miércoles, 23 de marzo de 2011

Libia: Contenido ético de la política

Jorge Gómez Barata (especial para ARGENPRESS.info)

Allí donde se estime que la participación de la ciudadanía, sobre todo de la juventud es un elemento decisivo para el funcionamiento del sistema, especialmente para el fortalecimiento de las instituciones en las cuales se sustenta la democracia y la legitimidad de los liderazgos, han de esforzarse por lavar el rostro a la política.

Al conocimiento de la corrupción, hipocresía, formalismo y banalidad característicos de la democracia liberal y la partidocracia, incluyendo los procesos electorales, no sólo en América Latina sino también en Europa y los Estados Unidos, se suman los decepcionantes gobiernos de la izquierda socialdemócrata, los procesos nacionalistas fallidos en Asia y África donde, excepto la India, no se ha consolidado ninguna democracia, el fiasco de la Unión Soviética y del socialismo real donde la política, presuntamente basada en el poder proletario y el accionar de las masas, se reveló como una farsa burocrática que incluyó al estalinismo.

Las personas que en todas las latitudes detestan la política o son indiferentes a ella por considerarla un comportamiento plagado de hipocresías y dobleces, en estos días han sumado abundantes municiones. Difícilmente haya un evento en el cual sea más claro y repugnante la manipulación de las ideas y las instituciones políticas que lo ocurrido en torno a Libia.

La ONU que en su momento constituyó una conquista histórica y devino esperanza de justicia y equidad en las relaciones internacionales, sobre todo por su Carta que reivindicó los preceptos de: igualdad soberana de los estados, soberanía nacional, autodeterminación de las naciones y la solución negociada de los conflictos; se desmiente una y otra vez poniendo a prueba la confianza en tales principios. Esa fe que alimenta fuerzas para luchar y razones para esperar un mundo mejor, también se agota y Libia para muchos puede ser la gota que colma la copa.

Al desafuero cometido por el Consejo de Seguridad, convertido en un frívolo club de millonarios, se suman actitudes como las de la Liga Árabe, una organización de países del mismo origen étnico e idéntica cultura, unidos por la tradición, la fe en el Islam y por la milenaria resistencia a la opresión colonial, la confrontación con el sionismo y el imperialismo, que en una conducta increíblemente abyecta, sobrepasa todos los limites y pide a sus antiguos opresores y verdugos que ataquen a uno de los suyos. Algunos incluso envían sus aviones a una guerra comandada por generales de Estados Unidos y la OTAN.

En lo que respecta al Tercer Mundo, a la inesperada genuflexión de la Liga Árabe se suman el Movimiento de Países no Alineado y la Conferencia islámica que hurtan el cuerpo, se invisibilizan, miran para otro lado y callan en una actitud lamentable, compartida por decenas de países del Tercer Mundo que no sólo no han condenado la agresión, sino que ni siquiera la han comentado.

Resulta imposible no apreciar críticamente las actitudes de Rusia y China, grandes potencias, presuntamente independientes que, apenas 12 horas después de abstenerse de usar su capacidad de veto para paralizar la agresión; condenan acciones que pudieron impedir con sólo levantar la mano y Sudáfrica que levantó la suya a favor de la agresión y 24 horas después, se sumó a una comisión mediadora de la Unión Africana. A ellos se unió Líbano, conocedor del significado de ser bombardeado e invadido reiteradas veces que dio su voto para que hicieran lo mismo con un país vecino. Brasil que también se abstuvo figura entre los que ahora demandan el cese de la agresión.

De haber actuado en la reunión del Consejo de Seguridad como lo hicieron horas después; cualquiera de esos países pudo evitar el derramamiento de sangre inocente que toda guerra implica. También pudo hacerlo Muammar al-Gaddafi si hubiera tenido la visión y el coraje necesario para afrontar con altura el desafío planteado por parte de sus compatriotas y, en lugar de lanzar bravuconadas y ultimátum hubiera intentado negociar con ellos para tratar de conjurar el peligro de guerra civil provocado por el rechazo a su régimen y si hubiera declarado el alto al fuego, antes y no después de que la OTAN iniciara los bombardeos.

A la colección de asombros se añade la posición del Secretario de Defensa Norteamericano, Robert Gates quien reiteradamente señala que no corresponde a Estados Unidos comandar las operaciones ni aportar hombres, entre otras cosas porque en Libia no hay implicados intereses norteamericanos. El tira y jala en torno a quien comanda la agresión que ha llevado a Berlusconi a ordenar a sus pilotos que se limiten a tareas de exploración y no disparen en Libia y a Holanda a no participar mientras no se aclarar quién manda es otra arista de la infamia.

No obstante, lo verdaderamente imperdible son los contundentes comentarios del primer ministro ruso Vladimir Putin quien en una elaborada definición, califica a la agresión a Libia como una “Cruzada medieval” y a la Resolución 1973 como “defectuosas y viciada”. Para no quedarse corto e identificar el blanco de su ataque, el ex hombre fuerte de Rusia, subraya que en su país “la política exterior es atribución exclusiva del jefe del Estado” quien replicó inmediatamente a su primer ministro.

No faltan quienes crean que en realidad se trata de un forcejeo entre el primer ministro Putin y el presidente Dimitri Medvedev que han utilizado el escenario libio para probar fuerzas. De hecho Putin ha demostrado independencia y audacia al cuestionar al presidente en un asunto de relevancia mundial mientras el mandatario carece de entereza para destituirlo u obligarlo a retractarse.

En cualquier caso, resulta abrumadora la evidencia de suciedad, ausencia de principios y de ética que rodea a los acontecimientos en torno a Libia. Nadie supo nunca quienes eran los rebeldes, Gaddafi no mostró interés alguno por solucionar el conflicto interno sin acudir a la fuerza arriesgándose a la guerra civil, la ONU nunca intentó gestiones a favor de la paz, no se interesó en mediar ni interponer buenos oficios, las potencias occidentales actuaron con frio oportunismo y grandes países como Rusia, China, Brasil e India, el flamante BRIC, se sumaron a una mala causa.

Libia es una guerra que nadie puede ganar, excepto aquellos que se conformen con victorias pírricas; pero en la cual habrá varios perdedores, entre ellos el pueblo Libio pero también el crédito de la ONU, el buen nombre de países inconsecuentes y el prestigio de la política que una vez más ha sido enlodada.

Sin contenido y perfil ético, la política interna y externa, manejada con ausencia de principios, basada en cálculos mezquinos y en el oportunismo; de una esfera digna de respeto desde la cual se proponen metas a la sociedad, se trabaja por la formación de los consensos y se gobierna, puede tornarse repugnante. Estemos o no de acuerdo. Allá nos vemos.

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“Dejad que los niños vengan a mí”

Ernesto Carmona (especial para ARGENPRESS.info)

Mientras Michelle Obama compartía el lunes 21 en un museo infantil con los niños pobres del barrio La Granja de Santiago y su marido proclamaba en el Palacio de La Moneda el amor de Estados Unidos por los derechos humanos y la democracia, la revista alemana Der Spiegel publicaba imágenes de soldados estadounidenses que supuestamente luchan por esos valores en Afganistán: mataron a un niño campesino, se tomaron fotos para el recuerdo y le sacaron dientes y otros “trofeos”. Las imágenes ilustran la perversión del lavado de cerebro que Obama, el Pentágono y el complejo militar industrial-mediático le hacen a los soldados de Estados Unidos.

De los niños de La Granja no hay fotos porque no dejaron entrar cámaras “por razones de seguridad”, pero los encuentros de la primera dama del país del norte con escolares pequeños a menudo aparecen reproducidos burlonamente en la serie Los Simpson. El mediocre discurso del anfitrión Sebastián Piñera alabó a Estados Unidos como “nación amante de la paz”. Ningún medio chileno se tomó la molestia de dar a conocer estas fotos de Spiegel:

Foto: Afganistán, Estados Unidos, Ocupación - Esta foto muestra el cadáver del hijo de campesino Gul Mudin, muerto el 15 de enero de 2010. El militar que levanta la cabeza desde los cabellos puede ser Jeremy Morlock o Andrew Holmes, del llamado “Equipo de la Muerte” de Afganistán, un grupo de 12 militares estadounidenses que será enjuiciado este miércoles 23, en Seattle, por el asesinato de civiles en Afganistán.

Foto: Afganistán, Estados Unidos, Ocupación - Esta foto es de la cámara de otro soldado. No sabemos todavía si el muerto de la risa es Morlock o Holmes. El pequeño se llamaba Gul Mudin.

El niño Gul Mudin era hijo de un granjero de los alrededores de Kandahar. Los soldados que lo asesinaron dijeron que los amenazó con una granada. El diario británico The Guardian dijo el martes que los militares mutilaban los dedos de sus víctimas y les extraían sus dientes como trofeo. Morlock negoció declarar contra sus compañeros e inculpar a su superior, el sargento Calvin Gibbs, como responsable de las matanzas, para obtener una pena reducida, quizás a 24 años de prisión.

Foto: Afganistán, Estados Unidos, Ocupación - Esta imagen de dos muertos estaba en posesión de uno de los militares norteamericanos denunciados, pero el hecho no fue incluido en los procesos contra el "Equipo de la Muerte", dijo Der Spiegel.

Como los gobernantes y los militares estadounidenses son bondadosos por naturaleza, y sólo quieren que los nativos de Afganistán, Iraq o Libia –y de todo el mundo- respeten los derechos humanos, la voluntad del pueblo y la democracia, naturalmente pidieron disculpas.

El diario El Mundo de España dijo que después de hacerse la fotografía, los soldados detonaron una granada sobre el cuerpo y acribillaron los restos. Un ritual perverso del “Equipo de la Muerte”. Las fotos de Spiegel traen a la memoria las imágenes de la cárcel de Abu Ghraib, Iraq, que entre 2003 y 2006 mostraron cómo los militares de Estados Unidos, mercenarios contratados por Blackwater y elementos CIA torturaban y humillaban a los prisioneros, disfrutaban de su sadismo y tomaban instantáneas.

Ahora Estados Unidos investiga cómo Der Spiegel consiguió las fotos. La revista dijo que publicó solamente tres de unas 4.000 imágenes y vídeos que obtuvo en una investigación de cuatro meses. La OTAN, que se apresta a intervenir en Libia, teme que estas tres fotos puedan enfurecer a la gente de Afganistán, incluido el gobierno de Hamid Karzai, a quien están ayudando –se supone- a imponer el respeto a los DDHH y la democracia. Estados Unidos ve en peligro sus pretensiones de dejar bases militares permanentes en ese país. Y así, la Secretaria de Estado, Hillary Clinton, telefoneó a su par de Afganistán para suavizar la bronca.

Fuente imágenes: DER SPIEGEL

Ernesto Carmona, periodista y escritor chileno.

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Otro mundo es posible. Sí, pero, ¿cómo?

Homar Garcés (especial para ARGENPRESS.info)

La construcción del socialismo revolucionario a escala mundial y, por consiguiente, el desmantelamiento y la sustitución definitiva del sistema capitalista ha supuesto siempre para los revolucionarios un reto difícil de conseguir, colmado de contradicciones, de marchas y contramarchas, que impone -a su vez- la obligación de estudios y propuestas más profundos, tomando en cuenta la realidad de un mundo globalizado como el de hoy, sometido a los caprichos e intereses de los grupos hegemónicos internacionales.

Así, la prácticamente inexistente economía política del socialismo ha obligado a muchos revolucionarios a recurrir a mecanismos y propuestas que en sí sólo representan mejoras del modelo capitalista, creyendo que una vez alcanzado el mayor nivel de desarrollo del mismo podrá construirse entonces el socialismo, al satisfacerse las necesidades materiales de las personas de un modo equitativo, refrenando mediante leyes el afán de ganancias y la explotación de la cual es víctima todo individuo que perciba un salario por su trabajo, ya sea manual o intelectual.

Tal debilidad teórica del socialismo revolucionario en materia económica representa, sin duda, el desafío más grande a vencer asumido por muchos socialistas a nivel mundial con la finalidad de hacer de esta alternativa al capitalismo algo revolucionario, viable e inmediato. En esta dirección, ya manifestaba el Che Guevara décadas atrás que "todo parte de la errónea concepción de querer construir el socialismo con elementos del capitalismo sin cambiarles realmente la significación. Así se llega a un sistema híbrido que arriba a un callejón sin salida o salida difícilmente perceptible que obliga a nuevas concesiones a las palancas económicas, es decir al retroceso". Algo que ya se observó con la restauración capitalista en la extinta URSS y la que se forja actualmente en China y Vietnam, aún bajo la denominación del socialismo, y que, probablemente, tenga lugar también en Cuba, con algunas características específicas.

Esto hace que la idea de otro mundo sea posible se vea como una utopía difícil de lograr. Sin embargo, se conocen diversidad de proposiciones que dan cuenta de su posibilidad, conjugando aportes y experiencias provenientes de grupos sociales heterogéneos, presentes en todos los continentes. De ahí que cada uno de ellos debiera estimarse como esenciales para que dicha meta se convierta en un proyecto histórico común para la humanidad, capaz de reducir y eliminar potencialmente las injusticias y las desigualdades sociales y económicas derivadas del capitalismo, incluyendo lo referente a la degradación de la naturaleza y la violación descarada de la autodeterminación de los pueblos del mundo a manos de las grandes potencias industrializadas.

Ello podría enmarcarse en una rebelión globalizada de los pueblos contra la vigencia del sistema capitalista, dotada de las herramientas teóricas para la comprensión adecuada de las diversas circunstancias que nos rodean, cosa que haría innecesaria la interrogante sobre cómo construir otro mundo posible, más si el mismo nos lo planteamos bajo la óptica del socialismo revolucionario, teniendo entonces una amplitud de criterios en vez de la ortodoxia y el sectarismo que no nos permitiría ver en toda su complejidad el mundo en que vivimos.

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Golpe de Estado de 1976. Argentina: 35 años después

Marcelo Colussi (especial para ARGENPRESS.info)

Argentina, miércoles 24 de marzo de 1976: un nuevo golpe militar. Uno más en la larga historia de cuartelazos que signaron su historia política en el siglo XX. Un golpe de Estado más, un general más al frente del Ejecutivo… Pero no fue cualquier golpe. El Proceso de Reorganización Nacional -eufemismo con el que se pretendió rebautizar engañosamente una sangrienta dictadura- significó un quiebre en la historia institucional del país. Claro que, sin dudas, más allá del engaño del nombre, efectivamente fue una verdadera “reorganización”.

A lo largo de su historia institucional Argentina, igual que la gran mayoría de países latinoamericanos, conoció innumerables procesos militares, quiebres de su orden constitucional, gobiernos de facto. Pero ninguno de ellos alteró estructuralmente su situación. El país fue, desde principios del siglo XX, gran agroexportador de cereales y carne vacuna al par que el lugar más industrializado de la región, y eso se trasuntó en una relativa bonanza económica -en términos comparativos con sus vecinos- que no modificó ningún golpe de Estado.

Ello viene a demostrar que las formas políticas que adquiere una sociedad no son los verdaderos factores de poder que cimentan todo el andamiaje social. Es decir, y para utilizar una terminología hoy supuestamente “pasada de moda” (pero en realidad más vigente que nunca): la estructura económica sigue siendo la plataforma sobre la que se construye la superestructura jurídico-política. El gobierno de turno (civil o militar) no es sino un administrador de las riquezas sociales, que siempre pertenecen a un clase, aunque ello no se diga claramente y se encubra con la manoseada noción de “patria”.

Incluso la década de gobierno del general Juan Domingo Perón, hacia mediados del siglo pasado, no transformó esa estructura de base. Produjo cambios, sin dudas (una más equitativa repartición de la riqueza nacional dándole mayor participación a los sectores históricamente postergados), pero más allá de su corte reformador (“populismo redistributivo” para algunos, “germen revolucionario” para otros, y por supuesto “exabrupto de mal gusto” para la derecha), la estructura no se alteró: los terratenientes no perdieron sus tierras ni los banqueros sus bancos, y la cada vez más numerosa clase obrera urbana no se constituyó en poder soviético, como sí se logró, con los altibajos del caso, por ejemplo en Rusia. El supuesto “germen revolucionario” nunca tomó forma de revolución.

Durante todo el siglo XX pasaron civiles y militares por la casa de gobierno, pero ni con unos ni con otros cambiaron sustancialmente las cosas: el país siguió su acumulación capitalista con un considerable desarrollo industrial llegando a ser, en la década de los 60 -su punto máximo de expansión como unidad económica y cultural- quien aportaba el 50% de todo el producto bruto latinoamericano. Sin dudas la relativa prosperidad de Argentina, acrecentada luego de la Segunda Guerra Mundial que le dejó enormes ganancias por su papel de “granero del mundo”, no se cimentó en la ecuanimidad de gobiernos civiles. Por supuesto que los regímenes militares significaron siempre, como en cualquier otro país donde también tuvieron lugar, cierre de espacios políticos para las grandes mayorías populares, mayores cuotas de represión, pérdida de libertades civiles. De ninguna manera se los podría aplaudir, y ni siquiera minimizar diciendo que, en definitiva, la propiedad de fondo no se ve alterada. Eso es cierto, pero en sí misma una dictadura tiene rasgos negativos que deben ser denunciados por su forma política. Las mayores cotas de represión política y de conculcación de derechos tienen lugar con ellas. Los gobiernos civiles, en estas democracias representativas que desde hace dos siglos se presentan como el punto máximo del desarrollo político de la humanidad, permiten la sensación de mayores libertades. Libertades que no son tales, por supuesto; el dios-mercado es el que manda, es decir: los grupos de poder cada vez más monopólicos y hoy día planetarios son los que siguen controlando todo. Pero siempre dejando el espacio para hacer creer que la gente elige algo, todo lo cual propicia un clima de mayor “tranquilidad” social.

En la historia de Argentina durante el siglo XX, entonces, sus vaivenes políticos, la condición cívico-militar de los diversos ocupantes de la Casa Rosada, todo ello no impidió que la acumulación capitalista fuera mayor que en otros países de la región. Su desarrollo como nación relativamente próspera siguió una línea continua con las décadas; su potencial cultural (varios premios Nobel, importante producción intelectual), su economía (décima a nivel mundial en la inmediata post Segunda Guerra Mundial), su tecnología (industria propia en muchas ramas a diferencia de otros países vecinos, desarrollo nuclear, industria militar avanzada), su organización social (primeros sindicatos en Latinoamérica, seguro social, leyes laborales) fueron logros que obtuvo su colectivo social. En esa historia las administraciones de turno, salvo quizá la década peronista, no fueron quienes fijaron el rumbo. En todo caso, administraron.

El proceso que se abre con el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 significa otra cosa: ahí sí cambió el rumbo, hubo una verdadera “reorganización”. A partir de ese momento efectivamente hay un nuevo proyecto de nación. Obviamente, nuevo para mal de las grandes mayorías. Pero sin dudas novedoso.

La cúpula militar fue quien puso la cara, y como en todas las dictaduras castrenses que barrieron Latinoamérica durante todo el siglo pasado, los principales beneficiados no fueron las mismas fuerzas armadas. Ellas, en definitiva, estuvieron -y siguen estando- preparadas para eso: para ser el brazo armado del sistema, su reaseguro último. En nuestra región, si alguna función importante cumplen es, básicamente, participar en lo que la doctrina militar dominante durante el período de la Guerra Fría llamó “seguridad nacional”. Es decir: defensa a muerte del statu quo de cada Estado-nación contra cualquier forma de enemigo interno.

Para la década de los 70 comienzan a operarse cambios profundos en el capitalismo planetario: el pensamiento neoliberal comienza a calar hondo en los grupos dominantes, y la globalización absoluta que permite el desarrollo científico-técnico (transportes, comunicaciones, informatización) ya va más allá de la unidad nacional. El capitalismo se torna cada vez más transnacional.

Lo que sucede en marzo del 76 en Argentina no fue un simple cuartelazo más: fue el inicio de estas políticas de transnacionalización a gran escala en el sub-continente latinoamericano, las mismas que ya habían comenzado como prueba en Chile unos años antes con la dictadura liderada por Augusto Pinochet.

Ése es el sentido final de este golpe. No, por supuesto, sacar de en medio un gobierno desprolijo; ése, en todo caso, fue el motivo manejado mediáticamente en su momento, no sin ocultar la profunda lógica antipopular (antiperonista para el caso) que anidaba en la medida de fuerza. Pero lo que significó y lo que trajo aparejado el golpe fue la instauración de medidas de corte neoliberal que achicaron el Estado, permitieron las leoninas privatizaciones de empresas públicas y prepararon las condiciones para un tremendo retroceso en términos políticos e ideológicos.

Si alguien se benefició con esta dictadura fueron los grandes grupos de interés transnacionales, representados en aquella ocasión por un miembro de las más rancias familias aristocráticas del país, aquellos que en general no dan la cara en el gobierno (pues para eso existen los políticos profesionales): el economista formado en Estados Unidos José Alfredo Martínez de Hoz, real hombre fuerte del Proceso de Reorganización Nacional; fueron también las compañías transnacionales que hicieron su gran negocio; e igualmente grupos de interés nacional, que como socios menores siempre toman parte en el festín. El movimiento obrero y todos los movimientos sociales con larga tradición organizativa y combativa fueron diezmados, acorralados, terriblemente golpeados. Los 30.000 desaparecidos y los horrores de la guerra sucia que enlutó al país por varios años cerraron, o al menos pospusieron por un buen tiempo, toda forma de organización y protesta popular.

Recordar hoy este infausto 35° aniversario por supuesto que debe servir para continuar pidiendo juicio y castigo a los hechores de tanta monstruosidad. Pero el recordatorio debe ir más allá. Si alguien tiene responsabilidad, y si contra alguien hay que seguir levantando las voces y dirigiendo la lucha, no es tanto contra el guardaespaldas de turno (las juntas militares del 76, o las que vinieron después, o los actuales uniformados, que no son golpistas, pero que siguen siendo el reaseguro del sistema, a no dudarlo) sino aquellos a quienes realmente defienden. Está claro que los beneficiados de tanta sangre derramada no fueron las mayorías populares, peronistas o no peronistas, ni tampoco fue la institución castrense como cuerpo corporativo, que en realidad salió bastante desfavorecida en términos políticos con el advenimiento de la “democracia” y el bochorno de la Guerra de Malvinas, última cortina de humo con la que intentaron lavar la cara. El beneficiado es el mismo que desde hace décadas maneja los destinos nacionales, que sigue con sus negocios tanto con militares como con civiles en la casa de gobierno, que ve siempre una potencial amenaza en cualquier atisbo de organización popular. Ese beneficiado tiene nombre y apellido: grupos tradicionales de interés (Sociedad Rural, Unión Industrial Argentina, Asociación de Bancos), nuevos grupos económicos surgidos de los años de la dictadura, empresas multinacionales. En definitiva, la lógica global la manejan grandes grupos transnacionales a los que la aristocracia local se une en calidad de socio menor. Lo que sucedió y está sucediendo en Argentina hay que verlo en esa dinámica: era un país que, por ejemplo, consumía demasiado petróleo y que no abría fronteras a la producción industrial del Norte siguiendo los dictados del desarrollismo cepalino del que fuera impulsor Raúl Prebisch. Los militares, quizá sin saberlo, hicieron el trabajo sucio que preparó la actual patria sojera y la desarticulación del movimiento sindical.

Pero si algo hay que seguir denunciando (y más aún: ¡combatiendo!) es aquello para lo que 30.000 desaparecidos sirvieron en este proyecto de nación del que los militares fueron los ejecutores: un país empobrecido, la feroz despolitización, el miedo que se fue acumulando, y quizá lo peor en términos de acción política: la falsa creencia que optando por “lo menos malo” (el posibilisimo reformista) estaremos mejor. Es decir, el terror que campea y permite asustarnos con el patético: “¡cuidado que viene el lobo!”

El que otrora fuera “el país de las vacas”, con un consumo de carne roja casi exagerado, a partir de las políticas neoliberales que comienzan a aplicarse desde la dictadura del 76, supo lo que es el hambre. No fue raro, incluso, que en más de una ocasión pobladores hambrientos saquearan un parque zoológico a fin de comer carne. Eso, más allá de la crónica sensacionalista en que pudiera enmarcarse, es todo un símbolo: la “reorganización” en juego con el proceso militar tuvo que ver con el nuevo papel que empezó a jugar Argentina en la arquitectura global. Su industria nacional fue prácticamente desmantelada, su clase obrera diezmada, y el papel que los grandes centros de poder le adjudicaron fue el de productor de ciertos productos para el mercado mundial (la soja transgénica, por ejemplo), y punto. El hambre, expresión máxima y descarnada del empobrecimiento en tanto unidad nacional, comenzó a trepar en forma alarmante. Hoy día, según cifras oficiales, la pobreza se extiende a un 12% de la población total (4,8 millones de personas), mientras que la pobreza extrema o indigencia afecta al 3,1%; aunque en realidad, según datos no maquillados, las cifras reales son el 30,5% y e13,5% respectivamente.

Los 30.000 desaparecidos son la expresión brutal del inicio de ese cambio, de esa profunda transformación que sufrió el país en estos últimos años. Lo que hoy evocamos no es la saña de unos cuantos fundamentalistas anticomunistas que dirigieron el país con mano de hierro; es el inicio de un cambio enorme en la historia político-ideológica y cultural. Luego de la dictadura, con el terror que dejó la guerra sucia, con la cultura del silencio que ello trajo como resultado, las condiciones estuvieron dadas para la profundización de esos planes de achicamiento del Estado, de entronización de la privatización, de apología del individualismo… y de grandes negocios para muy pocos. Claro que fue una pequeña porción de la población la que recibió los frutos de este cambio sin anestesia; para la gran mayoría significó más hambre, más postración. Y para grandes sectores urbanos de clase media significó la pérdida de los beneficios conquistados en varias décadas de acumulación. Haber tenido por varios años uno de los índices mundiales más altos de suicidio o de disfunción sexual masculina (al igual que el robo de algún animal de zoológico) no hacen sino evidenciar la catástrofe reciente de Argentina.

Si Japón, por ejemplo, representa un modelo de “milagro” como nación, pues luego del desastre de su derrota en la Segunda Guerra en unos pocos años pudo llegar a ser la segunda economía planetaria, el caso de Argentina es un “milagro” en sentido inverso: ¿cómo pudo retroceder de esa manera y descender tan estrepitosamente luego del grado de desarrollo obtenido en la primera mitad del siglo XX? El golpe militar del que ahora se cumplen 35 años es la llave para entenderlo: fue el inicio de un proceso de transformación del país, de cambio de minipotencia industrial regional a granja especializada en productos primarios, de reconversión de una clase obrera desarrollada y organizada en grandes masas de subocupados y desocupados crónicos mucho más fácilmente manejables, de primera economía en Latinoamérica a quinta. El terror de la desaparición forzada se trocó en terror económico por la falta de perspectiva, y la única salida del país pasó a ser… Ezeiza (al menos, para los sectores medios urbanos, aún bien preparados).

Al evocar hoy este infame 24 de marzo de 1976 tenemos que tener presente las 30.000 vidas sesgadas, por supuesto. Y debemos seguir exigiendo la revisión de esa historia negra con castigo a los culpables. Pero junto a eso debemos levantar las banderas contra el empobrecimiento que sufrió el país, contra el crecimiento imparable de las villas miserias, contra la precarización laboral, contra el retorno de enfermedades infecto-contagiosas, contra el analfabetismo que se disparó, elementos todos que ese golpe posibilitó.

Y junto a ello, con la misma fuerza tenemos que seguir levantando la voz contra ese abaratamiento de la política que fue tomando cuerpo donde una tibia propuesta reformista ya es vista como un enorme paso adelante. Ante tanto retroceso económico, político y social de estas últimas décadas, un gobierno como el del fallecido Néstor Kirchner, por ejemplo, aparece ya como un “avance”. En términos relativos quizá lo es, como al lado de cualquier dictadura también lo son las distintas “democracias de baja intensidad” que la Casa Blanca impulsó en estos años recientes (Lula en Brasil, Bachelet en Chile, etc., etc.). Pero no hay que llamarse a engaño: seguir asustándonos con que “con una dictadura podríamos estar aún peor” es una forma de avalar reformismos gatopardistas que, en definitiva, sólo sirven para seguir postergando las soluciones de las grandes masas empobrecidas, y posibilitando grandes negocios a las mafias de turno, en muchos casos escondidas en las mismas oficinas de gobierno.

La perspectiva de lucha política en Argentina hoy sigue siendo la revisión de la historia, sin dudas. Pero ya ha corrido mucha agua bajo el puente como para seguir atados a ese fantasma de la dictadura militar. Los gobiernos tímidamente reformistas que siguen asustando con la “la vuelta del lobo” (que hoy día incluso puede tomar forma civil y no castrense) pueden terminar siendo tan nocivos como el “lobo” mismo.

Foto: Argentina, Dictadura militar, economía - José Martínez de Hoz, ministro de economía durante la dictadura encabezada por Jorge Rafael Videla. / Fuente: UDESA

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Argentina: Infinidad de imágenes, de sentimientos, de recuerdos

Hugo Blasco (ACTA)

Como cada año los trabajadores conmemoramos esta fecha símbolo del terrorismo de Estado recordando a nuestros compañeros caídos, a los encarcelados, torturados, exiliados, perseguidos y exigimos Justicia.

Como cada año tenemos muy presentes las causas del golpe de 1976, los ideólogos e impulsores civiles representantes de un poder económico que inició una reconversión capitalista en la Argentina y que debió recurrir al genocidio para vencer la organización y la resistencia de los trabajadores y el pueblo.

Como cada año recordamos que nuestros compañeros que ya no están militaron con fuerza, compromiso y alegría, mucha alegría, por una sociedad justa, igualitaria, democrática, sin explotadores ni explotados: la Patria Liberada.

Como cada año reiteramos nuestro compromiso de honrar la memoria de aquellos que ofrendaron sus vidas luchando cada día por sus mismos ideales con decisión y coraje, sin posibilismos. Como diría el Che Guevara “la revolución es hacer cotidiano lo extraordinario “.

Como cada año llenemos las plazas y las calles de nuestras ciudades y pueblos marchando y participando de los actos y actividades conmemorativas. Las compañeras y compañeros nucleados en la Central de Trabajadores de la Argentina reunidos en Congreso Nacional Federal realizaremos una gran marcha junto a numerosas organizaciones populares, sociales, políticas y organismos de DDHH, por las calles de Mar del Plata como cierre del Congreso donde debatiremos democráticamente cerca de diez mil compañeros las políticas y las acciones que los trabajadores argentinos llevaremos adelante para ir haciendo realidad los sueños de los compañeros caídos, que son nuestros sueños.

Por MEMORIA, VERDAD y JUSTICIA !!!

Por los 30.000 detenidos – desaparecidos y por todos los compañeros caídos: PRESENTES!!!

Hugo Blasco es Secretario de Derechos Humanos de la CTA.

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La era de las huelgas insólitas

Bernardo Veksler (especial para ARGENPRESS.info)

”Empezaron sintiendo vergüenza por sus ropas de obreros,
trataron de ponerse a tono con los despachos y antesalas
ministeriales y poco a poco de representantes obreros
frente al poder se convirtieron en representantes del
poder frente a los obreros.
Se enriquecieron, adquirieron hábitos y vicios
incompatibles con sus cargos de dirigentes sindicales,
burocratizaron sus sindicatos, los transformaron en
maquinarias sin contenido, se limitaron —en el mejor de los casos—
a la acción social, el tanto por ciento de aumento
en cada nuevo convenio, los hoteles de turismo,
las colonias de vacaciones.”
[Del Semanario de la CGT de los Argentinos, 1968]

La convocatoria del viernes pasado de los gremios del transporte a la realización de un paro de actividades en apoyo de Hugo Moyano, finalmente dejado en suspenso, no hizo más que poner en evidencia los hábitos corporativos con que busca protegerse la cúpula dirigencial y su alejamiento creciente de los intereses de los trabajadores.

El antecedente más próximo fue la reacción que tuvieron algunos militantes de la entidad que agrupa a los trabajadores rurales, en defensa de la “intachable” conducta del “Momo” Venegas en el manejo de los fondos de las obras sociales. Pero las insólitas medidas de fuerza que convocó últimamente el sindicalismo argentino no se limitan a proteger sus oscuras riquezas, sino que también se consumaron en defensa de acusados de falsificar medicamentos para enfermos crónicos, como el bancario Juan José Zanola, o de ser autores materiales o intelectuales del crimen de Mariano Ferreira, como José Pedraza y su patota ferroviaria.

El encarcelamiento de estos dos poderosos sindicalistas “vitalicios” generó una gran preocupación en sus colegas, haciéndoles olvidar diferencias aparentemente irreconciliables. Ya no importaba que el “Momo” Venegas nunca haya movido un dedo para denunciar al trabajo esclavo a que se somete a los trabajadores rurales o de su connivencia con la Sociedad Rural; no importaba de los enfrentamientos armados con los seguidores de Gerardo Martínez o de José Luis Barrionuevo. Tampoco importaba el pasado conciliador con gobernantes de facto, represivos o entreguistas como el de los “Gordos”. Lo primero que había que tomar en cuenta era la subsistencia de los negocios y el interés común de obstaculizar cualquier intento de investigar y esclarecer las razones de sus portentosas vidas. Esta nueva e insólita medida de fuerza había sido convocada también con la clara intención de ganar espacios de poder en el oficialismo. En forma colateral, también iba a implicar una devaluación de la acción colectiva de la clase obrera.

Los trabajadores que la hubieran acatado, lejos de defender los derechos y reivindicaciones del movimiento obrero, hubieran contribuido a preservar a la camarilla que en los últimos tiempos ha protagonizado escándalo tras escándalos: tiroteos, asesinatos, apretadas, vínculos con las barras bravas, medicinas truchas para pacientes de enfermedades crónicas, creación de empresas para la explotación de asalariados tercerizados, utilización de los activistas gremiales para imponer contratos beneficiosos para empresas colaterales, etc.

No pasó desapercibido, que paradójicamente se ignoraron los procesos judiciales que apuntaban a luchadores obreros criminalizados por enfrentar la injusticia, como fue la prolongada lucha de los trabajadores de subte por autodeterminarse y la de los obreros de Kraft Terrabusi por enfrentar a una patronal negrera, personificados en Néstor Segovia y Javier Hermosilla.

Inevitablemente, esta sucesión de hechos está poniendo nuevamente en el centro del debate al modelo sindical que impera en Argentina y que tantos cuestionamientos ha recibido en el último medio siglo de historia. ¿Cómo puede ser posible que una estructura que nuclea a un sector protagónico de la vida social del país, esté en las férreas manos de dirigentes vitalicios capaces de lucrar con la salud de las familias obreras, de personajes que han protagonizado acciones desestabilizadoras de gobiernos democráticos, que han pactado y convivido con las dictaduras más sangrientas, que han utilizado patotas, barras bravas y grupos comando para impedir la conformación de listas opositoras, que han colaborado con los secuestros, desapariciones y asesinatos de delegados y activistas, que se exhiben como acaudalados potentados mimetizados con el jet set empresario y que no dejan de enriquecerse mientras sus afiliados viven angustias y zozobras? ¿Por qué razón el precepto constitucional de “organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial” resulta casi inalcanzable para los trabajadores? ¿Este tipo de sindicalismo es compatible con una sociedad democrática o es funcional a todo tipo de negociados de los gobernantes con la simple concesión de recursos públicos?

No siempre fueron de ese tenor las motivaciones de los hombres y mujeres que estuvieron al frente de las entidades sindicales. El medio siglo anterior, el de la etapa fundacional de las organizaciones obreras, las metodologías que imperaban en el sindicalismo estaban determinadas por la conciencia de pertenencia a la clase trabajadora, por una capacidad de abnegación, honestidad y solidaridad que se reflejaron en innumerables textos y películas como La Patagonia Rebelde o Quebracho.

Dirigentes como Emilio López Arango, que en la época en que fue asesinado y habiendo dejado su puesto de director del periódico La Protesta, había retomado su oficio de obrero panadero. O la anécdota narrada por Ernesto Sábato de “Aquel llamado Vallejos, que se desvaneció de hambre en la calle y a quien la policía, al registrarlo y encontrarle un billete de cien pesos, le preguntó por qué con tanto dinero pasaba hambre y él respondió con tranquila dignidad: porque esa plata, señor, es del sindicato”. O como los que protagonizaron la militancia de los años setenta, cuando ofrendaron privilegios, riquezas y hasta su vida en pos de lograr una sociedad más justa. Esas épocas de nuestra historia pintan la conducta de hombres y mujeres, tan extraordinarios como humildes, que contrastan contundentemente con los sindicalistas encumbrados de hoy y hasta con los que reivindican en sus discursos a esa juventud “maravillosa”.

Estas conducciones son los favorecidos por un modelo que estableció una estatización casi absoluta de las organizaciones gremiales, que permitieron la instalación de dirigentes sindicales que impedían con métodos totalitarios cualquier disidencia, ostentando armas, patotas o la delación de los opositores ante las patronales, para hacerlos despedir de sus lugares de trabajo, o ante los comandos paramilitares, para hacerlos desaparecer.

Estas prácticas perduraron hasta el presente junto al puñado de hombres que anclaron sus nalgas en los sillones sindicales. Esa organización totalitaria tuvo como contracara la promoción de actitudes poco enriquecedoras de la acción solidaria del movimiento obrero, como alentar el ausentismo laboral y hasta los robos hormiga en las empresas del Estado que complementaban y justificaban los robos elefante que se hacían en las alturas.

En muchas ocasiones, las bases obreras presentaron batallas contra esta dirigencia sindical. Después del Cordobazo, el SITRAC y SITRAM, la seccional Villa Constitución y los ceramistas de Villa Adelina, entre otros, fueron exponentes de la acción movilizadora para desalojar por acción directa a los dirigentes enquistados en los sillones sindicales. Las coordinadoras zonales, especialmente la de la zona norte del Gran Buenos Aires fueron un intento de construcción de estructuras alternativas, que el golpe de 1976 frustró en su desarrollo. Ahora son los trabajadores del subte, los de Kraft y tantos otros que destapan ese estado de insatisfacción permanente con la estructura sindical heredada.

Los hábitos de vida de la dirigencia sindical argentina son el principal elemento de sospecha, la inmensa mayoría de los que ocupan cargos sindicales están señalados por infinidades de dedos que los acusan de maniobras non sanctas. Entonces lejos de protegerse con estas medidas de fuerza, que se encubren de discursos encendidos contra los monopolios comunicacionales, los dirigentes de la CGT y de todos los sindicatos deberían poner todas las cuentas sobre la mesa, explicar con lujos de detalles adónde van a parar los fondos de las asociaciones sindicales y de las obras sociales, poner en claro donde se gestó el tren de vida que llevan adelante que, por ejemplo, permitió a Pedraza pagar tres mil pesos mensuales de expensas en una de sus propiedades. Lejos de atemorizarse y recurrir a la gastada frase de que se trata de una campaña en su contra, deberían someterse al esclarecimiento de cualquier controversia que surja en materia de los movimientos de fondos que los involucra.

La vida sindical está muy lejos de haberse aggiornado a las prácticas democráticas, constituyen un feudo que se preserva con las listas únicas, con todo tipo de amenazas a los que osan alzar una voz disidente y, en los últimos tiempos, con prácticas de nepotismo que establecen un insólito mecanismo hereditario de los cargos gremiales.

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La culpa no la tiene el 'exhorto'

Jorge Altamira (PRENSA OBRERA, especial para ARGENPRESS.info)
No hay dos sin tres, dice el mito popular. Luego de los ‘paros' fogoneados por Pedraza y por Venegas -los dos para zafar, por distintas circunstancias, del encierro-, el jueves pasado se anunció la ‘gran Moyano': un multiparo del transporte para esquivar una conspiración que el jefe de la CGT vislumbraba que podía ponerlo a él en la misma situación de los otros dos.

Moyano interpretó que una solicitud de informes de la justicia suiza, rápidamente diligenciada por el canciller Twitterman, iba por su cabeza, en vinculación con los negocios de la recolección de basura que opera su tercerizada Covelia. Moyano se encuentra comprometido, además, en la investigación judicial por los medicamentos truchos y por el desvío de fondos de las obras sociales. Todo reunido, Moyano y su cohorte caracterizaron que había una movida en su contra de parte de su propio gobierno, la cual debía contrarrestar con un paro general y una marcha a la Casa Rosada. El país -que ya vio de todo y de lo que todavía hay para ver- iba a enfrentar un paro que no era para defender a los trabajadores, sino a los intereses privados y patronales de la burocracia sindical. El intento de pseudo-golpe de Estado que atribuimos en su momento a los ‘piquetes' de Venegas contra el juez Oyarbide, ahora se ensayaba en mucho mayor escala desde uno de los riñones del gobierno. Además de secretario general de la CGT, Moyano es el vice del PJ nacional y presidente del bonaerense. El escenario lucía como una reposición de los '70, cuando la llamada ‘patria sindical' volteaba gobernadores a fuerza de presiones ‘civiles'. En medio del jolgorio oficialista por la victoria en Catamarca, el asunto venía a recordar que el gobierno CFK se asienta sobre una alianza política envuelta en contradicciones mortales, que estalla con más frecuencia a su paso.
El gobierno nacional, como ya ocurriera con Venegas, reculó con disimulo luego de unas negociaciones de Moyano con De Vido. La Presidenta sancionó el acuerdo -cuyos términos se desconocen- con un grito de guerra achicado: "no nos dividirán", proclamó ante un Scioli que había recobrado la sonrisa. El mensaje para los ‘cristinistas' fue claro: la victoria del ‘proyecto' requiere tragarse unos sapos enormes, o sea que hay que proteger al aparato sindical. Se confirmaba, de este modo, una ‘predicción' de un columnista de Tiempo Argentino, empleado de Madres, que había pronosticado una reacción ‘a la Moyano' si el gobierno echaba a la camarilla de Pedraza del gobierno, como desafiaba el Partido Obrero. En realidad, desmentía esa ‘predicción' porque el gobierno está sufriendo estos resultados no por haber roto con la burocracia sino por lo contrario, como consecuencia de su política de salvataje de las camarillas sindicales. El desenlace momentáneo del conflicto aportó, de todos modos, mucho más, porque puso en evidencia una fractura de la alianza moyanista en la CGT: Smata, Uocra y otros acompañaron solamente a la distancia. El ‘paro' de Moyano, como en su momento la semana santa golpista del entonces teniente coronel Rico, no tenía posibilidades ni asidero.
Los sucesos relatados tuvieron que esperar la llegada del fin de semana para encontrar otra interpretación -de la mano de Verbitsky. El escribano oficialista aseguró que Moyano no tenía nada que temer del gobierno, el cual de inmediato decidió rechazar el ‘exhorto' suizo por defectos de forma. Lo ocurrido era sí una conspiración, pero de la derecha internacional contra el gobierno K. Frente a esto, se imponía más que nunca la unidad. Verbitsky comenzó a divagar sobre una ex jueza penal internacional, la suiza Carla del Ponte, quien, sin embargo, figuraba como emblema del ‘garantismo' internacional por haber llevado a juicio al serbio Milosevic y dejado de lado al masacrador Clinton, que había ordenado el bombardeo de Yugoslavia -como lo hace ahora Obama con Libia. Si se acepta esta interpretación, ‘la derecha' aprieta a CFK por donde luce más vulnerable: los negocios de la burocracia, la corruptela, el latrocinio, el lavado de dinero. Esta versión explicaría el faltazo de Obama en su gira por Sudamérica y el ‘incidente' con el avión policial de Estados Unidos. En lugar de una crisis de la burocracia con el gobierno, tendríamos dos -la otra, cada vez más aguda, con la ‘derecha' internacional. Para conjurar estos designios, el gobierno K encubre las fechorías de la burocracia sindical. No cabe ya ninguna duda de que el crimen político contra nuestro compañero Mariano Ferreyra ha marcado una divisoria de etapas y ha señalado un período de crisis -e incluso de derrumbe- de la burocracia sindical.

La expulsión de la burocracia empresarial o patronal de los sindicatos no será, sin embargo, el resultado final de los procesos judiciales. Solamente puede serlo de la pelea consecuente de los luchadores obreros; nadie puede resolver esta tarea fuera de ellos.

La campaña electoral de 2011 no comienza signada por los resultados contradictorios de algunas provincias, sino por el desarrollo de una tendencia fuerte a la fractura del aparato oficial. El ritmo y vaivenes de este proceso dependerá de la marcha de la crisis económica (inflación, tendencia a la fuga de capitales) y de las luchas sociales y políticas correspondientes. A la luz de esta perspectiva, los trabajadores enfrentan el peligro de que la burocracia sacrifique los reclamos paritarios para salvar su pellejo y no al revés -como opinan algunos comentaristas- que la burocracia incentive los reclamos paritarios para negociar un salvoconducto oficial para sus delitos.
La culpa no la tiene el ‘exhorto' suizo (¿qué culpa tiene el tomate?, dice la canción), sino las contradicciones insalvables de la experiencia kirchnerista, la cual ya ha transitado por numerosos experimentos políticos para ir tirando -desde la alianza con Duhalde, luego con los radicales K, más tarde con la refundación del pejotismo y ahora con el ‘cristinismo'. El ‘proyecto' es una nebulosa de contenido capitalista que se fagocita a sí misma.

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Fuera de agenda

Silvana Melo (APE)

Es interesante hurgar en las agendas, ojear los programas, reescuchar los discursos -levantarles el volumen, disminuir la velocidad, buscar entre los sonidos- releer los proyectos en las legislaturas -espiar entrelíneas, tratar de descubrir mensajes metadiscursivos-, reproducir las arengas preelectorales provincia tras provincia, husmear en las causas de las huelgas de los últimos tiempos, desentrañar los objetivos dirigenciales -personales y colectivos- en estos días.

Buscar, averiguar, escudriñar.

Y descubrir que en una pista electoral que ya se lanzó vertiginosamente y que sólo se detendrá en octubre, no hay en las agendas una línea, un espacio, un día, diez minutos para la infancia. Para el hambre feroz. Para la muerte.

A saber.

La detención del secretario general de la UATRE -investigado por la presunción de un delito atroz como la adulteración de medicamentos- generó una línea de fuego en territorio por parte de sus amigos, de impresentabilidad manifiesta. Luis Barrionuevo y el duhaldismo en plenitud salieron a cortar las rutas como reacción a una investigación judicial descalificada desde el vamos.

La detención del secretario general de la Unión Ferroviaria -investigado por la presunción de un delito atroz como la instigación del crimen de Mariano Ferreyra- desató la paralización de parte de los ferrocarriles y la deriva de miles de trabajadores perjudicados por la reacción y la descalificación de la Justicia.

El avance -pequeño y sereno todavía- de tentáculos judiciales externos sobre el gran poder sindical de la Argentina, desencadenó la ira de las fieras. Entre los expedientes hay narices olfateando eventuales cuentas en Suiza, medicamentos en sospecha, empresas con un propietario pero a nombre de otro, entre otras picardías. Pero la trama de poder que teje los destinos presidenciales y camioneros permite que el secretario general de la CGT amenace con una escandalosa demostración de fuerza, abortada a último momento por la fiebre negociadora de alguna sensatez sobreviviente. Hugo Moyano hubiera podido parar el país, literalmente, si lo decidía. Sólo para defenderse a sí mismo. A su imperio de poder político, económico y familiar.

Ni Barrionuevo, ni Venegas, ni Pedraza ni Moyano ni la cohorte contextual de cada uno salen a la calle a escandalizar al poder concentrado cuando se mueren los niños wichis por culpa de su propia cultura en las comunidades originarias de Tartagal. No salieron a cortar las rutas cuando Misiones admitió seis mil niños desnutridos y se le morían de a racimos en los hospitales al gobernador. No pararon el país ante los qom desnutridos, despojados, muertos de hambre o a palos o a balazos en Formosa. No detuvieron un solo tren cuando la policía disparó por la espalda a chicos anónimos, nadies y con el futuro en desmonte. Murieron cuando intentaban llevarse algo de los vagones descarrilados en José León Suárez. Fueron visibles por unos minutos. Pero ya era tarde. Nadie paró el país. Ni siquiera la estación.

En abril y en junio los jóvenes gobernadores Urtubey y Closs, sub 40s de Salta y Misiones se expondrán en la vidriera electoral para reelegirse. Con la bendición presidencial, que integra a uno de ellos en un acto masivo en el corazón de Buenos Aires o visita al otro para inaugurar una cerámica y palmearlo en la espalda para insuflarle su hálito triunfal. Once niños en un mes murieron de hambre en Tartagal. El bello y joven mandador salteño culpó a la caprichosa cultura de los wichis que se niegan a dejar su tierra que les sacan, siguen hablando su lengua y confían en sus chamanes porque la salud pública no se molesta jamás en penetrar lo impenetrable. Se mueren de hambre también, culturalmente.

El joven y francés mandador misionero enumeró a fin de año seis mil niños desnutridos, mil al límite de la vida, trescientos muertos en 2010. Ayer hubo balance del Programa Hambre Cero. La vicegobernadora aseguró que “se recuperaron 3.900 desnutridos”. Y “sólo quedan poco más de mil”. En cuatro meses Misiones parece haber logrado una revolución alimentaria.

Formosa seguirá impulsando a su gobernador insignia, multiuso y aliado perfecto de todo gobierno nacional que cimente su subsistencia en las alianzas territoriales con los feudalismos. Gildo Insfran irá también al frente con su propia infancia olvidada y hambrienta, con sus tobas-qom arrinconados en la esquina última de su despojo, con los índices más en rojo de la estadística de la pobreza y la indigencia.

Pero no están en los discursos ni en los programas ni en los videoclips de campaña.

No hay líneas ni palabras ni una mísera sílaba en una glosa para la infancia contaminada del Riachuelo, para los chicos que respiran pesticidas cerca de los plantíos de soja, para los que tosen humedad y frío con paredes de nailon.

No hay planes ni viajes ni actos ni paros ni rutas cortadas para los que mueren apuñalados por el hambre y los parientes del hambre, para los que no tienen casa ni escuela, para los que se van tan de chiquitos, con pañal abultado, chuequeando en dirección del cielo, con una muñeca sin brazos y un autito de dos ruedas. Al trote suave de un cabrito de azúcar. Fuera de los despachos y las estadísticas para siempre.

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La crisis de la salud en Salta

Beatriz Reyna (COPENOA)

Larga lucha por igual trabajo igual salario. Esta provincia tiene disparidad de salarios y ante las gestiones de equiparación la respuesta: “intensifiquen el arancelamiento”; por lo que los compañeros del Hospital Sr. El Milagro (infectocontagiosas) y Hospital Dr. Miguel Ragone (neuropsiquiátrico) los peores pagos ya que no perciben ningún adicional, iniciaron medidas de protesta.

Asimismo en la zona Norte de la provincia se desató el conflicto debido a que el gobierno no había otorgado un ítem adicional radicación de profesionales, que lo percibieron a comienzos del mes anterior. Los no profesionales venían peticionando cobrar ese ítems, realizando asambleas con quite de colaboración hasta la paralización total de las actividades, a fin de destrabar el conflicto el gobierno derogó el decreto que otorgaba dicho ítem, lo que enardeció a toda la comunidad hospitalaria intensificando las protestas con movilizaciones diarias y una gran marcha en los departamentos de Orán y Tartagal.

Desde el gobierno propusieron una nueva grilla otorgando la mitad de lo que habían otorgado anteriormente, lo que no fue aceptado y continúan las medidas.

Si algo faltaba al menosprecio de los trabajadores de la salud, se concretó en la jornada de hoy cuando los ministros de Gobierno y Finanzas convocaron a “algunos” gremios que dicen representar los intereses de los trabajadores estatales y se les anunció, como dádiva, que generosamente el doctor Urtubey había accedido al pedido formulado sobre adelantar 30 días el pago del segundo 10% correspondiente al aumento escalonado del 25%, otorgado de manera arbitraria a los empleados de la Administración Pública.

Una vez más APSADES no fue convocada, y ahora entendemos el motivo de esta actitud, APSADES es la única institución gremial que es “coherente” con los reclamos, APSADES es la única institución gremial que no negocia con las necesidades de los trabajadores. APSADES es la única institución gremial que no se vende, y se mantiene erguida.

APSADES repudia esta nueva afrenta al sector de Salud de la provincia, por que estas actitudes que adopta el gobierno del doctor Urtubey ratifican que en Salta seguimos con el régimen del “patrón de estancia” que “elegía” a quienes beneficiar, con “quienes” hablar y a quienes “ignorar”. Lamentablemente por ”hablar”, por “denunciar” por “luchar por los derechos de los trabajadores y su dignidad” seguimos postergados y hasta olvidados.

Señor gobernador ¿hasta cuándo va a mantenerse en esta tesitura? Si lo que quiere saber es la fortaleza de nuestro gremio le decimos que APSADES está de pie, siempre adelante en la lucha y la defensa de los trabajadores; seguros que caminamos firmes en la vida con convicciones claras y objetivos bien determinados.

APSADES ratifica la lucha por las reivindicaciones e informa a todos los trabajadores que no solamente cuentan con el apoyo de esta Comisión Directiva sino de todos los trabajadores de la salud afiliados a FESPROSA.

Si APSADES debe seguir sola en la lucha, ahí estaremos, firmes y con la frente bien en alto, porque quienes no olvidan su misión gremial son los que permanecen en la memoria de sus representados.

Beatriz Reyna Secretaria Adjunta de APSADES.

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Argentina. En menos de tres meses ya fallecieron cuatro presos en las cárceles santafesinas: La muerte tras las rejas

Horacio Çaró (REDACCION ROSARIO)

La Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC) reveló este martes que en los últimos días “nuevamente hubo que lamentar decesos de internos en las cárceles santafesinas”, y denunció que desde el 4 de febrero a la fecha murieron cuatro reclusos, a razón de uno cada veinte días. Los internos del pabellón 12 de la cárcel de Coronda cumplen una huelga de hambre desde hace cinco días y ahora ya no ingieren líquidos. Los detenidos remitieron un desesperado pedido al director general del Servicio Penitenciario de Santa Fe (SPSF), Mariano Bufarini; al titular de la cárcel de Coronda, Pablo Cococcioni, y a la Justicia provincial, a fin de que “tomen las medidas necesarias para garantizar la vida de la personas alojadas en los penales santafesinos”, según reza el petitorio.

La trágica nómina, a la que tuvo acceso Redacción Rosario, revela que el pasado 4 de febrero el interno Carlos Spósito, alojado en la Unidad 2 de las Flores, de Santa Fe, falleció en el hospital Cullen, de esa ciudad.

Cuatro días después, el 8 de febrero, Walter Javier Leiva, de 24 años, quien era interno en la Unidad 3 de Rosario, murió en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).

Ese mismo 8 de febrero, y como para confirmar que las muertes de presos no están relacionadas con un lugar de detención en particular, la interna Vanesa Fussi, de 28 años, murió por ahorcamiento en la Unidad 4 de Santa Fe.

En tanto, el 14 de marzo se produjo el deceso de Jorge Luis Suárez, de 35 años, a causa de una herida corto punzante, en el pabellón 13 de la Unidad Penitenciaria de Coronda.

Asimismo, el informe de la CTC indica que el 22 de marzo, Pablo Larenti, de 26 años, detenido en el pabellón 13 de Coronda, debió ser internado con quemaduras en el 80 por ciento de su cuerpo.

“Los internos del pabellón 12 realizan una huelga de hambre desde hace cinco días y hoy (por el martes) comienzan con una huelga sin ingerir líquidos”, señala el documento que difundió la CTC.

Los reclusos advirtieron, a través de un comunicado, que ya remitieron al SPSF un duro escrito repleto de reclamos: “Hacemos un llamado al director general Bufarini y al Poder Judicial de la provincia para que tomen las medidas necesarias para garantizar la vida de la personas alojadas en los penales santafesinos. Lamentablemente hay que detallar la muerte de cuatro personas más; continúa la deficiencia en los servicios médicos de las cárceles; a pesar de reiterados pedidos al Ministerio de Salud de la provincia, en los centros de salud –salvo excepciones– la atención de las personas privadas de la libertad es deficiente y, por otra parte, son permanentes los reclamos de aceleramientos de causas judiciales que llevan a innumerables conflictos en los penales santafesinos”.

Una muestra del dramatismo que rápidamente se percibe en el petitorio enviado a las máximas autoridades penitenciarias puede apreciarse en este párrafo: “A partir de este momento, hemos hecho entrega de los puntos que le solicitamos los internos, y es por eso que le informamos que corte el suministro de agua, dado a que no vamos a ingerir líquidos ni alimentos. Asimismo, le hacemos entrega de nuestros colchones y de todos los alimentos que poseemos”.

El remate de ese reclamo es todavía más conmovedor, y amerita la urgente intervención de la administración que encabeza el gobernador Hermes Binner: “…no desistiremos con la medida llevada a cabo en ningún momento, pase lo que pase con nuestras vidas. Solicitamos ser pesados diariamente, para que tengan un seguimiento de nuestra integridad física”.

El petitorio

El texto completo del documento enviado a Bufarini, Cococcioni, y la Justicia es el siguiente:

CORONDA, 22 DE MARZO DEL 2011

DIRIGIDO AL DIRECTOR DEL GENERAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO, DOCTOR BUFARINI, Y AL DIRECTOR DE LA UNIDAD Nº 1, DR. COCOCCIONI

“Nos dirigimos a UDS. con el mayor de los respetos con el fin de notificarle que a partir del día de la fecha, los internos alojados en el pabellón Nº 12 comenzamos una HUELGA SECA por los diferentes motivos que pasaremos a explicarles a través de los puntos de reclamo.

Puntos de reclamo:

1. Solución de las salidas transitorias del interno Diego Alomar.

2. Libertad inmediata del interno Ángel Tolosa, dado que cumple con los requisitos de la Ley 24.660 para gozar el beneficio de “libertad asistida”.

3. Que atienda en persona a los internos que necesiten traslados transitorios por acercamiento familiar.

4. Dada la conducta que demuestra este pabellón, solicitamos patio abierto.

5. Por lo manifestado en el punto anterior, en similitud a lo expresado solicitamos; horario de comedor.

6. Solicitamos que se nos habiliten las duchas del pabellón para poder higienizarnos dignamente.

7. Solicitamos la instalación de luz e inodoros en los baños del patio y, asimismo, dos tarjetas de mantenimiento de patio de visitas para la manutención del mismo, para beneficio nuestro y de nuestra familia.

8. Solicitamos pintura para el pabellón y patio para beneficio nuestro y de nuestra familia.

9. Solicitamos tapas de cloacas para el patio y pabellón y el desagote total de las mismas.

10. Solicitamos trabajo para todos los condenados del pabellón dentro de la unidad, como así lo estipula la ley.

11. Solicitamos que se coloquen las ventanas del pabellón.

Señor director:

A partir de este momento hemos hecho entrega de los puntos que le solicitamos los internos, es por eso que le informamos que corte el suministro de agua, dado a que no vamos a ingerir líquidos ni alimentos. Asimismo le hacemos entrega de nuestros colchones y de todos los alimentos que poseemos. Señor director; con todo el respeto que su cargo y embestidura merece, por el lugar que ocupa, le informamos que hemos decidido realizar esta medida en forma pacífica pero queremos dejar bien en claro que hasta que no se cumplan por completo los puntos expresados, no desistiremos con la medida llevada a cabo en ningún momento, pase lo que pase con nuestras vidas. Solicitamos ser pesados diariamente para que tengan un seguimiento de nuestra integridad física.

Sin otro motivo en particular y sin más que agregar a la misma nos despedimos de Ud. muy atte.

Firma: Pabellón Nº 12”.

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Argentina: Hay 25 casos de pampeanos desaparecidos sin investigar

LA ARENA

En los últimos años, el reclamo de "memoria, verdad y justicia" por los crímenes cometidos por la dictadura militar fue cobrando mayor entidad, y hoy observamos en la Semana de la Memoria cómo se despliega una serie interminable de recordaciones y homenajes a las víctimas pampeanas del Terrorismo de Estado.

Sin embargo, mientras los organismos estatales sólo funcionan para las efemérides -las comisiones de derechos humanos casi no tienen acciones concretas-, poco parece hacerse para que a la recordación se le agregue la justicia. Esto ocurre con las causas judiciales que investigan qué ocurrió con los desaparecidos de la provincia y saber quiénes fueron sus secuestradores.

Los números

Actualmente, apenas tres casos de víctimas pampeanas cuyas desapariciones o muertes en el marco de la represión ilegal ocurrieron fuera de la provincia llegaron a juicio y dos de ellas tuvieron condenas. Otros dos están esperando para ser juzgados en tribunales federales. Por esto hubo 17 represores condenados en esas causas y hay actualmente 35 imputados que esperan su proceso. Hay 19 casos que son investigados pero cuyos expedientes avanzan a paso lento, ya que llevan varios años desde que se concretaron las denuncias; y hay otros 25 que todavía no se conoce que se haya comenzado a investigar sus muertes o desapariciones en los años 70.

Estos datos surgen de los informes de distintos organismos de derechos humanos (CELS, Agrupación Hijos, Justicia Ya!) y de la información oficial de diferentes juzgados federales del país, entre ellas la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por delitos de lesa humanidad.

Condenados

Las condenas a ex militares o civiles que actuaron en los grupos de tareas durante la dictadura militar fueron por dos casos: por la piquense María del Carmen Morettini (desaparecida en La Plata en 1976) y la santarroseña Lucía Tartaglia (Buenos Aires, 1977). En el primer caso fue condenado el cura Christian Von Wernich en 2007 por varias muertes del grupo en el que estaba Morettini, y en el segundo, al juzgarse los crímenes cometidos en el circuito integrando por los centros clandestinos del Banco-Atlético-Olimpo, el año pasado fueron sentenciados a prisión perpetua doce represores, entre ellos Julio César Simón, alias "Turco Julián"; cuatro a 25 años de prisión; y uno fue absuelto.

Actualmente se está llevando a cabo el juicio del centro clandestino de detención "El Vesubio" en Buenos Aires. Hay ocho imputados y figura como víctima el pampeano

Jorge Capello (desaparecido en Capital Federal en 1977).

En el sur

Además esperan su inicio dos causas. En los tribunales de Comodoro Rivadavia está el expediente por la masacre de Trelew el 22 de agosto de 1972. Allí fue asesinado por marinos el pampeano Eduardo Capello, del ERP. El juez federal Hugo Sastre procesó, con prisión preventiva, a cinco marinos hasta el comienzo del juicio oral y público: Emilio del Real y Luis Sosa y el ex cabo Carlos Marandino como presuntos autores materiales de los asesinatos; y como supuestos partícipes necesarios el contraalmirante Horacio Mayorga y al capitán Rubén Paccagnini. Fue elevada a juicio en 2009.

En Bahía Blanca, mientras está por comenzar el juicio a los represores del Ejército, espera para su debate la causa paralela de la Marina. Allí figura como víctima Néstor Grill, desaparecido en 1976 y hay 16 imputados.

En La Plata

Hay varias causas en investigación. En La Plata había denuncias realizadas por los casos de los pampeanos Sergio García y Salvador Delaturi, ambos ejecutados por grupos de la Triple A en los primeros meses de 1976. Actualmente hay pocos avances, según confió el hijo de una de las víctimas, Carlos Delaturi, que se mantiene en permanente contacto con la fiscalía.

Por su parte, Justicia Ya! le pidió al juez federal Arnaldo Corazza que en el denominado "Circuito Camps", donde se investiga lo que ocurrió en la provincia de Buenos Aires y La Plata, y que involucra los dos casos anteriores, se incluya también una larga serie de nombres entre los que están Luis Celesia, Alejandro Estigarría, Juan Carlos Follonier, Roberto Loscertales, Liliana Molteni y los hermanos Roberto y Alejandro Quispe Herrera.

Otro expediente que apenas avanzó en esos tribunales fue el de Oscar Ponteprimo (muerto en el Conurbano en 1974). Por este tema, el escritor Juan Carlos Pumilla declaró hace poco por una citación de los tribunales platenses en el Juzgado Federal local por la denuncia que había realizado en 2000 y que impulsó varias de estas causas que hoy se investigan en los lugares donde ocurrieron los hechos.

Otros juzgados

Por su parte, el juez federal de San Nicolás tiene bajo investigación las desapariciones de Eduardo Konsunky y Adrián Follonier. Por este último caso también había declarado Pumilla hace dos años.

En Bahía Blanca si bien avanzó el caso Grill, que ocurrió durante la dictadura, está a la espera de que se profundice la investigación de la causa de las víctimas de la Triple A. Allí figuran tres pampeanos: Carlos Davit, Hugo Ardiles y Orlando Walker. El periodista Eduardo Tindiglia, uno de los impulsores de esa pesquisa, indicó que el fiscal que entiende en el expediente espera avanzar una vez que se juzguen las otras dos causas.

Sin justicia

Por su parte, en su momento se había investigado la desaparición de los hermanos Carlos y Alejandro Knobel y por esto se lo procesó al represor Jorge Olivera Rovera, que fue condenado a prisión perpetua por el TOF 5 porteño. Sin embargo, se le decretó la falta de mérito sobre los casos de los dos pampeanos. En tanto, en la causa ABO, surgieron en el juicio las desapariciones de otros dos pampeanos, Ramerio Pérez y su hijo Eduardo, por los que se abriría una causa.

Si bien la justicia se interesó por los casos de algunas víctimas, de la lista de 49 pampeanos muertos o desaparecidos por la implementación del terrorismo de Estado entre 1972 y 1983, aún 25 casos están sin investigar, o al menos no se conoce que hayan avanzado expedientes con sus nombres en los distintos tribunales del país.

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Destituyen a defensor oficial por haber sido espía en la dictadura

Irina Santesteban (LA ARENA)

Finalmente ayer el Jury de Enjuiciamiento de Magistrados de Córdoba destituyó al asesor letrado penal José Luis Santi, cuyo nombre apareció en las listas del personal civil de inteligencia que actuó durante la dictadura y que fuera difundido el año pasado por el Ministerio de Defensa.

Desde ayer el asesor letrado penal José Luis Santi no pertenece más al Poder Judicial de Córdoba, al que había ingresado en 1975 cuando era estudiante de derecho. Es que en el transcurso del proceso que comenzó el pasado 14 de marzo, y luego de la prueba documental que se agregó al expediente y los testigos convocados tanto por la Fiscalía como por la defensa, quedó acreditado que durante los años 1981 a 1983 perteneció al Destacamento 141 de Inteligencia "General Irribarren", con asiento en la ciudad de Córdoba. Santi tuvo la categoría de "agente de reunión de información", situación que era incompatible con su trabajo en el Poder Judicial, según las normas constitucionales provinciales.

Santi apareció en las listas que se difundieron en febrero del año pasado, del personal civil de inteligencia que actuó bajo el Batallón 601 de Inteligencia (en Córdoba era el Destacamento 141), luego que la presidenta Cristina Fernández, mediante el decreto 4/2010 permitiera la difusión del nombre de dicho personal. El Ministerio de Defensa, en ese entonces bajo la dirección de Nilda Garré, dio publicidad a esa nómina de 4.300 agentes, y así se pudo conocer la situación del hoy ex empleado y ex funcionario judicial.

Legajo abierto

La denuncia contra Santi fue realizada por el Gremio de los Empleados Judiciales de Córdoba, junto a Claudio Orosz, abogado del sindicato y de las organizaciones de derechos humanos, Hijos y Familiares. Orosz ha sido uno de los querellantes en los tres juicios por los crímenes cometidos durante la dictadura, que se han realizado en Córdoba.

A pesar de la reticencia inicial del Tribunal Superior de Justicia y del fiscal general para comenzar a investigar la denuncia efectuada por los trabajadores judiciales, finalmente y gracias a la prueba aportada por el Ministerio de Defensa, que adjuntó un acta donde se transcribía el legajo microfilmado de Santi, el máximo tribunal cordobés se rindió ante la evidencia y mandó los antecedentes al Jury de Enjuiciamiento para que considerara si se reunían los requisitos para iniciar el proceso de destitución.

Diez puntos

Hay que destacar no sólo la decisión presidencial de abrir las listas del personal civil de inteligencia que actuó durante la dictadura, sino también la actitud de colaboración del ministerio en ese entonces a cargo de Garré, ya que fueron sus constancias las principales pruebas que ni Santi ni su defensor, Justiniano Martínez, pudieron rebatir.

El acta remitida por Garré transcribía el legajo de Santi, donde figuraba su nombre ficticio como agente de inteligencia: Julio Soto, así como sus calificaciones y la evaluación que de su trabajo hacían sus superiores.

Así, Santi tenía una calificación de 10 puntos en los rubros: Iniciativa, Rendimiento, Disciplina, y mereció una evaluación de concepto del capitán Enzo Molino, en ese entonces uno de los jefes del Destacamento 141, que afirmó "posee sobresalientes condiciones que sumadas a su iniciativa, voluntad y objetividad lo definen como un eficiente agente secreto".

A su vez, el capitán Abelardo Ramos Monso, también del Destacamento 141, al presentar su declaración jurada y aval para entrar al cuerpo de agentes secretos, dijo de él: "Lo conozco en profundidad y con el tiempo y asiduidad de trato suficiente para avalar sus condiciones morales, ideológicas y familiares... el causante es apto para ingresar como personal civil de inteligencia".

Actuaciones

El jury fue presidido por la ministra Aída Tarditti, integrante del Tribunal Superior de Justicia, y que había sido recusada por el Gremio Judicial por su amistad con Santi, cuestionamiento que el Jury rechazó. Tanto en el transcurso del debate oral como en la dirección del proceso y las preguntas a los testigos, Tarditti demostró no sólo solvencia como magistrada sino también un impecable manejo de un proceso que tuvo una gran repercusión mediática en la ciudad de Córdoba, por tratarse del primer proceso para destituir a un funcionario judicial por su actuación durante la dictadura. En menos de dos semanas, dos magistrados han sufrido la remoción por esta causa: el ex camarista mendocino Luis Miret, y desde ayer, el defensor oficial cordobés.

Uno de los argumentos de la defensa fue que el Jury no tenía competencia para analizar, como causal de "mal desempeño", la actuación de Santi anterior a su designación como magistrado del Poder Judicial. La resolución del Jury analizó diversos casos de destitución, incluida la del juez santafesino Víctor Brusa, quien además está purgando condena por delitos cometidos durante el denominado Proceso. Y llegó a la conclusión que sí se podían analizar los antecedentes, sobre todo porque los mismos no habían sido debidamente informados al Consejo de la Magistratura, al momento de designar a Santi. En efecto, el testigo Ricardo Martínez, quien fue integrante de ese cuerpo que evaluó al espía al momento de su concurso para asesor letrado, como parte del estamento de abogados, declaró en el jury que, si hubiera conocido los antecedentes del postulante como agente de inteligencia "seguramente no lo hubiera aprobado".

A dos puntas

Otra cuestión que analiza el fallo fue la incompatibilidad, establecida por la Constitución de Córdoba, de pertenecer a dos ámbitos del Estado, sea provincial o nacional. Y quedó acreditado que Santi fue empleado del Poder Judicial desde 1975, y paralelamente, desde 1981 a 1983 se desempeño como personal civil de inteligencia. Como en las declaraciones de los testigos -personal militar que actuó en el Destacamento 141- quedó claro que la información que reunían los agentes provenía de sus ámbitos sociales y laborales, así como de otras situaciones ("huelgas", refirió el ex jefe Roberto Dambrosi), el jury consideró un agravante que el acusado se desempeñara como jefe de Despacho en el fuero penal, donde por su condición tenía acceso a información que podía servirle a la vez como "material de inteligencia".

Asimismo, del debate oral y de la declaración del testigo Juan Vila, ex director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side) durante el gobierno del presidente Fernando de la Rúa, quedó establecido que la nueva Ley de Inteligencia, la 25.520, marcó una nueva situación, en cuanto a los controles constitucionales que tienen hoy los "servicios" por parte del Congreso, y que obviamente no existían al momento que Santi se desempeñaba como "agente de reunión", derivando la información que recolectaba hacia las autoridades militares en ese entonces bajo el mando de Luciano Benjamín Menéndez en el Tercer Cuerpo de Ejército.

De los informes remitidos por el Ministerio de Defensa también surgió que el ex funcionario judicial siguió actuando como agente de inteligencia luego del 10 de diciembre de 1983, pero que esa información no podía brindarse porque el decreto presidencial 4/2010 sólo autorizaba a brindar la información del personal civil hasta la fecha de finalización de la dictadura militar.

Hito cordobés

La resolución que destituyó a Santi marca un hito en el Poder Judicial de Córdoba, provincia que sufrió una cruenta represión durante la dictadura militar. La justicia cordobesa había sido inexpugnable hasta el momento, al punto que ninguno de los 102 jóvenes cuya identidad ha sido restituida luego de haber sido secuestrados durante el cautiverio de sus madres, ha nacido en los centros clandestinos que funcionaron en Córdoba durante el gobierno de facto. Se calcula en más de treinta los jóvenes que desconocen su identidad porque fueron apropiados por militares en la provincia.

En la víspera del 35 aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, es de esperar una efectiva democratización del Poder Judicial no sólo de Córdoba sino de todas las provincias argentinas y también de la justicia nacional.

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Argentina, Tucumán: La "Guardia Pretoriana" de Cerisola golpeó a los estudiantes que rechazan las regalías de la minería

PRIMERA FUENTE

Los estudiantes que llegaron hasta el Rectorado de la UNT encontraron una fuerte resistencia, al parecer, de los empleados del rector Juan Alberto Cerisola, quienes los golpearon para impedir su ingreso a la primera sesión del año del Consejo Superior. Luego de los incidentes, las autoridades universitarias rechazaron la resolución del consejo directivo de la Facultad de Filosofía y Letras, que se opone a recibir los fondos que aporta Minera la Alumbrera.

"El rector (Cerisola) nos llama violentos, pero acaso, ellos nos ejercen violencia contra los cientos de catamarqueños que sufren la contaminación de su ambiente", expresó la joven estudiante Natalia Armendariz, actual presidenta del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras, quien sufrió la represión que ejercieron "supuestos empleados del rector", cuando intentaron tomar parte de la primera sesión de este año del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán.

Los estudiantes pretendían que los consejeros analicen la última resolución tomada por el Consejo Directivo de la Facultad de Filosofia y Letras, de expresarse en contra de la recepción de fondos que provengan de la minera. "Queremos que el Consejo Superior acepte la autonomía de nuestra facultad a la hora de rechazar la plata de Minera Alumbrera. Sólo aceptamos fondos genuinos de la UNT, para llevar adelante el plan de obras que se debe realizar”, dijo Armendariz. Pero al llegar al edificio, los jóvenes se encontraron con una fuerte resistencia, hombres corpulentos y vestidos de civil, actuando como una verdadera "guardia pretoriana de Cerisola", quiso evitar su ingreso a la sala de sesiones. Esto generó la reacción de los estudiantes que entre forcejeos se abrieron paso e interrumpieron la reunión de los consejeros.

La intromisión molestó a Cerisola, que calificó de "violentos" a quienes a viva voz le reclamaban mayor autonomía e independencia financiera, rechazando los fondos que recibe la UNT de la minería. Ante esta situación, el rector decidió levantar la sesión y luego de brindar una conferencia de prensa, volvió al recinto.

Para entonces, los estudiantes ya estaban afuera, en las galerías del rectorado y los consejeros habían votado en contra de la resolución aprobada por los estudiantes de Filosofía y Letras. "Nos negaron la posibilidad de participar y poder escuchados, pero lo peor de todo, es que no nos dieron ninguna respuestas a nuestros reclamos. Ni siquiera a los problemas edilicios que afectan a toda la comunidad educativa de la facultad", dijo Natalia Armendariz. Respecto a los incidentes, reconoció que pudo haber algunos daños producto del forcejeo con los "empleados de Cerisola", pero advirtió que jamás estuvo en el ánimo de los estudiantes provocar los destrozos.

"Hubo compañeros que recibieron golpes y otros terminaron lastimados. Por eso vamos a efectuar la denuncia policial que corresponda", adelantó Natalia Armendariz. También manifestó que el lunes, a las 8.30, volverá a reunirse el consejo estudiantil de la Facultad de Filosofía y Letras para analizar los próximos pasos a seguir, "porque nuestra lucha continua hasta que logremos romper el vínculo de la UNT con la minera y si la decana (Judith Casali de Babot), no está convencida ni dispuesta a llevar adelante con lo que resolvemos, tendría que dar un paso al costado".

Los estudiantes no tuvieron oportunidad de reclamar al Consejo Superior, que resuelva las quejas planteadas públicamente por los trabajadores de Radio Universidad, por los maltratos y presiones verbales que durante la semana pasada recibieron de parte de Teresita Carabajal y Alejandro Díaz, directora Periodística de la emisora y director de Comunicación Institucional de la UNT, respectivamente.

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Argentina, Río Negro: Amplían denuncia contra el ex funcionario Lorenzatti

RIO NEGRO ON LINE

"Si inicialmente estaba segura en un 60 por ciento, ahora estoy completamente convencida de que fue Lorenzatti quien me secuestró". Así lo afirmó, Susana Diéguez, la testigo que reconoció al ex titular del área de Análisis Delictivo, dependiente del Ministerio de Gobierno de Río Negro, Carlos Alberto Lorenzatti, como uno de los integrantes de la "patota" que la "chupó" de su casa en plena dictadura militar.

Diéguez viajó esta semana a Buenos Aires para ampliar sus denuncias y pedir junto a sus abogados que el ex funcionario rionegrino declare y sea imputado por delitos de lesa humanidad. "Durante todo 2010, mientras se desarrollaron los juicios de ABO (Atlético–Banco–Olimpo, tres centros clandestinos de detención) a los que asistí todos los meses como testigo y militante, la memoria se agilizó y el contacto con otros compañeros me permite asegurar ahora en un ciento por ciento que fue Lorenzatti el que me secuestró", sostuvo la víctima. En esos casos se condenó a doce represores a cadena perpetua, cuatro recibieron 25 años de cárcel y uno fue absuelto.

Entre quienes tuvieron la máxima pena estaban Raúl Guglielminetti y el "Turco" Julián, a quien Diéguez reconoció como quien la violó durante el tiempo de detención.

En esa causa no se involucró a Lorenzatti, ya que su caso está aún en manos del juez federal Daniel Rafecas. Diéguez se entrevistará hoy con el magistrado, junto a su abogada, con la pretensión de agilizar la causa, ampliar su declaración y pedir el procesamiento de ex funcionario del gobierno de Miguel Saiz.

"Nunca hubiera querido que me pasara encontrar en Río Negro al represor que me secuestró", dijo la mujer. Recordó que en 2008 "le alcanzaron una foto y no lo reconocí en su momento aunque la nariz me llamó la atención, por lo que pedí colaboración con otra foto actual". Indicó que en ese momento fue a verlo a Rafecas y "le dije que estaba casi segura, lo que tal vez fue un error".

A partir de ese momento hizo una pequeña investigación en la Anses y otros organismos y averiguó que Lorenzatti integró el "grupo Alem con Jorge "Fino" Palacios, Enrique "Coti" Nosiglia y Raúl Guglielminetti como agentes encubiertos".

La testigo además reconoció a Lorenzatti en fotos que Rafecas le mostró de cuando el ex funcionario rionegrino tenía unos 40 años. "El tema del secuestro es muy shockeante, porque entran de golpe, rompen las puertas, las ventanas, son 10 tipos, pero éste me quedó, porque después es el que me interrogó en el Atlético. En ese momento estaba segura en un 60 por ciento. Al revivir todo en los juicios la memoria se va agilizando y hoy convencida de que Lorenzatti es el que me secuestró. A dos compañeros más les mostraron las fotos y también lo reconocieron", concluyó la mujer.

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Tildan de locura racista sentencia contra mapuches en Chile

PL

Portavoces indígenas, juristas y líderes de la izquierda chilena calificaron de desproporcionadas y racistas las condenas contra cuatro líderes mapuche, tras un cuestionado juicio en el que se apeló a una ley impuesta por el régimen de Augusto Pinochet (1973-1990).

Una verdadera locura y una exageración, opinó la vocera mapuche Natividad Llanquileo sobre las penas entre 20 y 25 años de cárcel que aplicó la justicia chilena a Héctor Llaitul, Ramón Llanquileo, José Huenuche y Jonathan Huillica, acusados de haber participado en un presunto atentado a un fiscal en 2008.

Llanquileo denunció el trasfondo político de la condena, orientada a silenciar la lucha de los mapuche por sus derechos y dirigida contra cuatro comuneros que son líderes de su pueblo, importantes referentes por su pensamiento e historia de lucha.

Insistió en que detrás de penas tan altas hay una clara persecución contra la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) y contra el ideario en particular de una organización que ha tenido grandes avances en la defensa de la causa mapuche.

Se busca debilitar el movimiento y quebrarlo; tener presa a gente que piensa, que está en contra del modelo económico de Chile y en contra del abuso en las comunidades indígenas, añadió.

Por su parte Pamela Pesoa, esposa de Héctor Llaitul, sindicado como líder principal de la CAM y a quien se le condenó a permanecer un cuarto de siglo tras las rejas, criticó las irregularidades del proceso y el arribo a un veredicto a partir de testigos secretos y de oídas, prácticas utilizadas al amparo de la ley antiterrorista.

"Era lo que habíamos esperado porque se trató de un juicio político, sin evidencia científica, sin pruebas. La justicia no existe en Chile para el pueblo mapuche", apuntó Pesoa.

En opinión del diputado y presidente del Partido Comunista de Chile, Guillermo Teillier, lo ocurrido es resultado de un proceso ilegal, marcado por un sesgo profundamente racista y discriminatorio.

No existe igualdad ante la ley en Chile; reciben penas tan altas por ser mapuches, "con testigos falsos y encapuchados, con recursos absolutamente reñidos con la justicia", enfatizó el parlamentario.

Teillier consideró que la sociedad chilena "no puede aceptar esto y hay que llamar la atención profundamente al Parlamento y al Ejecutivo para que se termine con esta persecución".

Conocidas las condenas, los abogados de los comuneros iniciaron un proceso dirigido a la anulación del juicio, sustentado en la invocación y utilización de la ley antiterrorista, a la que le atribuyen un carácter antidemocrático que parte desde su gestación en plena dictadura militar.

Mientras, los cuatro líderes indígenas permanecen en huelga de hambre, medida retomada la semana pasada en demanda de un juicio justo. En 2010 ya habían protagonizado un ayuno de más de 80 días.

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Revelan crímenes del régimen de Augusto Pinochet

PL

Un exrecluta chileno reveló detalles sobre asesinatos ocurridos en la región de la Araucanía durante el régimen militar de Augusto Pinochet (1973-1990).

De acuerdo con medios locales, el exconcripto habría sido obligado a arrojar en 1973 los cadáveres de al menos 18 opositores de la dictadura al río Allipén, en Temuco, región de la Araucanía chilena.

El testimonio del entonces uniformado, cuya identidad pidió permaneciera oculta, fue dado a conocer a autoridades judiciales, a raíz de un proceso indagatorio alusivo a la desaparición de seis militantes del Partido Comunista en noviembre de 1973.

Siempre recibimos órdenes de los oficiales. Si no las cumplíamos, nos mataban, dijo el exrecluta, quien además sostuvo que compañeros suyos le contaron de otros hechos similares.

Unas tres mil personas fueron asesinadas o desaparecidas durante la dictadura militar de Pinochet y otras 50 mil sufrieron torturas, cárcel o persecución.

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Colombia: Investigan 27.300 casos de desapariciones forzadas

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El representante de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Christian Salazar, reveló que la fiscalía investiga 27 mil 300 casos de desapariciones forzadas en el país, cifra que calificó de alarmante.

Salazar también expresó su preocupación por la impunidad imperante frente a esa situación y señaló que las ciudades que más registran hechos de ese tipo son Medellín (Antioquia), con cuatro mil 938, y Villavicencio (Meta) con cuatro mil 238 casos.

Ello representa el 40 por ciento del total de las investigaciones adelantadas por la fiscalía por dicho delito, que el Estatuto de Roma tipifica como de lesa humanidad.

El funcionario añadió que el denominador común en un alto índice de casos es la impunidad; y de ahí la necesidad de fortalecer la labor investigativa.

A su vez, Salazar también denunció que en el departamento de Meta -donde realizó una serie de visitas- hay cerca de mil 300 N.N. (sin nombre o desconocidos) enterrados en cementerios donde cada dos o tres tumbas se encuentra un cuerpo no identificado.

El pronunciamiento del representante de Naciones Unidas tuvo lugar durante la presentación de la nueva Unidad Nacional de Fiscalías contra la Desaparición y el Desplazamiento Forzados.

A través de esa entidad la Fiscalía General de la Nación se comprometió a investigar de una manera mucho más ágil la ocurrencia del referido delito.

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