viernes, 15 de abril de 2011

Honduras: ¡“Que no reconozca un gobierno que viola los derechos humanos”!

Dick Emanuelsson - Mirian Huezo Emanuelsson (especial para ARGENPRESS.info)

Entrevista en vídeo a Porfirio Ponce, vicepresidente del sindicato Stibys * que organiza los obreros y obreras en el sector de alimentación, embotelladoras como Pepsi y Coca Cola en Honduras, habla sobre el avance del paro cívic.

Foto: Estudiantes del Colegio Central Vicente Cáceres, el mayor en Honduras, se une al Paro Cívico Nacional el martes pasado.

Videoreportaje (16 min.): http://vimeo.com/22375214
Audio: http://www.box.net/shared/3r0s4k4eqg

Entrevista (video) con el dirigente campesino Juan Chinchilla Del Muca (13 min.): ¡“Porfirio Lobo incumple y viola el acuerdo del abril 2010”! http://vimeo.com/22377637
Audio: http://www.box.net/shared/j6lxpx7ofo

Foto: Dirigente campesino Juan Chinchilla del Muca

El martes 12 de abril se realizó en Honduras un paro cívico nacional en contra “la política de hambre y de terror” y en contra la privatización de la educación pública. Hablamos durante el paro en Tegucigalpa con Porfirio Ponce, vicepresidente del combativo sindicato Stibys.

Foto: Honduras - Porfirio Ponce, vice presidente del sindicato Stibys y líder del Frente Nacional de Resistencia.

Foto: Cortes de carretera en todo el país.

– Como el paro cívico nacional el 30 de marzo pasado, este paro también ha sido exitoso. El pueblo hondureño se ha sumado a las calles, esta participando en estas acciones y tenemos cortes (de carreteras) en la ciudad de Ceiba (cuarta ciudad del país en la costa del Caribe), en Tela, en Copán, en San Pedro Sula pero también en Santa Ana y Ojona, Nueva Armenia y Sabana Grande.

– En la capital hay tres tomas en la que se han sumado los obreros, campesinos, mujeres y estudiantes. Y es una motivación y de sentimiento que tiene el pueblo hondureño contra este régimen y sus groserías, contra la oligarquía y las transnacionales.

El sol comienza a arder. La toma donde estamos es el punto cardinal de las comunicaciones del transporte terrestre, en donde los industriales hondureños exportan o importan sus productos hacia el norte, oeste o al sur; Guatemala, El Salvador o Nicaragua, respectivamente. Controlar este punto es poner el sector poderoso de Honduras contra la pared.

Pero para tener éxito en un paro cívico nacional es indispensable dos factores; tener un movimiento popular fuerte pero sobre todo un movimiento sindical altamente organizado y contar con el sector de transporte como aliado en contra el régimen.

Este ultimo sector no esta con el paro. Si fuera en Ecuador, Bolivia o en el Perú los vehículos habrían sido apedreados sin vacilación por jugar sucio al servicio del régimen.

En Honduras y muy pocos países latinoamericanos no existen estas dos realidades. En el sector privado el grado de afiliación sindical solo llega a dos (2) por ciento mientras el sector público es más alto. Pero para que le duela al Poder Fáctico, es indispensable que el sector privado sea afectado y el paro tenga peso.

Los transportistas, sobre todo el sector de los 7.000 taxistas en Tegucigalpa o los “buseros”, sufren como cualquier hondureño la duplicación de los precios del combustible desde el golpe de estado. Pero no se han adherido al paro este día.

El régimen de Porfirio Lobo le ha prometido a este sector estratégico un bono de 10.000 lempiras (500 dólares) que se cancelará en el mes de junio. No es un secreto que los lideres del gremio de transporte, que pertenece a CTH, la tercera central obrera de tendencia conservadora, son “presas fáciles” para cualquier “cooptación” del régimen. Y como si fuera poco, uno de los lideres es integrante de la dirección de UCD, la organización fascista que promovía el golpe de estado antes, durante y después el 28 de junio de 2009.

– El sector de transporte esta coaccionado, diría yo. El gobierno lo obliga de dar servicio, si no, le quitan algunos beneficios que tiene. A parte de eso le amenaza de quitarles el permiso de operación a ellos. Muchos taxistas viven muchas veces con un salario mínimo también. Los grandes empresarios de transporte son esos grandes empresarios que también financiaron el golpe de estado, le prestaron los buses a Micheletti ** y los carros para que hicieran las concentraciones de “los Blanquitos”.

– Pero también hay muchos coroneles y políticos que han robado de este país que son grandes transportistas. Aun así, hay muchos taxistas y dueños de buses que son dignos que nos apoyan. En el centro de la ciudad hay taxistas que esta haciendo su paro hoy. Pero reconocemos que hay mucha división y mucho interés en este sector.

Foto: La extrema pobreza en Honduras llega a 70 por ciento.

Dice el líder obrero que ellos deberían pensar y asumirse completamente al paro por que a fin y al cabo son los hijos de ellos que van a sufrir si no se logra a impedir que la educación pública sea privatizada, que el precio del combustible, la energía y el precio del agua siga aumentando en un país que prácticamente esta en la bancarrota por que las empresas de la oligarquía son casi en su totalidad exoneradas de pagar impuesto.

En la entrevista (en video), Porfirio Ponce sostiene que el Frente Nacional de Resistencia Popular va por el camino de la toma del poder, que el cambio tiene que darse por que el pueblo hondureño no da más.

También comenta la reunión entre Lobo, Chávez y Santos en Colombia y expresa plena confianza que Chávez no va a traicionar al pueblo hondureño sino va a seguir y ser consecuente con el pueblo y su herramienta de lucha que es el Frente Nacional de Resistencia Popular. Y agrega:

– ¡Que no reconozca un gobierno que viola los derechos humanos!

* Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares (STIBYS)

** Micheletti fue el presidente del Congreso Nacional que fue proclamado presidente con los votos del congreso nacional en donde los diputados de Porfirio Lobo TODOS votaron por el Micheletti, “sustituyendo” a Manuel Zelaya.

Autora imágenes: Mirian Huezo Emanuelsson

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Haití, el país verdadero de la reconstrucción retardada: La cooperación imperfecta

Sergio Ferrari

Más allá de elecciones y lucha política, las trazas vigentes del terremoto. “Habría que comprender realmente el alma haitiana”. Médico internacionalista evalúa el actuar de la comunidad internacional.

A pesar que las recientes elecciones concentraron la atención sobre Haití en las últimas semanas dando la idea de un país “normalizado políticamente”, las improntas sociales y humanas del terremoto del 12 de enero del 2010 son profundas y no terminan de cicatrizar. “La ayuda internacional carece de un plan global” y paga el precio “de un Estado frágil”, señala el médico suizo Francesco Ceppi que acaba de regresar de la isla caribeña donde trabajó cinco meses. Cooperante en varias naciones del Sur, tanto de África como de América Latina, el Dr. Ceppi realiza actualmente una nueva fase de especialización en Hemato-oncología pediátrica y se desempeña como Jefe de Clínica en la unidad de esa rama en el Hospital universitario CHUV de Lausana.

Estado frágil

P: Pasó ya más de un año desde el devastador terremoto… ¿Cuál es su valoración sobre la cooperación internacional?

R: El gran problema en Haití es la debilidad del Estado. La ayuda de emergencia, una de las más importantes que se ha conocido en la historia contemporánea, se ha convertido en estructural. Sustituye muchas veces al poder político y conlleva a una pérdida de la responsabilidad ciudadana colectiva.
Con el agravante que el 90% del sistema educativo y de salud es privado.
El país no tiene recursos públicos para hacer funcionar su Estado. Haití, entonces, vive de la influencia significativa de la comunidad internacional, de las ONG, y de la caridad… Ayudas que adolecen de un gran problema de base: no tienen ningún plan global y cuentan con muy poca supervisión del frágil Estado haitiano. Se vive una gran paradoja: la comunidad internacional tiene el sentimiento de tener que rehacer cada día lo que ya había hecho el día anterior…

La calidad cubana

P: ¿Si debiera identificar, a pesar de todo, los aspectos más positivos de esa cooperación?

R: Se han creado desde el principio sistemas de coordinación entre las diferentes ONG de cada región. Las mismas se implementan a través de reuniones de los actores presentes en cada zona y en los diferentes campos de intervención, por ejemplo: salud, educación, logística, agua saneamiento etc. Esta coordinación ha permitido una mejor distribución de recursos y una mejor respuesta a las necesidades. Si tuviera que subrayar un hecho significativo y tal vez lo que más me impresionó en estadía en Haití, es la presencia y el trabajo de la Brigada Cubana. No se trata de una ONG ni de instituciones internacionales, sino de cooperación de Estado a Estado. Sin olvidar que tiene, por detrás, una historia que se remonta a mucho antes que se produjera el seísmo pero que se acentuó y consolidó luego del mismo. Los hospitales apoyados por dicha cooperación integran tanto personal local como cubano. Son muy funcionales y con una atención médica de excelente calidad para la realidad del país. El personal de la Brigada Cubana recibe una remuneración ridícula, comparada con los salarios, a veces exagerados, de muchos cooperantes. Tampoco cuentan con las grandes comodidades, transporte con chóferes, viviendas con personal de servicio.
Los cubanos suelen permanecer dos años en el país, tiempo que asegura una continuidad del trabajo y facilita el aprendizaje de la lengua nativa.

P: Sin embargo, muchas veces, no se escucha hablar de esta cooperación Inter-caribeña…

R: Porque no cuenta con la misma fuerza mediática que tienen las grandes máquinas humanitarias europeas y estadounidenses. Para mí, los cubanos son los verdaderos humanitarios: humildes y grandes trabajadores que tienen como único objetivo reforzar el débil Estado haitiano, poniéndose al servicio del mismo.
Sin olvidar, además, que Cuba ha formado más de 500 médicos haitianos en La Habana. Con la triste constatación que la mitad de los mismos en vez de trabajar en Haití, luego de alcanzar su formación de alto nivel profesional, emigran a los Estados Unidos, a Canadá o a Francia.

Abundan recursos, falta plan global
P: ¿Y si se tratara de identificar los aspectos más deficientes de la cooperación?

R: Lo que siento como más negativo es que la mayoría de los proyectos se han realizado porque existen grandes medios a disposición y era necesario hacer algo con ellos. Pienso que la metodología debería ser diferente, por no decir contraria: según las necesidades en el terreno, se elaboran proyectos y después se buscan los fondos para financiarlos.
Al final del año 2010, la mayoría de las ONG se preguntaban cómo utilizar la gran cantidad de dinero que les quedaba aún antes de finalizar el balance anual, dado que la mayoría de los fondos recibidos eran para proyectos de emergencia, a corto plazo.
Paradójicamente, la epidemia de cólera permitió a la mayoría de las ONG poder crear nuevos proyectos y justificó el exagerado presupuesto de la cooperación para el año 2010. P: ¿Puede evaluar el impacto directo de la cooperación suiza? R: Tuve la suerte de participar en un proyecto muy interesante que consistió en la construcción y el funcionamiento del Centro de Tratamiento del Cólera (CTC) de Grand-Goâve, a unos cincuenta kilómetros al sur de la capital Puerto Príncipe.
Fue el resultado de la colaboración entre ONG suizas, tales como Médicos del Mundo (MdM), Tierra de Hombres/Lausana; junto con la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE); la Cruz Roja helvética y algunas ONG internacionales, entre las cuales Oxfam y Handicap Internacional.
Un proyecto muy interesante, sin ninguna lucha por el liderazgo. Y con el único objetivo de construir rápidamente el Centro y hacerlo funcionar lo más pronto posible. Se logró construirlo en 10 días con esa participación mancomunada.
Lo interesante también fue la coordinación para el funcionamiento del CTC. La mayoría del personal era local y dependiente de Médicos del Mundo/Suiza. El personal expatriado responsable de la coordinación y de la supervisión surgió de los rangos la Cruz Roja helvética, de COSUDE, de Tierra de Hombres/Lausana y de MdM. Un fenómeno bastante único y raro, que demostró que la colaboración es posible si el objetivo principal es el desarrollo y no los intereses particulares y de prestigio individual de cada institución participante. En lo general, la cooperación Suiza encuentra las mismas dificultades que los otros actores internacionales. Dispone de un gran capital para la reconstrucción del país, pero se confronta con la compleja realidad que no es tan fácil reconstruir en Haití. Por ejemplo, la mayoría de las escuelas son privadas, entonces no entran en los criterios de subvención. Y la reconstrucción de los hospitales es difícil porque el Ministerio de Salud atrasa los procesos de autorización o no da ninguna garantía sobre el funcionamiento de la estructura una vez que ésta se concluya. No se entiende a Haití

P: Enseñanzas, aprendizajes, reflexiones que quedaron luego de su experiencia haitiana…

R: Me entristece que la opinión pública no cese de definir a Haití como uno de los peores países de mundo, pero nadie se preocupa realmente de intentar comprender las causas por las que se encuentra en esta situación. Me permito citar una excelente reflexión de Ricardo Seitenfus quien fue el Representante de la Organización de los Estados Americanos en ese país en los años 2009-2010. Y refleja claramente mi punto de vista sobre la situación: “Hay que ir hacia la cultura haitiana. Creo que hay demasiados médicos en la cabecera del enfermo y la mayoría de estos médicos son economistas. Entonces, en Haití, se necesitan antropólogos, sociólogos, historiadores, politólogos y también teólogos. Haití es demasiado complejo para gente que tiene prisa; los cooperantes tienen prisa. Nadie toma el tiempo ni el gusto de intentar comprender lo que se podría llamar el alma haitiana. Los haitianos lo han entendido bien, nos consideran, a nosotros la comunidad internacional, como una vaca que hay que ordeñar. Quieren sacar provecho de esta presencia y lo hacen con una maestría extraordinaria. Si los haitianos nos consideran solamente por el dinero que llevamos al país, es porque nosotros nos hemos presentado así”. P: ¿En qué medida una experiencia profesional-humana como la que vivió en esa compleja coyuntura tiene un impacto directo hoy en sus opciones de trabajo y de vida a su vuelta a Europa? R: Cada vez que regreso después de trabajar en países del Sur, tengo muchas dificultades, especialmente por una cuestión ideológica. En Suiza me enfrento a enfermedades muy específicas y se pone a disposición exámenes, diagnósticos y tratamientos muy caros. Mientras que en las misiones en el Sur, por ejemplo en Haití, trabajé mucho con los niños mal nutridos, para quienes el problema sanitario es algo muy básico: poder comer para evitar que mueran.
Con muy pocos recursos se podrían curar la mayoría de las enfermedades que son responsables de las tasas más altas de muertes en estos países, como la diarrea, las infecciones respiratorias y la malaria. Entonces, cuando trabajo en Suiza me siento muy egoísta de no poder compartir con los países del Sur nuestro gran potencial económico utilizado en el campo sanitario.

Sergio Ferrari, en colaboración con Le Courrier y swissinfo.

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México: Por los once electricistas presos -que están hasta la madre- deberían estar Lozano y Calderón

Pedro Echeverría (especial para ARGENPRESS.info)

1. Las cárceles siempre están llenas de gente humilde y miserable en todos los países capitalistas; de gente que busca un pan para comer, de personas desempleadas que roban una cartera; de campesinos sin tierra; de obreros huelguistas; de estudiantes rebeldes y luchadores sociales que se enfrentan al gobierno, a los empresarios, al sistema capitalista. Estar o haber estado en las cárceles del Estado por luchar contra el sistema de explotación da un gran prestigio de honestidad y dignidad a los seres humanos.

2. Los empresarios y gobernantes -aunque sean contrabandistas, sacadólares, defraudadores fiscales, ladrones del presupuesto público, colaboradores de los yanquis- jamás pisan las cárceles y cuando “por error” no pudieron arreglase antes, salen a las pocas horas o días. ¿Quiénes son los culpables de la destrucción de la empresa Luz y Fuerza y de su combativo Sindicato Mexicano de Electricista? No tengo duda que son Felipe Calderón y el perro Lozano.

3. Los obreros electricistas que se rebelaron el pasado lunes 11 están ya hasta la madre de que Calderón y Lozano los tenga sometidos a engaños, audiencias, discursos y amenazas después de cesar a 46 mil obreros. Muchos han sido acusados de violentos y unos once están en la cárcel. ¿Hasta cuándo podrán soportar la burla de esos funestos personajes de gobierno que llevan año y medio manteniéndolos en el desempleo y sin dinero para sostener a su familia?

4. Los dirigentes del SME no solo han sido pacíficos sino incluso ingenuos -y hasta cobardes- al levantar todas sus protestas (huelga de mujeres, movilizaciones, huelga de hambre en el Zócalo) e ir a negociar con Gobernación. Con ello ha logrado Calderón causarles desprestigio ante la izquierda social que sabe de memoria que ningún movimiento se puede parar por una simple audiencia y que sólo después de solucionarse los problemas, cobrar los salarios caídos, liberar a los presos y desaparecer las órdenes de aprehensión, cuando se levantan los movimientos.

5. Los obreros electricistas presos deben salir inmediatamente de la cárcel por la movilización de masas en las calles, los bloqueos y huelgas de hambre. Caminar por la vía jurídica es la ruta de la derrota. Recuerdo que cuando nació el STEUNAM fue un sindicato de hecho, no de derecho; que López Obrador organizó la invasión de pozos petroleros en Tabasco por la vía de hecho; pero lo que me ganó mucho más fue cuando AMLO se negó a ampararse cuando le imponían el desafuero.

6. Tampoco puedo olvidar que cuando suspendieron a profesores de arquitectura durante la huelga de 1976 de la UNAM mientras el SPAUNAM puso una demanda jurídica, los profesores acudieron en masa a medidas radicales y en unas cuantas horas rectoría dio pasas atrás. Se olvida de manera frecuente que las leyes fueron hechas por la burguesía, que las instituciones sólo sirven a los poderosos y que ellos saben manipular las leyes a conveniencia.

7. Los electricistas han sido derrotados por ese par de funestos gobernantes anti obreros y sus lacayos; pero también por usar estrategias sindicales equivocadas, por confiar en gobernantes que por naturaleza de clase son sus enemigos. El primero de mayo tiene que ser un gran día para todos los trabajadores: además de echar abajo la reforma de la Ley del Trabajo que PAN, PRI, empresarios están imponiendo, deben salir de prisión los electricistas recién presos y otros que estén pendientes.

8. Ese día deberíamos iniciar la paralización por tres días de la ciudad de México (centro neurálgico del país) mediante bloqueos de calles, carreteras e instituciones. ¡Basta ya de tantas muertes, desempleo, miseria y desgobierno! Los trabajadores tienen todo el derecho de manifestarse por la vía pacífica, pero también a acudir a otras formas de lucha si el gobierno los despide del trabajo, los golpea y encarcela. ¡Libertad inmediata a los electricistas presos!

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Realengo

Miguel A. Semán (APE)

El jueves 7 de abril en Realengo, barrio pobre al oeste de Río de Janeiro, un joven entró a su antigua escuela primaria con un revólver en cada mano y cien balas en la mochila. Mató a doce chicos, hirió a otros diecisiete y se suicidó. Después vino el estupor, la impotencia. El asesino suicida se va sin recibir los insultos y deja a todo el mundo peleando con su sombra.

Los medios de prensa argentinos informaron que el asesino era menor de edad. A muertes infantiles, quizás pensaron, balas infantiles. Algunos expertos en educación y minoridad se apuraron a enumerar las posibles causas de la masacre y hasta hubo quien deslizó una crítica por la exagerada difusión que se le daba a un hecho de carácter excepcional en el sistema educativo latinoamericano.

Poco después se supo que el homicida se llamaba Wellington Menezes de Oliveira, y si alguna vez había sufrido burlas en el patio de esa escuela, ahora tenía 23 años, padecía un fuerte delirio místico y en octubre del año pasado había perdido el trabajo por “baja productividad”.

Menezes de Oliveira no parece un caso excepcional en Brasil, sus víctimas tampoco. La muerte de chicos pobres, negros, de barrios superpoblados donde se vive en medio de la guerra, es la posibilidad concreta con que se encuentran por lo menos 60 de cada cien mil jóvenes. 3 de cada 4 pibes mueren violentamente. 17.000 chicos asesinados por año. La Organización Mundial de la Salud le ha puesto el rótulo sanitario de epidemia a lo que debería llamarse genocidio.

En los días siguientes se habló de bullying, de síndrome islámico, de Carmen de Patagones y de Columbine. También se habló de un hombre que en un centro comercial de Holanda mató a seis personas, hirió a catorce y, como de Oliveira, terminó suicidándose. Los testigos confundieron los tiros con fuegos artificiales y el alcalde de la ciudad se lamentó de que semejante hecatombe se hubiese producido en su localidad en un día tan hermoso. Morir baleado y con buen tiempo en Holanda parece tan impensable como ahogarse en el desierto de Atacama. Casi una estafa a la buena fe y las expectativas de una vida larga y apacible.

Para los pibes de Brasil, con sol o tormenta, la tragedia siempre está pendiente. Las armas crecen a su alrededor como frutas tropicales a punto de desgranarse y las balas llueven del cielo o de la tierra. Si no son los policías serán los criminales. Y de última, siempre hay algún desesperado. Un asesino suicida que aparece por un instante y eleva su delirio por encima del delirio colectivo para decirnos que su demencia no es falta de razón sino una suma de corduras dispersas, y que él, el elegido, sólo ha venido al mundo para mostrarnos hoy las muertes y llantos de mañana.

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Chile: Codelco a la deriva

Julián Alcayaga (DEFENSA DEL COBRE, especial para ARGENPRESS.info)

De cómo se prepara su privatización.

Ya lo habíamos dicho en diversas ocasiones: el Sr. Diego Hernández y otros ex ejecutivos de transnacionales mineras, llegaron a Codelco a cumplir el objetivo que siempre persiguieron: su privatización. Pero como para ello se requiere una reforma constitucional y un quórum que es imposible alcanzar en la actualidad, se recurre entonces a una “gestión preparatoria” o “propiciatoria” de una opinión que vaya en ese sentido. Ello consiste en crear tales dificultades financieras y económicas en la Corporación, que se llegue a la “conclusión” que para salvarla ya no queda otro camino que su privatización en su totalidad, o por partes, como ya se está haciendo con la venta de Edelnor, del yacimiento Inca de Oro, y se preparan las condiciones para la venta de Ventanas, El Salvador y Potrerillos.
Esta aseveración se está verificando más rápido de lo que yo mismo pensaba. En efecto, en la presentación de su primer año de gestión en Codelco, en una conferencia de prensa el 25 de marzo pasado, el Sr. Hernández presenta su gestión como un gran éxito en razón que las utilidades de la Corporación aumentaron en 2.020 millones de dólares el 2010, un 16,6%, en relación a 2009. Pero una mirada atenta a las cifras permite decir que es una curiosa manera de presentar las cosas.

En primer lugar, el Sr. Hernández olvidó de comparar es el precio promedio del cobre que el año 2010 fue de de 3,42 dólares la libra, con un aumento de 46,2% en relación a los 2,34 dólares la libra de 2009. Si proyectamos la producción de 2009 al precio de 2010, los ingresos por ventas de Codelco en 2010 debieron superar los 15 mil millones de dólares, es decir alrededor de 800 millones de dólares más que los realmente obtenidos. La relación ingresos/producción de cobre del año 2010, es de lejos el peor ejercicio desde el 2004 a la fecha.

En segundo lugar, en 2010 hubo un aumento de los costos de 1.231 millones de dólares, es decir 20,6% más que el año 2009, y también los más elevados desde el año 2004.

En consecuencia, entre disminución de las ventas y aumento de costos, el ejercicio 2010 fue peor que el 2009 en a lo menos 2 mil millones de dólares, y eso que el año 2009 era ya uno de los peores resultados de Codelco de los últimos 5 años.

Comparemos lo malo que fueron los resultados de Codelco el 2010 en relación al año 2006 por ejemplo. Ese año, el precio promedio del cobre fue de 3,05 dólares la libra, es decir 12,1 % menos que el 2010. Sin embargo el año 2006, las ventas de Codelco alcanzaron a 15.825 millones de dólares, es decir 1.657 millones de dólares más que el 2010 con similar producción. Si los parámetros de 2006 los proyectamos a la producción y precio del 2010, los ingresos por venta hubieran sobrepasado 17 mil millones de dólares. Sin embargo los ingresos de Codelco el año 2010 alcanzaron solamente a US$14.068 millones, US$3 mil millones por debajo de lo que se debió obtener. No existe nada que pueda justificar esta considerable caída de los ingresos de Codelco el año 2010 en relación al 2006, porque fuera del cobre, en el año 2010 los precios del oro y la plata son casi el doble que el 2006, y solo el precio del molibdeno es inferior. Si a esta caída de los ingresos le sumamos 1.176 millones de dólares de aumento de costos en relación al 2006, nos arroja que los resultados de 2010, son peores que los del año 2006 en cerca en más de 4 mil millones de dólares. ¿Dónde está entonces el profesionalismo del Directorio y de las nuevas autoridades de Codelco?

Comparando precio y producción, los ingresos por ventas de Codelco el año 2010, son de lejos los peores de los últimos 7 años. ¿Por qué bajaron tanto los ingresos por venta de Codelco con la gestión del Sr. Hernández?. Ya sabemos, y lo hemos escrito antes, el Sr. Hernández es experto en perder dinero en los mercados de futuro del cobre, que es un mercado especulativo donde no se transa cobre físico. En 1995 Minera Mantos Blancos (hoy Anglo American Norte), dirigida entonces por el Sr. Diego Hernández perdió el 25% de sus ingresos operacionales en los mercados de futuro del cobre. “Curiosamente”, el Sr. Hernández fue premiado por la casa matriz Anglo American. ¿Por qué? Pues porque fue una empresa relacionada la que percibió las ganancias que perdió Mantos Blancos que –además- no pagó impuesto a la renta en Chile porque perdió todas sus ganancias de ese año. Magia pura: perder para ganar más.

La misma magia parece estar ocurriendo en Codelco, puesto que no se explica que con el precio del cobre observado en 2010, Codelco haya tenido una caída tan considerable en sus ingresos por venta en relación al año 2009, y sobretodo en relación a los años 2006 y 2007. Esta inexplicable caída de las ventas, que supera largamente los 3 mil millones de dólares en relación a los años 2006 y 2007, solo puede ser explicado por pérdidas en los mercados de futuro del cobre, puesto que este tipo de pérdidas son contabilizadas como disminución “extracontable” de los ingresos por ventas, lo que permite disfrazarlas y ocultarlas y no aparezcan en la contabilidad. Sólo nos falta conocer quienes o que empresas “ganaron” o que fueron favorecidas con estas pérdidas de Codelco en los mercados de futuro del cobre.

Ahora bien, si estas pérdidas, o técnicamente disminución de los ingresos por ventas, no se produjeron en los mercados especulativos de derivados, entonces se perdieron en la venta de cobre físico. Es decir Codelco debió haber vendido varios barcos cargados con barras de cobre a precios muy inferiores al mercado. Nuevamente cabe la pregunta: ¿quiénes fueron los favorecidos con estas ventas a menor precio? Solo cabe esperar que los favorecidos no sean filiales de empresas “amigas” como BHP Billiton, Anglo American o Xtrata, la otra socia mayoritaria de Collahuasi. Evidentemente que los primeros interesados en investigar esta situación, debiera ser el nuevo, muy profesional y calificado directorio de Codelco, en el que participa el Sr. Fernando Porcile, ex alto ejecutivo de varias transnacionales mineras y que conoce a la perfección el negocio minero. Pero no se oye padre, el directorio parece no haberse dado cuenta de esta colosal caída de los ingresos de la empresa que dirige. .

Controladores ausentes

El segundo interesado en sacar conclusiones sobre este tema debiera ser el ente fiscalizador de Codelco que es Cochilco, pero este organismo nunca ha fiscalizado en el pasado y ahora lo hará menos que nunca. Por su parte, la Contraloría puede fiscalizar a través de Cochilco, e incluso lo puede hacer de oficio aunque no exista queja o solicitud de parte de alguna persona o institución. Pero estas enormes pérdidas significan una menor recaudación tributaria de a lo menos 1.500 millones de dólares, por lo que el S.I.I. debiera estar altamente interesado en investigar esta situación. Finalmente, como estas pérdidas son muy superiores a los 170 millones de dólares que perdió Juan Pablo Dávila en 1994, con mayor razón la Cámara de Diputados debiera designar una Comisión Investigadora, independientemente que además entren a tallar nuestros tribunales de justicia.

Cuando fue designado el Sr. Diego Hernández como Presidente Ejecutivo de Codelco, tanto las autoridades de gobierno como el directorio de la empresa, se felicitaron de su elección por su indudable capacidad técnica y experiencia de alto ejecutivo de transnacionales mineras, y que a la vez se designara como Vicepresidente de Administración y Finanzas al Sr. Thomas Keller, ex Presidente Ejecutivo de Minera Collahuasi. En consecuencia, esta colosal caída de los ingresos de Codelco, no puede deberse a inexperiencia o incapacidad técnica de estos ejecutivos, por el contrario, tienen demasiada experiencia en la minería del cobre. ¿Por qué entonces su primer año de gestión en Codelco es un fracaso, cuando en principio venían para aumentar la competitividad de la empresa?

La respuesta no puede ser otra que la que siempre sostuve: llegaron para ir generando las condiciones para privatizar Codelco, y los resultados de 2010, están ahí para demostrarlo.

La metodología está clara: se presentan éxitos maquillando cifras. Al cabo de algún tiempo, “se constata” que en realidad la situación está francamente mala y se necesitan medidas “extremas” que, por supuesto, no impliquen que el presupuesto del Estado, tan “preocupado” o “focalizado” en las necesidades urgentes de la gente, sea distraído en salvar una empresa. No queda otra solución que la venta.

Julián Alcayaga es economista.

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Patti, el veredicto

Maria Cristina Caiati (especial para ARGENPRESS.info)

Son sentencias ejemplares, sin duda, las que cayeron sobre Reynaldo Bignone, Omar Riveros, Martín Rodríguez, Fernando Meneghini y Luis Patti: prisión perpetua en cárcel común para los tres primeros y el último de los nombrados, en tanto Meneghini deberá purgar seis años de cárcel.

Son éxitos, es incuestionable; máxime porque se esperaron durante años e incontables amarguras y decepciones. En alcanzar estos triunfos, la tarea de las querellas –Pablo Llonto, Ana Oberlin, Colectivo Justicia Ya, Subsecretaría de Derechos Humanos de Nación y de Provincia- y fiscalías fue ímproba e impecable, con una acumulación y una presentación de pruebas que resultaron irrefutables. Para corroborar esto sólo basta repasar los alegatos de las defensas, en su intento ineficaz de neutralizarlas.

Pero dejan un sabor amargo. Ese quinteto de verdugos saboreó con placer el hecho de detentar el poder sobre la vida y la muerte de sus víctimas; sin contrapesos, se cobró esas vidas jóvenes, destruyó familias, comprometió futuros y vivió muchos, muchísimos años, disfrutando de la impunidad que les garantizó la imposición primero y la vigencia después de las leyes de obediencia debida y punto final. En ese lapso, algunos prefirieron el ostracismo obligado tras lo que creen aún hoy “el deber cumplido”; el “Toro” Rodríguez pasó de hacer “inteligencia” a desempeñarse como profesor en ciencias políticas en la Universidad Católica de Salta, haciéndose compinche de los estudiantes que, sugestivamente, tienen en su mayoría la misma edad que tenían los torturados sobre los que él decidía.

Patti en cambio, se lanzó en una carrera ascendente, como adalid de la mano dura, nada menos que a la gobernación bonaerense con el respaldo del duhaldismo y luego a la cámara de Diputados. En ese recorrido, a muchas de sus víctimas les pareció imparable. Incluso lo creían así quienes, sin ser sus víctimas, están apegados a conceptos de legalidad, a la convicción de que el voto –aún como expresión de minorías- es sagrado, inviolable; en esta línea ignoran que la mayoría de las veces, quien primero deja de lado el sentido del voto y la propuesta que en él subyace es el dirigente votado. Estos liberales incluso conscientes del descomunal sapo que se tragaban, olvidaron la convicción de que un torturador, desaparecedor y asesino jamás debe hacer una ley.

Esa carrera meteórica pudo ser finalmente derribada y Patti comenzó a intuir que hasta sus mejores aliados lo iban a abandonar en algún momento. Tal vez por todo eso le agarró un ACV del que se repuso, pero lo disimula bastante bien en un intento -frustrado- de morigerar la envergadura del castigo.

A lo largo de siete meses se manifestaron en el anfiteatro Hugo del Carril de José León Suárez, conductas bien delineadas: los testigos convocados por las defensas de los acusados coincidieron en ignorar todo lo que pasaba en la comisaría de Escobar y en la zona, en los primeros años de la represión. ¿Patti? era entonces un joven oficial de calle, algo obsesivo pero apegado a su tarea específica de vigilar a los “subversivos”, a los que había que combatir por orden del gobierno constitucional de entonces, de manera que no cabe -como dijo su defensor, el cavernícola Alfredo Bisordi- suponer siquiera que hubiera obrado ilegalmente. ¿Si había un camioncito atrás de la comisaría donde se torturaba a las víctimas? No, no había nada, en esa época era todo campo. ¿Había detenidos encapuchados? No, nada de eso. ¿Los militares obraban como si estuvieran en casa? Si, pero no molestaban mayormente, sólo había que acompañarlos cuando hacían alguna recorrida porque ellos no conocían Escobar... Todo así.

Los testigos de las querellas y de la fiscalía por su parte, desgranaron una vez más recuerdos espeluznantes, sufrimientos y torturas físicas y psicológicas infligidas a los familiares, más allá de la calamidad aún no saldada de la desaparición en sí misma.

Muchas audiencias resultaron impactantes; quiero resaltar sólo algunas: Un par de vecinas, testigos involuntarias de un salvaje operativo, hablaban entre ellas de esa experiencia por primera vez, después de brindar sus testimonios al tribunal por separado, sobre el mismo brutal episodio que habían presenciado… más de 30 años antes.

Fue conmovedor la larga investigación del doctor Alejandro Incháurregui del Equipo Argentino de Antropología Forense para otorgarle identidad al cadáver de Gastón Goncalves en una época en la que el ADN no existía, una identidad que luego Bisordi y Juan Tripaldi -defensor de Bignone, Rodriguez y Riveros- intentaron desacreditar en sus respectivos alegatos sin advertir que no cuestionaban la responsabilidad de sus clientes sobre los desaparecidos, sino que consolidaban no sólo esa figura sino también esa relación.

Del mismo modo, fue conmocionante el testimonio de Vicente Zito Lema como ex integrante de la comisión que en España, recibió y contuvo a Juan José Fernandez, secretario del ex legislador Diego Muniz Barreto, a quien vio morir y con quien vivió una experiencia horrorosa a la que sobrevivió pero no pudo superar: Fernandez murió en el exilio, a los 39 años de edad. Su testimonio resultó fundamental para motorizar las condenas.

Así como cada uno de los represores juzgados -en éste u otro proceso- mantiene inquebrantable el pacto de silencio que impide saber qué hicieron con los desaparecidos, así también persiste la sensación amarga frente a un fallo que vale sí, pero que no por eso, deja de ser tardío.

Los reos se preguntarán ¿cómo es esto? ¿qué pasó? Nosotros combatimos a la “subversión” para garantizarle a este país un futuro “occidental y cristiano” permanente, lo hicimos entre otras cosas para que la justicia siga protegiendo al poder y sus compinches de los pobres que se multiplican… ¿Y así nos pagan? De seguro, la sorpresa debe ser amarga porque la justicia -esa que hace tantos años les servía incondicionalmente- con todos sus defectos, ahora los alcanza a ellos.

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Argentina: La inflación, un problema estructural

Eduardo Lucita (LA ARENA)

En una nota anterior se definía a la actual alza de precios como una inflación de carácter estructural, se aseguraba que el gobierno no tiene un plan concreto para enfrentarla de raíz. Aquí se aportan algunas propuestas para formular un programa con ese objetivo.

Semanas atrás desde esta misma columna afirmábamos que en el país hay inflación, que no es sólo un reacomodamiento o dispersión de precios, aunque también se aclaraba que no es un proceso desbordado como lo fuera en los años '80 y '90.

Señalábamos que ninguna de las variables económicas sobre las que cualquier gobierno puede operar -tipo de cambio, tarifas de servicios públicos, gasto público, emisión descontrolada, incluso la deuda- están influenciando decididamente en la coyuntura.

Por el contrario, las causas hay que buscarlas en las contradicciones al interior del sistema del capital y, más allá de errores de diagnóstico y controles fallidos del gobierno nacional, son los capitalistas y no otros quienes remarcan los precios.

Contralor social

La mirada entonces debe estar orientada a la excesiva concentración económica, y dentro de esta al selecto grupo de empresas y corporaciones que controlan los mercados y son formadoras de precios. A las altas tasas de ganancias que gozan en todo este período las empresas en las diversas ramas de la economía. Al déficit de oferta por lo escasa de la inversión reproductiva o a la presión del mercado mundial, particularmente por el alza de materias primas y productos energéticos.

Si el diagnóstico es correcto, es entonces sobre estas variables que debe operar el necesario programa antiinflacionario que debe combinar una fuerte presencia del Estado con un también fuerte protagonismo social. Un programa que contemple una primera etapa destinada a frenar abruptamente el alza de precios, luego una segunda que impulse transformaciones de fondo.

Intervención inmediata

-Plena vigencia de la Ley de Abastecimiento de 1974. Reponer la vigencia de esta normativa es central ya que habilita al Estado a desenvolver políticas activas de intervención en los mercados.

-Eliminación del IVA a los artículos de primera necesidad. Lo que debe constituir una rebaja efectiva e inmediata de los precios de esos productos al consumidor. La pérdida de ingresos fiscales puede ser compensada revisando las políticas de subsidios y de exenciones impositivas que en conjunto casi duplican los pagos de la deuda.

-Establecimiento precios máximos a los productos que componen la canasta familiar.

-Centros Populares de Distribución, en los barrios y poblaciones más cadenciadas.

-Control de la estructura de costos, en las empresas formadoras de precios, tanto en la producción como en la distribución y comercialización. Este conocimiento permitirá al Estado transparentar las ganancias empresarias y fijar criterios de razonabilidad en los márgenes de rentabilidad.

Estas medidas deben ir acompañadas por el impulso estatal a la participación de los ciudadanos, tanto en su carácter de productores como de consumidores. En las empresas formadoras de precios creando Comisiones de Trabajadores que colaboren en el control de costos. En los barrios Comisiones de Consumidores que garanticen que los productos lleguen a los Centros de Distribución en cantidad, calidad y a los precios establecidos.

Implementación gradual

-Avances en la desvinculación de los precios locales de los internacionales. Las retenciones juegan un papel pero resultan insuficientes dada la situación de la demanda mundial y el alza de los precios de los alimentos. Se trata de recuperar funciones reguladoras del Estado en el Comercio Exterior.

-Reforma Tributaria. Que rompa con la regresividad actual. Que tienda a la eliminación o reducción gradual del IVA, que ponga el acento en las alícuotas de ganancias, en el impuesto a los bienes Personales, que muy pocos pagan, en las rentas financieras hoy exentas, en reponer el impuesto a la herencia, en reducir la evasión y las actividades en negro.

-Orientar la acumulación de capitales en el sector productivo y áreas estratégicas. Si el capital privado no proyecta grandes inversiones reproductivas, sólo acompaña tardíamente la demanda, y el sector público no radica inversión en sectores estratégicos, el desarrollo del país queda estrangulado, seguirá el crecimiento por la estimulación al consumo y las exportaciones (¿hasta cuando?) y la inflación resurgirá una y otra vez por restricción de oferta.

-Una nueva Ley de Entidades Financieras y la demorada reforma de la Carta Orgánica del Banco Central son instrumentos necesarios para movilizar fondos ociosos en poder de los bancos y orientarlos a inversiones en los sectores productivos. El Estado finalmente deberá tomar en sus manos sectores estratégicos como energía y ferrocarriles para abaratar efectivamente los costos de producción y transporte.

La inflación es un problema político y, como tal, debe ser enfrentado.

Eduardo Lucita es integrante del colectivo EDI, Economistas de Izquierda.

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Argentina. El modelo extractivo y la situación de los pueblos originarios: “Los pueblos indígenas no tuvieron un Nunca Más”

Esteban Stanich (PRIMERA FUENTE)

La reflexión sobre la realidad de los pueblos originarios del país corresponde al periodista Darío Aranda quien pasó por Tucumán para presentar su libro “Argentina originaria: genocidios, saqueos y resistencia". El modelo extractivo imperante y la continuidad de un proceso genocida que se mantiene inalterable.

“Más allá de la discriminación de clases, los pueblos indígenas no tuvieron un Nunca Más y mientras esto siga así su genocidio continuará repitiéndose”. Para el periodista Darío Aranda la situación de las comunidades originarias del país lejos está de haber superado su aniquilación paulatina. Es que más allá de las circunstancias históricas que implicaron matanzas propugnadas por el propio Estado hoy el genocidio hacia los indígenas “ya no se realiza a través de las armas sino mediante el ocultamiento, el silencio, sacándolos de su forma de vida”.

La frase del juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Zaffaroni, citada por Aranda, sirve para adentrarse en la, hasta ahora, inquebrantable realidad en la que se hallan inmersos los pueblos autóctonos.

Colaborador del diario Página 12 y ex estudiante de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (Buenos Aires), Aranda relata en su libro la forma en la que las prácticas de avasallamiento contra los pueblos originarios persisten en el país y su relación con el modelo económico extractivo imperante.

“Está claro que hubo un genocidio en la última dictadura militar que tuvo su Nunca Más. Esto se refleja día a día con las condenas a los represores, las indemnizaciones, los escraches públicos. Sin embargo, nunca algún gobierno ni siquiera esbozó sobre la situación de los pueblos originarios. Como un símbolo, Roca sigue desafiante en la plaza de Bariloche en pleno territorio mapuche. Imaginemos que pasaría si hubiera una estatua de Videla en Plaza de Mayo”, agregó.

“El Estado nacional se conformó sobre la base un genocidio como lo fue la Campaña del Desierto en el sur del país, la Campaña de Cuyo y la Campaña del Norte en Chaco, estas últimas muy silenciadas. Luego, en 1924, se produjo la matanza de Napalpí y 200 indígenas fueron asesinados por resistirse a ser explotados. En 2007, los principales medios del país pusieron en tapa la realidad de estas comunidades cuando 15 personas murieron por desnutrición en Chaco. Hablaron de la pobreza, de la desnutrición y la miseria pero jamás cuestionaron el modelo productivo que avanzó sobre ellos y los marginó. Esta es la continuidad histórica del proceso genocida”, explicó Aranda quien ayer presentó en la facultad de Psicología de la UNT su libro “Argentina originaria: genocidios, saqueos y resistencia" en el marco de un encuentro organizado por la organización Observatorio Ambiental Tucumán.

El modelo extractivo y la resistencia

Darío no duda a la hora de buscar la razón por la cual la situación de las comunidades indígenas mutó de formas manteniendo inalterable su nivel de sometimiento: “el problema de fondo es el modelo agropecuario”.

“Este modelo extractivo que fomenta las explotaciones mineras a cielo abierto y la sojización avanza sobre ellos. La conflictividad hoy se da por mantener una forma de vida ancestral. Hoy en el 56 por ciento de las hectáreas cultivables hay soja. Esto implica más avance sobre territorios ocupados por campesinos e indígenas. Se usan 190 millones de toneladas de glifosato que es muy dañino para la salud. A esto se le suma el desmonte para el avance de los cultivos”, reveló.

Para Aranda, hay una contradicción inadmisible por parte del Gobierno nacional que impulsó muchas mejoras sociales pero, a la vez, “debería replantear su mirada con respecto a este modelo que sostiene”. De lo contrario habrá momentos de máxima conflictividad y de confrontación. Es que este modelo actual no sólo desaloja y contamina, también mata”.


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Beatriz Orlowski en el banquillo

Sonia Santoro (ARTEMISA)

Una docena de diputados y diputadas opositores y trabajadores del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires pidieron la renuncia de la presidenta del organismo, Beatriz Orloswki. El paroximo de su mala gestión se conoció hace unos días cuando pusieron on line una página web donde recomendaba comer queso cheddar y fresas, entre otros alimentos caros y extranjeros, para una buena nutrición.

'Estamos acá para discutir la renuncia de Orlowski. Estamos denunciando el vaciamiento del Consejo; la persecución gremial que sufren sus trabajadores y las pésimas condiciones laborales que repercuten en la atención de niños y niñas de la Ciudad; el colapso de las Defensorías ante el aumento de situaciones de vulneración de derechos y la escasez de profesionales; el no funcionamiento de la línea telefónica 102 de emergencia para la niñez; la tercerización de programas que dependen del Consejo convenido con ONG' s. Estas situaciones ponen en evidencia el desmanejo de la gestión macrista en el Organismo de aplicación de las políticas de atención y promoción integral de derechos para niñas, niños y adolescentes'. La serie de reclamos fue leída por una representante de los trabajadores y trabajadoras del Consejo, en el Salón Intersecretarías de la Legislatura porteña, colmado por organizaciones, sindicatos, y diputados que se reunieron para apoyar sus reclamos.

'Además, cuando denunciamos el mal funcionamiento, recibimos como respuesta sumarios', agregó.

'Hace tres años que venimos denunciando el vaciamiento de las políticas de niñez, pero hoy llegamos a un punto… ya no da más que esta presidenta siga en sus funciones', dijo Hernán Sánchez, de ATE, en el marco de una jornada de paro y movilización de trabajadores del organismo.

Orlowski había sido citada por la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud para dar explicaciones sobre lo sucedido con las 'recomendaciones alimentarias' tomadas de una página web de otro país, el hecho de que el logo del Consejo que había sido ganado en un concurso por chicos de la Escuela Raggio fue suplantado por otro diseñado por una empresa, y por las falencias señaladas por los trabajadores del Consejo. Pero a último momento anunció que no podría asistir y que lo haría el próximo miércoles. Esto desencadenó la conferencia de prensa realizada ayer. Aunque está pendiente una citación más amplia, presentada por las diputadas Laura García Tuñón (Proyecto Sur), María Elena Naddeo (Diálogo por Buenos Aires) y Adriana Montes (Coalición Cívica), para que de explicaciones no ya a la comisión sino al Legislatura entera.

'Macri en su doble discurso vuelve a poner como primera política pública la política para la niñez y esto es la primera mentira. Miente al poner a los niños en situación de pobreza como objeto de beneficencia. Nosotros no queremos eso, estamos a favor de los niños como sujetos de derechos', planteó la diputada María José Lubertino, de Encuentro para la Victoria.

García Tuñón planteó que 'el objeto de este gobierno es destruir todo intento de llegar a la ciudadanía. Cuando se tiene trabajadores precarizados lo que se quiere es debilitar las políticas públicas'. La diputada fue la primera en instalar el pedido de renuncia para Orlowski, generando ruidosos aplausos.

Naddeo fue más allá: 'nos comprometemos no solamente a reclamar la renuncia de Orlowski sino a presentar como proyecto de ley la carrera y el escalafón para los trabajadores del Consejo'.

'Es conmovedor verlos, verlas movilizados como trabajadores pero es cierto que duele ver que un organismo pionero en infancia, como el Consejo de Derechos de niñas, niños y adolescentes, en cumplimiento de la Ley 114 que es de avanzada en protección de derechos, está atravesando una crisis tremenda', dijo la ex presidenta del Consejo. Y recordó que 'en los últimos años el PRO, frente a los diferentes programas que presentamos para declarar la emergencia de las políticas de infancia, nos contestaba con datos eficientistas. Sabemos que es difícil medirlo pero hay que decir que nunca hubo tanto maltrato institucional como ahora'.

Diana Maffía, presidenta de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud comentó que Orlowski pretendía enviar las respuestas a las preguntas que se le adelantaron desde la comisión por vía escrita. 'Yo me niego a ser mensajera', dijo Maffía.

Recordó además que desde la comisión 'venimos denunciando el deterioro sistemático de las políticas de infancia. El año pasado se nos dijo que el problema era la falta de presupuesto, logramos que aumentara pero finalmente vemos como se malversa ese presupuesto'.

'El Ministerio de desarrollo Social tiene como política la transferencia a terceros, sin los resguardos necesarios –continuó-. El gobierno no controló que los derechos se cumplan y tenemos casos de muertes y torturas en lugares donde se deberían defender los derechos de los niños'.

Acompañaron también Rafael Gentile (Proyecto Sur), Delia Bisutti (SI), Martín Hourest (GEN), Gabriela Alegre - Francisco Nenna (Encuentro Popular para la Victoria), Gabriela Cerruti -Gonzalo Ruanova (Nuevo Encuentro), Julián D'Angelo (Partido Socialista). Además de trabajadores/as de ATE de diferentes áreas del gobierno porteño, Nora Schulman, directora ejecutiva de CASACIDN, Gustavo Lesbegueris, ex defensor adjunto de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, organizaciones sociales y organismos de derechos humanos.

Para finalizar Maffía se preguntó qué pasará si Orlowski renuncia, ¿quién vendrá en su lugar? Porque como quedó claro en esta jornada, las falencias en políticas públicas de infancia superan a la persona que dirija el organismo (en los últimos 3 años, hubo tres presidentas), tienen que ver con una concepción de la niñez y de los derechos a garantizar (o no) a los chicos y chicas.

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Reconocimiento judicial del genocidio armenio

Martín Lozada (RIO NEGRO ON LINE)

La Justicia argentina reconoció días atrás que el asesinato de un millón y medio de armenios entre 1915 y 1923 constituyó un genocidio. La sentencia, dictada por el juez Norberto Oyarbide, produjo una nueva fisura al negacionismo oficial impuesto por el Estado turco y aplicó por primera vez en el caso del pueblo armenio el principio de jurisdicción universal.

La causa se inició a raíz de la demanda presentada en diciembre del 2000 por el escribano Hairabedián, descendiente de armenios asesinados, quien pidió que se investigara el destino de 50 familiares directos en las provincias armenias de Palú y Zeitún, en poder del entonces Imperio Otomano.

A esa querella se sumó luego la Colectividad Armenia de Buenos Aires por la matanza en las provincias de Trebizonda, Erzerúm, Bitlis, Diarbekir, Jarput y Sivas, que de acuerdo con las estimaciones históricas costó la vida a un millón y medio de ciudadanos de ese país en lo que fue el primer genocidio del siglo XX.

El valor de la sentencia radica en poner en crisis el paradigma negacionista que Turquía ha venido construyendo en relación con aquellos crímenes. Al respecto, Héléne Piralian advierte que un proyecto genocida se construye mediante la combinación de la destrucción y su negación, de modo tal que la matanza de las personas se duplique con el asesinato de lo simbólico.

Se trata, entonces, de hacer coexistir a la desaparición de un grupo con su posterior negación, a fin de que con los muertos desaparezcan igualmente las huellas del hecho. Puesto que sin muerte no hay asesinato, no hay asesino y, por lo tanto, tampoco genocidio ni memoria consciente posible.

El negacionismo consiste en una manera de conservar y continuar los efectos de la destrucción simbólica propia de los genocidios. Maniobra que está dirigida a escamotear la existencia pasada de los muertos a través de la negación presente y persistente de los crímenes cometidos, lo cual, como resultante, le impide a los sobrevivientes realizar un duelo y simbolizar la muerte.

La supresión de esas negaciones y el reconocimiento de esas ocultaciones resulta un trabajo primordial y una especie de deuda psíquica ineludible para quien desee que la civilización viva. Deuda que puede saldarse recurriendo a instancias éticas que permitan echar luz sobre los crímenes perpetrados, desarticulando así el discurso de la negación y el ocultamiento.

Esto fue lo que sucedió, de algún modo, cuando los herederos armenios del genocidio turco lograron que por primera vez se reconocieran las operaciones de exterminio sufridas por su pueblo y el genocidio resultante.

Así lo hicieron el Tribunal Permanente de los Pueblos en 1984; luego, en 1985, una subcomisión de derechos del hombre de las Naciones Unidas formada por expertos independientes y, más tarde, en 1987, el Parlamento Europeo.

Vale aclarar, además, que fueron los presidentes Francois Mitterrand y Raúl Alfonsín, en 1986 y 1987 respectivamente, los primeros hombres de Estado que reconocieron públicamente la verdad histórica del genocidio armenio. A punto tal que, luego, Jacques Chirac y Néstor Kirchner consolidaron tales posiciones al ratificar leyes donde se consagra oficialmente el reconocimiento del genocidio.

En la Argentina, aquella lucha fue retomada por los descendientes armenios, entre quienes se encuentra el escribano Gregorio Hairabedian, que demandó ante la Justicia el esclarecimiento de lo ocurrido con sus familiares, todos ellos por entonces exterminados, deportados o eliminados físicamente.

Del reconocimiento judicial obtenido no habrán de derivar efectos punitivos, pero sí un capital simbólico enorme. Permitirá afirmar con el valor de la cosa juzgada la existencia de los hechos de exterminio y su tipificación legal como actos constitutivos del crimen de genocidio.

Martín Lozada es Juez Penal. Catedrático Unesco en Derechos Humanos, Paz y Democracia por la Universidad de Utrecht, Países Bajos.

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Argentina: Jornada Nacional de Lucha. Masivo acto de repudio en la Casa de la provincia de Santa Cruz

ACTA

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE-CTA) movilizó en todo el país para repudiar y exigir justicia en el esclarecimiento de la brutal golpiza a trabajadores estatales y docentes en la localidad de 28 de Noviembre en la provincia de Santa Cruz cuando llevaban a cabo una manifestación. En la ciudad de Buenos Aires fue en conjunto con otras organizaciones sociales, territoriales y de Derechos Humanos nucleadas en la CTA Capital.

Luego del feroz ataque que sufrieron trabajadores estatales santacruceños, atacados por una patota vinculada al gobierno provincial y la UOCRA durante una manifestación, desde la ATE se convocó a una jornada de protesta en todo el territorio nacional.

En Capital Federal fue en la Casa de la provincia de Santa Cruz donde se concentraron miles de trabajadores para repudiar la impunidad reinante en la provincia. El miércoles, en la Cámara de Diputados se presentó un proyecto para que se investigue los hechos ocurridos en la provincia de Santa Cruz con la firma de los Diputados: Claudio Lozano, Graciela Iturraspe, Liliana Parada, Cecilia Merchán, Jorge Cardelli y Victoria Donda.

Julio Fuentes, secretario general adjunto a nivel nacional, fue quien abrió el acto. El dirigente puso de relieve que “no es la primera vez que tenemos que venir a la Casa de Santa Cruz para exigir justicia, a fines del año pasado, reprimieron y metieron preso 44 días a Luís Guineo”.

Fuentes aclaró estar “convencido de que no se trata de obreros de la construcción, no se trata de compañeros que se bajaron del andamio los que fueron a apalear a docentes y trabajadores del Estado, se trata de una patota organizada y rentada por el poder ejecutivo provincial y es el gobernador el responsable de esa patota”.

Para finalizar el dirigente explicó que no existió enfrentamiento entre sindicatos sino “un enfrentamiento con el gobierno que no quiere pagar el costo político de utilizar las fuerzas represivas oficiales del Estado y utiliza grupos rentados para salir a reprimir y decirle al país que es una pelea sindical”.

“Nosotros vamos a ganar, no como hacen ellos, vamos a ganar convenciendo y demostrando masividad”, remató Fuentes.

Luego fue el turno de María Damacena, docente e integrante de la conducción nacional de la CTA, quien se refirió a la lucha que llevan estatales y docentes en todo el país por mejoras en las condiciones de trabajo y salarios dignos, “la única respuesta que encontramos es la patota y la represión”

Damacena además notificó que la Asociación Docentes de Santa Cruz. (ADOSAC-CTA) junto a los trabajadores del ATE definió “paro por tiempo indeterminado” y al mismo tiempo le exigió a la conducción nacional del gremio docente que convoque a un paro nacional. Al mismo tiempo reprodujo el comunicado de ADOSAC en el que se dirige a la Confederación Trabajadores de la Republica Argentina (CTERA), “porque no alcanza con comunicados de prensa, hay que luchar en la calle y convocar a un paro nacional para repudiar este hecho”.

Basta de impunidad en la provincia

Para cerrar el acto tuvo la palabra Pablo Micheli, secretario general de ATE y la CTA a nivel nacional. Micheli recordó que hace 4 años en la provincia de Neuquén “una patota vinculada a la UOCRA apaleo a los compañeros docentes que estaban de huelga y movilizados”.

“Hay que tener memoria porque sino estamos condenados a la derrota, hace cuatro decíamos que sino paraban a esos grupos de tareas íbamos a terminar con algún muerto y a los pocos días asesinaron a Carlos Fuentealba. Ahora lo mismo ocurrió con el asesinato de Mariano Ferreyra”.

El dirigente hizo responsable en nombre de la CTA al Gobierno provincial de Santa Cruz y a los dirigentes del sindicato de la UOCRA y instó a que “den la cara y repudien está forma de proceder”. Además exigió a los fiscales y a los jueces que “sean rápido para meter preso a estos tipos que son capaces de golpear a mansalva a nuestros compañeros, basta de impunidad en la provincia”.

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Argentina: Conflicto en Sancor Rosario. “La dignidad de los trabajadores de Sancor sigue intacta”

INDYMEDIA

Lo afirmó uno de los trabajadores despedidos por Sancor, Ariel Chávez, ayer por la mañana, cuando el grupo de obreros realizó una protesta frente a las nuevas oficinas comerciales de la empresa, en Güemes 1847. Con el apoyo de la CTA Rosario, y otras organizaciones políticas y sociales, se montó una radio abierta y se cortó una de las manos de la avenida Wheelwright.

La actividad se extendió desde las 11 hasta las 13 horas para denunciar y hacer saber a los vecinos que allí, sin cartelería o anuncios de ningún tipo que indiquen el funcionamiento de la firma en el lugar, están trabajando los empleados administrativos que antes cumplían tareas en el centro de distribución que Sancor tenía en Rosario y que actualmente está cerrado.

“Sancor ha reabierto las oficinas comerciales y en forma discriminatoria ha dejado a compañeros del área logística en la calle”, señaló Ariel Chávez. Y agregó que la empresa hace esto “en función de que viene desobedeciendo un fallo judicial (http://www.anred.org/article.php3?id_article=3894) en donde se le exige a Sancor que reabra la sucursal de ventas”.

El obrero recordó que “lo que exigió Sancor a los trabajadores del área logística fue trasladarse a la ciudad de Gálvez, que está a 150 kilómetros de Rosario y eso implica un inminente retiro voluntario”.

Esos empleados que no estaban despedidos y que debían, según la empresa, trasladarse todos los días a esa ciudad para cumplir su jornada laboral, son los que presentaron el amparo para la reapertura de la sede local que tuvo el fallo favorable de la justicia. Ellos, señala el delegado, “ya hace dos meses que están sin cobrar el sueldo, cosa que es un agravante de los hechos que estamos viviendo todos los trabajadores de Sancor”.

Por eso, Chávez puntualizó los reclamos de la jornada: “lo que solicitamos es que, así como Sancor abrió las nuevas oficinas comerciales, que también se abran los puestos de trabajo donde puedan venir a trabajar los compañeros del área logística. También le pedimos a la justicia que ratifique el fallo que salió en su momento sobre la reapertura de la sucursal de Rosario”.

Después de la carpa

La de ayer fue la primera actividad realizada por los trabajadores despedidos por la empresa Sancor luego de que el 24 de marzo pasado levantaran las carpas que mantuvieron durante siete meses a la vera de Avenida de Circunvalación. Chávez explicó que el motivo de eso fue “la cuestión económica”.

“Pero seguimos con el mismo nivel de conciencia”, retrucó. Y remarcó con firmeza: “La plata no es lo que va a quebrar a los trabajadores. Hoy más de uno ha salido a hacer sus rebusques pero a la hora de manifestarse estamos todos juntos. La lucha de los trabajadores, la dignidad de los trabajadores de Sancor, sigue intacta. Eso no lo puede quebrar ni la patronal ni la burocracia sindical”.


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Argentina, Entre Ríos: Este viernes declaran las jóvenes víctimas de la trata de personas

APF - INFOALTERNATIVA

Las dos chicas oriundas de Paso de los Libres (Corrientes), víctimas de un caso de trata de personas en Chajarí, deberán declarar mañana ante la Justicia Federal de Concepción del Uruguay. Las jóvenes fueron halladas ayer en un hotel sobre la ruta 14. Habían sido engañadas y drogadas por un hombre que ya está a disposición de la Justicia. Lo informó el Comisario José Zárate, a cargo de la División de Trata de Personas de la Policía de Entre Ríos.

Se encuentran en Paraná recibiendo el cuidado y la contención del personal de la Oficina de Ayuda a la Víctima, las dos jóvenes de 17 y 18 años de Paso de los Libres, que ayer fueron encontradas en un hotel de Chajarí, drogadas y prontas a ser explotadas sexualmente.

Mañana deberán presentarse ante la Justicia Federal de Concepción del Uruguay para prestar declaración y luego serán devueltas a su ciudad de origen.

Las chicas fueron encontradas ayer: “Se tomó conocimiento sobre la supuesta presencia de dos mujeres que estaban privadas de su libertad en un hotel alojamiento. Alcanzaron a pedir auxilio a una amiga, tras lo cual se dio aviso a la Policía y se dispuso un procedimiento de tareas investigativas rutinarias”, relató Zárate.

Personal de la fuerza logró dar con el paradero “del captador y posible proxeneta” y además “con un posible cliente” que se encontraba en el Hotel Caribe II al momento del operativo policial.

“Este señor (el captador) mayor de edad, las tenia sometidas bajo el efecto de estupefacientes, les había hecho consumir cocaína que se encontró después en la requisa”, apuntó. Ahora está detenido y a disposición del Juzgado.

El hotel está ubicado sobre la ruta 14 en el kilómetro 33 y 1/2. “Las jóvenes salieron de sus casas en busca de trabajo, aparece un novio que les brindó las comodidades, buena comida, hasta que después llegó a hacerlas consumir cocaína”, refirió el Comisario.

“Se trata de un caso de trata”, confirmó. “Están cumplidas las pautas que aparecen en la ley. Si bien no se llegó a dar la explotación sexual, se dieron los pasos previos”, explicó Zárate.

El uniformado en declaraciones a esta Agencia admitió desconocer qué responsabilidad le cabría al propietario del hospedaje, pues a su criterio “hay que hilar fijo”.

“Es un hotel alojamiento, si bien hay una reglamentación para esto, en la parte de atrás funciona tipo motel. Se alquila y se desconoce cual es la acción dentro de la habitación”, concluyó no sin antes indicar que en el lugar se encontró “gran cantidad de cocaína y pastillas estimulantes”.

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Argentina, Córdoba: Cobarde agresión a un trabajador de Propuesta Editorial

PRENSA RED

El Cispren repudia la agresión física que sufrió ayer el compañero Gustavo Acuña por parte del propietario de la editorial, Edmundo Bocca. "La violencia puesta de manifiesto por este empresario, doblemente condenable por ejercerla desde una posición de poder", expresa en un comunicado el gremio.

El Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba expresa su más enérgico repudio a la execrable actitud de Edmundo Bocca, propietario de Propuesta Editorial, de agredir físicamente a golpes de puño al compañero Gustavo Acuña, el día de ayer, en la misma sede de la empresa.

La violencia puesta de manifiesto por este empresario, doblemente condenable por ejercerla desde una posición de poder, sólo es entendible en un contexto en que las patronales creen arrogarse un poder omnímodo sobre la vida de los trabajadores, favorecidos por un contexto de precarización laboral.

Nuevamente muestran la hilacha los que se desgarran las vestiduras por la “libertad de expresión”, escamoteando el verdadero sentido que ellos le asignan, que es la libertad sin límites para sus negocios.

Este no es un caso aislado. A lo largo de la provincia se suceden casos de hostigamiento y maltrato laboral, por lo que convocamos a los trabajadores de prensa a no callar y hacerlos públicos, porque esa es nuestra mejor defensa.

Nuestro repudio no alcanza. Pretendemos la justa condena social y judicial de los maltratadores. Nos solidarizamos con el compañero Acuña, quien ya ha radicado la denuncia correspondiente y ponemos a su disposición y la de todos los trabajadores en situaciones similares, todos los recursos administrativos y legales a nuestro alcance.

Nicolás Fassi (Secretario de Prensa) - Guido Dreizik (Secretario General).

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Bolivia alista nueva Ley de Minería

PL

El gobierno boliviano alista desde hoy la Ley de Minería, que permitirá la recuperación de concesiones en ese sector por todo el país suramericano.

La norma podría ser promulgada el próximo 1 de mayo en ocasión del Día Internacional del Trabajo, fecha en la que también quedaría sepultado el Decreto 21060, de 1985, que trajo el modelo de mercado a la economía nacional, según Palacio Quemado.

De acuerdo con el ministro de Minería y Metalurgia, José Pimentel, el Gobierno recuperará unas cuatro mil concesiones ociosas que sólo hacen engordar a algunos empresarios, opinó.

Pimentel precisó que solo el 30 por ciento de las empresas mineras que tienen concesiones realizan inversiones en el territorio nacional, las que a futuro también deben adecuarse a la nueva medida.

"Cuando se plantee el nuevo contrato minero nos tienen que decir qué concesión van hacer, en qué tiempo van a trabajar y cuándo será la operación. Si no cumplen estos requisitos en los contratos mineros naturalmente esto va a venir en reversión", remarcó.

En la actualidad existen en Bolivia unas seis mil concesiones mineras, pero las que están trabajando no pasan de las dos mil, según datos oficiales.

La autoridad recordó que ninguno de anteriores convenios durante los procesos de privatización han sido aprobados en el parlamento, por lo que son totalmente ilegales.

Entre los inversionistas extranjeros, el mayor es la empresa japonesa Sumitomo, que explota San Cristóbal (Potosí), uno de los yacimientos de plata, zinc y plomo más grandes del mundo.

Otras dos entidades foráneas son Coeur D'Alene, que produce plata procesando minerales propios, y la suiza Glencore, que explota cinco minas, la mayoría de plomo, plata y estaño.

De acuerdo al Código de Minería, la concesión minera constituye un derecho real distinto al de la propiedad del predio en que se encuentra, aunque aquella y ésta pertenezcan a la misma persona.

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Bolivia: La hora de los pueblos originarios

Masiel Fernández Bolaños (PL)

¿Eres ecuatoriano, brasileño o cubano? Así recibieron a Jorge Medina cuando hace más de 20 años llegó a esta capital.

Soy boliviano, de los yungas, respondió, al tiempo que notaba la sorpresa en el rostro de las personas, quizá arrobadas por el color de su piel. ÂíUn negro boliviano!

Como esta, son muchas las anécdotas que rememora Medina, miembro de ese pueblo originario de la nación andina, otrora prácticamente desconocido.

Desde la llegada de Evo Morales a la presidencia, por primera vez en la historia de este país suramericano las 36 etnias son tomadas en cuenta y están incluidas en la Constitución Política del Estado, vigente desde 2009, señala Medina.

Es una suerte tener un representante con quien nos podemos identificar, acota, y explica que más allá de la inclusión, uno de los mayores logros resulta la participación en la toma de decisiones.

Ahora los pueblos exigen sus derechos y se les escucha porque eso permite al Gobierno rectificar cuando esté equivocado.

Una realidad alucinante

Sin embargo, la realidad de Medina es más alucinante aún.

Aquel yunga desconocido es el primer diputado afroboliviano de esta nación sureña, hecho que reconoce hubiera sido imposible en otra administración.

Nosotros no existíamos, éramos vistos sólo para el fútbol, para el baile y hasta para el sexo; estábamos rodeados de estereotipos, señala.

Incluso con su presencia en la Asamblea Plurinacional, apunta que todavía a muchos les cuesta entender la existencia dentro de Bolivia de diferentes poblaciones con historia, cultura y tradiciones propias.

Pero este diputado afrodescendiente asegura no culpar a la gente, sino a los gobiernos de turno porque nunca tuvieron en cuenta a los pueblos originarios.

Estima que van por el camino adecuado pues el sueño es tener una Bolivia con igualdad de condiciones, de oportunidades, donde se respeten los derechos de los hombres y de las mujeres, en equidad.

Empero, el funcionario reconoce que toda ley es perfectible; lo importante resulta empezar, sentar las bases y tener un país cada vez mejor.

Además, entiende que no se pueden cambiar las cosas de la noche a la mañana; se trata de un proceso a largo plazo porque implica la transformación de la gente, y eso sería lo más difícil de modificar.

Por ello, Medina insiste en la importancia de socializar las leyes aprobadas para que sean de conocimiento público.

En tal sentido, se refirió a la promulgación de la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, promulgada en 2010, proceso en el cual desempeñó un papel protagónico.

Explicó que esa ley tiene un trasfondo instructivo, por lo que estima importante el apoyo del Ministerio de Educación para dictar como materia específica el tema de la discriminación.

La única forma en que tenga éxito es con la educación de las personas, sentenció.

Priorizar lo más importante

Medina manifiesta su satisfacción de que los integrantes de las diferentes comunidades estén conscientes del proceso boliviano.

Eso en buena medida hay que agradecérselo al gobierno de Cuba, en virtud de cuya labor se erradicó el analfabetismo en este país.

Desde el inicio del gobierno del presidente Morales, se ha hecho mucho por los pueblos originarios.

Según Medina, actualmente trabajan teniendo en cuenta las necesidades específicas de cada una de esas comunidades, al priorizar los aspectos más importantes.

La entrega de telecentros y la posibilidad de que las personas puedan consultar Internet sin la necesidad de trasladarse a otros lugares, están entre los principales logros.

También impulsan la construcción de escuelas en aquellos sitios donde no había, equipadas con todo lo necesario para el proceso docente educativo.

Más allá de la ayuda material, a este diputado lo impresiona la acogida de las personas, sobre todo porque le confiesan que cuando daban su voto a alguien, no volvía.

Hay otro elemento curioso en este proceso, pues independientemente de que las personas pertenezcan al Movimiento al Socialismo (MAS), lo más importante "es que la gente es evista", cuenta satisfecho.

"Cuando Evo llega pareciera que todas las inconformidades se fueran y todo es Evo, Evo".

La máxima: seguir trabajando

Seguimos trabajando fuertemente porque hay bastante pobreza en algunos municipios, sobre todo por la corrupción de los gobiernos anteriores, lo cual generó que unos cuantos se llenaran los bolsillos, desmantelaran las localidades y no se preocuparan por estas.

"El camino es largo, no muy fácil, evidentemente; pero tengo la esperanza de que un día todos se pongan la camiseta de este proceso de cambio y empujarán el carro juntos".

El pueblo indígena está consciente de que si Evo sale no tenemos más nada y por eso no van a permitirlo, sentenció.

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Exhumarán restos de Salvador Allende para aclarar su muerte

PL

La justicia chilena ordenó la exhumación del cadáver del expresidente Salvador Allende con el fin de esclarecer la verdadera causa de su muerte.

El juez que investiga el caso, Mario Carroza, dio cumplimiento así al reclamo de organizaciones defensoras de los derechos humanos y de la propia familia del exmandatario, fallecido en el Palacio de La Moneda el 11 de septiembre de 1973.

La orden de exhumación del cuerpo de Allende, dirigida al Servicio Médico Legal, tiene como plazo para su ejecución el 15 de mayo próximo, confirmaron fuentes judiciales en esta capital.

Luego de 37 años del golpe de Estado contra el líder de la Unidad Popular, volvió a cobrar fuerza en Chile el debate entre los que se inclinan por la tesis del suicidio y los que sostienen que Allende fue asesinado por miembros de la Junta Militar de Augusto Pinochet (1973-1990).

"Todo indica que el presidente Allende fue asesinado, porque las tropas que entraron a La Moneda no entraron a saludarlo, entraron a matar a su enemigo, que en ese minuto era Allende", opina el reconocido cineasta chileno Miguel Littin.

En declaraciones a la radio local Littin destacó que el escenario del fallecimiento del expresidente "fue cambiado en el transcurso de las horas y surgió esa tesis rápidamente aprobada, porque le convenía a todos los sectores involucrados, porque la presencia de un héroe no era conveniente".

En Chile se cometió un magnicidio contra Allende, afirmó asimismo Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP).

Aquí se cometió un magnicidio, en el momento del terrorismo de Estado, el momento del golpe de Estado, (Allende) no tenía ninguna salida y ninguna seguridad, recalcó la principal dirigente de la AFEP.

En sentido opuesto el médico Patricio Guijón dice haber sido testigo de un acto suicida. Ví como el cuerpo se levantaba por el impacto. Se había disparado bajo el mentón, señaló el asistente personal de Allende.

Sin embargo, el especialista en medicina forense Luis Ravanal, quien revisó la autopsia original realizada al jefe de Estado, subrayó que los dos orificios observados en el cuerpo de Allende, causados por disparos, no eran de naturaleza suicida.

La polémica saltó a la opinión pública luego que el nombre del exdignatario apareció en una lista de 726 querellas presentadas por la fiscal de la Corte de Apelaciones de Santiago Beatriz Pedrals, relacionadas con víctimas del régimen castrense.

Para el Partido del Socialismo Allendista es evidente que la acción militar por tierra y aire que se desató el 11 de septiembre de 1973 sobre el Palacio de la Moneda tenía como objetivo asesinar a Allende y a sus colaboradores.

Esteban Silva, presidente del Comité Ejecutivo de la citada fuerza, comentó que durante años la versión dominante y única del suicidio se instaló como una verdad única, como si se tratara de un suicidio como cualquier otro, desprovisto del análisis de las circunstancias históricas y de la responsabilidad del agresor.

Señaló cómo se consolidó de ese modo "en la justicia, en los medios de comunicación y en el sentido común popular una versión dominante que pavimentaba la interpretación que infería que por tratarse de un suicidio no cabía perseguir responsabilidades individuales ni colectivas de terceros".

Unas tres mil personas fueron asesinadas o desaparecidas durante la dictadura militar de Pinochet y otras 50 mil sufrieron torturas, cárcel o persecución.

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Mapuches condenados en Chile cumplen un mes de ayuno

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Los cuatro líderes mapuche condenados en Chile a permanecer un cuarto de siglo en prisión cumplen hoy un mes de ayuno en demanda de un juicio justo y sin empleo de la ley antiterrorista.

Héctor Llaitul, Ramón Llanquileo, José Huenuche y Jonathan Huillical se encuentran en delicado estado de salud, debido a la pérdida de peso que ya rebasa los 12 kilos y a las secuelas derivadas de la anterior huelga de hambre que sobrepasó los 80 días.

Sindicados como líderes de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), los indígenas pidieron la anulación del llamado juicio de Cañete, en la región del Bío Bío, que los halló culpables de un presunto atentado a un fiscal chileno en 2008 a partir del cuestionable testimonio de un testigo sin rostro.

Conocida la sentencia, los encausados decidieron el pasado 15 de marzo retomar el ayuno que en rechazo a la aplicación de la citada legislación ya habían protagonizado en 2010 como parte de un grupo de 34 presos mapuche.

Llaitul, Llanquileo, Huenuche y Huillical exigen ser juzgados por un tribunal competente e imparcial y que no apele a la ley antiterrorista.

Tal norma jurídica data del régimen militar de Augusto Pinochet (1973-1990) y constituye un instrumento del Ministerio Público para el uso de los llamados testigos secretos y para justificar desmedidos períodos de prisión preventiva.

Para los comunidades mapuche de Chile la condena a sus hermanos de etnia demuestra la persecución instalada en el país para acallar la lucha de los pueblos indígenas por sus derechos.

Más que una persecución de carácter judicial, se trata de una persecución política, afirma la portavoz mapuche Natividad Llanquileo, quien llamó la atención en cómo los cuatro comuneros condenados son precisamente líderes de su pueblo.

Se quedan presos por pensar distinto y levantar una bandera de lucha, expresó el comunero absuelto Luis Menares, quien manifestó que la ley antiterrorista marcó cada minuto del juicio y no se puede descartar que en el futuro vuelva a ser utilizada contra los mapuche.

Mientras, continúan las movilizaciones en Santiago y en las ciudades de Concepción y Temuco, capitales de las regiones del Bío Bío y La Araucanía, en reclamo de la liberación de los líderes de la CAM.

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Ecuador enfrenta nuevas medidas de presión de Estados Unidos

PL

La suspensión indefinida decretada por Washington del mecanismo de diálogo bilateral con Ecuador implementado desde el 2008 es considerada hoy una nueva medida de presión rechazada por las autoridades de este país.

Ante el anuncio hecho por el portavoz del Departamento de Estado, el canciller Ricardo Patiño, indicó que "la declaratoria unilateral de un Gobierno debe ser respetada", pero Ecuador "no dará marcha atrás en su comportamiento soberano".

El jefe de la diplomacia ecuatoriana declaró este jueves que, aunque "nos parece importante la relación con Estados Unidos, no vamos a rogar de ninguna manera".

"Si un país decide suspender los diálogos bilaterales con Ecuador, nosotros tenemos 190 países más con los que vamos a seguir conversando", precisó el representante del gobierno del presidente Rafael Correa.

Al respecto, comentó que "ellos se relacionan con nosotros porque les interesa la relación con Ecuador, no porque nos están haciendo favores, así como a nosotros también nos interesa una relación con ellos. No somos mendigos", afirmó.

Estados Unidos adoptó la resolución de suspender el diálogo bilateral una semana después que Ecuador declarara persona no grata a la ex embajadora Heather Hodges, quien nunca dio una explicación satisfactoria sobre el contenido de un cable ofensivo revelado por Wikileaks.

En dicho cable, Hodges aseguró que el presidente Rafael Correa nombro al ex comandante de la Policía, Jaime Hurtado, pese a que conocía un supuesto historial delictivo del oficial con el objetivo de facilitar su manipulación.

Estados Unidos respondió declarando non grato al embajador de Ecuador en Washington, Luis Gallegos, y suspendió una ronda de conversaciones bilaterales ya con fecha prevista.

Por otra parte, el presidente Correa aprobó este jueves la aplicación inmediata de un Plan Nacional de Incentivos para todos los sectores afectados por la no renovación del Sistema de Preferencias Arancelarias Andinas (Atpdea), y el gobierno estima no se produzcan despidos de trabajadores por ello.

Otro de los puntos importantes planteados por el Ejecutivo es la promoción comercial, la apertura y diversificación de mercados, así como concretar las negociaciones comerciales con la Comunidad Europea y con Asia.

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Playa Girón: El agresor no se arrepiente

Javier Rodriguez Roque (PL)

Transcurrido medio siglo de la agresión armada a Cuba con la invasión a Playa Girón, Estados Unidos, quien la organizó y financió, sigue sin arrepentirse de las vidas segadas y los daños causados.

La derrota fulminante aplicada por los cubanos a una brigada bien armada y apoyada logísticamente por medios militares estadounidenses provocó en esos días de abril de 1961 la admisión de la responsabilidad del ataque por el presidente norteamericano.

Por supuesto que aquel "mea culpa" público de John F. Kennedy nunca significó el cese por parte de Washington de las continuas acciones violentas contra la isla, con preferencia a actos terroristas para intentar durante décadas la imposible desestabilización de la sociedad revolucionaria.

Sabotajes a instalaciones productivas o de servicios, quema de cañaverales para afectar la entonces primera industria nacional y la introducción denunciada por Cuba de virus y enfermedades que costaron, entre otras, la vida a 101 niños, son negros momentos que siguieron a Girón.

Atrás quedó la impactante derrota de los invasores lograda por un todavía mal armado ejército popular, la rendición de más de mil 500 atacantes y el episodio humillante para la poderosa potencia agresora de pagar 62 millones de dólares en alimentos y medicinas para niños y recibir en canje a su maltrecha brigada.

Sin embargo, como si se tratara de victoriosos guerreros, el Congreso de Estados Unidos acaba de dedicar un homenaje "por su heroísmo" a quienes, a pesar de llegar a suelo cubano armados hasta los dientes, en pocas horas se rindieron y hasta suplicaron alegando haber sido engañados.

En definitiva, más allá de ese insignificante espectáculo en Washington, lo ocurrido en el Congreso muestra que Estados Unidos sigue empeñado en terminar con la Revolución cubana, una misión que Girón demostró es imposible.

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México. Internan a 9 de cada 10 por complicaciones en embarazo: En 18 años, murieron más de 3 mil niñas por causas maternas

Gladis Torres Ruiz (CIMAC)

En México, el 83 por ciento de todas las hospitalizaciones de niñas y mujeres adolescentes de entre 10 y 19 años de edad –atendidas en nosocomios de la Secretaría de Salud (Ss)– se derivó de complicaciones relacionadas con el embarazo, parto, puerperio y aborto.

Un análisis realizado por IPAS-México, de los egresos hospitalarios de las mujeres atendidas por la Ss durante 2009, detalló que las causas ligadas a la maternidad representan el primer factor de hospitalización de niñas y adolescentes en ese rango de edad. Destacan las complicaciones en partos y abortos, acotó la organización civil.

Rafaella Schiavon Ermani, directora de IPAS-México, informó en entrevista con Cimacnoticias, que en el caso especifico de niñas de entre 10 y 14 años, una de cada tres fue hospitalizada por razones ligadas a embarazo, parto, puerperio y aborto, lo que representa el 29.7 del total de hospitalizaciones de niñas y adolescentes de hasta 19 años que fueron internadas por esas mismas causas.

De los egresos hospitalarios de niñas entre 10 y 14 años atendidas en nosocomios de la Ss durante 2009, sobresalen casi 4 mil 800 atenciones por parto y mil 326 por aborto.

Mientras que para el grupo de edad de 15 a 19 años, Schiavon Ermani precisó que casi nueve de cada 10 adolescentes fueron hospitalizadas por las mismas razones, es decir 88.4 por ciento. De estas atenciones, 163 mil fueron por parto y 28 mil 212 por aborto, lo que suma un total 191 mil 212 casos.

El embarazo temprano es considerado por los especialistas, como un problema desde diferentes ópticas, ya que implica mayor riesgo de mortalidad materna, menores oportunidades de educación y, en ocasiones, el abandono total de los estudios, así como el fortalecimiento del círculo de la pobreza y un mayor riesgo de daño y mortalidad infantil.

De acuerdo con el programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y el Desarrollo (El Cairo, 1994), las madres jóvenes enfrentan un riesgo superior de perder la vida debido al embarazo y el parto, y sus hijas e hijos tienen niveles más altos de morbilidad y mortalidad.

Al respecto, Schiavon Ermani precisó que el total de muertes maternas en México entre 1990 y 2008 es de 24 mil 872 por complicaciones en el embarazo, aborto, parto y puerperio. De estas mujeres fallecidas, aproximadamente el 13 por ciento tenía entre 15 y 19 años de edad.

“Esto significa que en este lapso han muerto alrededor de 3 mil 300 adolescentes menores de 19 años por embarazo y parto”, advirtió.

La directora de IPAS-México agregó que si se analiza el número de defunciones femeninas durante 2009, registradas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se puede concluir que en el grupo de 15 a19 años el 5.64 por ciento falleció por causas ligadas a la maternidad.

Con ello, abundó, las complicaciones por embarazo, parto, puerperio y aborto son la cuarta causa de fallecimientos de mujeres, sólo después de los accidentes de tránsito (10 por ciento), suicidios (8.5 por ciento) y homicidios (7 por ciento), y antes de las leucemias (4.9 por ciento).

De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) 2009, elaborada entre el Inegi y el Consejo Nacional de Población (Conapo), en México hay 5 millones 264 mil 133 niñas entre 15 y 19 años de edad.

El sector adolescente se ha incrementado sustancialmente a partir de la segunda mitad del siglo XX, representando en la actualidad una quinta parte del total de la población.

Hasta 2005, reporta IPAS, el promedio nacional de nacimientos en adolescentes fue de 17.2 por ciento, promedio superado por los estados del norte y sureste de la República Mexicana (con 18.6 por ciento), donde a partir de 2008 se reformaron las constituciones locales para “proteger la vida desde el momento de la concepción-fecundación” y prohibir el aborto.

Datos de la misma organización basados en la Enadid 2009, demuestran que la tasa específica de fecundidad entre adolescentes (de15 a 19 años) entre 2006-2008, se estima en 70.4 hijos por cada mil adolescentes.

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