miércoles, 13 de abril de 2011

La elección presidencial en Perú y el esquivo botín del centro político

Juan Francisco Coloane (especial para ARGENPRESS.info)

Tanto Ollanta Humala como Keiko Fujimori, elegidos para la segunda vuelta, necesitan de los votos del esquivo centro político moderado que han permitido la riqueza de pocos y la pobreza de muchos, según se atestigua por las declaraciones de los mismos candidatos presidenciales.

Tanto Humala como Fujimori aparecen señalados por una amplia legión de comentaristas como las alternativas menos favorables para mantener el actual sistema.

¿Será así? ¿Cuál es el margen de posibilidades bajo un sistema muy acotado en lo económico e imprevisible en lo político?

Tanto Humala como Fijimori, representan posiciones que inquietan al sector empresarial no solo del Perú sino que de la región que invierte en este país. También inquietan a los sectores medios altos que se han beneficiado con el tipo de crecimiento económico adoptado por la nación del virreinato español.

Tanto el izquierdismo nacionalista –cada vez más moderado en su retórica- de Humala, como el autoritarismo rígido implantado en un sistema de redes y lealtades tipo Yakuza de Fujimori, son considerados por una variada gana de comentaristas posicionados en los medios de la región y por los voceros del gran capital, como una amenaza al actual sistema de crecimiento económico del Perú; basado en una agresiva inversión extranjera, desregulación y privatización, el eje en el flujo de capitales.

Las posiciones de centro de P.P. Kuszynski y Alejandro Toledo que respaldan firmemente este sistema, fueron las que perdieron con el electorado en la primera vuelta. Con todo, representan más del 30 por ciento del votante, y si se le agrega la votación de Luís Castañeda, ese centrismo que aboga por la estabilidad del sistema con algunos cambios de cosmética, supera el 40 por ciento que será decisivo para las pretensiones de los dos “extremistas” vencedores para la segunda vuelta.

Una interesante disyuntiva tiene el electorado peruano para la segunda vuelta en esta elección presidencial. El tema no es ni el fortalecimiento de la democracia bajo un sistema económico que la acosa permanentemente a través de la descomposición social, ni la recuperación del sistema político en virtual desmembramiento por la decadencia de los partidos políticos, sino obtener el poder a toda costa adoptando las posiciones de ese esquivo “centro político”.

Definido sucintamente como el punto intermedio entre los consabidos extremos como la tentación fascista de los protectores del gran capital, y la revolución marxista de los que postulan la transformación del sistema capitalista, -considerando por cierto una variada paleta de colores políticos entre estas dos posiciones-, el centro político debe ser el botín más preciado y más abstracto al mismo tiempo porque en el fondo es una entelequia en sí mismo.

Lo vemos diariamente con el gobierno de Barack Obama en EEUU y Angela Merkel en Alemania. Ambos jefes de estado luchan con sus respectivas oposiciones intentando adoptar una posición de centro para poder gobernar y hacer en última instancia algo útil para la población en general. En pos de la democracia, el centro político al final es un vaivén de posturas del político o la política que gobierna para satisfacer la variedad política del electorado donde cada voto cuenta, incluyendo las dos posiciones extremas señaladas.

Es así que este centro político en definitivas cuentas es una aspiración que cada cual entiende a su manera para articular poder y hasta puede perjudicar al político que gobierna porque el electorado también requiere de definiciones, o de líderes que se paren frente a los temas con posiciones definidas y no con ambigüedades.

Conciliar un revuelto naipe político en Perú para la decisión definitiva en junio es un desafío de políticos y electores por igual en un escenario que sin lugar a dudas es el producto más real en política. Algunos lo definen como un sistema político de caudillismo más que de partidos, y no el sistema con partidos en la apariencia con los mismos caudillos que predomina en la región. Aún así, en Perú al menos, lo que se ve es más lo que es y no otra cosa que se define con mucha pompa de republicanos de universidad más que de sociedad.

Puede ser que del Perú venga una manito que refresque a la política en la región, y entregue un camino más viable que contenga tanta devastación social a manos del gran capital. Los dos contendores representan dos identidades marcadas y en eso el electorado peruano envió una señal.

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Paro Cívico Nacional en Honduras fue agredido en la Universidad Pedagógica (UPN)

Dick Emanuelsson - Mirian Huezo Emanuelsson (especial para ARGENPRESS.info)

La rectora Lea Azucena Cruz dice no tener “elementos” para condenar las acciones de los uniformados que convierten la UPN en una cámara de gas.


El Paro Cívico Nacional convocado por la central obrera CUTH y la Resistencia hondureña, fue contundente en gran parte del territorio nacional. La protesta este día fue el segundo paro nacional en dos semanas y fue en contra el disparo de precios de energía, combustible y la ola de leyes lo que el movimiento popular hondureño consideran como “antipopulares” y política de hambre.


En el departamento de Olancho la participación fue masiva y la Red Morazánica reportaba que “Olancho vivió momentos de terror cuando la policía disparó con bala viva contra la toma de la carretera que lleva de Juticalpa a Tegucigalpa. Se reportan de varios heridos y decenas de golpeados”.

En Tegucigalpa había dos tomas. La gran concentración se efectuó en el punto cardinal en donde se cruza la carretera Sur y Norte, ambas carreteras de vital importancia por la exportación e importación del país ya que conducen al Puerto Cortes en la costa norte y hacia Guatemala y la Carretera Sur que va hacia El Salvador y Nicaragua.


Pero a las 12.00 horas, el líder campesino Rafael Alegría declara el paro por terminado y expresa que ha sido un gran éxito en toda Honduras. Al mismo tiempo que Alegría invita a los miles de manifestantes en las carreteras a un acto político en la sede del sindicato Stibys sobre el encuentro el sábado pasado en Cartagena, Colombia, entre Chávez, Santos y Lobo, centenares de estudiantes son gaseados terriblemente en la Universidad Pedagógica (UPN).

Nosotros optamos por irnos para cubrir los acontecimientos en la UPN.

* * *

- En vez de comprar comida y alimentación, compran estas bombas lacrimógenas que cuestan 5000 lempiras (260 dólares) por bomba, dicen dos estudiantes.

Los estudiantes de la UPN, Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, están indignados y nos muestran una bomba lacrimógena que no explotó cuando los estudiantes fueron atacados salvajemente por la Fuerza Publica. La bomba mide por lo menos 15 centímetros de alto y tiene un diámetro de 7-8 centímetros.

Miles de estudiantes agrupados este día en una manifestación pacifica en la UPN y en sus alrededores, acababan de ser gaseados por los Comandos Cobras y la Policía Preventiva. Pero los uniformados son replegados por los estudiantes. Sus tanquetas no han podido llegar por las enormes congestionamientos que se han formado como consecuencia del Paro Cívico Nacional.

Foto: Honduras - La rectora de la UPN, Lea Azucena Cruz. / Autora: Mirian Huezo Emanuelsson

La rectora de la UPN, Lea Azucena Cruz, de repente aparece pero no quiere dar declaraciones a la prensa nacional. Pero ante la mirada y preguntas de este humilde reportero internacional no sé por que pero se sintió obligada a responder.

* Usted es directora de UPN, ¿cómo se llama Usted?

- Lea.

* Los uniformados están disparando a dentro de la UPN....

- Estoy sorprendida por que entró un grupo de estudiantes de secundaria. Las clases acá estaban efectuándose. Queremos proteger la comunidad universitaria y queremos que los desalojen.

* ¿Usted condena ese tipo de ataques por parte de los uniformados?

- No tengo muchos elementos para. . .

* ¿Pero Usted no sabe si han entrado o no las bombas acá?

- Yo vengo de una reunión. . .

* Por eso le pregunto.

- Usted no puede hacerme responder las preguntas que Usted quiere.

* El 27 de agosto el año pasado convirtieron (la Fuerza Pública) la UPN a una cámara de gases.

- Mire, Usted no ponga palabras que yo no quiero responder.

* Le pregunto; Usted como máxima representante por la UPN, ¿qué piensa que los uniformados están disparando adentro?

- Lamentamos lo que esta sucediendo. . .

* ¿Pero lo condena Usted? ¿Piensa que en un país normal sucede esto?

Pero la rectora no quiere pronunciarse, solo lamentar lo sucedido y se da por irse a su oficina.


En los alrededores los estudiantes gritan “asesina”, “golpista”, refiriéndose a la rectora de la UPN que dice no tener los elementos suficientes para condenar que los uniformados están convirtiendo la universidad que ella administra y dirige en una cámara de gas. Sus empleados/as y los trabajadores andan todos con un pañuelo en la nariz y boca por los gases de las bombas lacrimógenas lanzadas al interior de la UPN.

En el texto escrito de cada bomba, la fabrica estadounidense que produce las bombas, advierte que las bombas solo pueden ser usadas en campo abierto y por personal calificado.

- Los chepos (policías) no son para nada calificados para eso. Solo saben pegar y disparar, dicen los estudiantes.

Juan Carlos es un estudiante que ha estado en las calles y con la resistencia desde el mismo 28 de junio de 2009 y que ha sido torturado, amenazado y hostigado por la policía y el ejercito.

- Esta señora (la rectora) esta de acuerdo con la municipalización que es la privatización de la educación publica y entregarla a los empresarios. Pero nosotros les decimos a este gobierno y a la rectora, que no vamos a entregar estas instituciones públicas por que son del pueblo. Y los privados son de ellos.
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Foto: Honduras - Eric Martínez es integrante de Ciprodeh (Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos)

Eric Martínez es integrante de Ciprodeh (Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos) y fue testigo cuando los uniformados venían. En ocasiones anteriores, los Comandos Cobras y al Policía Preventiva han dado un tiempo a los manifestantes de desalojar las calles antes de atacarlos. Pero esta vez no fue así. Iniciaron su acción y se enfrentaron con los estudiantes a través centenares de bombas lacrimógenas.

- Hay que tomar muy en cuenta que actualmente como estamos con la policía y los militares con el tema de poder ellos están justificando acciones de represión, principalmente a la juventud. Algo que hay que notar es que en su gran mayoría acá andan jóvenes con derecho a manifestarse lo que los cuerpos militares, agentes Cobras que por medio de la fuerza están cuartando ese derecho. La cantidad de bombas que usan y los medios de represión que están llevando acabo como abuso a la fuerza hacia a la juventud, es totalmente evidente. Igual en materia de derechos humanos son acciones que uno tiene que estar monitoreando, pero a la vez, que se tiene que estar condenando por que tenemos un mandato al nivel internacional y es que hay que cuidar la vida e integridad de cualquier persona joven.

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Salvaje represión en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en Tegucigalpa

Por Red Morazánica de Información

Tegucigalpa. 12 Abril 2011. Repitiendo las acciones que en días anteriores han realizado en los predios de la UNAH, los cuerpos represivos del Estado han desatado la salvaje represión en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán.

Atendiendo la convocatoria del FNRP al Segundo Paro Cívico Nacional las juventudes organizadas de diferentes institutos públicos de la capital y de los frentes estudiantiles universitarios se dieron cita a las afueras de dicho centro educativo, donde participaban en una toma pacífica, protestando por el alto costo de la vida, la pretendida privatización de la educación pública y exigiendo el bono estudiantil.

Unas horas después de haber comenzado la protesta, la policía emprendió la salvaje represión, bombardeando ferozmente al interior de la Universidad Pedagógica donde se refugiaron los estudiantes.

La acción represiva ya reporta estudiantes y maestros desmayados, la gran cantidad de gases lanzadas han afectado hasta las instalaciones de una escuela y un centro comercial aledaños al sector.

Mientras los alumnos tratan de defender su integridad lanzando piedras, la policía que no ha parado de lanzar bombas convirtiendo el interior de la Universidad en una auténtica cámara de gases lacrimógenos.

En el interior de la Universidad se encuentran estudiantes de los institutos públicos que participaban de la protesta: Instituto Héctor Pineda Ugarte, Escuela Normal Mixta Pedro Nufio, Instituto Jesús Milla Selva, Instituto Honduras e Instituto Luis Bográn

Video (8 min.): http://vimeo.com/22322208

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Acto de solidaridad con el pueblo hondureño en Nueva York con la Resistencia Depto.19

Dick Emanuelsson (especial para ARGENPRESS.info)

Como una antesala ante el Paro Cívico Nacional este martes en Honduras, el “Departamento 19” del Frente Nacional de Resistencia Popular, hizo presencia en el gran acto en contra la política guerrerista de la que somos testigos en este momento en gran parte del mundo.

Foto: Lucy Pagoada-Quesada, coordinadora de Honduras-USA Resistencia.

En el acto realizado en el clásico Union Square de Nueva York, intervino Lucy Pagoada-Quesada, coordinadora de Honduras-USA Resistencia.

En su charla, que se puede escuchar y ver en un video publicado en YouTube, la dirigente del Frente Nacional de Resistencia Popular del departamento 19, convocó a la solidaridad internacional y sobre todo a los sectores demócratas y progresistas en Estados Unidos, de unirse al reclamo del pueblo hondureño de crear un nuevo estado democrático en el país centroamericano.

Hizo un breve recuento sobre el golpe de estado militar que físicamente fue ejecutado por el general (r) Romeo Vázquez y denunció al gobierno de Porfirio Lobo por jugar con doble cartas ya que el general, en vez de ser juzgados por sus crímenes, fue designado como gerente de Hondutel, la empresa estratégica y publica del estado hondureño.

También subrayó Lucy Pagoada-Quesada en su intervención, que el Frente Nacional de Resistencia Popular es la organización que aglutina toda la gama de movimientos sociales, populares, políticos y también de los pueblos originarios.

La participación de los hondureños que por una u otra razón están en el exterior, como los 200 exiliados, victimas de la represión, seguimiento y atentados como consecuencia del golpe de estado el 28 de junio de 2009, es muy importante, dice Lucy a este reportero.

Los hondureños organizados en la Resistencia y residentes en Estados Unidos, cuyo gobierno es acusado por el derrocado presidente Manuel Zelaya de ser cómplice o arquitecto del golpe de estado, han elaborado un intenso trabajo político y de divulgación sobre lo que pasó el 28 de junio 2009 y que esta pasando en este momento.

Un ejemplo para otros hondureños en el exterior a seguir.

Video (2,26 min.) en YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=l4lEn_5sh_s&feature=player_embedded

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La tortuga en el poste

Manuel E. Yepe (especial para ARGENPRESS.info)

Cuentan en Estados Unidos que un hombre que conducía su automóvil por una carretera rural vio una tortuga que se balanceaba sobre el extremo superior de un poste situado frente a la vivienda de un rancho como si se tratara de un buzón de correos de los que habitualmente se usan en las zonas rurales para recibir la correspondencia.

La curiosidad lo llamó a tocar a la puerta de la casa para tratar de informarse acerca del significado de aquello.

Para su sorpresa, el anciano ranchero que lo recibió le reveló que se trataba de un monumento al presidente Barack Obama.

Lo explicó así: “El presidente Obama está en una situación similar a la de esa tortuga. Nadie sabe como pudo trepar a un puesto tan alto, todo el mundo sabe que ese encumbrado lugar no le corresponde porque sobrepasa sus capacidades y, por ello, hay que preguntarse quienes habrán sido los burros tontos que lo pusieron allá arriba”.

Pero este chiste con trasfondo racista, que seguramente ha sido hecho circular por el movimiento Tea Party y la extrema derecha republicana, no está encontrando repuesta adecuada de parte de los “burros tontos”, los estadounidenses de más bajos ingresos y los luchadores contra las guerras, que cada vez tienen más razones para no seguir apoyando al joven presidente por quien se sienten traicionados.

El diario Jamaica Observer, de Kingston, publicó el 9 de abril un artículo titulado “La Tragedia de la Diplomacia Americana” (The Tragedy of American Diplomacy) basado en un libro homónimo de William Appleman Williams (1921-1990), prominente historiador estadounidense que definió la diplomacia de su país como resultado “del esfuerzo de los líderes de la nación por evadir los problemas domésticos de raza y clase con un movimiento escapista que utiliza la política exterior para preservar frontera segura para el comercio y la expansión de las inversiones de Estados Unidos”.

El Observer de Jamaica recomienda a Barack Obama que devuelva el Premio Nobel por la Paz que recientemente le fuera conferido, aparentemente en la creencia de que él podría ser el líder predestinado a crear un mundo nuevo y distinto.

El diario jamaicano reconoce que desde la última década del siglo XIX la diplomacia estadounidense ha tenido una naturaleza trágica dada su insistencia en trasplantar “la imagen de América” a otras partes del mundo con un estilo ejecutivo elitista ejercido por la oficina de la Presidencia con un elevado costo en vidas humanas y de sufrimientos por la violenta imposición del “destino manifiesto”.

Citando a W. A. Williams, el diario jamaicano dice que “la malicia, la indiferencia, la depredación y la despiadada explotación han sido elementos fundamentales de la tragedia de la diplomacia estadounidense. Y es muy importante ver a la revolución cubana en 1959 y el posterior despiadado embargo estadounidense contra Cuba dentro de este contexto”.

La ausencia de la rivalidad este-oeste, unida a la decadencia del papel relativo de Estados Unidos en el ámbito global, situó a Obama ante el compromiso dar nuevo impulso a la pretensión de restaurar la supremacía de Estados Unidos, opina el Observer de Jamaica.

Pero está claro ya para casi todos en el mundo que la presidencia de Barack Obama no significará un cambio en la política exterior de Estados Unidos.

Obama, como lo viene demostrando desde su ascenso al poder, seguirá el camino intervencionista del presidente McKinley para controlar las Filipinas; o el del presidente Theodore Roosevelt para la anexión y el control de la zona del Canal de Panamá. Será fiel a los propósitos del Destino manifiesto como cuando Estados Unidos llevó a cabo la intervención y la división de la península de Corea. Aplicará siempre tácticas similares a la del intervencionismo y el terror contra Vietnam y la división de ese país en Norte y Sur.

Ya nadie espera de Barack Obama opciones diferentes a las aplicadas por sus predecesores al decretar las agresiones contra Irak, Afganistán, la que ahora se cierne sobre Libia y, seguramente, las demás que vendrán sobre varios otros “oscuros rincones del mundo” que le fueron indicados por su predecesor George W. Bush.

Todas estas intervenciones se han realizado bajo la fachada de trasplantar la democracia a otros países aunque su verdadero objetivo es posicionarlos en la órbita del capitalismo occidental.

El uso de aviones de combate en asociación con la OTAN para destruir la base de poder de Gaddafi, y la amenaza de armar a los rebeldes recuerdan la lógica de la guerra de 1898 bajo el disfraz de liberar a Cuba de la tiranía española, apoyar su independencia e iniciar su desarrollo hacia la democracia política y el bienestar económico y que en verdad condujo a la conquista estadounidense de Cuba en flagrante reflejo de disparidad entre la realidad y la retórica, dice el Jamaica Observer.

La triste y bochornosa historia de depredaciones imperiales de la superpotencia parece ser garantía de la permanencia en el poste de la tortuga por tanto tiempo como pueda soportarlo la vergüenza y el honor del propio pueblo de Estados Unidos ante la resistencia firme y los contraataques de los pueblos agredidos.

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Argentina, Cuyo. Falta de cosechadores: ¿Y si probamos pagándoles dignamente?

Gabriel Conte (MDZOL)

Un fuerte debate se abrió cuando se informó, erróneamente, que la cosecha está sin levantar porque la gente "no quiere trabajar". Es bueno continuarlo, aunque parte de los involucrados no tienen acceso a los medios masivos. Aquí, un punto de vista.

Un subsidio no compite con el sueldo de un trabajo formal, salvo que el trabajo formal tenga un salario y unas condiciones laborales tan bajas que faciliten esa increíble competencia.

En los últimos días, los medios nacionales sorprendieron al país con una noticia que, a primeras luces, resultó fuerte y asombrosa. Decía algo así como que “la gente no quiere trabajar porque recibe subsidios del gobierno y se retrasa la cosecha en Mendoza”. De esa manera, se montó sobre un latiguillo muy utilizado en el lenguaje cotidiano, basado en el lógico rechazo social a conseguir “la plata fácilmente” como consecuencia de la crisis de la cultura del esfuerzo.

La noticia la publicaron los principales medios nacionales, como Clarín y La Nación, y consiguió –debido a la fuerza de la información- muchas réplicas.

Como fuentes, recogieron voces que dijeron cosas tales como que “las máquinas no resuelven los problemas”, que “hemos tenido que recurrir a cosechadores temporarios” (como si esto no pasara desde siempre) y que han tenido que recurrir a empresas que intermedian para conseguir peones, por lo que esa intermediación les eleva los costos “en un 60 por ciento”.

Junto al tsunami, terremoto y crisis nuclear de Japón, así planteadas las cosas pintan el pronto arribo de un Armagedón vitivinícola.

El argumento patronal ya fue usado antes e, inclusive, con algunos elementos que le dieron la razón, por falta de controles del estado, en su momento.

Por ejemplo, el plan Jefes y Jefas de Hogar fue un problema que en el 2003 empezó a tener la cosecha, porque en un principio quien tenía el beneficio social no podía trabajar, excepto que lo hiciera en negro, porque sino de inmediato se le daba de baja. En el 2005 se modificó y el plan se suspendía sólo mientras dure el trabajo temporario y luego el beneficiario volvía recuperarlo.

Eso no ocurre ahora, ya que la Presidenta anunció en la Vendimia que la Asignación Universal por Hijo no se vería afectada por trabajar en la cosecha de uva.

Lo cierto es que los acuerdos salariales alcanzan a los trabajadores que están todo el año en la finca o en la bodega, pero no –precisamente- al que están necesitando ahora: al cosechador temporal.

La información difundida por FOEVA, la Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas (que agrupa a los que trabajan de manera permanente, obviamente) da cuenta que este año se alcanzó un incremento del 30 por ciento en el pago del tacho de uva, la “gamela”, con lo cual se esperaba que sirviera para “atraer más cosechadores”. Así y todo, un tacho estándar de uva se paga a $ 1,95… 50 centavos más que el año pasado.

La dignidad

La información se inscribe, notoriamente, en la respuesta de sectores de la economía a la lucha contra el trabajo informal, infantil y hasta esclavo que se ha detectado en numerosas plantaciones no sólo de Mendoza, sino en todo el país.

Lógicamente que la formalidad y el respeto por la dignidad de las personas disminuyen las ganancias de los propietarios de las fincas, pero eso –a estas alturas del nuevo siglo- no debería ser un tema de debate, como sí lo es la indignidad con la que se trata a los trabajadores.

Una de las frases más fuertes que pudimos leer en la nota de Clarín es aquella que mencionó que “los cosechadores trabajan de noche porque les da vergüenza hacerlo”, señalando como vergonzante a la tarea del vendimiador cuando, en realidad, lo que da vergüenza es el monto que cobran por la tarea, en todo caso.

El titular del Instituto Nacional de Vitivinicultura, Guillermo García, sostuvo –ante nuestra consulta- que lo difundido “es información errónea del diario Clarín, absolutamente desinformada”.

Sobre el presunto atraso en la cosecha consideró que “está en el 55%” y que “se calcula que vamos a estar a nivel país en el 70%; falta mucha uva por cosechar”.

Pero a la hora de referirse a los motivos, García indicó que “no es por falta de trabajadores como afirmó Clarín”, sino que “tiene que ver con una falta absoluta de maduración”.

“Es muy triste no estar contentos por el avance de la seguridad social que estamos teniendo en el país porque en las fincas no hay trabajo infantil. El tema de la Asignación Universal por Hijo –aclaró- no puede interpretarse como un elemento para que la gente no vaya a trabajar porque la misma presidenta de la Nación en Vendimia afirmó que no había pérdida de la asignación universal por el hecho de que los trabajadores fueran declarados”.

Claroscuros

La vitivinicultura goza de un momento de brillo: por lo menos, así se lo señala desde diversos sectores y, tal vez, ese esplendor de las bodegas no llegue a las fincas desde donde surge la materia prima, pero si hay un hilo delgado que se corta siempre, éste es el que sostiene a los cosechadores, los vendimiadores.

Pagarles, les insume a los viñateros un 14 por ciento del costo total de producir uva. Y por cierto: a los finqueros les resulta irremplazable la mano de obra humana por muchos motivos: porque las viñas están alineadas de una manera no acorde a las exigencias tecnológicas y habría que replantarlas, porque la compra de las máquinas cosechadoras es cara (cotizan en euros) y dificultosa, y hasta por lo que le dijeron a Clarín: “tienen mala fama” (¿?).

Por esto no cabe duda que quienes no tienen voz ni Internet para leer estas líneas son imprescindibles: entonces, hay que pagar mejor esa tarea y repartir los costos hacia donde haya que repartirlos.

Hay fincas que tienen un modelo de gestión que ya incorporó los costos de la dignidad. Hay muchos casos positivos, como aquellas que ya incorporaron hogares infantiles para sus trabajadores. Pero es conocido el ejemplo aplicado por Norton: con una de las fincas más grandes del país, de alrededor de 1000 hectáreas, posee un barrio en donde sus trabajadores viven como deben vivir y así se aseguran contar con mano de obra calificada durante todo el año.

Son conocidos los casos de Francia, Australia y California, aunque también en Chile, aquí no más, en donde los estudiantes aprovechan las vacaciones para ganar dinero en la vendimia. Lo hacen porque trabajar, siempre que sea bien remunerado, es digno y da dignidad, además del sustento necesario.

Aquí no sucede. ¿Por qué somos intrínsicamente vagos? Esta idea está muy arraigada en un pensamiento impuesto por el que tiene la voz más fuerte y replicable. Pero visto desde “el otro lado”, posiblemente sobrarían postulantes si se pagara como el noble trabajo que realmente es y no como si se tratase de una “changa”.

A los empresarios no les conviene que trabajen en negro

Desde el sector gremial, Eduardo Senra, miembro paritario y delegado de la Unión Vitivinícola Argentina (UVA), reflexionó que “a los empresarios no les conviene que los obreros estén en negro, porque las multas, sin son detectados, son muy fuertes y se está ante el riesgo de alimentar la mentada industria del juicio que tanto daño hizo en la Zona Este”.

Los dichos de Senra se argumentan en el hecho de que actualmente “una infracción, per cápita, hoy asciende a $ 3.300, lo que no es conveniente si es que se piensa que tener un trabajador en negro se gana. A la larga se pierde”, manifestó.

También aclaró que el riesgo que corre el empresario que hace que sus empleados trabajen en negro “es grande porque cuando una persona se accidenta en la finca hay mucho problemas. Porque no tiene una ART que lo respalde y no le corre ningún tipo de seguros”, marcó.

Sin embargo, el hombre vinculado al trabajo de la tierra agregó: “De movida no hay mucha gente para la cosecha de la uva. En general todos los años se tiene ese problema. El asunto es que además muchos potenciales obreros no quieren trabajar porque tienen miedo a perder beneficios. No directamente el de la Asignación Universal que aseguró Cristina, sino otros. Cuando al obrero se le da la baja en el trabajo de finca, cuando finaliza la cosecha, por una cuestión burocrática, se tarda entre dos y tres meses en recuperar el beneficio”. Y agregó: “Si bien desde la ANSES se ha dicho que el beneficio se recupera, la burocracia hace que se tarde ese lapso –entre dos o tres meses- para recuperarlo”, remarcó.

Informes: Federico Manrique y Carlos Fernández

Fuente foto: Nacho Gaffuri - MDZOL

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Argentina. Criminalización de la protesta: La CTA repudia brutal ataque a trabajadores docentes y estatales de Santa Cruz

ACTA

La Central de Trabajadores de la Argentina lamenta una vez más tener que repudiar actos de violencia perpetrada contra los trabajadores que luchan por reivindicaciones laborales. La escalada se padece en la provincia de Santa Cruz, donde se ha sistematizado la criminalización de la protesta a partir del accionar de patotas que cuentan con protección oficial.

En un comunicado de prensa difundido hoy, la CTA sostiene que, como es de público conocimiento, "ayer en horas de la mañana compañeros de los hospitales de ATE y docentes volanteaban en el acceso a la ciudad de 28 de Noviembre, con el objeto de dar a conocer el reclamo salarial que llevamos desde principio de año".

Agrega que "un grupo de militantes de la UOCRA llegaron en vehículos y al grito de “salgan de acá” intimaron a los trabajadores a despejar el acceso porque “el Gobernador iba a pasar con su comitiva y no querían verlos”. Ante la negativa de la veintena de compañeros que allí decidieron permanecer, la UOCRA se retiró. Una hora más tarde volvieron en varias camionetas, con sus cajas cargadas de personas portando elementos cortantes hierros, botellas y palos bajaron y sin mediar palabra alguna se abalanzaron sobre los trabajadores, que no podían creer lo que estaba sucediendo".

Como consecuencia de esta salvaje golpiza, resultaron quince personas heridas, dos de ellas en estado grave y con fracturas. Repudiamos públicamente este suceso y denunciamos que este enfrentamiento no es entre gremios, sino que es el Gobierno provincial el que mandó a la UOCRA a atacar a quienes vienen luchando por un aumento salarial".

"El Gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta es plenamente responsable del accionar de estos militantes violentos que desde hace un tiempo los emplea, sin titubear y descaradamente, para ponernos a todos en un frente de batalla".

"Suceso representativo de esto, fue lo acontecido el año pasado en el mes de diciembre cuando, los mismos partidarios de la UOCRA golpearon a los estatales y docentes que rechazaban la reforma previsional, que finalmente aprobaron de modo express. La CTA reclama el inmediato cese de las agresiones, la investigación a fondo de este episodio y el condigno castigo a los responsables materiales e intelectuales del brutal ataque a los trabajadores".

Por último, la Central se solidarizó con los trabajadores agredidos y respaldó las medidas de fuerza adoptadas en Santa Cruz en repudio de los deplorables acontecimientos.

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Argentina: El gobernador de Santa Cruz tiene miedo de caminar solo

Alejandro Garzón (ACTA)

Ante los hechos conocidos por todos en 28 de Noviembre, queda claro que el gobernador no se anima a andar solo por la provincia, sino que necesita a la patota, personajes que agreden constantemente a los trabajadores que pacíficamente reclaman condiciones de trabajo, vivir dignamente como dice la Constitución.

Lamentablemente desde el año pasado ya venimos padeciendo la agresión verbal y física de los militantes de la construcción, comandados por un tal García que es el interventor y lo mandó Gerardo Martínez de la conducción nacional para que nos “apacigüe” a nosotros, a los que en teoría somos los rebeldes.

Esto significa que el gobernador Peralta que fue dirigente sindical, hoy no se banca que los trabajadores se organicen y como siente impotencia por todo lo que está pasando la única forma que considera tiene para “acallarnos” es pegándonos o mandarnos la patota como resultó con docentes heridos y compañeros de ATE que terminaron derivados a Río Gallegos por las lesiones de gravedad.

No solamente repudiamos lo que pasó sino que además tenemos que profundizar las medidas de fuerza por eso desde ATE hemos sacado un paro por tiempo indeterminado por todo lo sucedido en Turbio, 28 y además las agresiones constantes y persecuciones a nuestros compañeros.

El comisario miente cuando dijo que no sabía lo que sucedía a cincuenta metros de su sede, no pueden negarlo. Siempre saben lo que pasa. No pueden desconocer que había zona liberada a pocos metros donde se preparaba el Gobernador para seguir con actos electorales. Nosotros cada vez que nos organizamos siempre sufrimos agresión como los trabajadores de la salud en ATE y los docentes en Adosac, somos gremios de la CTA que constantemente estamos en lucha por las reivindicaciones laborales justas. Cosas como la de hoy sucedieron el año pasado en la cámara de diputado con la Reforma Previsional o en Las Heras con la detención del compañero Guineo.

Por eso concretamente como sabemos que hubo zona liberada y como el comisario de Río Turbio y 28 no se hacen cargo, estamos pidiendo la renuncia del Jefe de Policía el Comisario Alejandro Martín.

Nosotros el año pasado cuando marchamos a la cámara de diputados para impedir que aprobaran la Ley Previsional, también hubo zona liberada agresión física y la policía nunca actuó estando a dos cuadras del lugar. El ministro de Gobierno de ese entonces estaba dentro de la cámara de diputados y alegaba no saber nada de lo que sucedía afuera. Los muertos los ponemos nosotros, los procesados los ponemos nosotros los heridos los ponemos nosotros. Siempre el pueblo sufre, ¿están esperando que alguien muera? ¿Qué hace el Gobierno a favor de los compañeros?

Este Gobierno de una vez por todas tiene que entender que tiene que haber más democracia, que tiene que bancarse los debates políticos, que los trabajadores nos organicemos, bancarse que tengamos opinión política, que no estamos de acuerdo con ellos porque nos están entregando de pies y manos, porque estos son peones de las multinacionales. No gobiernan, con suerte ofician de gerentes y hacen lo que las petroleras y mineras dicen o lo que el gobierno nacional impone. Porque después no hay política de salud, de educación, de tierras.

Lo único que escucho es la construcción de las represas donde ya sabemos que toman mano de obra para tener después a su disposición patotas para este tipo de cosas. Por eso este personaje que es García banca tanto al gobierno y ¿vienen de Buenos Aires a patotearnos como si fuéramos delincuentes? Encima de todo esto tenemos que aguantar que los intendentes nos ignoren, se rían de nuestros compañeros, que nos descuenten los días de paro sin reconocernos el derecho a huelga.

Así siempre los docentes son los culpables o los estatales de ATE son los que arman revuelo. ¿Dónde está el jefe de Gabinete? Ausente en todos los problemas que tiene Santa Cruz. Solamente Pablo Gonzáles está para garantizarle la paz social a las petroleras o mineras.

Hay conflictos sociales y sindicales en toda la provincia, y tenemos un Gobierno que hace agua, porque demostró que no tienen vocación de conducción y menos aún cintura política. Basta, no nos bancamos más que nos impongan el salario, no bancamos que nos den aumento por decreto. Por todo esto es que vamos a seguir peleando más que nunca.

Alejandro Garzón es Secretario General de ATE y la CTA Santa Cruz.

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In-justicia

Claudia Rafael (APE)

“A mí me parece que la idea de justicia por sí misma es una idea de las que en efecto han sido inventadas y puestas a trabajar en diferentes clases de sociedades como instrumento de un cierto poder económico y político”. Michel Foucault, filósofo francés que murió hacen ya 26 años, podría haber dicho esas mismas palabras para analizar dos hechos jurídicos puntuales ocurridos hace muy poco a miles de kilómetros de distancia de su país.

Si bien ahora -en una suerte de marcha atrás- el hombre fue absuelto por un juzgado en lo Correccional hubo todo un andamiaje judicial que arremetió contra él desde que un guardia de seguridad lo encontró con unos trozos de queso bajo la ropa dentro de un supermercado. Detalle: el hombre en cuestión tiene como único territorio de vida cotidiano las calles porteñas que son su casa y su techo.

Pero también, en las antípodas delictivas, hubo un fallo de Casación desde el que se redujo a la mitad la pena a un pastor evangélico condenado por abuso sexual contra chicas de 14 y 16 años por el sector social de pertenencia de las víctimas.

Una vez más Foucault: “instrumento de un cierto poder económico y político”.

Luis Federico Arias, juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata, decía con un dejo de ironía hace unos días, que “es mentira que los pobres no tengan derecho de acceder a la Justicia. Si no, miremos las estadísticas de la Justicia Penal y vamos a ver que el 90 por ciento son pobres”. Eso sí, aclaró: no revisemos las causas del Fuero Contencioso que es donde se reclama al Estado. Ahí los pobres directamente no acceden”.

De alguna manera, todo remite en un viaje apasionante por el túnel del tiempo a la Roma Antigua. A aquellos días en que la justicia era definida sin más como “cosa de ricos”. En donde tribunales especiales o “personas aforadas” (que tenían fueros) podían -especialmente mediante sobornos- eludir a la justicia. En estructuras que dividían claramente a los comunes mortales entre honestiores y humiliores. Es decir, entre los honestos, que eran los senadores, los magnates, los potentes, los terratenientes, los obispos, los patricios, los nobles y los ad humun, los rebajados a tierra, los humillados, los campesinos, los pobres, los representantes del clero inferior, los artesanos, los sin tierra.

Una vez más Arias: “la imparcialidad en términos absolutos no existe. Es una gran farsa. La neutralidad es imposible”.

Y desde la Justicia Penal, el ex juez azuleño Jorge Edgardo Moreno, es muy contundente: “ahora que estoy del otro lado del mostrador tengo la certeza de que hay una cuestión de clase en la justicia. Si no, cómo se entiende que en causas como las que cargan Menem o Macri, con imputaciones de asociación ilícita, con pena de prisión, ellos se pasean por todos lados y chicos imputados de robar un tractor, con pena de 3 a 10 años, la misma de la causa de Macri, están presos. No se mide con la misma vara. Hay mucha población vulnerable que también es vulnerable para la justicia”.

El hombre de los quesos dijo ante los jueces que hacía dos días que no comía. Que sus días y noches tenían como único techo la calle. Dos de los jueces decidieron procesarlo por “hurto en grado de tentativa”. El tercero planteó la exculpación por la insignificancia del delito y teniendo en cuenta su situación social. Recién ahora la Justicia en lo Correccional lo absolvió.

Pero en lo que podría definirse como colisión de delitos, ninguno de los jueces tuvo la osadía de imputar al Estado, culpable por el crimen del hambre, del no trabajo, de la ausencia de techo, de la falta de cobijo. En una megacausa en donde el victimario del queso pasaría mágicamente al territorio de las víctimas miles de veces victimizadas.

Cuando la Sala Primera de la Cámara de Casación decidió reducir de 18 a 9 años y pocos meses la condena sobre Francisco Avalos utilizó como argumento central que las víctimas -de 14 y 16 años- pertenecen a un sector social que “acepta relaciones a edades muy bajas; que, además, poseían experiencia sexual -incluso en yacer con otros hombres- y respecto de las cuales también operó el ejemplo brindado por otros sujetos para convencerlas de tener sexo natural con el objeto de estar en condiciones de concebir un hijo, no lo veo como algo moralmente edificante pero tampoco como un quehacer aberrante, repulsivo, que hiera la integridad sexual”.

Fueron doblemente mártires: víctimas primero de su propio pastor que ejercía ese derecho privativo de los poseedores que deciden cuándo y dónde les pertenecerían, que sabían qué hilos mover para someterlas a su propio placer bajo promesa de vida eterna y salvación y luego de una Justicia que justifica a partir de la propia inequidad en que las hundió el sistema.

Una vez más: la víctima deja de serlo por su pertenencia de clase. Y la justicia no sólo no logra abstraerse sino que va aún más lejos. Se para en el pedestal claro que le asestó el Derecho desde su origen. Y vuelve a dividir una y mil veces en honestiores y humiliores, ubicando a las chicas en el cada vez más vasto universo de los humiliores, dignas de ser lapidadas por seducir y provocar al deseo tempranamente por su impronta de clase.

La palabra hecha denuncia de María Elena Walsh cantaba a la señora de ojos vendados y le decía baja de tus pedestales, quítate la venda y mira cuánta mentira. Quizás la sociedad entera debería arrojar de una vez por todas su propia venda y asumir que se continúa condenando en la tierra llana lo que se premia en las alturas del poder. Que se castiga miles y miles de veces (tantas como condenados hay) el delito contra la propiedad pero se aplaude y se salvaguarda el derecho inalienable de los terratenientes de la vida.

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Basta de violencia mediática hacia las mujeres

ARTEMISA

El 2 de marzo, la Red PAR –Periodistas de Argentina en Red-Por una comunicación no sexista- presentó una denuncia ante la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) para llamar la atención acerca de los contenidos del programa Showmatch, ya que entiende que vulnera los derechos humanos de las mujeres, protegidos por la nueva Ley de Medios. Aquí lo reproducimos.

'En el artículo 3, inciso M, se señala como uno de los objetivos de la ley: 'Promover la protección y salvaguarda de la igualdad entre hombres y mujeres, y el tratamiento plural, igualitario y no estereotipado, evitando toda discriminación por género u orientación sexual.'

Las y los periodistas que integramos Red PAR consideramos que el ciclo conducido por Marcelo Tinelli, próximo a reeditarse, merece ser sancionado por los reiterados episodios de violencia mediática y machista que en él se reproducen.

Showmatch (emitido durante el año 2010 por canal 13 los lunes, martes, jueves y viernes a las 22.30) es uno de los programas de televisión de mayor raiting en nuestro país. Desde el poder que da la audiencia y, amparándose en fines supuestamente solidarios ('los sueños' de la gente), explota para su lucro una imagen sexista y estereotipada de la mujer que viola sus derechos humanos. La mujer no es valorada por sus dotes artísticas, sino principalmente en función de sus atributos físicos que, por supuesto, responden al estereotipo dominante de subordinación y discriminación.

Por otra parte, nos amparamos también en la Ley 26.485 –de protección integral para prevenir, sancionar, y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales-, para solicitar la intervención del AFSCA ante el programa Showmatch. Esta ley define la violencia mediática como una de las modalidades en que se manifiesta la violencia simbólica y la caracteriza como: 'aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, o discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como así también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres'.

Entendemos que muchos de los contenidos emitidos por el programa Showmatch vulneran tanto la Ley 26.485 como la Ley 26522 y, por tanto, solicitamos a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual –organismo responsable de velar por el cumplimiento de la Ley de Medios- que emita sobre este programa las sanciones que la ley habilita.'

Red PAR - Periodistas de Argentina en Red-Por una comunicación no sexista

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Argentina: Recluso ahorcado en Coronda. Una tragedia más en las cárceles santafesinas: Otra muerte evitable

Horacio Çaró (REDACCION ROSARIO)

El lunes pasado otro preso se fue de este mundo. Se lo encontró ahorcado, en una celda llamada “de disciplina” del pabellón 8 de la cárcel de Coronda. La Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC) difundió un comunicado en el que expresa: “Los internos allí alojados, hace más de un mes en algunos casos, vienen solicitando traslado a otras unidades y, por ese motivo, pese a no encontrarse sancionados, se encuentran en el pabellón disciplinario”. El documento revela: “No hay ningún seguimiento por parte de salud mental de los internos que se encuentran en estas condiciones”. El 22 de marzo pasado este medio denunció que ya habían muerto cuatro reclusos en 2011. Sumado el deceso de José Ferrari, la ominosa estadística resulta en una muerte cada veinte días en cárceles de la provincia.

El comunicado de la CTC observa que “el régimen en dicho pabellón (el 8 de Coronda, donde murió Ferrari), sin lugar a dudas atenta contra la dignidad humana, en cuanto se encuentran todo el día encerrados, sin actividad alguna”.

La grave denuncia añade que “sin lugar a dudas, el encierro en las condiciones que se viven en dicho pabellón llevan a los internos a un estado de indignidad y desesperación que los lleva a tomar medidas extremas contrarias a su integridad física y sus vidas”.

Para tener una idea de lo que viven los reclusos de Coronda, vale la pena detenerse a analizar lo que relata la CTC: “La comida llega cruda, y tienen que pedir agua, porque no hay en las celdas. Muchas de las tarimas donde duermen se encuentran rotas o partidas”. Y se agrega, desnudando la nula receptividad de las autoridades penitenciarias, que “como CTC, planteamos la semana pasada que alguna situación como ésta (una nueva muerte) podría producirse, dada la situación en la que se encuentran alojados, más los problemas personales de cada uno, y que se necesita de un seguimiento y acompañamiento serio de un equipo de profesionales para aquellos internos que lo necesiten”. Nada de ello fue previsto por los funcionarios del área.

La CTC postula que “si bien éste es un caso extremo, en el medio quedan los intentos de suicidio, las autolesiones, como amputaciones de los dedos o cortes en distintas partes del cuerpo, como forma de reclamo frente a traslados o en la ejecución de la pena”.

Consultada por Redacción Rosario, Lilian Echegoy, integrante de la CTC, un organismo que trabaja desde hace años con los internos, destacó, tal como lo exhibe el comunicado: “La violencia en los establecimientos penitenciarios de la Provincia cobra sus propias víctimas y produce secuelas penosas tanto en los internos como en sus familias. La pobreza del presupuesto destinado habla de la importancia que le dan los funcionarios políticos del gobierno de la Provincia a la ejecución de la pena privativa de la libertad”.

Piñero en huelga

En tanto, desde el 4 de abril pasado, una huelga general se viene desarrollando en la Unidad Penitenciaria N° 11 de Piñero. A lo largo de un petitorio de 31 puntos dirigido a las autoridades, los internos plantearon los reclamos correspondientes, y cabe destacar que la titular de la Defensoría General N° 7 se hizo presente en ese centro de detención y entrevistó a los delegados de todos los pabellones. Luego de esa entrevista, “la defensora planteó un hábeas corpus por agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención”, según confió Echegoy a este medio.

Esos 31 puntos plantean “los problemas más graves de la ejecución de la pena en la cárcel de Piñero, que tienen que ver con la salud, la educación y el trabajo, preceptos básicos que son incumplidos por la administración provincial”, según afirman los propios internos.

Por otra parte, en el petitorio se deja en claro que existen “cuestiones elementales sobre la visita, y graves hechos que constituyen una extensión de la pena a los familiares”.

Durante décadas el socialismo y el radicalismo en la oposición denunciaron con énfasis el funcionamiento del sistema penitenciario de Santa Fe. Hoy, en el ejercicio pleno del Ejecutivo, parecen haber borrado con el codo aquellos justos reclamos, sembrando serias dudas en torno de la verdadera voluntad política para llevar adelante los imprescindibles cambios que necesita tan atroz ordenamiento jurídico-penal.

A pocos meses de abandonar su cargo, el primer mandatario provincial socialista de la historia argentina debería redoblar los esfuerzos y tomar las decisiones que lo reconcilien con sus antiguos ideales y reclamos. O confesar su impotencia frente a tamaño desafío.

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Argentina. El sistema público de salud en crisis: Hospitales rigurosamente en ruinas

Carlos Saglul (ACTA)

La sección porteña de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE-CTA) convocó a un paro en los hospitales para hoy miércoles en demanda de seguridad. Rodolfo Arrechea, su secretario general, explicó a ACTA que no se reclaman la la misma “seguridad policial"que preocupa al jefe del gobierno porteño Mauricio Macri. En tanto, en la provincia de Buenos Aires los médicos llevan adelante la segunda jornada de un paro de 72 horas y un plebiscito alrededor de la oferta salarial del gobierno bonaerense.

La seccional porteña de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTA) llamó a un paro general de 24 horas en los 33 hospitales metropolitanos en demanda de "seguridad" y otras demandas.

"En el marco del conflicto entre los gobiernos nacional y porteño en los hospitales públicos, es necesario determinar que la seguridad en un establecimiento de salud significa no sólo tener presencia de efectivos policiales sino insumos en la forma y en el tiempo adecuados", expresó Arrechea.

Agregó que "el concepto de seguridad es más amplio, ya que implica tener insumos en la forma y tiempo adecuados; respetar los plazos de realización de obras; garantizar la normal provisión de gas y electricidad; asegurar baños en condiciones dignas; una alimentación adecuada para los pacientes y reponer los recursos humanos en plazos razonables".

"La falta de personal, agravada por jubilaciones anticipadas, y la ausencia de cobertura de vacantes, provocan que el recurso humano tenga una tarea titánica de forma diaria", puntualizó.

La ATE indicó que extremar "las medidas de seguridad e higiene es incluso atender las particularidades de quienes se atienden en estos hospitales" y sostuvo que estas demandas fueron presentadas oportunamente y "no obtuvieron respuestas, al igual que la exigencia de inmediata convocatoria a negociación paritaria".

Arrechea señaló a ACTA que “Macri habla de dialogo pero no escucha a los que piensan distinto. Hemos propuesto una y otra vez un ambito de dialogo. La situación es complicada, hay operaciones que llevan 10 meses de demora”

Con Amor peleando, paran los hospitales bonaerenses.

Los profesionales de la Salud nucleados en la Cicop iniciaron un paro de actividades de 72 horas mientras plebiscitan entre sus afiliados la oferta salarial del gobierno bonaerense.

Hugo Amor explicó a ACTA que con esta propuesta "un médico de guardia de 36 horas recién recibido, sin ningún tipo de antigüedad, va a cobrar de bolsillo 5.347 pesos; lo cual se incrementa si las guardias son días sábados o domingos”.

Por su parte, el gremio, que pretende un aumento del 40 por ciento, ratificó el paro de 72 horas a partir de hoy y decidió someter a plebiscito de sus afiliados si se acepta o no la oferta del gobierno provincial.

La actitud del gobierno no ha sido de dialogo sino una verdadera vergüenza, amenazas, listas, persecución descuentos, amenazas de quite de personería ya no sabe que en definitiva dejemos de poner en evidencia en que esta se encuentra la salud estatal bonaerense, dijo Amor.

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Argentina, Chaco. Masacre de Margarita Belén: Pedirán que se condene a los imputados por el delito de genocidio

CHACO DIA POR DIA

Así lo adelantó el abogado de la Liga por los Derechos del Hombre, Ataliva Dinani. El abogado que representa a uno de lo organismo querellante en la causa sostuvo además que en la primera semana de mayo podría leerse la sentencia.

Con el inicio de la ronda de alegatos durante la tarde de hoy la causa por la Masacre de Margarita Belén entra en su tramo final. El abogado querellante Mario Bosch comenzará el alegato con las razones y pruebas para la condena de los ocho militares y un policía juzgados en este juicio histórico llevado por el Tribunal Federal que integrado por Gladys Yunnes, Eduardo Belforte, y Luís Ramón Gonzáles.

Mario Bosch representa a familiares de víctimas, al CELS y a la Secretaría de DD HH de la Nación junto con Daniel Domínguez Enaín.Se descarta que los alegatos continuaran durante la mañana de los días jueves y viernes. Cuando Bosch finalice su exposición el turno de alegar de los querellantes Silvina Cantero y Sergio Quiroz (representan a la Subsecretaría de DDHH de Chaco) y Ataliva Dinani y Duilio Ramírez (representan a la Liga por los Derechos del Hombre). Recién entonces los fiscales e Eduardo Auat, Carlos Martín Amad y Luís R. Benítez realizarán su acusación.

En declaraciones a RADIO CIUDAD, Dinani reconoció que se llega a esta instancia “con mucha ansiedad”. “Son 35 años esperando justicia, así que esperamos poder empezar mañana la ronda de alegatos”, comentó el abogado. En este marco, adelantó que la Liga por los Derechos del Hombre pedirá la pena máxima para los imputados.

“Particularmente, en el organismo al que represento, planteamos que los imputados deben ser condenados por el delito de genocidio, que tiene una pena de prisión perpetua, que es la pena máxima. Esta es una postura jurídico-política que la sostenemos en todos los juicios en los que actuamos. Vamos a probar y fundamentar por qué estas personas que están en el banquillo de los acusados son culpables”, sostuvo el letrado, al tiempo que consideró que en la primera semana de mayo “estaríamos en condiciones de escuchar la sentencia”.

HOJA DEL JUICIO

El juicio oral por la Masacre de Margarita Belén comenzó en 2010. Se investiga el fusilamiento clandestino de un grupo de presos políticos el 13 de diciembre de 1976 en un operativo conjunto del Ejército y la policía del Chaco a unos 30 kilómetros de Resistencia camino a Formosa. La causa formó parte del juicio a las Juntas de 1984.

El 28 de mayo de 2001, H.I.J.O.S. Chaco, la Asociación de ex detenidos por razones políticas, familiares de las víctimas, y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) reclamó la reapertura de la causa y la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida. Después de superar un sin número de trabas y recursos dilatorios la causa fue elevada a juicio oral el 24 de febrero de 2009 y comenzó el 3 de junio de 2010

Durante los debates quedó probado que el “enfrentamiento” del 13 de diciembre de 1976 no fue otra cosa que un fusilamiento clandestino, “una masacre contra el pueblo” (como la definió el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel en su declaración testimonial).

A los represores acusados se les imputa la coautoría del delito de homicidio agravado por alevosía y por el número de partícipes en 11 hechos en concurso real entre sí y privación ilegítima de la libertad agravada por el tiempo en otros cuatro casos. Carlos Pujol defiende a Gustavo Athos Renes, Daniel Carnero Sabol, Germán Riquelme y Aldo Martínez Segón. Los defensores oficiales Juan Manuel Costilla y Federico Carniel (ausente por que fue trasladado al juzgado de Bahía Blanca) representan a Luis Alberto Patetta, Horacio Losito, Ricardo Reyes, Ernesto Simoni, y Alfredo Luís Chas.

Todavía se desconoce la cantidad exacta de fusilados aquél fatídico 13 de diciembre de 1976, pero se tiene certeza de que los asesinados no son menos de 22. Fueron fusilados cerca de Margarita Belén en un camino vecinal que se desprende de la ruta 11 y antes comunicaba con General San Martín, pero que ya en esa fecha estaba clausurado. La dictadura sólo reconoció la muerte de once detenidos políticos. Los cadáveres de siete “trasladados” fueron escondidos: los militares dicen que están prófugos, huyendo incansablemente desde 1976 a la fecha. Existen fundados indicios de que otros cuatro detenidos - desaparecidos en los primeros días de diciembre de 1976 integran la lista de ejecutados.

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Argentina, Córdoba: El genocidio fue posible porque hubo "tolerancia" de los funcionarios judiciales

Katy Garcia (PRENSARED)

Se llevó a cabo en la Cámara Federal de Apelaciones, la primera audiencia oral y pública en el marco de la causa que investiga la conducta de los jueces y funcionarios judiciales que actuaron durante la última dictadura cívico militar.

Ayer, desde media mañana y hasta pasadas las 13 se reunieron en audiencia las partes y el tribunal que estuvo conformado por Abel Sánchez Torres (presidente) y los jueces Luis Roberto Rueda y Octavio Cortés Olmedo.

La defensa del ex fiscal Alí Fuad Alí la ejerció el abogado José Antonio Buteler. Mientras que Carlos María Lescano Roqué y Ángel Ignacio Carranza, lo hicieron por el ex juez Miguel Ángel Puga y el ex fiscal Antonio Sebastián Cornejo. Los defensores solicitaron la prescripción de la causa por falta de acción y negaron que la conducta de sus asistidos configure un delito de lesa humanidad. Asimismo cuestionaron los fundamentos resueltos en primera instancia.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó que se rechacen los argumentos de la defensa y mantengan los procesamientos. El fiscal general Carlos Gonella sostuvo que existen fundamentos suficientes en los tratados internacionales a los que el país adhiere. Y que en este caso los delitos atribuidos a los ex funcionarios públicos pueden encuadrarse como delitos de lesa humanidad cuando se habla de “tolerar” o mantener “un comportamiento de otro modo” por parte del estado, lo cual sucedió.

¿Este verdadero genocidio se podría haber llevado adelante sin esta ‘tolerancia’? ¿Cabe alguna duda de que este “tolerar” fue una conducta sistemática en el caso de la UP1? Está presente sistemáticamente y se masacraron a 30 personas que estaban a cargo de los magistrados. No me cabe duda”, fundamentó.

Asimismo reclamó que sean citados como testigos los ex presos políticos que testimoniaron en la causa Videla: Luis Baronetto, Osvaldo Onetti, Maria Teresa Sánchez, Luis Angulo, Alfredo De La Merced, Manuel Canizzo y Jerónimo López y a los ex policías Luis Eduardo Molina, Carlos Yanicelli y Yamil Yabour.

Los abogados querellantes particulares Miguel Ceballos, Miguel Martínez y Miguel Hugo Vaca Narvaja adhirieron a los planteos del ministerio público fiscal y demandaron que se rechacen los argumentos de la defensa y que se imponga mayor celeridad a la causa. Marcelo Arrieta, defensor oficial representó a los ausentes.

Breve historia de idas y venidas

Para comprender esta instancia a la que se arribó tras varios incidentes es necesario conocer su recorrido. En el marco del Juicio Videla, los abogados Miguel Ceballos y Rubén Arroyo solicitaron que se investiguen las conductas de magistrados y funcionarios de la Justicia Federal de aquella época, cuando los ex presos políticos luego asesinados, estaban a su cuidado.

Se trata de Miguel Ángel Puga, Ricardo Haro, Carlos Otero Álvarez, Luis Eduardo Molina, Eudoxo Vázquez Cuestas, Antonio Sebastián Cornejo y Ali Fuad Ali.

El fiscal federal, Gustavo Vidal Lascano, promovió acción penal en contra de Miguel Ángel Puga y Antonio Sebastián Cornejo por tres hechos. Mientras que a Ali Fuad Ali por cincuenta y dos. Y los acusa de supuesta comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público (Art. 248 del C.P.). En cambio pidió que se desestimen las denuncias en contra de Otero Álvarez, Molina y Haro y se declaró incompetente en relación a los hechos ocurridos en Bell Ville.

El Juez Federal N° 2, Alejandro Sánchez Freytes accedió a lo solicitado e hizo lugar “a la excepción de falta de acción” formulada por los imputados y terminó sobreseyendo a Miguel Angel Puga, Antonio S. Cornejo y Ali Fuad Ali.

El fiscal federal y los querellantes apelaron la medida y esta cámara le hizo lugar al planteo formulado por Miguel Martínez, abogado de Diego Bauducco. Declaró la nulidad de lo actuado y volvió al juez de primera instancia. Es ahí que Sánchez Freytes se inhibe y por sorteo recae en manos de juez Daniel Herrera Piedrabuena del Juzgado Federal de La Rioja.

Nuevamente se presentaron los querellantes Juan Miguel Ceballos y Luis Miguel Baronetto, ampliaron la denuncia original y solicitaron la imputación de Carlos Otero Alvarez y Ali Fuad Alí como partícipes del delito de privación ilegítima de la libertad agravada, respecto de los hechos ocurridos en UP1.

El juez Piedrabuena rechazó las “excepciones de prescripción de la acción penal y de atipicidad penal planteadas por las defensas de los imputados Ali Fuad Ali, Miguel Ángel Puga y Antonio Sebastián Cornejo, por considerar que los hechos investigados constituyen delitos de lesa humanidad”. Las defensas apelaron y quien debe resolver el asunto es la Cámara Federal. Y es así que se llega a esta audiencia.

Habla la defensa

El primero en exponer fue José Buteler quien recordó que los comportamientos atribuidos a su defendido están prescriptos y que además no constituyen delitos de lesa humanidad. Expresó que la imprescriptibilidad de los hechos no fue demostrada porque los sitúa como hechos conexos. Y puso el foco en ese punto porque consideró que no explican porqué lo son ni tampoco figura en la imputación.

Desde diversas fuentes del derecho que se centran en el delito y su tipificación en el Código Penal rebatió los argumentos de la acusación y manifestó que desde el plano internacional desde Nuremberg a esta parte era imposible violar el principio de legalidad “como lo hizo Sánchez Freites”.

“Es evidente que nuestra tabula de salvación es aplicar el derecho” enfatizó y agregó que “no impongamos el derecho de los ganadores sino el derecho argentino”.

Planteó fallas en la imputación en general porque no define qué es un delito conexo. “Vamos a seguir bregando no porque participemos de ninguna actitud de valoración positiva ni negativa sino que vamos a pedir la aplicación del derecho”, expresó.

Pidió en definitiva que se revoque la decisión del juez y declare sobreseída la causa por prescripción de la acción penal y recordó que su defendido no está en “condiciones cognitivas” en este momento.

Por su parte Lescano Roqué, defensor de los imputados Puga y Cornejo, dijo que es prioritario “definir si el hecho es un delito o no, al margen de las connotaciones políticas que no vienen al caso” e invitó al tribunal a ceñirse a la descripción realizada por la fiscalía. “El hecho objeto del proceso debe ser respetado”, remarcó.

Sobre la cuestión de los hechos conexos explicó que desde lo procesal “es un disparate” aplicarlo a sus defendidos, porque “si no está en la requisitoria no existe”. Explicó que Puga en su condición de Juez federal no omitió averiguar las circunstancias y causas de la muerte de Moukarzel porque existía un certificado médico que diagnosticaba paro cardio respiratorio y cuya información fue aportada por el registro civil.

En el caso de las muertes de Miguel Ángel Mosé y de Miguel Ceballos afirmó que Cornejo tomó conocimiento de que fueron producidas en enfrentamientos por Zamboni Ledesma. Y agregó que tampoco le caben las imputaciones porque no era funcionario público en ese momento y los hechos citados no están incluidos.

¿Estos hechos son un delito en Código Penal? Interrogó y respondió que “si no fueron mencionados se debe archivar la causa porque -advirtió – vamos camino a la nulidad”.

En este punto insistió que tanto el Art. 248 como el 274 no constituyen delito porque ninguno de los imputados conoce el hecho del que habría surgido una probable investigación. “Si el Fiscal no tuvo el coraje de ampliarla no es un problema nuestro, habrá que hacer una nueva requisitoria y habrá que inventar una novela distinta”, deslizó.

Concretamente solicitó que revoque la falta de acción y sobresea la causa porque no encajan los hechos. Se apoya en jurisprudencia de la CFCP acerca de la garantía de la defensa en juicio. “Si el hecho constituye delito en ese caso no prosperaría y si fuera subjetivo que lo es, es innecesario someter a personas a procesos como lo dijo la Corte”, afirmó.

Sobre la prescripción dijo que “esta etapa no supera el análisis de los hechos y no debería ser planteada” y adhirió a lo dicho por su colega. Indicó que en el supuesto caso que se le aplique el artículo 248 -pena de dos años- por la prescripción ya se cumplieron y con exceso.

Se declaró “fanático” de la teoría del delito de Francisco Charrara que aprendió como alumno y seguirá enseñando como profesor. Ponderó esta construcción teórica y a una de las premisas que explican que “si no hay hecho no hay delito. No se puede castigar a nadie sin una ley previa”, destacó.

A propósito de esta afirmación cabe destacar que en la audiencia quedó expuesto un duelo verbal entre profesores y ex alumnos de la Facultad de Abogacía y Ciencias Sociales de la UNC. Unos sentados en el banco de la defensa y otros en la fiscalía y la querella.

La voz de la fiscalía

El fiscal retrucó los argumentos esgrimidos por la defensa. En primer lugar contextualizó los hechos y recordó que los ex presos políticos asesinados en la penitenciaría estaban bajo la tutela de los funcionarios y amplió los fundamentos de la acusación. Y afirmó que la decisión del juez fue acertada.

Desde lo procesal afirmó que esta causa que está juzgando la conducta de los funcionarios quedó expuesta en el Juicio Videla y lamentó que haya sido escindida de aquella.

Antes realizó unas consideraciones semánticas acerca de los conceptos “dictadura militar, dictadura cívico militar y dictadura militar a secas” y los relacionó con el discurso que cada juicio fue legitimando. Sobre la legitimación y los discursos dominantes en diferentes etapas discurrirá Vaca Narvaja sobre el final.

Gonella recordó que “dictadura militar” refiere a los mandos militares de la cúpula castrense juzgados en la causa 13 y sostuvo que cuando se quiso avanzar en la definición de responsabilidades de los mandos subalternos ocurrieron presiones y se consagraron las leyes de la impunidad y produjo un retraso de 20 años.

A partir del año 2005 -dijo-, una medida de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó una resolución en la causa Simón que “para mí produjo un acto refundacional de la república”, sostuvo.

Y explicó que ello significó que “cada porción del poder asumió su cuota de poder y su rol institucional”. El poder ejecutivo acompañó estas medidas con políticas de Estado y a las víctimas del terrorismo de Estado como las Madres de Plaza de Mayo y las Abuelas de Plaza de Mayo, en la lucha por investigar la verdad de lo que ocurrió en esta época reciente.

“En el mismo sentido actuó el poder legislativo, pero con el resurgir de esta causa empezó aflorar otro concepto nuevo: Terrorismo de Estado que trascendió a un par de burócratas altamente eficientes en la aplicación de torturas y esto quedó demostrado el año pasado en el juicio UP1”, señaló.

Luego analizó que el término dictadura cívico - militar asomó cuando aparecieron actores civiles cómplices como la Iglesia y los Jueces. Hizo un racconto de las causas que en las que fueron condenados y destituidos magistrados como Bruza en Santa Fe y Miretti en Mendoza.

El funcionario público advirtió que “existen más de 45 funcionarios entre procesados y condenados en todo el país. Todos los abogados defensores plantean estos recursos de excepción como por ejemplo en Salta donde se investiga la desaparición y tortura del gobernador y también en el TOF1 hasta llegar incluso a la Corte”, afirmó y reconoció la labor de esta cámara que también se expidió en el caso Alsina.

“El principio de inocencia lo es hasta que un Tribunal lo declare culpable y no lo afecta al imputado”, aclaró y solicitó el rechazo de la solicitud de la defensa.

Sobre el tema de la prescripción dijo que Buteler argumentó desde una posición positivista del derecho y recordó que la Corte dijo que la inclusión de convenciones fueron tomadas hizo en base a experiencias tomadas de la costumbre como los genocidios armenio, judío y otros y se refirió al fallo Arancibia Clavel.

Más adelante aportó jurisprudencia de fallos recientes para demostrar que los delitos conexos como los que son objeto de análisis en esta audiencia son también abarcados.

Y citó textualmente párrafos de un fallo que expresan que los crímenes son imprescriptibles y destacan por ejemplo que también son responsables los que “toleren su participación No solo prevé castigos para los que lo hacen sino también para los que los “toleren.”

“La comunidad internacional debió dar respuesta a los hechos aberrantes ocurridos en nuestro país” –consideró-, y se preguntó: ¿Este verdadero genocidio se podría haber llevado adelante sin esta ‘tolerancia’? ¿Cabe alguna duda de que este “tolerar” fue una conducta sistemática en el caso de la UP1? Está presente sistemáticamente y se masacraron a 30 personas que estaban a cargo de los magistrados. No me cabe duda”, fundamentó.

Pidió que conste en actas otras consideraciones que respaldan lo actuado por el Juez y defendió la aplicación de varios artículos del código penal que alcanzan a los funcionarios públicos. (Arts. 248, 264, 269, 274 y 277)

“Hay más que suficientes pruebas del delito, la prueba es contundente. Según Lescano Roqué –dijo- Puga sería una tabula rasa y tendría que tenerse en cuenta en un hecho y no en el segundo. Puga juró por el proyecto del Proceso de Reorganización Nacional, la matanza fue sistemática”, expresó.

En relación a los sobreseimientos de Otero Álvarez, Haro y Molina consideró que fue apresurada habida cuenta que se encuentran muy comprometidos y pidió que se solicite como testigos a varios testigos de la causa UP1 ya nombrados.

“Juicio maldito”

Los abogados querellantes presentes adhirieron a la postura del MPF y reforzaron el pedido de procesamiento y agilización de la causa de magistrados.

Miguel Ceballos tomó las palabras de Rubén Arroyo cuando en su momento dijo refiriéndose a la causa UP1 que “este es el juicio maldito de la justicia federal”. Y recordó que fue Arroyo quien le advirtió a la fiscal López de Filoñuk, en 2007, que había que imputar a Jorge Rafael Videla y que se debía tener en cuenta el caso del doctor Vaca Narvaja –asesinado en la UP1- que estaba a cargo de esos magistrados.

Retrucó los dichos del defensor cuando intentó alejar de la escena de la muerte de Moukarzel a su defendido diciendo que murió de un PCR. “Nunca hubo voluntad de investigar”, afirmó y recordó que López Filoñuk y Enrique Senestrari se apartaron como fiscales. Pasó a Gustavo Vidal Lascano y luego Cristina Garzón de Lascano también se apartó. “Una cadena de complicidades y una actitud corporativa”, manifestó.

“Soportamos el desglose y que la siga Piedrabuena. Hasta hoy, el fiscal que estaba- Alberto Lozada- también se apartó. Esta causa se debió tratar con a causa Videla y me refiero a Haro, Otero Álvarez y Molina” remarcó.

Solicitó que se eleve la causa a juicio y reflexionó que “esta justicia federal debe dar el paso más doloroso: dejar de lado los amiguismos, “la sagrada familia” como se conoce en la calle. Ninguno de nosotros ni los organismos de derechos humanos hemos hecho cuestiones de venganza”, concluyó.

Por su parte, Miguel Martínez, se refirió a que “lo conexo existe y ya fue resuelto porque fue arbitrariamente separada de la causa UP1; y uno de ellos tuvo que renunciar: Otero Álvarez. Hablamos de hechos y son concretos. Y el doctor Buteler dijo que el ‘derecho es nuestra salvación’. Lo espero del sistema democrático y nadie puede discutir que juró ante un sistema y nadie puede desconocer cada uno de los derechos mucho menos Ali Fuar Ali y Puga que incluso se autoincriminó”, analizó.

Finalmente Miguel Hugo Vaca Narvaja (n)planteó si “¿Está en condiciones la justicia federal de Córdoba de resolver estas cuestiones que hacen a su estructura precedente en estos casos? La respuesta no es fácil de obtener. Hubo tres juicios: Brandalisis, Alvareda, Moyano y Morales y UP1.

El querellante destacó que tras un análisis del discurso jurídico de la justicia federal queda claro que “se centra en el Golpe Militar que es llevado adelante por los militares” y fortaleció lo expresado por Carlos Gonella respecto a la consideración de la existencia de una dictadura cívico- militar de cual la justicia no se siente parte y tampoco considera hacer una autocrítica.

Luego reprochó a la corporación judicial que “asume una posición cómoda y toma el discurso de los militares que afirma que ‘vinieron para erradicar a la subversión’. Sin embargo, podemos palpar que el objetivo central no era la lucha contra la subversión y quien lo dijo con claridad fue precisamente Mones Ruiz”, analizó.

“La teoría de los dos demonios que le daba sustento se propagó en la sociedad pero el objetivo era un reordenamiento social, un cambio en el perfil productivo industrial para devolverle al antiguo rol de agroexportador al país”, señaló. Y añadió que esto se pudo vislumbrar apenas nombraron como ministro de economía a José Martínez de Hoz y ante la creación varias instituciones bancarias.

“No hubo testigo que no nombrara a alguno de los apellidos ya mencionados. Y volviendo a la pregunta original: ¿Están en condiciones la justicia federal de juzgar estos hechos? ¿De juzgar la participación necesaria de estos hechos? La respuesta la tienen ustedes señores jueces”, concluyó.

Todos realizaron las reservas legales de concurrir ante la corte suprema si no eran acogidos sus fundamentos. El lunes 18 se realizará una próxima audiencia en la sede de tribunales federales, a las 10:30hs.

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Argentina: Crítica del ombudsman santiagueño: Denuncian que Tucumán “no hizo nada” para frenar la contaminación

PRIMERA FUENTE

Así lo sostuvo el defensor del Pueblo de Santiago del Estero, Marín Díaz Achával, refiriéndose a la contaminación provocada por los ingenios y otras industrias que vuelcan sus residuos en la cuenca Salí-Dulce. Advirtió que si continúa la falta de tratamiento de los desechos industriales de las empresas tucumanas “se terminará destruyendo el ecosistema de Las Termas”.

A pesar de las denuncias, la mortandad de peces no se detiene.

“No hay nada concreto, nada real. El año pasado para esta fecha habíamos advertido que iba a ser una etapa complicada la que se venía porque se aumentaba la producción de biocombustibles, de hecho así lo fue y tuvimos un episodio enorme de mortandad de peces”, señaló el funcionario en diálogo con Radio Panorama, según publicó el diario El Liberal. El Ombudsman santiagueño estuvo el lunes en Tucumán para conocer el avance de las denuncias que se tramitan en los dos juzgados federales contra los responsables de las empresas.

Agregó, según el matutino, que el año pasado ni las autoridades tucumanas ni los ingenios tomaron precauciones y “un año después estamos en la misma situación, respecto de la vinaza, así que no sería de extrañar otros episodios similares a los sufridos en 2010 y de esta forma van a terminar contaminando el lago”.

“Por ahora, el lago se puede recuperar”, insistió Díaz Achával, pero advirtió que si continúa la falta de tratamiento de los desechos industriales de las empresas tucumanas “se terminará destruyendo el ecosistema de Las Termas”.

Agregó que en los últimos 15 años la Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero tuvo como agenda, entre sus prioridades, el tema de contaminación de la cuenca. “El tema es que se llega a cuestiones judiciales cada vez más graves cuando en realidad, es un problema que debería resolver el sector privado principalmente con el acompañamiento y una guía del Poder Ejecutivo de Tucumán, que notoriamente no tomaron los recaudos necesarios y no fueron capaces de resolver este tema”, señaló, según El Liberal.

El funcionario se quejó porque “Tucumán no sanciona (a las empresas) y no está adherido a regímenes nacionales de niveles de contaminación de productos como la vinaza, que son más estrictos”.

“Los ingenios tienen que sacar de circulación la vinaza de la cuenca. Hay una forma que ellos mismos pusieron sobre la mesa hace algunos meses y que la Defensoría les propuso en 2006 que es la construcción de vinazaductos y depositarlas en lugares donde se puede hacer un sistema de decantación ya sea por evaporación u otro método”, indicó.

El Ombudsman remarcó que la Secretaría Ambiente de la Nación ofreció créditos a tasa cero para realizar el tratamiento de los desechos y específicamente amplió 100 millones de pesos para la vinaza, pero dijo que ningún ingenio tomó ese dinero para la concreción de obras. “No lo hacen porque no tienen sanción, hacen lo que quieren”, expresó el funcionario, de acuerdo a la publicación del matutino.

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El Senado uruguayo aprueba texto para anular la Ley de Caducidad

PL

La cámara de Senadores de Uruguay (alta) aprobó con 16 votos a favor y 15 en contra, un texto denominado proyecto interpretativo para anular la Ley de Caducidad, conocida también como Ley de Impunidad.

Los sufragios favorables correspondieron a los legisladores del gobernante Frente Amplio (FA), mientras los negativos fueron de los representantes de la oposición y de Jorge Saravia del FA.

La extensa sesión, que duró 12 horas, tuvo en su apertura la presentación del frenteamplista senador Oscar López Goldaracena, quien destacó que la opción era "entre la arbitrariedad y los derechos".

Durante gran parte de los debates las barras del Legislativo estuvieron llenas de militantes de organizaciones sociales y jóvenes para no perderse "un día histórico", según comentaron a la prensa local.

Eduardo Volpe, miembro de Crysol, la Asociación de Ex Presos Políticos, comentó que el ambiente es de satisfacción por la inminente anulación de la ley y añadió: "esto va a abrir la puerta para conocer la verdad en muchos casos".

El documento sancionado volverá ahora a la Cámara de Diputados (Baja), ya que el Senado realizó modificaciones en su letra.

La coalición de izquierda espera aprobar el pliego en esa instancia antes del 20 de mayo, fecha en que Uruguay recuerda a los muertos y desaparecidos durante la dictadura.

El 22 de diciembre de 1986, tras la caída de la dictadura, el Parlamento uruguayo aprobó la Ley de Caducidad con los votos de legisladores de los partidos Blanco y Colorado, conservadores, y la oposición del FA, ahora en el gobierno.

La norma impide procesar y condenar a militares y policías que cometieron secuestros, torturas, violaciones de detenidas, asesinatos, ocultamientos de cadáveres y otros crímenes durante el régimen de facto (1973-1985).

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Concluyó reunión Nicaragua-Costa Rica con discretos resultados

Alfredo G. Pierrat (PL)

La primera reunión entre representantes gubernamentales de Nicaragua y Costa Rica, tras seis meses de distanciamiento, concluyó con discretos acuerdos para enfrentar de manera conjunta el narcotráfico y el crimen organizado.

El cónclave se efectuó en Peñas Blancas, una localidad situada en la frontera común, con la participación de delegaciones encabezadas por viceministros de Relaciones Exteriores de los dos países, y vicecancilleres de México y Guatemala como observadores.

Se esperaba que el encuentro abordara el diferendo fronterizo que enfrenta a los dos vecinos centroamericanos desde octubre del pasado año por la soberanía de un diminuto pedazo de tierra pantanosa en el delta del nicaragüense río San Juan, a fin de avanzar en la normalización de los vínculos bilaterales.

Sin embargo, el gobierno de San José insistió en dedicarlo exclusivamente a aspectos relacionados con seguridad y la lucha contra el narcotráfico en la zona fronteriza, y envió una delegación especializada en esos temas y no una gubernamental de alto nivel, como había propuesto Nicaragua.

Tras cinco horas de deliberaciones, ambas partes acordaron crear un mecanismo de enlace para enfrentar el narcotráfico, para el que fueron designados el viceministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Walter Navarro, y el vicetitular del Ministerio de Gobernación (Interior) de Nicaragua, Carlos Nájar.

Se trata de un canal de comunicación que pertimitirá la definición de una serie de relaciones de coordinación e intercambio que posibilitarán el enfrentamiento a la actividad transnacional del crimen organizado, dijo Nájar al término del encuentro.

Las dos delegaciones acordaron, además, volver a reunirse, aunque quedaron pendientes la fecha y la sede del próximo encuentro.

Habrá una nueva reunión y definiremos en un futuro muy cercano si va a ser en Guatemala o en México, dijo por su parte el vicecanciller mexicano Rubén Beltrán, quien con su colega guatemalteco Carlos Morales, estuvo presente en carácter de "facilitador".

"Nosotros estamos dispuestos a hablar en cualquier lugar, en cualquier momento, y creemos que no hay que ver hacia atrás, lo que hay que ver es el resultado, la voluntad concreta de sentarse en la misma mesa y en cualquier lugar", señaló al respecto el viceministro nicaragüense de Gobernación.

En esa venidera cita bilateral, "se establecerá una agenda común, que permita luego trazar una hoja de ruta que posibilite acciones concretas", adelantó Nájar sin revelar otros detalles.

A pesar de sus discretos resultados, el hecho de que ambas partes se hayan sentado alrededor de una mesa es considerado un éxito, y un primer paso en el camino hacia la solución de las diferencias que enfrentan a las dos naciones.

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Daniel Ortega con ventaja de cara a las elecciones nicaragüenses

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, tiene hoy un apoyo ciudadano de 47,8 por ciento, una amplia ventaja sobre sus adversarios, cuando se prepara a competir el 6 de noviembre próximo por un nuevo mandato, indicó un sondeo divulgado por la prensa.

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El Salvador: Crisis económica reduce ingresos por empleo y remesas

Leonor Cárdenas (COLATINO)

Representantes del Departamento de Estudios Económicos y Sociales (DEES), de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUADES), aseguran que en los últimos 12 meses la crisis económica ha reducido los ingresos por empleo y remesas.

Según el informe presentado por FUSADES, el índice de precios mundiales de alimentos ha aumentado 44.2%; en su mayoría, debido a los problemas de clima que redujeron las cosechas.

“A febrero 2011, la canasta básica alimentaria urbana aumentó 10.3% y la rural 18.9%; siendo el impacto de los shocks internacionales, combinados con otros factores estructurales, los que agravan la condición de vulnerabilidad de las familias”, manifestó Amy Angel, gerente de la Sección de Recursos Naturales de DEES.

Angel, aseguró que el impacto de los shocks internacionales ha causado un retroceso de siete años en la lucha contra la pobreza y una mayor incidencia de la desnutrición.

Asimismo, Angel aclaró que el consumo de alimentos de los hogares pobres podría reducirse entre 8% y 13.5 %, a raíz del aumento en los precios. “Esto puede agravar la incidencia de la desnutrición y comprometer el desarrollo físico e intelectual de los niños”, dijo.

Educación

Con respecto al desarrollo educativo, la gerente de la Sección Social de DEES, Helga Cuéllar Marchelli, dijo que el incremento en la cobertura en primaria y las exigencias de las sociedades del conocimiento están haciendo más evidente la necesidad de avanzar en la reforma de la educación secundaria.

“La misión de la educación secundaria es ampliar las oportunidades de los jóvenes para que puedan construir un futuro provechoso, como personas y ciudadanos productivos”, explicó Marchelli.

Para la gerente, el 14.8% y el 40.5% de los adolescentes de 13, 14, 16 y 18 años de edad, no estudian debido a los altos costos de la educación. Y el 16.7% de los jóvenes entre los 13 y 23 años no estudian, ni trabajan; situación que aseguró puede agravarse en el contexto de la crisis.

Medio ambiente

El analista Senior de la Sección de Recursos Naturales de DEES, Leopoldo Dimas, explicó que el recurso hídrico es esencial para promover el desarrollo.

“Pero su desaprovechamiento afecta la calidad de viva de los salvadoreños, particularmente de los más vulnerables”, dijo. El país recibe 23,212 millones de metros cúbicos de agua cada año (32% en ríos y 9% en acuíferos), “de allí que el problema del agua no es la escasez absoluta, sino de interrupción del ciclo de agua y contaminación”, agregó Dimas.

El analista aseguró que la adecuada protección del vital líquido garantiza su disponibilidad y mitigación de riesgo durante la época lluviosa, por lo que recomendó la creación de un enfoque de gestión integrada que busque proteger y utilizar los recursos hídricos bajo los principios de sostenibilidad ecológica, equidad y eficiencia económica.

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México: Más pobreza, trabajo y discriminación, según encuesta

PL

A pesar de que trabajan más, uno de cada cinco mexicanos es pobre, mientras la riqueza constituye un factor de división, de acuerdo con el resultado de dos encuestas publicadas hoy por medios de prensa locales.

El informe anual de estadísticas sociales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) refiere que México es el país miembro de esta organización donde más se trabaja, con 10 horas diarias como promedio.

Sin embargo, casi la mitad de sus habitantes manifiesta no poder vivir de sus ingresos, en tanto la capacidad de compra a partir de los salarios ha disminuido, según la percepción del 64 por ciento de los encuestados.

Esto se debe, precisa un reporte del sitio digital Informador, a que de las horas totales que laboran al día, cuatro y media son en actividades no remuneradas, las cuales recaen particularmente en las mujeres, quienes dedican 261 minutos más que los hombres a esas tareas.

La percepción en torno al crecimiento de la pobreza está ligada a una visión negativa sobre el éxito de los programas oficiales para combatir este flagelo social, indica el diario Excelsior.

Por otra parte, la Encuesta sobre Discriminación en México 2010 (Enadis) resalta que seis de cada 10 personas consideran que "la riqueza es el factor que más divide a la sociedad, seguido de los partidos políticos y la educación".

Además, el 40 por ciento está convencido de que a la gente se le trata de forma distinta por su color de piel, y el 30 que a las personas se les insulta en la calle por esa razón.

El periódico La Prensa señala que al preguntarle a los encuestados sobre el nivel de credibilidad en los actores políticos y sociales, nueve de cada 10 mexicanos expresaron confiar en la familia, y siete en igual proporción manifestaron sentir seguridad en la iglesia, el Ejército y los maestros.

Otros factores de división social mencionados fueron la repartición de apoyos del gobierno, las preferencias sexuales y la emigración, tema que por demás fue abordado por primera vez.

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