martes, 19 de abril de 2011

Túnez, el país en donde partió la primavera de los pueblos árabes, espera más cambios

Abel Samir (especial para ARGENPRESS.info)

Ben Alí, el dictador y sátrapa tunecino que gobernaba ese país del norte africano con mano de hierro desde el 7 de noviembre de 1987 (que realizó un golpe de Estado contra Habib Bourguiba, después que éste lo nombrase primer ministro de su gobierno), terminó por dejar el país el 14 de enero del presente año. Así caía el primer sátrapa sin pena ni gloria. Eso sí, como todos estos dictadores, “presidentes” y “líderes”, llevándose del país miles de millones de dólares, dinero suficiente para alimentar durante un año a toda la población de su país. Buscó refugio en Arabia Saudita, lugar en el cual son bien recibidos los sátrapas, así como los dictadores latinoamericanos fueron bien recibidos en USA o en algunos países de Europa. En estos casos, la moral pública no tiene importancia, prima la realpolitik, porque estos sátrapas son los que apoyan de mejor manera al sistema capitalista y a las trasnacionales.

No por un simple decir, el Banco Mundial el año pasado sostenía que en ese país la economía estaba en expansión y con eso aumentaba el empleo. Claro está que, el empleo creado era muy insuficiente, además de una explotación exhaustiva, persistían la falta de libertad, la pobreza general del pueblo trabajador y la escasa justicia; todos los ingredientes que contribuían a crear y fortalecer el islamismo, que en verdad, no sólo se preocupa de la moral religiosa, también de la injusticia social de la que son responsables los gobernantes del momento y los poseedores de la riqueza: las capas superiores de la sociedad.

Además, en un análisis de carácter geopolítico hay que tomar en cuenta los intereses que tienen las empresas capitalistas europeas en Túnez y que de una u otra forma, están haciendo lo posible hoy para influir en el régimen que surja de la revolución. De estas empresas 1.200 son francesas, 700 italianas, 277 alemanas 208 belgas 88 británicas y 50 españolas. Estos interesas empresariales europeos muestran de por sí las razones por las que Europa no se pronunciaba contra la dictadura: había allí razones geoestratégicas y económicas de mercado. Muchos empresarios y los gobernantes europeos pueden hoy decir que no estaban al tanto de lo que ocurría allí. Habían elecciones parlamentarias, pero eran fraudulentas, así como la elección de presidente, que era reelegido con el 97% de los votos, que por experiencia sabemos que esas cifras son absurdas y ya de por sí demuestran el fraude.

Por otro lado, no sólo se trataba de un régimen dictatorial, también era un régimen oprobioso y criminal en donde la tortura era el pan de cada día. Los detenidos eran interrogados mediante la aplicación de golpes con porras de metal cubierta por goma para no dejar marcas. Tal vez no eran torturas tan sofisticadas como las que ejecutan los soldados de USA en Guantánamo o en las cárceles de Afganistán, pero se hacían sin tapujo y era extraño que los gobiernos europeos hicieran vista ciega y ponían oídos sordos a todos estos crímenes, a pesar de que la Cruz Roja Internacional había denunciado estos abusos. Claro está que la Cruz Roja no llegó al fondo del asunto. El tratamiento a los presos políticos era brutal en todos los recintos carcelarios. Muchos islamistas habían permanecido presos por más de 15 años, incomunicados de sus familiares por el sólo hecho de ser islámicos, con acusaciones falsas de participar en el terrorismo. Muchos presos daban con sus huesos en el cementerio por haber fallecidos por accidentes, los más aventurados quedaban maltrechos por los golpes. El abogado Monther Charni expresó que entre los encarcelados había 2.500 jóvenes tras la promulgación de la ley antiterrorista en el año 2003. Esos jóvenes fueron condenados no por sus accionar, sino por su forma de pensar. Y frente a estos lamentables hechos la prensa burguesa, en general, no se pronunciaba, aunque no todos los periódicos actuaban de esa manera. No es posible y es errado ver las cosas políticas como blanco o negro y no ver los matices. Como los análisis que hacen muchos que se creen marxistas y aunque dicen estar por las revoluciones, apoyan directa o indirectamente a los sátrapas de turno y para justificar su equivocada elección, ven a los revolucionarios (que son pueblo y muchos) como posibles infiltrados de la CIA norteamericana.

Antes de salir de Túnez se llevó una cuantiosa fortuna en dólares y 1,5 toneladas de oro en lingotes que su mujer retiró del Banco de Túnez, para después embarcarse en un avión con destino a Dubai, en donde seguramente depositó esa enorme fortuna robada al país. Además en su residencia se encontró escondida otra enorme fortuna en Euros, dólares y lingotes de oro que no alcanzó a retirar. El nuevo gobierno que asumió después de la huida de Ben Alí, dirigido por Mohamed Ganuchi, permitió la escapada de Ben Alí porque este individuo había sido ministro del gobierno del dictador y el mismo Ben Alí lo había nombrado en el cargo de suplente, pero el pueblo salió a la calle a protestar en manifestaciones masivas y combatientes. Al pueblo ese 27 de febrero le costó la vida de tres personas y más de 80 heridos por las fuerzas policiales, combates en los cuales todavía participaba el ejército tunecino. De los tres mil manifestantes cientos de ellos fueron apresados, maltratados y acusados de “actos de vandalismo”, una formulación estereotipada para evitar la palabra revolución. Como lo hacen las otras dictaduras, incluyendo la de Gadafi y Assad, Ganuchi usó de la táctica dilatoria de anunciar elecciones para el mes de julio, pero la gente no estaba dispuesta a esperar, además sabían por dura experiencia propia del engaño que había tras este comunicado.

Después fue nombrado Caid Essebsi, quién manifiesta que Ben Alí debe ser procesado por sus crímenes y que merece la pena de muerte. Se estudia todavía la forma de extraditarlo a Túnez acusado de diferentes delitos, entre ellos: consumo y tráfico de drogas, conspiración contra el Estado y homicidio voluntario. Este último cargo parece insuficiente, debido a que este sátrapa ordenó la represión violenta que terminó con la vida de numerosos ciudadanos (por lo menos 106 víctimas mortales y 672 heridos de bala), lo cual ya no debe ser considerado como “homicidio voluntario”, sino una masacre, por tanto, cae dentro de lo que internacionalmente se define como delito de lesa humanidad. Las órdenes de detención no sólo son contra algunos de los personeros más encumbrados del fenecido régimen, también contra los miembros de su familia. Un hermano de Ben Alí, Slah Ben Alí ya fue detenido en la ciudad de Susa el día 10 de abril de este año 2011. El actual gobierno de transición ha recurrido a la INTERPOL para detener y extraditar a Ben Alí y algunos de sus familiares, entre ellos su esposa.

Aunque Ben Alí manifiesta hoy que él no quería que se derramase la sangre de sus conciudadanos, está claro que el 9 de enero había ordenado que se abriese fuego en contra de los manifestantes en el barrio de Ezzouhour en la ciudad de Kasserine, que fue uno de los lugares en donde se desarrollaron protestas masivas contra su régimen. El presidente de la comisión nacional de investigación de los abusos cometidos por el régimen contra el pueblo, Taoufik Bouderbala ha manifestado que: “la intención de Ben Alí era clara, doblegar a la región, poner de rodillas a sus habitantes mediante asesinatos colectivos premeditados”. Para el efecto, se utilizó a tiradores escogidos que disparaban a la cabeza o al corazón de sus víctimas. Algo así está ocurriendo en Libia en muchas de las ciudades donde se combate, sobre todo en Misrata. Estos ejecutores asesinos están siendo buscados y es de esperar que se les detenga y se les someta a juicio. Solamente se ha detenido a cuatro de ellos y hay por lo menos 11 más que se han evadido de la justicia. El actual régimen dice que no se sabe sus verdaderos nombres, cuestión que parece más que nada, una forma de protección a ciertos jefes que han dado las órdenes, o sea, por razones de Estado, que insuficiente información. Los servicios de inteligencia tienen siempre la nómina de su gente o de los que actúan a favor o en contra del Estado. Túnez no parece ser una excepción.

Esta revolución tunecina se encuentra todavía en su primara fase: el derrocamiento de la dictadura. La segunda fase es el cambio de las leyes fundamentales del país que permitan la estabilidad de los cambios por venir. Y los partidarios de estos cambios se enfrentan, además de las fuerzas reaccionarias que sustentaban a Ben Alí, a los islamistas que desean establecer un país en donde se aplique la ley religiosa, la sharia, que vendría a limitar la acción de la mujer tunecina y la volvería a sus hogares, quitándole todo lo que ya ellas han ganado. Aunque ya el líder de ese partido (En Nahda = Renacimiento) Rached Ghanuchi ha manifestado que su partido es un movimiento democrático y moderado y no desea ser comparado con los islamistas iraníes. En una entrevista de la cadena catarí Al-Jazeera dijo: “Hay quienes me visten como Jomeini, pero no soy Jomeini ni soy chiita”. Y más adelante recalcó que ellos no piden la creación de un Estado tradicional islámico, cuestión que está por verse. Lo más probable que la gente que surge de esta revolución se divida entre aquellos que quieren un modelo más parecido al europeo y un modelo semejante al iraní, aunque por ahora no se pronuncie en esos términos. En todo caso, cuando Rached Ghanuchi regresó del exilio el día 30 de enero del año en curso, fue recibido por una multitud en el aeropuerto de la capital y junto a él han llegado más de 70 exiliados de su partido, lo cual viene a reforzar el trabajo de propaganda y solidificación de En Nahda.

El gobierno de transición de Túnez anunció el 1° de marzo que En Nahda sería legalizado, después de haber estado en la clandestinidad desde 1989. Los miembros de ese partido que se presentaban a las elecciones parlamentarias tenían que declararse independientes. A pesar de eso lograron un 17% de apoyo en las urnas, y probablemente este resultado haya sido falseado por la dictadura. Como se puede apreciar, de todas maneras esta agrupación política demuestra tener bastante apoyo popular. Como en casi todos los países árabes dominados por los sátrapas y aliados del Imperio, los islamistas terminaban en la cárcel por el sólo hecho de ser miembros del partido islamista En-Nahda. Muchos de los presos políticos jamás han cometido crimen alguno y muchos de ellos llevaban encarcelados varios años.

Los políticos contrarios a la dictadura que ahora se encuentran dirigiendo el nuevo Túnez también se encuentran con dificultades, porque entre ellos hay muchos que son tradicionalistas religiosos y, por tanto, con una posición contraria a cambios profundos que le den a la mujer los mismos derechos que a los hombres. Hasta ahora, el ejército ha tenido una actitud democrática respetando lo que quiere la ciudadanía, pero no es ninguna garantía de que se mantenga y se respete los cambios que se desea o que ya están en camino. En todo caso el general Ammar ha manifestado públicamente que ellos están apoyando esta revolución de las masas, diciendo: “nuestra revolución es vuestra revolución”. Aseguró que el ejército protegerá la revolución. Parece que el apoyo del general a las manifestaciones de protesta habría sido un punto clave en la huida de Ben Alí a Arabia Saudita.

Los cambios se están realizando poco a poco. Una medida importante tomada por Fued Mebazaa, el presidente interino de Túnez fue el anuncio de la llamada a elecciones para el 24 de julio del presente año. Expresó que con eso cedía a la principal exigencia de los jóvenes que habían acampado frente al edificio de la jefatura del gobierno en la ciudad de Túnez. Fued Mebazaa junto a su primer ministro Caid Sebsi asumieron sus cargos después que los manifestantes se opusieron tenazmente a que siguiese en ese cargo Mohamed Ghanuchi (sólo un alcance de nombre con el líder del islamismo tunecino), uno de los miembros del régimen anterior. El nuevo gobierno de transición cuenta con 22 ministros que no han participado en el régimen anterior y que no tienen sus manos manchadas de sangre. Ellos han manifestado que una vez que la Asamblea Constituyente entre en funciones ellos se retirarán de esos cargos. Otra medida muy importante que han asumido fue la de declarar disuelta la policía política o de seguridad como se le llama, por ser un aparato represor del depuesto dictador.

El joven Bouazizi que produjo la chispa que reventó en esta primera revuelta árabe es considerado hoy como un héroe nacional, y no es para menos. Él pudo demostrarle al mundo que en este país había casi de todos los ingredientes para que el pueblo viviese un terrible descontento. Un país con tantos recursos naturales sufriendo de pobreza extrema y de falta de trabajo. Desde luego que la crisis del capitalismo que comenzó en el 2008, y que no ha terminado todavía, influyó en toda la juventud y en gran parte de la masa trabajadora que veía como sus ingresos eran cada vez menos por la carestía de los alimentos y el proceso inflacionario. Además esta crisis influyó negativamente en el empleo. El desempleo aumentó afectando especialmente a la juventud. Y todo eso sucedía mientras la elite política malversaba los fondos públicos y vivía en el lujo y el despilfarro. Y lo peor de todo es que esta elite no se preocupaba en lo más mínimo de la pobreza reinante. Eran ciegos y sordos al sufrimiento del pueblo.

Además del sufrimiento de tener encima de ellos a una policía corrupta y abusiva que tenía poderes absolutos y por eso atropellaba a los pobladores a su antojo sin que nadie del régimen “se diese cuenta” y pusiese atajo a los abusos. Y como en muchos países con el sistema capitalistas hay allí una enorme polarización de la riqueza. Pero, el acto desesperado de este joven mártir habría pasado casi desapercibido si no es por la red de internet. Esta hazaña, porque no puede ser catalogada de otra cosa, tiene su parte jocosa: a todo cartel que muestra la figura del sátrapa se le ha cubierto con la fotografía del joven mártir. El derrocamiento del sátrapa tunecino despertó entre la juventud de las zonas urbanas una gran euforia a través de internet. Esta juventud en forma inteligente está utilizando las nuevas tecnologías a su haber. De esa forma evita la censura y puede expresarse libremente. Entre la información que colaboró a desenmascarar al sátrapa Ben Alí está la labor inteligente e importante de Wikileaks que muchos izquierdistas la ven como un aliado de la reacción o nada más y nada menos que la otra cara de la CIA. Mientras que para el gobierno de USA, Assange y esta publicación son considerados terroristas, como la manifestase Joe Biden, el vicepresidente de USA.

En la labor de difusión de los materiales que entregó Wikileaks, las páginas de internet Al-Jazeera y The Guardian se destacaron, aún a pesar de ser periódicos de países con una cúpula burguesa. Eso condujo a muchos izquierdistas a ver en ello segundas intenciones. No pueden aceptar que exista también un periodismo que busca decir, sino toda, al menos una parte de la verdad y si no buscan la noticia como una forma de colaboración al conocimiento de la ciudadanía, hay en todo caso algo de eso y no sólo una mera forma de ganar dinero con la noticia bomba.

La revolución tunecina ha avanzado bastante aun cuando falta mucho todavía para llegar a ser una verdadera democracia popular. El parlamento de facto, AIROR (Alta Instancia para la Realización de los Objetivos de la Revolución), que ha reemplazado a la asamblea constituyente y que permanecerá en sus funciones legislativas hasta la las nuevas elecciones, las primeras en 55 años, ha decidido por una gran mayoría que en estas elecciones democráticas las mujeres irán como candidatas en un número igual a las candidaturas de los hombres. Curiosamente sólo una mujer, la economista Zuhur Kurda, que pertenece al Congreso de la República mostró su reserva sobre este acuerdo. De esta forma las mujeres entrarán a formar parte del nuevo parlamento en gran número, aunque no existe la expectativa de que lleguen a constituir el 50% de los diputados, pero es algo completamente extraordinario, una desición histórica sin precedentes como lo formuló el magistrado Moktar Yahyaoui, un opositor a la dictadura de Ben Alí. Al final de la sesión en la que participaron también el Partido Comunista de los Obreros Tunecinos y los islamistas del En-Nahda, los miembros de Alta instancia se pusieron de pie y aplaudieron con efusión esta sesión trascendental e histórica.

Entre las medidas tomadas por el AIROR, fue muy importante la prohibición de participar en la Asamblea Constituyente y de participar en las elecciones a aquellos individuos que ocuparon cargos importantes en el régimen dictatorial y también la participación del partido de sátrapa Ben Alí, el Reagrupamiento Constitucional Democrático, hoy en día disuelto. Los que apoyaron o participaron en la dictadura están en una situación difícil. Algunos han sido detenidos por su responsabilidad en las masacres y abusos de poder como el último secretario general de ese partido de Ben Alí, Mohamed Ghariani. En todo caso la revolución tunecina está avanzando y todavía está desarrollándose. Otro futuro es posible.

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Derechos humanos… pero no tanto

Marcelo Colussi (especial para ARGENPRESS.info)

Si somos incapaces de preservar la especie humana, ¿qué objeto tiene salvaguardar las especies vegetales?
Wangari Muta Maathai

En estas últimas más de dos décadas, caído el muro de Berlín y reconfigurados los poderes globales, el mundo ha cambiado mucho. ¡Muchísimo! sin dudas; y no para beneficio de las grandes mayorías precisamente. Se han perdido conquistas históricas en el campo popular en lo tocante a aspectos laborales, se acentuaron más aún las diferencias Sur-Norte, se remilitarizó el planeta.

En otros términos: triunfaron ampliamente las fuerzas del capital en su versión más ultraconservadora. Y todo indica que ese triunfo cambió las cosas para largo. No “terminó la historia”, como se pretendió algunos años atrás; pero la naturaleza del cambio en juego es, definitivamente, muy profunda, y revertirlo se ve como algo muy lejano en estos momentos.

Como parte de ese triunfo, hoy por hoy inapelable, se da un proceso muy particular consistente en la apropiación, por parte de las fuerzas vencedoras, del discurso que, unos años atrás, era patrimonio de las izquierdas políticas. Pero de ninguna manera esto tiene lugar por una evolución progresista de la situación internacional, por un mejoramiento de las condiciones humanas generales. Este cambio, sutilmente, puede terminar funcionando como una mordaza contra cualquier forma de descontento, de protesta.

Los derechos humanos, en tanto forma de reivindicación de los principios que fundamentan la igualdad entre todos los miembros de la especie humana, tienen ya una larga historia, y no son, en realidad, patrimonio del pensamiento de izquierda. Surgieron con la burguesía moderna. El mundo moderno, la concepción política y social de la industria capitalista, tiene como punto de partida justamente los derechos humanos. Claro que –valga la salvedad– estos derechos (los llamados “de primera generación”) son de carácter individual, atañen al ciudadano, a la figura de un ente personal. Los ideólogos de ese momento tan fecundo en la historia –los iluministas franceses, los padres fundadores norteamericanos, ubicados todos en los finales del siglo XVIII– concibieron un mundo de las libertades del individuo, superando así los lastres todavía feudales, monárquicos y teocéntricos con que se movían las sociedades europeas de ese entonces, y sus respectivas colonias al otro lado del Atlántico. Pero de ninguna manera estos derechos, la formulación teórica de esos principios, su visión fundamentalmente jurídica, puede conectarse con lo que, un siglo más tarde, estaría proponiendo el marxismo, el socialismo como corriente política.

La Declaración Universal de los Derechos del Hombre dieciochesca (machista, ni siquiera se menciona a la mujer) no contempla como un eje fundamental la estructura económico-social. El acento estaba puesto totalmente en el ciudadano como ente político: libertad de expresión, de asociación, de locomoción. Debieron pasar años –y correr mucha sangre– para que las diferencias económicas fueran consideradas igualmente como algo atinente al ámbito de los derechos humanos generales (los llamados derechos colectivos, derechos “de segunda generación”); y mucho más aún para que se consideraran los llamados universales (“de tercera generación”): derecho a la paz, a un medio ambiente sano.

De todos modos, por su nacimiento, por cómo fue tejiéndose su historia, el campo de los derechos humanos sigue estando asociado fundamentalmente a la esfera político-civil. Si bien no es una especialidad jurídica, todo apunta a esa identificación. En una aproximación rápida –y sin dudas superficial– puede llegar a identificárselos con democracia –hoy día palabra ya muy desgastada, que a base de tanto manoseo significa todo y no significa nada. En su nombre, por ejemplo, puede invadirse otro país y matarse seres humanos–.

Si bien en los países latinoamericanos ha ido tomando en los años recientes un cariz de denuncia, el tema de los derechos humanos no necesariamente está ligado a los proyectos políticos de izquierda. De todos modos, su formulación puede conllevar algo de contestatario, en tanto abre una crítica contra una situación dada (cualquiera fuere, sin incluir allí forzosamente una lectura de la sociedad en términos de luchas de clases: denuncia cualquier tipo de discriminación, de injusticia). De acuerdo al contexto en que se haga, levantar la voz contra el Estado como violador de derechos humanos puede tener un sentido de profunda acusación, y por tanto, de proyecto de transformación. En Latinoamérica, más aún en las pasadas décadas cuando los Estados contrainsurgentes se constituyeron en los peores violadores de derechos humanos, violadores del derecho primero a la vida incluso, levantar la voz contra esas tropelías era profundamente subversivo. En esas latitudes los poderes dominantes criminalizaron los derechos humanos, y hoy no es infrecuente ver que se los liga –interesadamente, por supuesto– a la idea de “defensa de los delincuentes”, así como años atrás se los ligaba a “defensa de guerrilleros subversivos”. Pero los derechos humanos no tienen forzosamente el color de la izquierda.

Protestar, o incluso demandar al Estado porque permitió, por ejemplo, la construcción de un aeropuerto muy cerca de una ciudad dado que eso hace molesta la vida cotidiana de sus habitantes por el ruido excesivo (escenario posible en un país escandinavo, digamos), no conlleva ninguna semilla de transformación social. Es, simplemente, una protesta respecto a algo que atenta contra la calidad de vida. Como vemos, entonces, el campo de los derechos humanos es tremendamente amplio y puede dar para un enorme abanico de posibilidades.

Plantear cambios profundos, o incluso plantear cualquier cambio, ha sido hasta ahora una afrenta intolerable para los poderes constituidos, que son siempre conservadores, en cualquier parte del mundo. Sin embargo hoy, en esta fase de triunfo absoluto del capital, se da este fenómeno del avance de un pensamiento que recoge la idea de derechos humanos; es posible decir en voz alta todo aquello por lo que hace algunas décadas se masacraban poblaciones completas. En ese sentido podríamos estar tentados de considerar que ha habido un progreso cultural, político. Tenemos el derecho a exigir respeto a la vida tanto como condiciones dignas de vida; por tanto todos podemos expresar abiertamente tener derecho a vivir en paz, a no ser discriminados por ningún motivo, a expresar sin temor nuestra opción sexual o nuestra preferencia religiosa. Cosas quizá impensable en el marco de la Guerra Fría, donde una visión maniquea de la realidad no permitía estos matices, importantísimos sin duda, y donde todo se reducía al modelo económico en juego: o se estaba con un bloque ideológico o con el otro, lo demás no contaba.

Pero insistamos con la idea: podemos estar tentados de considerar que hay una sustantiva mejoría en la condición humana. Hoy, en medio de una ya extendida cultura de derechos humanos, no se podría linchar impunemente a una persona negra –como pocas décadas atrás todavía hacía el Ku Klux Klan en el sur de Estados Unidos–, y hasta, por el contrario, un afrodescendiente puede ocupar la Casa Blanca; o nadie agrediría públicamente a un homosexual por su condición de tal –al menos en Occidente– sin consecuencias. Aunque se los siga explotando de manera inmisericorde, nadie se atrevería a mencionar en público algo insultante contra los pueblos originarios del continente americano, y en cualquier país de Latinoamérica ya no sorprende que su presidente sea una mujer. No hay dudas que se ha dado un paso adelante, por lo menos en lo declarado. Lo “políticamente correcto”, siempre de la mano de la idea de derechos humanos, se ha impuesto en forma universal.

Sin embargo –y esto es lo que debe puntualizarse con preocupación– en nombre de los derechos humanos (asimilándolos al discurso de la democracia) se pueden esconder situaciones de la mayor injusticia. En su nombre se puede hacer cualquier cosa. Sólo para ejemplificarlo con algo que ya hemos olvidado, pero que sigue siendo una herida abierta: en Kosovo, en plena Europa, hace apenas un años se masacró a población civil llegándose a hablar con toda tranquilidad de “bombardeos humanitarios” (sic) en nombre de los derechos humanos. O en su nombre, por ejemplo, se puede llamar a la “resolución pacífica de conflictos” (un conflicto gremial, digamos) allí donde en realidad no hay conflictos sino reivindicaciones legítimas.

El discurso de los derechos humanos es universal; pero por ello mismo es tan amplio que da lugar a todo. Es el Estado quien debe, en principio, garantizar su cumplimiento. Pero si las políticas impuestas por la globalización del capital van contra el Estado: ¿a quién se lo exigimos entonces? Si se toma al pie de la letra lo que los derechos humanos nos confieren como facultades para la población, y se exige en consecuencia –aunque no sepamos claramente a quién exigirle–, si se los pone en práctica, por fuerza se abren confrontaciones: si todos tenemos derechos a una vida digna, sin dudas alguien demasiado “afortunado” en la distribución de las riquezas tendrá que renunciar a sus derechos a la propiedad; si todos tenemos derecho a la paz, hay que terminar con la industria bélica y la hegemonía militarista estadounidense (pero, ¿cómo lo hacemos?); si todos tenemos derecho a un medio ambiente sano, ¿cómo cambiamos el modelo de desarrollo insostenible en curso que inexorablemente nos lleva a una catástrofe medioambiental global?, ¿a quién se le exige ese cambio?

Con todo esto, en definitiva, queremos decir que en la forma en que se concibe todo el campo de los derechos humanos existe el riesgo (insistamos: existe el riesgo, lo cual no significa que ello pase siempre) de quedarse en un discurso vacío, sin incidencia en la realidad.

Mucho de las agendas de la izquierda de hace un par décadas es asumido hoy como plataforma de los grandes factores de poder, incluidos los derechos humanos. ¿No es, como mínimo, llamativo este corrimiento?

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Ruleta rusa atómica (Parte II)

Jorge Gómez Barata (especial para ARGENPRESS.info)

El desastre nuclear provocado por el terremoto y el tsunami que afecta a varias plantas nucleares en Japón aunque, estadísticamente remoto, era probable, como previsible es que ocurra cuando se levanta una planta atómica en una región sísmica o volcánica, en una costa excesivamente expuesta o en un lugar de intenso tráfico aéreo. Lo ocurrido confirma la temeridad y el aventurerismo con que la humanidad fue empujada a una edad para la que no estaba preparada: la era nuclear.

Además de por la secretividad impuesta por las aplicaciones militares y la competencia industrial, la historia nuclear ha estado caracterizada por la improvisación y el aventurerismo, rasgos todavía presentes en una actividad con potencial para exterminar la vida e incluso destruir el planeta.

Debido a que en junio de 1945 la II Guerra Mundial había concluido en Europa y la derrota de Japón era inminente, la prueba de la bomba atómica se realizó con injustificada prisa, también fue apresurada la selección de los blancos, excesivos los riesgos para el traslado de los artefactos y absurdamente totalitario el modo como se tomó la decisión de emplearlos.

Pocas veces se repara que entre la prueba de la primera bomba atómica el 16 de junio de 1945 y su lanzamiento sobre Hiroshima el 6 de agosto del propio año, transcurrieron 51 días en los cuales los responsables del proyecto, ocupados en preparar el embalaje para el traslado hasta la isla de Tinian de los componentes y de ensamblar “in situ” las dos bombas, apenas tuvieron tiempo de evaluar los efectos de la prueba.

La prisa y el secreto impidieron que los científicos del proyecto Manhattan y el Alto Mando militar de los Estados Unidos evaluaran con la debida profundidad las consecuencias de la prueba nuclear. El Congreso no fue informado ni fueron atendidos los reparos relacionados con el poder de destrucción, las consecuencias de la contaminación radioactiva, como tampoco se evaluaron los efectos políticos ni los escrúpulos morales de los creadores del arma más letal que haya sido concebida.

Ninguna anécdota ilustra mejor los riesgos provocado por la precipitación que la peligrosa y delicada operación de traslado de la bomba por alrededor de 9000 kilómetros a través del océano Pacifico, donde todavía operaba la armada japonesa, especialmente sus submarinos. Debido a lo inocultable de la prueba realizada en Los Álamos y al número de personas involucradas en las últimas fases del proyecto Manhattan, nadie podía asegurar que el espionaje japonés no estuviera sobre aviso.

Cuentan que, a mediados de julio de 1945, mientras el buque era reparado en San Francisco, el capitán del crucero USS Indianápolis (CA-35), Charles Butler McVay III, fue instruido por sus superiores de que debía transportar una carga hasta el archipiélago de Las Marianas en el océano Pacifico.

— ¿Cómo una carga? ¡El Indianápolis no es un mercante!

Ante ese argumento; un almirante le habló al oído.

— Se trata de una bomba.

— ¡Acabaríamos! –Comentó– Una bomba no es carga.

La sorpresa del oficial aumentó cuando al regresar a su navío, con órdenes de suspender los francos a la tripulación, lo encontró custodiado por la policía militar mientras unos enormes contenedores forrados en plomo eran izados a bordo. El jefe de la escolta le informó que tenia ordenes de tirar a matar a cualquiera se acercara a la bodega.

Antes de levar anclas, el comandante de la nave recibió instrucciones precisas: (1) navegaría a la máxima velocidad y sin escolta para no levantar sospechas y cubrir en el más breve plazo las 5 300 millas hasta la isla de Tinian en el archipiélago de Las Marianas. (2) En caso de accidente o ataque, la carga tenia prioridad sobre la tripulación y ante el peligro de que el buque pudiera ser inutilizado, la bomba debía arrojarse al mar sin tratar de salvarla.

El 26 de julio de 1945 el buque entregó su carga. Inmediatamente, con nuevas órdenes y sin escolta puso proa a Filipinas para sumarse a la planificación de la operación de invasión a Japón. Nunca llegó a su destino.

Poco más de 48 horas después de haber descargado las únicas dos bombas atómicas existentes y de zarpar de Tinian, en la noche del 30 de julio, el Indianápolis fue torpedeado por un submarino japonés. En 12 minutos el crucero se hundió sin haber podido utilizar las lanchas salvavidas ni emitir un S.O.S. razón por la cual no hubo operación de rescate. 880 de los 1196 tripulantes perecieron; entre los sobrevivientes estaba el capitán McVay quien fue juzgado y condenado por negligencia; en 1968 el oficial se suicidó, por lo cual nunca supo que en el año 2000 fue exonerado por el presidente Bill Clinton.

De haber estado en mejor posición una semana antes, el submarino japonés pudo haber hundido el USS Indianápolis en ruta a Tinian y, en lugar de estallar sobre Hiroshima y Nagasaki, las bombas hubieran terminado en las profundidades del Pacifico y la historia hubiera sido otra.

En la carta en la que sugirió construir la bomba atómica, Einstein le dijo al presidente Roosevelt: “…Una sola bomba de ese tipo, llevada por un barco y explotada en un puerto, podría muy bien destruir el puerto por completo, conjuntamente con el territorio que lo rodea…” Obviamente el científico, pacifista militante, tenía en mente una demostración de fuerza y no el bombardeo a ciudades densamente pobladas.

El caso es que Roosevelt falleció repentinamente el 12 de abril de 1945, fecha en que tomó posesión Harry S. Truman que era su vicepresidente y que había sido mantenido al margen de todo lo relacionado con el Proyecto Manhattan cosa de la que, al otro día fue informado por el Secretario de Guerra Henry L. Stimson. Unos cincuenta días después, sin que literalmente supiera lo que hacía, este mismo hombre, tomó la terrible decisión de lanzar la bomba.

Usualmente no se repara en el hecho de que cuando en la base aérea de Tinian se recibían los componentes de la bomba y se alistaban las 15 súper fortalezas B-29 destinadas a las misiones de bombardeo atómico, el presidente Truman se encontraba en Alemania participando en la Conferencia de Potsdam donde había llegado el 17 de julio, permaneciendo allí hasta el 2 de agosto. Cuatro días después el Enola Gay dejó caer la primera bomba atómica sobre Hiroshima.

Si tomamos en cuenta que en los últimos días del mes de julio o primeros de agosto, el general Carl A. Spaatz, Jefe de la Aviación Estratégica de los Estados Unidos recibió la orden de lanzar la bomba atómica a partir del 3 de agosto, tan pronto las condiciones meteorológicas permitieran el bombardeo visual, no es difícil deducir que Truman tomó la decisión e impartió la orden fatal estando en Alemania o de regreso a Estados Unidos a bordo del crucero Augusta.

El hecho de encontrarse en Alemania, las condiciones de las comunicaciones de la época y desplazarse por mar, indican que en el proceso de elaboración de la decisión final, el presidente Truman no tuvo posibilidades para intercambiar y asesorarse con altos jefes militares, expertos del proyecto Manhattan, o líderes del Congreso; de haberlo hecho, tal vez la historia hubiera sido otra.

En la precipitada era nuclear, los excesos de audacia recuerdan a una “ruleta rusa”. Luego les cuento otros episodios. Allá nos vemos.

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Estados Unidos, Arizona: Estado delincuente

Alberto Ampuero (especial para ARGENPRESS.info)

El 23 de abril se cumple un año de que la gobernadora de Arizona Jan Brewer firmó la ley SB1070, la primera en el país de criminalizar a los inmigrantes indocumentados.

Aunque las cortes suspendieron la entrada en vigor de las cláusulas más polémicas de la iniciativa, entre ellas la facultad de detener a una persona sospechosa de ser indocumentada, su implementación en julio pasado ha tenido un impacto tremendo, no solo en la economía del estado, sino también en la vida cotidiana de las familias inmigrantes, quienes han tenido que cambiar su rutina diaria y hábitos para evitar ser deportados.
“Esto se convierte en un tremendo desgaste mental”, sostuvo la socióloga Cecilia Menjivar
Se calcula que unas 100 mil personas han salido de Arizona producto del miedo. El Centro de Inmigración de Phoenix estima que en 2008 había unos 560,000 indocumentados en el estado de Arizona, frente a los 460,000 que habría actualmente

¿Qué opina Barack Obama de todo esto?

El presidente piensa que el contenido racista de la SB1070 no es el problema de fondo, sino el de la “inconstitucionalidad

Obama sostiene que Arizona violó la ley de supremacía de la Constitución al buscar aplicar la política migratoria de Estados Unidos, cuando se trata de una prerrogativa federal y no estatal.

En consecuencia, es un “Estado delincuencial”, obstaculiza la actividad de varias instituciones federales, especialmente la Secretaria de Justicia, el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad.

Las autoridades de Arizona niegan la usurpación de funciones. "Mientras el control de la frontera es una responsabilidad federal, los inmigrantes ilegales que cruzan con éxito y cometen crímenes en el estado, se convierten en nuestra responsabilidad", aseguró el procurador general del estado, Tom Horne

Por su parte, la gobernadora de Arizona presentó en febrero una demanda contra el gobierno federal.

Como se puede ver, el contenido racista de la SB1070 no es el problema de fondo. Lo que se discute es realmente quién adquiere las competencias sobre el diseño, aprobación y aplicación de la ley.

Es decir, a la Casa Blanca le preocupa más el riesgo que este desfase administrativo supone entre las políticas estatales y las federales, así como la extensión que esto tenga hacia otros estados, generando graves consecuencias sociopolíticas en la estructura del Estado federal.

Desde esta perspectiva, se presenta una crisis estructural del Estado inédita en el país, señalan los analistas

Situación mucho más preocupante para el gobierno que los derechos humanos de los inmigrantes

Seis de las ochos demandas civiles interpuestas en contra de la ley han sido desestimadas; también la querella interpuesta por la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) que cuestionaba la legalidad de su implementación por las agencias del orden, por considerar que promovía el perfil racial.
Lo otro es que los abogados del Departamento de Justicia que iniciaron una investigación sobre el sheriff antinmigrante Joe Arpaio hace dos años, no tengan resultados.

Mientras tanto, Arizona continúa endureciendo su postura, incluyendo intentos de desafiar la Constitución para negar la ciudadanía a hijos de indocumentados.

En síntesis. “Lo que está en juego es la arquitectura institucional del país, nada más”, afirman los analistas.

¡Pero se le escapa de las manos al gobierno!. La aprobación de la SB1070 en Arizona generó un efecto dominó en todo el país que en la actualidad más de 20 estados han replicado el procedimiento

Mientras que legisladores mayoritariamente republicanos en otros 10 estados -Utah, Oklahoma, Colorado, Ohio, Missouri, Georgia, South Carolina, Mississippi, Texas y Maryland- han marcado un camino común para crear leyes similares a la ley SB1070.
Estas múltiples iniciativas de ley en contra de los indocumentados en el país responden no sólo a políticas electorales, también financieras. En parte, porque esta ley es susceptible de enviar cientos de miles de inmigrantes indocumentados a la cárcel en forma nunca hecha, y puede significar centenares de millones de ganancias para las firmas privadas carcelarias responsables de hospedarlos, así como para sus "alianzas estratégicas", autoridades municipales, estatales y federales

No en balde la industria privada carcelaria, entre ellas la Corporación de Correccionales de Estados Unidos (CCA), la mayor empresa de prisiones privadas del país, ayudaron a redactar y aprobar la controvertida ley antinmigrante de Arizona.
Alberto Ampuero es periodista de Riverside, California.

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Costa Rica: ¿Cuchillo pa’ su propio pescuezo?

Luis Paulino Vargas Solís (especial para ARGENPRESS.info)

El modelo o estrategia económica neoliberal –predominante desde aproximadamente 1985- ha reestructurado a profundidad la sociedad y economía de Costa Rica. En lo económico, una de las facetas principales de esa reestructuración tiene que ver con el decisivo papel que asume el mercado externo vía exportaciones y turismo. En ese marco, la inversión extranjera adquiría un papel importante, que complementaba e impulsada el crecimiento exportador y turístico.

Esta estrategia neoliberal ha pasado por tres fases. La primera, de 1985 a 1997, de “exportación ligera”. La segunda, de 1998 a 2004, bajo el predominio de la inversión transnacional de alta tecnología y las grandes cadenas hoteleras. A partir de 2005 se produce un cambio muy significativo: la afluencia de capital extranjero asume un papel decisivo y genera disturbios que potencialmente podrían tener importantes consecuencias.

Ese incremento sustancial en los flujos de capital extranjero se da tanto en la parte correspondiente a inversión extranjera directa (IED) –la cual se supone está vinculada a lo productivo- como en lo correspondiente a capitales de cartera o de corto plazo (los llamados capitales golondrina o especulativos). Estos últimos se orientan hacia inversiones financieras y tienen usualmente un comportamiento sumamente volátil. El examen detenido de los datos muestra que, a partir de 2005, el movimiento expansivo de las entradas de capital es empujado sobre todo por los capitales golondrina más que por la IED.

En correspondencia con lo anterior, se constata que las distintas evoluciones que la economía costarricense experimenta durante este período, están decisivamente influidas por los flujos de capitales golondrina. Ocurre así, muy claramente, con el auge de 2006-2007. Ante la crisis mundial, y el pánico que esta suscita, las entradas de capital en 2009 se reducen pero son los especulativos los que salen en forma tumultuosa. Hacia finales de 2009 y a lo largo de 2010, en cuanto la economía mundial, así como la de Costa Rica, se estabilizan y dan algunos signos, aunque vacilantes, de recuperación, igualmente las entradas de ese tipo de capitales reviven y aumentan sustancialmente.

Tal es el signo particular que marca este período comprendido entre 2005 y el momento actual: una influencia decisiva por parte de los flujos de capital extranjero, especialmente los especulativos o capitales golondrina. Ha habido un impacto general sobre la economía en su conjunto, pero, sobre todo, ello ha afectado una variable que dentro de este modelo neoliberal es clave: el tipo de cambio colón-dólar.

Como sabemos, se ha dado lugar a un movimiento tendencial hacia la revalorización del colón frente al dólar. Es lo esperable, dada la gran abundancia de moneda extranjera. En rigor, este fenómeno (la revalorización del colón) empieza a manifestarse desde finales (hacia septiembre-octubre) de 2005. Es inexacto –como lo dicen la prensa comercial y las cámaras empresariales, con el refrendo de no pocos de los economistas de gran cartel- que sea un problema de los últimos meses. Los datos a ese respecto son contundentes y la evolución que manifiestan claramente coincide con la que a su vez muestran las entradas de capitales extranjeros, en particular los de tipo golondrina.

Entre finales de 2005 y finales de 2008 hay un movimiento sostenido hacia la revalorización del colón. Esta se revierte parcialmente a finales de ese año y a lo largo de buena parte de 2009, justo en coincidencia con las grandes salidas de capitales de corto plazo que provoca la crisis. Pero el problema retorna en cuanto se restituyeron las entradas de capitales, ya desde finales de 2009, a lo largo de 2010 y hasta este momento.

Que todavía en 2008 el efecto de la revaluación del colón no suscitara particular malestar en los diversos sectores empresariales concernidos, puede entenderse si pensamos que por entonces el país vivía un auge económico. Este era indudablemente insostenible –justo porque nacía a partir de esas entradas de capitales especulativos- pero en todo caso generaba una ilusión de bonanza y prosperidad. Las circunstancias actuales son diferentes por muchas razones. De por medio está la caída de la economía en 2009 y la vacilante recuperación posterior, a lo cual se superpone el efecto destructivo acumulado a lo largo de los cinco años y medio que ya dura el proceso de revalorización del colón.

Esa es una de las cargas principales que frena la economía y le complica el panorama al de por si errático gobierno de Laura Chinchilla. Pero esto tiene una implicación mucho más importante que se sintetiza en lo siguiente:

1. El modelo o estrategia neoliberal ha hecho de las exportaciones y el turismo los motores fundamentales de la economía.

2. En ese contexto, el tipo de cambio deviene variable clave ya que influye de forma decisiva en la capacidad de esas actividades para soportar la competencia en los mercados.

3. La revalorización del colón, especialmente cuando se afirma como tendencia de mediano y largo plazo, subvierte gravemente las bases en que se sustentan esas actividades, pero también pone en riesgo aquellos sectores que producen para el mercado interno y compiten con las importaciones.

En breve: la estrategia neoliberal está en curso de colisión consigo misma, atrapada en un movimiento contradictorio que genera condiciones que eventualmente destruiría los pilares que lo sostienen, especialmente en lo que se refiere al tejido empresarial de base nacional que ha logrado prosperar a la sombra de las políticas de fomento de las exportaciones y el turismo.

¿Podrán corregir a tiempo este grave problema? De momento, tan solo podemos decir que el gobierno de Chinchilla no parece capaz de generar ninguna respuesta inteligente.

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Justiciamente clasista

Silvana Melo (APE)

Los jueces Alejandro Villordo y María Oyhamburu, integrantes de la Cámara Penal platense, recibieron 714 firmas dispuestas a atestiguar “con sorprendente impertinencia” que un ingeniero condenado por uno de los delitos más graves del Código Penal es, en realidad, una buena persona, trabajadora, con título profesional y traje al tono. Y que la denuncia es falsa y que la decisión judicial que lo condenó a 14 años de prisión de cumplimiento efectivo es errónea.

Justiciamente, a los jueces les pareció pertinente y le concedieron al ingeniero empleado de Edelap y socialmente impecable la prisión domiciliaria y salidas laborales. Justiciamente, los jueces tomaron los conceptos avalados por las firmas como efectivamente posibles: los 714 "se convierten, es de esperar, en garantes de la presentación del imputado ante la justicia cada vez que sea requerido, lo que demuestra que se trata de una persona querida y apreciada en el ámbito social en el que se desenvuelve". Lo que inmediatamente gira las sospechas hacia las víctimas –una vez más- porque cómo alguien tan correcto y buen vecino sería capaz del horrible delito porque el que fue condenado (en una ignorancia supina o intencionada de la psicología del abusador). Es decir: el 20 de septiembre de 2010 los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal II de La Plata, Claudio Bernard, Liliana Torrisi y Carmen Palacios, lo condenaron tras darse por probado que entre el 2005 y abril de 2006 violó a sus dos hijos, aprovechando el régimen de visitas dispuesto tras la separación de su esposa. En el juicio oral, los médicos y psicólogos peritos confirmaron los abusos sufridos por los niños.

Abogada de las víctimas, la doctora Sara Cánepa asiste a la colisión entre la justa justicia y la justicia de pertenencia. “Nos llama la atención la osadía de la gente de firmar cualquier cosa y que el tribunal le dé crédito a esto cuando estamos ante un acusado de abuso sexual”, dijo a APe.

El ojo jurídico que espía por sobre la venda permite decisiones prebendarias que jamás caerían sobre el anonimato oscuro de un albañil, un cartonero o un tercerizado de Edelap. “Nos resulta increíble –se indignó Cánepa- que en la resolución que le concedió arresto domiciliario con salidas laborales, se afirme que este señor tiene nada más que una sentencia judicial en su contra y que se tome la palabra de 700 personas que ni fueron al juicio, ya que se hizo a puertas cerradas, porque las víctimas eran menores".

El ingeniero de 41 años, condenado por un delito aberrante, está muy lejos de la condena pública y masiva de los pobres, de los oscuros, de los sospechosos por sumergidos y por otros. Por margen, por arrabal. Cánepa: "es un claro fallo clasista”. La misma sala ha denegado sistemáticamente pedidos de morigeración de prisión por enfermedades terminales, edad avanzada, conflictos familiares extremos. No se conmueve desde el sótano social, sino desde la pulcritud de la oficina, el título enmarcado y el ventanal al cielo.

Más claro: el fiscal Gabriel Sagastume. “Si el condenado hubiera sido un barrendero o arreglara veredas no le darían ese beneficio. Estamos ante una justicia sólo para ricos y blancos”.

“Una no puede saber cuántos jueces, cuántos camaristas son abusadores. Cuántos han sido víctimas de abuso”. Sara Cánepa y las razones profundas de un fallo. “Un pobre no tiene atención ni fundamentos de derecho como presunción de inocencia. Si alguien tiene posibilidad de fuga es un ingeniero por los recursos con los que cuenta. A la Justicia no le preocupa que el pobre esté acusado de algo que no sea cierto y peligre su trabajo”. Sara Cánepa y las razones de clase de un fallo.

Hace dos semanas la Sala I del Tribunal de Casación Penal redujo a la mitad la condena de un pastor evangélico que abusaba adolescentes prometiéndoles la vida eterna con su cama como pasaporte. Es que las chicas, de 14 y 16, crecieron en los arrabales sociales, donde la sexualidad es más temprana. Y en las que parece, justiciamente, estar permitido el ejercicio del poder tomar y dejar. Al antojo de quien lo ejerce.

Dos semanas atrás la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de capital federal puso en marcha la herrumbre colapsada del engranaje judicial para llevar a juicio oral a un hombre en desamparo e intemperie porque se llevó cuatro trozos de queso de un supermercado.

Sólo se podrá volver a creer cuando las cárceles comiencen a poblarse de manos cuidadas y egresos universitarios. De buenos vecinos de enriquecimiento fulminante. De señores delincuentes. De doctores con prontuario disfrazado de oropel y pergamino.

Mientras los calabozos estén abarrotados de jóvenes, pobres y analfabetos, será pequeño el destino. Mínimo el futuro. Apenas. Para pocos.

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Barreda libre: Consecuencias

Gabriela Barcaglioni (ARTEMISA)

El martes 12 de abril la ciudad de La Plata amaneció con varios pasacalles que decían: 'Barreda asesino, los jueces te liberan la sociedad te condena', reavivando la polémica sobre el cuádruple femicidio cometido por Ricardo Barreda en 1982 en la capital bonaerense.

Los carteles fueron ubicados en la bajada de la Autopista La Plata-Buenos Aires, frente a la casa del odontólogo, en la zona de la Estación de Trenes, en Plaza Italia (pleno centro platense) y frente al Juzgado Penal ubicado en calle 8 entre 56 y 57.

Expresan un reclamo prioritario para el movimiento de mujeres y las organizaciones feministas, que la violencia contra las mujeres sea considerada un problema social y no una cuestión individual y privada.

'Dimensionamos los cuatro asesinatos que cometió en el contexto de una cultura patriarcal, no como hechos aisladosPor eso no olvidamos que Barreda es un asesino aunque camine libremente por nuestra ciudad' expresaron las integrantes de la Casa de la Mujer Azucena Villaflor de La Plata al ser consultadas al respecto.

Barreda asesinó a su suegra (Elena Arreche), su mujer (Gladys Mac Donald) y a sus dos hijas (Adriana y Cecilia Barreda), fue condenado a cadena perpetua; el 29 de marzo pasado la Sala I de la Cámara Penal de La Plata le otorgó la libertad condicional.

Si bien la decisión se ajusta a Derecho, refuerza la idea de que la violencia contra las mujeres no tiene sanción, consideraron desde las organizaciones feministas platenses.

Barreda nunca se arrepintió de lo que hizo. 'Lo volvería a hacer porque vivía en un infierno y me tenía loco', dijo frente al Tribunal que lo condenó.

Permanentemente, cuando tuvo la oportunidad de hacerlo, frente a las cámaras de televisión, convirtió a las víctimas en sus victimarias. Y redujo los crímenes a una simple reacción frente al apelativo: 'conchita'.

Los asesinatos de mujeres como expresión extrema de la violencia que se ejerce sobre ellas existen desde hace muchos siglos, basta recordar la quema de brujas en el medioevo pero se necesitó una palabra que diera cuenta de su significado político.

Un femicida asesina motivado por el desprecio, el odio, el placer o el sentido de propiedad que cree tener sobre las mujeres a quienes considera usables, prescindibles, maltratables y desechables.

En esta línea de pensamiento se expresaron quienes descolgaron, el jueves 14 de abril, el pasacalle ubicado frente a la casa de Barreda, donde cometió los cuatro femicidios, y ubicaron uno que decía: 'Basta de hipocresía viva Barreda y Berlusconi'.

La frase no es un juego de palabras, expresa valores y pautas que desvalorizan a las mujeres, les niega autonomía y las reduce a meros objetos de uso y abuso.

Un enunciado que lleva la firma del patriarcado, un sistema cultural, social, ideológico y político mediante el cual por la fuerza, usando la presión directa o por medio de símbolos, ritos, tradiciones, leyes, educación, el imaginario determinan qué funciones podemos o no desempeñar las mujeres.

La posibilidad de que Ricardo Barreda cumpla el resto de su condena fuera de la cárcel refuerza la idea de que los femicidios no solo se reivindiquen sino que sigan creciendo en número.

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Argentina: Mas de 600 rescatados de la trata en tres meses

MISIONES ON LINE

El ministro de Justicia informó que entre enero y marzo último fueron rescatadas 681 personas de la Trata en todo el país y anticipó que el próximo paso será lograr la actualización de la legislación para lograr la penalización del cliente o consumidor.

El ministro de Justicia, Julio Alak, informó que entre enero y marzo último hubo 681 personas rescatadas de la trata de personas en todo el país y en todo 2010 fueron 569. “El próximo paso será actualizar la legislación y lograr la penalización del cliente o consumidor”, dijo el funcionario.

“Las estadísticas de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas, indican que entre enero y marzo de este año se rescataron más víctimas que durante todo 2010”, informó hoy el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Julio Alak, quien además anticipó que “el próximo paso en la lucha contra ese delito, será actualizar la legislación y lograr la penalización del cliente o consumidor”.

“Un total de 681 víctimas explotadas y esclavizadas por sus captores fueron liberadas entre enero y marzo de 2011, con lo que se superó ampliamente el número alcanzado durante todo 2010, que fue de 569”, indicó el comunicado de la cartera de Justicia.

El ministro Alak subrayó al respecto que Argentina “está a la vanguardia en la lucha contra un crimen usado por algunos sectores para acrecentar su renta económica”.

El informe de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, señaló que entre agosto de 2008 y marzo de 2011 “las acciones permitieron liberar a 1.858 personas, entre ellos 1.576 mayores y 282 menores, sometidos principalmente a condiciones de esclavitud y explotación laboral y sexual”.

“Estamos enfrentando de manera implacable esta nueva forma de esclavitud o explotación, sea de origen laboral, sexual o cualquiera que degrade al ser humano y viole sus derechos, sometiéndolo al aislamiento y la servidumbre”, manifestó Alak.

En torno a las víctimas rescatadas durante los primeros tres meses de 2011, aquel documento de la oficina conducida por Zaida Gatti dice que 622 personas eran mayores de edad y otras 59 menores; en tanto que 567 estaban siendo sometidas a explotación laboral y 114 a explotación sexual. En cuanto a la nacionalidad de las personas rescatadas, el informe señala que 548 víctimas eran argentinas, y 133 extranjeras.

De las 1.858 personas rescatadas a partir de la promulgación de la ley 26.364, impulsada para prevenir y sancionar a los que incurran en el delito de trata de personas, 1001 eran sometidos a explotación laboral y 857 a explotación sexual. En cuanto a la nacionalidad, 946 eran argentinos 912 extranjeros.

Por otra parte, en lo que va del mes de abril se informaron nuevos rescates que no están incluidos en las estadísticas de la Oficina hasta que se determine el delito cometido.

A principios de mes se informó la liberación de 205 ciudadanos de origen boliviano que trabajaban en condiciones irregulares en un campo de Balcarce; días más tarde otras 143 personas fueron rescatadas en un campo de La Rioja, donde vivían en contenedores oxidados; y por último, el jueves pasado otras 50 personas -entre ellas 6 menores- fueron rescatadas de dos talleres textiles clandestinos ubicados en el barrio porteño de Villa Lugano.

Una tercera víctima misionera del burdel de Río Grande logró escapar por sus propios medios

Esta mujer se suma a la posadeña y eldoradense respectivamente, que junto a otras tres salteñas, fueron rescatadas de un burdel de Río Grande en donde las obligaban a ejercer la prostitución. Hoy en Casa de Gobierno, junto los ministros de Gobierno, Jorge Franco y de Derechos Humanos, Edmundo Soria Vieta, el jefe de la Agrupación 4ª de Gendarmería Nacional, Carlos Driollet manifestó que buscan a la tercera víctima misionera para su respectiva asistencia.

El operativo fue el resultado de los trabajos de inteligencia que se llevaban adelante desde hace casi un año, en el que hay dos detenidos.

Una de las víctimas es de Posadas, la otra de Eldorado y las tres restantes de Salta; todas mayores de edad y llevabas bajo engaños hasta el sur argentino en donde eran explotadas sexualmente, privadas de sus documentaciones como así también violentadas en su integridad física como mental. En cuanto a las dos detenidas, se trata de las encargadas del burdel “Luisito” quienes serán acusadas de de explotarlas, trasladarlas y someterlas según los preceptos de la ley 26.364.

El CRIMIS fue el organismo que comenzó el procedimiento con el departamento de Trata de Personas, desde donde se montó la inteligencia que terminó con los allanamientos ordenados por el juez Federal de Eldorado, José Casals. Además se contó con el acompañamiento y la logística de la Gendarmería, en su base local, que permitió llevar adelante el operativo. El equipo que llevó adelante el operativo, partió el pasado jueves a Río Grande e hicieron efectivo el mismo el sábado a la 1.30 cuando irrumpieron en el lugar.

Las damnificadas fueron asistidas por Victoria Pizarro, del departamento de Trata de Personas, quien constató que las detenidas eran mantenidas bajo amenazas y degradaciones por lo que efectivizó el mecanismo para brindarles asistencia y contención. En cuanto a las detenidas, serán trasladas a Misiones, donde quedarán a disposición de la Justicia Federal.

La directora de Trata, Daniela Acosta aseguró que “la planificación y la decisión política de la provincia de Misiones demuestran buenos resultados en base a los trabajos conjuntos entre el Ministerio, las fuerzas de Seguridad y la Justicia que permite que se realicen las investigaciones fuera de la provincia al amparo de las misioneras.

En cuanto a la Subsecretaria Norma Sawicz destacó que “quienes se hallan trabajando con víctimas de la Trata tienen el conocimiento de los derechos que tienen las víctimas de este delito. Ven la necesidad de cambiar el paradigma de trabajo desde la sanción criminal hacia la promoción de los Derechos Humanos y aseguran los mecanismos que cada paso dado no viole después estos derechos, me siento orgullosa de contar con un equipo dispuesto a construir una misiones mas igualitaria”.

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Argentina, Formosa: La hermana Martha Pelloni acusó a Insfrán por trata de personas

INFOSUR

Carta de la hermana Martha Pelloni al Gobernador de Formosa sobre la falta de compromiso con los DDHH del primer mandatario formoseño.

La Hermana Martha Pelloni envió una Carta Abierta al Gobernador de Formosa Gildo Insfran, sobre la falta de compromiso social del primer mandatario formoseño con los Derechos Humanos.

En la carta, la Hermana Pelloni detalla las censuras que sufrió por parte del Gobernador cuando intentaba dar a conocer a los medios locales la situación sobre “trata, tráfico, drogadicción y explotación sexual de los niños y adolescentes” formoseños.

La religiosa relata la situación corrupta de la Gendarmería, avalando la prostitución de menores y el tráfico de mercaderías y drogas.

Sr. Gobernador Gildo Insfran

Como coordinadora de la Red Infancia Robada, visitando Formosa el 29-30 y 31 de marzo en Clorinda con motivo de realizar una capacitación de Trata, Tráfico, Explotación Sexual de niños/as, adolescentes y Droga pude conocer la realidad que manifesté en los medios de comunicación y que posteriormente Ud. Sr. Gobernador no solamente la negó sino que desautorizó nuestra presencia en los mismos Medios con agravios e insultos.

Ante esta circunstancia comunico y hago partícipe de la denuncia pública a los miembros de la Asamblea permanente de DDHH con quienes comparto desde una acción ejecutiva toda defensa de situaciones donde los Derechos Humanos son atropellados.

Por eso Sr. Gobernador quiero dejar plasmado una vez más lo que vi la tarde del 29 de marzo en Clorinda paseando por el Puente Internacional (La "pasarela")

La Gendarmería de ambos países estaban sentados tomando mate y ni siquiera pedían documentos. La oficina de Migraciones estaba cerrada. La gente cubría de un lado a otro varias calles, incluyendo el puente con puestos de celulares, todo tipo de electrónica, ropa, comestibles, calzado.

Los que nos acompañaban nos mostraron las puertas de los localcitos donde guardan la mercadería con una habitación para la prostitución de menores, que funciona allí mismo donde compran sexo los mismos mercaderes y pagan con un celular, zapatos, ropa etc.

Al costado del puente del lado de Paraguay, una gran clínica privada de un tal Martínez. No dudaron en decirnos del tráfico de órganos. Me hacía acordar a la frontera de Juarez en México. Un gran cartel de pared a pared decía "Dentista" pensé que con un somnífero podían pasar al paciente para el otro lado.

Particularmente me impresionó la cantidad de Niños esclavos laborales porque no tenían más de 15 años. Niños mulas porque lo que llevan en el cuerpo por ley no se revisa. Llevaban grandes bolsas y cajas de mercadería en la espalda, cabeza y brazos. Dentro de 10 años no tienen riñones ni columna v. sana.

La droga va y viene , los mismos chicos y taxistas te muestran quienes son los que venden y mandan pasar de un lado a otro.

Todo esto que le digo no solo lo comenté durante la Capacitación , sino que estaban todos los medios de comunicación presente y más tarde volví a darles notas porque les interesaba ; ya que la gente tiene miedo de hablar. Los amenazan y les quitan el trabajo. No obstante hablaron de las Sendas clandestinas de todo tipo de tráfico y nos mostraron algunas.

Cuando regresábamos, la oficina de Migraciones tenía la puerta abierta y vimos cajas con ropa en el piso todo revuelto y un hombre que al vernos nos cerró la puerta en la cara.

Al día siguiente como todo fue dicho en los medios; la gente que fue a verificar lo comentado vieron la oficina abierta con la atención de un hombre de uniforme y sin las cajas de ropa en el piso.

Todo esto para que comparemos los grandes diálogos de nuestros políticos y sus discursos con las verdaderas decisiones que muestran la realidad que le describo.

Su personal de inteligencia que tenía presente en la sala de capacitación se extendía hacia fuera de la sala porque contábamos con la presencia de gente de los Pueblos originarios y el sacerdote Francisco Nazar que fue seguido hasta el hotel donde tuvo que encarar con su custodio a quienes lo perseguían.

Ud. es conocedor de la denuncia y del pedido de Habeas Corpus que con posterioridad tuvo que hacer Francisco Nazar.

Su gobierno tiene instalada la corrupción Institucional que destruye todo intento de democratización y saneamiento de la convivencia ciudadana. Con tantos años de gobierno ha matado la libertad de los Formoseños con las armas más siniestras y cobardes de esgrimir: La Mentira y la Amenaza.

Martha Pelloni

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Argentina: Conflicto del Colón. La huelga al banquillo

Matías Cremonte (ACTA)

En el marco del conocido conflicto gremial del Teatro Colón, el Jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, demandó por una millonaria suma de dinero a los delegados de ATE que encabezan el reclamo de los trabajadores y al propio sindicato, por las pérdidas económicas que la huelga habría producido.

Así, supongamos, si no se vendieron entradas para el teatro el día de la huelga, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pretende que ese dinero lo pongan los trabajadores.

Con esa misma lógica, cuando el Jefe de Gobierno era presidente de la empresa automotriz Sevel, ante una huelga de los trabajadores de esa planta podría haber reclamado el resarcimiento por los automóviles no vendidos como consecuencia de esa medida.

O cuando fue presidente de Boca Juniors, ante una huelga de los jugadores o empleados del club, podría haberles reclamado el importe de las entradas no vendidas.

Claro está, todo ello es tan ilógico como la pretensión de considerar un conflicto laboral como un problema comercial.

Vale la pena entonces recordar que el Derecho de Huelga, al igual que el de Negociación Colectiva, están garantizados a los gremios en el art. 14 bis de la Constitución Nacional, como en la mayoría de las constituciones de mundo capitalista occidental.

Es decir, desde casi un siglo, el propio sistema reconoce que la forma de determinar las condiciones de trabajo y los salarios es la negociación colectiva, y la herramienta fundamental con la cuentan los trabajadores es la huelga.

Un conflicto laboral, por tanto, es un conflicto social, y no comercial. La huelga, si es efectiva, produce un daño en el empleador, tal es su razón de ser.

Se ha dicho que es el derecho más atípico de los derechos, en tanto permite provocar un daño. Y esa atipicidad surge de la relación esencialmente desigual que existe entre quienes solo cuentan con su fuerza de trabajo y su oficio, y quienes son dueños de los medios de producción. Esta desigualdad es aún mayor si el patrón es el propio Estado.

Por lo tanto, el ejercicio de un derecho constitucional como es la huelga, no puede ser considerado un ilícito, y mucho menos generar en el empleador el derecho a ser resarcido por los eventuales daños sufridos. Como era de esperarse, en primera instancia la Justicia Contencioso Administrativa de la Ciudad de Buenos Aires rechazó de plano la pretensión del Gobierno local de embargar a los delegados de ATE por 55 millones de pesos.

A ello hay que sumarle que el Gobierno de la Ciudad ha incumplido todas las sentencias judiciales dictadas en su contra, como la que le ordenó negociar colectivamente con ATE, o reinstalar a los delegados separados de sus cargos.

Estas líneas vienen a cuento de la nota publicada en el “El Cronista” (14.04.11, pág. 17), titulada “Conflicto del Colón: Posibilidades para resolverlo”, cuya tesis radicaba justamente en que la resolución del conflicto llegaría de la mano de la Justicia, si ésta receptara la petición de Macri y condenara a los trabajadores a resarcir al Gobierno por los eventuales daños económicos producidos por la huelga.

Como se advierte, esta pretensión supone invertir la lógica: en vez de abordar las causas del conflicto e intentar resolverlo en el marco de la negociación colectiva, se pretende atacar las consecuencias, y de la peor manera, ya que lo único que se logró con todo ello en este caso fue enardecer el conflicto.

Por el contrario, sólo se apaciguó relativamente la situación cuando las partes revieron las medidas para sentarse a negociar una solución de fondo a los problemas y reclamos de los trabajadores del Teatro Colón.

Lógicamente no sabemos cómo terminará este conflicto gremial, pero está claro que finalmente ha tomado el mejor camino: la negociación colectiva.

Matías Cremonte es Abogado laboralista. Director del Departamento Jurídico de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTA).

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Argentina: Puja redistributiva. Paritaria Azucarera Nacional

ACTA

El miércoles 13 y jueves 14 de abril en la ciudad de Buenos Aires, en la sede del Centro Azucarero Argentino y en el Ministerio de Trabajo de la Nación, continuó la negociación de condiciones de trabajo en el marco de la Paritaria Azucarera Nacional para lograr, un nuevo convenio colectivo de trabajo que suplante al viejo, pero vigente, CCT12/88.

Desde febrero de este año se vienen reuniendo las partes, tanto el sector empresario y como el sector sindical. Para el sector gremial, los avances son nulos, es por eso que el dia 14 de abril las representaciones sindicales de La Mendieta donde está presente el Centro de Empleados del Azucar del Ingenio Rio Grande CTA (de Jujuy) y Tabacal (de Salta) declararon el Conflicto Laboral en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en su sede de calle Callao 114 en el Barrio de Congreso de Capital Federal, aguardando ser acompañados por los demás gremios tanto del norte como de Tucumán, aseguró su apoderado Enrique Wandschneider, miembro del Observatorio de Derecho Social de la Central de Trabajadores de Argentina.

Todas las representaciones de Salta y Jujuy ya manejan la posibilidad de medidas de fuerza, tanto en los dos ingenios mencionados, como en La Esperanza (Jujuy).

El reproche sindical a los empresarios es justamente que se demora la negociación de condiciones de trabajo, donde exigen que se nombre como Permanentes al 45% del total de planta de cada ingenio, tanto en Salta, Jujuy, Santa Fe, Misiones y por supuesto, Tucuman, cuyos ingenios en esta ultima provincia, en general, no tienen ni obreros ni empleados permanentes.

A su vez, en cuanto a lo salarial, ya trasciende que los sindicatos del norte exigen un básico de $4.000 en proyección hasta febrero de 2012, para la categoría 1º, la más baja de la actividad.

Los gremios fundan su petición salarial en tres razones:

1º La inflación, que rondará en todas las proyecciones de consultoras nacionales el 27%.

2º El crecimiento industrial, que en los mezquinos guarismos del indec, no baja del 9,7%, y 3º el precio del azúcar que hoy en la versión de la bolsa de 50 kgs alcanza los $250 y sigue en aumento.

Sostienen los gremios que el Sector Industrial creció en infraestructura, aplicación de tecnología y ahorro en el costo laboral por la precarización del empleo, motivos que produjeron ganancias exorbitantes al empresariado.

Asi planteado, las medidas de fuerza son inevitables en Salta y Jujuy. Fotia, Feia, los sindicatos independientes y los sindicatos de surco de Tucumán tendrán que decidir sus estrategias.

Mucho para decidir en tan corto tiempo, tiempo que es marcado por el comienzo de la zafra a mediados del mes de mayo.

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Argentina: Delitos de lesa humanidad. Juzgan a represores en siete juicios orales en todo el país

CIJ-PRIMERA FUENTE

Se trata de procesos que se llevan adelante en Capital Federal, Rosario, Salta, Mendoza y Chaco. Son juzgados, entre otros, los ex presidentes de facto Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone, y Luciano Benjamín Menéndez.

Videla, en Capital Federal, y Menéndez, en Salta, son juzgados por delitos de lesa humanidad.

Siete juicios orales por delitos de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno de facto se realizan actualmente en todo el país. A continuación, el detalle de los procesos:

Salta: el Tribunal Oral Federal de Salta encabeza el juicio oral por el secuestro y desaparición de Miguel Ragone, ex gobernador de esa provincia, donde es juzgado Luciano Benjamín Menéndez, ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, junto a otros siete acusados. En el proceso también se investiga el homicidio del comerciante Santiago Arredes y las lesiones sufridas por Margarita Martínez de Leal.

Resistencia: ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia se desarrolla el juicio oral por la causa conocida como “Margarita Belén”, en la que se investiga a nueve imputados.

Mendoza: el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Mendoza lleva adelante el juicio oral por delitos de lesa humanidad cometidos en esa provincia. El expediente acumula 17 causas por crímenes contra los derechos humanos en perjuicio de 24 víctimas.

Rosario: ante el Tribunal Oral Federal Nº 2 de Rosario se desarrolla en esa ciudad el juicio oral contra el ex jefe del Segundo Cuerpo de Ejército Ramón Díaz Bessone y otros cinco imputados. Se investigan hechos ocurridos en el centro clandestino de detención que funcionó en dependencias de la Sección Informes de la Jefatura de Policía de Rosario, en perjuicio de 86 víctimas.

Capital Federal: Se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal Nº 6 el juicio oral en el que son juzgados los ex presidentes de facto Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone, junto a otros seis imputados, por 34 casos de apropiación de menores durante el último gobierno militar. Se trata de la causa conocida como “Plan Sistemático”, en la que, además de Videla y Bignone, están investigados Rubén Oscar Franco, Jorge Eduardo Acosta, Antonio Vañek, Santiago Omar Riveros, Jorge Azic y Jorge Luis Magnacco, por los delitos de sustracción, retención, ocultación y sustitución de identidad de menores de 10 años.

Capital Federal: ante el Tribunal Oral Federal Nº 5 se realiza el juicio oral por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención que funcionara durante el último gobierno militar en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Los jueces Daniel Obligado, Germán Castelli y Ricardo Farias encabezan el proceso se investigan, entre otros delitos, las desapariciones de las monjas francesas Leónie Duquet y Alice Domon y del periodista Rodolfo Walsh. Entre los imputados, se encuentran Jorge Eduardo Acosta, Alfredo Ignacio Astiz, Juan Antonio Azic y Ricardo Miguel Cavallo.

Capital Federal: el Tribunal Oral Federal Nº 4 lleva adelante el juicio oral contra ocho ex militares por crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino “El Vesubio”.

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Argentina, Córdoba: Ratifican juicio a ex funcionarios judiciales por delitos de lesa humanidad

Katy García (PRENSARED)

La Cámara Federal de Apelaciones rechazó por unanimidad el planteo de prescripción de la causa que involucra a dos fiscales y un juez imputados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar. Por mayoría le recomendó al Juez Herrera Piedrabuena acelerar la causa.

En menos de cinco minutos quedó dilucidada la cuestión que mantenía expectante a la fiscalía y a los querellantes de la causa denominada de los magistrados aunque en los papeles está caratulada como causa Ceballos y otros.

El tribunal presidido por Abel Sánchez Torres y conformado por Luis Roberto Rueda y Octavio Cortéz Olmedo, resolvió por unanimidad rechazar el planteo de prescripción presentado por los abogados defensores José Buteler, Carlos María Lascano y Angel Carranza, representantes de los imputados Alí Fuad Alí, Miguel Ángel Puga y Antonio Cornejo, respectivamente.

Asimismo, por mayoría, le recomendaron al juez de la causa Daniel Herrera Piedrabuena, “mayor celeridad”. Miguel Ceballos, representante del querellante Luis Baronetto, sobre la resolución del tribunal manifestó que “de manera unánime se hizo lugar a lo pedido por el Fiscal y lo más importante para nosotros es que terminemos con esta instrucción. Nosotros desde la querella haremos lo que podamos y esperamos que el fiscal (Gustavo) Vidal Lascano asuma lo que tiene que asumir”, afirmó.

Aún cuando los fundamentos del dictamen recién se conocerán la semana próxima, es probable que los argumentos de la Fiscalía respecto a la imprescriptibilidad y a las nociones sobre delitos de lesa humanidad y dictadura cívico militar hayan sido tenidos en cuenta.

Los defensores negaron en sus escritos que los imputados, ex funcionarios de la justicia federal, hayan cometido delitos de lesa humanidad. Sobre esta concepción edificaron la apelación que finalmente les resultó adversa. Sin embargo, hicieron las reservas del caso para acudir incluso hasta la Corte Suprema.

Una primera lectura del fallo fue realizada por el fiscal subrogante Carlos Gonella. “Los planteos de prescripción realizados por la defensa, aunque faltan leer los fundamentos, seguramente, se hicieron en el entendimiento de que estos delitos no prescriben por las razones que dio la Fiscalía y esto quiere decir que el juicio debe seguir y se debe avanzar con investigación para elevar la causa ajuicio”, analizó.

En ese sentido y ante una pregunta de este medio sobre la importancia del fallo para la sociedad que representa, el funcionario público consideró que “teniendo en cuenta lo que expresó uno de los querellantes respecto a si la justicia federal está en condiciones de juzgar estos hechos, creo que esta decisión es un signo positivo. Me parece que es importante que la sociedad cordobesa, a través de un juicio público, abierto, se entere de cual fue el rol de los ex funcionarios de la Justicia federal en aquel tiempo”, opinó.

Miguel Hugo Vaca Narvaja es el abogado que interpeló a los jueces de la Cámara y al que alude Gonella. “Nosotros hicimos un cuestionamiento sobre si la justicia estaba en condiciones de juzgar estos hechos e investigar sobre la actuación de la sociedad civil sobre estos delitos aberrantes y de lesa humanidad. La justicia comienza a contestar en este incidente y eso es alentador”, señaló.

“No es una respuesta contundente, pero pensamos que a esa pregunta está respondiendo que si. Que se intentaría avanzar sobre esta cuestión que contó con el apoyo de la sociedad civil y también veremos que contó con los apoyos de ciertos sectores de la justicia federal para que se cometieran esos crímenes dentro de la UP1. Recibimos este fallo con beneplácito y con la esperanza de ir para adelante”, expresó el abogado que representó junto a María Elba Martínez a 14 de las 31 víctimas durante el juicio Videla.

Por su parte, el abogado Miguel Martínez, patrocinante de Diego Bauducco, le dijo a Prensared que “espero que se proceda a citar y escuchar a nuevos testigos y se proceda a realizar alguna imputación”, expresó.

En tanto, Juan Miguel Ceballos, afirmó que el dictamen “es confirmatorio de la jurisprudencia de la Corte, de los planteos que se han hecho con anterioridad, y de esta cuestión central que no están prescriptos, que son delitos de lesa humanidad y existe la conexidad, como lo dice el Estatuto de Roma. Nosotros estábamos convencidos de que era así”, manifestó.

Otra de las demandas de los tres abogados querellantes fue la desburocratización y una mayor agilidad en la tramitación del juicio. Sobre este punto Ceballos señaló que “lo más importante para nosotros es que se baja una instrucción clara, concreta, precisa, de que el juez debe imprimirle la máxima y posible celeridad a la causa. Que se le de trámite. No es tan complicado porque la causa Videla es su espejo”, afirmó.

Para Luis Miguel Baronetto, ex preso político y querellante en esta causa “ha sido un paso positivo porque vamos en el camino de enganchar las responsabilidades y las complicidades de funcionarios judiciales tal como lo hemos venido sosteniendo desde que denunciamos ante el Consejo de la Magistratura al doctor (Carlos) Otero Álvarez”, recordó.

Otero Álvarez, quien integró el TOF1 que juzgó y condenó a Luciano Benjamín Menéndez en el primer juicio en Córdoba, renunció al cargo luego de que el Consejo de la Magistratura aceptara la recusación efectuada por Baronetto y el fiscal Fabián Asís. El fiscal federal Gustavo Vidal Lascano, desestimó las denuncias relativas a su conducta mientras era secretario del juzgado presidido por Afolfo Zamboni Ledesma alcanzado por el punto final biológico. Esta decisión también benefició a los abogados públicos Luis Molina y Ricardo Haro.

Baronetto espera que "después de los testimonios contundentes escuchados durante el juicio de la UP1 que se van a incorporar a esta causa, los cómplices deben ser imputados. El fallo de hoy termina con los subterfugios que han venido planteando los defensores como si se tratara de delitos comunes. Están defendiendo a actores y cómplices de delitos de lesa humanidad y creo que este fallo es importante y sienta un precedente”, evaluó.

El lunes 25, a las 12, se leerán los fundamentos del fallo.

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Argentina, Entre Ríos: El 27 de julio se iniciará el juicio oral y público a Harguindeguy en Paraná

UNO - INFOALTERNATIVA

El ex ministro de la dictadura y otros cinco represores serán juzgados por crímenes de lesa humanidad cometidos en Concordia y Concepción del Uruguay. Las audiencias se realizarán en la sala de la Cámara Federal de calle 25 de Mayo y podrán seguirse por pantalla gigante en la sede del Tribunal Oral de calle Urquiza. Declararán 110 testigos. La querella será representada por la abogada uruguayense María Isabel Cacciopolli, apoderada de las víctimas César Manuel Román, Carlos Atilio Martínez, Juan Carlos Rodríguez, Juan Carlos Romero y Carlos Horacio Valente, y los familiares de los desaparecidos Solaga y Zalasar: María Estela Solaga de Moreno y Sandra Zalasar.

El Tribunal Oral Federal de Paraná fijó para el próximo 27 de julio la fecha de inicio del juicio oral por crímenes de lesa humanidad cometidos en Concordia y Concepción del Uruguay. Uno de los seis imputados es Albano Harguindeguy, ex ministro del Interior durante el último gobierno militar. Según informaron desde el tribunal, está previsto que el debate se realice en la sede de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná y que las audiencias se realicen tres veces por semana.

Harguindeguy, junto a Ramón Genaro Díaz Bessone –comandante del Segundo Cuerpo del Ejército desde el 3 de setiembre de 1975 hasta octubre de 1976– será juzgado por dos causas acumuladas: una es la que investiga el secuestro y torturas que sufrieron 18 estudiantes secundarios de Concepción del Uruguay en julio de 1976, a manos de la delegación de esa ciudad de la Policía Federal, que dependía del por entonces ministro del Interior.

Además será enjuiciado por el delito de desaparición forzada de persona del que fueron víctimas los militantes concordienses Julio Alberto Solaga y Sixto Francisco Zalasar, y por la detención ilegal y privación ilegítima de la libertad de Solaga, Zalasar y Juan José Durantini, quien desde el retorno de la democracia se dedicó al periodismo.

Además de Harguindeguy y Díaz Bessone enfrentará al tribunal, por la causa de Concordia, el ex jefe del Regimiento de Caballería de Tanques 6 de Concordia, Naldo Miguel Dasso. Y por la causa de Concepción: Francisco Crescenzo, oficial de la delegación Concepción del Uruguay de la Policía Federal; Juan Miguel Valentino, jefe de Escuadrón de Exploración de Caballería Blindada II de Gualeguaychú, entre diciembre de 1974 y diciembre de 1976; y Julio César Rodríguez, suboficial de la Policía Federal uruguayense en 1976.

El decreto firmado este lunes por Lilia Carnero como presidenta del Tribual Oral, dispone que las audiencias se realicen desde el miércoles 27 de julio a las 10, en la sala de la Cámara Federal de Apelaciones ubicada en calle 25 de Mayo 256 de la capital entrerriana, que fue elegida porque posee mayor capacidad y podrá albergar a procesados, testigos, prensa y público en general. Además, se dispuso que los debates serán los miércoles, jueves y viernes y serán transmitidos por un sistema de televisión que permitirá que también sean vistos por una pantalla que estará instalada en la sala del Tribunal de calle Urquiza 868.

El Tribunal decidió que el juicio se realizará en Paraná a pesar del pedido de la querella, que había solicitado que se hiciera en Concepción del Uruguay, donde se desarrolló la instrucción. Sin embargo, se tuvo en cuenta la opinión de la Fiscalía que propuso que el escenario sea la capital provincial, porque las víctimas no son todas de Concepción, por razones de seguridad y para evitar el traslado del expediente. Los gastos del movilidad de los testigos estarán cubiertos por el Tribunal.

Está previsto que durante el desarrollo de las audiencias declaren alrededor de 110 testigos, 70 de los cuales fueron propuestos por las partes acusadoras. Por esta razón se estima que la sentencia se dictará no antes de cuatro meses después del 27 de julio.

Por otra parte, se dispuso que se realicen inspecciones oculares en los centros clandestinos de detención donde se ejecutaron los crímenes de lesa humanidad, como la sede de la Policía Federal de Concepción del Uruguay y un grupo de regimientos de la costa del Uruguay.

Los jueces que tendrán a su cargo el primer juicio por delitos de lesa humanidad en Entre Ríos serán Lilia Carnero, Roberto López Arango y un tercero que deberá nombrar el Consejo de la Magistratura. Como fiscales actuarán Marina Herbel y José Ignacio Candioti.

La querella será representada por la abogada uruguayense María Isabel Cacciopolli, apoderada de las víctimas César Manuel Román, Carlos Atilio Martínez, Juan Carlos Rodríguez, Juan Carlos Romero y Carlos Horacio Valente, y los familiares de los desaparecidos Solaga y Zalasar: María Estela Solaga de Moreno y Sandra Zalasar.

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Argentina, Córdoba: Al Palacio de Justicia por el derecho a la tierra

Alexis Oliva (PRENSARED)

El Movimiento Campesino y organizaciones territoriales urbanas de Córdoba reclamaron a la Justicia provincial que resuelva varios casos de conflictos de tierras, donde existe riesgo de desalojo de familias campesinas a las que no se les reconocen sus derechos posesorios ancestrales.

Varios centenares de pequeños productores y familias campesinas del norte provincial, nucleados en el Movimiento Campesino de Córdoba (MCC), manifestaron hoy su reclamo al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para que reconozca el derecho de los poseedores ancestrales en varios conflictos de tierras que esperan sentencia.

La jornada de protesta, convocada por el MCC, la Organización Barrial Tupac Amaru, la Agrupación Aníbal Verón y los vecinos de Hogar Clase Media, comenzó esta mañana con la entrega en el Consejo Deliberante de un petitorio de las entidades territoriales urbanas para frenar los desalojos en distintos asentamientos populares de la ciudad.

Al mediodía, la columna arribó al edificio de Caseros 551. Allí, frente al Palacio de Tribunales, una enorme topadora marca “Cargill – Sociedad Rural” embistió varias veces a un grupo de campesinos que actuaban de ellos mismos. Sólo que esta vez con mejor suerte que cuando la enfrentan en su propia tierra, porque la topadora era de cartón y terminó siendo la víctima sacrificial de la protesta.

Con esa original dramatización se intentó dar visibilidad al problema cada vez más acuciante del conflicto por la tierra, que ante la inacción de la clase política termina invariablemente judicializando la resistencia campesina y favoreciendo el avance de la especulación inmobiliaria disparada por el auge de los agronegocios.

“Queremos que la Justicia reconozca de una vez por todas la posesión de las familias campesinas que viven de sus tierras durante muchos años. Hay casos graves y urgentes que hemos priorizado en este reclamo, pero el Movimiento tiene 300 registros (de posesión) presentados y apenas uno ha sido aprobado”, expresa a Prensared Alberto Gómez, de la Organización de Campesinos Unidos del Norte (Ocunc-MCC).

Las “graves y urgentes” son tres causas que datan de varios años de conflicto social y litigio judicial y que esperan resolución por parte del TSJ. El más emblemático y conocido es el de Ramona Bustamante, la anciana que fuera desalojada brutalmente por la Policía en enero de 2004 y posteriormente denunció por “estafa” a Edgardo y Juan Carlos Scaramuzza, supuestos compradores del campo del paraje Las Maravillas, en el departamento Tulumba. Al sobreseerlos la Justicia de Deán Funes, en diciembre de 2009, Ramona y el MCC apelaron el fallo que todavía aguarda resolución mientras el desalojo sigue siendo una amenaza para la campesina que hoy subió con dificultad las escaleras de Tribunales para pedir por su tierra.

Asimismo, la máxima autoridad judicial provincial debe pronunciarse en el caso de ocho campesinos condenados por la Cámara Penal de Cruz del Eje a seis meses de prisión condicional por la “usurpación” de un campo comunitario de la localidad de El Chacho, en el límite con La Rioja. El fallo, dictado en junio de 2008, que ordenaba también entregar el campo al denunciante Martín Buttie, fue apelado por la defensa y se encuentra en suspenso hasta que el TSJ se expida.

El tercer caso que descansa en los despachos del alto cuerpo judicial es un conflicto por 21 mil hectáreas de La Rinconada, en el departamento cordobés Río Seco, entre unas treinta familias campesinas y el empresario René Horacio Fritzeler. El caso data de diciembre de 2005, cuando las familias que ejercían la posesión ancestral fueron notificadas de una medida de no innovar y un inminente desalojo, porque Fritzeler había comprado esas tierras que según el título de propiedad presentado pertenecían a Santiago del Estero. Un fiscal imputó al empresario por “usurpación”, pero el Juez de Control de Deán Funes remitió el caso a la Justicia Federal de Córdoba, que finalmente se declaró incompetente y lo devolvió a la Justicia Provincial.

“Ese siempre fue un campo comunitario, donde viven treinta familias y otras cincuenta familias más pasan por ahí a llevar sus animales al Río Dulce -explica Marcos Vargas, de la Unión Campesina del Noreste (Ucan-MCC)-. A partir de que vino el empresario Fritzeler cerró el campo, no hay posibilidad de entrar y se está muriendo la producción campesina. Por eso nos organizamos, resistimos y lo denunciamos, pero esto llevó a un proceso largo, civil y penal, que lleva más de cinco años. Hay una medida de no innovar, pero el empresario no respeta nada, avanza y sigue presionando con gente armada y con la policía. Hay compañeros imputados por tenencia de armas y es la gente de él la que anda armada”.

“Por eso reclamamos al Registro de Poseedores que reconozca el derecho de estas familias y al Tribunal Superior que asuma su responsabilidad, sepa que nosotros los campesinos seguimos existiendo, vivimos ahí y somos parte de ese monte. Y que alguna vez nos tenga en cuenta así como tienen en cuenta a los empresarios mayores. Mientras tanto, nosotros vamos a seguir resistiendo, hoy por Ramona y también por muchos compañeros que están en la misma”, concluye Vargas.

Contra los desalojos

En el marco de la semana de movilización por el Día Internacional de la Lucha Campesina (17 de abril), el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) presentará mañana a las 15 en el Congreso Nacional un proyecto de ley para “detener los desalojos y avanzar en la declaración de la función social de la tierra y el fortalecimiento de la agricultura campesina y familiar”.

Previamente, las organizaciones de distintas provincias concentrarán desde las 14 en la Plaza de los dos Congresos, donde se instalará una feria de productos campesinos, una radio abierta y se realizarán talleres de debate sobre tenencia y uso de la tierra.

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