en las bases para traer la energía nuclear a Chile" y manifestó que lo ocurrido en Fukushima ayudaría “a tomar conciencia de lo nociva y peligrosa que es la energía nuclear". Anunció que Greenpeace promoverá una campaña, junto a otras organizaciones, para evitar que se firme el convenio con Estados Unidos. En sentido similar se pronunció la ONG Terram y, por supuesto, numerosos políticos de la oposición a Piñera.

“Exigimos que el gobierno transparente las negociaciones y convenios de colaboración en materia nuclear, de manera que la ciudadanía sea debidamente informada respecto de las decisiones energéticas en las que trabaja la autoridad”, dice un comunicado de Terram. “Creemos que es un momento propicio para visualizar que el futuro está en las energías renovables y no en alternativas energéticas que representan riesgos sustanciales para la población”.
"Después de lo visto en Japón, es una total locura pensar en energía nuclear para Chile", dijo el diputado socialista Marcelo Díaz, quien anunció que los diputados de su tienda pedirán una sesión especial para que el Ejecutivo transparente su política nuclear. “Se está dando por hecho que en Chile vamos a tener centrales nucleares, pero el gobierno no ha informado ninguna decisión al respecto de manera transparente. Se hacen inversiones, se firman convenios y se formulan anuncios como si el tema estuviera zanjado”, afirmó Díaz.

El periodista independiente Alejandro Guillier dijo que Chile tiene notorias falencias para fiscalizar los impactos medioambientales de los proyectos termo e hidroeléctricos. "Imagínense la fiscalización de plantas nucleares; la calificación de los estudios ambientales en Chile es para pensar".

El presidente del Instituto de Ecología Política, Manuel Baquedano, aseguró a la agencia Orbe que Chile posee recursos para no depender de opciones como la energía nuclear. Aseguró que el desastre en Fukushima, "anuló el modelo tecnológico que teníamos para el uso de esa energía en nuestro país". Dijo que la energía nuclear es ingobernable, mientras en el país ya existe todo para aplicar proyectos de energías renovables no convencionales: "están los recursos, está la tecnología... Sólo falta la voluntad política".

Debate mundial

La crisis en Japón desató un debate mundial sobre la energía nuclear. En Estados Unidos también cuestionan la apuesta de Obama por la energía nuclear (2) y existen severas dudas sobre el sistema de control desde que el accidente en la central atómica de la isla Three Mile Island, a 16 km de Harrisburg, Pennsylvania, el más grande de la historia antes de Chernóbil (1986), inició en 1979 la decadencia de la energía nuclear e instaló una moratoria que hasta hoy prohíbe instalar nuevas centrales atómicas en ese país.

Fukushima reactivó también a los opositores a la energía nuclear en la India. Un acuerdo parecido que firmó ese país con Estados Unidos en octubre de 2008 abrió un mercado de 270.000 millones de dólares para los reactores atómicos. Ahora se disputan los contratos empresas de 45 naciones del Grupo de Proveedores Nucleares. El más relevante fue firmado en diciembre de 2010 con la francesa Areva, pero se desató una controversia por el lugar elegido para crear un parque de energía de 9.900 megavatios, el más grande del mundo, en el estado occidental de Maharashtra. "Además de nuestra oposición a la energía atómica, objetamos la elección del lugar en la costa de Konkan, que se ubica dentro de un cinturón sísmico", dijo a IPS el activista Laxminarayan Ramdas, uno de los líderes de la Coalición para el Desarme Nuclear.

Angela Merkel anunció que Alemania apagará las siete centrales nucleares más antiguas para evaluar su seguridad, en respuesta a la crisis en Japón y, sobre todo, a las masivas protestas contra la energía nuclear, a dos semanas de las elecciones regionales. La desconexión afecta a "las plantas que fueron construidas antes de 1980", mientras las nueve restantes continuarán funcionando. Las centrales atómicas generan el 23% de la electricidad alemana, mientras las energías renovables cubren 9%. La más vieja que se apaga data de 1974.

Notas:

Ernesto Carmona, periodista y escritor chileno.

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La ambición colonial en el plan para derrocar a Gaddafi

Juan Francisco Coloane (especial para ARGENPRESS.info)

Lo de Libia está complicando a la Alianza Transatlántica más de lo advertido en el peor de los escenarios. El desastre natural en Japón y la crisis de seguridad en las instalaciones nucleares, refuerza la importancia de la variable energética exigiendo la rápida recuperación de Libia como socio vital de la Alianza Transatlántica, convirtiéndose en una prioridad de su seguridad estratégica.

El Primer Ministro británico, el conservador David Camerón, anunció estar dispuesto a una intervención militar en Libia, aunque no garantizaba ayuda directa a los rebeldes. El pragmatismo fue inequívoco: “No queremos al sur de de Europa un estado que nos amenace”. Hacía recordar el Ronald Reagan de mayor alcurnia imperial de los años 80 cuando decía que “al sur del Río Grande sólo obedecen con una patada en el trasero”.

La Alianza Transatlántica olímpicamente intenta demostrar que tiene algo que ofrecer en cuanto a un modelo de desarrollo democrático a los países que han estado bajo dominio colonial hasta hace menos de medio siglo. Sin embargo por causa de las necesidades de expansión y reacomodo de territorios, los países que forman esa misma Alianza se han despachado el pasado siglo: dos guerras de carácter global en un período de tres décadas; una guerra regional (Corea) de impacto global; y otra guerra más local encabezada por el país líder de facto de esa Alianza, que es Estados Unidos, afectando el ethos del resto del mundo como fue Vietnam. Siendo todo esto insuficiente al parecer, al despuntar el nuevo milenio, los miembros líderes de esa misma Alianza como Estados Unidos y el Reino Unido, encabezan una sub-alianza para invadir Irak usando un severo golpe a la probidad en la información para justificar esta invasión.

Ahora es Libia que se cruza en el camino de una tortuosa estrategia de la Alianza Transatlántica por la supremacía global que se esconde bajo el subterfugio de la lucha contra el terrorismo y la seguridad estratégica en la zona. Lo que no sabe esta Alianza, que se fundó para protegerse de una amenaza comunista inexistente en el formato reconocible, es poner límites a su propia soberbia, que no es más que la ambición insatisfecha del pasado colonial.

Es así que presiona a todo nivel para lograr un consenso internacional que facilite la intervención militar en Libia y derribar el gobierno de Muamar el Gaddafi. La Liga de Países Árabes con el voto disidente de Argelia y Siria, aprobó la zona de exclusión aérea mientras que el Presidente de Estados Unidos Barack Obama recomendaba la renuncia de Gaddafi nombrando al mismo tiempo un oficial de enlace para negociar con el gobierno rebelde. En una mezcla de demagogia con integrismo territorial, el gobierno Iraní se alineaba con la Alianza Transatlántica exigiendo la partida de Gaddafi, rechazando no obstante la intervención militar en Libia. El Consejo de Seguridad de la ONU por su parte aprobaba sanciones contra Libia. Con anterioridad, el presidente francés Nicolás Sarkozy había reconocido al gobierno instalado en Benghazi por los rebeldes.

Se constata un escenario conducente a generar un clima global que facilite la eventual decisión del Consejo de Seguridad de la ONU respecto a impulsar la intervención militar para derribar el actual gobierno en Libia. La posición final de China y Rusia es una incógnita, aunque no se descarta un rechazo a la intervención militar. Libia no es Kosovo ni Serbia. Está en África.

Ha surgido el voto negativo de la Organización para la Unidad Africana para crear la zona de exclusión aérea y de rechazo a la intervención militar. También se evalúan los efectos de una aceleración de la violencia en el proceso de cambio en el medio oriente y norte de África. Para algunos analistas, el actual proceso político en el mundo árabe equivale al inicio del fuego que comenzó en Europa con el colapso de dominios y el reacomodo de fronteras que hicieron estallar la guerra de 1914-1918, pero cuyo núcleo de tensión se prolongó hasta el comienzo del conflicto bélico de 1939-1945. Cuando comenzaban las hostilidades en 1911, muy pocos anticipaban que se entraba en una guerra que en retrospección duró tres décadas.

Es sabido que el organismo multilateral por excelencia como es Naciones Unidas, por principio no patrocina cambios de régimen en ningún país y de ocurrir con Libia se estaría frente al tipo de intervención que ha contribuido al deterioro de la confianza en el actual sistema internacional. Si la ONU se embarca en el derrocamiento de Gaddafi por el expediente de las armas, es el regreso a los tiempos de la guerra entre las dos Coreas.

Los ecos de Irak 2003 resuenan, con todo, Gaddafi no es Saddam Hussein y hasta pudo firmar un acuerdo antiterrorista con Occidente. Autocrático y dictatorial, aún así puede emerger como el último bastión anti colonial en una zona del mundo que no ha podido unificarse y decidir su destino autónomo protegiéndose al mismo tiempo de la interferencia extranjera.

Independiente del rigor para evaluar su gobierno, la cuestión esencial e insoslayable en el análisis es el fenómeno de las luchas anticoloniales por la independencia donde Libia adquiere un status central de última generación con Gaddafi convertido en una suerte de último nacionalista Árabe.

Libia es un país pivote en la actual crisis de los países árabes con gobiernos autoritarios funcionales a los intereses de la Alianza Occidental. Exhibe el ámbito de mayor claridad y realismo en cuanto a las dos antípodas reflejadas en las tensiones de la guerra fría: el dominio colonial de una potencia sobre un pequeño país con importancia estratégica; y la desesperación de éste por impedir caer bajo ese dominio unilateral y conservar algún grado de autonomía para no perecer.

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Libia y la soberanía limitada

Guillermo Navarro Jiménez (especial para ARGENPRESS.info)

«¿No es aterrador permanecer pasivos, diríase paralizados, crispados frente a aquello de lo cual depende nuestra supervivencia?»
Viviane Forrester

Los líderes de opinión de la derecha ecuatoriana -grupo de personas habitualmente seleccionados por los medios de comunicación para que opinen respecto a temas de interés que forman parte de sus agendas, en el claro objetivo de incidir sobre la opinión pública en un sentido predeterminado y apetecido-, sin excepción y en estos últimos días, han desatado una amplia campaña de oposición a la línea asumida por el gobierno ecuatoriano respecto al caso Libio, con argumentos que replican las posiciones de las grandes potencias occidentales, sin consideración alguna, por desconocimiento o mala fe, al problema sustantivo que subyace en la posición de las grandes potencias que aquellos defienden en forma denodada, casi histérica: la imposición de la soberanía limitada sobre la soberanía territorial, tesis defendida por el Ecuador, y cuyos principios se incluyen en forma explícita en el artículo 416 de la Constitución vigente. Veamos nuestras razones..

En etapas históricas anteriores a los años 80, a nivel del consenso de los estados nacionales, prevalecía el concepto denominado “soberanía territorial” (1), entendido como el poder de un Estado para ejercer su autoridad suprema sobre todas las personas que habitan en su territorio, las cosas que en él se encuentran y los hechos que ocurren (2) en el espacio territorial nacional (3), poder supremo al que deben adicionarse los conceptos de igualdad de la soberanía entre los Estados (4) y la prohibición de amenazar o de utilizar la fuerza (5) contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.

Con posterioridad a los años 80, las grandes potencias occidentales, impulsaron y trataron de imponer, principalmente en el seno de las Naciones Unidas, el concepto denominado “soberanía limitada”, el que pretende conceder derecho para el ejercicio de acciones intrusivas –acción de introducirse sin derecho- ha determinados países u organizaciones mundiales como las Naciones Unidas, regionales como la OEA, y hoy a organizaciones militares de los países imperialistas como la OTAN, bajo distintas causales, posición a la que se oponen los países de menor desarrollo relativo, ya que, la internacionalización de los conflictos choca con el principio de no-intervención en los asuntos internos de los Estados, principio que fue pensado en miras de que los Estados políticamente más poderosos no violen el derecho de los menores a autogobernarse.

La contradicción de posiciones en este campo deviene de intereses contrapuestos. En el caso de los países desarrollados, impulsan la “soberanía limitada” en sus esfuerzos por eliminar cualquier obstáculo a sus afanes globalizantes (6), de ocupación de los territorios en los cuales se constata reservas de los bienes calificados por ellos como estratégicos o reservas de agua dulce y oxígeno, como la amazonía, en tanto los países del denominado tercer mundo defienden la “soberanía territorial” sobre la base de una posición nacionalista que consideran inclaudicable y única garantía de la conservación del Estado Nacional (7), de su territorio y el uso pleno de sus recursos naturales. Esta contradicción, por cierto, no ha terminado, se mantiene con fuerza como lo demuestra, por ejemplo, el duro debate que se sucedió en las cuatro reuniones plenarias de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se realizaron entre el 6 y el 11 de octubre de 1999, cuando se colocó sobre el tapete el problema de la “seguridad humanitaria” (8), como una de las causales para las intrusiones. O, en horas actuales, la pretensión de intervenir, incluso militarmente en Libia.

La profundidad y alcance de los intereses contrapuestos, la fuerza y la irreducible posición de quienes defienden la «soberanía territorial» y los denodados esfuerzos que despliegan los países globalizantes por imponer la «soberanía limitada» es de tal magnitud, que están conduciendo a consecuencias imprevisibles, como lo advierte Alvin Toffler, quien, por cierto desde el campo de intereses de los países globalizadores, aseveraba que: “mientras que poetas e intelectuales de regiones económicamente atrasadas escriben himnos nacionales, los poetas e intelectuales de los países de la tercera ola cantan las virtudes de un mundo sin «fronteras». Las colisiones resultantes, reflejo de las agudas diferencias entre las necesidades de dos civilizaciones radicalmente diferentes, podrían suscitar en los próximos años un derramamiento de sangre de la peor especie”. (9)

Los alcances de la cita anterior, así como la solidez de la irrenunciable posición de los países que defienden su soberanía nacional, por cierto desmiente a todos aquellos que pretenden afirmar, ayer y hoy desde el interior de nuestros países, que la lucha en defensa del interés nacional es una antigualla; posiciones que llegan al extremo antinacional de afirmar que de la “soberanía no se come” como lo sostuvo paladinamente el ex Presidente ecuatoriano Gustavo Noboa, o que demandan que es necesario recurrir a organismos internacionales para que intervengan en nuestros problemas internos, como lo planteó, a propósito del Plan Colombia, Juan de Dios Parra, quien fungía de Secretario de la llamada Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos ALDHU, de la cual fuera luego secretario Gustavo Larrea, opositor actual del gobierno nacional.

Mas, la sola invocación de la globalización y sus requerimientos, por obvias razones, no puede justificar la pretensión de limitar la soberanía nacional, ya que, ello conduciría, inevitablemente, al descubrimiento de los verdaderos objetivos que se esconden tras de la denominada “soberanía limitada” y a exacerbar las posiciones nacionalistas, como corresponde. En consecuencia, era necesario encubrirla tras de causales que no despertasen sentimientos patrióticos de tinte nacionalista y que, a la vez, propicien adhesiones incautas de los más variados grupos sociales de los países cuya soberanía nacional se pretende limitar.

La estrategia del gobierno estadounidense y de otras potencias occidentales, principalmente europeas como se demuestra actualmente ante los acontecimientos de Libia, con el irrestricto apoyo de los intelectuales funcionales de los países del tercer mundo, hoy denominados adecuadamente como intelectuales institucionales, se centró en impulsar una lucha ideológica para imponer como elementos que debían posibilitar la limitación de la soberanía nacional y, consecuentemente, justificar las intrusiones, las siguientes causales:
a. La existencia o no de democracia, en el concepto de la democracia formal, que pasa solamente por la transparencia de los procesos electorales y el respeto a sus resultados; (10)
b. La violación de los derechos humanos;
c. La seguridad humanitaria;
d. La existencia de corrupción en la gestión pública;
e. El narcotráfico; y,
f. El terrorismo.

Las intrusiones, por cierto, proceden una vez que se ha satanizado, demonologizado (11) al Estado en el cual se prevé intervenir. Una vez que se lo ha caracterizado negativamente sobre la base de la apreciación emitida respecto a los elementos antes mencionados, caracterización que permitirá, en términos de Chomsky clasificar a los Estados en “iluminados” y “delincuenciales”, clasificación respecto a la cual afirma que: “Los iluminados son los que se auto definen así. Estados Unidos es uno de ellos. Y su perro de presa, Gran Bretaña, lo es cuando sigue sus órdenes. Todo el que acepta participar en la cruzada es Estado iluminado, el resto son Estados delincuentes”. (12)

La satanización, como no puede ser de otra manera, requiere de información justificatoria suficiente sobre los países potencialmente “delincuenciales”. Para ello, se recurre a varias fuentes de información que la justifique: la elaborada por académicos e intelectuales, contratados o no expresamente con este objetivo; la recopilada por espías contratados para el efecto; la proveniente de estudios académicos encargados y financiados expresamente con ese objetivo; del estudio de las investigaciones que se producen en los centros de estudios superiores o especializados, igualmente financiados por entidades creadas ad hoc, etc. (13)

La toma de información clasificada para los fines del imperio, por cierto se realiza al nivel de todos y cada uno de los países considerados como potenciales objetivos de futuras acciones intrusivas. En ese accionar, el Ecuador no ha sido ajeno a la indispensable recopilación de información, como no lo ha sido tampoco cuando de contratar académicos se trata. Uno de los casos más evidente de contratación de un académico y de un “dirigente petrolero” es el cumplido a través del Proyecto AAA. (14)

Efectivamente, el antes mencionado proyecto financió, entre otros, la investigación recopilada en el libro: “Ética y corrupción”, dirigido y coordinado por Napoleón Saltos Galarza y con la participación, en calidad de investigador del tema petrolero, de Fernando Villavicencio, actualmente activos militantes de la oposición al gobierno del Presidente Correa, a pesar de que se auto proclaman enemigos irreconciliables del imperialismo norteamericano.

Este repudiable episodio, como de otros que abundan en los países que defienden la soberanía territorial, son tristes muestras de la acción y participación consciente de esta intelectualidad funcional, que desgraciadamente ejemplifican las inconsecuencias a las cuales nos tienen acostumbrados muchos de quienes se dicen dirigentes populares, antimperialistas y revolucionarios. Qué decir de estos y de todos los intelectuales ecuatorianos que hoy se alinean y luchan a favor de la soberanía limitada, olvidando que su responsabilidad, en palabras de Marcuse, debería haber sido, el posibilitar la confluencia entre “la conciencia humana más evolucionada y la fuerza humana más explotada”. Qué decir de estos intelectuales que han involucionado en intelectuales institucionales del imperialismo, a pesar de que pretendan ser todo lo contrario, como lo demuestran sus constantes declaraciones que se publican o difunden en los más grandes medios de comunicación del Ecuador, hoy a propósito de la guerra civil Libia.

Adicionalmente a lo antes expresado, valga señalar que los procedimientos y actitudes como el antes detallado, han contribuido a que el imperio, como lo advertía bien Agustín Cueva, haya alcanzado éxito en la lucha ideológica y política, victoria que, por cierto, es relativa y se debilitará aún más, en tanto seamos capaces de dejar escuchar nuestra voz alternativa, profundizando nuestra concurrencia con la “fuerza humana más explotada” y nuestra defensa de la soberanía territorial.
El conflicto entre los defensores de los dos tipos de soberanía, se deriva entonces de los esfuerzos realizados por los Estados más poderosos para que se acepte la “soberanía limitada”, para que se les conceda una capacidad ilimitada de acción cuando supuestamente se trate de defender los derechos humanos, la seguridad humanitaria. Pretensión que lo comprueba, por ejemplo, la posición asumida por las grandes potencias en las reuniones plenarias de la Asamblea General de las Naciones Unidas de octubre de 1999. Sesión en la cual: “Muchos de los ponentes reiteraran sus posiciones presentadas durante el Debate General. Una vez más dos posiciones fueron evidentes, revelando una división Norte-Sur. En los extremos, fuertes defensores de la intervención inmediata en situaciones de graves violaciones de los derechos humanos que contrastaban, en sus opiniones, con aquellas que defendían la soberanía nacional como un principio fundamental que no podía ser atacado” (15). Posiciones irreconciliables que se presentaban y con las cuales, ya entonces, se alineaba el Secretario General de las Naciones Unidas, cuando insistía en la necesidad de que: “La comunidad internacional debe estar preparada para verse envuelta políticamente -y de ser necesario militarmente- para limitar, administrar, y finalmente resolver conflictos que hayan salido de control”. A lo que agregaba: “Ello requiere de un sistema de seguridad colectiva, con un funcionamiento más perfeccionado del que existe en el momento. Para ello será necesario, por encima de todo, una mayor disposición para intervenir para prevenir graves violaciones a los derechos humanos”. Salida militar que hoy reclaman desembozadamente, por ejemplo, los presidentes Obama de los Estados Unidos o el Presidente francés Sarkozy, o la Unión Europea.

Las acciones emprendidas en contra de Libia ponen al descubierto, entonces, que las verdaderas intenciones del imperio al tratar de escudarse tras la defensa de la seguridad humana, de los derechos humanos para avanzar en sus acciones intervencionistas, no es otra que apropiarse del petróleo libio, y no de inaugurar una nueva época, la “humanitaria” como lo pretendieron en el caso de Kosovo y Timor Oriental, ya que, como lo señala Noam Chomsky: “Cuando Estados Unidos y los aliados europeos bombardearon Kosovo, muchos pensaron que estábamos en una nueva era 'humanitaria', en que la fuerza internacional solo sería usada en determinados casos. La idea era que soberanía y derecho internacional eran conceptos superados por la globalización, y que si un Estado de los rogue states (Estados delincuentes) se ponía a matar a su gente, sería necesario intervenir por razones humanitarias. Los Estados iluminados decidirían cuándo y cómo. Pero luego vino Timor Oriental, donde ocurría una carnicería, la peor desde el Holocausto. En ese caso, los 'iluminados' decidieron que la soberanía de Indonesia debía respetarse, aunque Timor Oriental nunca formó parte formalmente de Indonesia. Eso no importó. Hubo que esperar a que Indonesia pidiera ayuda de la ONU. La diferencia es simple. Si bien en los dos casos se cometían atrocidades, Indonesia es un 'Estado cliente' de Occidente; Yugoslavia es un 'Estado delincuente'” (16). Posición que luego las grandes potencias, replicaron en Irak y Afganistán y hoy pretenden hacerlo en Libia.

Finalmente, hemos de agregar que las distintas causas que fueron adicionándose al arsenal ideológico imperialista para “justificar” sus intrusiones, se produjeron en una secuencia claramente identificable. Entre las últimas no puede dejar de citarse la lucha contra el narcotráfico, problema que al igual que en el caso de la corrupción, es de vieja data, ya que se remonta a la denominada guerra del opio (1839-1842) impuesta por Gran Bretaña a China; pasa por el tráfico de opio propiciada por Francia desde Indochina antes de la Segunda Guerra Mundial; por el impulso otorgado por la CIA al comercio de drogas en Centro América desde los años 50; por el manejo del tráfico de opio por la CIA desde el denominado “Triángulo de Oro” del sudeste asiático, etc. Circunstancias que no deben escapar a nuestra atención, ya que nos permite preguntarnos el por qué se “inicia” el combate al narcotráfico en Colombia sólo a partir de 1986. Por qué, solamente en los años 90 los Estados Unidos adoptan la lucha contra el narcotráfico como caballo de batalla si al interior de la sociedad norteamericana se había constatado un incremento importante del número de consumidores desde los años 60, problema que se agudizó en los 70 con la introducción de drogas más fuertes como la cocaína, y se incrementó muy importantemente hasta alcanzar ya en los años 80 a no menos de 50 millones de habitantes (17). La respuesta es evidente, las intrusiones dependen del momento en el que se constata la existencias de productos estratégicos, entre estos las reservas de petróleo, indiferentemente del país en el que se encuentren. Por ello no debe admirar la secuencia de las intrusiones norteamericanas en Afganistán, Irak, la pretensión de actuar militarmente hoy en Libia, y, la pretensión de hacerlo en el futuro en Irán y Venezuela. A lo que debe agregarse la presencia creciente de los Estados Unidos en Colombia, de espacial importancia geopolítica en América Latina y el Ecuador.

Así planteado el problema y retomando nuestra hipótesis inicial, es evidente que los líderes de opinión de la derecha ecuatoriana y de una gran mayoría de países de menor desarrollo relativo, que hoy se pronuncian a favor de una intervención en Libia, no se percatan o no quieren percatarse que implícitamente están alineándose con la tesis de que la soberanía limitada, a pesar de mostrarse abiertamente contraria a los intereses nacionales. Actitud que no podemos abstraernos de criticar, con mayor énfasis en los países amazónicos de América Latina, cuando tomamos conciencia que en la mira de los países globalizantes, imperialistas, está la ocupación de la amazonía, como lo hemos demostrado en forma irrebatible en muchas oportunidades, sobre la base de las declaraciones públicas de las autoridades más altas de las superpotencias, entre las que val recordar las del ex Vicepresidente de los Estados Unidos Al Gore, quien manifestó: “Al contrario de lo que los brasileros piensan, la Amazonía no es de ellos, es de todos nosotros”, voz a la que se suman las de Mitterand, cuando señalaba que:“Respecto a la Amazonía era necesario aplicar las doctrinas de la “soberanía limitada” y del “derecho a la ingerencia”; o las de Gorbachov, último Primer Ministro de la ex URSS, que cuando ejerció ese cargo sugería que: “El Brasil debe delegar parte de sus derechos sobre la Amazonía a los organismos internacionales competentes”. (18)

Flaco favor es entonces el que hacen a los intereses nacionales, los líderes de opinión de la oposición quienes en enfermiza acción, pretenden criticar la posición que ha asumido el gobierno nacional en el caso de Libia, obviando que en ello está en juego la defensa de los intereses nacionales amparados en los principios de la soberanía territorial que consagra la Constitución de la República, por lo que y en consecuencia, todos estamos llamados a defenderla, a menos que esos líderes de opinión privilegien intereses políticos personales o grupales, o los intereses de otros países a cuyo servicio se hayan comprometido.

Notas:
1) El contenido del Artículo 2, numeral 7 de la Carta de las Naciones Unidas, constituye la estipulación básica sobre este concepto.
2) Rousseau, Charles: “ Derecho internacional Público”, Editorial Ariel, Barcelona, España, 1966, página 224
3) Se entiende por territorio nacional, el territorio estatal, el mar territorial y el espacio aéreo.
4) Carta de las Naciones Unidas, Artículo 2, numeral 1.
5) Carta de las Naciones Unidas, Artículo 2, numeral 4.
6) “La «globalización» empresarial y financiera exigida por las economías en vanguardia de la tercera ola perforan la «soberanía» nacional, tan cara a los nuevos nacionalistas”, Toffler, Alvin y Heidi: “Las guerras del futuro”, Plaza & Janes editores, Barcelona, España, 1993, página 45.
7) Resulta, en este sentido, muy expresiva la posición del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas del Brasil, cuando expresan que: “Nossa soberania permanecerá preservada, em particular los aspectos em que tal conceito se mostra mais central: a posse e jurisdicao de nosso territorio, a sua indivisibilidade e a possibilidade de sustentarnos acoes políticas que visem a preservar todos os nossos intereses vitais. A flexibilizacao do conceito de soberania nao pode ultrapasar este limite, sob pena de corrermos o risco de estarnos surpimindo o Estado Brasilero”. Presidencia de la República, Estado Mayor de las Fuerzas Armadas del Brasil y sus Fuerzas Armadas, Brasilia, página 19, citado por Eliécer Rizzo de Oliveira en “A Política se Defesa Nacional do Brasil: direcao política sobre as forcas Armadas”, ponencia incluida en: “Cooperación y Seguridad Internacional en las Américas”, Paz y Seguridad en las Américas (P&SA), FLACSO-Chile, Woodrow Wilson Center, Editorial Nueva Sociedad, Caracas, Venezuela, 1999, página 79 y 80.
8) Véase: “De la soberanía territorial a la seguridad humanitaría”, ponencia de Hans Corell, Subsecretario General para Asuntos Legales del Consejo Legal de las Naciones Unidas, publicado en Política Externa, volumen 9, Nº 1, correspondiente al trimestre junio agosto del 2000.
9) Toffler, Alvin y Heidi, Op. Cit., página 45
10) Al respecto el socialdemócrata Carlos Andrés Pérez, ex Presidente de Venezuela, señalaba: “Yo he insistido [en que] el concepto de no intervención que debe afianzarse esencialmente, debe aceptar la presencia de derechos supranacionales que deben ser defendidos en la región .... Uno de esos derechos es el derecho a que se respete la soberanía popular expresada en las urnas por los habitantes de un país, y ese derecho debe ser defendido multilateralmente”, cita incluida en “El complot para aniquilar a las Fuerzas Armadas y a las naciones de Ibero América”, Estados Unidos, Washington D.C., 1993, Apéndice especial D.
11) Véase: “Seis llaves para tergiversar los hechos”, en Toffler, Alkvin y Heidi, Op. Cit. páginas 236,237 y 238.
12) Chomsky, Noam, citado por Ramos Benalcazar, Hernán en su artículo: “No siempre todo lo que brilla es oro”, publicado en el Diario El Comercio, 27/02/2001.
13) Para la información a ser recopilada y proporcionada por los académicos, el recurso al que se ha acudido es el crear proyectos específicos, habitualmente financiadas por organizaciones no gubernamentales (ONG’s), como la Woodrow Wilson, o directamente por organismos gubernamentales como la USAID. Los proyectos actualmente más relevantes son: el denominado “Dialogo Interamericano”, encargado del estudio de la redefinición del concepto de soberanía y, principalmente, de las relaciones entre democracia y las Fuerzas Armadas, financiado por la fundación Woodrow Wilson; el Programa Paz&Seguridad en las Américas, financiado por el Programa Latinoamericano de la Woodrow Wilson Center de Washington; y, el proyecto denominado AAA, por sus siglas en inglés, denominado en español ResponDabilidad/Anticorrupción en las Américas, destinado a recopilar información sobre la corrupción, financiado por el propio gobierno estadounidense a través de la USAID.
14) En su página web, el proyecto AAA se autodefine como: “El proyecto ResponDabilidad/Anti-Corrupción en las Américas (Proyecto AAA), auspiciado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), por el Departamento para América Latina y el Caribe, en su décimo año, es el primero y único proyecto regional en su tipo. Desde 1989, cuando este proyecto se inició, ha logrado formar conciencia en los ciudadanos del continente americano respecto a la necesidad de luchar contra la corrupción y adoptar gobiernos transparentes y responsables aprovechando las oportunidades que ofrecen los procesos democráticos”.
15) Corell, Hans, Op. Cit., página 97.
16) Chomsky, Noam, Op. Cit.
17) Cueva, Selser y otros: “Tiempos Conservadores. América Latina en la derechización de occidente”, editorial El Conejo, Quito, Ecuador, 1987, página 60Op. Cit., página 61.
18) PSTU: “La Amazonía bajo el cobijo internacional”

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Sin tiempo ni espacio para rectificar

Jorge Gómez Barata (especial para ARGENPRESS.info)
En la política no abundan las segundas oportunidades y los liderazgos no son reciclables. Muammar al-Gaddafi pudiera sobrevivir a la crisis aunque es poco probable que se convierta en excepción de la regla.

Criticado por la izquierda de la cual se alejó, traicionado por las potencias occidentales a las que se aproximó, sancionado por la ONU y la Liga Árabe, rechazado por la parte del pueblo que nutre la sublevación, Gaddafi ya no es un líder revolucionario, aunque tampoco un aliado de occidente, sino el gobernante cuestionado de un país mutilado y una sociedad dividida y alguien que para reorientarse deberá pasar por intensas pruebas o hacer excesivas concesiones; tampoco tiene el tiempo a su favor.

La condición de revolucionario, antiimperialista o socialista, no son títulos nobiliarios adquiridos de una vez y para siempre, ni distinciones que los líderes se otorgan ellos mismos, sino reconocimientos que conceden los pueblos por actitudes ante la vida y ante las tareas políticas de cada momento. A diferencia de los condes y los lores, los blasones revolucionarios se ganan y se pierden; incluso a ellos se puede renunciar que es exactamente lo que hizo Gaddafi.

Es cierto que la capitulación de Camp Davis, la desaparición de la Unión Soviética y la modificación del mapa político mundial, unido a errores tácticos y estratégicos crearon coyunturas que requerían rectificaciones profundas; entre ellas dar marcha atrás a una política nuclear equivocada. No obstante para todo eso no había que echarse en brazos de occidente, privatizar el petróleo ni cortejar a los jerarcas de la OTAN. Maniobrar no es lo mismo que claudicar.

Aunque dado la falta de transparencia y la escasa voluntad de todas las partes para informar con objetividad a la opinión pública acerca de la marcha de los acontecimientos en Libia es prematuro tratar de intuir un desenlace; de ocurrir aquello que los súper espías norteamericanos anticipan, la élite gobernante libia deberá definir posiciones y adoptar cursos de acción, tanto al interior de su país como en el ámbito internacional; en ese empeño Gaddafi sería más parte del problema que de la solución.

Aun cuando sobreviva a la crisis y evite la división del país, Gaddafi habrá perdido la legitimidad que emanó de actos pasados a favor de su pueblo, carecerá de capacidad de convocatoria para volver a ser un líder y de fuerza para ser un dictador y, en caso de que pacte con occidente, es imposible imaginarlo promoviendo la democratización de Libia y encabezando la evolución de la estructura tribal hacía un modelo liberal. En el supuesto de que optara por regresar a los orígenes es poco probable que pueda hacer lo necesario para recuperar la aureola revolucionaria, anticolonialista y antiimperialista que un día tuvo y con la cual no fue consecuente.

Comprender esas realidades como hacen los analistas más lúcidos y los lideres más experimentados conduce a una posición a la vez compleja, diáfana y que conlleva, en primer lugar comprender el carácter interno del proceso, atender al modo como las diferente fuerzas se expresan, evitando interferir a favor o contra elementos que deberán ellos mismos dirimir sus diferencias y, si fuera posible mediar para encontrar aéreas de entendimiento que favorezcan un clima de avenencia y pongan fin a la guerra civil.

Esa posición que respeta escrupulosamente la soberanía estatal libia y la autodeterminación de sus fuerzas políticas, refuerza la voluntad de trabajar para la movilización de la opinión pública y de cuantas influencias políticas sea posible para impedir la injerencia extranjera, principalmente la intervención militar, con o sin avales internacionales.

La idea reiterada por la cúpula de la OTAN, Hillary Clinton, la Comisión Europea y otros actores internacionales de “crear una base jurídica” para la intervención y la agresión, primero aprobando zonas de exclusión aérea y luego mediante formas más activas, incluida la ocupación, es una falacia que encubre una intervención militar como otra cualquiera.

Defender la soberanía del Estado Libio y el derecho de su pueblo a la autodeterminación, incluido el de ajustar cuentas a la cúpula gobernante, no significa respaldar a Gaddafi ni endosar su comportamiento, no sólo ante el levantamiento sino desde mucho antes. Si bien no es preciso justificar al régimen libio, tampoco hay porque sumarse a una campaña para la cual las potencias occidentales, Estados Unidos y la OTAN cuentan con todos los recursos, incluso con la claudicación de la Liga Árabe.

A Estados Unidos y la OTAN no les interesa la democracia en Libia ni los derechos de su pueblo, como tampoco les importan los de Arabia Saudita, Somalia o Haití. Nunca en ninguna época puede nadie citar un caso en que un pueblo haya sido liberado por estas fuerzas; de lo contrario sobran las evidencias.

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Crisis habitacional de la Ciudad de Buenos Aires nuestra postura frente al conflicto de las tomas

Claudio Lozano (INSTITUTO IPYPP)

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- La Ejecución Presupuestaria no miente, Macri sí.
- La Autonomía de los Porteños no se rifa. La Ciudad puede y debe resolver el conflicto sin delegarlo en el Gobieno Nacional.
- El caso de Villa Cartón: Macri invita a las tomas?
- Los factores económicos y políticos detrás de la crisis habitacional de la Ciudad.
- Nuestras propuestas.

Frente al más absoluto de los desprecios del actual Gobierno de la Ciudad de Buenos para dar una respuesta satisfactoria (que no suponga la represión y el abandono de los ciudadanos de la Ciudad), al conflicto desatado en torno a la toma de viviendas en el Bajo Flores, desde Proyecto Sur queremos puntualizar:

I) La culpa es de Macri: La ejecución presupuestaria no miente, Macri si.

Frente a una recaudación record en la Ciudad de Buenos Aires, que supuso un crecimiento del 31,8% de los recursos totales y ante lo cual se dispusieron 2 ampliaciones presupuestarias para el ejercicio fiscal del 2010 que aumentaron en $3.088 millones el presupuesto originalmente previsto, pasando este de los $18.039 millones originales a $21.127 millones actuales, el Gobierno actual de la Ciudad de Buenos Aires, según un estudio realizado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), ha tomado las siguientes decisiones en materia de política de vivienda:

a) Destinar apenas $592 millones a los programas destinados a la Vivienda. Es decir, la Gestión Macrista ha decidido durante el 2010 destinar solamente el 2,8% de su presupuesto para atender uno de los principales problemas sociales de la Ciudad.

b) De los exiguos $592 millones previstos, el Gobierno de Macri sólo ha ejecutado apenas $299 millones. Es decir, que ha ejecutado apenas la mitad de lo poquísimo que se tenía previsto. Por lo que en concreto, durante el 2010 la actual gestión destino apenas el 1,5% de su presupuesto a atender la problemática de la Vivienda.

c) Hay que puntualizar que la baja ejecución del área de Vivienda (de apenas el 50,5%) contrasta con la ejecución del resto de las partidas (91,8% es el nivel de ejecución general de gastos de la Ciudad) y particularmente con algunas de ellas como es el caso de las partidas de vinculadas con el mantenimiento de la vía pública, el contrato de basura, la transferencias a los subtes y la propaganda oficial (todas las cuales superan el 95% de ejecución). Por ende, no se trata de un problema de gestión que impide la ejecución de obras, sino que es un revelador de la falta de voluntad política para ejecutar las obras de vivienda.

d) Observando en detalle la ejecución de los programas de Vivienda se logra entender el absoluto desprecio que sobre las condiciones de vida de la población más postergada tiene la actual gestión. En efecto:

- Para el Programa de “Reintegración, Integración y Transformación en Villas” que como su nombre lo indica es el programa destinado a resolver el déficit habitacional de la población más vulnerable, la Gestión de Macri tenía previsto asignar apenas $38,7 millones (es decir apenas el 6,5% del bajísimo presupuesto de Vivienda), pero apenas ejecutó $213.020 pesos. Es decir solo ejecutó el 0,6% de su raquítico presupuesto. Dicho con todas las letras, la Gestión de Macri NO EJECUTO NADA DE LOS RECURSOS QUE ESTABAN DESTINADO PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS HABITACIONALES DE LOS CIUDADANOS DE LAS VILLAS!!!.

- Asimismo en otros programas dirigidos a resolver el déficit habitacional de los ciudadanos más postergados de la Ciudad, la Ejecución Presupuestaria revela la más absoluta falta de voluntad política de encarar el problema. Así en el programa de “Viviendas colectivas con ahorro previo” que tenía un presupuesto previsto de $114,6 millones, se ejecutaron apenas $17,9 millones (es decir apenas se ejecutó el 15,7%).

- Lo mismo sucedió con el programa “Mejor Vivir” que teniendo un crédito de $35,7 millones, se ejecutaron apenas $3,1 millones (sólo el 8,7% de los créditos previstos). Del mismo modo sucede con el programa de

“Rehabilitación de la Boca” con créditos por $40,9 millones pero con una ejecución de $2,1 millones (de apenas el 5,2% de ejecución).

De los elementos expuestos queda claro que dar respuesta adecuada a la problemática de la Vivienda en la Ciudad no es un problema de recursos, ni de gestión sino que es un problema que se origina por el profundo desinterés y desprecio que presenta la actual Gestión del Gobierno de la Ciudad. Más aún es la ausencia de políticas de vivienda las que terminan produciendo los conflictos sociales que en torno de las tomas de vivienda se originan como parte de las variadas estrategias de sobrevivencias de ciudadanos que tienen que arreglárselas para resolver sus necesidades más elementales frente abandono del Estado de la Ciudad-

II) El desalojo dictado por el Juez Federal Armella atenta contra la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires.

Frente a la decisión del Gobierno de Macri, no ya de tener una política de vivienda como la que merecen y demandan los porteños, sino siquiera de intentar resolver el conflicto de las tomas del predio del Bajo Flores, el Juez Federal Armella ha dictado un desalojo a los ocupantes del predio sobre la base de una interpretación absolutamente arbitraria de las competencias que sobre la cuenca Matanza – Riachuelo le otorgara con carácter excepcional y restrictivo la Corte Suprema de Justicia.

El Juez Armela tiene jurisdicción sobre el área que rodea la cuenca y por ende es entendible que debe atender la situación de las personas que habitan en ese territorio, como es el caso del asentamiento del Pueblito, que según el Gobierno de la Ciudad, desde febrero de este año, había decidido otorgarle las viviendas que están tomadas.

Lo que no es de ningún modo razonable es que sobre la base de las competencias atribuidas en el área de la cuenca Matanza - Riachuelo, el Juez Armella dicte un desalojo de un predio ubicado en el Bajo Flores, bajo la excusa de que está atendiendo la situación de las personas que viven en las cercanías de la cuenca sobre la que tiene jurisdicción.

Debe quedar claro que este disparate jurídico que lleva adelante este Juez Federal es la consecuencia directa de la más absoluta falta de respuesta por parte del Gobierno de la Ciudad para encarar y resolver el conflicto de la toma.

Por ende, es la actitud del Gobierno de Macri, de presentarse como víctima y pedir incluso la represión a los porteños que están tomando el predio (entre los que se encuentran gran cantidad de embarazadas, bebes, niños y menores) por parte de las fuerzas de seguridad del Gobierno Nacional, lo que termina regalando la Autonomía,

que tanto le costó a los porteños conseguir, para que sea el Gobierno Nacional, el que resuelva de la peor manera claro está, un conflicto que el Jefe de Gobierno tiene todas
las facultades para poder resolverlo, si tuviera la voluntad política de hacerlo, claro está.

III) Advertimos sobre la “invitación a las tomas” por parte del Gobierno de la Ciudad. El caso de los damnificados de Villa Cartón.

Parece absolutamente “sospechoso” que en el marco de la actual toma del Bajo Flores, el Gobierno de la Ciudad parece estar jugando con la posibilidad de otra toma, esta vez para el caso de las viviendas que se tienen que adjudicar a los ciudadanos damnificados del incendio en Villa Cartón en el 2007.

Hay que recordar que el citado incendio dejó sin vivienda a 450 familias, que habían perdido absolutamente todo, y fueron alojadas en carpas, pero luego de una tormenta que hizo perder la vida a una mujer, fueron trasladadas en gran parte a un Centro de Evacuados en Parque Roca. En el Centro de Evacuados no contaban con agua potable, ni con servicios públicos básicos lo cual originó diversas medidas cautelares en las cuales intervino el Dr. Andrés Gallardo, Juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nro.2, ordenando al GCBA que garantice desde el agua hasta atención médica y sanitaria, todo ello en el marco de los autos “Medina Benitez Rosalva, Martínez, María Ester y Díaz, Juan Carlos s/ amparo”. En el Centro de Evacuados, las familias no sólo sufrieron la provisoriedad de sus viviendas, sino también la inseguridad de la zona para trasladarse a sus trabajos, la falta de cumplimento en la atención médica lo cual originó la muerte de un bebé y la contaminación que llevó al Dr. Gallardo a ordenar el desalojo del predio. Se trataba de un Centro implementado por el Estado y no contaba con las más mínimas condiciones de salubridad.

Dado que la Ley 1987 ordena la construcción de viviendas definitivas para las familias damnificadas por el incendio, luego del desalojo del predio, se ordenó el pago de subsidios a las familias que les permitan pagar alojamiento provisorio hasta la entrega de las mismas. Sin embargo, la enorme demora en la construcción de las viviendas, llevadas a cabo por el IVC a través de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, llevó a que estas familias continúen hasta el día de hoy en un estado de incertidumbre. Desde hace meses que se encuentra confeccionado el listado de las primeras 120 familias que recibirán sus casas y el 10 de febrero la Presidenta Cristina Kirchner inauguró 370 viviendas. Sin embargo hasta el día de hoy no se entregó ni una sola vivienda. Tampoco se construyó el Comedor La Misión, pese a la orden judicial y al dinero depositado por el Ministerio de Desarrollo Social en los autos citados, dado que la Corporación del Sur no asignó un terreno a tal efecto. Lo sugestivo es que la web de la Corporación informa que el comedor La Misión está en construcción.

Finalmente, el pasado 11 de marzo, luego de pedir reiteradas audiencias, el IVC entregó el primer listado de 100 familias que recibirían sus casas los días 14, 15, 16, 17 y 18 en grupos de veinte por día. El día 14 de marzo se suscribieron los convenios con el primer grupo de veinte familias, donde consta la entrega de las viviendas (con el sello del IVC). Asimismo se suscribió un compromiso por parte de los beneficiarios de concurrir inmediatamente a ocupar sus casas. Sin embargo, al concurrir a retirar las llaves a la Fundación de las Madres, fueron informados que no era posible ocupar las casas que aún no tienen final de obra.

Después de cuatro años, las familias damnificadas por el incendio del Cartón siguen sufriendo la falta de vivienda, la incertidumbre acerca de la escuela a la cual irán sus hijos este año, en fin, dónde llevar a cabo su proyecto de vida. Siguen padeciendo la más absoluta falta de política de vivienda en la Ciudad. Todo ello agravado porque el IVC suscribió el convenio a sabiendas de la imposibilidad de cumplir con el mismo, mientras las personas dejaban sus hogares provisorios y se trasladaban con muebles a una casa que todavía, después de años, no está terminada. Aún cuando lo expuesto supone una invitación lisa y llana a la toma del predio, las familias, pese a todo, no intentaron ingresar a las casas. Se manifestaron en la General Paz y siguen su lucha frente al IVC, recurriendo a la Justicia y esperando su vivienda definitiva.

IV) Crisis habitacional en la Ciudad de Buenos Aires. Factores políticos y económicos de un problema estructural Crisis habitacional en la Ciudad de Buenos Aires. Factores políticos y económicos de un problema estructural.

La emergencia habitacional de la Ciudad de Buenos Aires es una dura realidad que pesa sobre los porteños desde hace años, sin que ninguno de los gobiernos que se han sucedido desde la recuperación democrática pudiera implementar políticas adecuadas para su abordaje. En el año 2004, esta problemática fue reconocida por la Ley Nº 1.408 que declaraba la emergencia habitacional. Sin embargo, pocos instrumentos fueron creados para abordarla más allá de su mera declaración. Ibarra vetó parte de dicha ley, lo mismo hizo Macri, evidenciando un acuerdo tácito de no discutir la preeminencia del capital inmobiliario en la ciudad. El año pasado, incluso, Macri se dio el lujo de vetar la prórroga de la declaración de emergencia (Ley Nº 3654). Es decir que esta gestión no considera el problema habitacional como una prioridad, ni reconoce el estado de emergencia en que se encuentra.

Reiteradamente, desde el bloque Proyecto Sur hemos denunciado la desidia y la ineptitud de este gobierno en su abordaje de la problemática del hábitat popular. En lo que va de la gestión PRO, se desfinanciado progresivamente la política de vivienda -pasando a representar de 4,1% en 2007 a tan solo 2,9% del presupuesto en 2010, y llegando a niveles catastróficos de subejecución del presupuesto asignado-, se ha profundizado su desarticulación –en la actualidad hay al menos 6 organismos de diferentes jurisdicciones y jerarquías que se ocupan de la temática-, y se ha intentado reiteradamente descapitalizar el Estado de la Ciudad –a través de la venta del patrimonio inmobiliario que bien podría ser utilizado para implementar políticas habitacionales activas para atacar la emergencia-.

Si el capital inmobiliario siempre encontró buena predisposición a privilegiar sus intereses por parte de las sucesivas gestiones de la ciudad desde la recuperación democrática, con la gestión del PRO la hegemonía de estos intereses parece ser absoluta, con representantes directos de estos intereses ocupando puestos clave. No hace falta más que repasar la nómina de los funcionarios encargados de áreas como Desarrollo Urbano, Planeamiento, Obras Públicas, etc. Algunos de estos funcionarios están denunciados por desarrollar actividades incompatibles con la función pública, como el Sr. Ministro de Desarrollo Urbano, Arq. Daniel Chaín y el Sr. Subsecretario de Planeamiento, el Arq. Lostri, a quienes se vincula con negocios inmobiliarios incompatibles con su actividad pública.

Pese a la ineptitud y desidia del Gobierno, la problemática habitacional en la ciudad se impone como una realidad, por la emergencia recurrente de conflictos sociales. La crisis del Parque Indoamericano fue tal vez el ejemplo más notorio de una realidad cotidiana. Cualquier diputado de esta casa puede dar testimonio de la afluencia diaria de personas afectadas por la penuria de la vivienda, que ante la falta de respuesta de los organismos responsables vienen a reclamar ante el poder legislativo.

El proceso de valorización inmobiliario excluyente en la ciudad

El precio del suelo y su incidencia en el precio de la vivienda no ha dejado de crecer desde la crisis de 2001-2002. En esa coyuntura, hubo una gran afluencia de capital a la construcción que en pocos años generaron una rentabilidad económica extraordinaria. Esta dinámica de valorización se expresó no sólo en el precio de las viviendas, sino también en el precio de los alquileres. Así, la problemática del acceso a la vivienda no sólo aqueja a sectores de bajos ingresos, sino cada vez más a sectores de ingresos medios, especialmente a los jóvenes.

En la actualidad, según estimaciones diversas, alrededor de 500 mil personas en situación de déficit habitacional, es decir alrededor de un 17% de la población: 150 mil personas viven en villas de emergencia, 220 mil personas en casas tomadas, además de los inquilinatos, hoteles-pensión, y situaciones de hacinamiento. Sin embargo, existen en total alrededor de 1.200.000 con necesidad de una vivienda, es decir que la problemática en conjunto afecta a 4 de cada 10 porteños.

Según la Subsecretaría de Planeamiento del Gobierno de la Ciudad, el precio promedio del m2 de suelo en la ciudad pasó de a U$S 272 en marzo de 2002 a U$S 1311,9 en septiembre de 2010. Por su parte, según Reporte Inmobiliario, el precio promedio de departamentos usados de 2/3 ambientes en la ciudad pasó de U$S 600 en 2002 a U$S 1.560 en 2010, mostrando un aumento del 160% en dólares, mientras que el peso se devaluó en el mismo período desde $2,4 a $4 por cada dólar en la actualidad. Finalmente, los alquileres promedio en la ciudad pasaron de $436 en 2001 a $1.801 en 2010, lo que implica un aumento del 313%.

En 2009, según la Encuesta Anual de Hogares, el ingreso familiar promedio de la ciudad era de $4.210. Así, por ejemplo, para el año 2009, la incidencia del alquiler promedio en el ingreso promedio era de casi el 40%. Vale remarcar que la Ciudad de Buenos Aires presenta una gran polarización socioeconómica, por lo que estas cifras globales esconden situaciones radicalmente diferentes, con extremos de vulnerabilidad acuciantes.

Desde Proyecto Sur creemos el Estado debe generar instrumentos de intervención en el mercado de suelo, para tratar de regular su funcionamiento y evitar que la especulación inmobiliaria lo convierta en un bien inaccesible, coartando el derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado establecido en el artículo nº 31 de la Constitución de la Ciudad. Aquí está la clave del problema habitacional de la ciudad: El suelo urbano debe cumplir una función social, y no quedar librado al devenir de la oferta y la demanda, porque el resultado de esto es la exclusión de gran parte de la población -que se ve obligada a resolver su necesidad de manera precaria e informal-, y el aumento de la segregación socioespacial.

La crisis del indoamericano

Como dijimos, los hechos de diciembre de 2010 pusieron en evidencia -ante los ojos del conjunto de la sociedad y de las autoridades y los funcionarios que querían desconocer la gravedad del tema- la situación habitacional crítica que atraviesa la Ciudad de Buenos Aires desde hace años. La desarticulación de la política de vivienda, la descapitalización del Estado de la ciudad por la venta de activos, la falta de inversión, y los manejos discrecionales y clientelares de todos los organismos que intervienen en la materia hicieron eclosión en el conflicto por la ocupación del Parque Indoamericano a fines del año pasado.

Desde Buenos Aires para Todos en Proyecto Sur señalamos en aquella oportunidad que las causas del conflicto remitían a problemas estructurales que requerían un abordaje no sólo desde la Ciudad, sino también en una escala Metropolitana, abarcando los principales municipios del conurbano y a organismos de nivel nacional.

De la misma manera, y en medio de la discusión sobre el presupuesto, instamos al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a aumentar la inversión en vivienda y a diversificar las operatorias y programas implementados, para dar cuenta de la complejidad de la problemática del hábitat, que incluye a una porción significativa de los sectores de ingresos medios. También hicimos hincapié en la necesidad de intervención del estado de la ciudad en la problemática del suelo urbano, la que definimos como la clave para abordar el problema del acceso a la vivienda, junto a las formas de financiamiento.

En este marco, también señalamos que la solución política arribada en las negociaciones de diciembre entre Ciudad y Nación -después de pasarse la pelota mutuamente durante tres días, lo que implicó más muertos y heridos- no hacía otra cosa que aplazar en el tiempo la emergencia de una nueva crisis, al no fijarse plazos claros para la construcción de viviendas ni modificar sustancialmente las políticas públicas tradicionalmente implementadas.

De la misma manera, la violencia y la extorsión ejercida por ambos gobiernos a través de la amenaza de dar de baja los planes sociales y de la imposición de condiciones inhumanas en a la población durante una semana, mostraron un retroceso considerable en términos de criminalización de la pobreza y vulneración de derechos económicos, sociales y culturales. Desde Proyecto Sur repudiamos este tipo de extorsión, que suele estar vinculada al paradigma de las políticas sociales focalizadas, implementadas masivamente desde la década de 1990. En este marco, el Gobierno de la Ciudad insiste en la extorsión enviando un proyecto de ley para prohibir la adjudicación de subsidios, líneas crediticias y planes de asistencia a quienes se vean involucrados en este tipo de conflicto –proyecto presentado por el diputado Ritondo, Expediente 3482-D-2010- y que el PRO intenta que sea tratado en la Comisión de Políticas de Promoción e Integración Social. Desde nuestro espacio nos oponemos terminantemente a este tipo de iniciativas impulsadas por los gobiernos Nacional y de la Ciudad, y reafirmamos que los planes sociales no responden a privilegios, ni favores políticos excepcionales, sino a derechos inalienables de las personas, por lo que no pueden ser utilizados como elemento de extorsión. Convocamos a todos los bloques de la oposición en la ciudad a no acompañar y repudiar esta iniciativa.

¿Una nueva crisis?

En la actualidad, la toma de viviendas en el predio de Av. Castañares y Lafuente, así como el conflicto por la adjudicación de viviendas para los vecinos de la Ex AU7 (Villa El Cartón) en el predio de Av. Castañares y Av. Gral. Paz, hacen temer por el recrudecimiento del conflicto habitacional en la ciudad y la emergencia de una nueva crisis. Todo esto se agrava porque se enmarca en una creciente disputa política entre el Gobierno de la Ciudad y el Gobierno Nacional, que buscan sacar réditos electorales, dejando libradas a su suerte a centenares de familias que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad.

En lo profundo de todo este desmanejo se encuentra una aceitada red de punteros territoriales que, en connivencia con algunos estamentos de organismos oficiales como el IVC y del SUTECBA, hacen de la vivienda social un negocio espurio. Estos manejos mafiosos vienen de años en la ciudad, pero el PRO se ha apoyado fuertemente en estos punteros, consolidando su poder, debido a su falta de inserción territorial previa en los barrios populares de la ciudad. La toma de las viviendas en Av. Castañares y Lafuente es consecuencia directa de estos circuitos delictivos, ya que muchas de las familias que protagonizan la toma fueron estafadas por punteros de la zona de Bajo Flores, que les cobraban $2.000, $4.000, $8.000 y más, para “agilizar” los trámites de adjudicación. Ante la falta de respuesta por parte del GCABA y por la desesperación de encontrarse en una situación de extrema vulnerabilidad, optaron por participar en la ocupación de viviendas ya que la consideran como la única alternativa disponible para estos sectores. En la actualidad existe una causa penal en curso que investiga la mencionada estafa y que esperamos pueda desarmar estas organizaciones delictivas que están enquistadas en el Estado de la Ciudad.

Desde nuestro bloque hacemos un llamamiento a todos los actores involucrados para que cesen en el pedido de desalojo forzoso de las viviendas, para evitar muertos y heridos, y promovemos que se busque una solución dialogada y consensuada que contemple las necesidades imperiosas de las familias involucradas, así como el derecho de los habitantes de la margen del Riachuelo de ser relocalizados a esas viviendas.

V) Nuestra propuesta de Vivienda y nuestros proyectos presentados

Por todo esto, reiteramos nuestro llamamiento al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a que tome la iniciativa política para encarar de una vez por toda la solución de fondo del problema del hábitat popular en la ciudad. Entre otras cuestiones proponemos:

• Centralización de la política de vivienda en un solo organismo responsable y aumento progresivo del presupuesto.

• Promoción de espacios de articulación de políticas metropolitanas, con el Gobierno Nacional, Provincial y los municipios del conurbano.

• Intervención estatal en el mercado de suelo urbano para contrarrestar la tendencia de valorización del suelo y garantizar la disponibilidad de suelo urbano de calidad a precios accesibles para los sectores de menores ingresos.

• Reformulación de las políticas hacia las villas, para incorporar la dimensión participativa e impulsar y apuntalar los procesos de producción social del hábitat realizados durante años por los habitantes de los barrios.

• Fortalecimiento de la implementación de la Ley Nº 341, especialmente en su modalidad colectiva, e inclusión de un mecanismo de actualización automática de los montos asignados para hacer sustentable la operatoria.

• Maximización de la utilización del patrimonio inmobiliario de la Ciudad, tanto tierras como inmuebles, y su rehabilitación para atacar la emergencia habitacional.

• Otorgamiento de créditos blandos para sectores medios a tasas que guarden relación con el ingreso medio de la población, potenciando el rol social del Banco Ciudad. Estos créditos tienen que tener como prioridad a los jóvenes de hasta 35 años.

Presentación de iniciativas legislativas.

En línea con las propuestas mencionadas, en esta ocasión presentamos las siguientes iniciativas legislativas:

1. Un proyecto de ley que regula el funcionamiento del banco de tierras e inmuebles del Instituto de Vivienda de la Ciudad (BTI), creado por el artículo nº 8 de la ley nº 1.251 de 2003, pero que nunca fue reglamentado en su funcionamiento. En la actualidad, el BTI no sirvió como herramienta de gestión urbana, sino que funcionó como un mero depósito o registro de inmuebles sin capacidad de incidencia en la dinámica de la ciudad. El proyecto de ley presentado establece los siguientes criterios de funcionamiento para el BTI:

1.1. Regular el funcionamiento del mercado de suelo, para disminuir la incidencia del precio del suelo en el precio total de las viviendas construidas o a construir, para limitar los procesos de valorización y especulación inmobiliaria. Para ello, se establece una partida mínima del 10% de los recursos del IVC para el funcionamiento del BTI.

1.2. Optimizar el uso de los inmuebles que ya están en propiedad del Estado de la Ciudad que podrían ser utilizadas para atacar la emergencia habitacional.

1.3. Priorizar las localizaciones centrales, e incorporar suelo urbanizado, con todos los servicios e infraestructura necesarios.

1.4. Procurar la incorporación de los inmuebles ociosos o subutilizados, para promover la recuperación de la trama urbana y un crecimiento más equilibrado del parque edificado.

1.5. Guardar cierta proporcionalidad geográfica en la incorporación de suelo, para romper con la lógica de la segregación socioespacial, que tiende a definir el sur como la zona donde deben localizarse los pobres de la ciudad.

1.6. Posibilitar la definición de zonas o criterios para establecer derecho de preferencia por parte del Estado en la compra de inmuebles.

1.7. Definir la intangibilidad de los inmuebles del BTI.

2. Un proyecto de ley que propone utilizar parte del patrimonio inmobiliario subutilizado del GCABA para atacar la emergencia habitacional, a partir de la cesión precaria de inmuebles de dominio privado del GCABA. Para ello, crea un Programa de Vivienda Transitoria para familias, individuales o en colectivos organizados, que se encuentren en situación de calle, en situación de hacinamiento crítico, con riesgo de desalojo inminente, etc. Este proyecto ya fue ingresado a la Legislatura en 2010, con el número de expediente E2124-D-2010. Es importante recordar, para tener una noción del potencial al que se refiere este proyecto y para dar cuenta de la miopía de la gestión actual, que el responsable de la Dirección General de Administración de Bienes del GCABA reconoció el año pasado en nota a Clarín, que la dirección a su cargo contaba con 1280 viviendas desocupadas, que no tenían un destino manifiesto. Incluso, afirmaba que era intención del GCABA venderlas porque generaban gastos innecesarios. Este patrimonio volcado en políticas activas para atacar la emergencia habitacional podría ayudar a descomprimir la situación de crisis que atraviesa la ciudad desde hace años.

Desde ya, estamos dispuestos a la discusión abierta con los otros bloques de esta casa -de estos y otros proyecto de ley que presentemos-, así como hacemos un llamamiento a las organizaciones sociales vinculadas al hábitat, universidades, asociaciones profesionales, y todos los actores interesados en empezar a discutir la problemática habitacional en la ciudad de una vez por todas. Este debate se ha vuelto impostergable.

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La Justicia se va depurando lentamente de los procesistas

Irina Santesteban (LA ARENA)

El camarista mendocino Luis Miret fue destituido la semana pasada por el Jury de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación acusado de colaborar con el Terrorismo de Estado. Mientras que en Córdoba, al asesor letrado penal, José Luis Santi parece esperarle la misma suerte.

Los objetivos de la dictadura cívico-militar de 1976-1983 fueron la instauración de un régimen de Terrorismo de Estado, para la destrucción de las organizaciones revolucionarias, desatando también una feroz represión contra todas las fuerzas democráticas, sean éstas agrupaciones gremiales, sociales o políticas. Todo ello para que, a través del ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, se pusiera en marcha un plan económico de entrega del país a manos extranjeras, destrucción de la industria nacional, aumento del desempleo y la pobreza y un brutal crecimiento de la deuda externa. Semejante ataque a las justas aspiraciones populares no se podía llevar a cabo sin la complicidad de sectores del empresariado, la Iglesia y la Justicia.

Sin embargo, y luego de haberse anulado las llamadas "leyes del perdón" (Obediencia Debida y Punto Final), en los juicios llevados adelante por los crímenes cometidos durante la dictadura militar, son pocos los civiles acusados. Hay algunos integrantes de las patotas, asimilados a los grupos de tareas y que no eran militares, y un ex juez federal, Víctor Brusa, que fueron condenados por su participación en hechos considerados delitos de lesa humanidad.

Denuncias

Los organismos de derechos humanos denunciaron siempre la participación de jueces y funcionarios judiciales en numerosos hechos que fueron parte del Terrorismo de Estado: negativas a conceder habeas corpus, la no intervención frente a visibles torturas y vejámenes a presos políticos, complicidad frente a fusilamientos disfrazados como "fugas", entre otras acusaciones.

Pero, salvo el caso de Brusa, que ya había cesado como juez al momento de su condena, no había hasta ahora procesos que involucraran a magistrados en actividad.

En la Justicia Nacional, el Jury de Enjuiciamiento analizó el caso del vocal de Cámara de Mendoza, Luis Miret, quien había sido acusado por organismos de Derechos Humanos de esa provincia como colaborador del aparato represor, señalándolo por no haber investigado denuncias concretas de detenciones ilegales y torturas; por haber ignorado que una de la personas secuestradas por los grupos de tareas de las fuerzas de seguridad era menor de edad; por no iniciar una causa cuando se le informó que esa menor de edad había sido violada; por archivar un expediente relacionado con la sustracción de un bebé; y por haber beneficiado al general Juan Pablo Saá -una de las caras de la dictadura en Mendoza- en el proceso de los juicios por la verdad.

El jurado encontró a Miret responsable de tres de las cinco acusaciones, y por ello la semana pasada decretó su destitución, por no cumplir con su deber como magistrado y haber convalidado acciones del aparato represivo de la última dictadura militar.

Listado

Al mismo tiempo de esta importante resolución del Jury a nivel nacional, en la ciudad de Córdoba, el lunes 14 comenzó el proceso por la destitución del asesor letrado penal (defensor oficial) José Luis Santi, quien fue denunciado en marzo del año pasado por el Gremio de los Empleados Judiciales cordobeses, ya que su nombre apareció en la lista de los agentes de inteligencia que actuaron desde 1976 hasta 1983 en el ámbito del Batallón de Inteligencia 601. Esta nómina fue publicada por el Ministerio de Defensa, luego que la presidenta Cristina Fernández, a través del decreto 4/2010, permitió la difusión de esa información, que por su naturaleza es secreto de Estado.

Luego de la denuncia, Santi negó ante el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, su pertenencia a los servicios de inteligencia del Destacamento de Inteligencia 141 "General Iribarren", dependiente del Tercer Cuerpo de Ejército, y adujo que en el período que se le imputa esa actuación, había hecho el servicio militar en esa dependencia "redactando sumarios".

El pedido de que se abra el proceso para su eventual destitución fue efectuado por la entonces presidente del TSJ cordobés, Mercedes Blanc, y Santi intentó suspender y dilatar el proceso en su contra, interponiendo todo tipo de recursos. Incluso en la primera audiencia el pasado lunes, a través de su defensor, Justiniano Martínez, quien fuera abogado de Luciano Benjamín Menéndez, pidió la suspensión del debate por razones de salud. Sin embargo, el médico de Tribunales no compartió el diagnóstico invocado por Santi mediante un certificado de un médico particular, y el proceso continuó sin la presencia del asesor letrado.

Testimonios

Hoy es el último día de los testimonios tanto de la defensa como de la Fiscalía. Se prevé que el viernes será el turno de los alegatos y ese mismo día o el lunes siguiente, se oirá la resolución de los cinco integrantes del Jury: Sergio Busso y Walter Saieg (por el oficialismo), Rodrigo Serna (del Frente Cívico), Miguel Nicolás (por la UCR) y Aída Tarditti (por el TSJ).

Uno de los testimonios fue el del capitán retirado del Ejército, Abelardo Ramos Monso, actualmente residente en Toay, La Pampa, quien fue uno de los jefes que, según el legajo de Santi que fue remitido por la Dirección de Inteligencia del Ejército e incorporado como prueba documental a la causa, lo avaló y recomendó para ser reclutado como personal civil de inteligencia.

En la acusación se le imputa a Santi un obrar que no condice con su calidad de magistrado del Poder Judicial, al haber omitido mencionar, en oportunidad de su examen por ante el Consejo de la Magistratura, su pasado como espía durante el denominado "Proceso".

Frente a ello, una de las estrategias de la defensa será demostrar que si Santi hubiera revelado su pertenencia a los servicios de inteligencia, hubiera violado el secreto al que están sometidos todos quienes se encuentran comprendidos por las leyes del rubro, que en la época de la dictadura era la ley 19.373 del año 1971, y desde el año 2002 la ley 25.520.

Sin embargo, esa argumentación no puede sostenerse toda vez que Santi negó siempre su pertenencia como PCI del Destacamento 141 de Inteligencia, incluso después de que la presidenta hubiera dictado el decreto 4/2010, que lo dispensaba de esa obligación de guardar silencio.

Resolución cantada

Aún con estos argumentos, quienes están siguiendo este proceso opinan que, si los legisladores hubieran conocido los antecedentes de Santi al momento del tratamiento de su pliego en la Legislatura, nunca lo hubieran aprobado.

Por ello, la suerte de este ex espía, devenido defensor en el fuero penal de los Tribunales de Córdoba, puede ser igual a la del mendocino Miret, y su destitución aparece como lo más probable al momento que los cinco integrantes del Jury dicten su resolución.

Aún cuando sabemos que fueron cientos los jueces y funcionarios que actuaron y fueron cómplices de la dictadura, y aún con 35 años de demora, es una buena forma de conmemorar el 24 de marzo, que dos magistrados judiciales, uno de la Justicia nacional, otro de la cordobesa, sean destituidos por un órgano de la democracia. Es una buena forma de comenzar a depurar esa institución.

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Argentina, Chaco. Masacre de Margarita Belén: Pedirán al tribunal mayor celeridad en el juicio oral

CHACO DIA POR DIA

Lo adelantó el delegado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en el Chaco, Darío Gómez. Consideró que “no hay motivos para que se demore” el avance de la etapa final del juzgamiento a los genocidas.

El delegado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en el Chaco, Darío Gómez, adelantó que desde los ámbitos oficiales y también desde las organizaciones de derechos humanos solicitarán al Tribunal Oral Federal de Resistencia que avance con mayor celeridad en la etapa final del juicio contra los exrepresores acusados por asesinar a veintidós detenidos políticos el 13 de diciembre de 1976 en la causa conocida como la Masacre de Margarita Belén. Así lo acordaron al participar de un encuentro sobre Derechos Humanos realizado el pasado fin de semana en la provincia de Entre Ríos.

“Una de las cosas que se planteó es la necesidad de pedirle a las autoridades del tribunal que aceleren el proceso lo más posible”, puntualizó Gómez, en diálogo con RADIO CIUDAD. “Hay una sociedad que espera, se terminó lo más importante y esperamos que no sean tan largos los plazos entre las audiencias de alegatos, querellas y defensas”, agregó.

El delegado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en el Chaco destacó el impulso dado desde el Estado a los juicios contra los responsables por violaciones a los derechos humanos a partir de la presidencia de Néstor Kirchner primero y Cristina Fernández en la actualidad, siendo receptivos a la lucha incansable de los organismos de derechos humanos como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo e HIJOS. “Esto es resultado de la tenacidad y la voluntad que puso Néstor Kirchner en su primer gobierno y todos los compañeros que formaban parte de su equipo”, señaló, y puntualizó que “él toma el tema porque es parte del movimiento social que viene con los organismos de derechos humanos, él lo incorpora y lo pone como una política pública”.

Apoyo social para que avancen los juicios

Sobre el avance de los juicios por delitos de lesa humanidad en el resto del país, el funcionario nacional reflexionó que “las sociedades hacen sus procesos, entonces los juicios en cada provincia tienen más o menos respaldo y depende también del compromiso que tiene la sociedad”. Además, consideró que “la estructura judicial, por más que algunos se sientan ofendidos, fue parte de la dictadura militar. Se conocen pocos casos de gente que se haya opuesto, que haya resistido o se haya negado a firmar o a tomar determinadas decisiones”.

“Se están renovando cuadros, magistrados y funcionarios y hoy tenemos muchos magistrados y funcionarios con una mirada democrática. Podemos no estar de acuerdo o que no nos gusten las decisiones que toman pero no negar de que de a poco se ha avanzado mucho en este sentido”, puntualizó Gómez.

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Argentina, Santa Fe. Juicio Díaz Bessone: “A partir de ahora averigüen ustedes”

REDACCION ROSARIO

Mirta Wurm, testigo en el juicio contra la patota de Feced que se desarrolla en el Tribunal Oral Federal de Rosario, aportó datos relevantes sobre la desaparición de su hermana y exigió a los magistrados que investiguen y "me digan adónde está mi Hilda”.

Reydoó, quien había militado en la Juventud Peronista, contó cómo fue secuestrado en su casa a la madrugada el 14 de octubre de 1976, donde estaba toda su familia y su novia, a quien en realidad los represores buscaban y no vieron. El testigo describió cómo lo pasearon por distintos domicilios buscando a su novia, cómo lo metieron en el SI lo torturaron con picana eléctrica y golpes.

“Me meten en una habitación y me pegan preguntandome siempre por Alicia (su novia). Me desnudan y me ponen en una especie de cama sillón de metal, me atan y me empiezan a torturar con corriente eléctrica. Eso es espantoso no tiene palabras para describir. Estaba con mucho miedo, en mi militancia, siemrpe pensé que iba a ser detenido y torturado, me prepare para soportar eso, leí declaraciones de compañeros torturados años anteriores”, testificó Reydoó.

El sobreviviente recordó a muchos de sus compañeros de cautiverio, y en especial a sus compañeras. “Me dejaron vendado en las escaleras que van a la Favela (otro sector del SI), viene una mujer y me baja la venda y me dice que era Elba Juana Ferraro de Betanin. Estaban Elba, María Inés embarazada, y otra mujer que no se quien era pero que se identifica como una vecina de las Bettanin”.

José recordó que una compañera detenida caminaba de un lugar a otro sin parar, y decía que la habian torturado y que la habían violado. En ese punto, el testigo hizo un planteo muy particular a los jueces, que ya han realizado otros ex detenidos. “Quiero pedirle a este tribunal que considere las violaciones como un delito de lesa humanidad, lo pido con el mayor de los respetos, por respeto a las mujeres violadas”, solicitó el testigo.

Reydoó también mencionó a muchos de sus compañeros hombres en el SI, como “Manolito Fernández, Eduardo bertolino, Gustavo Picolo, y el cabezon Perez Risso”, con quienes después fue trasladado a la cárcel de Coronda.

También recordó emocionado que con Piccolo que fue compañero el colegio Dante Alighieri, junto con Serguio Jalil, Oscar Bouvier y Ricardo Meneguzi (estos tres víctimas fatales de la dictadura).

En Coronda el ex detenido político pudo reconocer a dos de los acusados del juicio y reconocidos torturadores del SI. “Cuando en el primer recreo en Coronda yo pude identificar a el Ciego y el Cura. El ciego era el oficial Lofiego, y el cura era Marcote”, indicó el testigo.

Al cierre de su declaración, Reydoó mencionó que sobre su historia escribió un libro que habla de mi detención hasta su libertad, en el que habla de sus compañeros desaparecidos y fusilados. El libro que se llama la ventana, y que nunca fue publicado, se entregó como prueba documental a los jueces del tribunal Oral Federal 2, que escucharon atentamente el testimonio de Reydoó.

Otro testigo

En segundo término declaró la testigo Mirta Ana Wurm por el caso de la desaparición de su hermana. “Hilda Wurm es mi hermana y Jorge Wurm mi papa. Yo se que una vez fue fuerzas del ejército entraron a casa de mi mamá buscaron a mi hermana y mi papa pidió acompañarla, en calle Solis, a media cuadra de Córdoba. Yo no vivía ahí, yo estaba en mi casa y no supe nada de eso hasta mucho tiempo después que me lo contaron”, sostuvo la testigo.

“Mi mamá -amplió Mirta- mucho tiempo después me contó. Trataban de tenerme muy al margen y no me enteraba de muchas cosas, yo tenía cuarenta y algo, y mi hermana treinta y siete, o treinta y seis. Mi hermana era profesora de Psicologia, y trabajaba en los Quirquinchos en una escuela secundaria, no se si dejo o la dejaron, ella me dijo que trabajaba con Lescano en educación de adultos. Militaba en Montoneros”.

Con un discurso sencillo, humilde, alejado de la verba militante, Mirta desencajó a los jueces del tribunal. Recordó que su hermana se escondía en su casa, y que “hubo un tiempo que venia a dormir a la noche, venia muy tarde y se iba muy temprano, generalmente yo no la veía, venia y se iba”. “La llamaron a mi mamá un día y le dijeron que tenia una hija que vivía en tal dirección y otra que iba a dormir, que le diga que no vaya mas porque la tenían vigilada, mi mamá se comunicó con alguien de enlace con mi hermana y a mi hermana no la vi mas”, dijo la testigo.

La testigo contó que con el avance de la represión su hermana fue distanciandosé de la familia para no comprometerlos, hasta que la perdieron de vista en octubre de 1976. “El 26 de octubre (día de su cumpleaños) ella no apareció y un par de días después vino mi papá a casa nervioso. Me dijeron que mi hermana fue a una reunión a Buenos Aires y no volvió”, contó Mirta y reclamó que “a partir de ahora averiguen ustedes”. La testigo confesó que “nunca más” pudieron saber algo de su hermana y en ese momento miró a los jueces y les dijo: “Yo vine a este lugar para que me digan a dónde está mi Hilda”.

El candoroso relato de Mirta, fue contundente. “Mi mamá -rememoró la testigo- vivía con la ilusión de que Hilda que se había escapado a algún lado y me hizo jurar que no la buscara, porque sino yo podría dar algún dato y la iban a encontrar. Y yo en ese momento pensé tengo que cuidar a mi mamá, y mi hermana la respeto porque era una idealista, dio su carrera, sus pertenencias y cuando no le quedo nada dio su vida. Yo me quede con mi mamá”.

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