A nivel mundial y regional según un informe de la FAO (Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas) correspondiente al año 2008 y denominado “El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo”, el hambre a nivel mundial aumenta dramáticamente: golpea a 963 millones de personas, 40 millones más que el año pasado y 115 millones más que en el bienio 2003-2005 siendo que la actual crisis financiera internacional pudo agravar aún más la situación.
De fondo de esta cuestión se encuentra el incremento de precios de los alimentos a nivel internacional que profundizó la inseguridad alimentaria. Según datos de la FAO, los precios de los principales cereales al comenzar el año 2009 se encuentran un 20% más altos que durante el año 2006. El informe también detalla que el alza de los precios de los alimentos significó 51 millones más de personas hambrientas. En total hay 963 millones de personas desnutridas en el mundo. Un cálculo realizado por esta organización estima que se necesitan 30.000 millones de dólares anuales para poder duplicar la producción agrícola mundial y eliminar así la crisis alimentaria.
El hambre en nuestro país
El hambre, la pobreza y aquellos que la padecen es la expresión más visible de la exclusión. La tan sola presencia de estas situaciones y de millones de personas que viven privadas de sus libertades, del pleno desarrollo de sus capacidades, de los derechos socialmente constituidos como tales son la más cabal muestra de que algo funciona mal desde el proceso económico, desde la misma política pública que atañe al conjunto de las instituciones.
A la dificultad de dar respuesta a esta deuda social pendiente desde los distintos modelos de política económica que tuvieron vigencia hasta la actualidad se adiciona uno nuevo: el desconocimiento del gobierno de una parte importante de esta problemática social a partir de su subestimación en las mediciones oficiales. Actualmente, según el INDEC intervenido, la pobreza alcanza al 12% de la población (4,8 millones de personas), mientras que la indigencia afecta al 3,1% (1,2 millones de personas). Sin embargo, tanto la alteración en la medición de los precios a partir de la intervención oficial, como la vigencia de una metodología que no tiene en cuenta los cambios en el patrón de consumo, llevan a que estas tasas se encuentren subestimadas en un 61% y en un 77% respectivamente. Es decir, el INDEC oculta la existencia de casi 7,4 millones de pobres, de los cuales 4,2 millones están pasando hambre.
Cuadro N° 1: Pobreza e Indigencia según estimación propia y oficial. Estimación al año 2010. (1)
Esta situación lejos de revertirse tiende a perpetuarse e incluso empeorar, en el marco de un proceso inflacionario que impacta con más intensidad en el rubro de alimentos y bebidas. Como podemos ver en el Cuadro N° 8, mientras que entre 2003 y 2006 la evolución de los precios promedió un 8% anual, a partir de 2007 el IPC ha superado el 23% (con excepción de 2009 que por causa de la recesión tuvo una inflación del 15%), mientras que los precios de alimentos y bebidas superaron ampliamente esta evolución, llegando en 2010 a incrementarse en un 41,2% según la consultora BA City.
Cuadro N° 2: Evolución de los precios nivel general y Alimentos y Bebidas. 2003 – 2010.
La evolución mencionada en los precios de Alimentos y Bebidas, lejos de tener un impacto neutro en las condiciones de vida de la población, ha provocado que en el último período 2006-2010, de cada diez personas que nacen, se sumen siete nuevos excluidos del sistema por no contar ni siquiera con la posibilidad de alimentarse. Ver Cuadro N° 9.
Cuadro N° 3: Evolución de la población total y de la cantidad de indigentes. 2006 – 2010.
El hambre contiene tres grandes dimensiones que merecen ser atendidas y deberían formar parte de una medida integral que pueda dar respuesta a las mismas:
1) El sufrimiento y padecimiento de enfermedades ante un contexto generalizado de privación. El hambre no es el comienzo de la problemática de la postergación social sino que es su mayor riesgo. Esto significa que las familias que no acceden a satisfacer una necesidad tan básica como es la alimentación están sumergidas en un cuadro multidimensional de privaciones que incluye: viviendas precarias, en zonas contaminadas (como basurales, zonas inundables, etc.), las dificultades para el acceso a la atención de salud, condiciones de insalubridad, hogares sin acceso a agua potable, hogares sin desagüe cloacal que ponen en riesgo la salud y predispone a una situación extrema de vulnerabilidad agravada por las carencias nutricionales.
En lo que respecta a la cobertura sanitaria, el Cuadro N° 4 nos muestra que al año 2010, más de un tercio de la población no tiene cobertura por obra social o prepaga, por lo que debe recurrir al sistema público de salud para atenderse. Si bien este porcentaje ha disminuido con respecto al año 2006, aún persiste en niveles elevados con el agravante de que el sistema público de salud lejos está de garantizar una atención adecuada siendo que, muy por el contrario, se encuentra sobrecargado por un exceso de demanda en relación con los recursos de los que dispone.
Cuadro N° 4: Distribución porcentual de la población total según cobertura de salud. 4to trimestre 2006-2do trimestre 2010.
La situación es aún más grave para los niños, niñas y adolescentes, ya que el porcentaje de quienes no cuentan con una cobertura formal alcanza al año 2010 al 42,7% de los mismos. Como puede observarse en el Cuadro N° 5, este porcentaje también ha disminuido con respecto al 2006, aunque en menor medida que si se toma el total de la población, dejando en evidencia que es este grupo poblacional el que presenta una situación de pobreza estructural más rígida.
Cuadro N° 5: Variación interanual de la distribución porcentual de los menores de 18 años según cobertura de salud. 4to trimestre 2006-2do trimestre 2010.
Por otra parte, las condiciones de infraestructura en que vive la población no pueden ser omitidas si se quiere tener una visión más acabada de la situación de pobreza estructural que sufre gran parte de los argentinos. Es por eso que en el Cuadro N° 6 presentamos una serie de indicadores que intentan dar cuenta de esta situación. Así vemos que actualmente, casi el 8% de las personas viven en condiciones de hacinamiento, y aún el 39,6% habita viviendas sin cloacas, mientras que el 12,4% no dispone de agua corriente y el 11,4% tiene baños con arrastre de agua precario o sin arrastre. Por otra parte, el 9,6% y el 13,6% de los argentinos viven cerca de basurales o en zonas inundables, respectivamente. Estos dos últimos indicadores han empeorado con respecto a finales del 2006.
Cuadro N° 6: Indicadores básicos de infraestructura (en porcentaje). 4to trimestre 2006-2do trimestre 2010.
2) La infantilización del hambre no sólo es moralmente intolerable sino que también se constituye como el origen y causa de su perpetuación. Niños pobres y con hambre también ven vulnerado el derecho a acceder a una educación básica y con ello la posibilidad de superación de esta problemática. Sin igualdad de oportunidades, la construcción de una sociedad que restringe la movilidad social entonces predestina a los más pobres a seguir siendo pobres.
Mientras la tasa de pobreza es del 30,5% a nivel general para la población menor de 18 años la misma asciende al 43% (5,8 millones de pibes). Por el lado de la indigencia, mientras a nivel general alcanza al 13,5% del total de la población, su incidencia se eleva al 21,6% cuando se trata de nuestros chicos (2,9 millones).
En el siguiente cuadro puede observarse que la mitad de los chicos son pobres a la vez que la mitad de los pobres son chicos (47,3%). Para el caso de la indigencia, más de la mitad (53,6%) del total de indigentes son menores de 18 años.
Cuadro N° 7: Tasa de pobreza e indigencia general y de la población infantil. 2010.
Esta realidad golpea con más fuerza a algunas provincias que a otras. Como podemos ver en el Cuadro N° 8 mientras en Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chubut y la CABA, las tasas de pobreza no superan el 16% y la indigencia no llega al 8%, en provincias como Chaco, Corrientes, Misiones, Formosa y Santiago del Estero, más de la mitad de la población se encuentra por debajo de la línea de pobreza y la indigencia promedia el 26%. Para el caso de los menores de 18 años, en estas últimas cinco provincias la pobreza supera el 55%.
Cuadro N° 8: Pobreza e Indigencia por provincia para la población total. Pobreza en los menores de 18 años por provincia. 2010.
Las provincias que sufren con mayor crudeza la problemática en torno al desarrollo infantil son justamente las que evidencian, como consecuencia, índices que denotan la dificultad de la población infantil para lograr el pleno acceso a la educación. Si bien la tasa de repitencia no es tan significativa (aunque para el caso de la provincia de Corrientes esta tasa alcanza valores muy elevados para el nivel EGB 1 y 2 superando el 14%), es preocupante que el abandono escale valores que van desde 11% al casi 17% y la sobre-edad escolar oscile el 40% desde el nivel inicial (desde los 6 años) hasta el polimodal (hasta los 17 años).
Cuadro N° 9: Tasas de repitencia, sobreedad y abandono interanual por nivel de enseñanza - Año 2006 (2)
El desarrollo nutricional insuficiente tiene efectos concretos en el desarrollo cognoscitivo de la población infantil perjudicando incluso su inserción laboral futura. Es decir, si más de la mitad de la población menor de 18 años es pobre y el 22% es indigente sólo podemos esperar una fuerza laboral futura debilitada para poder incorporar el conocimiento que requiere el paradigma tecnológico vigente. De esta, manera la productividad laboral futura quedará rezagada con respecto al desarrollo del resto del mundo dando lugar a un tipo de especialización productiva que descansa nuevamente la extracción del excedente a partir de la mano de obra barata y la explotación de los recursos naturales haciendo retroalimentar el circulo vicioso de la pobreza.
Por esta razón es que la perpetuación de núcleos de pobreza y hambre en nuestro país ha amplificado la gravedad e intensidad de su incidencia sobre el estrato social de menores recursos trayendo como resultado la creciente esterilización de los efectos sociales positivos que supone el crecimiento económico. La desigualdad en el “derrame”, la ineficacia de las políticas públicas ha generado que los contingentes de personas expulsadas del sistema económico no puedan volver integrarse en la misma magnitud.
El siguiente cuadro da cuenta de una lógica que se viene repitiendo en la historia argentina de los últimos treinta años. Luego de cada crisis se accede a un momento de relativa “normalidad” siempre transitoria, que si bien se revela como mejor al momento de la crisis, nunca permite el retorno a los niveles de vida vigentes en la situación “pre-crisis”. Los datos que a continuación presentamos explicitan lo afirmado. Obsérvese la evolución de la población en situación de pobreza:
Cuadro N° 10: Tasas de Pobreza e Indigencia. Períodos seleccionados. 1989 – 2001: Gran Buenos Aires. 2003 – 2008 total país.
En la primera mitad de los noventa la pobreza baja respecto al 89 pero no vuelve a los niveles de la década del 80. El nuevo pico correspondiente a la crisis del año 1995 y que se expresa en el 96, si bien se morigerará muy levemente entre 1997 y 2001, dejará una situación de pobreza superior que en la primera mitad de los noventa. De igual modo, el pico que exhibe el año 2002 en materia de población pobre e indigente si bien se reduce parece lejos de poder retornar a los niveles previos a la crisis.
3) El destino más lamentable del hambre es la muerte pero se convierte en una realidad dramática de esta Argentina que ve morir a una parte importante de su población que mayoritariamente son niños, no por falta de alimentos sino por una pésima gestión en su distribución.
Según datos del centro creado recientemente en la UBA, en los últimos cinco años 3000 chicos menos mueren por desnutrición. En 2003, fallecían 12 niños por desnutrición aguda por día mientras que al año 2008 continúa una cifra escalofriante: mueren ocho chicos menores de 5 años diariamente.
Por otra parte, según el Ministerio de Salud, las defunciones cuya causa directa es la desnutrición sumaron 1.064 en 2009, de las cuales el 11% corresponde a menores de 10 años mientras que el 80% corresponde a mayores de 65 años. Si bien esta cifra no peca de subestimar considerablemente el verdadero impacto de la desnutrición, pues gran parte de las defunciones que se clasifican en otras causas, son el resultado indirecto de un problema de una alimentación insuficiente, los porcentajes mencionados dan cuenta de los sectores más vulnerables de nuestra población.
Cuadro N° 11: Cantidad de defunciones por desnutrición según tramo de edad. 2009.

Siendo que el registro de fallecimientos por desnutrición está subvaluado ante la dificultad de diagnosticarla al momento de la muerte de un niño (ya que es posible que la causa del fallecimiento haya sido causada por un paro cardiorrespiratorio o un broncoespasmo) nos podemos aproximar aún más a su magnitud al evaluar la mortalidad infantil (en menores de un año) de cuyo análisis se desprende la cantidad de muertes que pudieron ser evitadas con un tratamiento oportuno o a partir del conocimiento y tecnología del sistema de salud vigente. Siendo que situamos a la problemática del hambre como una expresión más de un cuadro de carencia más general que lo incluye consideramos que entre las muertes evitables que mayormente tienen que ver con las restricciones en el acceso a la atención médica, incluye afecciones a la salud relacionadas con el déficit alimentario dada la incidencia de la indigencia en la sociedad actual.
De esta manera podemos observar que el último dato de mortalidad infantil difundido por el Ministerio de Salud, corresponde al 2009 y arroja una tasa del 12,1 por mil. Es decir que anualmente mueren 9.026 niños menores a un año de edad en el país. Sin embargo, esta tasa tiene la limitación de no reflejar las disparidades regionales de esta situación. Así, provincias como Formosa (20,5), Chaco (17,8) y Corrientes (15,3), superan ampliamente la tasa a nivel nacional. A la desigualdad regional mencionada, se le suma otra injusticia, ya que de la cantidad de muertes de niños menores a un año, más de la mitad (54,5%) se produce por causas evitables en función del conocimiento científico actual y las distintas acciones que podrían desarrollarse, fundamentalmente a través de los servicios de salud (Ver Cuadro N° 11).
Cuadro N° 12: Cantidad de muertes evitables por año y por día. Total País.
La importancia del sector agro-alimentario en la producción nacional: La dificultad de distribuir equitativamente las ventajas agropecuarias
La especialización del patrón productivo de nuestro país históricamente estuvo asociado a los productos que derivan de la producción agropecuaria gracias a las ventajas comparativas sustentadas en la riqueza de nuestros recursos naturales que descansa fundamentalmente en la dotación de grandes extensiones de tierras fértiles generando un diferencial de competitividad a favor la Argentina en este sector productivo frente al resto del mundo. Esta ventaja se traduce en una entrada de divisas importante asociada el sector agropecuario que permite aliviar la restricción externa ante una industria manufacturera local deficitaria en divisas y por lo tanto con dificultades para su crecimiento. Por esta razón es que el sector agropecuario y sus productos son objeto de debate entre Crecimiento Económico vs. Bienestar interno obviando la tercer vía que conduce a una opción que incluya a ambas pero que necesita de una regulación pública más importante y por sobre todo, más eficaz.
Durante el presente período post-Convertibilidad, incluso, continúa la dificultad y las limitaciones para asociar las ventajas de tener una dotación rica de recursos naturales con el desarrollo económico y humano.
A pesar de los primeros años de mejora relativa del cuadro social, el período iniciado en el año 2007 marca un cambio de etapa cuya expresión más visible es el deterioro de los rendimientos sociales del modelo económico vigente. De esta manera, el brote inflacionario que con mayor énfasis se concentra en el rubro de alimentos y bebidas ha deteriorado gravemente las condiciones de vida y ha derivado en un incremento sustancial en la cantidad de personas que no logran satisfacer sus necesidades de alimentación al tiempo que la recomposición de la actividad económica se asocia al repunte de los sectores asociados a la producción de alimentos (junto con el sector productor de servicios).
El sector primario (rama agricultura, ganadería, caza y silvicultura) junto con la industria de Alimentos y Bebidas mantiene una elevada participación en el PBI que oscila el 12%. Durante el período post-Convertibilidad el pico de participación se alcanzó durante el 2005, al llegar al 12% que cae levemente con el estallido de la crisis internacional y vuelve a repuntar en el 2010.
Cuadro N° 13: Participación del complejo sectorial de la agroindustria en el PBI.
Del siguiente cuadro se puede comprobar que el complejo agro-alimentario tiene una importancia crucial en el volumen de exportaciones nacionales concentrando más del 50% de las mismas siendo que el año 2010, de recuperación post-recesión se observa un incremento sustancial de la participación (que alcanzó el 53,6% del total) que sólo es superado en el período de la post-Convertibilidad por el año 2007.
Cuadro N° 14: Participación del complejo sectorial de la agroindustria en las exportaciones.
El negocio detrás del hambre: el negocio exportador de las empresas concentradas y la sojización
La importancia del mercado externo en el sector productor de alimentos sin embargo queda reducido a sólo un conjunto de empresas por lo que la ventaja agrícola-ganadera que anteriormente habíamos mencionado como el motor de la entrada de divisas que sustenta un desarrollo industrial desequilibrado es predominantemente apropiada por el poder económico concentrado que lidera las exportaciones y se constituye como parte del “núcleo exportador industrial”.
En el cuadro Nro 15 presentamos el listado de las primeras 30 firmas que más exportaron durante el 2009. Se observa de dicho listado, que estas 30 firmas concentran nada menos que el 73,9% del total de las exportaciones de dicho año. Es decir apenas 30 firmas concentran el grueso del negocio exportador en nuestro país.
Cuadro Nro 15. Ranking: Las 30 principales firmas exportadoras. En millones de dólares y % sobre el total. 2009
Ahora bien, como da cuenta el cuadro Nro 18, en estas primeras 30 firmas se observa que 12 firmas pertenecientes al bloque de las aceiteras y cerealeras concentran el 44,8% del total de exportaciones. Si se considera el bloque petrolero (13,3%) y el minero (3%) resulta que el 61,1% de las exportaciones es explicado por apenas 21 firmas que asocian su actividad con la depredación de la base de nuestros recursos naturales (aquí hacemos alusión a los efectos nefastos que sobre el medio ambiente y la depredación del recurso supone la mega minería a cielo abierto, la irracional explotación hidrocarburífera y el avance desmedido de la sojización).
Cuadro Nro 16: Ranking: Las 30 principales firmas exportadoras según sector de actividad. En millones de dólares y % sobre el total. 2009.

A continuación podemos acercarnos a evaluar la magnitud de las tasas de ganancia que evidencian los principales sectores vinculados con la alimentación, para el período comprendido entre 2007 al 2009. Del cuadro N° 17 se puede apreciar que durante esta etapa, a pesar de que dos de los tres años analizados están atravesados por situaciones de desaceleración y recesión de la actividad económica, las tasas de rentabilidad y la magnitud de la misma siguen siendo considerables. En concreto, el sector de bebidas alcanza tasas de rentabilidad superiores al 16% llegando a ser del 20,6% durante el año recesivo. El sector productor de alimentos, con una tasa de rentabilidad del 9,1% al 2009 (cuyo pico en la serie se dio en el año 2008 llegando a ser de casi el 13%) logró captar ganancias que alcanzan los $3.860 millones. Para el caso de las aceiteras y las exportadoras de granos, la tasa de rentabilidad en el período analizado oscila entre el 5% y el 17%. En conjunto, las firmas que componen el sector productor de alimentos y bebidas acumulan una suma de ganancias (luego del pago de impuesto en este concepto) de $5.281 millones en el 2007, $9.505 millones durante el 2008 y en el 2009 $6.840 millones que, en todo el período 2007-2009 en el que se agrava la problemática del hambre, suma una masa de dinero de exactamente $21.626 millones computables como ganancia neta.
Cuadro N° 17: Resultados y rentabilidad de los principales sectores vinculados con la alimentación. 2007 – 2009.
El proceso acelerado de la sojización pone trabas a la producción de alimentos
En el sector agropecuario y a pesar del discurso oficial, el período post-Convertibilidad reforzó el proceso de “sojización” iniciado en el período previo, dado que la superficie destinada al cultivo de esa oleaginosa se expandió 45,5%, en tanto se redujo la incidencia del girasol (-34,5%) y, fundamentalmente, del trigo (cuyo precio interno se vio afectado adversamente por la intervención del Gobierno en el mercado local).
Cuadro N° 18: Superficie sembrada y producción de los principales cultivos 2007-2010.
Asimismo, en el caso de la producción pecuaria, las políticas erróneas implementadas por el Gobierno derivaron en una liquidación de los stocks de ganado vacuno y, posteriormente, en una reducción en sus niveles de faena, que fue parcialmente compensada por un aumento en la actividad avícola.
Los instrumentos de intervención pública vigente no son suficientes para revertir la problemática del hambre
En materia de política social con impacto en la situación alimentaria es posible identificar tres medidas: de forma indirecta, la Asignación Universal por Hijo para Protección Social (AUH) y Asignación Universal por Embarazo para la Protección Social (AUE), y de forma directa el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria (PNSA).
La AUH, si bien no consiste de forma estricta y unívoca en una prestación destinada a resolver la situación alimentaria, colabora en esta misión. Recordemos que se trata de una transferencia de ingresos por un monto de $220 a familias con niños, niñas y personas con discapacidad a cargo – hasta el 5to hijo-, cuyos padres o tutores se encuentren bajo alguna de las siguientes condiciones laborales: desocupación, informalidad siempre y cuando se gane una suma inferior al Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM), trabajo temporario y empleo doméstico con ingresos se encuentren por debajo del SMVyM.
Asimismo, desde en mayo, a través del componente AUE las mujeres embarazadas –a partir del tercer mes-, bajo las mismas condiciones laborales referenciadas en el párrafo anterior, comenzaran a percibir una transferencia por $220.
En ambos casos (AUH y AUE) el monto que se transfiere mensualmente, es equivalente al máximo valor abonado para zona general del régimen contributivo. Sin embargo, para estas prestaciones – a diferencia del régimen contributivo- se realiza una retención mensual del 20%, de forma que el monto efectivamente abonado es de $176.
Lo acumulado a partir de la retención se abona en el caso de la AUH, cuando se comprueba el cumplimiento de las condicionalidades en materia de salud y educación, y en el caso de la AUE, en el momento del nacimiento. De esta forma este último componente se transforma en un híbrido entre la Asignación Pre-natal y la Asignación por Nacimiento abonada a los trabajadores formales. (3)
El potencial de la AUH y la AUE para colaborar en la lucha contra el hambre encuentra dos límites muy precisos: de cobertura y del nivel de monto de la prestación.
De cobertura:
Pese a la denominación elegida por el Gobierno Nacional para nombrar a estas prestaciones, su cobertura dista de ser universal. Vale aclarar que este análisis (de cobertura) se ha elaborado a partir de estimar la cantidad de niños, niñas y adolescentes en función de los resultados provisorios del CENSO 2010. En base al mismo se observa que la población total del país asciende a 40.091.359 personas. Si a esta población se le aplica el porcentaje poblacional de menores de 18 años, que arrojaba el censo 2001 (33,6%), surge que la cantidad total de niños, niñas y adolescentes al 2010 sería de 13.455.509. Un número muy similar (13.605.870) al estimado por nosotros y publicado en Bicentenario sin Hambre. Evaluación del programa “Asignación universal por hijo para la protección social” en sus primeros 4 meses de implementación, previamente al ultimo Censo y sus resultados provisionales.
Cuadro N° 19: Cantidad de menores de 18 años en base al CENSO 2010.
Sin embargo, dado que el número de menores de 18 años en el que se basa el ANSES es de 12.400.000, se contemplará en el cuadro que se muestra a continuación, el nivel de cobertura de la AUH en base a la mencionada estimación.
El análisis de la cobertura de la AUH en base a la estimación propia (13.455.509) da cuenta de que aún quedan por fuera de todo esquema de protección social (asistencial y no asistencial), 2,7 millones de chicos, nada menos que el 20,7% de la población menor de 18 años. Si consideramos a todos aquellos a quienes se les niega el derecho a una asignación familiar, el número alcanza a 4 millones de niños, niñas y adolescentes, equivalente a una exclusión que ronda el 30% del total de menores de 18 años.
Cuadro N° 20: Impacto de la AUH en la cobertura de las personas menores de 18 años.
En relación a la AUE los cálculos de cobertura se estiman en función de cifras que fueron difundidas desde el anuncio de la medida que nos permiten realizar un cálculo de máxima y de mínima en la cantidad de embarazadas a cubrir por el nuevo componente. Un cálculo de mínima surge de estimar la cantidad de receptoras a partir de la inversión anunciada para este año que asciende a $240 millones, estimación que arroja 170 mil mujeres embarazadas cubiertas para el 2011. (4)
Mientras que una estimación de máxima supone un total de 250.000 mujeres embarazadas cubiertas, la meta surge de los trascendidos en diversos medios. (5) Esta última cifra sumada a aquellos pagos efectuados por el Sistema de Asignaciones Familiares de carácter contributivo que asciende a 93.111 prenatales, según previsiones del ANSES para el año 2011, da como resultado un total de 343.111 mujeres potencialmente cubiertas por ambos sistemas. Sin embargo, a pesar del incremento sustancial que significaría la mayor cobertura (del 12% al 45%) el problema continúa lejos de poder resolverse para el conjunto de la población que pretende atenderse: si sumamos la cantidad de nacidos vivos en un año (745 mil) junto con los embarazos que no pudieron culminar con un nacimiento –ya sea por la muerte de la madre o del feto- se asciende a un total de 751.882 embarazos anualmente. Esta cifra frente a la potencial cobertura que se alcanzará con la nueva medida continúa excluyendo al 54,4% de mujeres embarazadas.
Al evaluar la meta que surge del monto de inversión anunciado se observa que si bien la cobertura a embarazadas asciende también sensiblemente (de 12,4% a 35,1%), la AUE convive con un cuadro de exclusión más grave que el descrito anteriormente: siendo que el 65% de las embarazas quedarían fuera del esquema de protección social que brinda el Estado Nacional.
Cuadro N° 21: Cobertura del Sistema Nacional de Seguridad Social a las embarazas. Evaluación del impacto de la AUP.
De monto:
En relación al monto que se transfiere ni la AUH ni la AUE logran asegurar mínimas condiciones de bienestar a las familias caracterizadas por el propio Gobierno como “vulnerables”, y esto por diversas razones a explicar a continuación. Por un lado, porque el monto que se transfiere para una familia tipo ($440) y a una familia compuesta de igual forma pero con la mujer embarazada ($660) es inferior a los $2.600 que cuesta una Canasta Básica Total (6) y a los $1.556 que supone acceder a una Canasta Básica de Alimentos. Por el otro, porque la suba sostenida de precios agudiza constantemente la deficiencia de la transferencia, lo que se plasma en un deterioro de 4,4% del poder adquisitivo real de la AUH (noviembre 2009 a diciembre 2010) aún cuando en términos nominales el aumento fue del 22,2% gracias al incremento de $180 a $220.
En tercer lugar, el límite del SMVyM, para ser receptor tanto la AUH como la AUE, admite sólo que perciban las prestaciones quienes posean ingresos inferiores a $1.840, cuando, como vimos en el párrafo anterior, este monto no alcanza para cubrir la CBT, es decir, dejar de ser pobre. A su vez que, el límite de ingresos planteado para la AUH y la AUE es sensiblemente inferior al que le permite a un trabajador formal percibir AAFF, $4.800.
Finalmente el límite de 5 hijos por grupo familiar para percibir la prestación, encuentra su explicación en que a partir del sexto el monto transferido supera el valor de la CBT calculada por el INDEC. Lo dicho aquí evidencia que el gobierno no desea asegurar un nivel digno de bienestar, que garantice una alimentación adecuada, sino que por el contrario se limita a contener los niveles de pobreza. Debido a que el propósito de contención mínima que brinda un esquema de protección social de estas características guarda relación con la canasta subvaluada del INDEC intervenido, una estimación más real de la línea de pobreza da cuenta que el efecto deseado de esta política incluso es menor del esperado.
El Plan Nacional de Emergencia Alimentaria (PNEA)
El PNEA tiene sí como objetivo concreto atender a través de una serie de estrategias los problemas alimentarios del país.
Estas estrategias son:
• Pro Huerta
• Comedores comunitarios y escolares
• Educación Alimentaria y Nutricional
• Asistencia a la población en situación de riesgo social
Pro Huerta
Este componente contempla apoyo técnico a pequeñas unidades productoras con el objeto de fomentar la producción de alimentos frescos y la elaboración de productos alimenticios para el consumo comunitario, brindando asistencia técnica y financiera a huertas y granjas.
Comedores
Comedores comunitarios: Este componente contempla financiamiento a organizaciones sociales para que las mismas brinden servicios alimentarios, así como también para que adecuen los espacios físicos, compren equipamiento y cuenten con asistencia técnica y capacitación.
Comedores escolares: Contempla la provisión de alimentos a comedores dependientes de establecimientos educativos, localizados en zonas de vulnerabilidad socioeconómica.
Educación Alimentaria y Nutricional
Este componente tiene por objetivo promover “el desarrollo de hábitos saludables permanentes para la producción, selección, compra, manipulación y utilización biológica de los alimentos mediante la educación alimentaria nutricional”
Asistencia a la población en situación de riesgo social (tarjeta magnética)
Contempla el financiamiento de prestaciones alimentarias mediante tarjetas magnéticas habilitadas para la compra de alimentos, por parte de familias en situación de vulnerabilidad social y/o con integrantes en riesgo socio-sanitario. Son así definidos los siguientes grupos poblacionales: los niños menores de 14 años, las embarazadas, los discapacitados y los adultos mayores en condiciones socialmente desfavorables y de vulnerabilidad nutricional.
Respecto al programa brevemente introducido anteriormente, caben una serie de observaciones críticas:
• Asistencia a la población en situación de riesgo social (tarjeta magnética)
Grupo al que va dirigido: El programa no contempla las estrategias del hogar, la solidaridad al interior de este y sus vínculos de poder que en gran medida determinan la distribución de lo que el programa transfiere con destino exclusivo a ciertos miembros del grupo familiar (los niños menores de 14 años, las embarazadas, los discapacitados y los adultos mayores en condiciones socialmente desfavorables y de vulnerabilidad nutricional). Más que cuestionar estas lógicas familiares, cabría preguntarse por qué el Estado se conforma con “atender” sólo a parte de los miembros de los grupos familiares caracterizados en su totalidad como vulnerables.
• Comedores comunitarios - Tercerización: El gobierno deslinda parte de su responsabilidad de garantizar la alimentación, a través de centros comunitarios que funcionan como comedor. Pero si bien estos requieren gente que le dedique largas horas diarias a su gestión y atención, el Gobierno no contempla sueldos “en blanco” para quienes cumplen esa función. De forma tal que la propia estrategia elaborada para brindar ciertos niveles de alimentación y bienestar, vulnera los derechos de quienes garantizan por el estado la prestación.
• Educación Alimentaria y Nutricional: Si bien no se depreciaría de ninguna forma el valor y poder del conocimiento, es importante no perder de vista, que el problema alimentario de nuestro país no se explica por la ignorancia de quienes lo sufren, sino que por las enormes carencias que sufren como consecuencia de los procesos de exclusión y marginación social. Como sostiene Patricia Aguirre: … concluimos que las diferentes formas de malnutrición en los hogares pobres no serían resultado de estrategias “fallidas” sino la expresión de estrategias “exitosas” que con tal malnutrición muestran sus límites”
• Y que la AUH resulta incompatible con el componente de tarjeta electrónica del PNEA, lo cual muestra los límites de la política social que no produce políticas articuladas y complementarias que se refuercen mutuamente, sino que políticas mínimas y en competencia. De forma que el hambre es resultado, muchas veces, de la omisión del Gobierno Nacional, quien aún cuando identifica a las poblaciones que YA han caído en estado de vulnerabilidad, no les aseguran prestaciones que les permitan tener un nivel de vida digna y superar la mayor de las carencias: la alimentaria. Sin derechos alimentarios satisfechos, es imposible pensar en la posibilidad de ver satisfechos y garantizados el resto del conjunto de los derechos.
Por lo tanto, el conjunto de programas destinados a asistir a la población que transita por situaciones de carencia y privación, que incluye a la restricción más crítica como resulta ser la imposibilidad de acceder a una alimentación adecuada actúan de manera focalizada y desarticulada. Este tipo de esquema de política social es el resultado de pensarla como subordinada al esquema de política económica y como un simple mecanismo compensador y de asistencia para las situaciones de emergencia social.
En relación a este punto, vale aclarar que la AUH y la AUE supusieron una novedad respecto a la clásica política asistencial al incorporar los componentes no contributivos al sistema de Asignaciones Familiares. A su vez, se constituyeron en prestaciones de carácter permanente y masivas, y cuentan con una forma de selección de los receptores a través de un registro de actualización automática que evita la selección discrecional y agrega mayores grados de objetividad a las técnicas de selección de la población a cubrir. Sin embargo y pese a estos aspectos positivos, como ya se ha señalado en diversas oportunidades, los avances que suponen la AUH y la AUE no logran terminar de romper con el desigual reconocimiento de derechos entre quienes acceden a las Asignaciones Familiares a través del sistema contributivo y quienes lo hacen a través de estos componentes. Por otra parte, la lógica de la prestación supone apenas proveer de un piso mínimo e insuficiente de protección social, incompatible con cualquier otra prestación de trasferencia que eleve más allá de este mínimo el piso de bienestar transformándolo a la vez en un “techo” de ingresos.
En este marco, dado el boom exportador (fundamentalmente basados en productos del sector agropecuario) que supuso la post-Convertibilidad, el instrumento que el gobierno puso en escena como aquel dotado de “capacidad redistributiva” muestra serias dificultades para convertirse como tal. En efecto, de los ingresos capturados por el Estado de la venta de alimentos al resto del mundo sólo el 38% está destinado a atender problemáticas sociales urgentes, entre ellas el hambre. Si tomamos al total de retenciones, se observa que esta redistribución baja al 25%.
Cuadro N° 22: Capacidad redistributiva de las retenciones.
Solucionar el hambre es sólo una cuestión de voluntad política. Recursos sobran
Lo más doloroso es que en nuestro país el hambre es un invento, pues existen recursos suficientes para terminar con este flagelo social. Como puede observarse en los siguientes dos cuadros, con sólo distribuir el 6,4% del PBI se eliminaría la pobreza mientras que para resolver el hambre sólo se necesita el 1,7%.
Cuadro N° 23: Distribución del Producto Bruto Interno necesaria para resolver la pobreza. 2010.
Cuadro N° 24: Distribución del Producto Bruto Interno necesaria para resolver el hambre. 2010.
Equipo de trabajo
Ana Rameri
Agustina Haimovich
Mora Straschnoy
Notas:
1) Ante la subestimación de las cifras oficiales en torno a la medición de pobreza e indigencia se ha recurrido a estimar dichas tasas a partir de sostener constante la “sensibilidad” de tasas de pobreza e indigencia al crecimiento de la masa de ingresos real de los deciles más pobres (1,2,3 y 4) durante el año 2006 para el período 2007-2010 el cual incorpora también una estimación alternativa de la pauta inflacionaria (cuya fuente es la consultora Buenos Aires City) para alcanzar una deflactación más real del crecimiento de la masa de ingresos del estrato bajo .
2) La tasa de repitencia es el porcentaje de alumnos matriculados en un grado/año de estudio dado de un nivel de enseñanza en particular, que se matriculan como alumnos repitientes en el mismo grado/año de estudio de ese nivel, en el año lectivo siguiente.
La tasa de sobreedad o extraedad es el porcentaje de alumnos cuya edad sobrepasa la edad teórica correspondiente al nivel que están cursando, las edades teóricas son: 6-11 para EGB 1 y 2, 12-14 para EGB 3 y 15-17 para el Polimodal.
La tasa de abandono interanual: Es el porcentaje de alumnos matriculados en un grado /año de estudio de un nivel de enseñanza que no se vuelve a matricular el año lectivo siguiente como alumno nuevo, repitente o reinscripto.
3) Vale a aclarar que quienes se encuentran cubiertos por el régimen contributivo de Asignaciones Familiares, no sólo perciben un monto mensual que oscila entre $220 y $111, según los ingresos laborales, sino que también al momento del nacimiento perciben una transferencia de $600 (montos correspondientes en todos los casos a la zona general)
4) Este cálculo es el resultado de prorratear la inversión prevista para el 2011, por la cantidad de meses restantes para terminar el año y el monto de $220 de transferencia mensual.
5) Ver: http://www.elargentino.com/nota-129141-La-Asignacion-Universal-por-embarazo-beneficiara-a-unas-250000-mujeres.html
6) Este valor corresponde a diciembre de 2010 para una familia con vivienda propia. Estimación propia sobre la base de INDEC e IPC de Bs. As. City.
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