viernes, 8 de abril de 2011

Argentina: Basta de chicos policías

Norberto Alayón
En noviembre de 2010 escribí una nota sobre “Los niños y niñas policías”, la cual fue publicada en distintos boletines y páginas digitales del país. En la misma hacía referencia a la irradiación de variadas experiencias de “Policía infantil” y “Gendarmería infantil” en las provincias de Chubut, Salta y Misiones.

Llamaba la atención acerca de la proliferación de estos programas de involucramiento policial de los niños y niñas, existentes en más de una decena de las provincias argentinas, lo cual implicaba una suerte de militarización de nuestra infancia.
Indudablemente, desde estas supuestas cándidas e inofensivas propuestas se tiende a fortalecer y reproducir en la sociedad -desde la propia infancia- un estilo de comportamiento cultural que privilegia una férrea disciplina militarizada, basada en el orden, las órdenes y la rigurosa obediencia.
Para ello se cuenta con la aceptación activa de algunos pocos y también con la aceptación pasiva de la mayoría de la población, que por diversas razones no llega a advertir los riesgos que estas prácticas contienen y dejan de levantar una voz siquiera de alerta y rechazo ante este avance, crecientemente extendido, que pretende imponer una concepción militarista de la vida y la familiarización con las armas, aunque no las porten ellos, desde la más temprana edad.
La excusa para impulsar e irradiar estas experiencias policiales procura centrarse en el eventual servicio que prestarían para la “contención de los niños marginalizados”. Resulta imperioso enfatizar que el lugar de los niños -pobres o no- está en la casa y en la escuela (que en virtud de la Ley 1420 del siglo XIX establece la educación obligatoria, laica y gratuita), y no en las brigadas, escuadras o cuerpos policiales, bajo la estricta lógica de los entrenamientos y adoctrinamientos militares.
Como en tantas otras ocasiones, surge, con nitidez, la clásica y perversa asociación de pobreza con delincuencia. El estigma, la duda, el miedo, siempre recaen sobre los pobres y los humildes. Y, entonces, a los niños pobres habrá que encauzarlos, reeducarlos, readaptarlos, disciplinarlos, inculcarles “valores netamente argentinos”, porque sino serán el peligro del mañana.
El reconocido especialista brasileño Edson Seda me comentaba, en correspondencia personal del 24 de noviembre de 2010, que “en Brasil hemos tenido cosas parecidas, como niños ‘patrulheiros’ o ‘guardinhas’ y otras denominaciones, organizadas por jueces y ciertas ONGs del pasado. No lo tenemos más, porque todos los programas de protección de la infancia tienen que ser aprobados por un Consejo paritario (entre el mundo gubernamental y el no gubernamental) en cada municipio. Este tipo de programas, en Brasil, son considerados hoy discriminatorios, y los Consejos no los aprueban”.
Es evidente que se torna necesario introducir cambios progresivos en la línea de la defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia y, al día de hoy, reparamos en una muy buena y significativa noticia: siguiendo instrucciones del Ministerio de Seguridad de la Nación la policía de Misiones desarticulará 32 entidades de policía infantil que funcionan en esa provincia. La decisión ministerial se fundamentó en requerimientos de organismos de derechos humanos que señalaron que “los niños y los menores de edad no deben educarse dentro de ambientes de las instituciones de seguridad, nacionales o provinciales”.
Es de desear que este impulso de recuperación de la sensatez, en favor de la infancia y, a la vez, de la sociedad en su conjunto, se extienda también a otras provincias como Catamarca, La Rioja, Jujuy, Mendoza, San Juan, Neuquén, Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Corrientes, donde persisten -lamentablemente desde hace muchos años- experiencias de militarización de niños, niñas y adolescentes.

Norberto Alayón es Trabajador Social. Profesor Titular de la Facultad de Ciencias Sociales-UBA.

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Chile: La prioritaria liberación de los prisioneros políticos

Andrés Figueroa Cornejo (especial para ARGENPRESS.info)
1. Como el estatal Instituto Nacional de Estadísticas (INE) anunció el 5 de abril que las cifras de delincuencia general del país bajaron el 2010 (5,4 % respecto del año anterior), el Presidente Sebastián Piñera afirmó al día siguiente que se construirán 4 nuevas cárceles en la zona central de Chile, todas muy bien equipadas. Eso es dialéctica.

Mientras tanto, la Concertación se hace trizas, unos llamando a recomponerla, otros a refundarla, a cambiarle de nombre, a ampliarla a la derecha y a la izquierda (siempre por arriba, eso sí), y confiando, Deus ex machina, en la aparición salvadora de Michelle Bachelet –salvo que pretendan suicidarse anticipada y precautoriamente, fortaleciendo las maniobras, publicidad y candidaturas de Ricardo Lagos Escobar o Carolina Tohá o algún DC, como el alcalde Claudio Orrego-. En la otra ala, la concesionaria que administra actualmente el capitalismo de vanguardia en Chile encabezada por Piñera, ha sido asaltada por la ultraderecha y súper pragmática UDI, con la llegada del Mesías de penetrante mirada, Pablo Longueira, al Comité Político de La Moneda. Aquí el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, comenzó a oler a cadáver político. Pobre, no iba tan mal en las encuestas.
Por abajo, las alzas de los alimentos, servicios básicos y derechos sociales privatizados; el congelamiento y encogimiento de los salarios ante una ascendente inflación proyectada para el año de un 4,3 % por el Banco Central (autónomo sólo de los intereses de las grandes mayorías), un eventual reajuste del salario mínimo de un 2 %, y un crecimiento estimado muy cercano a la inflación; horada con saña la sobrevivencia de los trabajadores y el pueblo, que continúan nutriendo, junto al altísimo consumo de la minoría pudiente, los números del comercio a costa del sobreendeudamiento plástico.
2. El llamado “Caso Bombas”, se trata de un operativo jurídico-policial iniciado en agosto de 2010, que tras un espectacular despliegue de las policías, detuvo a 15 jóvenes supuestamente implicados en la colocación de extintores con mezcla de pólvora y un arcaico sistema de relojería en sucursales bancarias, sedes partidistas y otros sitios en las madrugadas. Muchos extintores no estallaron y otros quebraron el frontis de vidrio de locales vacíos. No hubo heridos y menos muertos. Pero lo más enigmático corresponde a la primera parte del proceso, donde tampoco hubo pruebas contundentes que implicaran a las muchachas y muchachos convertidos en prisioneros políticos, bajo la Ley anti-terrorista heredada de la dictadura militar. De los 15 presos iniciales, quedan 10 en la Cárcel de Alta Seguridad, quienes llevan 8 meses encerrados y casi 50 días en huelga de hambre. Su pecado: que algunos vivían en casas ocupa, que el fiscal regional del caso, Alejandro Peña, llama “centros de poder”. Claro que de poder reunirse a realizar talleres culturales, música, cine y postular una forma de vida a contracorriente de lo que debe ser un joven promedio en Chile: un trabajador barato, domesticado y disciplinado para bien de la salud y utilidades del empresariado.
3. Pero las cosas han pasado dramáticamente de gris a negro en los últimos días. En su afán de probar la culpabilidad de los imputados y una pretendida “asociación ilícita”, cuestionada por varios juristas vinculados a los Derechos Humanos, el fiscal Peña, apoyado fundamentalmente por la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (Dipolcar), logró un récord histórico de acumulación de “pruebas”. En 610 páginas presentadas ante el Octavo Juzgado de Garantía, se recopilaron 6.744 documentos, 794 testigos y 211 peritos para sustentar las extraordinarias condenas que solicita. Entre las pruebas están, por ejemplo, la tenencia del multi galardonado documental “La Batalla de Chile” de Patricio Guzmán; trozos de cartón; escuchas telefónicas que se prestan para las interpretaciones más diversas; y literatura: esos artefactos peligrosos repletos de letras que usualmente fueron y son quemados por los amigos de la ignorancia, la esclavitud y el envilecimiento humano desde que se inventó la imprenta, y mucho antes.
Con esos antecedentes, el fiscal Peña –resumen de la estrategia estatal y gubernamental antisocial y la criminalización de todo a lo que no sea egoísmo, alienación y mansedumbre- pide, muy suelto de cuerpo, que los prisioneros políticos Rodolfo Retamales y Pablo Morales –supuestos ‘líderes’ de la supuesta ‘asociación ilícita’- queden encarcelados de por vida, mientras el resto de los prisioneros purguen sus culpas improbadas con presidios que van entre 10 a 3 años. Todo esto, en un paisito donde los agentes asesinos archi probados mundialmente de la dictadura pinochetista andan tranquilos por la calle, y unos pocos genocidas ‘emblemáticos’ están a punto de salir de cárceles de 5 estrellas, luego de condenas ridículas ante la tortura, la desaparición forzada de personas y el crimen. ¿Será cuestión de correlaciones de fuerza?
4. La vocera de los prisioneros políticos en huelga de hambre, Ximena Muñoz, ha relatado en medios independientes que los jóvenes “están muy débiles físicamente, con mareos, taquicardia, calambres, jaquecas”. La salud de Andrea Urzúa y Mónica Caballero ha empeorado, y Ximena indicó que la operación jurídico-policial “es una persecución a formas de vivir”.
El 6 de abril, como todos los miércoles, los familiares y amigos de los imputados efectuaron una manifestación pacífica en el centro de Santiago. Quienes participaron, declararon que los carabineros “detuvieron a personas sin motivo alguno y golpearon a otras impunemente, tratando de quitar los lienzos, propaganda, megáfono y bicicletas”. Cuando alrededor de 30 manifestantes que no fueron detenidos partieron a la tercera comisaría de Santiago a esperar al bus policial para cautelar el buen trato y derecho de los arrestados, mientras estaban en la vereda, fueron víctimas del ataque de personal de Fuerzas Especiales de Carabineros, “dándonos golpes de puño y patadas”. Una muchacha resultó inconciente debido a un puntapié policial recibido en el estómago. A otros le destrozaron las ropas, e intentaron “ahorcar a uno mientras trataban de llevarlo detenido”. También los policías “exhibieron armamento de guerra”. Después de estos hechos, fueron apresadas 10 personas más.
5. El mismo 6 de abril, saltando toda filosofía democrático burguesa respecto de la independencia de los poderes del Estado, el fiscal Alejandro Peña aceptó integrarse al Ministerio del Interior para hacerse parte de “un equipo técnico”, donde se dedicará al análisis y revisión de los distintos planes policiales que hagan Carabineros e Investigaciones (PDI), y de la estructuración de políticas contra ‘ilícitos complejos’. Es decir, abandonó de golpe el denominado “Caso Bombas”, quedando como suplente el fiscal Héctor Barros.
Según algunas publicaciones, el pronto ex fiscal Peña, es hombre de armas tomar: capitanea los operativos, usa chaleco antibalas y patea las puertas de los traficantes; y también tendría una denuncia de violencia intrafamiliar por parte de su esposa y una sanción administrativa por prácticas antisindicales. Todo un personaje. De ahí su ascenso, por cierto.
6. Naturalmente, y más allá de todas las distancias ‘ideológicas’ que se tengan con el pensamiento libertario, resulta un deber insoslayable participar activamente de la solidaridad y la exigencia de la libertad de los prisioneros políticos del llamado “Caso Bombas”, como de los 4 comuneros mapuche condenados a 25 y 20 años de cárcel. Como nada se puede esperar de arriba, el asunto central es cómo los familiares y amigos de los presos son capaces, de la mano con todas las fuerzas jugadas por los derechos humanos en el territorio chileno, de ampliar la convocatoria de sus movilizaciones, hasta ahora, demasiado limitadas. Si el objetivo es lograr la justa libertad de los prisioneros políticos, esa es la única condición para que cualquier persona conciente y sensible ante los abusos y atropellos del Estado y el gobierno quiera y pueda participar en las manifestaciones. Esa estrategia debe considerar todas las formas, todas las agrupaciones, todas las gentes de buena voluntad a escala nacional e internacional. Experiencias anteriores en materia de Derechos Humanos indican que mientras más ancho sea el arco de fuerzas nativas e internacionales que se manifiesten tras un fin común, más posibilidades existen de alcanzar el objetivo. Porque no es suficiente la razón: se requiere de la fuerza. Y resultaría una derrota vergonzosa para quienes luchan, se desvelan, acarician la construcción de una sociedad donde prime la humanidad sobre el capital que las condenas contra los prisioneros políticos se hagan efectivas. No sólo por el dolor de los propios encerrados y sus más cercanos. Sino por el decoro, la estatura, las posibilidades concretas de que mañana pueda crearse una alternativa política distinta a la derecha y la Concertación. Es más; ¿Cómo hacer bravatas sobre la nacionalización del cobre, la banca, la asamblea constituyente, la defensa de los recursos naturales, la transformación del orden que organiza la miseria, si ni siquiera somos capaces de hacer las fuerzas para liberar a los luchadores sociales de las cárceles de los que aún mandan?

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Chile: Educación y consumo

Álvaro Cuadra (especial para ARGENPRESS.info)

La sociedad chilena actual puede ser caracterizada como una sociedad de consumidores, tal es el rostro cotidiano de un modelo económico neoliberal. Pocas veces se advierte el hecho de que las sociedades de consumo exceden con mucho las cuestiones económicas para convertirse, de hecho, en una configuración o diseño socio-cultural cuyo alcance antropológico afecta la subjetividad de las nuevas generaciones, el ethos cultural de una época y, de manera creciente, la transformación de las instituciones.

Una sociedad de consumo, como la que vivimos, está transformando nuestras nociones fundamentales, entre ellas nuestro concepto de “educación”. De la mano de las nuevas tecnologías, el otro factor de cambio acelerado, estamos transitando desde un país anclado en una austera cultura ilustrada y republicana hacia una realidad marcada por una cultura de la seducción mundializada cuyo epicentro es la imagen y no ya la palabra. Cuando la comunicación se ha convertido en CMC (comunicación mediada por computador), se pone en jaque toda una institucionalidad asociada a prácticas y valores ilustrados, esto es, entra en crisis la educación alfabética y con ello la figura misma del “profesor”.

El diagnóstico sería muy incompleto si no consideramos el modo en que están siendo socializadas las nuevas generaciones. Desde su más tierna infancia cada niño es sometido a cientos de horas de “publicidad”, pensada y dirigida a los públicos infantiles, tenidos como potenciales clientes o “targets” de diversos bienes y servicios. En pocas palabras, el verbo “deber” – instilado otrora por una moral laica o religiosa - es desplazado por el verbo “placer”, toda “convicción” es abolida por la rutilante “seducción” de los “spots” que van conformando el nuevo “carácter social”.

La pantalla de plasma de un televisor o las páginas Web compiten con los escasos medios de que dispone un aula promedio, las figuras seductoras de cualquier “Rock Star” resultan más atractivas y convincentes que el mejor de los profesores. La escuela es vista por un número cada vez mayor de estudiantes como un lugar burocrático, disciplinario y ajeno a sus intereses. En una cultura que ha tomado el tinte de una Cultura Internacional Popular, el fenómeno adquiere un alcance casi planetario.

Desde un punto de vista educacional es indispensable formar a los estudiantes en una conciencia crítica frente a los medios y, muy especialmente, frente a las estrategias publicitarias. Se trata de una tarea compleja y difícil, tanto más cuanto las instituciones educacionales y la figura del profesor se encuentran en un estado “básico” o – definitivamente – “deficitario”. Mucho más cuando los textos escolares incluyen la publicidad como tópico, pero sin salvaguardar los criterios éticos mínimos para tratar el tema. La cuestión es que es imperativo ocuparse del fenómeno mediático y publicitario inherente al mundo de hoy, pero su inclusión debe enmarcarse en claros criterios pedagógicos, pues de otro modo más que propender a estudiantes dotados de una conciencia crítica y reflexiva, se los está domesticando en el consumo suntuario.

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Sobre la inseguridad y la drogadicción en Uruguay: La necesidad de que haya soluciones de izquierda

Carlos Santiago (especial para ARGENPRESS.info)

Hace pocas semanas reflexionamos sobre algunas contingencias que nos preocupan a los uruguayos, indicando desde el título del trabajo que la polémica verificada en el mundo, en donde la inseguridad es también una realidad, se vuelca a favor de la sanción penal de quienes transgreden las normas penales y lesionan a la sociedad.

Por supuesto que no esperábamos aplausos de nadie, como no lo hacemos cada vez que encaramos una reflexión, pues ese no es el objetivo de un comentarista preocupado por el devenir de un país en que, según lo que dicen las encuestas, el tema de la violencia ciudadana, es el que está en el primer lugar de las inquietudes de la gente.

Sin embargo, recibimos por supuesto opiniones negativas de muchos que se manejan todavía con prejuicios que, dentro de la izquierda, están provocando la actual parálisis que determina que se haga poco o nada en torno a la situación, más allá de los esfuerzos del ministro Bonomi y su equipo, el que están logrando implementar algunos programas de recuperación de presos y, en materia carcelaria, efectivamente, de aumentar el número de plazas para albergar a la creciente población de procesados y penados, intentando sortear el hacinamiento.

Se nos dijo que nuestra tesis mostraba que nos volcarnos a favor del sistema norteamericano de penas, el que ha fracasado. Realmente no conocemos lo que ocurre con el derecho penal en EEUU, más allá de ilustrarnos con algunas exhibiciones televisivas que muestran como son las cárceles en el país del norte.

Las que se exhiben, obviamente, no inquietan por el hacinamiento ni la sistemática violación de los derechos humanos de las nuestras, en las que (veamos por ejemplo lo que ocurre en el establecimiento de Santiago Vázquez), no existen ni siquiera programas que traten de combatir la adicción a las drogas. Y ni hablar de planes, ni siquiera mínimos, para la recuperación integración del detenido.

Pero, volviendo, al tema anterior, decimos, que tenemos claro que en nuestra justicia penal existen dos criterios diferentes. En el caso de los mayores las penas de prisión si bien acotadas y menores en relación a otras realidades tienen relación con la entidad del delito que se comete. Por su parte la sanción penal a los menores es benigna, Es que se diluye la responsabilidad individual de quién rapiña, roba, viola o asesina, porque se entiende que la su vida cotidiana del infractor se sobrelleva en un marco de frustración, carencias y pretendida pobreza. Ese es el pensamiento imperante en muchos sectores del partido de gobierno y, por lo tanto, el que marca su inacción en torno al punto.

Nosotros pensamos que esa visión es errada, ya que afecta directamente al derecho de la sociedad a defenderse de la ola delictiva que, según el Observatorio de Criminalidad, determina que en las rapiñas exista una participación de casi un 45% de menores. Esa visión determina que nuestro código, que tiene relación con la niñez y la adolescencia, (Código de la Niñez y la Adolescencia) sea benigno, contrario en colaborar con el objetivo de poner fin a la delincuencia, ya que no determina una sanción medianamente pesada `para quién comete algunos de los delitos más graves y provoca que, todavía, se produzcan polémicas tan poco conducentes como la del descenso de la imputabilidad a menores de 18 años o, el casi dislate, de destruir las anotaciones de un delincuente menor de edad cuando este cumpla los 18 años o en un plazo establecido, como si borrando el pasado se haga algo por el futuro del individuo. El absurdo trepa a lo inconmensurable cuando vemos que según el proyecto que se votaría en el Parlamento antes de fines de mayo se pone un plazo para el mantenimiento de los antecedentes de quienes delinquieron siendo menores. Pero quienes lo hagan pasando los 18 años se les mantienen en el régimen de mayores en que los antecedentes juegan de otra forma.

Anotaciones de menores que, por lo demás, nunca se han implementado.

Pero para peor (y esto si lo conocemos), el fin de la internación no se produce cuando el trasgresor a culminado los programas de rehabilitación, sino al voleo, cuando el legislador sentado en su sillón del Palacio Legislativo lo fije. Dos años para El Pelón, por su triple asesinato, y este muchacho quedará en libertad cuando expire el plazo fijado por el legislador, no cuando los organismos técnicos lo habiliten, tal como ocurre por ejemplo en Inglaterra, en donde psiquiatras, psicólogos, técnicos de las más diversas materias, miden la actitud que el sujeto tiene hacia la sociedad y allí deciden levantarle o no las restricciones, brindándole – en caso de establecerse la libertad - una salida laboral.

Claro, es otra sociedad, es el primer mundo, dirán. Aquí en cambio cuando se transita el segundo gobierno de la izquierda la sociedad uruguaya está mostrando, contrariando las bondades de un desarrollo económico incomparable, su peor cara. La más deshumanizada e hipócrita.

Es bueno aclarar que en general, en los países del mundo desarrollado o primer mundo no existen los criterios de benignidad.

Quienes han cometido delitos o faltas y son un eventual peligro para la sociedad, son erradicados de la misma, tanto en cárceles como en institutos especializados, hasta que los elementos más salientes de esas conductas desaparezcan. Allí no se maneja nunca el concepto de venganza, pero si el concepto de que quienes transgreden la Ley, simplemente tienen dificultades de integración en la sociedad o enfermedades mentales, las que deben ser tratadas a fondo y revertidas. Además se maneja el derecho positivo y los delitos que se comete tienen una correlación de penas.

Pero volviendo a nuestro país la situación es más que preocupante. A vuelo de pájaro nos podríamos preguntar: ¿Qué planes de recuperación tienen los organismos especializados para las personas que aparecen durmiendo, cada mañana, bajo cualquier reparo, tapadas con papel o envueltas con nylon? Generalmente adictos a la maldita pasta base qué fuman su pipa en la madrugada y luego duermen, en una situación humana aterradora. ¿No existe algún organismo u organización que se pueda ocupar de esta gente que de a poco se está encaminado a la muerte, en una marginalidad aterradora que muestra que nuestra sociedad tiene problemas que todavía no hemos ni estudiado?

¿No hay sensibilidad para esos uruguayos marginados que noche a noche se acercan a la muerte? Por ello decimos también que estamos asistiendo a la insólita contradicción que ante delitos, que son de acción personal de delincuentes, sean estos tanto menores como mayores, se tiene la primera reacción a nivel del gobierno en particular y de la izquierda en general, de culpar de la situación a las condiciones sociales en que vive el país. ¿Esto es así? Pero, ¿qué se hace al respecto? ¿Que se hace por la marginación más aterradora como la de todos esos drogadictos en situación de calle que en cada barrio, en cada ochava, aparecen cada mañana, mostrando las deficiencias de una sociedad que, por supuesto, los segrega aún más? ¿Qué se hace por las familias y bandas ciudadanas de ocupas que se han introducido en edificios y casas abandonadas, haciendo imposible la convivencia normal en diversas zonas, creando problemas de seguridad que nunca se resuelven a fondo? ¿Qué se hace en las zonas guetizadas de los “cantegriles”, en las cuales la Policía solo puede entrar acompañada de los grupos de choque?

Por supuesto que es totalmente injusto estigmatizar la pobreza, muchos hemos sido pobres y muchos lo siguen siendo y por ello no han recurrido a lesionar a la sociedad, agrediéndola de mil maneras. Como tampoco debemos hacerlo con quienes han caído en la droga, pero debemos tener en claro que la maldita pasta base provoca tal dependencia que hace que muchas personas, para conseguir una dosis, caigan en la delincuencia. Claro, el tema está en castigar a los proveedores del veneno, legislar para que quienes trafiquen con esa basura, paguen muy caro y para eso es bueno, establecer que todo el peso del derecho positivo se encamine a sancionar a estos traficantes, porque no es de izquierda ni de derecha su acción en contra la sociedad.

Los parlamentarios deberían ponerse de acuerdo para adoptar las medidas adecuadas a la contingencia. Los uruguayos lo reclamamos y la izquierda tiene el deber de establecer el mecanismo más justo de no permitir qué nuestra sociedad se siga degradando, lo que hoy ocurre a pasos agigantados. Y lo debe hacer porque son necesarias soluciones adecuadas a la situación de la gente, para restablecer la paz. De lo contrario seguramente el camino se buscará en las peores soluciones de derecha que siempre provocan más dolor y solo determina la paz de los cementerios.

Carlos Santiago es periodista.

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Ecuador: Expulsión de la embajadora de Estados Unidos trae cola

Eduardo Tamayo

La declaratoria del Ecuador de persona non grata a la embajadora de Estados Unidos en el Ecuador, Heather Hodges, trae cola: en respuesta, el primer país ordenó la expulsión del embajador ecuatoriano en Washington, Luis Gallegos. El presidente Correa llama a solidarizarse con Ecuador.

Este último incidente deja al descubierto la larga cadena de intervenciones estadounidenses en los asuntos internos de país que aún no terminan.

La decisión del Ecuador de “echar” a la embajadora de Estados Unidos afecta las relaciones entre Ecuador y Estados Unidos. En el cable de wikileaks (con fecha 10 de julio de 2009) difundido por el diario El País de España, la embajadora de Estados Unidos en Quito, informa de supuestos actos de corrupción en la Policía Nacional liderados por el ex comandante general, Gral. Jaime Hurtado, pero también señala que el Presidente Correa lo nombró en ese alto cargo conociendo de que estaba involucrado en actividades de corrupción con el fin de manipularlo fácilmente. (1)

Enterado de la publicación, el canciller ecuatoriano, Ricardo Patino, pidió explicaciones a la embajadora Hodges, recibiendo como respuesta que “son documentos robados” y que no tenía otra aclaración que hacer”. En términos parecidos se pronunció Arturo Valenzuela, quien le dijo a Patiño, “lo siento pero son millones de cables que vienen al Departamento de Estado y es imposible saber cuáles han sido filtrados”.

Patiño dijo que la medida adoptada por el gobierno de Ecuador respecto a la embajadora Hodges -quien deberá abandonar el Ecuador el domingo 10 de abril- no se debe a los informes de corrupción en la Policía sino a dos declaraciones falsas que contenía un cable suscrito por ella: la primera que el presidente había nombrado al general Hurtado a sabiendas de que era una persona ampliamente conocida como corrupta, y en segundo lugar, que lo hacía conociendo que su condición de corrupto lo hacía fácilmente manipulable. “Eso es el colmo de la desfachatez, el colmo de la maledicencia”, señaló Patiño ante corresponsales de prensa acreditados en el Ecuador.

El canciller, sin embargo, agregó que a los organismos de control del Estado les corresponderá hacer las averiguaciones sobre la información relativa a la supuesta corrupción policial. De hecho, la Fiscalía General de la Nación inició este miércoles 6, una investigación sobre los supuestos actos de corrupción en la Policía y llamó a declarar a cinco oficiales mencionados en los cables.

Por su lado, el Presidente Correa, en entrevista con la Coordinadora de Radios Populares, (CORAPE), dijo hoy que nadie duda que exista corrupción dentro de la Policía nacional, agregando que una muestra de ello fue la intentona de golpe de Estado, perpetrado el 30 de septiembre. (2)

Más allá de los informes

El trabajo de todos los embajadores es informar de la situación económica, política, social del país en el que están acreditados. A esta función se le debe agregar la de además de representar y defender los intereses de su país. Otra cosa, sin embargo, es “que se ofenda, que se mienta, que se inventen cosas, eso es muy distinto, es normal informar pero otra cosa tergiversar la verdad, es mentir conscientemente, porque el presidente Correa no es un presidente que tiene bajo perfil, tiene muy alto perfil, la gente lo conoce, con sus virtudes y sus defectos, por lo tanto no se puede suponer y peor ponerlo en un informe que el presidente habría tomado una decisión en ese sentido”, señala Patiño.

Donde hubo fuego cenizas quedan

En el cable de wikileaks del 10 de julio de 2009 y en otros se revela que la Embajada de Estados Unidos en Quito disponía de información interna detallada de la Policía ecuatoriana. ¿Son rezagos del control y de la influencia que este país mantenía en las filas policiales?

“Donde hubo fuego, cenizas quedan y posiblemente queden cenizas por ahí…”, comentó el canciller Patiño.

Por su lado, el Presidente Correa afirmó “no se puede permitir que la embajadora Hodges hable directamente de sus informantes dentro de la Policía y las Fuerzas Armadas (…) Quiere decir que tiene infiltradas a la Policía y a las Fuerzas Armadas”, según el periódico gubernamental El Ciudadano.

Correa indicó también que la acusación contra Hurtado podría deberse a que fue él quien deshizo la Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía (UIES), que antes era controlada por la Embajada de los Estados Unidos. Recordó que por este motivo se expulsó a dos agentes de la CIA.

Hay que recordar que hasta hace pocos años, Estados Unidos controlaba los organismos de la inteligencia policial y militar del Ecuador, quienes respondían más a la Embajada que a las autoridades del Estado ecuatoriano.

“Es evidente que el gobierno de los Estados Unidos, tiene en la UIES (Unidad de Investigaciones Especiales) y en la Dirección Nacional Antinarcóticos los instrumentos estatales de mayor cooperación para ejecutar su política exterior y de seguridad en materia de narcotráfico, terrorismo y migración”, señalaba un informe de la "Comisión para la investigación de los servicios de inteligencia militares y policiales ecuatorianos", creada por el Presidente Correa el 15 de mayo de 2008.

Correa (cuando estaba de comandante de la Policía, el General Jaime Hurtado) cortó el cordón umbilical que unía a la Embajada de Estados Unidos con los organismos de inteligencia de la policía y de las Fuerzas Armadas. Tras el ataque colombiano al campamento de las FARC en la frontera con Colombia (1 de marzo de 2008) se descubrieron graves fallas de los organismos de inteligencia de la policía y el ejército, cuyos jefes informaban primero a Estados Unidos o a Colombia antes que al Ecuador. A raíz de esto, Correa reestructuró los organismos de inteligencia, disolviendo la UIES. También expulsó, en febrero de 2009, a Max Sullivan, primer secretario de la Embajada de Estados Unidos, y al agregado de la misma, Armando Astorga, por su injerencia en los asuntos de la seguridad ecuatoriana y concretamente en la UIES.

La Embajada de Estados Unidos financiaba directamente a la UIES (US$2.556.000 dólares anuales) para “todos los procesos de orden administrativo, logístico, de inteligencia y operativo” (…) Esta "ayuda" se entrega en virtud de un "convenio de tipo verbal" entre la Embajada de Estados Unidos y la UIES, y no de acuerdo a las necesidades nacionales, sino a parámetros establecidos por la Red Internacional Antinarcóticos liderada por Estados Unidos Esta situación de dependencia llegaría a situaciones extremas como la injerencia de la embajada de Estados Unidos en el reclutamiento y control del personal de la UIES, el mismo que periódicamente sería sometido a chequeos con equipos de detección de mentiras, monitoreados por especialistas de la Embajada de Estados Unidos”, según el mencionado informe de "Comisión para la investigación de los servicios de inteligencia militares y policiales ecuatorianos".

Cuando se terminó el “acuerdo verbal” entre la Embajada de Estados Unidos y la UIES, Sullivan se llevó los vehículos y los ordenadores de este organismo que contenían información vital para la seguridad del Ecuador, por lo que el gobierno ordenó su expulsión, según informó el entonces canciller ecuatoriano Fander Falconí.

La UIES, creada en 1985 por el régimen derechista de León Febres Cordero para enfrentar a los grupos insurgentes AVC y Montoneros Patria Libre, tenía un funcionamiento clandestino y sus objetivos no solo eran los grupos insurgentes (cuyos dirigentes fueron ejecutados extra judicialmente) sino los grupos sociales y de derechos humanos, opositores políticos y líderes de opinión pública a los cuales se los “consideraba un peligro para la seguridad interna”, según la investigación que realizó la Comisión de la Verdad. (3)

En un cable del 10 de febrero de 2009, la embajadora Hudges, lamenta que el “Comandante General de la Policía del Ecuador Jaime Hurtado ordenó el traslado de tres cabezas y 20 miembros de las unidades de policía fundamental para el éxito de Ecuador, lucha contra el narcoterrorismo”. (4)

Y refiriéndose a la UIES señala: La unidad, que ha sido investigada por la Embajada, ha mantenido una excelente cooperación operacional con ésta en operaciones antinarcóticos y de contrainsurgencia. La UIES fue instrumental en la captura de Simón Trinidad, miembro de la secretaría de las FARC, y de Nelson Yaguara, alias Comandante Uriel, responsable del ataque a la base militar colombiana Teteye. (5)

¿Se mantendrá cooperación?

Dos medidas tomadas por Correa que no han sido del agrado de Estados Unidos son: 1) La decisión del gobierno del Ecuador de no renovar el convenio para la utilización de Manta como base militar estadounidense, y 2) descartar la firma de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

En octubre de 2008, el Ministro de Defensa del Ecuador, Xavier Ponce, dio a conocer el informe elaborado por una comisión creada por el presidente Correa en el que se concluía que la CIA habían infiltrado a la Policía y a las Fuerzas Armadas, lo que se hizo evidente incluso en la incursión colombiana a territorio ecuatoriano el 1 de marzo de 2008.

Luego de la difusión de este informe, la embajadora Hodges evitó referirse al contenido de los mismos y afirmó que la “colaboración entre Estados Unidos y Ecuador seguía adelante” y que “su país trabaja con el Gobierno del Ecuador, con los militares y con la Policía para fines muy importantes”.

El cable revelado por wikileaks evidencia la estrategia de Estados Unidos: no confrontar abiertamente con el gobierno de Correa sino tratar de influir dentro del mismo neutralizando la posición de los funcionarios que quieren “expulsar la influencia del gobierno de Estados Unidos”. Esta puede estar cambiando con el último incidente diplomático.

Una herramienta de la estrategia estadounidense para mantener su influencia en el Ecuador ha sido la ayuda económica. Según un boletín de prensa de la Embajada de Estados Unidos en Quito (enero de 2011) este apoyo superó los 70 millones de dólares en 2010, de los cuales 18 millones se destinaron a asistencia militar, más de 8 millones a la lucha anti-narcóticos y otros delitos transnacionales, cerca de 4 millones para democracia y gobernabilidad, cerca de 10 millones para crecimiento económico, 450.000 para la lucha contra el terrorismo, entre otros. ¿Cambiará está situación a raíz del último impasse?

Notas:
1) http://www.elpais.com/articulo/internacional/corrupcion/policial/Ecuador/generalizada/elpepuint/20110404elpepuint_12/Tes
2) http://www.elciudadano.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=23157:ecuador-buscara-solidaridad-regional-en-caso-de-represalias-de-estados-unidos&catid=40:actualidad&Itemid=63
3) Informe de la Comisión de la Verdad, “Sin Verdad no hay justicia”, Quito, 2010, tomo 2, p. 177.
4) http://www.elpais.com/articulo/internacional/Cable/apoyo/Correa/ataques/EE/UU/elpepuint/20110404elpepuint_15/Tes
5) Ibid

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Perú: El libre mercado y la marea rosada

Jorge Zavaleta Alegre (especial para ARGENPRESS.info)

Las encuestas indican que el ex comandante Ollanta Humala, de Gana Perú, lidera el frente de la contienda electoral 2011. La incertidumbre política radica en el gran número de votantes que continúan indecisos o que podrían cambiar su voto al último momento.

Junto con Humala, participan básicamente tres candidatos con mínimas diferencias en sus planes de gobierno: Keiko Fujimori, aspira indultar a su padre, condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad y corrupción durante el oncenio 1990-2000.

Pedro Pablo Kuzcynski, empresario y ministro de Estado en varios regímenes, fue ministro de Economía de Alejandro Toledo (2002-2006).

El economista Alejandro Toledo busca la reelección con su partido Perú Posible, prometiendo revolución integral de la educación y la salud como instrumentos para combatir la pobreza desde sus raíces rurales, además una reforma para hacer más eficiente el Estado y construir una “democracia social de mercado, con rostro social”.

Como decía Albert Camus, en un llamado a la vigilancia, que era legítimo ser pesimista en el campo de la metafísica, en lo que nada podemos. Pero que tenemos la obligación del optimismo en el de la historia, en el que todo depende de nosotros.

La sentencia de Camus, se aplica si observamos el proceso electoral del Perú del domingo 10 de abril, para renovar 1 presidente, 2 vicepresidentes, 130 congresistas y 15 representantes al Parlamento Andino.

Mario Vargas Llosa que comparte juicio filosófico, expresa su apoyo a Toledo, comparando que la elección de Humala o de Fujimori sería como elegir entre el “cáncer” o el “sida”.

La defensa absoluta del libre mercado a costa, inclusive, de las grandes mayorías sociales que no se benefician aún de los altos índices del crecimiento macroeconómico, no caló en la mayoría del electorado. Ha surgido un amplio movimiento popular que se enfrenta al pensamiento hegemónico de la derecha neoliberal. Su crecimiento ha sido silencioso, poco espectacular, pero al mismo tiempo ha fraccionado en varias islas al electorado conservador en un aparente intento de diversificación de principios y propuestas.

Frente a este panorama, el capital transnacional y el partido aprista intentan ser el árbitro de esta dispersión. El crecimiento macroeconómico de la última década, logrado por los gobiernos de Valentín Panigua, Alejandro Toledo y García Pérez no ha sido suficiente para que el electorado siga apostando por la fórmula del continuismo del rígido modelo económico.

Virtualmente el electorado, a pocas horas de las elecciones, se encuentra dividido en cuatro frentes. Tres de ellos con un programa casi similar, contra Perú Gana, partido de Humala, quien perdió las elecciones del 2006 frente a García Pérez. Todo indica que la victoria final se definiría en una segunda vuelta, el 5 de mayo.

El ex comandante Huma lidera las preferencias, con una plataforma sustentada en progresivas reformas de Estado, aumento de impuestos a las regalías de la minería, retorno a la Constitución Política de 1979, una lucha frontal contra el narcotráfico y la corrupción, profundos cambios en las políticas de educación, salud, del poder judicial y un tratamiento similar al capital extranjero y nacional, entre otros planteamientos no expuestos por otros grupos.

Mientras tanto delegaciones de observadores internacionales ya se encuentran en Lima y las 25 regiones. Sus voceros consideran que en la primera vuelta, ningún candidato ganará más del 50% de los votos. Los electores que votan por primera vez: 358 mil. Mayores de 70 años 1’244. Entre 18 y 29 años 6’262 (32%). 700 mil sufragantes más con respecto al 2006.

Según el Jurado Nacional de Elecciones, el proceso provocará al Estado un gasto de 275 millones de soles. Participarán, cerca de 20 millones de electores dentro del país (19 millones 195 mil) y 754 mil en el extranjero: Estados Unidos, España, Argentina, Italia y Chile, esencialmente. La mayor plaza electoral es Lima con seis mil ciudadanos.

La Oficina de Procesos Electorales ha reforzado la capacitación con microprogramas radiales en lenguas originarias: quechua (huanca, huari, ancash, cuzco-collao, chanka), aymara, ashaninka, shipibo, aguaruna.

Según el Ministerio del Interior y de Defensa, más de 77 ml policías se encargarán de la seguridad del proceso, además de 45 mil miembros de las fuerzas áreas, Desde el 8 de abril hasta el 11 de abril no se podrá expedir bebidas alcohólicas. Tampoco se pueden realizar mítines. El domingo 10 de abril no se pueden efectuar espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados, funciones teatrales, de cine o reuniones públicas de ninguna clase.

Los resultados de las elecciones peruanas, si toda la derecha no se vota contra el candidato de Gana Perú, ratificarán que América Latina (Ecuador, Brasil, Bolivia, Uruguay, Paraguay) se orienta cada vez más hacia la izquierda, como válida tendencia política y económica para saldar las cuentas seculares de sus pobladores. Pero el gobierno de Humala, tampoco sería fácil, porque en el congreso no tendría mayoría y la concertación le sería muy compleja.

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Venezuela: El peligro de una implosión en marcha

Edwin Sambrano Vidal (especial para ARGENPRESS.info)

En un proceso de cambios las contradicciones son resultado natural de la existencia de una confrontación esencial que aflora. Una confrontación que se encontraba cubierta por la satisfacción aparente de las principales necesidades básicas de la población, mientras la solución permanente de estas necesidades se vislumbra posible como resultado del curso inerte o normal e los acontecimientos. La fuerza de esas contradicciones se encuentra, entonces, disminuida y en muchos casos inapreciable. La mayoría considera tales contradicciones como insustanciales, menores o de segundo y tercer orden. Un asunto sin importancia, pues...

Cuando las contradicciones se encrespan ante la falta de soluciones o de nuevas realidades que las superen; cuando no se alcanzan nuevos estadios de relaciones sociales que satisfagan de manera natural las exigencias de la conciencia plena de las necesidades materiales, morales y culturales de las mayorías, la normalidad se altera. Se produce, entonces, una crisis de la totalidad social. Estos es, una crisis que afecta a la sociedad en su conjunto y que se expresa igual mediante una sucesión de crisis parciales o locales, así como en una o varias explosiones generales que afectan a cada vez mayor número de grupos sociales y por lo tanto a más personas.

Diversos proyectos en confrontación.

Hay una confrontación entre diversos proyectos políticos que se corresponden, más o menos conscientemente, con los intereses socio-económicos de las diversas clases y/o grupos de la sociedad. En las crisis, cada sector alienta derivaciones que conduzcan a alcanzar una correlación de fuerzas favorable a la imposición de sus particulares proyectos de sociedad. Tal comportamiento es una especie, si cabe la expresión, de instinto de supervivencia histórico de las clases y sectores sociales existentes. Esta correlación de fuerzas tiene diversos escenarios de manifestación que varían dependiendo de múltiples factores y que se resumen en algunas coyunturas de movilización masivas (pacíficas o violentas y armadas o desarmadas), algunas de las cuales son los estados de conciencia o convicción por una parte, y por otra, los momentos electorales.

De modo que en un proceso de cambios como el que vive Venezuela, iniciado a partir de una profunda y generalizada crisis del conjunto de la sociedad y de sus instituciones, se abren diversas posturas para avanzar en la revolución y diversas posturas para restaurar situaciones transformadas. La posición restauradora o regresiva, en consonancia con los intereses transnacionales capitalistas de sometimiento y dependencia, empujará de distintas maneras para alcanzar una situación que no menoscabe la preeminencia de sus valores, sus métodos y el resultado de sus negocios. La posición revolucionaria pretende establecer realmente nuevas relaciones en las cuales los trabajadores y sectores desposeídos tengan una participación decisiva en la producción, en la dirección y en la apropiación de los resultados del proceso económico, político y cultural, y que tal participación tenga expresión en el establecimiento de una nueva legalidad, una nueva institucionalidad y una nueva conducta institucional.

Nueva legalidad.

La nueva legalidad debe contener de manera terminante y clara los derechos de los trabajadores y de los sectores desposeídos en coherencia con sus obligaciones en el proceso de producción de bienes. Rescatando la responsabilidad y el aporte en ese proceso, resaltando el valor del trabajo y la disciplina, fijando, no solo la declaración de la potestad de participación decisiva y sus garantías, sino los modos de cumplimiento de dicha participación.

Nueva institucionalidad.

La nueva institucionalidad debe estar comprometida con esa nueva legalidad, incluso surge de ella y de sus principios y propósitos, encontrándose impregnada de los intereses sociales de la clase trabajadora y demás sectores desposeídos, con un sentido inmanente de justicia social y de equidad. Su existencia y razón de ser está en el desarrollo y cumplimiento de esa legalidad y en que tal legalidad sea apropiada por los trabajadores y demás sectores del pueblo para combatir el parasitismo y la explotación en primer lugar; la corrupción y el burocratismo en segundo término, y, finalmente, el mesianismo y el atropello como tercer flagelo, entre otros más que gravitan y que también deben ser combatidos.

Nueva conducta institucional.

La nueva conducta institucional se encuentra sintetizada en un comportamiento de acción inmediata, transparente y decidida en protección de los derechos de los trabajadores y en hacer cumplir la legalidad, (el sentido y propósito de justicia contenido en ella), por encima de intereses subalternos. Una actuación franca y valiente que desafía las formalidades y todo compromiso que no sea el de la justicia y la equidad, ya que estas contienen las bases de la sustentabilidad y la continuidad del proceso de cambios. Esta nueva conducta alienta y concreta nuevos paradigmas para el comportamiento colectivo estableciendo nuevas relaciones entre los ciudadanos, entre las clases y entre estos y el Estado y sus órganos. Esta nueva conducta institucional suministra el indispensable soporte a la esperanza del cambio en los trabajadores y demás sectores del pueblo, incluidas las clases y sectores medios, profesionales, trabajadores por cuenta propia, campesinos.

Funcionarios injustos: Verdaderos contrarrevolucionarios.

Es una verdadera calamidad y un crimen contra la revolución que los funcionarios públicos mantengan una conducta de desdén y desprecio contra los derechos laborales y populares. Que sean simples marionetas de otros funcionarios superiores igual de corruptos y arbitrarios que los funcionarios del antiguo régimen, el de la llamada IV República. Verdaderos fantoches al servicio de la injusticia y el atropello, infames maltratadores de los ciudadanos. Instrumentos de la reproducción y perpetuación de los valores, principios y conductas capitalistas, con su trasfondo explotador, alienador y opresor. Son burócratas trepadores, ignorantes y maestros de la adulancia. Se visten de rojo mostrándose como lacayos del poder para poder traficar.

Enemigos de los cambios.

Estos personajes que medran en los cargos públicos son los principales enemigos del proceso de cambios. Son los verdaderos contrarrevolucionarios. Ya lo hemos advertido y lo seguiremos advirtiendo. Recientemente escribimos ante la preocupante lacra de una conducta institucional pervertida e inepta para impulsar el cambio social real:

“Las Inspectorías del Trabajo violentan el principio de legalidad y conculcan derechos colectivos favoreciendo los intereses y posiciones de las gobernaciones afectas al gobierno nacional, abonando el terreno para una crisis de credibilidad institucional y un colapso de gobernabilidad. Mientras la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público sólo atienden y procesan lo que convenga al gobierno central y lo que recomiende el partido de gobierno. Los jueces laborales, incluso la Sala Social del TSJ, padecen de terror ante el gobierno central y los gobiernos regionales ligados a aquél sin importar que sus decisiones signifiquen un retroceso doctrinario y una lesión a los intereses de los trabajadores y en fin de cuentas un apoyo esencial a la vigencia del sistema de explotación.”

Una conducta verdaderamente suicida y contraria a los fines, principios y métodos revolucionarios, cuyo resultado será, más temprano que tarde, el triunfo de la contrarrevolución.

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Algo huele muy mal en el reino de Haití

Romualdo Retamal Maureira (especial para ARGENPRESS.info)

Desvergüenza de las Derechas Internacionales y descarado servilismo de la ONU junto al circo de la OEA con “sus tropas de paz”, eufemismo que significa: “tropas invasoras de la OTAN de América del Sur”: Haití.

Todo parece indicar que el Sr. Michel Martelly será el próximo presidente de la sufrida República de Haití. Creo no exagerar decir que estas elecciones son una de las más extrañas de América. En primer lugar esta elección fue pedida, obligada, ordenada y chantajeada por los EEUU, Francia, ONU, y la OEA. Motivo?, el descontento de la población por la gestión del “presidente” René Préval, sobre todo, por la administración de la ayuda internacional para las víctimas del terremoto, los cientos de miles de refugiados y, para colmo, la epidemia del cólera (más de 250 mil muertos y dos millones de damnificados, de los cuales 800 mil viven aún en campamentos). El gobierno de R. Préval, presionado por EEUU y Francia, expiraba el 7 de Febrero de 201, siendo sustituido por un gobierno “provisional” que aseguraría unos comicios “limpios y transparentes”. Casi un año y medio del terremoto, menos de un 1/3 de la destrucción ha sido removida de Puerto Príncipe. Para qué hablar de reconstrucción. En marzo de 2010 la ONU prometió 9 mil millones de dólares, insuficientes pero urgentes, de los cuales 5 mil millones se entregarían en los primeros dos años. Desde la tragedia, sólo una pequeña parte ha llegado y lo ha hecho de manera desorganizada e ineficaz. En lugar de coordinar con el gobierno y orientar mejor el gasto, muchos países lo entregan a organizaciones no gubernamentales que ejecutan proyectos de manera anárquica, siguiendo intereses parciales, sin coordinarse entre sí y con resultados confusos y poco realistas. Se especula, con muchos visos de verdad, que ningún gobierno confía en la administración Préval lo que explicaría el evidente desorden en la distribución de los recursos.

No podemos olvidar que hablamos de un país ocupado por fuerzas multinacionales, es decir de una nación cuya soberanía está secuestrada, (Minustah).

Francia y EEUU han sido, desde la “independencia” de Haití, los promotores y ejecutores de todos los golpes de Estados de esa macerada nación.
En las elecciones convocadas por Préval, bajo exigencia de “la Opinión Pública Internacional” , es decir, del Consejo de Seguridad de la ONU y OEA, fue fijada para el pasado 28 de noviembre con la primera ronda comicial, ensombrecida por innumerables denuncias de fraude. Fueron tan burdos y flagrantes los fraudes que la población de la capital del país, Puerto Príncipe, se tomó las calles contando con la ayuda de los gobiernos dignos de América del Sur, los del ALBA a la cabeza, más Uruguay, Argentina y Brasil. obligando al déspota de turno, General Préval, a permitir realizar una nueva elección esta vez supervisada por observadores internacionales, sólo se logró que el peón Préval pidiera “ayuda” a su amo los EEUU afín de buscar una solución alternativa y ahí aparece entonces el Circo de América con su payaso José Miguel Insulza más conocida como la OEA, que le exigió al dictador Préval un “recuento de votos”. Realizada esta tarea, el Colegio Electoral de la dictadura rayó de la lista, por vergüenza, al candidato oficialista y dejó sólo dos candidatos para la segunda vuelta, ya veremos con que chicha se curan estos dos.

Ayuda-memoria para el Sr. Michel Martelly

Hace poco más de 2 meses, para el ciudadano digno de América, la noticia no fue la llegada del genocida Jean-Claude Duvalier, “El BeBeDoc del Diablo” a Haití, la verdadera pregunta fue: ¿Cómo entró esta basura humana a Haití?

El comienzo de esta infamia occidental es el secuestro del presidente electo Jean-Bertrand Arístides el año 2004 por fuerzas militares de EEUU y Francia, con la infame cooperación de las FFAA más corrompidas del continente Americano, las Haitianas. La acusación?, no les fue posible culparlo ni de corrupto o narcotraficante, que son las acusaciones más utilizados por los neonazis liberales del mundo capitalista. Lo acusaron de formar una milicia popular para asegurar la protección del presidente, ministros, líderes populares, etc. de los paramilitares, sicarios y terroristas enviados de territorio estadounidense (Miami).

Para nadie es noticia que los que se han apropiado de Haití desde su independencia hasta hoy son sus antiguos colonizadores, Francia y EEUU. Para ejercer su dominio, Francia (después de robar su oro y su azúcar condenando al país a ser un territorio monocultor, es decir, producir sólo lo que su amo necesitaba), ante la rebelión del pueblo pobre, tuvo que retirarse no sin antes que pedir una “indemnización” de 150 millones de francos-oro (1826) dejando, además, terratenientes y sicarios adictos al dominio francés que hicieron y hacen su sucio trabajo (levantamientos, asesinatos masivos de patriotas y pago a militares corruptos de los numerosos gobiernos que se sucedieron).

Por su parte, la intervención de EEUU, que consideraron desde su independencia a Haití como parte de “su territorio de seguridad” comenzó en 1908. Las compañías estadounidenses “negociaron” concesiones para construir ferrocarriles y desarrollar plantaciones de banano que implicaron la expropiación de tierras a campesinos que pasaron de dueños a peones. En 1910, CITIBANK compró una parte importante del Banque de la République d'Haïti, banco central que disponía del monopolio sobre la emisión de billetes.

En 1910 un consorcio internacional de bancos refinanció la deuda de Haití y tomó el control de las finanzas del país. En 17 de diciembre de 1914 estos bancos consiguieron que Woodrow Wilson, entonces presidente de Estados Unidos y defensor fanático del “Destino Manifiesto”, enviara marines con el pretexto de proteger las reservas de oro de Haití. Luego de “protegerlas” se las llevaron a cajas fuertes en Nueva York. Ocho meses después, tras el colapso de la dictadura de Vilbrun Guillaume Sam, el 28 de julio de 1915 los marines ocuparon el país para evitar la llegada al gobierno del líder rebelde y médico Rosalvo Bobo, contrarrestar la influencia de los empresarios alemanes y asegurar la aprobación por el Parlamento de la "legislación progresista" dictada por los bancos.

Los marines (conocidos también con el nombre de Mercenarios a sueldo fijo) colocaron a Puerto Príncipe bajo la ley marcial y luego sometieron la resistencia armada en zonas rurales, ejecutando al líder de la resistencia Charlemagne Péralte. La productora y exportadora de azúcar Haitiano American Sugar Company se convirtió en la segunda empresa del país hasta su liquidación en 1987. El Banco de la Nación, que se convirtió en sucursal del Citibank que fue criticado por prácticas injustas, como la negativa a pagar a Haití los intereses sobre el dinero depositado en sus cuentas, intereses que pagó después de 1922, pero sólo un porcentaje del 2%, en vez del 3,5% concedido a los demás depositarios equivalentes, según el senador y economista Paul Douglas, equivalía a una pérdida de un millón de dólares.

En 1957 fue elegido como Presidente de Haití François Duvalier, conocido popularmente como Papa Doc, quien gobernó como Dictador sanguinario con ayuda militar y financiera de los Estados Unidos. El 22 de diciembre de 1958 en la frontera dominicohaitiana entre Jimaní y Mal Pase, Trujillo y Duvalier firmaron un acuerdo de mutua protección que establecía entre otras cosas que ninguno de los dos gobiernos permitiría en sus respectivos territorios actividades subversivas en contra de alguno de ellos, así como el control de las actividades de los exiliados políticos. En 1959 creó la Milice Volontaires de la Sécurité Nationale (MVSN), conocida popularmente como Tontón Macoute, una violenta milicia que le sirvió para afianzar su poder. En 1964 se hizo proclamar presidente vitalicio. Su hijo Jean-Claude Duvalier (Baby Doc) lo sucedió en 1971. En enero de 1986 una insurrección popular le obligó a exiliarse y el ejército se hizo con el control del poder mediante la formación de un Consejo Nacional de Gobierno, presidido por el general Henri Namphy.

En enero de 1988 fue presidente Leslie François Manigat, depuesto en julio del mismo año por Namphy. Derrocado a su vez por Prosper Avril. Tras una presidencia provisional de Ertha Pascal Trouillot, depuesta por un golpe de Estado, fue presidente electo a partir de febrero de 1991 Jean-Bertrand Aristide.

Jean-Bertrand Aristide es también depuesto por un golpe de estado en el año 2004. De ahí resurgieron violentos episodios que culminaron en la ocupación de Haití por parte de los "Cascos Azules" de la ONU. En el 2006, en unas elecciones bajo tutela militar multilateral, René Préval resulta “electo” presidente del país.

Es este selecto “general” (para variar) que acepta, sin ninguna objeción, el ingreso al país de Duvalier Jr. mientras que Haití se encontraba en una situación de rebelión general. El asesino Duvalier Jr. que vive en Francia arrancado de su país acusado de genocidio y corrupto (se calcula que huyó con más de cien millones de dólares). Entra, además, con pasaporte diplomático Haitiano ¡!!!! ¿????, se instala en el hotel 10 estrellas KARIBE y entre sus lacayos que le reciben como un “salvador” están los representantes de los candidatos a la presidencia del país ¡!!!, Mirlande Manigat, y Michel Martelly. Es el colmo de la corrupción.

La “residencia” del genocida, respaldado por EEUU y protegido por Francia, está fuertemente custodiada (por si las moscas) por los valientes soldados latinoamericanos de la ONU, eso sí que los soldados yanquis están allí en una proporción de 30 a 1.

Pero… recordemos a Honduras

Estados Unidos y Francia y, por supuesto, “la opinión pública internacional”, temen que el inminente retorno del ex presidente Jean-Betrand Aristide a la nación caribeña obstaculice los planes que tienen para refundar el país.

¿Los perversos de siempre y la “opinión pública internacional” no dijo exactamente lo mismo cuando Zelaya, presidente secuestrado por las FFAA Hondureñas, tan corruptas como las haitianas, quiso entrar a su país?

En una entrevista para TeleSUR (8/03/2011), Jean Gary Apolón, periodista y analista haitiano, indicó que EE.UU. y Francia '' no quieren que Aristide llegue porque tienen otro plan para Haití, hay tantos planes que están haciendo a partir del famoso terremoto, hay miles de millones en juego…" (…)

"… entonces con Aristide sería muy difícil que lleven al pueblo a donde ellos quieren'', añadió el analista.

El Gobierno de Haití autorizó el pasado 31 de enero a Aristide, quien vive exiliado en Sudáfrica desde 2004, para regresar al país. El ex presidente haitiano intentó renovar su pasaporte y regresar al país caribeño en varias ocasiones, pero las autoridades de Puerto Príncipe le negaban la validación del documento. El regreso de Duvalier a Haití con pasaporte diplomático levantó fuertes críticas entre los pobladores, quienes rechazaron que un dictador acusado de crímenes de lesa humanidad y corrupción retornara al país y se le negara la entrada a Aristide, contra quien se perpetró un golpe de Estado. En resumen, podemos, sin temor a equivocarnos, afirmar que estos sucesos se enmarcan dentro de un complicado y controvertido proceso electoral en la nación, que

¿Acaso en Honduras esta OEA corrupta no había votado, ante la presión indignada de los países progresistas del Sur, la condena al Golpe de Estado, la separación inmediata de Honduras del Organismo hasta que no se restituyera a su presidente democráticamente electo más el desconocimiento a TODOS los representantes elegidos por los golpistas mientras dure el gobierno de facto en ese país?, ¿la ONU no tomó la misma resolución que la OEA?

Pero… en ese preciso momento el morenito que vive en la Casa Blanca del tío Tom, se le había salido, en un lapsus de dignidad inconsciente, que lo de Honduras fue un Golpe y que, dos días después, ya más despierto, rectificó y dijo que las FFAA han tomado el Poder por mandato del Congreso y la Justicia Hondureña por hechos antidemocráticos realizados por Zelaya buscado ahora por la Justicia ante la cual el Señor Zelaya debe comparecer. Después de esta descarada voltereta, vino el Sainete, el Imperio ordenó a sus vasallos buscar “una solución pacífica” oponiéndose al regreso de Zelaya a su país porque esa actitud “era irresponsable”. Para concretar esta aberrante proposición, designó a sus secuaces en la OEA y a su títere mayor, J.M.Insulza, para designar un “mediador imparcial”, ese “honor” recayó en su colega, medalla Nobel de la Paz como él, Oscar Arias Sánchez, presidente de Costa Rica, que nada tiene que envidiar al abyecto Álvaro Uribe de Colombia, en su sumisión servil y asquerosa al Imperio Yanqui.

¿No es este libreto macabro el mismo, calcado, al de Honduras que está aplicando EEUU, ésta vez codo a codo con la Francia de Sarkozy y la corrupta OEA en contra de Aristide y el pueblo Haitiano?

Las “elecciones” en Honduras son una mascarada grotesca sostenida por las fuerzas más retrógradas y criminales del Continente Americano, cómplices de la presencia invasora de los “Cascos Azules” y los militares fascistas chilenos.que, mientras sigan ocultando sus criminales y sus crímenes, no tienen moral alguna para imponer orden en otras tierras del mundo… pero la Concertación de la Bachelet, orgullosa de sus FFAA, los mandó allí para no quedarse sin los agradecimientos del Imperio y para apoyar al gordo Insulza que, en esos días, aparte de ser “socialista” como ella, expresaba veleidades presidenciales para el período post-Bachelet.

Pero…quiénes son estos candidatos a presidentes de Haití, impuestos por los EEUU y sus secuaces en la OEA con la bayoneta en el pecho del pueblo hondureño?

Mirlande Manigat, de 70 años, esposa de un ex presidente de Honduras, François Leslie Manigat, derrocado después de solo 134 días de presidente (Febrero de 1988 a Junio del mismo año) por un Golpe de Estado militar, el derrocado no dijo ni pío, el pueblo hizo lo mismo, (adivinen dónde se exilió, acertaron, en Miami). Doña Mirlande Manigat es cofundadora del partido Agrupación de Demócratas Nacionales Progresistas (RDNP) (¿?), ella dice que su partido es de inspiración Socialdemócrata, vulgarmente, una Democracia Cristiana, tan corrupta como la chilena, es decir, un peón más del Imperio.

El otro candidato, Michel Martelly, es un cantante que ha vivido en los EEUU casi toda su vida (tiene nacionalidad yanqui) donde se hizo conocido en un programa más malo que Sábados Gigantes, imagínenlo como Presidente, sería como Don Francisco en la Moneda, tiene esperanzas de ganar dice Martelly que, sin ruborizarse, confesó a la agencia Reuters “yo no tendría ningún problema para pedirle a Baby.Doc Duvalier ser mi consejero, tiene tanta experiencia…”. Los resultados definitivos serán dados el próximo 16 de abril… si no hay sorpresas.

Declaraciones del único presidente democráticamente electo en Haití:

“Cuando decimos democracia, tenemos que explicar lo que estamos diciendo. Desafortunadamente, ese no es el caso de Haití. Ellos (el Gobierno) hablan de democracia, pero se rehúsan a organizar elecciones democráticas libres y justas. ¿Se debe esto a algún tipo de ocupación neocolonial? ¿Es porque todavía quieren la exclusión y no la inclusión por lo que se niegan a organizar elecciones democráticas libres y justas?

“El año pasado vimos que ellos querían elecciones, pero lo que en efecto tenían (previsto hacer) era una selección y no una elección. Hoy ellos están yendo de lo mismo a lo mismo. No están planeando tener elecciones libres y justas. Están planeando realizar una selección. Ellos excluyeron al partido Lavalas, que es el partido de la mayoría. Eso es como si en EEUU quisieran organizar una elección sin los Demócratas. Así que, desde mi punto de vista, Wyclef Jean pasó de ser un artista a ser candidato, porque eso era bueno para quienes se rehúsan a las elecciones, porque así podían tener un “circo mediático” para ocultar el problema real, que es el de la inclusión de la mayoría”.

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La guerra contra el narco y el héroe Eliot Ness

Salvador del Río (especial para ARGENPRESS.info)

Inexplicablemente, la ciudad de Cuernavaca, la capital del Estado de Morelos donde Emiliano Zapata nació y luchó por la tierra de labor para quien la trabaja, desde hace décadas es identificada, sobre todo en Europa, como el escenario donde se desarrolla la banal historia de Geoffrey Filmin, Bajo el Volcán, una historia de alcohol y desasosiego escrita por Malcolm Lowry y llevada luego al cine con absurdo éxito.

Hoy Cuernavaca proyecta al mundo una verdad distinta, la de uno de los sucesos de sangre que han concitado la indignación internacional como uno de los cientos, miles de episodios de la “guerra” declarada contra el narcotráfico y la “delincuencia organizada”, una guerra que el presidente Felipe Calderón se niega a reconocer como tal pese a que desde su comienzo en 2006 así la llamó públicamente.

Mientras en Cuernavaca el padre de uno de los siete jóvenes masacrados, el poeta y periodista Jorge Sicilia, se declara en plantón frente a la alcaldía de la ciudad y emplaza al gobierno federal, a todas sus instancias, a resolver el cinco días el crimen múltiple, en otro lugar de gran atractivo turístico, Cancún, frente al Caribe Mexicano, se escuchan inquietantes pronunciamientos en nada tranquilizadores respecto a las operaciones policíacas y militares en la batida que ha costado ya entre 35 mil y 40 mil vidas –delincuentes, mexicanos, extranjeros, militares, civiles, inocentes o culpables, pero todos seres humanos—desde diciembre de 2006.

En esa reunión de Cancún, llamada Cumbre Mundial Antinarco, se han escuchado voces ominosas. El secretario de Seguridad de México, Genaro García Luna, predice la prolongación del combate armado al narcotráfico cuando menos por siete años más; es decir, lo que resta de la administración de Calderón y el próximo sexenio, seguro como parece de que la política del siguiente gobierno será una continuación de la guerra por encargo dirigida por Estados Unidos.

Que se trata de una guerra de subordinación lo confirma, aunque la ratificación no fuera necesaria, el tono de unas declaraciones producidas en Cancún por el subsecretario antinarcóticos del Departamento de Estado de Estados Unidos, William Brownfield, quien en todo momento usó el plural al referirse a la guerra que se libra en México. Estamos convencidos, continuaremos atacando a la delincuencia, repitió el funcionario norteamericano para luego, en una conferencia de prensa,, vaticinar que esta guerra llevará varios años y sostener que más de cien millones de mexicanos “han decidido” mantenerla hasta derrotar al tráfico de estupefacientes.

Si los mismos conceptos –“seguiremos siendo contundentes en la persecución de los delincuentes”—fueron expresados por el presidente Felipe Calderón en la clausura de la llamada Cumbre, el subsecretario Brownfield estableció una serie de comparaciones entre la situación que actualmente se registra en México, especialmente en la fronteriza Ciudad Juárez, y la que presentaban las ciudades de Medellín, en Colombia en los años ochenta y noventa del siglo pasado y Chicago en la época de la prohibición del alcohol de 1920 a 1933.

Desafortunada comparación la del subsecretario Brownfield, especialmente en lo que se refiere a la llamada Ley Seca, establecida bajo la presión de los círculos puritanos de los Estados Unidos. En 1920 entró en vigor la enmienda constitucional que prohibía la venta y consumo de bebidas alcohólicas, conocida como la Ley Voestead, por el apellido de su autor; en trece años de su vigencia surgió en Estados Unidos el comercio ilegal del alcohol y la actividad de una delincuencia simbolizada por las mafias cuya insignia fue el legendario al Capone, encarcelado sólo cuando se logró imputarle delitos contra el fisco. Las administraciones norteamericanas de esa época no resolvieron el problema y en 1934, ante el fracaso de la batida contra las bebidas, la cerveza incluida, la Ley seca fue derogada y los episodios de esos fallidos combates fueron convertidos en películas y series de televisión que hoy perduran en la figura de Eliot Ness como el “héroe” en la lucha contra el mal. Una lucha que en la realidad fue una derrota, tardíamente reconocida en medio del comercio ilegal proveniente de Canadá, de la Cuba dominada por Estados Unidos e inclusive de México, en cuya frontera con Estados Unidos se instalaron destilerías clandestinas para la introducción del alcohol al territorio norteamericano, donde el consumo nunca ha sido eliminado.

Equiparar, pues, los años de la prohibición del alcohol con la “guerra” contra el narcotráfico equivaldría a reconocer que se trata, como en los años veinte, de una batalla perdida que no podría ser exitosa sino con el reconocimiento de la imposibilidad de acabar con el consumo, o bien con la legalización de las drogas, como insistentemente se ha demandado.

Mientras tanto, la guerra por procuración, por encargo, seguirá costando vidas y recursos y dañando la imagen de un país al que se somete por la fuerza de una subordinación sin precedentes en su historia.
Salvador del Río es periodista y escritor mexicano.

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Panamá: La inflación y las fuerzas “ciegas” del mercado

Olmedo Beluche (especial para ARGENPRESS.info)

El costo del canasta básica de alimentos, en un año, aumentó B/. 14.38, elevándose de B/. 271. 39 a 285.77; de octubre de 2010 a abril de 2011, el precio de la gasolina (95 octanos) se elevó un 35%, pasando de 3.13 a 4.23 por galón, y se vaticina que puede alcanzar hasta los 5 balboas de aquí a fin de año; el director de la ATTT acaba de decretar, ilegalmente, el aumento del transporte público en 21%; a lo cual hay que añadir el aumento de los precios de otros bienes necesarios como la electricidad, por ejemplo. Todo esto implica en concreto la pérdida de poder adquisitivo de los asalariados y sus familias, es decir, que cada vez pueden comprar menos con sus salarios, con su secuela de pequeñas tragedias que los medios no reportan, desde la “olla volteada” en muchos hogares, a las necesidades que deberán ser postergadas.

Ante todo esto, ¿qué dice el gobierno panameño? Que no puede hacer nada o casi nada, salvo los “subsidios” que ya provee, como los “100 a los 70” y la escuálida “beca universal”, el subsidio al diesel y a la electricidad, que totalizan miserables 92 millones, de un presupuesto que supera los B/. 13,000 millones, es decir, 0.7% del presupuesto gubernamental. Claro que, en materia presupuestaria, el asunto depende de definir las “prioridades” y, como es de esperarse en un gobierno empresarial, presidido por un comerciante, antes que la atención a los pobres están los negocios: 1,000 millones para ICA y PYCSA; 300 millones para la Torrre Financiera de Vallarino; 4,000 y más millones en carreteras definidas por el ministro de la Constructora Suárez; otras 1,000 millones para el “Metro” cuya conveniencia no está clara; sin contar los 5,000 o más millones de la cuestionada ampliación canalera.

En fin, “decisiones”, como dice la canción de Rubén Blades. Cada gobierno decide en materia económica en función de los intereses de clase que representa. Al respecto, el gobierno de Martinelli ha sido toda una escuela política para el pueblo panameño, que cada vez está más convencido de que éste gobierna para los ricos. Así lo expresan desde los usuarios del transporte varados en la 24 de Diciembre hasta los sufridos compradores de la peatonal cuando son entrevistados por los noticieros. Lo que necesitamos es un gobierno que decida en función de la mayoría, o sea, de la clase trabajadora. Que decida, por ejemplo, un aumento general de salarios que equipare el aumento de la inflación (indexación) y congele la canasta básica alimenticia; que le ponga el cascabel a las distribuidoras de combustible, que nacionalice la producción y distribución eléctrica.

Pero cuando alguien propone medidas concretas, como los anteriores, los funcionarios gubernamentales y los voceros del gran capital nos salen con que no se puede porque la economía está dominada por unas fuerzas “ciegas” (oscuras) que son las que deciden y sobre las que supuestamente no tenemos control, como si tratara de genios malignos o dioses perversos. Que el petróleo sube por culpa de Kadafi, o de los chinos, o porque se va a acabar; que “el libre mercado”, etc.

Este tipo de argumentos es lo que Carlos Marx llamaba el “fetichismo de la mercancía” (Lukacs le llamó “reificación”), es decir, convertir a un producto humano, como el dinero (la mercancía universal), en un ídolo que gobierna nuestras vidas, mientras los seres humanos concretos nos volvemos quedamos impotentes ante ese dios que nos oprime (“cosificación”). Marx desenmascaró esa falacia para demostrar que esos fetiches sirven a los intereses específicos de la clase capitalista, y que la humanidad debe y puede aspirar a una economía plenamente controlada por las mayorías.

Las crisis internacionales como la actual sirven para demostrar a beneficio de quién se maneja la economía. Pues el alza del petróleo y la inflación de los precios tienen su explicación central en la política económica norteamericana de propiciar la devaluación del dólar (20% desde 2005) para financiar su enorme déficit público (que se gasta en armamentos), lo cual propicia que los especuladores abandonen esa divisa para invertir (especular) en “comodities” (materias primas como el petróleo y los alimentos, además de metales como el oro). Sin duda, cuando Bush, Obama y la Unión Europea decidieron salvar con subsidios públicos a los bancos y especuladores, y no a los que perdían sus casas, fueron motivados por intereses bien concretos.

En Panamá sucede a pequeña escala lo mismo: la participación en el PIB de todos los salarios del país se redujo en un 11% desde el año 2,000 a esta fecha, mientras que esa diferencia fue a parar a los bolsillos de las ganancias empresariales. Ellos son más ricos y nosotros más pobres. Y seguirá así mientras ellos tengan el gobierno, porque es allí donde se decide el tamaño del pedazo del pastel que le toca a cada quién. Si queremos congelar el precio de la canasta básica, está demostrado, no se puede elegir de presidente a un comerciante, hay construir un instrumento político de la clase trabajadora.

Si bien hay factores internacionales que no se pueden controlar desde un pequeño país como Panamá, y que deberán esperar que los trabajadores de las grandes potencias pongan en jaque a sus capitalistas, también es cierto que aquí se pueden tomar muchas medidas de mitigación frente a la inflación. Pero asumir esas medidas que pongan freno a la avidez de ganancias de unos pocos requiere “voluntad política”, y ella no provendrá de partidos que están controlados por la oligarquía nacional, tanto del oficialismo (CD y Panameñistas) como de la oposición burguesa (PRD y PP). Hay que construir el partido político que exprese los intereses de los oprimidos. Por ello insistimos en la construcción del Partido Alternativa Popular (PAP) como un partido legal-electoral, pese al antidemocrático sistema vigente.

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Un juicio de Guantánamo que tendrá lugar en Nueva York

Amy Goodman (DEMOCRACY NOW!)

El mismo día en que el Presidente Obama lanzó oficialmente su campaña para la reelección, el fiscal general de su gobierno, Eric Holder, anunció que el juicio de los principales sospechosos de los ataques del 11/S no tendrá lugar en tribunales federales, sino mediante polémicas comisiones militares en Guantánamo. Holder culpó a los miembros del Congreso, quienes, según afirmó, "han intervenido e impuesto limitaciones que impiden al gobierno llevar a juicio, en Estados Unidos, a un prisionero de Guantánamo." Sin embargo, un caso de Guantánamo será juzgado en Nueva York. No, no se trata del juicio contra Khalid Sheikh Mohammed, ni de ninguno de sus presuntos cómplices. Esta semana, se expondrán ante la Corte Suprema del estado de Nueva York los argumentos contra John Leso, un psicólogo acusado de participar en procedimientos de tortura llevados a cabo en la prisión de Guantánamo, que Obama prometió clausurar, pero no cumplió.

La causa fue presentada por la Unión por las Libertades Civiles de Nueva York y el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA, por sus siglas en inglés) en representación de Steven Reisner, psicólogo de Nueva York y asesor de Médicos por los Derechos Humanos. En torno a Reisner se agrupa una creciente cantidad de psicólogos que se manifiestan contra la participación de psicólogos en los programas de interrogatorios del gobierno de Estados Unidos, los cuales, en su opinión, equivalen a la tortura. A diferencia de la Asociación Médica Estadounidense y de la Asociación Psiquiátrica Estadounidense, la Asociación Estadounidense de Psicología, la mayor asociación de psicólogos del mundo, se ha negado a implementar una resolución aprobada por sus miembros que prohíbe a los mismos participar de interrogatorios en lugares donde se viola el derecho internacional o la Convención de Ginebra. El Dr. Reisner es hijo de sobrevivientes del holocausto y se postula a presidente de la Asociación Estadounidense de Psicología, en parte para obligar al cumplimiento de esta resolución.

El Dr. John Francis Leso es comandante del Ejército de Estados Unidos y ex jefe del servicio de psicología clínica del Centro Médico Walter Reed de Washington D.C. Según el comité de Justicia y Responsabilidad, CJA, el Dr. Leso "dirigió el primer Equipo de Asesoramiento en Ciencias del Comportamiento (BSCT, por sus siglas en inglés) en Guantánamo, entre junio de 2002 y enero de 2003." Allí fue "coautor de un memorando de políticas de interrogatorio que incorporaban técnicas ilegales adaptadas a partir de métodos utilizados por los gobiernos de China y Corea del Norte contra los prisioneros de guerra de Estados Unidos."

Reisner entabló una demanda ante el organismo del Estado de Nueva York encargado de otorgar la habilitación a los psicólogos, la Oficina de Disciplina Profesional de Nueva York (OPD, por sus siglas en inglés), por la que solicita se lleve a cabo una investigación y se tomen las medidas disciplinarias que correspondan. Reisner explicó por qué optó por este camino: “Los profesionales de la salud están sujetos a valores morales más altos aún que los interrogadores o los hombres y mujeres del ejército. Están sujetos a un código de ética y este código de ética surge del hecho de que las personas somos más vulnerables ante los profesionales de la salud porque ellos están al tanto de información privada, de debilidades, de problemas psicológicos y físicos, y están al tanto de esa información porque juran no abusar de ella para causar daño. Por lo tanto, cuando profesionales de la salud utilizan esa información y su conocimiento para causar daño, hay que someterlos a sus obligaciones éticas y asegurarse de que esas personas rindan cuentas de sus acciones y se les revoque su licencia de ser necesario.”

La Oficina de Disciplina Profesional de Nueva York se negó a investigar y por ese motivo, Reisner procura obtener una orden judicial que obligue a ese organismo a llevar a cabo una investigación.

El Comandante Leso recomendó tres categorías de intensidad para los interrogatorios en Guantánamo en función de la capacidad de resistencia del prisionero. La “Categoría III” incluye “20 horas de interrogatorio a diario, estricto aislamiento sin derecho a visitas de profesionales de la salud tratantes o del Comité Internacional de la Cruz Roja, restricciones alimenticias durante 24 horas una vez a la semana, escenarios diseñados para convencer al prisionero de que podría pasar por una experiencia dolorosa o fatal, consecuencias físicas no consideradas lesiones, quita de vestimenta y exposición a clima frío o agua fría hasta el momento en que el prisionero comience a temblar.”

Se cree que Leso habría participado en el interrogatorio de Mohammed al-Qahtani, un hombre joven detenido en Afganistán al que llaman el “20º secuestrador.” El interrogatorio de Al-Qahtani fue tan severo que luego fueron retirados los cargos en su contra. Al-Qahtani es representado por el Centro por los Derechos Constitucionales, el cual, en respuesta al anuncio del Fiscal General Holder, afirmó: “El gobierno de Obama ha admitido su fracaso político hoy al anunciar que juzgará a los acusados de los ataques del 11/S mediante el profundamente viciado sistema de comisiones militares en lugar de hacerlo en tribunales civiles según el Artículo III como se había previsto inicialmente. Al mismo tiempo que Estados Unidos exhorta a la aplicación del Estado de derecho en Medio Oriente, lo subvierte en su propia casa.”

Es larga la lista de nombres de funcionarios estadounidenses implicados en la tortura, sin embargo, ni uno solo de ellos ha enfrentado cargos: George W. Bush, Donald Rumsfeld, John Yoo, Alberto Gonzales y los psicólogos Coronel Larry James y John Leso, entre otros. Al tiempo que en todo el mundo se celebra la “primavera árabe”, en Estados Unidos deberíamos dar vuelta otra página y celebrar también una “primavera estadounidense”, una que rechace la tortura y no tenga miedo de hacer uso de su sistema judicial para juzgar terroristas o torturadores.

Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.

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Cien horas con Fidel y ni un minuto contra la legalidad burguesa

J. M. Álvarez

Escribe Ignacio Ramonet en su articulo “Libia, lo justo y lo injusto” lo siguiente (extracto) sobre la guerra de Libia.

“Se puede estar en contra de la estructura actual de Naciones Unidas (...) O que las potencias occidentales dominan esa organización. (...) Pero, por ahora, la ONU constituye la única fuente de derecho internacional. En ese sentido, y contrariamente a las guerras de Kosovo o de Irak que nunca tuvieron el aval de la ONU, la intervención actual en Libia es legal, según el derecho internacional; legítima (....)
Evidentemente, Ignacio Ramonet se refiere al Derecho Internacional burgués al que yo, como obrero, no le concedo legitimidad alguna; por tanto, bajo mi punto de vista, la guerra contra Libia es una monstruosidad imposible de justificar.
Es muy bonito estar 100 horas con Fidel, pero no estaría de más dedicar, al menos un minuto para condenar la legalidad burguesa que genera crímenes contra la humanidad, y algo más de tiempo para combatir el orden establecido, aquí en el centro del Sistema donde habitamos. Así ayudaríamos a nuestros hermanos de clase libios, cubanos, venezolanos y todos aquellos amenazados por las “leyes” imperialistas.
Ramonet debería releerse este párrafo, de una de las reflexiones que Fidel ha dedicado a la agresión occidental contra Libia:
“Ni siquiera los líderes fascistas de Alemania e Italia fueron tan sumamente descarados a raíz de la Guerra Civil Española desatada en 1936”
¿Desde cuándo hay que acatar leyes fascistas?

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¿Un Estado palestino? ¡Sí, gracias!

Adrián Mac Liman (CCS)

La espectacular oleada de revueltas que hacen temblar los cimientos de los arcaicos regímenes de Oriente Medio y el Norte de África ha logrado relegar en un segundo, véase tercer plano, los reñidos combates ideológicos que están librando desde hace meses las diplomacias israelí y palestina.

Durante las primeras semanas de enero, los medios de comunicación occidentales aún se hacían eco de la imparable ofensiva llevada a cabo por la Autoridad Nacional Palestina (ANP) para lograr el reconocimiento de facto del Estado palestino por los países latinoamericanos. La “operación sonrisa” surtió efecto: tanto Argentina como Brasil, gigantes del continente americano que, dicho sea de paso, cuentan con nutridas comunidades israelitas, optaron por dar luz verde al reconocimiento. Acto seguido, los emisarios de la ANP centraron su interés en algunos Estados de América Central – Honduras, Guatemala y El Salvador – países pequeños, pero muy activos e influyentes en las Naciones Unidas.

Pero, ¿qué pretenden los palestinos? El principal objetivo de estas maniobras consiste en lograr la aprobación por la Asamblea General de las Naciones Unidas de una resolución recomendando, cuando no exigiendo, la creación del Estado palestino. La Asamblea es, de hecho, el único órgano de la ONU donde los amigos de Israel – Estados Unidos y/o Inglaterra – no pueden ejercer su derecho de veto. Estiman los analistas políticos israelíes que la estrategia empleada por la ANP es correcta, ya que los palestinos han logrado ganar la ofensiva propagandística.

Subsisten, por supuesto, muchos interrogantes, como por ejemplo la actitud de la Unión Europea, hasta ahora muy propensa a poner en tela de juicio la oportunidad de declarar “unilateralmente” la independencia de los territorios palestinos. El frente de rechazo europeo está liderado por Inglaterra, Alemania y los Países Bajos, incondicionales de Israel. Sin embargo, hay quien estima que la cohesión de “los 27” podría romperse. El primer país “disidente”, es decir, dispuesto a apartarse de la línea de conducta común, sería España. Seguirán su ejemplo Eslovaquia y los Estados nórdicos – Suecia, Finlandia y Noruega, este último, no miembro de la Unión. A ello se suma, claro está, la postura muy firme de Rusia, heredera de la política meso-oriental de la Unión Soviética. El presidente Medvedev reiteró durante su reciente gira por Oriente Medio el apoyo de Moscú a la .creación del Estado palestino. Más aún: Rusia, que forma parte del Cuarteto para Oriente Medio, sigue barajando la opción de patrocinar una conferencia internacional sobre la paz en la zona.

Hoy por hoy, resulta sumamente arriesgado evaluar las repercusiones políticas de un posible voto positivo de la Asamblea de la ONU. Al parecer, la Cancillería israelí está considerando todas las opciones, sin descartar las más “catastróficas”, las peores para el Estado judío. Según el rotativo hebreo Ha’aretz, ha diseñado el mapa de un futuro estado palestino independiente. El borrador se limita a reconocer y aceptar el statu quo actual, concediendo a los palestinos un 40 ó 45% de los territorios de Cisjordania. Todo ello, dentro de unas fronteras provisionales, cuyo trazado definitivo se decidirá en consultas bilaterales.

Ante la amenaza que supone la avalancha provocada por la diplomacia palestina, las autoridades de Tel Aviv tratan por todos los medios de conseguir la anulación del informe Goldstone, redactado por un jurista sudafricano de origen judío, que condena la actuación de las tropas hebreas (aunque también de Hamas) durante la invasión de la Franja de Gaza a finales de 2008 y comienzos de 2009. Pero Richard Goldstone, desprestigiado tanto en Israel como en las comunidades de la diáspora, no quiere dar su brazo a torcer. Claro que del “escamoteo” del informe depende el éxito o el fracaso de la contraofensiva diplomática de Tel Aviv en el palacio de cristal de Manhattan.

De aquí a septiembre, Israel jugará todas sus bazas. Esta vez, en un ambiente socio-político diferente. El Estado judío ya no puede enorgullecerse de ser la única democracia de Oriente Medio. Los vientos de cambio que soplan en la región deberían incitar al establishment de Tel Aviv a adoptar una postura más dialogante para con sus vecinos árabes. Guste o no al ala más conservadora de la clase política hebrea. Guste o no a los aliados incondicionales de Israel.

Adrián Mac Liman es Analista político internacional.

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No hay pensadores ni articulistas marxistas

Jaime Richart (especial para ARGENPRESS.info)

Hace 50 años, joven de mí, me presenté a la primera oposición a Técnicos de Administración Civil. (Los tecnócratas salidos de ella fueron los que prepararon -sin mí- la España que luego fue). En el examen escrito me lancé temerariamente a razonar desde el planteamiento y óptica marxistas sobre el tema propuesto: "Estabilidad económica y Plan de Desarrollo". El resultado es fácil de imaginar.

Me había hecho tanto efecto leer profusamente a Marx, que pudo más en mí la necesidad de tantear esa "imprudencia" que el elemental pragmatismo de ganar la oposición. Luego me presenté a otra oposición, que gané, en la que la economía no formaba parte del temario, sólo Derecho. Así, aquella “torpeza” condicionó mi vida. Estoy hablando de sólo 25 años después de terminada la guerra civil.

Pero hoy día de libertad teórica a manos llenas y sumidos en una democracia de postín, tampoco en las universidades capitalistas se enseña marxismo. A duras penas se habla de él salvo para hacer hincapié en el “materialismo histórico” y condenarlo como una pieza de museo. Faltaría más. Cayó con la URSS y el Muro de Berlín. Y lo que de él se enseña y se estudia se hace con actitud muy crítica, de pasada y como pensamiento mostrenco o trasnochado. Es muy raro (yo no le conozco) que un aspirante a cátedra de la universidad pública gane una oposición de sociología, de historia o de economía partiendo intelectualmente de las premisas de Karl Marx.

¿De dónde salen, pues, no sólo los catedráticos y enseñantes, sino también los pensadores, los analistas, los articulistas, los sociólogos, los economistas y miembros de los institutos académicos y de los colegios profesionales que “creen” en el marxismo o en el socialismo real? De ninguna parte, de ningún centro que haya recibido el visto bueno de los administradores del pensamiento único. No los hay. Los que creen en él, para ser acogidos en los medios gráficos o audiovisuales no pueden hacer apología del marxismo. Si quieren participar del barullo dialéctico, han de haber abjurado antes de su convencimiento y adaptarse, bien al dogma keynesiano, bien al de los ensayistas mediáticos estadounidenses que fabricaron el neoliberalismo: la revolución social desde arriba. Los convictos marxistas son como los masones en tiempos de la dictadura franquista. Por eso no debe extrañar que al no estar sufragado ese sistema de pensamiento por ninguna escuela pública y menos. por una privada (a menos que sea clandestina o semiclandestina), todo discurso público sobre economía será tejido a base de patrones macroeconómicos neoliberales o bajo el disfraz socialdemócrata. La burda, coja y alambicada nomenclatura de la economía de mercado no hace más que remachar que hay que huir del intervencionismo del Estado. Y sólo se considera positivo si socializa las pérdidas y privatiza los beneficios, obviando, además, que la libertad de mercado sólo se aplica a la menudencia y lo que domina es el oligopolio hoy día llamado lobby. En todo caso, como en la España franquista se nos hacía creer que fuera de la Iglesia (la católica, naturalmente) no había salvación del alma, hoy todos los que dirigen de uno u otro modo la sociedad nos hacen creen que no hay salvación material fuera de la democracia neoliberal ni del l capitalismo financiero.

He leído la controversia entre Vicenç Navarro y Cristóbal García Vera. Vicenç Navarro es uno de los campeones del discurrir socialdemócrata. Y sus construcciones puede decirse que son impecables... pero eso sí, dentro del sistema. Por eso no se explica por qué toma como insulto las alusiones a él que hace en su artículo García Vera. El mismo Navarro asume el ideario socialdemócrata en sus análisis político-económicos. Así lo vio García Vera. Por lo que no necesita de mi abogacía…

Por lo demás, tan lamentable como esta grave carencia de alegaciones marxista-socialistas acerca de la economía que padecemos es que los que han pasado a ser los predicadores de la socialdemocracia se rasguen las vestiduras porque otros que a su lado no somos nadie, nos atrevamos a desmentirles o a desmontar sus tesis. Pues a veces, a fuerza de dar vueltas de tuerca de esa manera contra el capitalismo, lo que hacen es –lo repito- reforzarlo. Pero para nosotros el capitalismo no puede reformarse ni transformarse más que bajo otra apariencia. Sus reformas son argucias para perpetuarse. Y esas reformas propuestas muchas veces rozan la patraña involuntaria si en el “cándido” reformador anida el espíritu marxista que no se atreve a descubrir porque sería automáticamente fulminado desde diversas instancias. Con lo que nos da la impresión de que lo que nos vende es más dosis de capitalismo sin que lo parezca. Un tal Solana también era socialista de carnet, y desde hace muchos años está cumpliendo cometidos absolutamente neoliberales entroncados con el capitalismo, con la OTAN, el brazo armado del capitalismo euro-estadounidense...

En cuanto al periódico “Público”, he sido el primero en señalarlo como otro medio más de las componendas ideológicas. Lo que sucede es que lo leo, como leo otros (aunque nunca creo que merezcan ser contestados dada la catadura de sus opinadores) porque considero necesario estar al corriente de lo que dicen los columnistas más alejados del fascismo a base de lenguaje “políticamente correcto” para poder estar ahí. De momento no podemos aspirar a más, pues el lenguaje jacobino o revolucionario, hoy por hoy sólo tiene cabida en Mundo Obrero, en Diagonal y en la Internet.

En cualquier caso, lo que nos interesa a todos los que comparecemos por estos escenarios como marxistas no es adoctrinar, sino imbuir lo más rápidamente posible a los que manejan los hilos de la sociedad de la idea de que el capitalismo ha fracasado. Y que las posibilidades únicas de salvación de la sociedad capitalista está en convertirse en una sociedad global que parta del marxismo revisado. Sólo la lucha política y económica por la igualdad que parte de ese presupuesto nos podrá salvar. Nos podrá salvar… incluso de la propia China donde el comunismo ha triunfado pero caminar de nuevo hacia la perversión de la libertad ficticia de mercado capitalista.

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