- La Ejecución Presupuestaria no miente, Macri sí.
- La Autonomía de los Porteños no se rifa. La Ciudad puede y debe resolver el conflicto sin delegarlo en el Gobieno Nacional.
- El caso de Villa Cartón: Macri invita a las tomas?
- Los factores económicos y políticos detrás de la crisis habitacional de la Ciudad.
- Nuestras propuestas.
Frente al más absoluto de los desprecios del actual Gobierno de la Ciudad de Buenos para dar una respuesta satisfactoria (que no suponga la represión y el abandono de los ciudadanos de la Ciudad), al conflicto desatado en torno a la toma de viviendas en el Bajo Flores, desde Proyecto Sur queremos puntualizar:
I) La culpa es de Macri: La ejecución presupuestaria no miente, Macri si.
Frente a una recaudación record en la Ciudad de Buenos Aires, que supuso un crecimiento del 31,8% de los recursos totales y ante lo cual se dispusieron 2 ampliaciones presupuestarias para el ejercicio fiscal del 2010 que aumentaron en $3.088 millones el presupuesto originalmente previsto, pasando este de los $18.039 millones originales a $21.127 millones actuales, el Gobierno actual de la Ciudad de Buenos Aires, según un estudio realizado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), ha tomado las siguientes decisiones en materia de política de vivienda:
a) Destinar apenas $592 millones a los programas destinados a la Vivienda. Es decir, la Gestión Macrista ha decidido durante el 2010 destinar solamente el 2,8% de su presupuesto para atender uno de los principales problemas sociales de la Ciudad.
b) De los exiguos $592 millones previstos, el Gobierno de Macri sólo ha ejecutado apenas $299 millones. Es decir, que ha ejecutado apenas la mitad de lo poquísimo que se tenía previsto. Por lo que en concreto, durante el 2010 la actual gestión destino apenas el 1,5% de su presupuesto a atender la problemática de la Vivienda.
c) Hay que puntualizar que la baja ejecución del área de Vivienda (de apenas el 50,5%) contrasta con la ejecución del resto de las partidas (91,8% es el nivel de ejecución general de gastos de la Ciudad) y particularmente con algunas de ellas como es el caso de las partidas de vinculadas con el mantenimiento de la vía pública, el contrato de basura, la transferencias a los subtes y la propaganda oficial (todas las cuales superan el 95% de ejecución). Por ende, no se trata de un problema de gestión que impide la ejecución de obras, sino que es un revelador de la falta de voluntad política para ejecutar las obras de vivienda.
d) Observando en detalle la ejecución de los programas de Vivienda se logra entender el absoluto desprecio que sobre las condiciones de vida de la población más postergada tiene la actual gestión. En efecto:
- Para el Programa de “Reintegración, Integración y Transformación en Villas” que como su nombre lo indica es el programa destinado a resolver el déficit habitacional de la población más vulnerable, la Gestión de Macri tenía previsto asignar apenas $38,7 millones (es decir apenas el 6,5% del bajísimo presupuesto de Vivienda), pero apenas ejecutó $213.020 pesos. Es decir solo ejecutó el 0,6% de su raquítico presupuesto. Dicho con todas las letras, la Gestión de Macri NO EJECUTO NADA DE LOS RECURSOS QUE ESTABAN DESTINADO PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS HABITACIONALES DE LOS CIUDADANOS DE LAS VILLAS!!!.
- Asimismo en otros programas dirigidos a resolver el déficit habitacional de los ciudadanos más postergados de la Ciudad, la Ejecución Presupuestaria revela la más absoluta falta de voluntad política de encarar el problema. Así en el programa de “Viviendas colectivas con ahorro previo” que tenía un presupuesto previsto de $114,6 millones, se ejecutaron apenas $17,9 millones (es decir apenas se ejecutó el 15,7%).
- Lo mismo sucedió con el programa “Mejor Vivir” que teniendo un crédito de $35,7 millones, se ejecutaron apenas $3,1 millones (sólo el 8,7% de los créditos previstos). Del mismo modo sucede con el programa de
“Rehabilitación de la Boca” con créditos por $40,9 millones pero con una ejecución de $2,1 millones (de apenas el 5,2% de ejecución).
De los elementos expuestos queda claro que dar respuesta adecuada a la problemática de la Vivienda en la Ciudad no es un problema de recursos, ni de gestión sino que es un problema que se origina por el profundo desinterés y desprecio que presenta la actual Gestión del Gobierno de la Ciudad. Más aún es la ausencia de políticas de vivienda las que terminan produciendo los conflictos sociales que en torno de las tomas de vivienda se originan como parte de las variadas estrategias de sobrevivencias de ciudadanos que tienen que arreglárselas para resolver sus necesidades más elementales frente abandono del Estado de la Ciudad-
II) El desalojo dictado por el Juez Federal Armella atenta contra la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires.
Frente a la decisión del Gobierno de Macri, no ya de tener una política de vivienda como la que merecen y demandan los porteños, sino siquiera de intentar resolver el conflicto de las tomas del predio del Bajo Flores, el Juez Federal Armella ha dictado un desalojo a los ocupantes del predio sobre la base de una interpretación absolutamente arbitraria de las competencias que sobre la cuenca Matanza – Riachuelo le otorgara con carácter excepcional y restrictivo la Corte Suprema de Justicia.
El Juez Armela tiene jurisdicción sobre el área que rodea la cuenca y por ende es entendible que debe atender la situación de las personas que habitan en ese territorio, como es el caso del asentamiento del Pueblito, que según el Gobierno de la Ciudad, desde febrero de este año, había decidido otorgarle las viviendas que están tomadas.
Lo que no es de ningún modo razonable es que sobre la base de las competencias atribuidas en el área de la cuenca Matanza - Riachuelo, el Juez Armella dicte un desalojo de un predio ubicado en el Bajo Flores, bajo la excusa de que está atendiendo la situación de las personas que viven en las cercanías de la cuenca sobre la que tiene jurisdicción.
Debe quedar claro que este disparate jurídico que lleva adelante este Juez Federal es la consecuencia directa de la más absoluta falta de respuesta por parte del Gobierno de la Ciudad para encarar y resolver el conflicto de la toma.
Por ende, es la actitud del Gobierno de Macri, de presentarse como víctima y pedir incluso la represión a los porteños que están tomando el predio (entre los que se encuentran gran cantidad de embarazadas, bebes, niños y menores) por parte de las fuerzas de seguridad del Gobierno Nacional, lo que termina regalando la Autonomía,
que tanto le costó a los porteños conseguir, para que sea el Gobierno Nacional, el que resuelva de la peor manera claro está, un conflicto que el Jefe de Gobierno tiene todas
las facultades para poder resolverlo, si tuviera la voluntad política de hacerlo, claro está.
III) Advertimos sobre la “invitación a las tomas” por parte del Gobierno de la Ciudad. El caso de los damnificados de Villa Cartón.
Parece absolutamente “sospechoso” que en el marco de la actual toma del Bajo Flores, el Gobierno de la Ciudad parece estar jugando con la posibilidad de otra toma, esta vez para el caso de las viviendas que se tienen que adjudicar a los ciudadanos damnificados del incendio en Villa Cartón en el 2007.
Hay que recordar que el citado incendio dejó sin vivienda a 450 familias, que habían perdido absolutamente todo, y fueron alojadas en carpas, pero luego de una tormenta que hizo perder la vida a una mujer, fueron trasladadas en gran parte a un Centro de Evacuados en Parque Roca. En el Centro de Evacuados no contaban con agua potable, ni con servicios públicos básicos lo cual originó diversas medidas cautelares en las cuales intervino el Dr. Andrés Gallardo, Juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nro.2, ordenando al GCBA que garantice desde el agua hasta atención médica y sanitaria, todo ello en el marco de los autos “Medina Benitez Rosalva, Martínez, María Ester y Díaz, Juan Carlos s/ amparo”. En el Centro de Evacuados, las familias no sólo sufrieron la provisoriedad de sus viviendas, sino también la inseguridad de la zona para trasladarse a sus trabajos, la falta de cumplimento en la atención médica lo cual originó la muerte de un bebé y la contaminación que llevó al Dr. Gallardo a ordenar el desalojo del predio. Se trataba de un Centro implementado por el Estado y no contaba con las más mínimas condiciones de salubridad.
Dado que la Ley 1987 ordena la construcción de viviendas definitivas para las familias damnificadas por el incendio, luego del desalojo del predio, se ordenó el pago de subsidios a las familias que les permitan pagar alojamiento provisorio hasta la entrega de las mismas. Sin embargo, la enorme demora en la construcción de las viviendas, llevadas a cabo por el IVC a través de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, llevó a que estas familias continúen hasta el día de hoy en un estado de incertidumbre. Desde hace meses que se encuentra confeccionado el listado de las primeras 120 familias que recibirán sus casas y el 10 de febrero la Presidenta Cristina Kirchner inauguró 370 viviendas. Sin embargo hasta el día de hoy no se entregó ni una sola vivienda. Tampoco se construyó el Comedor La Misión, pese a la orden judicial y al dinero depositado por el Ministerio de Desarrollo Social en los autos citados, dado que la Corporación del Sur no asignó un terreno a tal efecto. Lo sugestivo es que la web de la Corporación informa que el comedor La Misión está en construcción.
Finalmente, el pasado 11 de marzo, luego de pedir reiteradas audiencias, el IVC entregó el primer listado de 100 familias que recibirían sus casas los días 14, 15, 16, 17 y 18 en grupos de veinte por día. El día 14 de marzo se suscribieron los convenios con el primer grupo de veinte familias, donde consta la entrega de las viviendas (con el sello del IVC). Asimismo se suscribió un compromiso por parte de los beneficiarios de concurrir inmediatamente a ocupar sus casas. Sin embargo, al concurrir a retirar las llaves a la Fundación de las Madres, fueron informados que no era posible ocupar las casas que aún no tienen final de obra.
Después de cuatro años, las familias damnificadas por el incendio del Cartón siguen sufriendo la falta de vivienda, la incertidumbre acerca de la escuela a la cual irán sus hijos este año, en fin, dónde llevar a cabo su proyecto de vida. Siguen padeciendo la más absoluta falta de política de vivienda en la Ciudad. Todo ello agravado porque el IVC suscribió el convenio a sabiendas de la imposibilidad de cumplir con el mismo, mientras las personas dejaban sus hogares provisorios y se trasladaban con muebles a una casa que todavía, después de años, no está terminada. Aún cuando lo expuesto supone una invitación lisa y llana a la toma del predio, las familias, pese a todo, no intentaron ingresar a las casas. Se manifestaron en la General Paz y siguen su lucha frente al IVC, recurriendo a la Justicia y esperando su vivienda definitiva.
IV) Crisis habitacional en la Ciudad de Buenos Aires. Factores políticos y económicos de un problema estructural Crisis habitacional en la Ciudad de Buenos Aires. Factores políticos y económicos de un problema estructural.
La emergencia habitacional de la Ciudad de Buenos Aires es una dura realidad que pesa sobre los porteños desde hace años, sin que ninguno de los gobiernos que se han sucedido desde la recuperación democrática pudiera implementar políticas adecuadas para su abordaje. En el año 2004, esta problemática fue reconocida por la Ley Nº 1.408 que declaraba la emergencia habitacional. Sin embargo, pocos instrumentos fueron creados para abordarla más allá de su mera declaración. Ibarra vetó parte de dicha ley, lo mismo hizo Macri, evidenciando un acuerdo tácito de no discutir la preeminencia del capital inmobiliario en la ciudad. El año pasado, incluso, Macri se dio el lujo de vetar la prórroga de la declaración de emergencia (Ley Nº 3654). Es decir que esta gestión no considera el problema habitacional como una prioridad, ni reconoce el estado de emergencia en que se encuentra.
Reiteradamente, desde el bloque Proyecto Sur hemos denunciado la desidia y la ineptitud de este gobierno en su abordaje de la problemática del hábitat popular. En lo que va de la gestión PRO, se desfinanciado progresivamente la política de vivienda -pasando a representar de 4,1% en 2007 a tan solo 2,9% del presupuesto en 2010, y llegando a niveles catastróficos de subejecución del presupuesto asignado-, se ha profundizado su desarticulación –en la actualidad hay al menos 6 organismos de diferentes jurisdicciones y jerarquías que se ocupan de la temática-, y se ha intentado reiteradamente descapitalizar el Estado de la Ciudad –a través de la venta del patrimonio inmobiliario que bien podría ser utilizado para implementar políticas habitacionales activas para atacar la emergencia-.
Si el capital inmobiliario siempre encontró buena predisposición a privilegiar sus intereses por parte de las sucesivas gestiones de la ciudad desde la recuperación democrática, con la gestión del PRO la hegemonía de estos intereses parece ser absoluta, con representantes directos de estos intereses ocupando puestos clave. No hace falta más que repasar la nómina de los funcionarios encargados de áreas como Desarrollo Urbano, Planeamiento, Obras Públicas, etc. Algunos de estos funcionarios están denunciados por desarrollar actividades incompatibles con la función pública, como el Sr. Ministro de Desarrollo Urbano, Arq. Daniel Chaín y el Sr. Subsecretario de Planeamiento, el Arq. Lostri, a quienes se vincula con negocios inmobiliarios incompatibles con su actividad pública.
Pese a la ineptitud y desidia del Gobierno, la problemática habitacional en la ciudad se impone como una realidad, por la emergencia recurrente de conflictos sociales. La crisis del Parque Indoamericano fue tal vez el ejemplo más notorio de una realidad cotidiana. Cualquier diputado de esta casa puede dar testimonio de la afluencia diaria de personas afectadas por la penuria de la vivienda, que ante la falta de respuesta de los organismos responsables vienen a reclamar ante el poder legislativo.
El proceso de valorización inmobiliario excluyente en la ciudad
El precio del suelo y su incidencia en el precio de la vivienda no ha dejado de crecer desde la crisis de 2001-2002. En esa coyuntura, hubo una gran afluencia de capital a la construcción que en pocos años generaron una rentabilidad económica extraordinaria. Esta dinámica de valorización se expresó no sólo en el precio de las viviendas, sino también en el precio de los alquileres. Así, la problemática del acceso a la vivienda no sólo aqueja a sectores de bajos ingresos, sino cada vez más a sectores de ingresos medios, especialmente a los jóvenes.
En la actualidad, según estimaciones diversas, alrededor de 500 mil personas en situación de déficit habitacional, es decir alrededor de un 17% de la población: 150 mil personas viven en villas de emergencia, 220 mil personas en casas tomadas, además de los inquilinatos, hoteles-pensión, y situaciones de hacinamiento. Sin embargo, existen en total alrededor de 1.200.000 con necesidad de una vivienda, es decir que la problemática en conjunto afecta a 4 de cada 10 porteños.
Según la Subsecretaría de Planeamiento del Gobierno de la Ciudad, el precio promedio del m2 de suelo en la ciudad pasó de a U$S 272 en marzo de 2002 a U$S 1311,9 en septiembre de 2010. Por su parte, según Reporte Inmobiliario, el precio promedio de departamentos usados de 2/3 ambientes en la ciudad pasó de U$S 600 en 2002 a U$S 1.560 en 2010, mostrando un aumento del 160% en dólares, mientras que el peso se devaluó en el mismo período desde $2,4 a $4 por cada dólar en la actualidad. Finalmente, los alquileres promedio en la ciudad pasaron de $436 en 2001 a $1.801 en 2010, lo que implica un aumento del 313%.
En 2009, según la Encuesta Anual de Hogares, el ingreso familiar promedio de la ciudad era de $4.210. Así, por ejemplo, para el año 2009, la incidencia del alquiler promedio en el ingreso promedio era de casi el 40%. Vale remarcar que la Ciudad de Buenos Aires presenta una gran polarización socioeconómica, por lo que estas cifras globales esconden situaciones radicalmente diferentes, con extremos de vulnerabilidad acuciantes.
Desde Proyecto Sur creemos el Estado debe generar instrumentos de intervención en el mercado de suelo, para tratar de regular su funcionamiento y evitar que la especulación inmobiliaria lo convierta en un bien inaccesible, coartando el derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado establecido en el artículo nº 31 de la Constitución de la Ciudad. Aquí está la clave del problema habitacional de la ciudad: El suelo urbano debe cumplir una función social, y no quedar librado al devenir de la oferta y la demanda, porque el resultado de esto es la exclusión de gran parte de la población -que se ve obligada a resolver su necesidad de manera precaria e informal-, y el aumento de la segregación socioespacial.
La crisis del indoamericano
Como dijimos, los hechos de diciembre de 2010 pusieron en evidencia -ante los ojos del conjunto de la sociedad y de las autoridades y los funcionarios que querían desconocer la gravedad del tema- la situación habitacional crítica que atraviesa la Ciudad de Buenos Aires desde hace años. La desarticulación de la política de vivienda, la descapitalización del Estado de la ciudad por la venta de activos, la falta de inversión, y los manejos discrecionales y clientelares de todos los organismos que intervienen en la materia hicieron eclosión en el conflicto por la ocupación del Parque Indoamericano a fines del año pasado.
Desde Buenos Aires para Todos en Proyecto Sur señalamos en aquella oportunidad que las causas del conflicto remitían a problemas estructurales que requerían un abordaje no sólo desde la Ciudad, sino también en una escala Metropolitana, abarcando los principales municipios del conurbano y a organismos de nivel nacional.
De la misma manera, y en medio de la discusión sobre el presupuesto, instamos al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a aumentar la inversión en vivienda y a diversificar las operatorias y programas implementados, para dar cuenta de la complejidad de la problemática del hábitat, que incluye a una porción significativa de los sectores de ingresos medios. También hicimos hincapié en la necesidad de intervención del estado de la ciudad en la problemática del suelo urbano, la que definimos como la clave para abordar el problema del acceso a la vivienda, junto a las formas de financiamiento.
En este marco, también señalamos que la solución política arribada en las negociaciones de diciembre entre Ciudad y Nación -después de pasarse la pelota mutuamente durante tres días, lo que implicó más muertos y heridos- no hacía otra cosa que aplazar en el tiempo la emergencia de una nueva crisis, al no fijarse plazos claros para la construcción de viviendas ni modificar sustancialmente las políticas públicas tradicionalmente implementadas.
De la misma manera, la violencia y la extorsión ejercida por ambos gobiernos a través de la amenaza de dar de baja los planes sociales y de la imposición de condiciones inhumanas en a la población durante una semana, mostraron un retroceso considerable en términos de criminalización de la pobreza y vulneración de derechos económicos, sociales y culturales. Desde Proyecto Sur repudiamos este tipo de extorsión, que suele estar vinculada al paradigma de las políticas sociales focalizadas, implementadas masivamente desde la década de 1990. En este marco, el Gobierno de la Ciudad insiste en la extorsión enviando un proyecto de ley para prohibir la adjudicación de subsidios, líneas crediticias y planes de asistencia a quienes se vean involucrados en este tipo de conflicto –proyecto presentado por el diputado Ritondo, Expediente 3482-D-2010- y que el PRO intenta que sea tratado en la Comisión de Políticas de Promoción e Integración Social. Desde nuestro espacio nos oponemos terminantemente a este tipo de iniciativas impulsadas por los gobiernos Nacional y de la Ciudad, y reafirmamos que los planes sociales no responden a privilegios, ni favores políticos excepcionales, sino a derechos inalienables de las personas, por lo que no pueden ser utilizados como elemento de extorsión. Convocamos a todos los bloques de la oposición en la ciudad a no acompañar y repudiar esta iniciativa.
¿Una nueva crisis?
En la actualidad, la toma de viviendas en el predio de Av. Castañares y Lafuente, así como el conflicto por la adjudicación de viviendas para los vecinos de la Ex AU7 (Villa El Cartón) en el predio de Av. Castañares y Av. Gral. Paz, hacen temer por el recrudecimiento del conflicto habitacional en la ciudad y la emergencia de una nueva crisis. Todo esto se agrava porque se enmarca en una creciente disputa política entre el Gobierno de la Ciudad y el Gobierno Nacional, que buscan sacar réditos electorales, dejando libradas a su suerte a centenares de familias que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad.
En lo profundo de todo este desmanejo se encuentra una aceitada red de punteros territoriales que, en connivencia con algunos estamentos de organismos oficiales como el IVC y del SUTECBA, hacen de la vivienda social un negocio espurio. Estos manejos mafiosos vienen de años en la ciudad, pero el PRO se ha apoyado fuertemente en estos punteros, consolidando su poder, debido a su falta de inserción territorial previa en los barrios populares de la ciudad. La toma de las viviendas en Av. Castañares y Lafuente es consecuencia directa de estos circuitos delictivos, ya que muchas de las familias que protagonizan la toma fueron estafadas por punteros de la zona de Bajo Flores, que les cobraban $2.000, $4.000, $8.000 y más, para “agilizar” los trámites de adjudicación. Ante la falta de respuesta por parte del GCABA y por la desesperación de encontrarse en una situación de extrema vulnerabilidad, optaron por participar en la ocupación de viviendas ya que la consideran como la única alternativa disponible para estos sectores. En la actualidad existe una causa penal en curso que investiga la mencionada estafa y que esperamos pueda desarmar estas organizaciones delictivas que están enquistadas en el Estado de la Ciudad.
Desde nuestro bloque hacemos un llamamiento a todos los actores involucrados para que cesen en el pedido de desalojo forzoso de las viviendas, para evitar muertos y heridos, y promovemos que se busque una solución dialogada y consensuada que contemple las necesidades imperiosas de las familias involucradas, así como el derecho de los habitantes de la margen del Riachuelo de ser relocalizados a esas viviendas.
V) Nuestra propuesta de Vivienda y nuestros proyectos presentados
Por todo esto, reiteramos nuestro llamamiento al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a que tome la iniciativa política para encarar de una vez por toda la solución de fondo del problema del hábitat popular en la ciudad. Entre otras cuestiones proponemos:
• Centralización de la política de vivienda en un solo organismo responsable y aumento progresivo del presupuesto.
• Promoción de espacios de articulación de políticas metropolitanas, con el Gobierno Nacional, Provincial y los municipios del conurbano.
• Intervención estatal en el mercado de suelo urbano para contrarrestar la tendencia de valorización del suelo y garantizar la disponibilidad de suelo urbano de calidad a precios accesibles para los sectores de menores ingresos.
• Reformulación de las políticas hacia las villas, para incorporar la dimensión participativa e impulsar y apuntalar los procesos de producción social del hábitat realizados durante años por los habitantes de los barrios.
• Fortalecimiento de la implementación de la Ley Nº 341, especialmente en su modalidad colectiva, e inclusión de un mecanismo de actualización automática de los montos asignados para hacer sustentable la operatoria.
• Maximización de la utilización del patrimonio inmobiliario de la Ciudad, tanto tierras como inmuebles, y su rehabilitación para atacar la emergencia habitacional.
• Otorgamiento de créditos blandos para sectores medios a tasas que guarden relación con el ingreso medio de la población, potenciando el rol social del Banco Ciudad. Estos créditos tienen que tener como prioridad a los jóvenes de hasta 35 años.
Presentación de iniciativas legislativas.
En línea con las propuestas mencionadas, en esta ocasión presentamos las siguientes iniciativas legislativas:
1. Un proyecto de ley que regula el funcionamiento del banco de tierras e inmuebles del Instituto de Vivienda de la Ciudad (BTI), creado por el artículo nº 8 de la ley nº 1.251 de 2003, pero que nunca fue reglamentado en su funcionamiento. En la actualidad, el BTI no sirvió como herramienta de gestión urbana, sino que funcionó como un mero depósito o registro de inmuebles sin capacidad de incidencia en la dinámica de la ciudad. El proyecto de ley presentado establece los siguientes criterios de funcionamiento para el BTI:
1.1. Regular el funcionamiento del mercado de suelo, para disminuir la incidencia del precio del suelo en el precio total de las viviendas construidas o a construir, para limitar los procesos de valorización y especulación inmobiliaria. Para ello, se establece una partida mínima del 10% de los recursos del IVC para el funcionamiento del BTI.
1.2. Optimizar el uso de los inmuebles que ya están en propiedad del Estado de la Ciudad que podrían ser utilizadas para atacar la emergencia habitacional.
1.3. Priorizar las localizaciones centrales, e incorporar suelo urbanizado, con todos los servicios e infraestructura necesarios.
1.4. Procurar la incorporación de los inmuebles ociosos o subutilizados, para promover la recuperación de la trama urbana y un crecimiento más equilibrado del parque edificado.
1.5. Guardar cierta proporcionalidad geográfica en la incorporación de suelo, para romper con la lógica de la segregación socioespacial, que tiende a definir el sur como la zona donde deben localizarse los pobres de la ciudad.
1.6. Posibilitar la definición de zonas o criterios para establecer derecho de preferencia por parte del Estado en la compra de inmuebles.
1.7. Definir la intangibilidad de los inmuebles del BTI.
2. Un proyecto de ley que propone utilizar parte del patrimonio inmobiliario subutilizado del GCABA para atacar la emergencia habitacional, a partir de la cesión precaria de inmuebles de dominio privado del GCABA. Para ello, crea un Programa de Vivienda Transitoria para familias, individuales o en colectivos organizados, que se encuentren en situación de calle, en situación de hacinamiento crítico, con riesgo de desalojo inminente, etc. Este proyecto ya fue ingresado a la Legislatura en 2010, con el número de expediente E2124-D-2010. Es importante recordar, para tener una noción del potencial al que se refiere este proyecto y para dar cuenta de la miopía de la gestión actual, que el responsable de la Dirección General de Administración de Bienes del GCABA reconoció el año pasado en nota a Clarín, que la dirección a su cargo contaba con 1280 viviendas desocupadas, que no tenían un destino manifiesto. Incluso, afirmaba que era intención del GCABA venderlas porque generaban gastos innecesarios. Este patrimonio volcado en políticas activas para atacar la emergencia habitacional podría ayudar a descomprimir la situación de crisis que atraviesa la ciudad desde hace años.
Desde ya, estamos dispuestos a la discusión abierta con los otros bloques de esta casa -de estos y otros proyecto de ley que presentemos-, así como hacemos un llamamiento a las organizaciones sociales vinculadas al hábitat, universidades, asociaciones profesionales, y todos los actores interesados en empezar a discutir la problemática habitacional en la ciudad de una vez por todas. Este debate se ha vuelto impostergable.
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