jueves, 14 de abril de 2011

De la revolución pasiva a la revolución activa

Homar Garcés (especial para ARGENPRESS.info)

El sentido y el contenido de la revolución socialista en nuestra América y, muy particularmente, en Venezuela, tendrían que desmantelar forzosamente las diversas estructuras que caracterizan el modelo de sociedad actual, con un Estado burgués-representativo y una economía capitalista periférica y extractiva, por lo cual el esfuerzo articulado de los revolucionarios debiera dirigirse, esencialmente, a la construcción de espacios independientes de participación popular que le disputen consiguientemente la hegemonía al poder constituido, esto es, a las minorías dominantes, al mismo tiempo que se emprende un cuestionamiento deslegitimador de la omnipotencia depredadora del capital.

De este modo, la revolución socialista dejaría de ser algo abstracto y pasivo para convertirse en una realidad totalmente dinámica y demoledora de los paradigmas que han regido hasta ahora a nuestros pueblos, imponiendo así cambios sustanciales que hagan de la democracia participativa y protagónica la base inalterable de los mismos, pues sería contradictorio que los sectores populares aún se mantuvieran tutelados por quienes ejercen el gobierno mientras se repite a diario que la soberanía reside en el pueblo. En este caso, por su particularidad emancipadora y humanista, el socialismo revolucionario está llamado a representar el grado superior que pudiera alcanzar la sociedad humana en cuanto a su desarrollo armónico y a la plenitud de sus derechos democráticos. De ahí que les sea necesario a los revolucionarios despojarse de los patrones de conducta promovidos por la sociedad capitalista, sobre todo, en lo que respecta a la manera en que se asume la comprensión y el ejercicio del poder, obligados -por tanto- a establecer unas nuevas relaciones entre gobernantes y gobernados que resulten ser expresión constante de la nueva democracia revolucionaria, sin el verticalismo ni el autoritarismo que definen al Estado vigente.

Esto, por supuesto, exige un cambio de actitud radical. Para lograrlo, es ineludible plantearse un proceso de formación y de superación -en un primer lugar- de los cuadros revolucionarios, extrayendo de la práctica revolucionaria todo lo necesariamente útil para la construcción tangible de la sociedad de nuevo tipo, definiendo y fortaleciendo aquellos espacios ya conquistados por los sectores populares. Tal proceso ayudaría, sin duda, a fijar controles que tengan su punto de partida desde abajo que respondan a esquemas de organización sujetos al desarrollo y la consolidación de la democracia participativa y protagónica. De otra forma, se caería en el reformismo, así se proteste que ello es socialismo, ignorando que sin la participación real del pueblo éste no será jamás posible, como ya lo demostraron las experiencias fallidas de la URSS y de las naciones bajo su órbita imperial.

Por ello, la revolución socialista nunca debiera ser pasiva, ya que su meta fundamental es la completa supresión de las desigualdades, la explotación y la falta de derechos básicos de la mayoría poblacional de nuestras naciones bajo el régimen capitalista. Creer que la misma deba obedecer a etapas por cumplirse, según “leyes inexorables” que pocos sabrían explicar, es echar mano a los mismos recursos utilizados por los sectores dominantes para negarle al pueblo su status deliberante, soberano y creador, manipulándolo según sus intereses particulares. En vez de eso, los revolucionarios tienen ante sí el reto de hacer del socialismo una herramienta fructífera para el cambio estructural que debe experimentar el Estado burgués-liberal imperante, sin que esto signifique darle continuidad o fortaleza alguna, ya que -de ocurrir- se menoscabaría igual que hoy la soberanía plena de los sectores populares.

Algo similar, tendría que entablarse respecto al sistema económico capitalista, invirtiendo las relaciones de producción y de explotación existentes, con una clase trabajadora consciente y organizada (sin la clásica distinción entre trabajadores manuales y trabajadores intelectuales o profesionales), capaz de romper las diferenciaciones de clase actuales y de instaurar la sociedad igualitaria, democrática y justa que todos quisiéramos ya vivir.

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El imperio no descansa: Ahora endulza a Chávez

Ricardo Salgado

Gran revuelo ha causado la “sorpresiva” visita de Porfirio Lobo Sosa a Cartagena de Indias, el pasado 9 de septiembre, provocando una serie de conjeturas y opiniones sustentadas, la mayor parte de las veces, en criterios subjetivos, carentes de análisis más allá de la coyuntural visita a la cumbre de presidentes de Colombia y Venezuela del mismo Lobo Sosa. Es entonces importante, nuevamente ver de cerca algunos hechos que nos aporten un poco más de lucidez para interpretar el contexto de esta realidad.

Primero debemos tener presente que este movimiento diplomático no es posible sin el consentimiento expreso de Washington; a pesar de su relativa independencia, el gobierno colombiano no puede hacer un movimiento de carácter estratégico para la región sin haber consultado con el Pentágono y el Departamento de Estado, principales promotores y pilares del Plan Colombia. Por otro lado, el régimen hondureño, impuesto como parte del “blanqueamiento” del Golpe de Estado Militar, se ha convertido, después de casi dos años, en una pesada carga política y económica para los intereses norteamericanos en la región, y es directamente dependiente de los designios emanados en el Departamento de Estado y la CIA misma.

Un segundo punto que se mantiene constante, es la situación política nicaragüense, que, según sondeos de opinión, es bastante adversa para los aliados naturales del imperio en ese país. La misión de desestabilizar la Nicaragua pre electoral, necesita de una solución, aunque sea parcial, a la crisis hondureña, que parece profundizarse a medida que el pueblo se organiza, y entra en capacidad de causar impactos de consideración a la maltrecha economía del país. En cualquier caso, los movimientos vía Colombia, no están dirigidos a la distención, sino para generar opciones de reagrupamiento de las fuerzas de inteligencia y logística que ahora se empeñan en “resolver” la situación en Honduras.

El tercer problema es la situación calamitosa de la economía de Honduras, la que no da muestras de recuperación, y los acontecimientos locales e internacionales parecen predecir la imposibilidad de auto sostenibilidad de la economía local en 2011. Según las previsiones presupuestarias para 2011, la mayor parte del ingreso a las arcas del estado debía provenir de la recolección de impuestos. Sin embargo, un 70% de la colección impositiva se debe al impuesto sobre ventas, y los impuestos a los derivados del petróleo; es decir la suerte financiera del Estado depende en gran medida del consumo de la ciudadanía, en una sociedad normalmente en recesión.

Ante este escenario, se puede prever un déficit estrepitoso a final del año fiscal, si no se adoptan medidas serias de emergencia en las siguientes semanas. Impregnados de pragmatismo, los norteamericanos entienden que ellos no están en capacidad de sostener la fachada de este régimen, y entonces buscan una solución en Petrocaribe, que generaría fondos suficientes para resolver el problema, dadas las características de esta iniciativa. Hay un escollo a salvar, este se encuentra en la determinación de los países sudamericanos por evitar la impunidad total del Golpe de Estado militar, patrocinado por los mismo Estados Unidos.

Concluimos en esta primera parte que la estrategia norteamericana es solventar un par de problemas estratégicos que arrastra desde hace un par de años, y cuyo costo económico está fuera de su propia capacidad. Es poco probable que la acción tomada busque realmente solucionar el “asunto” hondureño, pero definitivamente muestra un cambio estratégico en el enfoque sobre la situación en Latinoamérica.

Evidentemente, el giro no es sorpresivo; la situación se veía venir desde hace algunos meses, durante los cuales la relación Santos – Lobo se ha intensificado, en varios aspectos, especialmente el de seguridad nacional, en el que Colombia ha creado una especie de escuela del terror para los aparatos represivos del Estado hondureño, incluyendo grupos paramilitares entrenados por colombianos. La cuestión de estos proyectos represivos constituye un problema de gran envergadura, y deben estar sobre cualquier mesa de diálogo o negociación que se instale alrededor de la grave crisis que afecta el país.

La inclusión del presidente Hugo Chávez no es tampoco fortuita; su participación es esencial para obtener el oxígeno que el régimen hondureño necesita. Por su lado, el gobierno bolivariano ha mantenido una posición firme, que se mantiene más allá de las conversaciones del fin de semana, en cuanto al reconocimiento del régimen hondureño. Vemos que la situación requiere de gran habilidad política y diplomática, dos cualidades probadas del gobierno del presidente Chávez en el pasado. Se presenta una oportunidad dentro del marco de la rigidez golpista hondureña, para discutir abiertamente temas de gran trascendencia para la estabilidad de América Latina y de Honduras.

Así mismo, en una acción racional, entendiendo la dimensión de la coyuntura Chávez, se comunica telefónicamente, como el mismo aclaró, al interlocutor que conoce la realidad hondureña; el presidente Manuel Zelaya Rosales, como contraparte activa del tema hondureño del golpe de Estado, tomando en consideración el hecho de que ninguno de los presidentes puede darse el lujo de rehuir a un potencial arreglo del problema ocasionado por la política imperial contra el ALBA y la integración latinoamericana.

Es irresponsable afirmar que tanto Chávez como Zelaya entran a un juego en el que entregaran la lucha de latino américa y del pueblo hondureño, cuando está de por medio su propio prestigio, y con Chávez buscando la reelección. Existe clara consciencia de la repercusiones que conlleva tomar decisiones equivocadas, y se tiene presente que se en el pasado se ignoró la dimensión continental del golpe de Estado en Honduras, y su terrible impacto, lo que no fue posible decubrir sino hasta que Estados Unidos decidió apoyar al dictador Micheletti e imponer elecciones.

La violación a los derechos humanos, así como la brutal represión, que hoy día ya se reporta en varios puntos del país son hechos concretos y mientras se mantengan los niveles de confrontación del Gobierno de Lobo contra la población civil desarmada, cualquier acuerdo es más bien una ilusión. Lo saben también Santos y Lobo Sosa.

Porfirio Lobo Sosa, por otro lado, juega con la carta de la Corte Suprema de Justicia golpista, que puede aferrarse a la persecución político judicial que ahora mantiene contra el presidente Zelaya y otras personas, mientras Lobo suplica su reintegro a la OEA, esperando la indulgencia de una comunidad latinoamericana a quien esconde la persecución contra sus opositores . A nadie engaña Lobo con la invocación de la falsa concepción de la independencia de poderes, ya que en la práctica, el sabe que está sujeto a lo que determinen el embajador de Estados Unidos, la asociación de dueños de medios y otros influyentes empresarios y políticos locales que ven en Zelaya un peligro potencial.

El mero hecho del encuentro entre el presidente Chávez y Lobo Sosa, ha servido ya para crear una especie de cortina de humo que tiende a cerrar el espacio a otros eventos que se desarrollan dentro de Honduras, a nivel mediático. La persecución contra los maestros es reemplazada en los titulares por una absurda discusión sobre la actuación de Lobo, o sobre las intenciones de los otros presidentes. Es muy probable que, si el proceso de dialogo emprendido en Cartagena de Indias no avanza a otro nivel, el tema siga siendo utilizado para manipular a la opinión pública.

En síntesis, podemos apreciar a un gobierno estadounidense apremiado por sus propios errores de cálculo, a un presidente Santos jugando sus propios intereses a un régimen hondureño política y económicamente desmejorado, buscando soluciones ante dos presidentes que conocen de sobra la conducta y la diplomacia promovida por los gringos en esta parte del mundo. Tanto Chávez como Zelaya tienen la obligación histórica de frenar esta iniciativa, si es que la misma va significar otro engaño, pues, de otro modo, las contradicciones necesarias para desarrollar nuevas condiciones y coyunturas no se producirían en el corto plazo, y se debe apreciar objetivamente que, por primera vez en dos años, ahora tenemos oportunidad de enseñarle a Estados Unidos que no pude seguir jugando ajedrez con nuestros pueblos.

Como observadores pasivos, necesitaremos hacer uso de mucha más investigación, y recolección de piezas valiosas de información para poder ver acertadamente como esta coyuntura, inspirada nuevamente por el gobierno norteamericano, se encamina hacia un nuevo fiasco o realmente es el camino que requiere Honduras. Siempre debemos tener en mente que en estos procesos existe pesos y contrapeso y que las acciones del pueblo inciden en el desarrollo dialectico de los acontecimientos.

Al final, estamos en asistiendo a un acontecimiento que no podemos desdeñar, y debemos estar pendientes de los informes que el mismo presidente Zelaya ha de emitir para informarnos: Mientras tanto, nuestra misión sigue siendo la de luchar, organizarnos, y seguir luchando.

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Perú: Vargas Llosa prefiere el “cáncer”

Jorge Altamira (especial para ARGENPRESS.info)

Aunque carga con el título de premio Nobel de Literatura, al peruano Vargas Llosa lo acometió un lapsus de inspiración poética cuando, en alusión a los candidatos que se ganaron el derecho a ir al segundo turno en las elecciones de su país, se quejó de que habría que “elegir entre el cáncer y el sida”. También lo abandonó algo de lo que carece: perspicacia política. Las últimas informaciones lo dan votando a Ollanta Humala - el cáncer de la fábula.

¿Y por qué no? En Perú se registra un fenómeno que ya se dio en El Salvador y en Honduras - las andanzas de Brasil por la política latinoamericana. En la patria de Farabundo Martí, Lula logró meterle al FMLN, en 2008, un candidato que no gozaba de los favores de “los cinco comandantes” de esa agrupación. Desde el día que asumió la Presidencia, los primeros pasos del flamante Funes fue alejarse de Hugo Chávez y del proyecto de integrar a El Salvador al Alba, e inclinarse hacia el lado de Obama; la prensa del corazón atribuyo el giro a su esposa brasileña, además militante del PT. En Honduras, Lula hizo todo lo diplomáticamente posible para reponer a Zelaya en la presidencia. Brasil se ha encariñado con Centroamérica porque quiere convertirla de rival en socia en el negocio de venta de biocombustibles a Estados Unidos. Compite allí con los capitales norteamericanos.

En Perú no se ha limitado a ponerle a Ollanta Humala a los marketineros de la campaña electoral y a aconsejarle que distienda su imagen pública; incluso descubrieron algo que el propio Ollanta no sabía - que su esposa podía colaborar en ese empeño. Más importante que eso le dijeron que se comprometa a respetar los contratos contraídos por Perú con los pulpos internacionales, no solamente con los que explotan la fabulosa minería de Perú; que haga lo mismo con el tratado de libre comercio con USA; en suma, que respete el status de semicolonia económica del país sin por eso renunciar a su etiqueta de “nacionalista”. Humala dio sin el menor resquemor el paso que media entre la copia y el clonaje cuando declaró, como Lula lo había hecho en Brasil, que él era todo “paz y amor”. ¿Consejos de amigo? ¡Para nada! “Hay muchas empresas brasileñas de construcción”, relata la periodista Jacqueline Fowks (El País, 13.4), “que ya han hecho grandes negocios con Alan García, a las que les interesa mantener esos privilegios”. Fowks cuenta que los peruanos se enteraron por los diarios brasileños de que Alan García había firmado un acuerdo energético con Brasil, bajo el gobierno de Lula-Dilma Roussef. Las constructoras de infraestructura y el capital de material pesado son los socios fundamentales de la extracción de minerales - los que se reparten o “redistribuyen” los beneficios extraordinarios de la minería. Si se trata de hacerla corta, Ollanta Humala se ha reconvertido a agente de los pulpos brasileños y del conjunto del gran capital mundial. Cegado por sus prejuicios raciales y por sus limitaciones intelectuales cuando se trata de la política, Vargas Llosa se apresuró en catalogarlo como canceroso.

Pero el ‘nacionalista’ Humalá ha dejado atrás sus rencores. Si no alcanzó lo que ya hizo para persuadir a muchos en primera vuelta, va por más. Es así que (El País) “el entorno de Humala ha filtrado que no descartan ofrecer a Beatriz Merino la jefatura de gabinete en un hipotético gobierno”. Beatriz volvería así a las oficinas de sus amores, porque ya la ocupó bajo el gobierno ‘neoliberal’ de Alejandro Toledo - el Menem peruano. Fue suficiente para que el mencionado, que salió cuarto en las elecciones del domingo pasado, anunciara que votará por Humalá. En Peru, parece, el cáncer se ha puesto de moda. Más que eso, hay un negocio a preservar: el comercio brasileño-peruano a través de la carretera transoceánica, que llevará los minerales de Brasil a China desde el Pacífico. Para Vale do Rio Doce, la gigantesca minera brasileña que Dilma Roussef quiere convertir en un pulpo industrial, el éxito de los asesores brasileños de Humala, vale un Perú. Otra carretera, que une el Amazonas peruano con la brasileña Manaos, ofrece el acceso a la zona franca industrial más importante de América Latina. Lo del cáncer y el sida no es solamente una imagen pobre e insultante, oculta el ‘big business’ de las elecciones peruanas.

Tampoco la Keiko Fujimori, que compite en el segundo turno con Humala, tiene el potencial de contagio que se le atribuye. Ya recibió el apoyo de otro ‘neoliberal’, el N° 1 de Perú, Pablo Kuczinki, tercero en las elecciones, que fue ministro del papá de Keiko. Perú deberá escoger entre dos ‘neoliberales’ - una de derecha y otro de izquierda. Keiko representa, claro, al establishment militar que acompañó a su viejo en el genocidio de trabajadores y estudiantes cuando fue gobierno. Pero Fujimori no la está pasando tan mal desde que lo mandaron a perpetua: vive en una mansión de 450 mts. 2, donde recibe a quien quiera a cualquier hora - dada su condición de ex presidente. Con 74 años a cuestas no es un malvivir.

Como las regiones mineras de Perú se encuentran en estado de rebelión popular masiva, cabría esperar que Ollanta Humala modifique, al menos un poquito, el régimen impositivo que se aplica a los pulpos mineros. El enunciado de la medida denuncia sus límites, porque no existe un control sobre la extracción de minerales. Pero los antecedentes no ayudan, porque un intento similar en la rica Australia acabó con el primer ministro, que fue volteado en las 48 horas posteriores al intento por su viceministra. En Argentina, el congelamiento fiscal firmado por Menem está por cumplir dos décadas y ya superó a gobiernos frepasistas, duhaldistas y, por supuesto, nacionales y populares.

Sería muy positivo que, sobre la base de esta caracterización, se organizara en Perú un movimiento por el voto en blanco y el apoyo a las rebeliones de masas contra los pulpos mineros. Ni paz, ni amor - guerra a los explotadores.

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Perú: ¿El militar Humala o la hija del criminal Fujimori?

Luis Arce Borja (especial para ARGENPRESS.info)

En las elecciones del domingo pasado (10 de abril) resultó un solo ganador: los grupos de poder y el imperialismo. El pueblo nuevamente fue estafado y sin misericordia fue obligado a escoger entre los candidatos de la propia derecha peruana. Al 95.362% del recuento de votos (ONPE) la lista de Humala (Gana Perú) tuvo 4, 485,589 votos lo que significa el 31.741 % de los votos validos. Por su parte Keiko Fujimori (Fuerza 2011) logró 3,321,267 que es el 23.502 % de los votos validos. Ninguno de los candidatos logró el 51% de los votos requeridos para sentarse en el sillón presidencial. Ello resulta un fracaso para la derecha que en el terreno electoral ha jugado un partido sin contrincante, sin oposición de izquierda ni popular. Si se toma en cuanta los votos de Humala y de Keiko Fujimori estos suman 7’806, 856 votos. Esta cantidad es apenas un poco mas de un tercio de los 19’949,915 votos emitidos para este proceso.

Esta contienda electoral fue entre la derecha y la propia derecha. El pueblo sin ninguna representación, se excluyó de un protagonismo político mismo en el terreno electoral. Su rol ha sido marginal y su voto se restringió a favorecer a candidatos de la derecha que en el futuro inmediato serán sus propios verdugos. El dilema actual de los grupos de poder es a quien poner como presidente. Tanto Humala como la hija de Fujimori tienen semejanzas políticas y sus diferencias son de forma pero no de contenido.

Ellos, como antes lo hicieron Fujimori, Toledo y Alan García, aseguran la continuación del sistema político del Perú. Ambos candidatos son cínicos, farsantes, inescrupulosos y moldeables a las circunstancias del momento. Son capaces de vender su propia alma para lograr la presidencia. Estos dos candidatos tienen “rabo de paja”. Humala es acusado de crímenes de guerra cometidos en 1992 cuando era oficial del ejército criminal de Fujimori. Keiko Fujimori lleva la carga pesada de ser la hija del prontuariado, criminal y corrupto ex presidente del Perú actualmente en prisión. Además esta sindicada de haber usado la influencia de su padre para liberar a un narcotraficante.

Humala y la hija de Fujimori, para ganar la segunda vuelta electoral, no tienen otra salida que negociar la repartición de la torta del Estado con los otros candidatos electorales de la derecha. Ahí están presentes personajes como Pedro Pablo Kuczynski 2 millones 210 mil 006 votos (15.618 %), Alejandro Toledo dos millones 210 mil 006 (15.618 %) y Luis Castañeda Lossio un millón 392 mil 116 votos (9.838 %). El total de votos a negociar es de 6’223,073 millones que como negocio en la política peruana se paga al cash en ministerios, altos puestos en el Estado, representaciones internacionales, concesiones para apropiarse de las riquezas de este país, medidas antilaborales y un sin de leyes y disposiciones para proteger la sagrada propiedad de ricos y poderosos.

Por lo pronto Ollanta Humala ha declarado que quiere hacer "una gran mesa" en un eventual gobierno de Gana Perú con todas las fuerzas que lo quieran apoyar. Aseguro que esta listo para hacer muchas concesiones por la “unidad del Perú", incluso dijo estar dispuesto a modificar su programa. Por su parte el escritor Mario Vargas Llosa, que en política es un representante de la derecha de los Estados Unidos en Perú, ha señalado que “votará por Ollanta Humala”. Por su parte Humala anunció sentirse contento con el apoyo del escritor. “Veo una ventana abierta para poder dialogar con Mario Vargas Llosa, somos amigos, lo conozco, estimo y lo respeto por la valía intelectual que tiene y convicción de defender sus ideas. Es uno de los peruanos que da más brillo al Perú internacionalmente, por lo tanto, respeto sus opiniones y saludo esta opinión”, dijo el candidato de Gana Perú (RPP Noticias, 13 de abril).

A diferencia de anteriores procesos electoral, los candidatos presidenciales, respecto a sus programas de gobierno, han sido casi homogéneos. Las diferencias políticas entre estos resultan ficticias y muchas de ellas fueron creadas con fines electorales. Por ejemplo, en el terreno de la economía del pais, tanto Humala como Keiko Fujimori, privilegian reforzar la economía de mercado y la “inversión privada nacional y extranjera”. Ambos candidatos han asegurado al gobierno de los Estados Unidos mantener con esta potencia las “buenas relaciones” tanto en lo político como en las inversiones.

El comandante Humala y la hija de Fujimori abogan por un Estado fuerte dicen ellos para contrarrestar el “narcoterrorismo” y la corrupción. ¿Estado anticorrupción?. Es precisamente del Estado donde surgen todas las mafias que desde hace una centena de años saquea las riquezas de esta país. Es desde el Estado, ya sea bajo el gobierno de Fujimori o de Alan García, que se han manejado las mafias involucradas en el narcotráfico internacional con conexión en la selva peruana.

En torno a los militares ambos candidatos han hecho saber que fortalecerán las fuerzas armadas. Hay que recordar que las fuerzas armadas del Perú son un lastre pesado, una carga parasitaria para el Estado. Las instituciones militares están desprestigiadas por su vocación criminal y su alto grado de corrupción. Sus más altos representantes se han vinculado con el narcotráfico, contrabando de armas, trafico en el uso de los bienes del Estado (gasolina, casas, etc.) y en otros delitos. Cualquier gobierno medianamente democrático tendría que limitar el tamaño y el poder de estas fuerzas armadas que no sirven para nada, salvo para asesinar a miles de humildes ciudadanos. Las fuerzas armadas del Perú, vergüenza histórica de este país, deberían desaparecer por su inutilidad y además por significar un peligro permanente para cualquier sistema democrático.

Sobre la religión, otro lastre de la sociedad peruana, tanto Humala como Keiko Fujimori, se han declarado católicos y seguidores del cardenal Luis Cipriani quien durante el fujimorismo apoyo el crimen y las matanzas organizadas por el gobierno y las fuerzas armadas. Cipriani es también representante del OPUS DEI en Perú y es uno de los curas más recalcitrantes de America Latina contra el aborto, el preservativo y el matrimonio entre homosexuales. Un mes antes de las elecciones se organizó una reunión entre Ollanta Humala y el archireaccionario Luis Cipriani. En ese encuentro Humala le confeso al cardenal ser “un católico conservador” y estar contra el aborto y el matrimonio homosexual. Casi en la misma fecha, Keiko Fujimori se dio cita con este cardenal del OPUS DEI. En dicho encuentro la hija de Fujimori reitero su vocación católica y su oposición al aborto. Suscribió todos los planteamientos feudales y reaccionarios del cardenal Cipriani. Le dijo que su padre lo admiraba y que esperaba verlo lo más pronto posible.

De esta manera la segunda vuelta, es en otras palabras la segunda estafa donde el pueblo una vez más será utilizado como miserable carnero conducido al matadero. Así a pocos días de la primera vuelta, ya comienzan a desfilar los curas como Cipriani, los personeros del APRA, los generales criminales y ladrones, los jefes de bandas, los representantes de la embajada norteamericana y todos aquellos que ven el Ollanta Humala o en Keiko Fujimori, la expresión mas nítida del testaferro (a) ideal, del ganapán (a), del busquilla, y del vendepatria sin ética y sin moral que próximamente estará sentado (a) en el sillón presidencial.

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Cuba: Congreso del Partido. La cuenta regresiva (Parte V)

Jorge Gómez Barata (especial para ARGENPRESS.info)

Alguna vez escuche decir que Cuba avanzaría en la solución de la cuestión migratoria cuando ese tema dejara de ser parte del problema para ser parte de la solución y no les falta razón a quienes afirman que forma parte del diferendo con Estados Unidos. Para Cuba la emigración es el hecho político más relevante, persistente y voluminoso; el fenómeno interno que más influye en la actividad exterior y de enorme incidencia económica. Ningún análisis integral de la problemática económica y política nacional pudiera omitirlo; seguramente el Congreso no lo hará.

La emigración que es siempre un fenómeno de gran complejidad, adquiere para Cuba una dimensión política inusual y perfiles kafkianos. Si bien los que emigran desde la Isla disfrutan del privilegio de ser acogidos sin reparos en Estados Unidos, también lo es que no pueden reintegrarse a su país. La desmesura de uno y otro tratamiento no obedece a afectos norteamericanos hacía los isleños ni al deseo de las autoridades cubanas de sancionar a sus nacionales, sino a la naturaleza de un conflicto que impone su propia dinámica.

Aunque no existen cifras oficiales, los emigrados cubanos deben superar el millón de personas (un 10 por ciento de la población). Suponiendo que la partida de cada una de ellas impacte en otras cuatro, se trataría de un fenómeno que involucra a alrededor de cinco millones, lo que es casi la mitad de los habitantes. Ningún análisis de la problemática social y política cubana y ninguna estrategia de desarrollo pueden ignorar tales realidades. Seguramente el Congreso y la Conferencia del Partido, adelantaran reflexiones.

Las preguntas recurrentes son: cómo y cuándo tan complejo asunto se resolverá. Lo curioso es que tales interrogantes ya han sido respondidas. Se trata de normalizar las relaciones con las personas que han emigrado y aquellas que realizan trámites para hacerlo, crear las bases jurídicas para ello y realizarlo todo de modo soberano, transparente y ajustado a derecho.

En 1978, a menos de 20 años del triunfo revolucionario y del inicio de las oleadas migratorias, en momentos de enorme tensión con Estados Unidos y de auge de la contrarrevolución, cuando la emigración estaba altamente politizada; con lucidez y determinación, Fidel Castro auspició y condujo los primeros y todavía únicos diálogos con la emigración. Lo hizo de modo abierto y transparente, con inclusividad y sin discriminaciones y obtuvo resultados concretos. Entonces, no se necesitaron intermediarios y no se tomó en cuenta para nada al gobierno de Estados Unidos ni a las organizaciones contrarrevolucionarias de Miami y, en unos pocos días se lograron más resultados que todos lo alcanzados en los 33 años posteriores.

En aquellas jornadas, las autoridades cubanas, a solas con los emigrados, sin curas ni embajadores, reflexionaron acerca de la amnistía o el indulto de un elevado número de prisioneros que fueron puestos en libertad y, sin dilación avanzaron hacía medidas para la reunificación familiar, la inmediata normalización de las visitas y de contactos académicos, religiosos, culturales y de otro tipo. Entonces nadie podía esgrimir el argumento de que tal cosa se hacía en busca de ventajas económicas.

Debido a aquellos pasos y al compromiso personal de la alta dirección del país, parecía que la normalización estaba al alcance de la mano cuando en 1980 tuvo lugar el éxodo del Mariel, fenómeno que relanzó y politizó de modo negativo la problemática migratoria en su conjunto. No obstante en otra muestra de iniciativa e imaginación, las autoridades cubanas maniobraron y en 1984; precisamente en el área más difícil, alcanzaron el primer entendimiento sustantivo con los Estados Unidos: el Acuerdo Migratorio de 1984.

Con los entendimientos de los diálogos de 1978 y los acuerdos migratorios de 1984, pareció que la normalización migratoria era posible. No ocurrió así debido a que en marzo de 1985 salió al aire la llamada Radio Martí a lo cual Cuba ripostó con la suspensión de la ejecución del acuerdo migratorio de 1984 y meses después, Reagan emitió una Orden Ejecutiva que suspendió la emigración desde Cuba.

En 1994, en el contexto de la crisis generada por la caída del socialismo, el incremento de las salidas ilegales, así como del secuestro de naves y aeronaves, Cuba decidió “despenalizar la emigración por medio propios” lo que provocó la llamada “crisis de los balseros”, ante lo cual se efectuaron nuevas conversaciones migratorias de las que surgió un acuerdo mediante el cual la administración estadounidense se comprometió a descontinuar la práctica de admisión automática de los cubanos y devolver a Cuba a todas las personas detenidas en alta mar. De ahí surgieron luego los “pies secos y mojados.”

Lo cierto es que la parte más antigua de la emigración, comprometida con el anticastrismo y con suficiente poder económico para presionar a las administraciones norteamericanas es el mayor obstáculo que enfrentan los gobiernos de Estados Unidos y Cuba para avanzar en sus relaciones y de alguna manera es un factor que influye en los manejos internos del tema migratorio en Cuba.

No sería sensato esperar a una solución del diferendo con Estados Unidos para avanzar en la normalización de las relaciones con la emigración y regularizar en Cuba los procedimientos para emigrar; es a la inversa.

Tal vez para avanzar en la solución del diferendo con Estados Unidos y sanear la situación política nacional, el país deberá dar pasos resueltos respecto a la emigración y tal como se hizo en 1978, aplicar iniciativas audaces e imaginativas, concebir leyes que formen un marco jurídico apropiado, integrar a los emigrados al país y diseñar políticas correctas. Seguramente el Congreso encontrará los mejores caminos. Allá nos vemos.

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Argentina. Deuda externa: La deuda como delito

Alejandro Olmos Gaona (INFOSUR)

La renegociación permanente de un hecho probadamente delictuoso, no hace desaparecer la ilicitud del acto sino que lo continúa.

La lectura de la causa indicada y las investigaciones que vengo realizando desde el año 2001 en torno al endeudamiento externo argentino, originaron varias reflexiones relacionadas con la posible imprescriptibilidad de los hechos ilícitos denunciados, lo que me llevó a profundizar en algunos aspectos del derecho penal que pudieran resultar de aplicación a la deuda por su particular configuración, y la manera en que se fue renegociando y reestructurando la misma, hasta el día de hoy. Con tal motivo presenté una tesis en un Seminario realizado en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Pablo, que fuera organizado conjuntamente con el Parlamento Latinoamericano y la Universidad de Roma, planteando que la deuda externa argentina es un delito de ejecución continuada y en consecuencia imprescriptible en cuanto a su tratamiento y punibilidad. Los importantes juristas brasileños y extranjeros presentes acogieron con entusiasmo el planteo que estoy profundizando en un libro de próxima aparición.

Baste decir en este apretado resumen que los distintos ilícitos económicos cometidos durante la dictadura se continuaron en el tiempo mediante las sucesivas renegociaciones de la deuda que se hicieron con posterioridad a 1983, y a través de otros mecanismos empleados que se pusieron en funcionamiento para llegar a la suma que hoy resulta exigible por parte de los acreedores, a pesar de haberse pagado cifras que exceden a la que hoy actualmente se reclama al país.

Es necesario enfatizar que la renegociación permanente de un hecho probadamente delictuoso, no hace desaparecer en ningún caso el vicio de origen o la ilicitud del acto, sino que por el contrario lo continúa, ya que la operatoria desarrollada con posterioridad a la dictadura por las autoridades económicas desde 1983 hasta la fecha –salvo algunos cambios circunstanciales- conservó la misma metodología.

Los actos delictivos que configuraron la mayor parte de la deuda, ya que se encuentra probado que no se trató de operaciones de crédito convencionales, que aún hoy siguen condicionando estructuralmente el desarrollo de la economía argentina, no se terminaron en 1983, con la llegada de la democracia, sino que siguieron configurándose al refinanciar la deuda en forma permanente, determinando así consecuencias muchos más graves, que cuando se consumaron en su origen. El más claro ejemplo de ello fue el endeudamiento de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, a través de más de cuatrocientos préstamos ilegales que llevaron su pasivo de 363 millones de dólares en el año 1976, a 6.100 millones de dólares a diciembre de 1983.

Existe continuidad del delito porque la deuda ilícita siguió incrementándose a través de los mismos mecanismos operativos –canjes, refinanciaciones, reestructuraciones-, por lo cual no resulta difícil su tipificación penal, al poder considerarse que en ningún momento hubo un cambio de modalidad, sino que ese ilícito originario –no obstante haberse consumado- siguió en lo que podría definirse como un estado de consumación continuada.

Por otra parte, la deuda de la dictadura al no reconocer causa lícita no puede generar derecho alguno, ni tampoco ser objeto de novaciones a través de distintas renegociaciones, ya que nadie puede trasmitir un derecho mejor y más extenso del que poseía.

El desconocimiento de principios fundamentales del derecho y el quebrantamiento del orden jurídico por partes de los gobiernos que sucedieron a la dictadura, hicieron posible la continua renegociación de actos ilícitos, y en consecuencia nulos de nulidad absoluta, substrayendo una descomunal masa de recursos vitales para nuestro pueblo, para seguir tributando a los acreedores extranjeros.

El deliberado desconocimiento sobre la deuda externa

La carta que Alejandro Olmos Gaona envió al diario La Nación sobre la deuda externa.

Leí con bastante sorpresa el editorial del lunes 14 de marzo referido al default de la deuda, donde se habla de la necesidad de reestructurar la que se encuentra pendiente, de honrarla, de la supuesta demonización del FMI; surgiendo de la totalidad de la nota que la soberanía se construye cumpliendo con las obligaciones que tiene el país. Y digo sorpresa, porque ese diario publicó en el año 1999 una extensa nota sobre la investigación de la deuda externa que llevaba adelante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal No 2.

Primeramente creo que las deudas no se honran. Se pagan si se deben y si no se deben no se pagan y se impugnan ante la pretensión de alguien de cobrar lo que no corresponde, y cuando se habla de la deuda externa pareciera que existe un deliberado desconocimiento de su real constitución y negociación.

Se ignora que ese Juzgado Federal, determinó la ilegalidad de gran parte de esa deuda sobre la base de seis peritajes de auditores, tres de ellos pertenecientes a la Justicia Nacional y los tres restantes distinguidos profesores de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, uno de los cuales el Dr. William L. Chapman fue propuesto por el Dr. Guillermo Walter Klein, presidente en ese entonces de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.

Se ignora que en ese tribunal federal existen tres causas penales en trámite donde se investigan las distintas refinanciaciones de la deuda hasta el 2005, en las cuales hay pericias, declaraciones de auditores del Banco Central, testimonios de funcionarios, documentos que evidencian la existencia de numerosos fraudes, ilegalidades y aún delitos de acción pública cometidos por funcionarios y empresarios privados cuya deuda fue estatizada en 1982.

Se ignora el probado perjuicio económico que significaron las distintas refinanciaciones que no fueron consensuadas a través de una libre contratación sino impuestas por la banca acreedora, con la complicidad también probada del FMI, del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo que para esto violaron sus reglamentos y sus cartas constitutivas. Le aclaro que esto no es una apreciación personal sino que acompañé a la justicia federal las pruebas respectivas.

Se ignora que el modelo de fraudes e ilegalidades para el endeudamiento argentino y sus refinanciaciones fue igual en otros países y en uno de ellos, el Ecuador se pudo acceder a todos los archivos, mostrando como había sido el mecanismo fraudulento empleado por los acreedores con la complicidad de los funcionarios. Como miembro de la Auditoría de ese país lo pude verificar cabalmente.

Este singular proceso de ilegalidades que nadie se atreve a viabilizar cabalmente, fue advertido por conocidos juristas como el Embajador Espeche Gil, el Dr. Salvador M. Lozada y el Dr. Augusto M. Morello en la Argentina; los Dres. Sandro Schipani y Pierángelo Catalano de la Universidad de Roma, Antonio Colomer Viadel, de la Universidad Politécnica de Valencia, André Franco Montoro ex gobernador de San Pablo, entre una lista de ilustres estudiosos que por demasiado extensa me abstengo de citar.

Para no abusar del espacio, pareciera que también se ignora que el Código Civil Argentino y los principios básicos del derecho administrativo determinan que los actos ilegales son nulos de nulidad absoluta, como así también todas sus consecuencias. ¿Cómo es posible entonces que lo ilegal pueda ser honrado y refinanciado?

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Argentina: IMPA resiste

Mario Hernández (FM LA BOCA - 90.1, especial para ARGENPRESS.info)

En el día de hoy más de 150 referentes de organizaciones sociales y políticas se dieron cita en Querandíes 4290, sede de la fábrica recuperada IMPA, para rechazar la sentencia del Tribunal de la Cámara Comercial - Sala A que declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Expropiación Nro. 2969 que la Legislatura porteña sancionara en diciembre de 2008, dando la tenencia provisoria del inmueble a los trabajadores. Esta ley fue aprobada por 52 de los 54 legisladores porteños.

La reunión comenzó con el relato de Eduardo “Vasco” Murúa, vocero de los trabajadores, de los hechos acaecidos el pasado 31 de marzo cuando en las primeras horas de la mañana se presentaron Funcionarios Judiciales de la Cámara Nacional Comercial - Sala A, haciéndose pasar por personas interesadas en el Bachillerato Popular de IMPA. Mientras que, en un taxi estacionado en la puerta había dos personas más, una de ellas se identificaba como Jueza y otro hombre que conversaban sobre el valor inmobiliario del bien, y lo que harían con el Caso, que debían esperar la llegada de Valeria la secretaria, que estaba de viaje en el exterior y llegaba en tres semanas, que sólo son 15 y los desalojamos por la fuerza y le iniciamos una causa por usurpación, y repetían constantemente el valor del inmueble y su excelente ubicación. Cuando se fueron el taxi los llevó hasta el juzgado de Libertad y Lavalle donde finalmente se bajaron.

Al día siguiente los trabajadores se presentaron en la Cámara con una nota de repudio y denuncia firmada por todos los integrantes de la Cooperativa y pudieron confirmar que se trataba efectivamente de Funcionarios Judiciales al individualizar a uno de los tres personajes que mencionamos, quien al ser interpelado no pudo justificar su "clandestina" presencia del día anterior. Finalmente, la jueza Isabel Míguez, reconoció que había ido “por curiosidad”.

Ese mismo día sacaron el fallo confirmando la inconstitucionalidad.

Comienza la resistencia

Ante esta situación los trabajadores presentaron un recurso de queja a la Corte al mismo tiempo que le solicitaron una reunión.

Paralelamente el Bachillerato para adultos al que concurren 200 estudiantes y funciona en la fábrica desde 2004, presentó un recurso de amparo al que dio lugar la Jueza Liberatori.

Para la semana que viene tienen prevista la presentación de una denuncia penal contra la jueza Isabel Míguez.

En el ámbito de la Legislatura porteña se presentará un proyecto de ley de expropiación definitiva y hará lo propio en el Congreso nacional el diputado Ariel Basteiro. En el transcurso de la reunión se conoció la presentación de una declaración de repudio firmada por varios diputados nacionales.

Para Facundo De Filippo, ex - legislador porteño y uno de los impulsores de la Ley 2969, es claro el fin inmobiliario del fallo judicial: “la jueza pasó a las 8 de la mañana para ver cuánto vale el terreno”, afirmó en la asamblea.

También se hizo presente Nora Cortiñas de Madres Línea Fundadora que comprometió su apoyo.

Luego fue el turno de Vicente Zito Lema, coordinador de la Universidad de los Trabajadores que funciona en el lugar, quien señaló que el Poder Judicial defiende el principio de propiedad privada por encima de valores fundamentales como la educación y el trabajo. Al tiempo que llamó a que “toda acción que encaremos debe tener en cuenta que lo principal son los trabajadores” confiando en que “con inteligencia y sin egoísmos esta batalla la ganamos”.

El próximo 5 de mayo, Zito Lema, dará la clase inaugural del Seminario “Historia del Movimiento Obrero” que se desarrollará en 16 jornadas, dando comienzo a las actividades de la Universidad.

Finalmente se convocó a una reunión de organizaciones para el próximo lunes a las 18:00, día en que se instalará una carpa en la puerta de la fábrica.

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Argentina. Vieja deuda de los derechos humanos: Es ley el proyecto que tipifica la desaparición forzada de personas

PRIMERA FUENTE

La Cámara de Diputados convirtió ayer en ley el proyecto que incorpora al Código Penal el delito de desaparición forzada de personas, y que modifica también para ello el Código Procesal Penal, en una votación casi unánime (157 votos afirmativos y una abstención).

La iniciativa, que tenía media sanción del Senado desde el año pasado, crea un nuevo tipo penal: la privación de libertad de una persona cometida por un funcionario público o una persona que actúe con autorización, apoyo o aquiescencia del Estado. El proyecto se aprobó tras un breve tratamiento que incluyó los discursos de los diferentes sectores políticos que participaron en la elaboración del proyecto definitivo.

Entre las voces que expusieron sobre el proyecto, se destacó la de la diputada Victoria Donda (Libres del Sur), hija de desaparecidos, quien se manifestó "convencida de que la definición de derechos humanos tiene que ver con el desarrollo de la lucha de los pueblos".

También expresó que "este Congreso viene a saldar una deuda en ese sentido para cumplir con la Convención Interamericana de Derechos Humanos".

"El pueblo argentino conoce sobradamente este tema. Sabemos lo que es no encontrar un ser querido, lo que es no encontrar respuestas del Estado y lo que es el padecimiento de los familiares y allegados de las personas que no encuentran; es un tema que no ha perdido actualidad", remarcó.

El proyecto, que había sido aprobado el año pasado por el Senado, recibió ayer el aval de las comisiones de Derechos Humanos y Legislación Penal.

La reforma realizada al Código Penal tipifica el delito de privación de libertad de una persona cometida por un funcionario público o una persona que actúe con autorización, con apoyo o aquiescencia del Estado.

Encuadra además ese hecho en la falta de información brindada desde el Estado, o en la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a informar sobre el paradero de esa persona.

Para ese ilícito se imponen penas de 10 a 25 años e inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y para tareas de seguridad privada.

La norma determina además que cuando las desapariciones forzadas terminen en la muerte de la víctima o con la imposibilidad de sus familiares de hallarla, la pena será de prisión perpetua.

Esa misma condena se aplicará también en el caso de que la víctima sea una mujer embarazada, un menor de dieciocho años, un mayor de setenta, una persona con alguna discapacidad, o para alguien nacido durante la desaparición forzada de su madre.

Están contemplados algunos atenuantes: la escala penal podrá reducirse en un tercio del máximo y en la mitad del mínimo si los involucrados liberan con vida a la víctima o proporcionan información que permita la efectiva aparición con vida.

La norma dispone también que el juez podrá apartar a las fuerzas de seguridad que intervengan en la causa si surge la presunción de que podrían estar involucradas en el hecho como autores o partícipes.

De acuerdo con el texto, los magistrados no podrán disponer el archivo de las causas hasta que la víctima no sea hallada o restituida su identidad.

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Argentina, Entre Ríos: Organizaciones de Derechos Humanos y militantes repudian el nombramiento del juez Quevedo y piden al Concejo que se expida

DIARIO JUNIO - INFOALTERNATIVA

En la mañana de hoy representantes de organismos de Derechos Humanos, madres, hijos, familiares de desaparecidos y militantes sociales y políticos presentaron un escrito en el Concejo Deliberante y ante el delegado de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia en el que manifiestan “profunda preocupación y repudio” por el nombramiento de Julián Quevedo como juez interino y piden que ese cuerpo se expida.

Evidentemente, los firmantes no le creyeron a Quevedo que negó “haber firmado” un pedido de liberación del asesino de la ESMA, Ricardo Cavallo en el 2003, ni otra de “apoyo a las FF.AA. de seguridad y policiales” en la que intiman al juez federal Claudio Bonadío a abstenerse de “perseguir judicialmente” a quienes ese juez llamaba a indagatoria por delitos de lesa humanidad. En la nota presentada al Concejo se señala que el “nombramiento afecta no solo la memoria de quienes han sufrido…sino que lesiona normas constitucionales”, mencionando el artículo 6 de la Constitución de Entre Ríos.

Las notas al Concejo Deliberante y a la Secretaria de Justicia

Los abajo firmantes, familiares de detenidos desaparecidos, HIJOS, ex presos políticos, organizaciones políticas, de Derechos Humanos y vecinos de Concordia, manifestamos nuestra profunda preocupación y repudio ante un hecho concreto ocurrido recientemente en el foro de la justicia entrerriana que mediante resolución del Superior Tribunal de Justicia (…) nombró como juez interino en el juzgado laboral a Julián Quevedo a quien se lo reconoce, dicen, por su manifestación pública a favor del genocida Ricardo Cavallo, alias “sérpico o marcelo”, hoy detenido y procesado por su participación como figura emblemática en la infame Escuela Mecánica de la Armada, símbolo temible del aparato represivo del Proceso militar.

Señalan seguidamente que, tal nombramiento afecta no solo la memoria de quienes han sufrido bajo ese triste período de la historia, sino que lesiona claramente normas constitucionales establecidas e incorporadas a la reforma de la Constitución provincial como el artículo 6.

Así, siguen diciendo que la intención es peticionar ante ese cuerpo colegiado para que el mismo se exprese dando a conocer su criterio acerca de esta inaceptable nominación, de modo que otros estamentos oficiales de la composición republicana, puedan también expedirse.

En tanto, en la nota que proponen sea reenviada a la Secretaría de DD.HH. y de justicia y que está dirigida a Rubén Bonelli, piden “investigación e intervención en la designación de Quevedo como juez interino”. En ese escrito afirman que la verdad y la justicia deben alcanzar a quienes se manifiesten a favor de quienes violentando el orden constitucional llevaron adelante el genocidio más aberrante de la historia de nuestro país y que es inconcebible que esos personajes se desempeñen en las instituciones de la republica.

Entre los firmantes de esa nota que lleva el Nº de expediente 18533-P y que recibió hoy a las 10 hs. la secretaria del Concejo Delia Tallarico de Soage, aparecen firmando Luisa Traversa de Quintero, madre y familiar de varios desaparecidos ; José Zalazar, hijo de desaparecido ; Ángela del Carmen Braccia de Tito, ex Co-fundadora de la Asamblea por los Derechos Humanos delegación Concordia ; Daniel Cedro, Concejal ; Lidia Subosky; Horacio Maciel, Juan Cortiana, Luís Rolón y José Luís Uranga, ex presos políticos ; Miguel Yoya, Luís Román y Carlos Sánchez familiares de ex presos políticos y desaparecido, Eduardo Díaz y Juan José Cornú, periodistas, Mariano Guerrero, representante de la Universidad de Entre Ríos, Antonio Candioti, Edgardo Pontelli, Lidia Santich, Ramón Cabrera, José Lima, María Rosa Kurovsky Luchik, Daniel Barboza, Matías Céspedes, Antonio Moser, Natalia Palacios, María Laura Coronel y Carlos Gauna, entre otros dirigentes políticos, sociales y estudiantiles.

Quevedo

Vale destacar que el pasado viernes 8 al mediodía, Quevedo envió a este diario una Carta Documento cuyos términos más destacados, ya habíamos publicado un día antes.

El primer dato a resaltar es que esa carta llega 8 días después que este diario diera a conocer que, Quevedo había sido nombrado juez suplente (algo que hasta ese momento la opinión pública desconocía) y que, al googlearlo, su nombre completo acompañado de su DNI y la localidad, aparecía en varias páginas digitales ligadas a los integrantes de la última dictadura militar. Citábamos específicamente dos notas en dos sitios distintos (de los años 2002/03) en las que también aparecen los nombres y documentos de varios integrantes de la familia de su esposa, hija de un conocido militar que prestó servicios en aquellos años.

A su vez, Quevedo fue convocado por el STJ y se presenta ante sus superiores a instancias de jueces de Concordia que le piden que haga su descargo ante tan grave situación, en rigor, lo mismo que por fax le solicitaba el STJ. DIARIOJUNIO conoce tal acontecimiento (el día en que Quevedo se presentó ante el STJ) por un abogado del foro local que se relaciona socialmente con Quevedo y que contó a este diario lo que estaba ocurriendo en los tribunales de Concordia.

Así, en esa CD Quevedo se limita a negar que haya firmado alguna nota en defensa de represores.

Sin embargo, el ahora juez no explica a que adjudica que su nombre y el de varios de sus familiares aparezcan en esas páginas web y que razones tendrían los organizadores de esas movidas para publicar allí su nombre y el de varios de sus familiares y no el de cualquier otra persona.

Dice sí, que “promoveré Hábeas Data contra quien se identifique como responsable de haber incorporado a sitios web las falsas noticias mencionadas, a los fines que supriman la inclusión del suscripto en las mismas”.

No aclara qué pasaría si nadie se “identifica como responsable”, ni que plazo se da para dejar tranquila a la comunidad preocupada por estos hechos.

Probablemente a título de amenaza, no lo sabemos, Quevedo aclara en esa CD que “existen numerosos fallos jurisprudenciales que condenaron a periodistas –caso Lanatta- y/o sitios o buscadores web que publicaron noticias que contenían información falsa”.

De acuerdo a esta interpretación, de allí las dudas y la escasa credibilidad de su desmentida, la única información que él presume falsa en los casos que nosotros mencionamos, es su firma y la de sus familiares (algunos de los cuales también revistan como funcionarios en la justicia local).

Solo esa parte sería falsa, ya que, el resto es público y notorio.

Es público y notorio el pedido que enviaron al entonces presidente mexicano Vicente Fox para que no extradite a Cavallo a España solicitado por el juez Baltasar Garzón ; es notorio que en esa época en la Argentina existían las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y que por eso pedían su “regreso seguro al país” y es público también que en este país existe un grupo que recolecta adhesiones a asesinos de la dictadura que se llama “memoria completa”.

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Argentina. Lesa humanidad: Condenaron a Luis Patti a prisión perpetua en cárcel común

CIJ

El TOF1 de San Martín leyó este jueves el veredicto. La misma pena fue impuesta para Reynaldo Bignone, Santiago Omar Riveros y Martín Rodríguez. En tanto condenó a seis años de prisión a Juan Meneghini. Dispuso que las penas sean cumplidas en cárcel común.

El Tribunal Oral Federal Nº1 de San Martín condenó este jueves a prisión perpetua al ex comisario Luis Abelardo Patti por crímenes de lesa humanidad.

La misma pena fue impuesta al ex presidente de facto Reynaldo Bignone, a los ex militares Santiago Omar Riveros y Martín Rodríguez. En tanto, condenó a seis años de prisión al ex comisario Juan Meneghini.

El tribunal estuvo integrado por los jueces Lucía Larrandart, Horacio Segretti y María Lucía Cassain.

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Argentina. Masacre de Margarita Belén: Comenzaron alegatos con pedidos de prisión perpetua para los acusados

Marcos Salomón (CHACO DIA POR DIA)

“Esta es la maqueta de lo que fue el Terrorismo de Estado”, dijo el abogado querellante Mario Bosch. Pidió prisión perpetua y efectiva para todos los militares imputados y 25 años para el único policía sentado al banquillo.

Con medidas de seguridad restrictivas para el acceso del público y la prensa, comenzó este miércoles la etapa de alegatos en el marco del juicio oral y público conocido como Masacre de Margarita Belén, que se había iniciado en junio del año pasado y con fecha de sentencia aún incierta.

“La Masacre de Margarita Belén es la maqueta de lo que fue el Terrorismo de Estado”, afirmó el abogado querellante Mario Bosch al iniciar la etapa de alegatos que continuará hoy y proseguirá mañana y el lunes.

A sala llena, por los familiares de las víctimas y militantes, de un lado. Del otro, sólo tres familiares de los imputados (dos del policía Alfredo Chas y Pitteri, un chaqueño que acompañó en varias audiencias; la esposa del imputado Aldo Martínez Segón, se retiró de la audiencia antes de que comience a alegar Bosch).

Al cierre de esta edición, continuaba alegando Bosch, en representación de familiares de las víctimas (Zamudio, Piérola y Sala), de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que tuvo como enviada al juicio a Daina Fusca.

Las condenas

Bosch continuará hoy, asistido por Daniel Domínguez Henaín. Igual, este medio está en condiciones de anticipar que el abogado querellante pedirá prisión perpetua (cárcel común y efectiva) para todos lo militares imputados: Martínez Segón, Horacio Losito (que siguió las instancias por videconferencias, desde Buenos Aires, a donde viajó para someterse a una cirugía), Luis Alberto Patetta, Jorge Carnero Sabol, Athos Rennes, Ricardo Reyes, Germán Riquelme, Ernesto Simoni; 25 años de cárcel para el policía Chas (participe secundario en once homicidios y cuatro desapariciones forzadas), por hechos ocurridos en el “marco del genocidio argentino”.

Luego, le tocará el turno a los abogados de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Chaco: Sergio Quirós y Silvina Canteros, quienes también pedirían perpetua para los militares y 25 años para el policía.

El próximo turno será para los representantes de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre: Duilio Ramírez y Ataliva Dinani, quienes alegarán perpetua para todos los imputados y que la Masacre se tipifique como genocidio. Cerrará, el Ministerio Público Fiscal: Carlos Amad, José Benítez y Jorge Auat, que pedirían perpetua para los militares y entre 20 y 25 años para Chas.

Luego, alegará la defensa: Carlos Pujol y Juan Manuel Costilla (que se quedó sin su coequiper Federico Carniel, que fue nombrado defensor oficial en otra provincia argentina). Más adelante llegarán las réplicas y las dúplicas, para, por fin, la sentencia, que se conocería a fines de mayo.

Climax

Si bien Bosch, en un momento de su alocución perdió el hilo y buscaba la solución en una bolsa rosada que contenía fotos e historias de vida de las víctimas, hizo una síntesis del contexto político en el que sucedió la Masacre de Margarita Belén, relató parte del proceso que desembocó el fusilamiento de presos políticos ocurrido el 13 de diciembre de 1976.

Marcó flagrantes contradicciones, que surgen de testimonios, uno de los casos más increíbles es el de Luis Bosch (que en principio era un NN): “Lo llevaron para ponerlo como uno de los que quería rescatar a los trasladados y lo fusilaron de espalda. Nunca creyeron que un cadáver iba a hablar… Pero, por pericias, se descubrió que tenía dos orificios de entrada de bala en el cráneo, de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante (para hacerlo más gráfico, le apuntó con sus dedos, simulando una pistola, al fiscal ad hoc Carlos Amad, quien se retorció en la silla)”.

Avanzado en su alegato, el querellante narró el instante en que los presos políticos fueron sacados de la U7 (antes del traslado y el fusilamiento); escuchaban con atención Mirta y Mariana Sala, Raúl y Juan Pablo Tierno (familiares del Flaco y de Patricio, dos de las víctimas sacadas de los pabellones de la “gran cárcel del Norte argentino”).

Para retratar y explicar ese momento en la U7, el abogado eligió la Fábula de la Vizcacha (de Jorge Falcone), produciéndose un silencio (casi de muerte). Juan Pablo abrazaba a Mariana, que estaba tomada de la mano de Pilar (que la acompañó desde Buenos Aires hasta Resistencia), mientras Mirta miraba las figuras de su abanico para no quebrarse…

Ante tanto silencio, hasta se escuchó el trago de agua que tomó Bosch para conseguir la saliva que le permitiera continuar, cuando la oportuna voz de la presidenta del Tribunal Oral Federal, Gladis Yunes, llamó a un cuarto intermedio.

Un médico en apuros

En su alegato, el abogado querellante, Mario Bosch, aprovechó para pedir al Tribunal Oral Federal que condene al ex médico de la Policía del Chaco Héctor Grillo, por falso testimonio e incumplimiento de los deberes de funcionario público y que de la tipificación de crimen conexo, se pase al de crimen de lesa humanidad (al volverse imprescriptible, el galeno no podría zafar de la Justicia).

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Argentina, Córdoba -Trabajadores de LV2 en lucha: ¿Quién se hace cargo?

PRENSA RED

La empresa sigue eludiendo su responsabilidad de cumplir en tiempo y forma, no solo con sus obligaciones salariales, sino también que adeuda aportes previsionales, de obra social, y lo más grave es que los trabajadores están sin ART.

La historia de los trabajadores de LV2 y de La Mañana continúa transitando un camino de incertidumbre porque en ambos casos la continuidad de la fuente laboral es una espada de Damocles que pende sobre la cabeza de 160 familias.

Mientras tanto, la patronal echa leña al fuego al dividir las aguas entre los trabajadores de ambos medios porque privilegia a los del diario, que el martes terminaron de cobrar marzo, mientras que por alguna razón perversa posterga a los de la radio, a quienes recién les completaron el pago de febrero.

Una política maquiavélica por donde se la mire porque no se concibe actuar de esta manera para provocar la bronca de los compañeros, siendo que pertenecen a la misma empresa.

A esta altura de los acontecimientos nada puede sorprender de una patronal ausente que manda al frente y como carne de cañón a una contadora que debe poner la cara por quienes se escudan en el anonimato para zafar de sus responsabilidades: Walter Rubino y Fernando Salvi.

Rubino y Salvi, para los trabajadores de LV2 y de La Mañana, son dos fantasmas que le deben a cada santo una vela y sin embargo continúan empecinadamente con su macabra tarea de la destrucción de una emisora, pionera en la radiofonía cordobesa y de un diario con 14 años de existencia en la provincia.

“Nosotros vamos a seguir dando pelea como siempre, pero realmente es muy difícil no saber contra quien estamos peleando porque no hay un patrón a quien decirle en la cara que nos pague, carajo”, reflexionó amargamente un trabajador de LV2.

Y es cierto, hay que tener un gran espíritu para no abatirse frente a tanta adversidad que se prolonga en el tiempo y con la incertidumbre de no saber cuando terminará este padecimiento de los trabajadores.

En LV2 los compañeros continúan realizando asambleas de seis horas por turno, y a la espera que les terminen de pagar febrero y por supuesto, ahora marzo. En La Mañana, se mantienen en estado de alerta y movilización porque la empresa no está pagando los aportes a la ART, además de tener millonarias deudas previsionales y con la obra social. Esta acreencias también afecta a los trabajadores de la radio

El viernes, a las 10.30, hay prevista una nueva audiencia en la Secretaría de Trabajo de la Provincia y una vez más seguramente la empresa volverá a ponerse en el papel de víctima cuando de lo que se trata es de hacerse cargo de la responsabilidad de la conducción de LV2 y La Mañana.

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Protestan estudiantes en Chile por venta de universidad

PL

Miles de estudiantes de la Universidad Central de Chile protagonizan acciones de protesta en esta capital por la venta del 50 por ciento de esa casa de estudios a una empresa privada.

Las federaciones estudiantiles de la referida institución instaron a mantener el paro docente que iniciaron la semana anterior, paralelamente a marchas por las calles de Santiago, en rechazo a lo que califican como un típico acto de lucro en desmedro del interés educacional.

Chile necesita una revolución en educación, afirmó el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Central, Adrián Prieto, quien añadió que los alumnos de la Universidad Central quieren seguir perteneciendo a una instancia pluralista, laica e independiente.

Denunció el líder juvenil además el despido de más de un centenar de profesores por oponerse a la citada venta de acciones a la Empresa de Inversiones Norte Sur.

Mientras, expresidentes de federaciones de estudiantes y egresados de facultades de la Universidad Central emitieron una declaración de apoyo a los alumnos del referido plantel e instaron al ministro de Educación de Chile, Joaquín Lavín, a encauzar la solución del conflicto en un plazo no mayor de 30 días.

De igual modo expresaron su solidaridad con la acción de protesta los estudiantes de otras instituciones como Universidad de Chile, Universidad de Santiago, Universidad Diego Portales y la Academia de Humanismo Cristiano.

El Gobierno chileno debe intervenir y asegurar que se preserven los intereses académicos de las universidades y se ponga fin al lucro en la educación, subrayó Camila Vallejo, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile.

Cómo es posible que un Estado que habla de una revolución en el sector educacional no sea capaz de defender los derechos de los 12 mil estudiantes de la Universidad Central, se preguntó por su parte el también líder universitario Camilo Ballesteros.

En declaraciones a la prensa local, Aldo Flores, vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Central, manifestó que las movilizaciones y el paro van a seguir. "Los estudiantes estamos convencidos que el camino de las movilizaciones es el correcto", afirmó.

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Más del 80 % de los chilenos rechaza desarrollo nuclear, según sondeo

XINHUA

Un abrumador 84,1 por ciento de la población de Chile rechaza la instalación y operación de centrales nucleares en suelo nacional, dijo un sondeo de opinión difundido hoy.

Apenas el 12,4 por ciento de los encuestados se manifestó a favor de la alternativa energética nuclear, añadió el sondeo de la consultora local Ipsos.

La consulta fue hecha tras el terremoto y tsunami del 11 de marzo en Japón, dos fenómenos naturales que desataron una emergencia nuclear aún latente en el país asiático.

Chile está inmerso en un debate sobre la eventual instalación de centrales nucleares ante la aguda escasez energética en este país hace al menos dos décadas.

Según la encuesta, un 61,1 por ciento de los consultados rechaza la instalación de hidroeléctricas conforme un proyecto en la región austral de Aysén. Sólo el 29 por ciento de los consultados se manifiesta a favor.

El gobierno chileno anunció hace tres años el comienzo de una serie de estudios de factibilidad sobre el uso de la energía nuclear en el país.

La crisis en Japón, con quien Chile comparte similares características de sismicidad, elevó el rechazo a una eventual iniciativa nuclear en suelo chileno.

Chile ha suscrito este año dos convenios de cooperación nuclear con Francia y Estados Unidos.

La encuesta se realizó por teléfono a 1.024 personas, residentes de 24 ciudades de más de 50.000 habitantes de todo el país con un margen de error del 3,1 por ciento.

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Socialistas alemanes desmienten supuesto apoyo de TLC con Colombia

Harald Neuber (PL)

Dirigentes del partido socialista alemán desmintieron hoy reportes de la prensa colombiana, según los cuales esta agrupación "apoya con reservas" el tratado de libre comercio (TLC) entre la Unión Europea (UE) y el país suramericano.

Según reportó un conocido diario colombiano el miércoles, el jefe del grupo parlamentario Die Linke (La Izquierda), Gregor Gysi, aseguró al presidente colombiano Manuel Santos durante su estancia en Berlín que su partido apoya el TLC a pesar de "inquietudes".

Sin embargo, la misma oficina del legislador desmintió el reporte.

Gregor Gysi firmó dos mociones parlamentarias contra el TLC con Colombia, dijo un funcionario del grupo parlamentario hoy en una entrevista con Prensa Latina.

"Si bien Gysi conversó con Santos en un tono diplomático, eso no significa que nuestro partido apoya la política neoliberal de los gobiernos de Alemania y Colombia", agregó el funcionario.

Según la diputada socialista Heike Haensel, "el tratado de libre comercio de la UE con Colombia y Perú no hará ningún aporte a los derechos humanos y el desarrollo, sino que agudizará más las tensiones sociales".

"Santos busca actualmente en Europa profundizar las relaciones económicas sobre la base del tratado de libre comercio neoliberal", agregó la vocera de la bancada parlamentaria de la Izquierda para la política de desarrollo, con motivo de la visita de estado del mandatario a Berlín.

De acuerdo con Haensel, se trata de negocios exitosos para las grandes empresas europeas y colombianas frente a la perdida de la base de supervivencia de los campesinos, pequeñas y medianas empresas colombianas.

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México. Discriminación: El 27 por ciento de la población apoya castigo a quienes aborten

Gladis Torres Ruiz (CIMAC)

Al igual que hace cinco años, los resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2010 (Enadis) dejaron al descubierto que prevalece la condena social contra la libertad y autonomía de las mexicanas para decidir sobre sus cuerpos.

El 27 por ciento de la población dijo estar de acuerdo en que a una mujer se le castigue por haber abortado, y el 8.6 por ciento de las encuestadas afirmaron que piden permiso a su pareja para tomar anticonceptivos.

La Enadis 2010, realizada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que se presentó ayer, precisa que cuatro de cada 10 mujeres pide permiso o avisa para utilizar anticonceptivos.

De ellas, el 14.4 por ciento corresponde a nivel socioeconómico muy bajo; 8.7 por ciento, bajo; 10.3, medio, y 2.4 por ciento, alto; lo que refleja que a medida que aumenta el ingreso económico también crece la tendencia a no pedir permiso para el uso de anticonceptivos.

La primera Encuesta Nacional sobre Discriminación en México se realizó en 2005 entre la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y el Conapred, y sus resultados –si bien las preguntas fueron diferentes– dejan de manifiesto que se mantienen las actitudes discriminatorias contra las mujeres.

Desempleo y violencia, las constantes

La investigación de 2010 arroja que dos de cada 10 personas consideran que el principal problema de las mexicanas es la falta de empleo, seguido por los problemas relacionados con la inseguridad, abuso, acoso, maltrato y violencia.

Así, en las ciudades de México, Querétaro y Toluca los problemas relacionados con el empleo son los que en mayor medida perciben las mujeres, mientras que en urbes como Monterrey, Ciudad Juárez y Tijuana, los problemas más graves se relacionan con la delincuencia e inseguridad.

En materia de violencia, 3.1 por ciento de las y los encuestados considera que se “justifica mucho” pegarle a una mujer; mientras que el 66.3 por ciento de mujeres y 58.9 por ciento de hombres encuestados opina que se les golpea “mucho” a las mexicanas.

En este tema, la Enadis 2005 mostró que el 96 por ciento de los encuestados calificó como “injustificable” que un hombre le pegue a una mujer.

De acuerdo con los resultados de ese año, uno de cada cuatro encuestados dijo estar de acuerdo en que muchas mujeres son violadas porque provocan a los hombres, y uno de cada cinco consideró que “es natural” que a las mujeres se les prohíban más cosas que a los hombres.

En lo referente al trabajo doméstico, la Enadis 2010 revela que las mujeres de 12 años y más dedican el 84 por ciento de su tiempo al trabajo en su hogar; mientras que el 42 por ciento de las mujeres que trabajan sólo recibe un ingreso de hasta dos salarios mínimos.

En tanto que las mujeres que se dedican al trabajo del hogar señalan que entre los principales problemas que enfrentan están los bajos sueldos, los abusos, maltratos, humillaciones y discriminación. Éste último flagelo ocurre en mayor porcentaje en las zonas metropolitanas de Toluca, Puebla, Tlaxcala y Querétaro.

De las personas que realizan trabajo del hogar en México, ocho de cada 10 no cuentan con seguro médico; seis de cada 10 no tiene vacaciones; y casi la mitad no recibe aguinaldo.

Las entrevistas realizadas del 14 de octubre al 23 de noviembre de 2010 en 13 mil 751 hogares, y que arrojaron información referente a 52 mil 95 personas, también indican que en México el 40 por ciento de las mujeres pide permiso a sus esposos para salir sola en la noche.

En coincidencia, la Enadis 2005 reflejó que para nueve de cada 10 mujeres encuestadas en México sí hay discriminación contra las mujeres, y que en los dos espacios donde se ejerce en mayor medida son el trabajo y la familia.

En cuanto al sufragio, la Enadis 2010 señala que 7.7 por ciento de las mujeres señaló que pide permiso a su esposo o compañero para votar y 18.6 por ciento avisa por quién lo hará. Los ámbitos en los que se muestran las consecuencias de la discriminación son múltiples. En materia educativa también se reveló que 24 por ciento de las mujeres entre 15 y 19 años no estudia ni trabaja.

A pesar de estos resultados, llama la atención que el 33.2 por ciento de las y los encuestados afirma que en México se respetan los derechos de las mujeres.

“Práctica sistemática”

Los datos relativos a la desigualdad de género reflejados en la encuesta, afirma el Conapred, muestran las prácticas discriminatorias sistemáticas que han sido reproducidas a lo largo de muchos años en nuestro país.

De acuerdo con el Consejo, prevalece “una visión de dominio masculino en el que las mujeres deben cumplir funciones específicas y limitadas, con consecuencias serias para que puedan realizar el ejercicio pleno de sus derechos”.

“La discriminación en contra de las mujeres es una realidad que tiene consecuencias concretas y reales en la vida de millones de personas cuyos derechos están formalmente protegidos por un extenso aparato normativo nacional e internacional”, añade el Conapred.

En el documento se asegura que la discriminación en contra de las mujeres es poderosa porque se asume y se justifica como lo que “debe ser”, y agrega que con la Enadis se muestran elementos para cuestionar el estado de las cosas y revertir una condición de discriminación que no es justificable.

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China replica a informe de Estados Unidos con documento sobre derechos humanos de Estados Unidos (Parte IV)

XINHUA

A continuación presentamos la cuarta parte del texto del Registro de los Derechos Humanos en Estados Unidos en 2010, publicado en Beijing por la Oficina de Información del Consejo de Estado (gabinete de China): VI. Sobre la discriminación racial.

La discriminación racial es en Estados Unidos un problema enraizado, que ha permeado cada aspecto de la vida social.

Una encuesta de la agencia Associated Press y Univision, hecha pública por la organización noticiosa el 20 de mayo de 2010, permitió descubrir que el 61 por ciento de los entrevistados considera que los hispanos enfrentan una discriminación considerable, en comparación con el 52 por ciento que cree que el fenómeno afecta más a los negros, mientras que el 81 por ciento de los latinos dijo que considera que son ellos los que son discriminados, en ocasiones severamente. El diario The New York Times informó el 28 de octubre de 2010 que más de seis de cada diez latinos residentes en Estados Unidos opinan que la discriminación es "un problema serio" para ellos, cifra que supone un incremento significativo en los últimos tres años.

Las minorías no gozan del mismo estatus político que la gente blanca. La población blanca no hispana de la ciudad de Nueva York equivale al 35 por ciento del total, sin embargo, más del 70 por ciento de los cargos directivos están ocupados por blancos. Desde cuando fue elegido para un tercer período en 2009, el alcalde Michael Bloomberg ha nombrado a tres nuevos vicealcaldes y seis comisionados. Los nueve son blancos. De los 80 funcionarios identificados por la administración Bloomberg como "miembros clave" en su página web, el 79 por ciento son blancos. De las 321 personas que sirven como consejeras al burgomaestre u ostentan una de las tres máximas posiciones en las agencias que le reportan directamente a él (comisionados, subcomisionados y consejeros generales, entre otros), el 78 por ciento son blancas. Y de los 1.114 empleados que deben vivir en la ciudad , bajo una orden ejecutiva, en vista de que son los que ejercen mayor influencia sobre las políticas de la administración y las operaciones del día a día, el 74 por ciento son blancos (The New York Times, 29 de junio de 2010).

Los grupos minoritarios enfrentan la discriminación en sus empleos u ocupaciones. La gente de color es tratada de forma injusta o no es tenida en cuenta a la hora de conceder ascensos o beneficios relacionados con el bienestar, ni tampoco en los procesos de selección laboral. Se ha informado que un tercio de los negros ha sufrido de discriminación en sus lugares de trabajo, si bien sólo una dieciseisava parte del total elevaría una queja formal por ese motivo. El 15 de octubre de 2010, el rotativo The Washington Post informó que 30 bomberos negros se quejaron de discriminación racial sistemática al interior del Departamento de Bomberos y Servicios Médicos de Emergencia del Distrito de Columbia, alegando que los empleados de color estaban sujetos a una aplicación más estricta de las normas disciplinarias, eran promovidos con menor frecuencia y se enfrentaban a un ambiente de trabajo hostil impuesto por los supervisores blancos. Shirley Sherrod, una ciudadana negra que trabajaba para el Departamento de Agricultura, fue despedida luego de que alguien escribiera en un blog, de forma fragmentaria, que 24 años atrás, cuando trabajaba para una agencia sin ánimo de lucro establecida para ayudar a los agricultores de color, ella se había negado a asistir a un granjero blanco. También se ha informado que el citado departamento llegó a un acuerdo por 1.250 millones de dólares luego de décadas de lucha por parte de granjeros afroamericanos que habían sufrido discriminación cuando habían intentado obtener créditos (The Washington Post, 23 de julio). The New York Times informó el 23 de septiembre del año pasado que para el 30 de septiembre de 2009, los trabajadores musulmanes habían presentado un récord de 803 quejas sobre discriminación laboral, lo que representó un aumento del 20 por ciento con respecto al año anterior.

La tasa de desempleo entre los grupos minoritarios es alta. De acuerdo con el Buró de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, en julio de 2010, entre la población con edades comprendidas entre los 16 y los 24 años, 2.987.000 desempleados eran blancos, con una tasa de desempleo del 16,2 por ciento; 992.000 eran negros o afroamericanos, con una tasa de desempleo del 33,4 por ciento, 165.000 eran asiáticos, con una tasa de desempleo del 21,6 por ciento, y 884.000 tenían lazos de sangre hispana, con una tasa de desocupación del 22,1 por ciento (www.bls.gov/news.release/pdf/youth.pdf). Según un informe emitido por el grupo de trabajo de expertos en los pueblos de ascendencia africana del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 6 de agosto de 2010, el desempleo era un problema muy grave para la comunidad afrodescendiente de los Estados Unidos, con los niveles de desempleo siendo, proporcionalmente, cuatro veces más altos en este grupo poblacional que en la comunidad blanca. En cierto momento se hizo referencia a un caso en el que el Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York había incurrido en prácticas discriminatorias contra individuos de descendencia africana que habían tratado de conseguir trabajo como bomberos. De los 11.000 bomberos empleados por el departamento, sólo unos 300 eran afrodescendientes, aún a pesar de que esa comunidad equivale a casi el 27 por ciento de la población de la ciudad (UN document number A/HRC/15/18). En el tercer trimestre de 2010, cerca de una sexta parte de los habitantes negros de Nueva York estaban desempleados, y, alrededor de 140.000 de los 384.000 desocupados que tenía la ciudad eran de color. (The New York Times, 28 de octubre de 2010).

La proporción de pobreza entre las minorías en Estados Unidos también es alta. El Buró del Censo de los Estados Unidos informó en septiembre de 2010 que la proporción de pobreza entre la población negra había sido en 2009 del 25,8 por ciento, en tanto que en las comunidades de origen hispano y asiático fue de 25,3 y 12,5 por ciento, respectivamente, mucho más alta que aquella de los blancos no hispanos, que fue del 9,4 por ciento. El ingreso promedio de las familias negras, de origen hispano y blancas no hispanas fue, en el mismo año, de 32.584, 38.039 y 54.461 dólares, respectivamente (USA Today, 17 de septiembre de 2010, o www.census.gov.newsroom/release/archives/income_wealth). Una encuesta dada a conocer el 23 de febrero de 2010 por la Asociación de Personas Retiradas de Estados Unidos, encontró que durante los últimos 12 meses, un tercio (el 33 por ciento) de los afroamericanos con edades iguales o superiores a los 45 años tuvieron problemas para pagar el alquiler o la hipoteca de sus casas, el 44 por ciento los tuvo para pagar por bienes esenciales, como alimentos y servicios públicos, casi uno de cada cuatro (el 23 por ciento) perdió el seguro médico financiado por el empleador, más de tres de cada diez (el 31 por ciento) se vio obligado a reducir el gasto en medicamentos, y una cuarta parte (el 26 por ciento) retiró prematuramente dinero de sus fondos de pensiones para cubrir sus gastos básicos. Aún en medio del difícil ambiente laboral, el 12 por ciento de los afroamericanos de 65 o más años de edad se reincorporó a la fuerza laboral después de haberse jubilado, mientras el 19 por ciento de aquellos con edades entre los 45 y los 64 años aumentó el número de horas trabajadas y el 12 por ciento consiguió un segundo empleo (The Los Angeles Times, 23 de febrero de 2010). En 2009 había más de 30.000 niños negros viviendo en la pobreza en la capital estadounidense, casi 7.000 más que dos años antes. Entre todos los niños de color residentes en la ciudad, la pobreza se disparó hasta el 43 por ciento, frente al 36 por ciento de 2008. En contraste, la tasa de pobreza para los menores hispanos era del 13 por ciento, y la de los blancos del 3 por ciento (The Washington Post, 29 de septiembre de 2010).

Los grupos minoritarios de Estados Unidos se enfrentan a una obvia situación de desigualdad en materia de educación. Un informe revelado el 30 de noviembre de 2010 por America's Promise Alliance, Civic Enterprises y el Everyone Graduates Center de la Universidad Johns Hopkins mostró que, en 2008, el 81 por ciento de los estudiantes blancos, el 64 por ciento de los hispanos y el 62 por ciento de los afroamericanos se graduaron de la escuela secundaria (The World Journal, 2 de diciembre de 2010) Para 2008, entre los hombres blancos de entre 55 y 64 años, la tasa de finalización de estudios era del 43 por ciento, frente a un 19 por ciento de los hispanos. Entre los hombres blancos con edades entre los 25 y los 34 años, la tasa era del 39 por ciento, comparada con una del 14 por ciento para los hispanos (The Washington Post, 20 de octubre de 2010). En la ciudad de Nueva York, el número de adultos blancos con un título de maestría era tres veces más elevado que el de los hispanos. De acuerdo con un estudio elaborado por la Universidad del Estado de Sacramento, sólo el 22 por ciento de los estudiantes latinos y el 26 por ciento de los afroamericanos completaron dos años de estudios superiores, en comparación con el 37 por ciento de los estudiantes blancos. De acuerdo con un reporte entregado por el Departamento de Educación del Estado de Nueva York en enero de 2010, 6.207, o el 4,7 por ciento de un total de 130.837 incidentes disciplinarios reportados en las escuelas públicas de la ciudad durante el año escolar 2008-09, estuvieron relacionados con prejuicios de género, raza/color, identidad de género, expresión de género u orientación sexual (The China Press, 18 de enero de 2010). El diario USA Today informó el 14 de octubre de 2010 que a los jóvenes afroamericanos les fueron aplicadas dos y hasta tres veces más suspensiones que a sus compañeros blancos. En el Distrito Escolar Christina, en Delaware, en un año escolar reciente, el 71 por ciento de los estudiantes negros de sexo masculino fueron suspendidos, frente a un 22 por ciento de sus compañeros blancos. Los estudiantes afroamericanos sin limitaciones físicas o sicológicas tenían tres veces más probabilidades de ser expulsados que sus compañeros blancos. Al mismo tiempo, los estudiantes afroamericanos con algún tipo de disabilidad tenían el doble o más de posibilidades de ser separados temporal o definitivamente de sus escuelas que los blancos (USA Today, 8 de marzo de 2010).

La situación del cuidado de la salud para los afroamericanos en Estados Unidos también es preocupante. Diferentes estudios han demostrado que cerca de un tercio de las familias de minoría étnica en ese país carecen de seguro de salud. Asimismo, la expectativa de vida es más baja y la tasa de mortalidad infantil más alta que el promedio (BBC, la posición social y económica de las minorías). La tasa de mortalidad de los infantes afroamericanos es entre dos y tres veces más elevada que la de los blancos. Los niños afroamericanos representan el 71 por ciento de todos los casos pediátricos de VIH/SIDA. Las mujeres y los hombres afroamericanos tienen, respectivamente, 17 y siete veces más probabilidades de contraer el VIH/SIDA que los blancos, y el doble de posibilidades de verse afectados por el cáncer.

La discriminación racial es también evidente en aspectos como la garantía del cumplimiento de las leyes y el funcionamiento del sistema judicial. Se ha informado que en 2009, los afroamericanos y los latinos tenían nueve veces más posibilidades de ser requeridos por la policía para ser registrados. En el cálculo total de la población carcelaria estadounidense, los afroamericanos representaban el 41 por ciento. Al mismo tiempo, la tasa de afroamericanos cumpliendo cadena perpetua era casi 11 veces más alta que la de blancos. Los hombres de ascendencia africana que abandonaron sus estudios tenían un 66 por ciento de posibilidades de terminar en la cárcel o ser procesados por el sistema de justicia criminal (UN dcoument A/HRC/15/18). Según informes de prensa, el 85 por ciento de la gente que ha sido abordada por la policía en las calles de Nueva York para ser cacheada durante los últimos seis años han sido negros o latinos (The Washington Post, 4 de noviembre de 2010). De acuerdo con un reporte de la Escuela de Derecho de la Universidad del Estado de Michigan, entre los 159 presos a la espera de ser ejecutados en Carolina del Norte, 86 eran negros, 61 blancos y 12 de otros grupos étnicos. Durante los procesos penales de los 159 casos de pena capital, el número de ciudadanos negros retirados de los jurados por los fiscales fue más del doble que el de los de otros grupos étnicos. Con base en estadísticas del Departamento de Policía de Chicago, la proporción de gente de color siendo los criminales o las víctimas en todos los casos de asesinato es la más alta, con 76,3 y 77,6 por ciento, respectivamente (portal.chicagopolice.org). El Reporte de Homicidios de Los Angeles Times (Homicide Report of the Los Angeles Times) incluyó un total de 2.329 homicidios en el condado de Los Angeles entre el 1 de enero de 2007 y el 14 de noviembre de 2010, en los que las víctimas fueron 1.600 latinos y 997 negros (projects.latimes.com/homicide/map/).

Los crímenes por discriminación racial son frecuentes. El FBI dijo en un informe anual que de un total de 6.604 de estos crímenes cometidos en Estados Unidos en 2009, alrededor de 4.000 fueron motivados por el origen racial de la víctima, y casi 1.600 lo fueron por sus creencias religiosas. En total, cerca de 8.300 personas perdieron la vida en crímenes motivados por el rencor en 2009. Alrededor de tres cuartas partes de las víctimas de los crímenes motivados por el origen racial eran afroamericanos, en tanto que los judíos aportaron el mismo porcentaje de víctimas en los crímenes cuya motivación fue la orientación religiosa. Dos tercios de los 6.225 autores conocidos de todos los crímenes por rencor cometidos en Estados Unidos eran blancos (AFP, 22 de noviembre de 2010).

Los derechos e intereses de los inmigrantes no son garantizados. En abril de 2010, los legisladores del Senado de Arizona aprobaron un proyecto de ley para atacar la inmigración ilegal. La ley exige a las fuerzas de policía estatal y local determinar el estatus de la gente si existe una "sospecha razonable" de que son inmigrantes ilegales, así como arrestar a las personas que por cualquier razón no presenten documentación que los acredite como residentes legales (The Los Angeles Times, 13 de abril de 2010). Otra ley propuesta en ese mismo estado, y apoyada por los republicanos, busca denegar los certificados de nacimiento a los niños que lleguen al mundo en territorio estadounidense y cuyos padres sean inmigrantes ilegales (CNN U.S., 15 de junio de 2010). Un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU, especializados en inmigrantes, racismo, minorías, indígenas, educación y derechos culturales, expresó "seria preocupación" con respecto a las leyes promulgadas por Arizona, diciendo que "se ha establecido un inquietante patrón de actividad legislativa hostil hacia las minorías étnicas y los inmigrantes". La ley de inmigración de Arizona autoriza a los oficiales locales a arrestar a una persona sin necesidad de tener una orden judicial. Además, convierte en delito el hecho de estar en Estados Unidos ilegalmente, y apunta de forma específica a las personas que se emplean por días, con lo que también convierte en delito el que una persona indocumentada busque trabajo y el que alguien emplee o trate de contratar a un inmigrante indocumentado. La ley podría llevar a la detención e interrogatorio de personas partiendo de la base de sus características étnicas más obvias. En Arizona, las personas cuya apariencia indique que son de origen latinoamericano o indígena están en alto riesgo de que se les aplique la ley. El periódico Atlanta Journal-Constitution informó el 19 de noviembre de 2010 que un numeroso grupo de organizaciones de derechos humanos se estaba preparando para llevar a cabo una vigilia en el sur del estado de Georgia con el objetivo de manifestar su apoyo a un grupo de supuestos inmigrantes ilegales detenidos en una prisión del condado de Lumpkin. Para el 17 de septiembre, el penal contaba con una población de 1.890 reclusos. Por entonces, los procesos legales de las personas mantenidas en este presidio llevaban un atraso de 63 días en promedio. En lo que respecta a las personas privadas de la libertad por estar de forma ilegal en el país, el Relator Especial sobre los derechos humanos de los inmigrantes dijo, en un informe al Consejo de Derechos Humanos en abril de 2010, haber recibido informes de cautivos a los que, de forma intencional y maliciosa, les son negados tratamientos médicos adecuados, a lo cuales tienen derecho de acuerdo con la ley, mientras están bajo custodia de las autoridades nacionales. El Relator Especial observó durante sus misiones por el país que los trabajadores inmigrantes ilegales con frecuencia no tienen un techo, o viven en espacios abarrotados de gente que no cuentan con las debidas condiciones de seguridad ni de salubridad (UN document number A/HRC/14/30).

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