miércoles, 27 de abril de 2011

El gobierno sueco investiga si Chávez violó los convenios internacionales deportando al periodista sueco a Colombia

Dick Emanuelsson (especial para ARGENPRESS.info)

Las autoridades venezolanas jamás permitieron al cónsul sueco en Caracas, encontrarse con Pérez antes que fuera extraditado a Colombia. Por eso la cancillería sueca ya inició una investigación para comprobar si Venezuela violó los convenios internacionales, capturando y deportando a un ciudadano del país nórdico a Colombia.

Foto: El pasaporte sueco con lo cual Joaquín Pérez Becerra ingresó a Venezuela.

¿No pudo distinguir Chávez entre este pasaporte y un pasaporte colombiano?


– Estamos frente a un atropello a los convenios internacionales sobre Derechos Humanos y Diplomáticos, a la Convención de Ginebra, al Pacto de San José de Costa Rica y a la Convención de Viena sobre diplomacia, estableciendo con esta detención un horrible precedente, dice el jurista y profesor universitario en Vermont, Estados Unidos, Juan Carlos Vallejo, de origen colombiano quien se vio obligado a huir de la persecución en Colombia.
Silencio venezolano

El día después de la deportación del ciudadano sueco, también de origen colombiano, no hay ningún comunicado oficial por parte del gobierno del presidente Hugo Chávez refiriéndose al caso pese a una tormenta de crítica, tanto en Venezuela como en el exterior.
Pero hay muchas preguntas que vuelan en el aire. No solamente en Caracas sino también en Estocolmo, donde Joakim Larsson, encargado de prensa de la cancillería sueca, dice que investigarán sobre si Venezuela violó, o no, los tratados y convenios internacionales.

Esta mañana hablamos con él y Tommy Strömberg, consejero de la embajada sueca en Bogotá, quien también relata que su cónsul sueco en Caracas no obtuvo ninguna respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Interior, ante la petición reiterada de reunirse con Pérez Becerra en Caracas.
¿“Falso positivo diplomático”?.

También hay interrogantes sobre si había una circular roja de Interpol sobre el caso Pérez. La embajada sueca en Bogotá, hasta ahora, no ha recibido ninguna información sobre ese tema.

Pero Telesur informó esta noche, dialogando con Ramiro Orejuela, el abogado contratado por el gobierno sueco, sobre la hipótesis de que se habría activado una circular roja de Interpol, de la seccional en Bogotá, cuando Pérez estaba en vuelo entre Frankfurt y Caracas.

Este podría ser un nuevo caso de “Falso Positivo” de Santos, esta vez “diplomático”, contra el gobierno de Chávez. ¿Fue casualidad que la circular roja se activara justo cuando estaba llegando a la ciudad de Caracas, donde el mismo presidente Santos llama a su homólogo venezolano para pedirle que detenga a Pérez Becerra?

Hasta ahora no hay confirmación sobre dicha Alarma.

¿Alemania conspiraba con el G-3 del DAS?

Una fuente colombiana con la cual hemos hablado, dice “la circular roja la expide Interpol, y Colombia no necesita mostrarla, pues Venezuela es miembro de Interpol. Si un estado miembro de la Organización Internacional de Policía Criminal no realiza la captura que le fuera solicitada, recibiría una sanción grave”.

“No hay confirmación de que la circular roja haya sido emitida durante el vuelo. ¡´Carreta´! Se dio el aviso desde Alemania, país que a su vez, tuvo tratos con el G-3 * del DAS, pero no tenemos la información clara porque los funcionarios dicen que no están autorizados para contestar las preguntas.”.

Dice la fuente y agrega:

– Es irregular que Joaquín Pérez no supiera que le habían abierto proceso desde hace un año en Colombia y en ese marco le expidieron orden de captura apenas ahorita, el 10 de abril.

Si es que realmente, no hubo una circular roja de Interpol, el caso de Joaquín Pérez puede agravar la situación del gobierno de Hugo Chávez Frías, quien debe tener un grave problema con el presidente Santos para facilitar la entrega de un sueco que ahora resulta ser más sindicado como “Editor de ANNCOL”, que como integrante de la Comisión Internacional de las FARC.

El grave error de Chávez

Uno de sus defensores colombianos, el abogado Rodolfo Ríos, afirmó a Colprensa [1] que el gobierno del presidente Hugo Chávez tenía conocimiento de la nacionalidad del detenido, por lo que “fue un grave error” enviarlo a Colombia.

– Lo que se cometió en Venezuela contra el señor Pérez Becerra fue un atropello a sus derechos, dijo Ríos.

Las autoridades colombianas reconocen ahora, públicamente, que Pérez efectivamente tiene nacionalidad y pasaporte sueco desde hace más de diez años, mientras el gobierno venezolano sigue manteniendo silencio sobre ese hecho que era totalmente claro, ya que Pérez ingresó con su pasaporte sueco en el aeropuerto de Maiquetía.

De no ser enviado a Suecia, el director del portal de noticias ANNCOL podría quedar en libertad, sostiene Ríos y agrega:

– Debería quedar en libertad. La captura se hizo en territorio venezolano y estamos frente a un ciudadano extranjero y no colombiano, agregó el abogado defensor.

La pobreza de las pruebas

Dice El Tiempo, sobre las pruebas de la fiscalía, que en su totalidad se basan en la bombardeada computadora del comandante guerrillero, Raúl Reyes, muerto hace tres años, que “en varios mensajes, 'Alberto' le reclamaba a 'Reyes' y a 'Márquez' por más ayuda de la organización, argumentando que no era suficiente para mantener a su familia”.

Nosotros, que conocemos Joaquín Pérez desde que llegó a Suecia, en 1993, sabemos que ha vivido en un pequeño y barato apartamento, sin préstamos o deudas. Ha trabajado tiempo completo durante casi 20 años y su actual esposa tiene también trabajo fijo desde que llegó a Suecia hace 11 años atrás.

Es un ejemplo de la fragilidad de las supuestas “pruebas”, que están basadas en el contenido de un computador en el cual, según los investigadores de Interpol, más de 48.000 archivos fueron removidos, cambiados, borrados, así como fueron agregados otros, por los agentes de la inteligencia militar colombiana.

Ellos no respetaron la integridad del supuesto computador durante los tres primeros días luego del bombardeo, mientras estaba en manos de los militares que violaron el territorio nacional ecuatoriano y luego de haber bombardeado ese país hermano.

Foto: Colombia, Periodismo: El primer archivero con 450 folios, documentos sobre los seguimientos que el DAS-G3 hizo el periodista sueco Dick Emanuelsson, durante varios años en calidad de corresponsal en Colombia. El 2 de diciembre de 2005 tuvo que irse de Colombia por las constantes amenazas de muerte. Vivió y trabajó en el país durante cinco años. / Autora: Mirian Huezo Emanuelsson.

* G3 fue un grupo ilegal del DAS, la policía política secreta bajo ordenes directos de Álvaro Uribe. Hacia seguimientos contra integrantes de la Corte Suprema de Justicia, líderes populares y de derechos humanos y contra 16 periodistas, entre ellos este servidor que el DAS-G3 registró su criminal seguimiento en 450 folios a parte amenazas de muerte por teléfono en las noches.

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¿Cómo metieron y cómo se sale Chávez de esta infamia?: De Rodrigo Granda a Joaquín Pérez

Eduardo Rothe (APORREA)

Rodrigo Granda vivía legal y pacíficamente en Caracas desde los tiempos de Caldera como portavoz oficioso de las FARC para asuntos de paz y humanitarios. Cuando Bogotá supo que estaba negociando la libertad de Ingrid Betancourt con los franceses, envió un comando que lo secuestró el 13 de diciembre de 2004 y lo trasladó a Colombia donde el gobierno declaró haberlo capturado el 4 de enero en Cúcuta. A los 25 días de encarcelado, su nombre apareció milagrosamente como "buscado" con el famoso "Código Rojo" de Interpol. El 4 de junio de 2007, Granda, que era de las FARC fue excarcelado por la intermediación del presidente francés Nicolás Sarkozy.

El caso Pérez es diferente

Joaquín Pérez, director de la Agencia ANNCOL no pertenece a las FARC y ni falta que le hace. Abandonó Colombia hace un cuarto de siglo, huyendo de la matanza de más de 4 mil militantes de la Unión Patriótica UP, amplio y exitoso movimiento de izquierda que buscaba una salida políticas a la guerra social colombiana, y por el cual Joaquín era concejal en Corinto, Valle del Cauca, a principios de los 90. Después del asesinato de su esposa, pidió y le fue concedido asilo político en Suecia, donde fundó una familia, se dedicó al periodismo y a propiciar una salida pacífica para su Patria. Nunca volvió a Colombia donde está condenado a muerte.

¿Qué es ANNCOL?

La Agencia de Noticias Nueva Colombia (ANNCOL) fue fundada en 1996 por periodistas latinoamericanos y europeos. Mantiene un sitio de Internet desde 1998. Sus metas son «... informar sobre Colombia... ser un vocero de los sectores sin voz en Colombia sobre acciones de movimientos populares, sindicatos y comunidades avanzadas de los países latinoamericanos.... que combaten el neoliberalismo y la explotación de las personas».

¿Por qué entonces su director es acusado de terrorista por el Gobierno colombiano? Muy fácil: el gobierno colombiano tiene absoluto monopolio de los medios dentro de sus fronteras pero ANNCOL, desde Suecia, es el cuarto sitio web más leído en Colombia, con 800.000 visitas diarias y un considerable impacto informativo a nivel internacional. ANNCOL es el medio más importante de los últimos años en Colombia. Entre sus denuncias aparece la utilización de bases militares para la agresión a otros países, la masacre de civiles en la tragedia de los falsos positivos y la corrupción y nepotismo en el gobierno colombiano.

El "crimen" de ANNCOL

Son legendarias las acusaciones de Bogotá contra ANNCOL por publicar comunicados de las FARC, criticar las políticas neoliberales, presentar una visión realista del paramilitarismo y mantener una férrea oposición a Uribe. A pesar de las reiteradas investigaciones que han demostrado la ausencia de pruebas y elementos formales para acusar a ANNCOL de alguna conexión con las FARC, y a pesar de que periodistas europeos han verificado que las FARC tienen órganos de comunicación propios abiertamente identificados con ellas, los ataques continuaron.

La medida de la efectividad de ANNCOL la dio el canciller colombiano, Jaime Bermúdez cuando informó de la decisión de su Gobierno de poner en marcha una estrategia internacional para hacerle frente a la "diplomacia" exterior de las FARC. Para los periodistas de ANNCOL esto era una amenaza directa, viniendo del mismo Bermúdez que en Marzo 2008 pretendió justificar el bombardeo de territorio ecuatoriano por las Fuerzas Militares de Colombia en la "Operación Fénix" en la que murió el guerrillero "Raúl Reyes".

Periodismo

Para los periodistas de ANNCOL la campaña gubernamental contra ellos se debe a su tarea de disenso y denuncia de "las numerosas arbitrariedades cometidas (por el gobierno (de Uribe) en contra del pueblo colombiano" (…) "No pudiendo desmentir lo anterior, apela a la mentira, la maña, la injuria, el engaño, los sabotajes y a los montajes". Estaban acostumbrados. Pero cuando el mismo Presidente Uribe declaró: "Y a esos criminales y a ese psiquiatra y a otros bandidos, que son colombianos profesionales que viven por allá en Suecia y en otros países, a todos, a todos tenemos que acabarlos", los trabajadores de ANNCOL pidieron la protección del gobierno sueco. No era paranoia ni aspaviento: el esbirro que los espiaba desde la embajada, Ernesto Yamhure era ex asesor del genocida paramilitar Carlos Castaño, y nadie ignora que por cada palabra dicha por Álvaro Uribe en su carrera política hay un cadáver con la boca llena de sagrada tierra colombiana.

Entra Chávez

Incluyendo los asuntos de Estado, un revolucionario puede equivocarse en todo, menos con las personas. Joaquín Pérez es refugiado político con 25 años fuera de Colombia y larga trayectoria periodística. Y Chávez, tantas veces acusado de complicidad con las FARC, sabe lo que valen los "Códigos Rojos" de Interpol; y que los abrazos de unidad latinoamericana no incluyen besos a Santander ni pisotear las fosas comunes de miles y miles de campesinos, obreros, militantes de izquierda, sindicalistas, indígenas, defensores de Derechos Humanos y progresistas de Colombia.

La Patria Grande no se construye avalando mentiras. Nada, nada, absolutamente nada, vale el precio de esta entrega que, peor que un crimen o una infamia, es una torpeza y una falta que nunca debimos cometer.

Eduardo Rothe es periodista y analista venezolano, popular por sus apariciones como "Profesor Lupa" en VTV. Es asesor del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información (MINCI) y miembro del canal multiestatal TeleSUR.

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Carta pública a Hugo Chávez Frías, presidente de la República Bolivariana de Venezuela

Señor presidente:

Este 23 de abril fue detenido en el aeropuerto venezolano de Maiquetía el ciudadano sueco, de origen colombiano, Joaquín Pérez Becerra. El comunicado oficial del gobierno que Usted encabeza, dijo que este periodista, y director de la agencia de noticias ANNCOL, era “requerido por los órganos de justicia de la República de Colombia, a través de INTERPOL, con difusión roja, por la comisión de los delitos de concierto para delinquir, financiamiento del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas.” Por lo cual se dispondría su extradición a Colombia.

Sorprendentemente, dos días después, el 25 de abril, el presidente de Colombia y ex ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, en declaraciones al diario El Tiempo de Bogotá, expresó: “el sábado llamé al presidente Chávez y le dije que un tipo muy importante para nosotros de las Farc llegaba en un vuelo de Lufthansa esa tarde a Caracas y que si lo podía detener. No titubeó. Lo mandó capturar y nos lo va a entregar.”

Ante esas declaraciones, queda una pregunta obligada: ¿El gobierno de Venezuela hizo un favor ilegal al gobierno de Colombia? Pues queda en evidencia que no existía la orden “roja” de la Interpol contra ese ciudadano. Si ella hubiera existido, Pérez Becerra habría sido detenido en Alemania, país donde embarcó hacia Venezuela, y que tiene uno de los mejores servicios de seguridad del mundo. O hubiera sido requerido por las autoridades de Suecia, donde reside, y ejerce una actividad periodística legal, así no guste al gobierno de Colombia, cuya persecución a periodistas críticos es bien conocida.

Presidente Chávez Frías:

Este lunes 25 de abril su gobierno envió a Pérez Becerra a Colombia. No se le permitió la visita de un abogado, ni la del cónsul de Suecia en Caracas. Así se violaron la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y tratados internacionales.

No es la primera vez que un revolucionario colombiano es deportado o extraditado a su país desde Venezuela. Otros ciudadanos, presuntamente miembros de las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional, ELN, y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, han sido ya entregados de manera expeditiva al gobierno colombiano, el cual, según Usted mismo lo repetía hasta hace pocos meses, es uno de los peores violadores a los derechos humanos en el mundo. Lo que es cierto, pues lo confirman centenares de informes de instituciones internacionales, incluida la ONU.

Entonces Usted puede imaginar muy bien qué suerte le puede esperar al ciudadano Pérez Becerra; y lo qué están viviendo los otros ciudadanos entregados por su gobierno a las autoridades colombianas.

Hasta el día de hoy, ningún gobierno europeo, y casi ninguno en el mundo, atendió los pedidos de extradición del gobierno colombiano contra sus opositores políticos, sean tildados como los tilde. ¿Por qué sí el de Venezuela?

Como bien sabe, hoy en día en Colombia y en muchos países, cualquier persona progresista es tildada de terrorista. Además, Usted y el Parlamento venezolano decretaron, en enero del 2008, que las guerrillas colombianas no eran organizaciones terroristas, sino combatientes revolucionarios. Así se les dio estatus político.

Si estas personas hubieran cometido delitos en el territorio venezolano, deberían ser sancionados por las leyes de este país, pero no entregados a unas autoridades que desde siempre han mentido, han manipulado la información, como Usted muchas veces lo ha dicho. Como Usted mismo lo ha sufrido.

Presidente Chávez Frías, esperamos que su gobierno rectifique ese rumbo nada decoroso para el proceso bolivariano que tanto defendemos, y que con orgullo queremos seguir mostrando,

Nos despedimos de Usted muy atentamente,

Primeras firmas:
Gilberto López y Rivas, antropólogo, México.
Hugo Moldiz Mercado, periodista, Bolivia.
Hernando Calvo Ospina, periodista, Colombia/Francia.

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¡Luchadores sociales, no arriesguen la vida, cuídense, no viajen, los pueden deportar y asesinar!

Pedro Echeverría (especial para ARGENPRESS.info)

1. Con la deportación a Colombia del periodista Joaquín Pérez Becerra por Hugo Chávez -mi más admirado líder antiyanqui de los últimos 10 años- mi vida de “viajero mochilero”, de observador de movimientos de protesta política, seguramente deberá terminar. ¿A dónde carajos viajar para conocer y sentir otras realidades, contando con seguridad y confianza, si se es radical anticapitalista, si se ha criticado con convicción a todos los gobiernos y no se está dispuesto a hacer concesiones? Quizá por ello –por no querer a ningún gobierno- el anarquista mexicano Flores Magón fue asesinado en 1922 en cárceles yanquis, con apoyo de la Presidencia mexicana de Obregón.

2. Desde hace 10 años, al radicalizar los yanquis su lucha contra el “terrorismo”, decidí no regresar más a ese país. En Europa, sobre todo en España, se agudizó la xenofobia contra Latinoamérica porque su pueblo se atrevió a criticar de genocida la conquista española; en África, desde que los musulmanes radicalizaron sus batallas, se arrojan bombardeos sobre ellos; y en América Latina, hasta Chávez –quien en mil ocasiones se pronunció por la liberación de los pueblos- para quedar bien con el gobierno asesino de Santos, el agente de los EEUU, entrega a periodistas rebeldes y guerrilleros. No me cabe duda que los yanquis –mediante terribles amenazas- han apretado todas las tuercas.

3. El periodista (no guerrillero) Pérez Becerra salió de Alemania y en ese instante se dio la orden a aprehenderlo en Venezuela. Si ésta forma de operación policíaca funciona desde hace más de un siglo, sólo habría que imaginarse hoy, cuando los imperios y los gobiernos lacayos cuentan con todos los medios para detectar cualquier cosa, hasta el caminar de cualquier insecto. Me imaginaba que sólo había control hacia personajes de enorme importancia; sin embargo ahora me entero que gobernación cuenta con todas las listas de pasajeros diarios, con los nombres todos de los que ingresan en cada país, de los días de estancia, de los hoteles donde se hospedan y de las actividades que realizan. También de más.

4. Nadie escapa de los ojos y oídos de Gobernación mexicana, pero sobre todo del imperio. La única manera de escapar de esa vigilancia en la que siempre está la INTERPOL, la CIA, el FBI, el Pentágono yanquis, es cambiándote de nombre, andando con pasaporte falso, no ocupar hoteles y de preferencia haciéndote algunas operaciones en el rostro y en el cuerpo. De todas maneras siempre tendrás un sabueso tras de ti con la orden de saber quién eres. Imagínate: basta una simple fotografía para que los espías pongan a andar sus máquinas hasta llegar a la identidad. Orwel, en su obra, aporta muchos elementos sobre el espionaje que sufrió durante 20 años.

5. Pero, como se ven las cosas, ni en el mismo México se podrá viajar, protestar contra el gobierno, agruparse e incluso publicar. Los EEUU del Obama y de la Clinton, ya dieron la orden: “delincuencia cero”, persecución contra el terrorismo, renovación del “Plan Colombia” y la “Iniciativa Mérida o Plan México”. El PAN y el PRI deberán aprobar de inmediato el “Plan contra la Delincuencia” dirigido contra la insurgencia que se fortalece contra Calderón y los yanquis. Por ello el valeroso David Venegas, de los luchadores sociales de Oaxaca, debe ir nuevamente a la cárcel. ¿Puede olvidarse que Flores Magón estuvo 20 veces en la cárcel durante el Porfiriato y la Revolución?

6. Todo ese aparato de espionaje –en el que México va muy avanzado desde que se instaló el dominio absoluto yanqui en el país- es la causa por el que el 99 por ciento de los “intelectuales, académicos, periodistas, incluso muchos que piensan”, prefieren cumplir solamente con lo que les piden sus jefes o simplemente se acomodan al rumbo que lleva el viento. ¡Imaginen nada más tener tres mil kilómetros de frontera con el país que se considera así mismo policía mundial! Esta vecindad es positiva y negativa, según el cristal: permite el desarrollo fronterizo, pero también facilita la entrada de millones de armas, de mercancías de contrabando, de basura contaminante y la salida de droga.

7. Así que el comportamiento de Chávez no debe extrañarnos. Hoy el imperio yanqui, aunque sigue siendo el más poderoso sobre la tierra, está desesperado bombardeando medio oriente y violentando la situación en América Latina con el fin de conservar su dominio. Buscará recuperar a los países de la esperanza: Venezuela, Bolivia, Cuba, usando y armando las oposiciones derechistas; pero donde domina totalmente como Colombia, México, Perú, Chile, Costa Rica, seguirá imponiendo sus medidas contra la llamada “delincuencia y el terror”. Por ese motivo, sin dejar de luchar y externar nuestras opiniones, debemos tener más cuidado y solidarizarnos como hoy, con “El alebrije”, David Venegas.

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Un jüdenrat entre los K

Jorge Altamira (especial para ARGENPRESS.info)

Desde el mismo momento en que una patota oficialista de la burocracia de la Unión Ferroviaria asesinó a nuestro compañero Mariano Ferreyra, el gobierno y el kircherismo apuntaron contra el Partido Obrero. La Presidenta tomó la delantera cuando aludió enseguida a una puerta de la secretaría de Educación de la Nación que habría sido rota por militantes de la FUBA o se fastidió contra los que manifiestan “con palos”; no tuvo una palabra contra la burocracia sindical, con la que se había codeado cinco días antes del crimen.

Haciendo gala de su hocico entrenado, el ministro Aníbal Fernández se empeñó en superar a su jefa en la competencia de diatribas. A la señora Presidenta y a su penoso ministro se sumaron luego los alcahuetes. La culpa no la tenían los asesinos sino la víctima; la tenían los compañeros de la víctima, el partido de la víctima y los dirigentes del partido en que militaba la víctima. Sesenta mil personas desmintieron, desde el primer día, en Plaza de Mayo, al oficialismo y a su ristra de alcahuetes. Otras cincuenta mil lo volvieron a hacer, poco después, en un festival en el que decenas de artistas condenaron a la patota oficialista criminal de la Unión Ferroviaria -entre ellos el portorriqueño Calle 13 y un video de Carlitos Tévez. En el escenario pudimos reivindicar lo que ningún gobierno hace, salvo el de Cuba, la libertad y el socialismo para Puerto Rico-.

Un largo mes más tarde, la Presidenta renovó sus planteos ante la familia de nuestro compañero, en una reunión sigilosa que se armó en la Casa Rosada – según pudo reconstruir Diego Rojas en su reciente libro “¿Quién mató a Mariano Ferreyra?”. La Presidenta en ningún momento aborda la cuestión de la burocracia sindical, ni hace la menor alusión a que la gente de Pedraza (y en aquel momento Pedraza mismo) seguía instalada en el ex Roca, en la Secretaría de Transporte y en el ministerio de Trabajo. La Presidenta sí repite, sin embargo, algunas provocaciones efectuadas antes antes por la ex fiscal del caso, Caamaño. Pablo Ferreyra, el hermano mayor de Mariano, le tuvo que pedir que “deje de lado al Partido Obrero” para atender al castigo de los culpables. La política de apaciguamiento de la burocracia, sin embargo, no ha ayudado mucho al gobierno: Hugo Moyano estuvo a un paso de hacerle una movida ‘destituyente’ frente a los balcones de la Rosada. Aunque lo usa para frenar los reclamos paritarios, es decir al servicio de los patrones.

El domingo 24/4 nos enteramos por una nota en La Nación, que José Pablo Feinmann, repite en un ‘libro’ que “Altamira tiene que cargar con el cadáver de Ferreyra”, al cual “mandó a cortar vías contra gente armada”.

Hay muchos militantes o intelectuales que se indignan ante esta insistencia en la calumnia, pero se trata es de caracterizarla. Es simple: el crimen de la burocracia de Pedraza pesa como un inmenso adoquín sobre las pretensiones progresistas de los K, y desnuda su necesidad de preservar la complicidad de la burocracia y la regimentación que ésta ejerce en el movimiento obrero. Mariano Ferreyra se yergue acusador contra el maridaje repodrido con la tercerización, con la gestión corrupta del ferrocarril, contra la tercerización de la represión a cargo de patotas reclutadas por la burocracia sindical. Mariano Ferreyra es la denuncia de una gigantesca impostura. El Partido Obrero es calumniado porque ha ido a la caza de los asesinos materiales, sociales y políticos de Mariano Ferreyra con todos los instrumentos de un programa revolucionario. No basta escupir a los Feinmann, hay que entender la infección que genera estas supuraciones.

Feinmann no es simplemente una chirolita de quienes lo bancan. Lo de Feinmann es una canallada. Feinmann sabe muy bien que el piquete de compañeros tercerizados desistió de cortar las vías, en Avellaneda, cuando advirtió la presencia de la patota, e incluso exigió a la policía, que acompañaba la situación, que dispersara a la barra brava de la burocracia. Lo mismo volvió a decidir, ya en Capital, cuando comprobó que la patota los venía siguiendo desde la provincia. Pasado el mediodía, el piquete de luchadores tomó una decisión más: dar por canceladas las posibilidades de realizar una jornada de lucha en ese 20 de octubre y dispersarse, en razón precisamente de la hostilidad de la patota de José Pedraza. El acto criminal de la patota no fue contra trabajadores que intentaban cortar vías sino contra quienes habían desistido de hacerlo; no fue contra trabajadores agrupados para defenderse sino con personas que se separaban; el crimen fue un acto que contó con la complicidad de la policía desde la propia jefatura; no fue una acción culposa sino homicida. El cordón que Mariano y otros compañeros formaron frente a la patota que venía a agredirlos, tenía el propósito de proteger a las mujeres y a los mayores. El crimen de la patota no fue provocado, fue premeditado. La caracterización de los hechos que ofrece Feinmann (Mariano fue ‘mandado’ a la muerte) es la del ideólogo del crimen, la del intelectual de la patota asesina.

Feinmann está embarcado en un emprendimiento macartista. Escribas como Feinmann adolecen de memoria - ¿no fue acaso la propia dictadura militar la que en forma reiterada responsabilizó a Madres y a Familiares de Desaparecidos de haber ‘mandado’ a la muerte a treinta mil luchadores argentinos por la educación o formación que recibieron en sus hogares? Los secuestros de bebés en cautiverio, ¿no fueron justificados, acaso, sino para evitar que tuvieran una educación ‘subversiva’ y un destino similar al de sus padres? El ataque de Feinmann al Partido Obrero y a Altamira es el de un deshecho intelectual. Feinmann escribe todo eso a sabiendas de que las patotas oficialistas de la burocracia asolan el territorio nacional – en Neuquén, en Santa Cruz, en el Hospital Francés, contra los huelguistas del Casino de Puerto Madero. ¿O cuando el kirchnerista Varizat atropelló a los docentes en una 4x4 en Río Gallegos tenía previsto herir sin matar? ¿Quién ‘mandó’ a Carlos Fuentealba a la muerte? ¿No había advertido Sobisch que no permitiría ninguna perturbación en ese fin de semana largo? ¿Quién ‘mandó’ a los Qom a ser asesinados por la policía de un kirchnerista precursor, el gobernador Insfrán? Feinmann sabe muy bien que los políticos del kirchnerismo reclutan punteros entre los barrabravas, como bien lo documenta Diego Rojas en su libro, donde incluye, entre ellos, al violento Carlos Kunkel. Es por eso que el asesino Favale aparece retratado junto al ministro Boudou en un una festichola, y también con la 6,7,8 Sandra Russo.

En este mismo momento miles de petroleros de Santa Cruz se han rebelado contra la burocracia sindical – con la cual la Presidenta había firmado un pacto social, el año pasado, con la advertencia maternal de que si cortaban rutas “los mato”. Son los Mariano Ferreyra y los ferroviarios del sur sublevados contra sus propios Pedrazas. Mientras Feinmann tomaba partido por la burocracia contra Mariano Ferreyra, el PO y Altamira, su ministro Carlos Tomada era pillado en una grabación telefónica conspirando con Pedraza para destruir al movimiento de tercerizados. Feinmann se reconoce a sí mismo como un miserable cuando no advierte que fue necesaria la muerte de nuestro compañero Mariano Ferreyra para que el gobierno incorpore a planta permanente a 3.100 trabajadores tercerizados. ¿Serán necesarias otras muertes para que ocurra lo mismo en las petroleras, en las telefónicas, en Edenor, en las mineras, en Siderar y en las plantas industriales de todo el país? Los compañeros petroleros del sur exigen un nuevo convenio colectivo, mientras que al gobierno K y a Repsol le interesa vaciar YPF para distribuir dividendos al amigo Eskenazi (para pagar lo que le prestó Repsol) y para rescatar a los accionistas españoles quebrados por la crisis hipotecaria de España.

A Feinmann le repugna que los obreros luchen; para el filósofo, la Argentina peronista es siempre una fiesta. Pero enfrente del luchador siempre hay alguien armado – en eso consiste el Estado. El viernes pasado, los esbirros de Assad mataron a cien sirios que participaban en las manifestaciones contra la dictadura. Algo habrán hecho. A principios de 2009 el gobierno de Israel masacró a cerca de dos mil civiles en Gaza; algunos intelectuales kirchneristas de la SEA se opusieron a condenar a Israel porque entendían que el conflicto era “complejo” y los palestinos tampoco eran inocentes. Feinman pregona la cobardía política en medio de una rebelión gigantesca de los pueblos árabes y de la represión brutal de sus gobiernos.

Me viene a la memoria la letra de la Marcha Fúnebre de la Revolución (rusa) de 1905: “Adiós camaradas, adiós corazones nobles/Caísteis en la lucha fatal/ víctimas de vuestro amor sagrado por el pueblo/Todo lo disteis por él, por su vida, sus honor, su libertad… / Adiós, camaradas, seguisteis un noble sendero…/Se acerca el momento en que el pueblo despertará, grande, potente y libre…/Adiós, camarada…”

Este 20 de abril se cumplió el sexto mes del asesinato de Mariano, pero también (entre el 19 y el 23) el 68 aniversario del levantamiento del gueto de Varsovia. Un levantamiento contra toda esperanza, que no buscaba la victoria sino la muerte digna; de un lado un puñado de judíos valientes, del otro los nazis. Entre los sublevados no había, por supuesto, ningún Feinmann. Pero sí los había en el gueto: eran las autoridades judías que colaboraban con los nazis y hacían las veces de informantes o carceleros de su propio pueblo. Los Jüdenrat (consejeros judíos) se opusieron al levantamiento judío con argumentos más plausibles que los de Feinmann, porque del otro lado había nazis, y el destino de un campo de concentración era una expectativa remota de vida. La base popular de los K no se merece un Jüdenrat.

La reflexión de Hegel acerca de la relación entre el amo y el esclavo está fuertemente inspirada por la rebelión de los esclavos y semi-libres negros en Haití. Hegel concluye que solamente es libre quien está dispuesto a entregar su vida para conquistar la libertad. De la escuela de Hegel se desarrolla el planteo de la libertad de Marx. A su hija, Marx le definió la felicidad como la lucha. Mariano Ferreyra pudo vivir su corta existencia como el ser libre de Hegel y de Marx.

Mariano Ferreyra, por la victoria, siempre!

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El cinismo como política

Damián Solanas (INFOSUR)

La gran mentira del pseudo progresismo instalado por los medios de comunicación oficialista.

Resulta escaso en los medios masivos de comunicación encontrar hoy un criterio de agudo sentido común que evalúe lo que ha dejado el PJ desde 2002, luego de casi diez años de gobierno. Hablamos, claro está, de los gobiernos en continuado de Eduardo Duhalde, de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández. Es que, en medio de un abundante palabrerío mediático de figuras intelectuales, de la cultura, de compañeros comprometidos en los peores momentos de la represión, entre otros, se apunta una y otra vez hasta el aburrimiento que “se debe defender el modelo progresista”, en otras palabras, defender un modelo de desarrollo con inclusión social…

A la luz de la realidad social del país y de la estructura económica nacional ¿qué intentan explicar estas personas cuando invocan “el modelo progresista”?

Sus fundamentos son apenas respetables en algunos casos, marcadamente desfachatados en otros pero, en verdad, todos guardan algo de cinismo…

Suelen festejar los anuncios altisonantes de tibios avances sociales a la vez que callan y hacen callar las denuncias por el continuo latrocinio imperante de los recursos estratégicos de la nación.

No omiten hablar de los muertos de la represión militar al mismo tiempo que esconden el rostro cuando se alza la voz por el legado vivo más representativo de la dictadura que fue y sigue siendo la ilegítima estatización de la deuda privada, pasivos de antaño de los actuales ganadores del “modelo progresista”.

Orgullosos de recuperar el manejo estatal de los fondos de los jubilados y pensionados evaden transparentar su gestión y rehúsan investigar a los responsables de semejante defraudación patrimonial a los trabajadores.

Siguen vanagloriándose por el crecimiento del PBI mientras los índices de desnutrición siguen en pie, alcanzando hoy a 700.000 personas.

Presumen tener más de 50 mil millones de dólares de reservas en el BCRA y en todo este tiempo no han modificado un ápice de la Ley de Entidades Financieras de la última dictadura, obstáculo legal para permitir el acceso de financiamiento barato para la compra de vivienda como para el desarrollo de PYMES.

Señalan infinitas veces, en cuanto acto aparezca, la importancia de aumentar el valor agregado de nuestras exportaciones mientras que los negocios que se terminan cerrando en el exterior son inversiones netas en actividades extractivas de recursos naturales.

Se jactan de haber aumentado el presupuesto de ciencia y tecnología a la vez que mantienen una dependencia estructural a los condicionamientos financieros impuestos por Banco Interamericano de Desarrollo.

Le objetan al grupo oligopólico Clarín la falta de pluralidad desde la efectiva puesta en práctica de medios públicos vedados a emitir voces diferentes a las del Gobierno Nacional

Finalmente, hacen llamar “modelo progresista” al que ha mantenido intacto en su seno la estructura impositiva de los noventa de estricto corte regresivo.

Ante tantas evidencias, se siente poco más que asombro no encontrar luces, pensamiento crítico refrescante dentro de las filas de personalidades ligadas a luchas sociales e intereses nobles de otrora. Y resulta peor, muy doloroso, recibir calumnias y golpes bajos de quienes sentimos una profunda admiración por su intransigencia en años difíciles, hoy devenidos en transigentes, de ciega obsecuencia en la línea de batalla del Kirchnerismo.

En honor a los conceptos, la verdadera razón que pesa en cada uno de los dirigentes y promotores mediáticos de este gobierno es que detrás del marketing político “nacional y popular”, en estos casi diez años de política pejotista, no ha habido cambios estructurales genuinos que definan un rumbo “progresista”. En breves palabras, en lo económico, no se ha cambiado lo que se produce, ni cómo se distribuye, ni cómo se intercambia con el mundo. En tanto que, en lo social, no se ha formulado un programa de reparación acelerada de las inequidades provocadas por el auge del paradigma neoliberal en la Argentina.

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Savonarola

Miguel A. Semán (APE)

Desde hace 3 años funciona en Mendoza el programa Creciendo juntos, también llamado “Los minipolicías”. Lo coordina el comisario general retirado Pedro Jiménez y participan en él alrededor de 4000 chicos de barrios pobres, de entre 7 y 14 años, que reciben instrucción policial. El ministerio de Seguridad provincial del que depende el programa le restó importancia al tema; según ellos la instrucción policial es mínima y “parecida a la que reciben los boy scouts”.

En diciembre de 2010, tras la inspección ocular realizada por el Tribunal Oral Federal Nº 1 al Museo Policial se ordenó retirar del mismo el cuadro del vicecomodoro Julio César Santuccione, jefe de la policía de la provincia durante la dictadura militar. “Fue una cuestión que se nos pasó”, dijo el ministro de seguridad, restándole importancia al tema, como si hablara de un almanaque viejo y no del retrato de uno de los responsables del genocidio en Mendoza.

Santuccione tiene mucho que ver con la policía mendocina y su historia arranca con la destitución del gobernador Alberto Martínez Baca en 1974, sigue con la intervención de Antonio Cafiero y se extiende a lo largo del Proceso de Reorganización Nacional. Durante su gestión funcionaron dos grupos parapoliciales. El Comando Anticomunista de Mendoza y el Comando Moralizador Pío XII. El primero luchaba contra la penetración marxista y el segundo contra las prostitutas, los homosexuales y todo lo que afectara “las buenas costumbres y la moral pública de una sociedad decente”. Para lograr sus fines se valían de “látigos de tiento, cadenas, garrotes de goma, cartuchos cargados con sal y de un perro doberman, adiestrado especialmente para desnudar personas, que respondía al nombre de Savonarola”.

Así contado podría haber sido el argumento de una comedia de Mario Moniccelli, pero a los amos de Savonarola se les ocurrió salir a matar gente de verdad. En mayo de 1975 cometieron por lo menos 10 asesinatos, entre prostitutas y personas vinculadas al ambiente de la prostitución. Estos casos sacaron a la luz otras ocho muertes ocurridas entre mediados del 74 y los primeros meses de 1975. Todas con las mismas características: ejecuciones a sangre fría, víctimas relacionadas con la prostitución y cadáveres arrojados en zonas montañosas. Durante el resto del año, con algunos intervalos, siguieron las muertes y los atentados,. Finalmente en marzo del 76 Videla abrió las compuertas y los comandos se lanzaron con impunidad a la caza de obreros, estudiantes, dirigentes de base y, por supuesto, prostitutas.

Han pasado casi cuarenta años. Los comandos ya no existen y Savonarola se habrá muerto, pero las prácticas perduran intactas. No sólo lo demostró el crimen del estudiante Sebastián Bordón en octubre de 1997. Decenas de denuncias lo confirman. Las desapariciones de los albañiles Baigorria y Garrido en 1990. La de Cristian Guardati en 1992. Los apremios, amenazas y vejaciones sufridas por Marcelo, Natalia y Cristian Díaz de 18, 14 y 10 años, en 1994. Las violaciones de Silvia Bogado en 1995 y de Gabriela Montenegro en 1997. El homicidio de Walter Yañez de 19 años, en marzo de 2001. La muerte de Jorge Frías en la comisaría de Guaymallén en junio de 2002. La lista es larga y continúa. Cada tanto se suma un nuevo crimen protagonizado por algún policía ingresado a la fuerza mucho después de la era Santuccione pero que, sin duda, ha mamado la misma doctrina de brutalidad y barbarie.

Nada es casual. Nada pasa porque sí en Mendoza ni en ningún lugar del mundo. Todavía no se ha inventado el disparate perfecto ni el olvido inocente. En diciembre de 2007, Celso Jaque recién asumía como gobernador y desde su propio partido le cuestionaban sus posiciones derechistas. Un periodista de La Nación se lo hizo notar y Jaque contestó: “Soy mendocino, y los mendocinos somos conservadores”. Hace 35 años Videla decía: “El enemigo es apátrida”. En idioma castrense significaba lo mismo.

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Argentina: Privación de la patria potestad a los femicidas

Alejandra Waigandt (ARTEMISA)

La privación de la patria potestad a los femicidas se debatió en el Congreso nacional el 12 de abril, conjuntamente con la incorporación del delito de femicidio en el Código Penal, y otros temas vinculados a la prevención de la violencia de género y su sanción.

Las familias de las víctimas de femicidas como Pedro Rudecindo Adorno, José Jacinto Arce o José Manuel Zerda, están luchando para que estos criminales pierdan la patria potestad sobre sus hijos e hijas, de manera que no sean criados por los asesinos de sus madres. Al mismo tiempo, organizaciones de la sociedad civil están exigiendo que se modifique el Código Civil y se incorpore el femicidio como causal de privación de ese instituto.

Este tema se trató por primera vez en el Congreso nacional el 12 de abril, en el marco de una audiencia convocada por la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, para debatir distintos aspectos de la violencia de género, entre ellos la privación de la patria potestad para los femicidas, como un modo de proteger a sus hijos e hijas de la violencia machista. Pero para avanzar en ese sentido, es necesario que la figura de femicidio ingrese al Código Penal.

Actualmente el Código Civil en su artículo 307 establece causales que permiten privar de la patria potestad a los padres que dañan a sus hijos moralmente y psicológicamente, que es lo que ocurre cuando éstos asesinan a sus madres. Sin embargo, la justicia no suele aplicar este mandato. Frente a la gravedad de este tema, organizaciones como La Casa del Encuentro, el Colectivo de Mujeres Juana Azurduy, el Centro de Estudio para el Desarrollo de la Mujer y Fundación Mujeres en Igualdad, en conjunto con representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, impulsan la modificación de ese mandato, para establecer claramente que los padres imputados por el asesinato de las madres de sus niños y niñas quedarán privados de la patria potestad hasta la realización del juicio, instituto que perderán en forma definitiva al resultar condenados. Pero la pelea de estos sectores va más allá, el nuevo mandato dispondrá además que la gurda de los niños y niñas quede a cargo de los familiares no involucrados con el femicidio.

Paralelamente se debate la posibilidad de tipificar el delito de femicidio, incluyéndolo en el Código Penal como figura autónoma, de manera de endurecer las penas siendo un agravante de la violencia de género. También para incluir los asesinatos de mujeres perpetrados por sus novios, que actualmente son condenados por homicidio simple, porque escapan a la categoría de delito de homicidio agravado por el vínculo, según explica a Artemisa Noticias Fabiana Túñez, de la Casa del Encuentro. 'Si queremos hacer estadísticas oficiales sobre femicidios, tiene que quedar claro que el homicidio por violencia machista existe', precisa Túñez.

La Casa del Encuentro aporta datos representativos sobre los casos de mujeres asesinadas por sus parejas, ex parejas u otros familiares, a través del Observatorio de la Sociedad Civil de Femicidios en Argentina Adriana Marisel Zambrano. En 2010 los femicidios llegaron a 260, y durante los tres meses que transcurrieron de este año se registraron 83 casos, 14 de los cuales corresponden a mujeres que murieron incineradas, según este Observatorio.

Túñez destacó el consenso que hubo sobre la tipificación de la figura de femicidio en la Comisión de Legislación Penal, que consiguió que concurrieran diputadas y diputados de la mayoría de las fuerzas políticas. 'Empezó el debate y eso es muy positivo, hubo aportes transversales de todo los bloques', dijo la activista que señaló los otros temas vinculados a la violencia machista: 'El aborto clandestino, registro de golpeadores, asignación económica y habitacional para mujeres en situación de violencia. Esta batería de cuestiones no se quedaron sólo en el tema de la sanción, se busca además la educación, la prevención, la asistencia y también la justicia'.

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Qom: huelga de hambre en la 9 de Julio

LAVACA

Félix Díaz está sentado en una silla, cabeza gacha, rodeado de gente, seguramente con hambre. Desde el lunes a las 19 horas ha decidido, junto a los 46 vecinos qom que lo acompañan desde hace cinco meses en pleno centro porteño, no probar bocado hasta que haya respuestas a sus reclamos. También han cortado la mitad de la Avenida 9 de julio. Ahora es mediodía y acaba de llegar la Policía Federal en dos patrulleros, un carro hidrante y un colectivo. Los oficiales, de traje, se le acercan a Félix y empieza la negociación por el corte de calle.

De los DNI quemados, de las casas quemadas por la policía de Gildo Insfrán en Formosa, de los terrenos y el río usurpados, los derechos indígenas, etc, no hay negociación, hasta ahora… Está Nora Cortiñas y otras representantes de Madres de Plaza de Mayo. Hay algunos canales de televisión, y otros medios más independientes. Unos y otros acercan micrófonos y grabadores a Félix y sus hermanos, que repiten acaso lo mismo que hace 5 meses, en el mismo lugar, con la misma indiferencia: “Decidimos tomar esta medida porque ningún funcionario nos recibe, siquiera nos dan respuestas”.

¿A quién se acusa?

Hasta ahora, los únicos imputados por la causa de la represión del 23 de noviembre de 2010 en la Colonia La Primavera, Formosa, que dejó dos muertos del pueblo qom, son los propios indígenas.

Siguen las conversaciones en la 9 de Julio. La Policía Federal se forma a metros de estas carpas, frazadas y palos que se cruzan en un intento desesperado de vida. El comisario se acerca otra vez (se acerca cada tanto) e interpela a Díaz: “Vení, vamos a hablar adentro de la carpa más tranquilos”. Díaz no sospecha quizá porque nadie le pidió de hablar en estos 5 meses. Nora Cortiñas está a mi lado y me dice: “Este es un trucho”.

Al rato, lavaca pudo dialogar con el propio Díaz.

-¿Qué hablaron, Félix?

Félix: Me pide que liberemos al menos un carril de la Avenida, que él nos lleva hasta el Ministerio para hablar.

Nora: Te dije que era un trucho.

Promesas

Cerca de las 12,30, media 9 de Julio está ya abierta. Los comisarios vuelven a acercarse: ahora quieren toda la calle.

Félix se niega, se va, se sienta junto a sus compañeros en el medio del corte. Lo acompañan no más de 50 personas, entre hermanos, periodistas, militantes, curiosos. Nora repite que no hay que retirarse hasta que alguien los reciba.

Daniel, otro integrante de la Comunidad, recuerda a los amnésicos que esto mismo (corte de calle, huelga de hambre) viene ocurriendo hace largos meses. Tampoco hubo respuestas. En un momento se retiraron y concluyeron la huelga ante la promesa del Ministro del Interior, Florencio Randazzo, de recibirlos. Jamás lo hizo ni volvió a comunicarse.

-¿Qué lograron en estos 5 meses de acampe?

Daniel: Cinco DNI repuestos, de 19 que nos quemaron allá en Formosa, y de los 14 que faltan todavía no sabemos nada. Sobre la devolución de las tierras, tampoco.

Mientras tanto…

Parece increíble pero suena un celular, al lado, y le avisan a Félix que la Gendarmería está sobre la ruta 11, allá en Formosa, y hay tractores que empezaron ya las obras de una universidad en las tierras ancestrales que la policía, el gobierno de Gildo Insfrán y el nacional les quitaron a estos habitantes y por las que comenzó todo el conflicto.

Pasadas las 13 la Policía da media vuelta y se retira. Sólo quedan algunos que regulan el descontrolado tránsito (muchos autos pasan y agitan la bocina en señal de apoyo) y los comisarios (que esperan que Díaz se aparte del montón y reanudar la negociación).

Entre tanta nada, llega una buena: integrantes del Ministerio Público de la Defensa de la Nación acercan una respuesta cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la denuncia presentada el 23 de noviembre por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS): la CIDH exige al Estado argentino que proteja a los miembros de la Comunidad Qom “La primavera”. Algunos de los puntos del comunicado:

La CIDH solicitó al Estado argentino que “adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física” de los miembros de la comunidad.

Para la Comisión, el Estado argentino debe proteger a los indígenas “contra posibles amenazas, agresiones u hostigamientos por miembros de la policía, de la fuerza pública u otros agentes estatales”.

También exhortó al Estado a garantizar el retorno a Formosa del referente de la comunidad Félix Díaz y su familia en condiciones de seguridad.

Además, la Comisión solicita al Estado Argentino que informe “las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares”.

El papel circula entre los qom hasta que uno llama a todos y lee en voz alta. Terminan celebrando con un grito esta medida cautelar, aunque luego Félix dirá a lavaca: “No es garantía de nada”.

La frase siguiente enseña que no debe esto leerse con mala intención: “No queremos que nos pongan una camiseta, necesitamos crecer solos. No queremos andar mendigando: tenemos derechos”.

Sin respuestas

Estas son todas las acciones jurídicas y cartas enviadas que nunca fueron respondidas:

Amparo que tiene que resolver la Corte Suprema de Justicia de la Nación, presentado por la Defensoría General de la Nación

El 15 de febrero algunos organismos de derechos humanos entregaron 8 notas dirigidas a distintos funcionarios:

- Presidente de la Nación
- Gobernador de la provincia de Formosa
- Secretario de Derechos Humanos de la Nación
- Ministro de Seguridad
- Ministro de Acción Social
- Administración General de Parques Nacionales
- INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas)

El 15 de abril se entregó una carta firmada por 38 diputados y 3 senadores dirigida a la Presidenta de La Nación, pidiendo que reciba a los qom. Hasta ahora no lo hizo.

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Argentina. Cortes en Formosa en adhesión a la huelga de hambre qom. Pereyra: “Nuestra lucha desnuda la impunidad, la hipocresía del poder”

Carlos Saglul (ACTA)

El líder de la comunidad qom Félix Díaz, acompañado por no menos de dos docenas de integrantes de esa etnia reinició una huelga de hambre para exigir ser escuchado por las autoridades locales y nacionales. En Formosa, la comunidad adhirió con distintos cortes. Abelardo Pereyra referente de la comunidad y la CTA dijo a ACTA: “pedimos por nuestra tierras, justicia para nuestros hermanos asesinados. Los oídos sordos de los gobiernos denudan la impunidad, la hipocresía del poder”.

El 23 de noviembre pasado, después de cuatro meses de cortes intermitentes en la Ruta Nacional 86, cerca de Laguna Blanca, en el norte de la provincia de Formosa, la policía provincial desalojó la protesta de los indígenas, en un operativo de represión que concluyó con la muerte de dos personas. Desde ese momento, Díaz, acompañado de varios miembros de la comunidad, acampan 9 de Julio y Avenida de Mayo, en espera de que el gobierno nacional, los escuche.

He aquí parte del diálogo telefónico mantenido con Abelardo Pereyra:

¿Qué hace que no los reciban las autoridades? El gobierno alega que el tema de las tierras es una cuestión judicial.

Justicia e impunidad son cosas distintas. ¿Quien puede discutir la titularidad de las tierras que ancestralmente fueron nuestras. Toda la legislación local e internacional esta a nuestro favor. Lo que pasa es que enfrentamos la impunidad de gobiernos más amigos de las trasnacionales y los terratenientes que de los pueblos originarios.

¿Qué medidas están tomando?

Anoche decidimos cortar en el barrio Qom y medidas similares tomaran los hermanos de Las Casas y las Lomitas. La idea es que la protesta llegue tanto al gobierno local como al nacional.

Tierra y vida son sinónimos para los qom.

La tierra es la Pachamama, es la madre que te cuida y te alimenta. ¿Quién podría maltratar a un madre?. En cambio para los otros, los que tienen el poder la tierra solo significa ganancia. Para nosotros es la Vida, para ellos solo la posibilidad de ser más ricos. Y por ello, como han demostrado están dispuestos a robar y matar. Han robado nuestras tierras, matado los hermanos, quemaron las casas y ni siquiera nos recibe la Presidente. Alli en la Capital Federal están los hermanos, hicieron una huelga de hambre hasta el límite de sus fuerzas. Ahora vuelven con la misma medida, junto al corte. ¿Qué necesitan para escucharnos los blancos que están en el poder, otro muerto?.

¿Cómo sigue esa resistencia de la que usated habla?

La impunidad existe porque los asesinos están amparados por el poder. ¿Qué más nos pueden hacer?. Vamos a resistir junto a la CTA, a la solidaridad de cientos de compañeros que se han acercado en estos días. Nuestra lucha desnuda la impunidad de los poderosos. Parecemos débiles, pero hay mucha verdad en esta lucha y eso nos hace fuertes.

Reclamo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pidió al Estado argentino adoptar las "medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física” de la comunidad qom (toba) “La Primavera”, se informó a través de un comunicado.

La CIDH hace referencia al cacique qom Félix Díaz, quien encabeza cortes a la avenida 9 de Julio en la ciudad de Buenos Aires, en reclamo de 1.300 hectáreas en la provincia de Formosa.

Además, Díaz, junto a otros qom iniciaron una huelga de hambre en el acampe ubicado en el cruce de las avenidas de Mayo y 9 de Julio de la Capital, dondepermanecen instalados desde diciembre último.

A través de una resolución firmada el pasado 21 de abril, la CIDH concedió las medidas cautelares solicitadas por la comunidad, que contó con el patrocinio de la Defensoría General de la Nación y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), informaron fuentes del ministerio Público.

Para la Comisión, el Estado argentino debe proteger a los indígenas “contra posibles amenazas, agresiones u hostigamientos por miembros de la policía, de la fuerza pública u otros agentes estatales”.

La CIDH también exhortó al Estado a garantizar el retorno a Formosa del referente de la comunidad Félix Díaz y su familia en condiciones de seguridad. Las medidas cautelares fueron pedidas luego del desalojo y la represión que sufrió la comunidad los días 23 y 24 de noviembre de 2010.

Como resultado de ese operativo, recuerda la CIDH, dos personas murieron, hubo decenas de heridos de gravedad y se produjeron detenciones de niños, niñas, mujeres embarazadas y ancianos integrantes de la comunidad.

Además fueron incendiadas las casas de los comuneros, ocasionando la pérdida de sus objetos personales y documentación.

Por otra parte, la CIDH pidió información al Estado argentino sobre “las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares”, ya que la causa penal abierta tras la represión se tramita ante la justicia provincial y hasta ahora los únicos imputados son indígenas.

La decisión de la CIDH abre "una nueva instancia de diálogo" entre los indígenas, el Estado federal, y la provincia de Formosa para encontrar una solución al conflicto, agregó el texto.

A partir de la intervención de la Comisión todas las medidas que se adopten deberán ser acordadas con los miembros de la comunidad y sus representantes, finalizó la Defensoría General de la Nación, en un comunicado.

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Argentina, Provincia de Buenos Aires, Quilmes: Justicia para los pibes asesinados en la masacre de la comisaría primera

ACTA

Una delegación de la Comisión Ejecutiva de la CTA de Quilmes encabezada por su Secretaria de Derechos Humanos, María Lagouarde, participó el 21 de abril de la Marcha reclamando Justicia por los pibes masacrados en la Comisaría Primera de esa localidad.

"Por Manuel, Diego, Matías y Miguel, no dejaremos de luchar hasta que los responsables estén en la cárcel", afirmaron.

Familiares y amigos de los cuatro jóvenes que murieron quemados en la sede de la seccional Primera de Quilmes el 20 de octubre de 2004, marcharon en compañía de organismos de derechos humanos hasta el palacio de los Tribunales Penales locales para exigir que se fije la fecha del Juicio Oral que deberán enfrentar los once policías imputados de esos crímenes, entre ellos el entonces jefe de la dependencia, Juan Pedro Soria.

La instrucción ha sido cerrada y tras seis años y medio de espera, si bien hay elevación a Juicio Oral, no hay fecha de inicio.

Todos los efectivos que ese día participaron con diferentes grados de responsabilidad en los hechos que terminaron con la vida de los cuatro adolescentes –de entre 15 y 17 años- permanecen libres, y algunos de ellos han seguido en la fuerza durante algunos lapsos de tiempo.

El 20 de octubre de 2004, un incendio producido en un calabozo de Sarmiento y Alem, acabó con la vida de Elías Giménez, Diego Maldonado, Miguel Aranda y Manuel Figueroa. Ahora, serán los integrantes del Tribunal en lo Criminal Oral 3, doctores Alicia Anache, Armando Topalián y Alejandro Portunato, quienes deberán dictar veredicto sobre los once policías acusados.

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Argentina, Santa Fe. Juicio Díaz Bessone: “Fue un infierno, (los torturadores) disfrutaban lo que hacían”

REDACCION ROSARIO

Adrián Sánchez, ex detenido de la última dictadura, declaró ayer por teleconferencia desde Londres que “los monstruosos crímenes que juzga este tribunal son imprescriptibles porque constituyen crímenes de lesa humanidad”.

Sánchez, quien reside en Londres y declaró desde el consulado argentino en la capital inglesa en el juicio por la causa Díaz Bessone que lleva adelante el Tribunal Oral Federal Nº2 (TOF2), contó que fue secuestrado el 22 de febrero de 1977 cuando ingresaba a su domicilio de calle San Martín al 3300 de esta ciudad, en la zona sur de Rosario.

Sobre su estadía en el campo de concentración sostuvo: “Fue un infierno, (los torturadores) disfrutaban lo que hacían”.

“El grupo de detención estaba vestido de civil, portaba armas de alto calibre, fui esposado de pies y manos y llevado a un coche donde me pusieron en la base, y dos de las personas que estaban atrás pusieron sus pies en mi cabeza y me pegaron culatazo en la cabeza”, detalló el testigo.

Al momento de su detención Sánchez tenía apenas 16 años y militaba en la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) de Rosario, recordó este martes.

“Permanecí desaparecido por más de cuatro semanas, en el Servicio de Informaciones (SI) estuve unos cuarenta días, en (la cárcel de la localidad santafesina de) Coronda completé veintidós meses”, indicó ante el TOF2 vía teleconferencia.

En el SI, un área de la policía rosarina, funcionó el principal centro clandestino de detenciones durante la última dictadura en el sur de la provincia de Santa Fe, por donde se estima que pasaron entre 1.800 y 2.000 detenidos-desaparecidos.

En su declaración, el testigo Sánchez sostuvo que “el secuestro, tortura y apremios ilegales estaban relacionados con mis actividades políticas en la escuela secundaria en ese momento”.

“Me trasladan a la jefatura de policía, estaba vendado, me atan a una cama de metal, entraba y salían personas, 5 ó 6 estaban presentes durante las sesiones de torturas”, precisó.

“La tortura era con picana, golpes de puño en el estómago, la venda se aflojó un poco y pude ver al Ciego Lofiego torturándome”, dijo Sánchez.

José Rubén "El Ciego" Lofiego es uno de los ex policías imputados en el juicio oral y público por la causa Díaz Bessone, junto a Ramón Rito Vergara, José Carlos Scortechini y Mario Alfredo Marcote.

También están imputados el ex jefe del II Cuerpo del Ejército durante la última dictadura, Ramón Genaro Díaz Bessone, y el civil acusado de complicidad con la represión ilegal, Ricardo Miguel Chomicky.

En su declaración de hoy, Sánchez también identificó a otros de los miembros de “la patota” que actuó en el SI. “El Cura se acercaba, tenía algo colgando del cuello, creo que era una cruz”, dijo sobre Marcote, cuyo nombre de guerra durante la represión era “El Cura”.

“Otra persona me puso polvo en la nariz, dijo que lo respirara que me iba a ayudar con el dolor”, amplió Sánchez.

“Me desvanecí, alguien me levanta la venda y era Ricardo Chomicky, quien me instó a que colaborara, porque íbamos a tomar mates y salir a marcar gente, me pegó un puñetazo, bajó la venda y se fue”, contó.

“Los apremios continuaron, luego eran más esporádicos, fue un infierno, disfrutaban de lo que hacían”, narró Sánchez sobre los torturadores.

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Argentina, Chaco. Administración Tributaria Provincial: El 70% de los empleados tiene algún tipo de parentesco entre sí

CHACO DIA POR DIA

El titular del organismo, Ricardo Pereyra, reconoció esta realidad en medio de la polémica iniciada por el Sindicato de Empleados de Rentas tras la denuncia por irregularidades en el examen de ingreso rendido por hijos de los trabajadores.

En la Administración Tributaria Provincial (ATP) el 70% de los empleados tiene algún parentesco familiar entre sí. Así lo reconoció el titular del organismo, Ricardo Pereyra, en medio de la polémica iniciada por el Sindicato de Empleados de Rentas (SiEmpRe) tras la denuncia por irregularidades en el examen de ingreso tomados a los hijos de los trabajadores.

“Quiero aclarar que este examen no fue un concurso fue un examen entre hijos de los empleados de la ATP. En la ATP el 70% están vinculados sanguíneamente. Es decir que son parientes: maridos, esposas, sobrinos, hermanos. Creo que el reclamo había que analizarlo globalmente. En realidad el pedido es por la incorporación de más hijos pero habría que evaluar la correspondencia o no de ese reclamo”, sostuvo Pereyra en declaraciones a RADIO CIUDAD.

En relación al polémico examen, señaló que es “un reclamo gremial que no nos oponemos a ninguna manifestación, lo que no significa que la compartamos”. “Si correspondieran y si fueran ciertos hay organismos superiores que tomarán las medidas, y mientras no ocurra eso creo que nos asiste la razón. Mientras tanto nosotros seguimos trabajando, sin pedir nada”, indicó Pereira.

“Yo no tengo el resorte en lo que hace a recursos humanos, esto es algo que excede al Administrador de la ATP. Legalmente un empleado se incorpora a la administración pública con un decreto que firma el gobernador, que le habilita a un contrato. Esto no es un recurso mío, y creo que en este caso está mal direccionado el reclamo”, sostuvo el funcionario.

Cabe recordar que el sindicato que lidera Raúl Sánchez denunció ante la justicia tanto al administrador como al ministro de Economía por avalar el ingreso de personas que, según la dirigencia de SiEmpRe no aprobaron el examen de admisión a la ATP o directamente no reunían los requisitos exigidos por ley. Todo esto en desmedro de otros postulantes que, de acuerdo al sindicato, tenían todos los elementos para ingresar pero no lo hicieron por estar vinculados con el sindicato que es opositor a la UPCP dentro del organismo.

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Argentina: Cuatro ambientalistas a juicio

BIODIVERSIDADLA

El 4 de abril la Asamblea El Algarrobo informa desde Andalgalá, Catamarca, que cuatro de sus miembros fueron notificados de la elevación a juicio oral de las causas que se les iniciaran por el entorpecimiento del normal funcionamiento del transporte por tierra tras realizar un bloqueo en una huella minera. Entrevista a Aldo Flores (63), profesor universitario, referente de El Algarrobo y uno de los activistas procesados por la Justicia.

P: En su opinión, ¿por qué cree que va a ser enjuiciado?

R: Es una cuestión más política que por los delitos que uno cometió... No son delitos: lo que ellos catalogan como delitos no son tales. Nosotros estamos defendiendo el agua, la vida y el derecho a vivir en un ambiente sano. Creo que la ley nos ampara en todo esto. No cometemos ninguna otra clase de desmanes.

P: ¿Cuáles son los delitos que se le imputan?

R: Corte de ruta, agresiones que nunca se comprobaron y daño a la propiedad privada. Nunca hicimos corte general; nosotros hacemos cortes parciales. Tenemos testimonios de la policía misma. Estábamos a orillas del camino. Nunca tuvieron testigos de las agresiones que nos imputan. Alguna vez anduvimos por los cerros verificando los daños que están haciendo. Ellos se apropiaron de todo nuestro cerro, de nuestros pasos que eran libres para todo el mundo.

P: ¿Está preparado para enfrentar un sistema jurídico que puede no darle la razón?

R: Yo no me preparo para esto. Creemos en la voz del pueblo. Nos pueden enjuiciar o meter presos, pero no van a acallar la voz de todo un pueblo. ¿Cómo temerle a este sistema jurídico que está al servicio de este sistema económico?

P: ¿Cuenta la Asamblea El Algarrobo con algún asesor legal? Durante el último encuentro de la UAC (Unión de Asambleas Ciudadanas) se debatió la importancia de crear una comisión específica que asesore a los asambleístas en las diferentes situaciones que atraviesan durante las acciones de lucha.

R: Pero no se concretó. Tenemos una abogada que se prendió en la causa. No es una abogada que mira desde el exterior, desde una cuestión de trabajo, sino de compromiso. Ella se la rebusca, ve la forma de contactarse con algunos otros abogados y está llevando más o menos bien al tema.

P: Y en lo inmediato, ¿piensa que el número de militantes procesados irá en aumento? ¿O es posible esperar algún cambio radical en la forma en que se abordan estos conflictos?

R: Sí, es posible que se sigan sumando casos. Nosotros queríamos un cambio en el Gobierno de nuestra provincia... Se hizo el cambio pero está en sintonía con el Gobierno nacional. Para el Gobierno nacional la minería es política de Estado: seguramente la gobernadora va a intentar seguir ese camino. Le mandamos una nota pidiéndole que venga y se entreviste con nosotros para que vea con sus ojos, no desde una oficina, dónde están ubicados los proyectos mineros, que están cerca. Solamente con ver el nevado que tenemos en la cabecera de nuestro departamento se debería horrorizar por el proyecto que va a destruir esos glaciares que hay ahí. No creo que con este nuevo Gobierno las causas disminuyan.

P: ¿Cómo sigue su causa?

R: Todas las causas están apeladas. Yo tengo como quince causas. Realmente no le presto atención a todo esto... Lo maneja la abogada. Estoy por fuera de la cuestión jurídica y no creo en eso. A veces me llaman para que me presente y ni voy; no asisto a las citaciones de la policía. Ya me pintaron los dedos un par de veces... ¿Para qué?

Esta entrevista fue realizada por el Observatorio de Conflictos por los Recursos Naturales (OCRN) en alianza con Acción por la Biodiversidad.

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Argentina, Mendoza: 200 periodistas se reunieron para defender sus derechos

MDZOL - ACTA

La cita fue el lunes a la noche en el Círculo de Periodismo. Había representantes de todos los medios masivos. Se comprometieron a luchar por la no implementación de un nuevo convenio acordado entre el Sindicato de Prensa de Roberto Picco y las empresas de medios. La cita -por el número de presencias- configura un hecho histórico.

El lunes a la noche se reunieron alrededor de 200 trabajadores en el Círculo de Periodistas de Mendoza. Había presentes reconocidas caras, voces y firmas de todos los grandes medios de comunicación de la provincia y también de ámbitos institucionales de la comunicación y algunos estudiantes de periodismo.

Movilizó a los trabajadores de prensa la aparición de un nuevo convenio (elaborado por dueños de medios y el Sindicato de Prensa que conduce Roberto Picco) para los trabajadores de prensa, que asume la intención de modificar el aún hoy vigente 17/75.

La reunión se desarrolló en el Círculo de Periodistas (Godoy Cruz 166, de Ciudad), desde las 23 del lunes y hasta alrededor de las tres de la mañana de ayer.

Aquí, en formato de crónica, un comunicado elaborado por la asamblea que ayer constituyeron los trabajadores de medios y que fue subido a la red social Facebook.

“Hartos de ser testigos pasivos de cómo poco a poco iban cayendo sus derechos como trabajadores, los periodistas de Mendoza decidieron cambiar de postura y actuar para pedir una verdadera representatividad por parte del sindicato de prensa.

“Cerca de 200 periodistas de todos los medios mendocinos e institucionales y algunos estudiantes de periodismo, se reunieron anoche para analizar cómo actuar luego de que el sindicato que los nuclea actuara nuevamente a sus espaldas firmando convenios con las empresas sin ponerlos a revisión de los empleados.

“Todo comenzó la semana pasada cuando el sindicato pretendió que uno de los miembros paritarios de Diario UNO firmara un acuerdo al que la entidad gremial había llegado con la empresa. Sin embargo, al ver el escrito, el empleado notó que lo que el sindicato había presentado era un convenio para todos los trabajadores de la prensa mendocina que pretendía dejar sin efecto el Convenio Colectivo 17/75 que es el que hasta ahora rige a la profesión.

“Este convenio, además de ser un modelo ya que fue redactado por periodistas, plantea un sueldo inicial que se calcula en base al salario vital y móvil, impidiendo que la remuneración de los trabajadores quede por debajo de los índices inflacionarios.

“Esa acción fue tomada por los periodistas como una deslealtad por parte del sindicato y se llamó a una asamblea general de trabajadores de prensa para decidir de qué manera se iba a impedir que los dirigentes gremiales continuaran negociando en nombre de los trabajadores pero a favor de las empresas.

“Entre las diversas mociones presentadas en la asamblea se aprobó la presentación de un escrito pidiendo la nulidad del convenio que el sindicato pretende imponer, así como también declarando la plena vigencia del 17/75.

“También se aprobó solicitarle al Ministerio de Trabajo la intervención del sindicato y realizar una marcha desde la sede de la secretaría de Trabajo en Mendoza hasta el sindicato y presentar allí, frente a escribano público, el pedido masivo de afiliación a la entidad gremial.

“Esto se debe a que la mayoría de los periodistas no forma parte del sindicato por lo cual no se puede solicitar el llamado a elecciones de una nueva comisión directiva que represente fielmente a los trabajadores, lo cual constituye el objetivo primordial de la asamblea.

“Finalmente, se conformó una comisión integrada por dos miembros por cada medio, incluyendo a los periodistas institucionales y a los desocupados, para trabajar en forma conjunta y permanente junto con el abogado asesor de la asamblea, Adolfo Marengo.

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Advierten sobre privatización de estatal del cobre en Chile

PL

Los directivos de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) están creando las condiciones para privatizarla, advirtieron hoy aquí trabajadores, especialistas y líderes sindicales chilenos.

Según el economista Julián Alcayaga, la estrategia del presidente ejecutivo de la empresa, Diego Hernández, está orientada a la privatización a partir de presentar primero una imagen exitosa de la estatal, seguida de otra quiebra.

"Presentan éxitos maquillando cifras, pero al cabo del tiempo "se constata" que la situación está francamente mala y se necesitan medidas "extremas" que no impliquen que el presupuesto del Estado, "focalizado" en las necesidades de la gente, sea distraído en salvar una empresa. No queda otra solución que la venta", ilustra el experto.

Tal derrotero se explica, argumentó Alcayaga, porque para lograr la privatización se requiere una reforma constitucional y un quórum imposible alcanzar en la actualidad. Recurren entonces a una "gestión preparatoria" o "propiciatoria" de una opinión que vaya en ese sentido, subrayó.

Añadió que otra vía es avanzar por partes en el objetivo planteado, como ya se hace con la venta de la empresa eléctrica Edelnor, uno de los principales activos de Codelco y como también se prevé con determinados yacimientos y fundiciones.

De hecho, los ejecutivos de Codelco anunciaron asociaciones con privados para explotar minas a nivel internacional, lo que es visto de igual modo como un eslabón para contraer deudas que fundamenten luego la imagen de fragilidad de la compañía.

"Esto va para allá, a futuro Codelco va a ser privatizada. Hay un universo de mil 500 trabajadores de Codelco contra cuatro mil 300 de empresas contratistas", manifestó Egidio Masías, dirigente sindical de la estatal.

Denunció Masías que a los empresarios les conviene tener empleados subcontratistas antes que propios porque les pagan menos y los despiden cuando quieren; y si van a la huelga, los reponen y ya.

El presidente de la Federación de Sindicatos de Supervisores y Profesionales de Codelco, Ricardo Calderón, comentó que históricamente la empresa recibió bastante poca atención del Estado. Ha faltado una política de largo plazo, afirmó.

Raimundo Espinoza, presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, dijo no entender la obsesión de la actual administración de deshacerse de los activos rentables del Estado, lo cual atribuyó a una línea de pensamiento de que lo eficiente es lo privado.

La estatal cuprífera concentra el 30 por ciento de las reservas del metal rojo en el mundo.

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México: Excluyen paridad de género de reforma política

Gladis Torres Ruiz (CIMAC)

Legisladoras y ex legisladoras federales acusaron que el dictamen de la reforma política aprobado hoy en comisiones del Senado únicamente beneficia a los partidos y su “monopolio”, y minimiza la participación de las mujeres en este ámbito.

En entrevista con Cimacnoticias, la ex diputada federal por el Partido Alternativa Socialdemócrata (PAS) Elsa Conde, calificó de gravísimo que las bancadas en el Senado hayan dejado fuera la paridad de género en todos los ámbitos de la vida política del país.

Ayer, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado aprobaron en lo general el dictamen, y hoy avalaron en lo particular 22 reservas a 15 artículos, con lo que se espera sea llevado al pleno antes del 30 de abril cuando concluye el periodo ordinario de sesiones.

La reforma política aprobada incluye iniciativas y candidaturas ciudadanas, la figura de consulta popular y posibilita que las candidaturas independientes entren en vigor para las elecciones federales de 2012.

De ser aprobada en el pleno del Senado, la reforma política pasaría a la Cámara de Diputados donde todavía tendrá que ser avalada.

Elsa Conde agregó que es delicado que los partidos políticos pasen por alto lo señalado por el grupo “Mujeres en Plural” –integrado por mexicanas de diversas ideologías políticas– que nos hemos reunido desde hace año y medio con las distintas bancadas a fin de contribuir a consolidar una democracia igualitaria y transparente.

“Hoy nuevamente dejan fuera a las mujeres; sin embargo ahora esperamos trabajar con las y los diputados a fin de avanzar y establecer el principio de paridad dentro de la Constitución”, apuntó.

Entre quienes integran “Mujeres en Plural” se encuentran Angélica de la Peña, Martha Tagle, Lucero Saldaña, Dulce María Sauri, Ruth Zavaleta, Patricia Olamendi, Patricia Mercado, Rosario Robles y Alejandra Latapí, quienes han ocupado cargos públicos o partidistas.

En febrero del 2010, este grupo entregó al Senado una propuesta de reforma política para estipular la paridad de género en todos los ámbitos de la vida política del país.

La propuesta fue retomada y signada por legisladoras de todos los partidos, por lo que el 9 de marzo de 2010 la senadora por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) Claudia Corichi, presentó en tribuna el proyecto de decreto elaborado por más de 40 mujeres políticas.

La iniciativa fue turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales, Reforma del Estado, y de Estudios Legislativos, a fin de que se integrara en la discusión junto con las demás propuestas de reforma política, sin embargo la propuesta no prosperó.

Al respecto, Corichi afirmó que el andamiaje institucional con el que se rigen los trabajos del Senado excluye a las senadoras en la toma de decisiones: “Nos vemos imposibilitadas para impulsar nuestras propias iniciativas, ya que las Comisiones que están dictaminando la iniciativa de reforma política están excluyendo cualquier iniciativa con perspectiva de género”.

La secretaria de la Comisión de Equidad y Género llamó a las y los legisladores a aprobar una reforma política incluyente, ya que de no ser así se aprobará una reforma para medio México no para todas y todos, y se estaría enterrando la igualdad sustantiva, la paridad en los órganos del Estado, y la eficacia de la acción afirmativa de género en los puestos legislativos federales.

La presidenta de la Comisión de Equidad de Género del Senado, Blanca Judith Díaz, del Partido Acción Nacional (PAN), dijo ayer ante comisiones que la paridad de género es necesaria y que sería lamentable que las modificaciones legales para fortalecer los derechos de las mujeres estuvieran ausentes de la reforma política.

En su intervención, la también senadora panista Emma Lucía Larios Gaxiola sostuvo que al ignorar temas relevantes para la ciudadanía el Senado le incumple a la gente: “Pensemos en fortalecer a la ciudadanía; estemos a la altura de lo que se discute”.

Cuestionó: ¿Por qué se quedó fuera la reducción del Congreso, por qué no estamos discutiendo la segunda vuelta, por qué no se discute el financiamiento de los partidos o los requisitos para su creación? ¿Dónde quedaron esos temas?”.

Actualmente de 128 senadores sólo hay 30 senadoras (24 por ciento) y sólo 139 curules de 500 están ocupados en la Cámara de Diputados por mujeres, es decir sólo hay 27.8 por ciento de representación femenina.

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Republicanos limitan voto de bases demócratas en Estados Unidos

PL

A poco más de un año para las elecciones, los republicanos mantienen una estrategia para restringir el voto de sectores que suelen votar por los demócratas, denunció hoy el diario The New York Times.

Respaldados por su control de numerosos congresos estaduales y con la mayoría de las gobernaciones, los republicanos mantienen una estrategia de reescribir las leyes electorales para limitar el voto de los jóvenes, los pobres y los afroamericanos, subraya un editorial del periódico.

A fin de justificar su política, difunden el fantasma del fraude electoral, para lo cual se hace necesario aplicar leyes más duras, comenta el rotativo.

The New York Times destaca que dos tercios de los estados discuten o adoptaron normativas para ese fin.

Para el Advancement Project, una organización de abogados defensores de los derechos civiles, este plan es "el mayor esfuerzo legislativo para reducir el voto en un siglo".

En algunos territorios como Texas y Wisconsin, comenta el diario, los republicanos cambiaron las leyes para obligar a las personas a presentarse ante las mesas de votación con su identificación con fotografía.

Se calcula que el 11 por ciento de los electores, 21 millones de personas, carecen de ese requisito en la Unión, agrega.

Mientras, en Florida se estudia un proyecto que reduciría los períodos de votación anticipada y que limitaría los cambios de dirección en las urnas.

El rotativo lamenta que el Tribunal Supremo de Justicia haya confirmado requisito de identificación con foto en Indiana, en una decisión de 2008, lo cual, señala, ayudó a desatar la estampida de iniciativas similares.

Ante tal situación, el diario llama a los electores a manifestarse contra esas normativas.

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Con la crisis, los españoles también se van

EUROPA PRESS - TRIBUNA LATINA

El número de personas con nacionalidad española que reside en el extranjero ha aumentado un 8,2 (128.655 personas) por ciento en el último año hasta alcanzar los 1.702.778, según los datos del Padrón de Españoles en el Extranjero (PERE) con fecha 1 de enero de 2011.

Por continentes, el 61,6 por ciento (1.049.465) de los residentes en el extranjero tiene fijada su residencia en América, el 35 por ciento (602.178) en Europa y el 3 por ciento en el resto del mundo (14.917 en África, 19.310 en Asia y 16.908 en Oceanía).

Asimismo, el mayor incremento de inscritos en el PERE en el último año se ha producido en América con 102.764 personas más y en términos relativos, este aumento lo han protagonizado Asia y América con un aumento del 10,9 por ciento en ambos casos.

Los países extranjeros en los que residen más personas de nacionalidad española son Argentina (345.866), Francia (189.909), Venezuela (173.456) y Alemania (108.469), aunque destaca el incremento de la población española residente en Cuba de un 43,3 por ciento en el último año, pasando de 52.638 residentes en 2010 a 75.433 en 2011. Una razón de este último dato podría deberse a que debido a la Ley de Memoria Histórica adoptada por el Gobierno español se facilita la obtención de la nacionalidad española a los nietos de emigrantes.

Las mujeres representan al 51,1 por ciento de estos españoles, mientras que el 48,9 por ciento son varones, unos datos similares a los de hace un año. Por lugar de nacimiento, la mayoría (56,8 por ciento) nació en el país en el que vive, mientras que el 37,6 por ciento lo hizo en España y el 4,8 por ciento en otros países.

Atendiendo a la edad, el 14,3 por ciento de los inscritos en el PERE tienen menos de 16 años, el 61,9 por ciento tiene de 16 a 64 y el 23,7 por ciento 65 ó más años. Por continentes, el 53,9 por ciento de los menores de 16 años reside en América y el 41,1 por ciento en Europa.

Estos porcentajes son similares para el grupo de edad de 16 a 64 años, un 59,4 por ciento reside en América y un 37,5 por ciento en Europa. Destaca también que el 71,8 por ciento de los mayores de 65 años reside en América, mientras que en Europa solo lo hace un 26,3 por ciento.

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Un atentado contra el gasoducto en Sinaí corta el suministro de gas egipcio a Israel y Jordania

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El suministro del gas natural de Egipto a Israel y Jordania se suspendió a causa de un supuesto atentado contra un gasoducto cerca de Arish, en el norte de la península de Sinaí, informaron los cuerpos de seguridad egipcios.

Una fuente citada hoy por Reuters precisó que un grupo de desconocidos que portaban armas volaron la estación de gas Sabil. Ésta ya sufrió un ataque similar el pasado 27 de marzo pero aquella vez fue posible evitar la explosión.

El 5 de febrero se produjo un atentado en otro tramo del mismo gasoducto, a resultas del cual se vio inutilizada la tubería que transporta el gas egipcio a Jordania. El suministro se suspendió por más de cuatro semanas, hasta el 16 de marzo.

Un 40% del gas natural que consume Israel proviene de Egipto que exporta al país vecino una cantidad anual de 1.700 millones de metros cúbicos mediante un acuerdo firmado en 2005 por un período de 15 años. Grupos de oposición egipcia denunciaron ese convenio en más de una ocasión alegando que ofrece descuentos injustificados, se contradice con la Constitución y no toma en cuenta la opinión pública. En 2008, hasta organizaron una campaña ciudadana por cesar la exportación del gas a Israel pero el Gobierno aseguró que va a cumplir de forma cabal sus compromisos internacionales.

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Combates en Misratah, mientras la OTAN arrecia bombardeos contra Libia

PL

El Ejército y destacamentos rebeldes libios continuaron hoy los enfrentamientos en la ciudad oeste de Misratah, mientras la OTAN amplió e intensificó sus bombardeos aéreos, y Estados Unidos estimuló a la insurgencia con una ayuda millonaria.

Residentes en la tercera ciudad de Libia afirmaron que los alzados perdieron parcialmente el control del puerto debido a que las fuerzas leales al líder Muamar el Gadafi lo atacaron para cortar esa supuesta vía de suministro de armas y avituallamientos.

Los rebeldes describieron fieros combates y aseguraron que el Ejército bombardeó la rada de Misratah por donde también son evacuados heridos y civiles que intentan huir de los enfrentamientos registrados allí desde hace más de dos meses.

Admitieron, además, que las tropas de El Gadafi "siguen posicionadas en las afueras de la ciudad", pese a reportes de que los bombardeos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) habían obligado al repliegue de los militares regulares el pasado fin de semana.

Las fuerzas gubernamentales trataron de cortar el tránsito en la principal carretera que enlaza el puerto con el centro de la ciudad que está literalmente destruida debido a la magnitud de los bombardeos aéreos de la OTAN y al fuego de la artillería de ambos contendientes.

Informaciones procedentes del extremo occidental de este país refirieron, por otro lado, duros combates en la zona montañosa de Nafusa, habitada por tribus bereberes, también alcanzada por bombas de la alianza atlántica y de aviones no tripulados estadounidenses.

Fuentes del Gobierno libio informaron en esta capital que la cancillería solicitó a Rusia convocar una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU para discutir lo que calificaron de "salvaje agresión de Occidente", causante de cientos de muertos.

La OTAN bombardea Libia amparada en la resolución 1973 de ese órgano de la ONU para imponer una zona de exclusión aérea y teóricamente proteger a la población civil, pero los aliados reconocen un estancamiento en el conflicto.

A juzgar por declaraciones de líderes de potencias occidentales, la vía de destrabar el contencioso es aumentar y ampliar el poder de fuego contra El Gadafi, boicotear las ya exiguas ventas de petróleo del Gobierno y brindar ayuda aparentemente "no letal" a la insurgencia.

Italia, que hasta ahora sólo había ofrecido sus bases militares, anunció que se unirá a los bombardeos de la OTAN, y junto con Francia llamó a los operadores del mercado petrolero a rechazar todo tipo de comercio o transporte de hidrocarburos que beneficie a Trípoli.

Por su lado, Estados Unidos hizo una excepción en las sanciones económicas contra Libia y autorizó un monto de hasta 25 millones de dólares para favorecer al opositor Consejo Nacional de Transición (CNT) con ayuda "no letal".

La referida asistencia incluye uniformes, tiendas de campaña, material médico y alimentos "Halal" (preparados según la tradición islámica), radios y equipos de protección personal, entre otros.

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La OTAN evita comentar las declaraciones de Putin sobre la operación militar en Libia

RIA NOVOSTI

La OTAN evita pronunciarse sobre las declaraciones del jefe del Gobierno ruso, Vladímir Putin, quien afirmó que las acciones de la coalición occidental en Libia rebasan los límites previstos por la resolución de la ONU.

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el 17 de marzo una resolución que autoriza la imposición de una zona de exclusión aérea sobre Libia y hace posible la injerencia militar extranjera en este país inmerso en una guerra civil.

La operación militar en Libia fue lanzada dos días después por una coalición internacional integrada por Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Canadá, Bélgica, Italia, España, Dinamarca y Noruega, entre otros países.

El 31 de marzo la OTAN asumió el mando de la operación "Protector Unificado" cuyo objetivo es proteger a los civiles e impedir que el Ejército libio someta a bombardeos las posiciones de los rebeldes.

"Debemos actuar en el marco del Derecho Internacional conscientes de nuestra responsabilidad y mostrando preocupación por la gente de paz. Si la llamada 'comunidad civilizada' lanza todo su poderío sobre Libia y destruye su infraestructura creada por numerosas generaciones, ¿cómo podemos calificarlo, como algo bueno o algo malo? En cuanto a mí, no me gusta", dijo Putin en una rueda de prensa ofrecida ayer en Copenhague.

El primer ministro ruso no descartó que la actual situación en Libia pueda tener que ver con el interés por sus yacimientos de gas y petróleo. "Libia ocupa el primer puesto en África por las reservas de crudo y el segundo por las reservas de gas. ¿No será éste el principal interés de los que se han metido allí?, expresó.

La portavoz adjunta de la OTAN, Carmen Romero, comunicó hoy que la Alianza no comenta las declaraciones de Putin. Al mismo tiempo explicó que las resoluciones 1970 y 1973 aprobadas por la ONU y concernientes a Libia "entregaron a la Alianza un mandato claro para el empleo de todos los medios posibles con el fin de defender a la población civil libia".

"Ese mandato lo estamos cumpliendo", aseguró la portavoz de la OTAN.

A mediados de febrero en Libia estallaron protestas contra el régimen de Muamar Gadafi que lleva más de 40 años en el poder. Las manifestaciones desembocaron en choques armados entre los rebeldes y las fuerzas gubernamentales.

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