lunes, 2 de mayo de 2011

Desde la cárcel entrevista exclusiva con Joaquín Pérez Becerra, deportado de Venezuela a Colombia

Dick Emanuelsson (especial para ARGENPRESS.info)

“El objetivo de esta vaina es criminalizar los medios alternativos, cerrar una voz que esta en contra el gobierno colombiano, así de sencillo, esa es la finalidad”.


Escuchar toda la entrevista: http://www.box.net/shared/x11sr0zzcn

En una primera entrevista exclusiva para “ANNCOL SOMOS TODOS”, el deportado Joaquín Pérez Becerra, director de la Agencia de Noticias Nueva Colombia, ANNCOL, responde desde la cárcel La Modelo en Bogota, a las preguntas e inquietudes de miles de personas en el mundo que ha seguido hora por hora “el desarrollo de los acontecimientos en pleno desarrollo”, como suela a decir el Maestro Walter Martínez en el programa “Dossier”.

Lo relatado por Pérez Becerra a este reportero es indignante, más si entendemos que el director de ANNCOL ha sido uno de los más fieles defensores de la Revolución Bolivariana y su comandante Chávez. Varias veces Pérez Becerra y la Asociación Jaime Pardo Leal, la cual pertenece, ha sido convocante a actos de información y manifestaciones públicas en defensa al proceso político que comenzó en Venezuela 1999.

Foto: Venezuela - Andrés Izarra, ministro de Comunicaciones.

Pero una cosa es el mal trato por parte de la Guardia Nacional venezolana. Otra cosa es la actitud del representante político que Pérez Becerra cree fue el ministro de Comunicación, Andrés Izarra. Éste comenzó su carrera periodística en NBC y CNN, canales de televisión estadounidenses y la terminó en RCTV, Radio Caracas Televisión, la cuna mediática del Golpe de Estado en abril 2002, antes de asumir durante los años siguientes cargos altos en la administración de Chávez.

Nadie, ni Izarra ni algún representante de la migración venezolana preguntaron por la ciudadanía de Joaquín Pérez. Parece que ni siquiera estaban interesados de saberlo, dice Pérez en la entrevista, pese a que tenía el pasaporte sueco y la cédula sueca en mano.

Izarra ya tenía su versión escrita y la publicó en su “Twitter” solo una hora después de la detención de Joaquín Pérez en el aeropuerto de Maiquetía hace una semana, diciendo que Pérez era de nacionalidad colombiana.

Un periodista nunca debe exagerar o manipular la realidad y los acontecimientos. Pero no es una exageración de decir, que la reacción por la detención y la deportación a Joaquín Pérez no se ha limitado a Colombia, Suecia y Venezuela, sino a todo el mundo. Personalidades de todo tipo, movimientos sociales y organizaciones políticas se han pronunciado, alarmando a presidente Chávez, expresando que “revolucionarios no se deporta, se los defiende si es que es una Revolución auténtica”. Juristas, abogados y jueces han corregido los pocos funcionarios venezolanos estatales que han salido en defensa de la deportación, subrayando que si había alternativas jurídicas y sostenibles ante la deportación de Pérez.

Pero quiero poner en la primera línea el comunicado de La Asociación Nacional de Medios Comunitarios Libres y Alternativos de Venezuela, que muy preocupada por la deportación de Pérez dice que ella “generan una fisura en la confianza de los millones que construimos desde abajo, colectivo a colectivo, consejo comunal a consejo comunal, movimiento a movimiento, el socialismo y la patria bonita”.

Chávez no es nada sin las masas populares venezolanas. Cuando se abre una “fisura”, el enemigo la aprovecha.

A continuación la entrevista transcrita en gran parte con Joaquín Pérez:

* Dime en forma breve como fue el trato durante la detención en Caracas. La embajada sueca dijo que no pudo contactarse contigo por que no lo permitieron.
– ¡Fue muy grosera la vaina en Caracas! El tratamiento de la Guardia (Nacional) fue muy malo, muy malo y muy ofensivo. Inclusive se portó mejor la policía colombiana que a ellos, fue más correcta que ellos. Los venezolanos fueron muy ordinaria... No me dejaron ver televisión, nada para que no me diera cuenta de nada.
* ¿Estuviste totalmente incomunicado?
– Estuve incomunicado en Venezuela, hermano. Y rapidito al aeropuerto. ¡Fue muy, muy mala gente”! Yo he dicho acá (en la Cárcel de La Modelo) que ¡“yo no vuelvo a la patria de Bolívar”!
* ¿Había algún representante político por parte del ministerio del interior o de...?
– Cuando me entregaron fue un ministro de Izarra, me parece, no me acuerdo.
* ¿Él te entregó a la policía colombiana?
– Yo creo que es él (Izarra), no estoy seguro, pero era del ministerio. Ni siquiera hablaba conmigo, se escondía y se... ¡eran unos HH.PP!
* ¿Alguien te preguntaba si era sueco o colombiano?
– Ellos... yo les expliqué que era sueco.
* ¿Tu ingresaste con el pasaporte sueco, no?
– Síííí, yo les conté ... y tenía la cédula sueca y, ¡Pero no! Incluso llegaron al avión con la orden de Colombia y me capturaron ahí, como fuera la policía colombiana. ¡Unos malparidos! Una actitud mezquina y ordinaria. ¡Me trataron mal! Pero había una gente que estaba ahí con bajo perfil que era un poco más solidaria, pero como la orden venía de arriba, entonces no pudieron hacer nada. Estuve incomunicado, hermano.
* Ningún representante sueco… o venezolano...
– ¡Nadie, nadie!
* En Frankfurt (cuando hizo trasbordo) ¿había un chequeo especial o...?
– ¡No, no, no, no!
* ¿Todo normal?
– Todo normal, yo incluso dije “bye, bye” a los alemanes y seguí normal.
* En el mundo ha habido una reacción nunca antes visto, una reacción de indignación sobre la deportación de ti (a Colombia). ¿Qué piensas?
– A mi no me dieron ninguna oportunidad, a mi me aislaron para quedarse bien con el gobierno de Colombia. Fue una vaina alarmante.
* En la audiencia primera el martes pasado en la mañana (el día siguiente de la deportación) ahí ¿hablaron sobre la circula roja de Interpol?
– Si, hablaron sobre eso.
* Según el abogado tuyo, (las autoridades colombianas) abrieron el caso y armaron el expediente contra ti hace un año en una forma casi clandestinamente, basándose las pruebas en 700 supuestos correos tuyos de la computadora de Raúl Reyes.
– ¡¿Cuántos?!
* Dicen 700 correos.
– Eso es lo que dicen ellos. Tú sabes que ellos inventan y hacen trabajo logístico de meterse en los computadores, creando correos, creando cartas, tú sabes como son ellos.
* ¿Ese tipo de correos son inventos?
– No son pruebas por que no tiene ninguna credibilidad a la realidad por que son de unas computadoras que fueron destrozadas y desaparecidas. Uno no puede creer en eso, es como un fantasma. Parece que cada vez cuando ellos quieren, la computadora de Reyes escupe correos y fotos.
* ... durante tres años...
– ¡Imagínate! Y sigue escupiendo correos. Y fuera de eso; en el juicio hubo un debate muy grande. El abogado (contratado por el gobierno sueco) fue muy bueno y hubo un debate, primero sobre la ciudadanía mía, la sueca, y ellos (la fiscalía) trataron de explicar que era ciudadanía colombiana. Hubo un enredado.
– Lo que pasa es que prácticamente me han enjuiciado en mi ausencia, ni siquiera me han avisado en la cancillería sueca o en la embajada (colombiana en Estocolmo), por que ellos saben que yo vivo allá. Todo el mundo sabe que yo vivo allá y que soy un hombre con papeles legales y yo no me he ocultado de nadie. ¡Es una cosa grosera!
* ¡Tu renunciaste la ciudadanía colombiana cuando volviste sueco nacionalizado hace diez años?
Foto: Joaquín Gómez, Simón Trinidad, Raúl Reyes, canciller sueca Anna Lindh, Victor G. Ricardo, año 2000 durante la visita en Suecia.

– Si. Yo les expliqué eso, pero no valía. Expliqué que luchaba por una solución política negociada al conflicto (social y armado), que yo había cumplido un papel en el acercamiento con las FARC (cuando llegó a Suecia la delegación mixta entre guerrilla, gobierno y industriales colombianos encabezados por Raúl Reyes, Víctor G. Ricardo, el comisionado de paz del presidente Andrés Pastrana) y Cesar Villegas, presidente de ANDI, el 2 de febrero de 2000, nota del redactor) y que la pagina (ANNCOL) no es una pagina terrorista porque nosotros no hacemos terror y yo explique todo eso. Tengo un abogado muy bueno y solidaridad de mucha gente.
– Pero claro, el periodismo colombiano es muy grosero y muy astuto que parecen organismos de inteligencia. Incluso aquí mismo han venido periodistas para hacerme la entrevista y yo me he negado. Porque ellos utilizan cualquier cosa para hundirlo a uno pues uno no tiene confianza en esos medios. Entonces yo me negué a una entrevista con Vicky Dávila, con el diario el Tiempo y RCN (canal de televisión y de radio) y yo dije que no. Que más adelante cuando yo estuviera bien documentada y supiera los pormenores del caso, talvez yo accedería pero yo no confío en esa prensa porque es una prensa realmente grosera y arrodillada al gobierno colombiano.
* Uno sabe como manipula la información a su beneficio. ¿Este es resultado de la inteligencia y espionaje que hizo uno de los diplomáticos colombianos en la Embajada de Estocolmo en Suecia, el señor Ernesto Yamure que resultó ser también asesor político y amigo personal de Carlos Castaño?
– ¡Claro! Yo creo que puede ser por ahí, como es conocido nuestra vida por ahí y a ellos les queda muy fácil conocer nuestros nombres, como trabajamos en la radio, como yo me llamo en la radio, como me llamo en la página. A ellos les queda muy fácil hacer o sea que tienen una información muy vasta en general de lo que uno hacia ahí, conocía la radio, él conocía la acción que nosotros hicimos frente al Buque Gloria (julio 2005), nos tomó fotos. O sea; que había una documentación alta que trataron de meter en un computador y trataron de decir que había conexión con esta organización.
* Exactamente y justamente el registro sobre la manifestación en Estocolmo ahí sale la foto de Yamure, por que en ese folio (registro del DAS contra este reportero) ahí esta el articulo que yo escribí, esta en la carpeta que el DAS y el G3 que registró de mi persona como periodista en ese momento. Y se hace entender como “fuente habitual” debe ser el encargado en la Embajada colombiana en Estocolmo (Ernesto Yamhure) que hizo ese registro contra mi y contra ustedes que estaban allá en el muelle.
– Si claro, en general yo creo que esto es una vaina mediática. O sea, el objetivo de esta vaina es criminalizar los medios alternativos, cerrar una voz que está en contra del gobierno colombiano y obligar a la gente a que no hablen mal de un gobierno terrorista. Esa es la finalidad
* Lo que han ganado allí es generar cientos de nuevos corresponsales para ANNCOL.
– Uy, si, hermano, ya estoy mejor, yo estoy muy feliz.
* Es muy impresionante, realmente, la reacción por la deportación tuya de Venezuela a Colombia. Eso lo digo en forma personal de viejo amigo tuyo, no. Y no solamente es parte de esta entrevista.
– Ya te conozco. Si, mira y entre esto es que no me recuerdo que dijo Nicolás Maduro. ¿Qué dijo?
* Bueno, se pregunta el canciller Maduro por qué las autoridades suecas no habían detenido a Pérez en Estocolmo. Entonces yo me pregunto por qué Maduro no hace la misma pregunta a las autoridades alemanas, en el aeropuerto más seguro, más vigilado en el mundo, que es el de Frankfurt, Y por qué no se pregunta Maduro el por qué Santos era el más informado que las dos autoridades mencionadas, o sea sueca y alemana. Y llamó a Chávez en pleno vuelo de Pérez entre Frankfurt y Caracas y llamó informándolos tan generosamente que llegaría un pez gordo y que le hiciera el favor de detenerlo.
– Sí, sí...
* ¡Imagínate!
– Si, si, si, es una vaina
* Las autoridades suecas, ¿cómo se han portado? Porque yo estaba todos los días, varias veces, en contacto tanto con la cancillería sueca, en Estocolmo, como en la cancillería sueca, en Bogotá. Y han sido conmigo, como periodista, correctos, trataban de explicar y responder todas mis preguntas. De todas maneras no han tenido muchas respuestas porque decían que ha sido negado el contacto contigo en Caracas. Pero en Bogotá se encontraron, la noche que llegaste el lunes en la noche y también estuvo el cónsul Erick Wollin en la mañana del martes en la audiencia pública.
– Si, se han portado magníficamente, me han prestado el apoyo, este martes van a venir a visitarme otra vez, están pendientes de mi situación y Erik estuvo ahí en la audiencia todo el día conmigo y el abogado le pasó el informe en la noche, se han portado muy bien.
* Bueno, me alegro. ¿Algunas palabras para la comunidad internacional y sobre todo para los colombianos?
– Si, que yo me siento muy defraudado con la actitud del gobierno bolivariano. Un gobierno al que nosotros hemos apoyado, un gobierno al que nosotros hemos difundido a través de Café Stereo y ANNCOL los propósitos de la Revolución Bolivariana en Venezuela y por lo tanto creo que esto es un golpetazo. No es nada presentable para el gobierno bolivariano. Yo no sé cómo van a remediar esto, yo no se cómo van a cambiar de actitud, pero me parece que la solidaridad, de pronto, va a sufrir una merma porque se está dando cuenta que no puede haber un gobierno que entregue a un comunicador social que ha trabajado para difundir el terrorismo de estado en Colombia. Entonces a los otros latinoamericanos, suecos, europeos que nos conocen, bueno, pues, que estamos dispuestos para recibir la denuncia porque este es un ataque contra la libre expresión, contra la libertad de prensa. Es una actitud para cerrar la boca a la gente que está afuera, es un terror mediático para impedir que el mundo conozca cómo es la oligarquía colombiana, asesina, que arremete contra los derechos humanos que aparentemente está mejor con el gobierno de Santos, pero eso es una total mentira.
– Entonces, a esa colonia internacional un abrazo, los quiero mucho y seguimos la jugada, que aquí estamos decididos a enfrentar a este régimen terrorista.
Muchísimas gracias, Joaquín Pérez Becerra y siente que no estás solo.

Enlace: http://anncolprov.blogspot.com/2011/04/desde-la-carcel-entrevista-exclusiva.html

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El caso de la deportación de Joaquín Pérez Becerra: Maduro debe explicar por qué Venezuela violó los convenios internacionales

Dick Emanuelsson (especial para ARGENPRESS.info)

Maduro abre la boca demasiado tarde para pedir explicaciones de Suecia.


Como informamos el miércoles pasado, el gobierno de Suecia (1) iba a investigar por que Venezuela no permitió una visita del cónsul sueco en Caracas a su compatriota detenido por las autoridades venezolanas cuando éste ingresó a Venezuela. Ahora contraataca el canciller venezolano Nicolás Maduro (2) preguntando ¿por qué las autoridades suecas no habían detenido a Joaquín Pérez Becerra en tierra sueca?
Foto: Venezuela - Nicolás Maduro, ministro de Relaciones Exteriores

Durante tres días, desde el sábado 23 de abril, estuve presionando tanto a la embajada sueca en Bogotá como la cancillería sueca en Estocolmo preguntando ¿qué hace Suecia por su compatriota? La respuesta siempre fue la misma, hasta el miércoles pasado cuando Pérez llevaba 36 horas en territorio colombiano; “No hay ninguna respuesta tanto del Ministerio de Relaciones Exteriores, dirigido por el canciller Maduro, como por el Ministerio del Interior de Venezuela”.

Las autoridades suecas pedían permiso para visitar el compatriota que en el mismo día de su detención fue erróneamente descrito en un comunicado del MinCom, dirigido por el periodista Andrés Izarra, quien por error u omisión, no chequeaba la fuente.

Hubiera sido lo más fácil si miraba el pasaporte de Pérez Becerra. Pero no, fue nombrado como colombiano, con números de cedula y pasaporte.

¡Tonterías! Porque los números que figuran en el único comunicado de MinCom, fueron del pasaporte colombiano y la cédula que Joaquín Pérez Becerra entregó hace diez años a la embajada de Colombia en Estocolmo cuando Pérez oficializó, ante los funcionarios de la mencionada embajada, que él renunciaba a su nacionalidad colombiana por la sueca.

Se pregunta el canciller Maduro ¿por qué las autoridades suecas no habían detenido a Pérez en Estocolmo?

¿Pero por qué Maduro no hace la misma pregunta a las autoridades alemanas?

¿Por qué no se pregunta Maduro el motivo por el que Santos era mejor informado que las dos autoridades mencionadas y llamó a Chávez en pleno vuelo de Pérez entre Frankfurt a Caracas, informándole tan generosamente que llegaría un pez gordo a Caracas y que le hiciera el favor de detenerlo?

¡Por favor! Chávez como viejo estratega militar ¿se dejó llevar así inocentemente?

¡Que casualidad que Pérez Becerra cayó preso justo en Caracas y a partir de ese momento, toda la Unión Europea fue informada que Becerra, el 11 de abril, gracias a un juez vendido en Bogotá, había sido declarado preso por las autoridades colombianas que gentilmente obtuvieron la circular roja de Interpol.
Foto 3

Foto: Policía de Interpol en conversación amistosa el 5 de Julio de 2009 en el aeropuerto Toncontin, esperando arrestar el derrocado presidente hondureño Manuel Zelaya que fue llevado en un avión venezolano que no pudo aterrizar por los camiones del mismo ejército que lo derrocó. / Autora: Mirian Huezo Emanuelsson

Es la misma Interpol que estaba presente en el aeropuerto de Toncontin el 5 de julio cuando iba a aterrizar Manuel Zelaya en un avión venezolano para arrestarlo!

http://www.box.net/shared/5ob4hrx7tg

En el enlace arriba se pueden escuchar, durante 14 minutos, las declaraciones del abogado Ramiro Orejuela, contratado por el gobierno de Suecia para defender a Pérez Becerra en Bogotá.

En la entrevista, Orejuela, explicó cómo se armó el expediente hace un año y que se ha mantenido casi clandestino en contra de Pérez Becerra. Dice el abogado que las pruebas del fiscal están basadas en los supuestos correos del computador de Raúl Reyes.


La circular roja fue activada el 10 de abril, según el abogado, pero por una “casualidad” se ejecutó justo en el viaje entre Frankfurt a Caracas.
El Nuevo Heraldo, Miami, avisa una noticia "bomba"

Vamos a ver el 10 de mayo si la misma Interpol decreta circular roja contra Chávez por los nexos que tiene con las FARC, según estos correos. El Instituto Internacional para Estudios Estratégicos - IISS, con sede en Londres, presentará ese día todos los correos del computador de Reyes, discos entregados por el ex presidente Uribe a ese instituto de guerreristas, violando todas las normas jurídicas. Podrás comprar “las pruebas” en un CD por 40 euros.

Ahora vemos que esas “pruebas reinas” del fiscal colombiano, se están comercializando con el ya legendario laptop que sobrevivió no sé cuantos misiles y ametrallamiento esa noche del 1 de marzo de 2008, masacrando a guerrilleros y cuatro civiles, no en territorio colombiano, sino en Ecuador.

¡Que vaina este mundo en que vivimos e información que nos toca soportar! Y ahora, el canciller Maduro, se hace el tonto, criticando a unas autoridades suecas con cuyo gobierno no tengo nada en común, al contrario, toda mi vida he combatido esa derecha sueca, pero en este caso el gobierno bolivariano se ha quedado terriblemente corto, lamentablemente. Y eso me duele.
El abogado venezolano Francisco Sierra Corrales sabe de jurídica mucho mejor que yo. En un excelente articulo con el título “Canciller derechista, Maduro, mintiendo en clara manipulación mediática hoy ante EFE para huir de responsabilidades”, un artículo entendible para cualquier persona que se pregunta si realmente era necesario “quemarse” tanto como ha hecho el gobierno de Hugo Chávez ante el dilema de deportar o no Joaquín Pérez, a Colombia. El abogado Sierra dice (3) :

“Lo sensato, por no decir el debido proceso en materia de extradición, fue haberle pedido tanto al gobierno Colombiano como al sueco el estatus de Joaquín; si Suecia lo reclamaba, como al parecer es así y él ratificaba su voluntad de renunciar a la nacionalidad colombiana, lo correcto, hablando en estricto derecho, debería haber sido devolverlo o deportarlo a Suecia”.

Sierra sostiene que la posición de las autoridades venezolanas son totalmente incoherentes, que sólo se puede entender por el caso de “la solicitud de garantías con respecto a Makled (narcotraficante y asesino venezolano, capturado en Colombia y pedido en extradición por USA y Venezuela, nota del redactor) por parte del estado colombiano es una falta de respeto y una táctica dilatoria para pedir más”.
Foto: El pasaporte sueco de Joaquín Pérez

Joaquín Pérez Becerra fue extraditado en tiempo récord, en cuestión de 48 horas. ¿Por qué tanto afán? El proceso para la extradición de varios guerrilleros colombianos en marzo demoró casi un mes. ¿Por qué esa prisa con un ex militante de un movimiento político que fue exterminado como el de la Unión Patriótica?

¿Por qué las autoridades y Chávez no escuchaban, aunque Chávez varias veces ha mencionado con respeto y admiración el nombre y apellido de Carlos Lozano (director del semanario VOZ, Colombia) como facilitador en los procesos de liberación de prisioneros de guerra en manos de las FARC?

Decía Lozano, el segundo día de la detención de Pérez en Caracas, que Pérez no es de las FARC sino editor de ANNCOL. Incluso Pérez fue avalado el 1993, tanto por la dirección de la UP como por el Partido Comunista Colombiano, para dejar Colombia evitando ser asesinado.
Yo creo que las cosas se han aclarado en estos días, no por la información entregada por Maduro y las autoridades venezolanas que han sido casi nulas, sino porque las piezas en el rompecabezas comienzan a mostrar un dibujo. No hay duda que la conspiración tiene nombre y apellido y se llama Juan Manuel Santos conjuntamente con la Inteligencia Militar colombiana.


Chávez cayó otra vez en el “Síndrome Presidencial Colombiano” y fue un “Falso Positivo Diplomático”. Ahora no va a ser tan fácil reconocerlo porque, como decía alguien, fue mucho más sofisticado el “Falso Positivo”.


Pero, como escribe otro venezolano, esta vez el conocido trabajador de Cultura, Oscar Acosta, citando al canciller Maduro sobre el carácter de personaje que es Juan Manuel Santos:

“Recuerdo al compatriota Maduro en unas declaraciones motivadas por un incidente fronterizo, sucedido en mayo del 2008, en el que se acusó a nuestro país de invadir territorio colombiano: ´El ministro Santos odia a Venezuela, odia a nuestro pueblo, odia a nuestro gobierno, e insiste en la provocación” o “... el ministro Santos miente, repito, el ministro Santos miente, siempre miente sobre Venezuela, sobre nuestro país”. Yo le creí y le creo al Canciller. También le creo a Héctor Lavoe (una de mis mayores devociones filosóficas) cuando dice: ´Quien dice una mentira dice dos y dice cien, dice un millón´. Así que, compatriota Canciller: ¿Santos miente o no miente? ¿Cómo es la vaina? ¿Miente sobre Venezuela pero no sobre el periodista de ANNCOL? Menciono a Maduro pero también vale una declaración de la elocuente Cilia, el ex-comandante Soto Rojas o del cabeza caliente Bernal. Pareciera que si es difícil justificar la medida, aún más lo es criticar lo que muchos consideramos un grave error. No escogimos dirigentes en unas elecciones internas para que en momentos como este guarden silencio” (4).

Notas:
1) Gobierno sueco investiga si Chávez violó los convenios internacionales deportando al periodista sueco a Colombia (2011-04-26) http://colomdick.blogspot.com/2011/04/gobierno-sueco-investiga-si-chavez.html
2) Canciller venezolano: “Suecia debe explicar por qué dejó salir a una persona con código rojo de Interpol”. www.kaosenlared.net/noticia/canciller-venezolano-suecia-debe-explicar-dejo-salir-persona-codigo-ro
3) Canciller derechista Maduro mintiendo en clara manipulación mediática hoy ante EFE para huir de responsabilidad. Por el abogado venezolano Francisco Sierra Corrales. www.kaosenlared.net/noticia/canciller-derechista-maduro-mintiendo-clara-manipulacion-mediatica-hoy
4) “La dirigencia del PSUV, el silencio mediático y la ´deportación´ de Pérez Becerra”. Por Oscar Acosta. http://alainet.org/active/46130

Enlace: http://anncolprov.blogspot.com/2011/04/caso-del-deportacion-becerra-maduro.html.

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¡El que se quemó fue usted, presidente Chávez!

Juan Carlos Vallejo

Cito horrorizado al presidente Chávez: “Yo soy el responsable, no es Nicolás, Nicolás cumplió una orden, Tarek El Aissami, cumplió una orden, mía. ¡Por que yo tomo las decisiones y asumo mis responsabilidades!”.

Joaquín Pérez Becerra no fue capturado ni en Suecia ni en Alemania por que en ambos países se conocen y se aplican las normas del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Esto es, que siendo un asilado político no podía ser arrestado por un requerimiento del país del cual huyó para salvar su vida puesto que era obvio el matiz político y vindicativo de éste. Por esa simple razón, estos dos países seguro se abstuvieron de hacerlo. Aunque en verdad yo dudo mucho que la tal circular roja haya existido en el momento en que Joaquín Pérez transitaba por esos lares. Yo creo que la circular roja fue expedida durante el vuelo hacia Venezuela para soltarle la papa caliente a su gobierno, como bien usted lo reconoce. Pero resulta que usted, presuroso por quedar bien con su buen amigo “Chucky”, corrió dizque a “deportarlo”. La deportación no operaba hacia Colombia pues Joaquín Pérez Becerra no era Colombiano ni se embarcó en Colombia. Operaba legalmente hacia Suecia, su país, o hacia Alemania, puerto de embarque. En eso, usted falló presidente Chávez. La trampa era para usted y no para Joaquín Pérez Becerra. Además que a Joaquín Pérez Becerra lo maltrataron y le negaron todos sus derechos humanos e incluso los consagrados en la Constitución Bolivariana que usted juró obedecer y cumplir.

Solamente los gobiernos totalitarios consideran “chantaje” el que los pueblos pidan derechos. Porque el gran número de personas que se manifestó en las afueras de SEBIN, de la Cancillería y de la Asamblea Nacional –y que a propósito fueron gaseados- sólo pedían derechos para un ciudadano extranjero. Pero esos derechos usted los negó sin el más mínimo sentimiento humanitario. Y no sólo eso, se le negaron derechos a diputados de la Asamblea Nacional y se censuró a los medios alternativos y oficiales. Usted con su proceder, nos hizo recordar los peores tiempos de las dictaduras de América Latina. ¿No le dijeron a usted presidente Chávez que Joaquín había ingresado varias veces a Venezuela a eventos académicos y sociales sin ningún problema? ¿No le resultó a usted o a las autoridades venezolanas sospechoso que para esas fechas no existiera esto de la circular roja?

¿Cree usted presidente Chávez que la quema de sus dos ministros fue solamente por el caso de Joaquín Pérez Becerra? Usted sabe que no. Hay descontento en la base y simplemente lo de Joaquín sirvió de catarsis a una rabia que se está acumulando día a día. Lo que pasa es que a usted sus áulicos no le dejan ver ni le dejan oír ni le dejan hablar con esa base. Usted está rodeado de gente pero está muy solo. No es haciendo la labor del “papá chequera” que los problemas en la base se van a solucionar. La prueba es que muchas de las manifestaciones de repudio a su accionar contra Joaquín vienen acompañadas de expresiones que ven sus aumentos salariales como algo cosmético para los reales cambios estructurales que el pueblo revolucionario espera y que al pasar los años no se han concretado.

Presidente Chávez, yo veo que usted está siguiendo los pasos de Muamar el Gadafi. Gadafi se ha entregado de lleno a su pueblo (lo que está muy bien), pero pecó en creer que acercándose a los viejos y actual imperios para levantar el infame bloqueo iban a perdonarle su socialismo. Gadafi entregó revolucionarios, se desarmó, depositó los dineros de su pueblo en bancos de los imperios y hoy, usted mismo lo ha denunciado, Libia es salvajemente invadida y atacada por quienes Gadafi consideraba sus nuevos amigos. Ahora vemos a Gadafi pidiendo solidaridad e invitando a visitar Libia a muchos de los amigos de los que él expulsó y entregó para que veamos con nuestros propios ojos lo que allí está pasando. Ojalá presidente Chávez no veamos esto en Venezuela porque entonces usted va a necesitar a los verdaderos amigos y a algunos de los cuales ha entregado y deportado, como mi amigo Joaquín Pérez Becerra.

Presidente Chávez, esta nueva versión, a la bolivariana, del tenebroso Plan Cóndor debe parar ahora porque mucho me temo que la próxima víctima pueda ser usted o uno de los miembros de su gabinete. Me explico: Es cierto que la INTERPOL ahora opera como el siniestro DAS de Colombia. Mientras la INTERPOL se ha negado a expedir la circular roja ordenada por un Juez de la Audiencia Nacional de España contra los asesinos estadounidenses del periodista José Couso, violando sus propios principios, mientras la INTERPOL también se negó a expedirla para los banqueros venezolanos pedidos por la Fiscalía venezolana y en cuyos casos la INTERPOL adujo que no lo hacía porque los consideraba casos de “persecución política”, con lo de Joaquín Pérez Becerra fueron extrañamente demasiado presurosos y muy clandestinos. ¿Acaso lo de Joaquín Pérez Becerra no es de contenido político? Claro que lo es y la INTERPOL se ha prestado para este juego, a sabiendas que supo que la CADENA DE CUSTODIA de los tales computadores de Reyes se rompió y eso viciaba la prueba sin descontar que esa INTERPOL confirmaba la manipulación de archivos. Además, un informe de Noticias UNO, telenoticiero colombiano independiente, en su emisión del primero de diciembre de 2008, mostraba el contenido del expediente sobre los “indestructibles” supercomputadores en los que un oficial de inteligencia de la policía colombiana declaraba bajo juramento:

“PREGUNTADO: Informe al despacho si ustedes hallaron en los elementos electrónicos incautados a Raúl Reyes archivos correspondientes a los correos electrónicos enviados y recibidos por él. RONALD HAYDEN COY ORTIZ: Pantallazo de correo electrónico no se ha hallado hasta el momento. Se han hallado gran cantidad de direcciones que pertenecen a correos electrónicos. Pero Reyes almacenaba la información en Word y en programas de Microsoft”.

Vale recordar los párrafos 66 y 67 del “Informe forense de INTERPOL sobre los ordenadores y equipos informáticos de las FARC decomisados por Colombia – Informe Público”. Estos, efectivamente, no hablan de correos electrónicos, aunque sí de direcciones electrónicas.

Pero los dos discos duros externos aparecieron a mitad de camino, aunque hay que aclarar que éstos supuestamente sólo contienen música, videos e imágenes, y todo fue ingresado a ambas piezas con fecha futura. También registra fecha futura uno de los computadores, que a su vez alberga sólo un archivo.

En la sección de Anexos del mismo informe, en la primera comunicación a INTERPOL, con el asunto “Solicitud experto técnico forense”, el general Oscar Naranjo, director de la Policía Nacional, solicita la valoración oficial de “tres (3) computadores y tres (3) dispositivos USB”. El secretario generadle INTERPOL, Ronald K. Noble, contesta el 5 de marzo a la entonces directora del servicio secreto, DAS, María del Pilar Hurtado, confirmando por escrito una previa conversación telefónica: “Concretamente, han pedido Vds. a INTERPOL que les proporcione ayuda especializada en materia de investigación informática forense en relación con los datos almacenados en tres (3) ordenadores y tres (3) USB que fueron decomisados en el marco de una operación…”

Al día siguiente, la misma directora del polémico DAS le escribe a Noble, con la referencia “Solicitud de asistencia técnica”, “establecer el origen y manejo técnico dado a la información obtenida de los procesos de búsqueda de los archivos almacenados en los tres computadores portátiles, tres memorias USB, y dos discos externos, que son objeto de análisis por parte de la Policía Nacional de Colombia…”.

El 28 de agosto, la lectora Lucy Roessler acertadamente comenta: “En la página 53 del informe Interpol se lee que se le solicitó oficialmente al organismo: ‘la valoración oficial de tres (3) computadores y tres (3) dispositivos de almacenamiento USB…’”, y remite a un artículo suyo en Indymedia.

(Fuente: El fin justifica los medios, El poder, Fronteras, La guerra y la paz)

Recuerde presidente Chávez que María del Pilar Hurtado, exdirectora del DAS, es prófuga de la justicia colombiana por serios delitos y que usted y su gobierno han sido acusados innumerables veces de estar en los computadores de marras. Y eso no ha parado de ser utilizado en su contra. Conociendo ahora el modus operandi de la INTERPOL, nada raro que le aplique en el futuro la misma sucia maniobra a usted o uno de los suyos.

Dice el Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos:

“Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”

En el anterior acápite se sustenta el Derecho a la Rebelión. Un considerable número de colombianos(as) empuñan las armas y se alzaron contra un régimen despótico y asesino (“La más vieja democracia en América Latina”) hace más de 50 años. Colombia es considerada en el concierto mundial como una de las naciones con mayor índice de violaciones a los derechos humanos e inequidad social; como uno de los países con mayor número de asilados, refugiados y desplazados internos. Un país con los más azarosos registros de ejecuciones extrajudiciales, genocidios, etnocidios, mutilaciones, torturas, desapariciones forzadas. Un país en que los criminales amparados por el Estado, llegaron hasta jugar fútbol con la cabeza de una víctima. Un país en dónde se quemó a las víctimas vivas en hornos para fabricar tejas. Un país con el mayor número de fosas comunes. Un país en donde tres candidatos presidenciables fueron asesinados y un partido político exterminado. Un país en el que hasta un cercano amigo de Pablo Escobar y del Cartel de Medellín llegó a ser presidente. Un país en que el cerebro de las ejecuciones extrajudiciales de jóvenes humildes oficia como presidente. Un país donde militares violan niños y luego los descuartizan y no pasa nada. Un país con el récord imbatible de sindicalistas y periodistas asesinados. De ese país salió al exilio Joaquín Pérez Becerra y nunca más regresó. A ese país Joaquín Pérez Becerra le renunció a su nacionalidad y se hizo sueco. A ese país Venezuela lo deportó a sabiendas que era asilado político y ciudadano sueco. Y que por lo tanto la deportación no operaba hacia la criminal y mafiosa Colombia.

Continúa diciendo el preámbulo: “Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre”

El respeto efectivo a los derechos y libertades fundamentales de Joaquín Pérez Becerra fue conculcado por el Estado venezolano. El principio bona fides fue desconocido a Joaquín Pérez Becerra por cuanto éste exhibía su pasaporte sueco, recordaba su calidad de asilado politico, de periodista y el riesgo que para él representaba ser enviado a Colombia. Además que hacía su ingreso legal al país.

Artículo 1. “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.

Las dignidad y derechos de Joaquín Pérez Becerra fueron violentados al negarle el acceso a su representante consular como extranjero que es. Se le condenó sin ser vencido en juicio, se le deportó a un país que ya no era el suyo y del cual huyó para salvar su vida. Se le destruyó la honra y buen nombre, su dignidad de periodista y hombre libre.

Artículo 2. “Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía”.

Es claro que en Colombia existe el delito de opinión. En Venezuela lo saben porque periodistas de TELESUR lo sufrieron en carne propia. A Joaquín Pérez Becerra lo persiguen por su opinión política en ANNCOL, porque ANNCOL llama las cosas por su nombre, “Chucky” a “Chucky”. En la narcodemocracia colombiana se está penalizando leer o ser parte de ANNCOL. Ciegamente relacionan a ANNCOL con las insurgencia colombiana. El establecimiento colombiano no perdona que ANNCOL sea desobediente, que los desenmascare, que los deje en evidencia ante el mundo. Entonces cualquiera que ose allí escribir o leer es sujeto de judialización. Un caso para ilustrar lo aberrante de esta realidad fue el del profesor Miguel Angel Beltrán a quien deportaron de México de una manera sucia y repudiable, muy parecida a la que sufrió Joaquín Pérez Becerra, lo acusaron de escribir en ANNCOL bajo un seudónimo y por ende ser de las FARC-EP. Es decir, de ser esto cierto, que no lo es, se le estaría juzgando por escribir en un medio alternativo de comunicación.

Finalmente, señor presidente Chávez, a quien montaron en una trampa fue a usted y no a Joaquín Pérez Becerra. Por lo tanto, no hay que hacer un muñeco para quemarlo a usted pues usted mismo se quemó.

Juan Carlos Vallejo es escritor, periodista y analista político internacional.

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El Che y sus consideraciones en torno a cómo enfrentar los errores

Víctor Pérez Galdos (RADIO REBELDE)

El Che como dirigente revolucionario estuvo consciente que en el desarrollo de la construcción de una nueva sociedad podían cometerse errores, pero que lo más importante no era ocultarlos o eludirlos sino propiciar el análisis correspondiente para evitar que dichos errores volviesen a repetirse.

Y atendiendo a ello afirmó que había que trabajar por el perfeccionamiento interno como una obsesión casi, como una impulsión constante e instó cada día a analizar honestamente que se había hecho, para corregir los errores.

El Che planteó que esto no debía hacerse en forma aislada o circunstancial, sino que resultaba necesario que fuese el resultado de una tarea constante en la que estuviese presente el autoanálisis, y al respecto señaló: “…por eso se debe emplear tanto la autocrítica porque es una disciplina de mejoramiento y de mejoramiento colectivo que se va estableciendo, a medida que cada uno se acostumbra a sacar a la luz todos sus defectos, todos sus errores y discutirlos para que se corrijan”.

Ernesto Guevara aprovechó sus múltiples contactos con los trabajadores y dirigentes del Ministerio de Industrias para reflexionar en torno a temas tan candentes y significativos como el señalado. El 31 de enero de 1962 al hablar en un acto de entrega de premios a los trabajadores ganadores de la emulación de círculos de estudios del Ministerio de Industrias manifestó que no constituía un pecado cometer errores, que el pecado era volver a cometerlos, ocultarlos y no analizarlos. Y agregó: “Nosotros tenemos que ir sobre nuestros errores, machacar sobre ellos, analizarlos y que no se repitan”.

Ya con antelación a esta intervención, el Che había hecho otras reflexiones sobre la cuestión de los errores y el análisis que a escala individual y de la sociedad en su conjunto debía hacerse para sacar las lecciones pertinentes.

Por ejemplo en una Reunión Nacional de Producción, celebrada en La Habana, en agosto de 1961, él enfatizó: “Tenemos que hacer hincapié en los errores, descubrirlos y mostrarlos a la luz pública, para corregirlos lo más rápidamente posible. Y naturalmente, hay errores y hay debilidades grandes en la producción; puede ser que algunos sean justificados, pero lo importante no es justificar el error, sino impedir que el error se repita.”

Añadió en esa ocasión al hacer alusión al tema de los errores que la única forma de solucionarlos es descubrirlos, hacerlos públicos y precisó al respecto: “…y entonces el error se soluciona; y la única forma revolucionaria es discutir públicamente los errores, los errores que nosotros tenemos, los errores que tienen otros organismos…”

El Che señaló en esa intervención que no todo era belleza, que no todo era efectividad y que había dificultades y errores y que lo único que “nos salva es nuestra decisión, de que cada vez que se detecta un error, exista la voluntad de resolverlo, de nunca tapar los errores, de nunca estar escudándonos detrás de este o aquel error de algún que otro funcionario, sino reconocerlo y tratar de que no se produzca más, para cumplir las metas fundamentales de nuestra Revolución, que es la dignificación del hombre, que es lograr que el ciudadano tenga todas las ventajas de la cultura, de la asistencia social de todo tipo, y todos los bienes materiales necesarios para una vida feliz…”.

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Empresarios que predican sindicalismo “con la bragueta abierta”

Daniel Cadabón (especial para ARGENPRESS.info)

En el curso del acto realizado por Hugo Moyano en la avenida 9 de Julio, el pasado viernes 29 de abril; el empresario sindicalista de la CGT y reconocido gerente de un trust de empresas en manos de testaferros, no respondió a ninguna de las expectativas de los trabajadores.

No se escuchó hablar de ninguna reivindicación obrera, ni condenar al trabajo en negro o tercerizado que en la actualidad alcanza a más de un 50% de los trabajadores; no hubo mención a los salarios de indigencia de 1200 a 1800 pesos que cobran los trabajadores precarizados en cooperativas oficialistas, en los municipios del conurbano o contratados por el estado; tampoco se habló de la esclavitud de los trabajadores rurales o de los textiles en los talleres clandestinos que facturan para las grandes marcas. Este tema no es menor dado que Moyano es famoso por combatir la ley Banelco del aliancista Alberto Flamarique del Frepaso, cuya función era precarizar las condiciones de trabajo. Aumentando los períodos de prueba, incrementando la contratación en negro y flexibilizando los convenios colectivos. Ni una palabra de esto. No hubo una sola vez que el “líder sindical” analizara, pese a invitar en cadena a los trabajadores al análisis, que gran parte de las ganancias capitalistas surgen de esta forma de explotación negrera

Tampoco se habló, en el acto “obrero” de la reivindicación del 82% móvil para jubilados y pensionados ni de la derogación del impuesto al salario (mínimo no imponible)

El acto del 29 de abril se limitó de esta manera a un recuento de la tropa y tuvo como objetivo presionar el ingreso de peones moyanistas como colectora en las listas oficialistas, (“por qué no”) para las elecciones de octubre.

Moyano señalo los logros de “su” gobierno al que esta vez no amenazó con ningún paro general. La presencia de gran parte del gabinete nacional compartiendo tribuna fueron suficientes garantías para que el líder esté tranquilo sobre el apoyo que recibirá en cuanto al proceso de investigación de sus cuentas en Suiza.

Nada de a llamar a movilización alguna en contra de los “formadores de precios”, que desatan una inflación del 30% anual o solidarizar a su central sindical con las luchas obreras en curso. Al contrario, Moyano prometió que el lunes se volverá a sentar con la patronal de la UIA y la presidenta en un enésimo intento por “concretar ese famoso diálogo social que permita discutir temas para que funcione como el Consejo Económico y Social de España y que una vez discutidos los temas vayan al Congreso".

El camionero, que desde los ´70 no maneja más “transatlánticos de 16 ruedas por las rutas del país” pero que, eso sí, está acostumbrado a los yates y a los autos de alta gama, justificó la situación de una presidenta que se ve obligada a gobernar mediante decretos y vetos porque alrededor “todo se cae”.

Es muy interesante la visión moyanista de la democracia burguesa. Por un lado justifica los vetos presidenciales a las leyes que benefician a los jubilados o que perjudican a las mineras; por el otro, pretende entrar por la ventana a las decisiones del ejecutivo para transformarlo en un sistema tripartito donde la patronal de la UIA, el gobierno y la patronal sindical, él mismo, acuerden a puertas cerradas el “problema obrero”. ¿Será esta la vuelta que le encontró al gobierno de un trabajador?

El acuerdo social propuesto por Moyano, sea como pacto o Consejo Económico y Social nace destinado al fracaso por dos razones fundamentales. La primera, porque le va a resultar difícil en épocas preelectorales el Congreso siga funcionando como una escribanía del Ejecutivo. La segunda, porque cada pacto parcial firmado con las direcciones sindicales burocráticas en el último año no duro nada. Ahí están como ejemplo los petroleros de Santa Cruz, que en casi un mes de una huelga histórica –pese a la amenaza de “que si me vuelven a cortar una ruta los mato”- pulverizaron el pacto firmado entre la presidenta y el sindicato petrolero el año pasado y que, en tren de pulverizar, la asambleas de obreros del petróleo rajaron a las propias direcciones burocráticas del sindicato pactista y consiguieron -enfrentando aprietes de todo tipo- que una de las patronales más ricas del país les paguen los días caídos por la huelga.

En el recuento de porotos a favor del oficialismo, hizo que Moyano saludara el pago de la deuda al FMI por parte de Néstor Kirchner; que se volviera desagradecido con los de los ´90, aun cuando el menemismo haya dado largas muestras de alianza con el oficialismo en los últimos tiempos y que le haya permitido hacerse del negocio del Belgrano cargas privatizado por el demonio menemista. Igual no se privó de nada apoyando la candidatura del ministro de economía, un ex Alsogaray, que renegocia el pago de nueva deuda a los bonistas del club de París mientras se apresta a reabrirle las puertas al FMI.

En tren de elogiar, el líder sindical hizo un repaso del subsidio universal señalando que es una forma de luchar en contra de la pobreza, cuando en realidad es una forma de consolidarla, y se pronunció a favor de extender el subsidio a las madres embarazadas “para defender la vida” consigna cara a la iglesia que condena el derecho al aborto.

Moyano defendió la Ley de Medios kirchnerista; caballito de batalla de todos los intelectuales centroizquierdistas devenidos cristinistas, aclarando algo que estos intelectuales se empeñan en ocultar "que aún no se pudo aplicar en su totalidad” porque “los medios monopólicos, socios y cómplices de la dictadura militar, quieren ser nuestros fiscales y quieren derramar ética, moral y buenas costumbres. Tenemos que insistir en aclarar esto, para que no nos logren confundir. Predican la moral con la bragueta abierta", especificó, ganándose el aplauso de” la cámpora” y de la juventud sindical peronista, conducida por su hijo Facundo.

Sin embargo Moyano, no exhortó a los presentes a una movilización a fondo para el cumplimiento de la ley, votada “por diputados, senadores y reglamentada por el ejecutivo” simplemente denunció la impotencia del kirchnerismo para lograr que se aplique, reclamando su cuota parte en el negocio mediático. Debemos recordar que la ley está paralizada en sus puntos más conflictivos, que tienen que ver con desprendimientos de licencias de los multimedios para proceder a la repartija del 33% del espectro.

La única medida que defendió, además del pedido de reelección presidencial, fue la de reparto a las ganancias y, para argumentar a su favor, el empresario sindical comentó que el derechista Sarkozy intenta implementarla en Francia.

El acto de la CGT fue un acto marcado por la decadencia, la descomposición y el oportunismo de la burocracia sindical y del kirchnerismo presente.

Viejos burócratas sindicales menemistas, la mayoría con cuentas con la justicia, que hasta hace días hablaban del problema que representa “la zurda loca” y que se encargan del armado de patotas para reprimir a los trabajadores que salen a la lucha, se codeaban con ex ”montos” y flamantes camporistas reivindicadores del asistencialismo y de las colectoras.

La presidenta no asistió al acto, la foto con los “Pedraza” presentes en la tribuna puede volver en convertirse en pan para hoy y hambre para mañana. Prefirió preservarse de la participación en una concentración, junto a la “columna vertebral” de su gobierno, por el repudio que provocan en la sociedad estos dirigentes millonarios aliados estratégicos de los asesinos de Mariano Ferreyra.

Tampoco participó Hugo Yasky, aunque en posteriores declaraciones radiales declaró que el camino de la unidad, aun con diferencias, está bastante avanzado y saludo el acto de la Central moyanista.

Los diarios informan sobre la acelerada desconcentración de las columnas, las que no llegaron a cubrir ni un tercio de la asistencia mínima esperada por los organizadores.

Debe ser que a los trabajadores ya no les caben los empresarios que predican sindicalismo con la bragueta abierta.

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Las demandas del 1º de Mayo

Julio C. Gambina (especial para ARGENPRESS.info)

Hoy se conmemora el día internacional de lucha de los trabajadores, y se hace en el marco de una crisis de la economía mundial, cuyos principales efectos se sienten en el corazón del capitalismo desarrollado, EEUU, Europa y Japón, pero con impacto en el conjunto de la sociedad.

El principal sector social afectado son los trabajadores, la mayoría de la población mundial. El elevado desempleo es la norma, asociada a la tendencia en crecimiento expresada por la flexibilización laboral y salarial, producto del deterioro consecuente de las condiciones salariales y labores contenidas en los contratos de trabajo, los que resultan de negociaciones colectivas cada vez más limitadas debido a una gigantesca ofensiva del capital sobre los trabajadores en el ámbito mundial. Ello es visible en el porcentual de desempleo que ronda el 10% en los principales países del capitalismo y que prácticamente se duplica en España. Los datos son alarmantes en el sur empobrecido del mundo, donde la superexplotación de la fuerza laboral es parte de la cruda realidad del hambre y la miseria.

En Argentina, según el Indec y para el último trimestre del 2010 (último dato disponible), la desocupación es del 7,3% y la subocupación alcanza al 8,4%; siendo que el 33,7% de los asalariados revistan en situación irregular, sin seguridad social. Aún con tendencia declinante, la tasa de desempleo no logra el registro del año 1990/92, que era del orden del 6 al 7% y mucho menos los indicadores de los años previos, los 80´ y los 70´ con oscilaciones entre el 2 y el 6%.

Los datos confirman que un 40% de los trabajadores ocupados perciben ingresos mensuales inferiores al salario mínimo, vital y móvil, hoy de $1.840 mensuales. Es cierto que en los últimos años creció la tasa de actividad, al 45,8% y la tasa de empleo del 42,4% (IV trimestres 2010), quedando claro que ello se logró con amplios sectores de trabajadores subocupados, bajo el régimen de cuenta propia y en carácter de no registrados (vulgarmente referenciado como trabajo en negro), definiendo el mayor empleo asociado a una fortísima precariedad en el empleo. Lo grave son las denuncias de fraude laboral que involucran incluso al Estado y a los contratados en el propio Ministerio de Trabajo. El Estado es el gran empleador y flexibilizador de las condiciones laborales en el país.

El elemento principal a considerar en la Argentina, no es tanto el crecimiento del empleo, ni siquiera la recomposición salarial de los trabajadores bajo convenio colectivo, un tercio de la población trabajadora, si no que el dato relevante es la precariedad laboral. Recordemos que el asesinato de Mariano Ferreyra en octubre del 2010 se produjo en el marco de una protesta contra los tercerizados del ferrocarril, que entre otras cuestiones denunciaban ingresos de un tercio sobre los trabajadores ferroviarios de planta.

La demanda de los trabajadores cambió con el tiempo, y si para la crisis del 2001 el tema central era el empleo, en la actualidad el reclamo se divide entre formalización laboral (pase a planta) y mejora salarial y de las condiciones de trabajo.

En materia de ingreso salarial se discute cual es la proporción anual de riqueza socialmente generada que debe quedar como ingreso de los trabajadores en desmedro de la ganancia, sugiriéndose que una distribución igualitaria del 50% para cada uno de los sectores sería lo adecuado, el fifty-fifty, un logro solamente obtenido en 1952-54 y en 1974.

Constituyendo esa meta una mejora distribución del ingreso para los trabajadores, no debe ser considerada el punto de llegada, ya que la contrapartida son las ganancias, que como reflejan los datos oficiales están altamente concentradas en un núcleo muy reducido de empresas, la mayoría extranjeras, e incluso las de origen nacional están cada vez más vinculadas al mercado mundial, lo que las define como transnacionales, más interesadas en reducir el costo de producción que en distribuir progresivamente el ingreso nacional. Las mayores ganancias empresarias son producto del crecimiento de la productividad del trabajo, que no se comparte como mayor ingreso para los trabajadores sino que se apropia como ganancia entre las empresas que dominan la economía de la Argentina.

Pero más allá del debate sobre el mercado de trabajo y sus condiciones, los salarios, la seguridad social y la distribución del ingreso, es muy poco lo que se discute respecto del escenario sobre el que esas demandas actúan, es decir, el modelo productivo y el de desarrollo, que en estas horas ha generado debates interesantes. Son polémicas relativas al perfil productivo que se deriva de la cosecha récord de 100 millones de toneladas; del resultado de la producción derivada de la mega minería a cielo abierto, que cada vez incide más en los datos del PBI; o la expansión año a año de la producción automotriz centrada en el mercado mundial.

¿Es la Argentina proveedora de materias primas y bienes industriales ensamblados el modelo requerido para el desarrollo autónomo de la sociedad Argentina?

Nuestro país, en forma similar al resto de nuestramérica es funcional al capitalismo mundial en crisis ofertando sus recursos naturales y fuerza de trabajo calificada y barata.

En este 1º de mayo es bueno pensar más allá del salario, el empleo y las condiciones laborales, para pensar en la crisis mundial en curso, el orden económico y social vigente y la necesidad de hacer realidad otro mundo posible.

Buenos Aires, 1 de mayo de 2011

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Dentro o fuera de las escuelas: los pibes sufren el capitalismo

Andrés Sarlengo (CONTRAPUNTOS, especial para ARGENPRESS.info)

¿Los 12,2 millones de argentinos empobrecidos (5,4 millones de ellos indigentes) (1) encontrarán alguna salida a semejante crimen social mirando Telefé o Canal 13 que según la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) producen el 83 % de lo que se ve en TV en el país (2)?.

Los 198 millones de latinoamericanos empobrecidos (3) cómo se verán reflejados en los emporios mediáticos del sur y centro de nuestro continente: O Globo (Brasil), Clarín (Argentina) Grupo Cisneros (Venezuela) y Televisa (México) (4).

Camilo Taufic es claro: “Las advertencias que se han hecho tan frecuentes últimamente en los Estados Unidos y Europa occidental acerca del “fantástico dominio que están alcanzando sobre las multitudes los medios de comunicación”, en realidad encubre un hecho verdaderamente alarmante: el real poder que han alcanzado los grandes monopolios y las gigantescas corporaciones multinacionales sobre millones de seres, a través de su propaganda por la comunicación masiva (5)”.

Perviviendo en la escasez, argentinos y latinoamericanos, se conectan a la TV y envían mensajes tras mensajes por internet y/o celulares a montones. ¿Será esto una nueva forma de desarrollo o el ser humano se ha quedado completamente alienado?

Red Eco Alternativo señaló: “El “Informe sobre Diversidad y Pluralismo en la Radiodifusión en América Latina 2010” señala que la concentración de medios se mantiene como uno de los principales problemas que impiden garantizar la pluralidad y la diversidad. Además, se remarca que la transición tecnológica genera hasta el momento una multiplicidad de servicios pero no de voces (6)”.

¿Podrá una ley de Servicios Audiovisuales “democratizar” la concentración y centralización capitalista?

¿Será verdad que los trabajadores argentinos actualmente se quedan con el 48 % del PBI? Mentira o certeza lo que sí sabemos es que los jóvenes no la están pasando bien más allá de la perorata progresista.

Carlos Del Frade le respondió a Contrapuntos: “Está bien que se dediquen a la educación, que hablen de educación está bueno. Pero lo que hay que decir es que en los dos principales aglomerados (Santa Fe-Santo Tomé y Gran Rosario) 8 de cada 10 chicos de los sectores populares no terminan la secundaria (datos del IPEC del 2011). Y hoy con respecto a la secundaria después del censo 2010 vuelve a demostrarse que el 50 % de la población adulta en el país no terminó la escuela media. Y esto pasa en Argentina que alguna vez fue proa del pensamiento educativo en el mundo y América Latina. Por eso Tinelli fue el programa más visto en los 90 y sigue siéndolo ahora. Nos educan para ser imbéciles (7)”.

Un estudio del Centro CEDLAS de la Universidad de La Plata indica que 1.340.000 jóvenes en la Argentina no trabajan ni estudian. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el 2006 brindaba datos de los “ni ni” en el país: son 1.390.000 de jóvenes de entre 15 y 24 años. Alberto Morlachetti asevera: “entre 500.000 y 800.000 jóvenes no trabajan ni estudian. ¿Qué va a pasar con estos chicos? El futuro es que la sociedad te acompañe. Lo más cómico es que después nos quejamos de que son violentos (8)”.

Hasta el titular del Fondo Monetario Internacional (FMI) Dominique Strauss Kahn lo admite: “Nos enfrentamos a la perspectiva de una “lost generation” de gente joven, destinada a padecer desocupación y condiciones sociales aún peores (9)”.

En Europa –cabe ejemplificar- en el 2010 el desempleo en los menores de 25 años trepó al 20,6 % contra el 9,6 % del promedio general (9).

En síntesis: en el Capitalismo Mundial Integrado (CMI) los pibes sufren dentro o fuera de las escuelas.

Veamos más…

Mientras Carlos Slim y otros 50 multimillonarios latinoamericanos poseen la fortuna de 334.300 millones de dólares (10); 80 millones de niños sobreviven empobrecidos en América Latina y el Caribe (11).

Mientras las “ganancias de la banca argentina ascendieron a 11.000 millones de pesos en el 2010 (12)” (y tan sólo los seis primeras entidades obtuvieron 5.000 millones: Galicia, BBVA, Santander Río, Macro, Patagonia e Hipotecario (13)), “el 40 % de los ocupados gana menos que el salario mínimo”. Jorge Colina del Instituto para el Desarrollo Social Argentina (IDESA) aseguró: “Toda esta gente está por debajo del salario mínimo, se trata fundamentalmente de trabajadores informales (14)”.

Banqueros ricos; laburantes desdichados.

Y sí los índices del IDESA parecen muy pesimistas, el Centro de Estudios de Servicios y Consumidores informó que en el sur de Santa Fe se necesitan 5.248 pesos mensuales para “los 67 productos y servicios que precisan para vivir (15)”. Casi tres salarios mínimo, vital y móvil; más de dos salarios del docente que recién se inicia en el acto de enseñar y aprender en los galpones de la plutocracia.

La CGT, CTA y CTERA: bien, gracias!

En resumen, los trabajadores no viven tan bien como afirma la presidenta Fernández.

Los pibes –dentro o fuera de las escuelas-, cabe repetir, padecen el capitalismo.

En “Desigualdad, el problema clave” Bernardo Kliksberg destaca: “En 1960, el 20 % más rico del mundo tenía 30 veces más lo que el 20 % más pobre. En 1997, eran 74 veces, y la distancia siguió creciendo. En 2006 la Universidad de las Naciones Unidas mostró que en cuanto a patrimonios, el 10 % más rico tenía el 85 % del capital mundial, y el 50 % más pobre sólo el 1 % (16)”.

Así, cuando el ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni, afirma que “es fundamental el rol de la educación y del periodismo comprometido para dar esta disputa cultural y que no nos escondan la verdad”…vale recordarle lo que escribió Theodoro Adorno: “En el sistema privado (capitalista), la búsqueda del máximo beneficio es el motor de una búsqueda de consumo máximo, es decir, del máximo de lectores, oyentes, de espectadores. En el sistema de Estado, es el interés del Estado (ideológico o político) el que impulsa el mayor consumo (5)”.

Y en Argentina entre el Estado y las corporaciones privadas –en educación, cultura y medios- va desapareciendo lo público como base sustancial de la democracia.

Ante “Las escuelas del Bicentenario”, casi la mitad del PBI en manos de los trabajadores según la presidenta y la”Inclusión digital educativa”… desde Córdoba, Paola, de la Agrupación Docente María Saleme parece darle un adecuado cierre a este artículo: “La ley tiene una orientación específica hacia lo que estos sectores quieren para el pueblo, quieren reducir a los estudiantes a que sean tan sólo mano de obra barata para las empresas (17)”.

Aunque Paola se refiera a la reforma de la educación provincial de Córdoba aprobada en el 2010, me parece, que es una “ley” que reproduce la esencia transburguesa del presente: propiedad privada y educación como sinónimo de inclusión para el consentimiento masivo.

Adentro o fuera de las escuelas: el capitalismo hace de las suyas.
Notas:
1) Prevén mayor incremento de los niveles de pobreza. La Capital. 22/03/2011
2) Telefé y Canal 13 generan el 83 % de la televisión que se ve en el país. La Capital. 25/04/2011
3) Pobreza, la asignatura pendiente en Latinoamérica. Argenpress. 29/03/2011
4) Los halcones de la desinformación. Argenpress. Andrés Sarlengo
5) Periodismo y lucha de clases. Camilo Taufic. Akal. 1986.
6) Tomado de Pulsar. 14/04/2011
7) 05/04/2011
8) Los jóvenes no escapan al flagelo. Alejandro Rebossio. La Nación. 17/04/2011
9) Europa: los ni-ni piden a gritos un futuro. Elisabetta Piqué. La Nación. 17/04/2011
10) Desigualdad, el lado oscuro del milagro económico latinoamericano. La Capital. 28/03/2011
11) Página 12. Sebastián Premici. 07/07/2010.
12) La Banca Argentina cerró su mejor año en toda la década. Javier Blanco. La Nación. 08/01/2011
13) En 2010 volvieron a liderar el ranking de utilidades empresariales, con beneficios por casi $ 5.000 millones. Alfredo Sainz. La Nación. 28/03/2011
14) El 40 % de los ocupados gana menos que el salario mínimo. Oliver Galak. La Nación. 29/03/2011
15) Una familia tipo de Rosario necesitó más de 5.200 pesos para llegar a fin de mes. La Capital. 14/04/2011
16) Telam. 15/04/2011 Hoy hay una mercantilización de la educación. Anred. 25/03/2011

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La única verdad

Carlos del Frade (APE)

Estamos muy contentos además de que a los sectores más dinámicos de la economía, a los grandes actores económicos les vaya muy bien -dijo la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en la Bolsa de Comercio de Rosario, el 18 de agosto de 2010-. Era una confesión de parte.

Los mayores beneficios de su política económica fueron para “los grandes actores económicos”. Agregó que el 9 por ciento de crecimiento es el “…más sostenido de nuestros 200 años de historia. Pero además lo hace con una fuerte sustentabilidad social. Porque este crecimiento económico está acompañado también de una de desocupación de un dígito que volvió a bajar, en el último trimestre, afortunadamente, a 7,9 y perforó esos dos dígitos de desocupación que nos acompañaron durante década y media o un poco más”, apuntó la presidenta. Y agregó: “Nuestra protección y cobertura social también revela un grado de cobertura y de protección único en Latinoamérica. Podemos decir con orgullo que este Bicentenario nos encuentra con un país en crecimiento, pero al mismo tiempo con un pueblo que participa de ese crecimiento económico. También tenemos el mejor salario de los trabajadores…”, enumeró la presidenta.

Aquel discurso fue un resumen de casi ocho años de gobierno.

Resumen en números que marca también el límite del discurso progresista.

A los que les va muy bien, según dijo la presidenta, es a los grandes actores económicos.

Seis meses después, otras cifras, también oficiales, presentan la otra cara de la realidad, la de aquellos que no son los grandes actores económicos.

De acuerdo a los datos de la Encuesta Permanente de Hogares, “en los últimos años, hubo un fuerte cambio en el mapa de las prestaciones sociales. Y su alcance es tan vasto que 3,5 millones de familias perciben algún subsidio, asignación o prestación social. Pese al fuerte crecimiento de la economía, unos 14 millones de argentinos necesitan aún la asistencia del Estado para sobrevivir”, apunta la información publicada por distintos medios de comunicación.

Si se toman en cuenta las palabras de aquel discurso de la presidenta, la inversión social del estado hacía posible el desarrollo de todos los sectores de la vida colectiva argentina.

Y allí están los límites.

Lo que favorece de manera notable a los más tienen termina ninguneando a los que menos poseen. En la actualidad, gracias a estas políticas económicas resumidas en el discurso ante la Bolsa de Comercio de Rosario, unos 16 millones de argentinos disponen de menos de 800 pesos mensuales. Veintisiete pesos por día.

De tal forma, el diez por ciento más rico de la Argentina pueda gastar veinte veces más que cada persona que puebla el 10 por ciento más pobre del país.

Cifras que no cotizan en Bolsa pero que tampoco sirve para alardear sobre los beneficios del plan que premia a los poderosos.

-Podemos decir con orgullo que este Bicentenario nos encuentra con un país en crecimiento, pero al mismo tiempo con un pueblo que participa de ese crecimiento económico – sostenía aquel discurso. Lamentablemente no es verdad, señora presidenta.

Simplemente eso, no es verdad.

La única verdad es la realidad que usted misma dijo en aquella pieza oratoria: “Estamos muy contentos además de que a los sectores más dinámicos de la economía, a los grandes actores económicos les vaya muy bien”.

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Soja sí, indígenas no

Darío Aranda

Casa de Gobierno. Mediodía del 27 de abril. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anuncia por cadena nacional el envío al Congreso de un proyecto de ley para regular la venta de tierras a extranjeros. A 700 metros de allí, la comunidad qom La Primavera cumplía cuatro meses de acampe en la avenida 9 de Julio y 48 horas de huelga de hambre.

No solicitan dádivas. Exigen que se cumpla la ley (artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, y Convenio 167 de la OIT, de rango supralegal). Y piden justicia por la represión del 23 de noviembre de 2010, donde la policía provincial (en complicidad con Gendarmería Nacional) hirió a ancianos, mujeres y hombres. Y asesinó a Roberto López, abuelo qom de 62 años.

Extranjerización

Los hermanos italianos Carlo y Luciano Benetton cuentan con un millón de hectáreas. ¿Sería mejor que las tuviera el bonaerense Gustavo Grobocopatel?

El estadounidense Douglas Tompkins posee 270 mil hectáreas. ¿Sería preferible que las adquiera el salteño Alfredo Olmedo?

No existen datos siquiera aproximados sobre extranjerización de tierras en el país. El proyecto de ley propone un registro de poseedores extranjeros de tierras rurales (otorgaría 180 días). Quizá el punto más relevante de la propuesta legislativa.

Federación Agraria Argentina (en antaño tan cercana a la Sociedad Rural, en la actualidad tan cerca del Gobierno) arriesga cifras tan dispares como difícil de comprobar. Suele mencionar un supuesto relevamiento propio, pero nunca lo hizo público. Igual los diarios lo citan como verdad revelada.

La extranjerización sólo tiene, por ahora, casos emblemáticas: Benetton, Tompkins, Joseph Lewis y Ted Truner.

Pocos pueden oponerse a legislar sobre la venta de tierras a extranjeros. Sobre todo, no se opondrán quienes impulsan el actual modelo agropecuario porque una ley de ese tipo no afecta ningún interés de los ganadores del modelo de agronegocios actual (donde la soja es sólo su cara más visible).

Regular la extranjerización de tierras no combate el corazón de la injusticia rural: la concentración de la tierra. Muy pocos tienen mucha tierra. Muchos (campesinos e indígenas) tienen muy poco.

Datos duros del INTA: el 2 por ciento de las explotaciones agropecuarias controla la mitad de la tierra del país. Mientras que el 57 por ciento de las chacras, en su mayoría campesinos y pequeños productores, cuenta sólo con el 3 por ciento de la tierra. Es una reforma agraria, pero al revés.

Según el Censo Nacional Agropecuario de 1988 había en el país 422.000 chacras. Que disminuyeron a 318.000 en 2002 (un 24,6 por ciento menos).

Todo indica que en los últimos nueve años la concentración aumentó, pero (Indec mediante) no hay datos oficiales. En 2008, en plena disputa entre el Gobierno y la Mesa de Enlace, se realizó el Censo Agropecuario. Aportaría datos precisos luego de seis años de falta de estadísticas oficiales del sector rural. Pero el esperado relevamiento no escapó a las irregularidades del Indec. El Censo 2008 no abarcó todo el territorio nacional y nunca se presentaron todos los datos relevados. Consecuencia directa: los científicos sociales no lo toman como válido y, a su pesar, deben seguir manejándose con el Censo 2002.

“Será una norma amplia, que proteja a los agricultores familiares (…) Hay modelos a mirar, como Brasil”, había anticipado la Presidenta el 1 de marzo al inaugurar la sesiones del Congreso.

El anuncio había creado expectativas en las organizaciones campesinas. Sobre todo porque la legislación de Brasil contempla la función social de la tierra, un anhelo de los movimientos rurales de base, que rechazan la concepción meramente mercantilista de la tierra, en busca sólo de rentabilidad, y que entienden a la tierra como un elemento indispensable para producir alimentos sanos para el pueblo, pilar la soberanía alimentaria de un país.

Sólo 58 días después del anuncio en el Congreso, el 27 de abril hubo cadena nacional para presentar el proyecto de ley. En ninguna de las siete carillas se menciona la función social de la tierra. Tampoco existe mención alguna a los “agricultores familiares”.

Empresarios y gobiernos extranjeros no necesitan comprar tierras de Argentina para explotarlas según su necesidad.

El gobierno de Río Negro firmó en octubre de 2010 un acuerdo con China para sembrar 240 mil hectáreas, el doble de la actual superficie rionegrina dedicada a la agricultura, considerada por el oficialismo provincial como “la iniciativa más importante de la historia provincial”. Una gran diversidad de sectores advierte que será la “sojización” de la Patagonia y alertan sobre las consecuencias sociales, ambientales y sanitarias que implicará. Y puntualizan los abundantes beneficios para el país asiático: la provincia cede 3000 hectáreas sin costo alguno, compromete 240 mil, otorga un sector del puerto provincial durante al menos 50 años, promete la sanción de leyes que beneficien la “inversión” y obliga al Estado provincial a cubrir los costos de oficinas, viviendas y transportes de los técnicos de la empresa china.

El gobierno de Chaco firmó un acuerdo en febrero último con el “fondo inversor” Grupo Alkhorayef, de Arabia Saudita. Se trata de 200 mil hectáreas del Impenetrable chaqueño, zona donde históricamente viven indígenas y cuyo monte fue diezmado por el avance sojero. El gobierno provincial hizo hincapié en que no se venderá la tierra, pero sí podrá sembrarse soja. “Si esas negociaciones avanzan, no sólo arbitrariamente se le impedirá el acceso a la tierra chaqueña a sus más legítimos destinatarios (indígenas y campesinos), sino que también se consumará un proceso irreversible de desmonte, arrasamiento, erosión y contaminación química que se potencia aún más al tratarse de suelos no aptos para la agricultura, por lo que estaremos cediendo el patrimonio de hoy y también el futuro de todos”, denunció el Foro Multisectorial por la Tierra del Chaco.

El principal problema de campesinos e indígenas no es la extranjerización, sino el modelo agropecuario que en la última década avanzó sobre todo lo que se interpuso.

En 2001 se sembraron en el Argentina 10 millones de hectáreas con soja. En 2003 había 12 millones. Luego de siete años de kirchnerismo ha llegado al récord de 19 millones de hectáreas con monocultivo de soja, el 56 por ciento de la tierra cultiva. Nunca antes la soja había crecido tanto.

“Corrimiento de la frontera agropecuaria”, festejan los técnicos y funcionarios. En la cotidianidad del campo implicó desalojos tan violentos como masivos. El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-Vía Campesina) estima un piso de 200 mil familias rurales expulsadas por el avance sojero. Donde el MNCI tiene gran presencia, como en Santiago del Estero y Córdoba, las topadoras suelen estar al servicio de pooles de siembra y de la Mesa de Enlace (sobre todo Federación Agraria, Sociedad Rural y Confederaciones Rurales Argentinas).

Ni el gobierno nacional ni los provinciales tienen cifras sobre los conflictos rurales originados por el avance de los agronegocios.

La Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) es un colectivo multidisciplinario integrado por un organizaciones sociales, ONG ambientales, académicos y técnicos del Norte del país. En octubre de 2010 presentó el relevamiento “Conflictos sobre tenencia de tierra y ambientales en la región del Chaco Argentino”, contabilizó 164 conflictos de tierras y ambientales, casi ocho millones de hectáreas (el equivalente a 390 veces la ciudad de Buenos Aires) y 950 mil personas afectadas, principalmente indígenas y campesinos, de sólo seis provincias del norte argentino (Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero y norte de Santa Fe y Córdoba).

“La raíz de los conflictos de tierra se encuentra en la disputa por el uso y control del espacio territorial a partir de la imposición de una cultura sobre otra. Por un lado el agronegocio, donde la tierra es un espacio para producir y hacer negocios, y por el otro la cultura indígena y campesina, donde la tierra constituye un espacio de vida”, denuncia la Redaf en su informe.

El grueso de los conflictos (89 por ciento) se iniciaron a partir del 2000. “Coincide con el impulso del modelo agroexportador, favorecido por las condiciones del mercado internacional para la comercialización de la soja, que trajo como consecuencia la expansión de la frontera agropecuaria en la Región Chaqueña”, recuerda el informe.

El 19 de abril, en un hecho inédito, una decena de organizaciones campesinas compartieron con un puñado de legisladores una propuesta de ley para frenar los desalojos rurales. La unión en la acción de organizaciones con diferencias ya de por sí fue un hecho auspicioso.

A pesar de distintos niveles de adhesión al gobierno nacional, no se evidenció voluntad política del oficialismo para con el proyecto. Estuvieron presentes muy pocos diputados, una decena de asesores y no fue tapa de los medios oficiales.

125

La resolución 125 marcó un antes y después en la visibilización del modelo agrario.

“Se trata de un modelo basado en la extrema ‘zojización’, motorizada por grandes empresas que conforman una parte importante de lo que hemos denominado el ‘sistema de agronegocios’. En este modelo talla fuerte un grupo de grandes empresas y sujetos que controlan sectores clave del sistema agroexportador: compañías exportadoras, grandes sojeros, pooles de siembra, semilleras”, explican Miguel Teubal y Tomás Palmisano en el recientemente publicado “Del paro agrario a las elecciones de 2009”.

En el apartado “El conflicto agrario, características y proyecciones”, los economistas del Instituto Gino Germani (UBA) hacen un detallado análisis de la estructura agraria, afirman que ninguno de los actores de la resolución 125 cuestionó el modelo, aseguran que de ninguna manera implicaría la quiebra de los chacareros ni tampoco implicaba una medida distributiva. Concluyen que, a lo largo del conflicto, nunca se cuestionó el modelo.

Los investigadores precisan que siete empresas concentran el 83 por ciento de la exportación de porotos de soja (Cargill, Noble Argentina, ADM, Bunge, LDC-Dreyfus, AC Toepfer y Nidera). El 82 por ciento del aceite de soja se lo reparten cinco compañías (Bunge,, LDC-Dreyfus, Cargill, ADG y Molinos Río de la Plata). En tanto el 90 por ciento de los derivados de soja queda en manos de seis actores (Cargill, Bunge, Dreyfus, AGD, Vicentín y Molinos Río de la Plata).

Ninguno de estos actores sintió peligrar sus intereses durante el conflicto por la resolución 125.

“Al Gobierno le convenía impulsar el modelo sojero pues le permitía lograr importantes superávit de la balanza comercial y fiscal necesarios para, entre otras razones, hacer frente al pago de la deuda externa. Asimismo ‘al campo’ le interesaba mantener un modelo que le era altamente rentable. Quizá por estas razones ninguno de las dos parte en conflicto criticó al modelo sojero que se mantuvo relativamente intacto, y sigue incólume en la actualidad”, afirman Miguel Teubal y Tomás Palmisano.

No hay candidato político, oficialista u opositor, que proponga modificar (al menos gradualmente) el actual modelo agropecuario. Pino Solanas es muy claro con su rechazo a la megaminería, pero (como el resto de la oposición) asistió y sonrió a gusto en la última Expoagro, el gran evento del sector.

Estado cómplice

La Red Agroforestal advierte que el rol del Estado es uno de los puntos centrales que los indígenas y campesinos identifican como responsables, por acción u omisión, para la resolución de los conflictos. “Existe impunidad y falta de decisión política de los gobiernos para resolver la problemática. Es notoria la inoperancia y faltas de respuestas estatales. Los gobiernos desoyen reclamos y, cuando escuchan, se manejan con punteros políticos con el fin de dividir a las comunidades y organizaciones”.

Denuncia que todos los conflictos son “disimétricos”. Donde empresas, personas físicas con recursos económicos y el Estado disputan las tierras con familias campesinas e indígenas, “donde los primeros controlan la información, tienen incidencia en los medios de comunicación, poseen mayores recursos y principalmente tienen o se relacionan con el poder”. Y cuestiona duramente al actor de mayor peso al momento de proteger al pueblo: “Llama la atención el escaso apoyo del Estado a los campesinos e indígenas, y su intervención protagónica como la otra parte del conflicto, ya sea en forma directa o indirecta. Indica claramente que aunque en el discurso lo cuestione, en la práctica sigue apoyando el modelo de producción extractivista y atentando contra la vida indígena y campesina”.

El Grupo de Estudios sobre Ecología Política (Gepcyd) del Instituto Gino Germani (Universidad de Buenos Aires) publicó a fines de 2010 “La violencia rural en la Argentina de los agronegocios”, donde confirmó el aumento de la violencia contra campesinos e indígenas, y abordó la criminalización, militarización y la coacción física.

“Entendemos que la violencia rural creciente en Argentina debe interpretarse en condiciones de la implementación de un diseño global de agroestrategias y políticas de Estado que concretizan en el territorio el redoble en la extracción y consumo de riquezas naturales (…) La disputa territorial entre el agronegocio y las comunidades indígenas y campesinas, y la violencia que el primero despliega sobre los segundos, es síntoma de un proceso de concentración”, explica el colectivo de científicos sociales que integran el Gepcyd.

Y apuntan al rol del Estado y del sector privado. “La violencia rural más que evidenciar una ausencia de institucionalidad en materia de tierras y derechos de los pueblos originarios y comunidades campesinas, pareciera vincularse como la respuesta estatal

El 12 de octubre de 2009 fue asesinado en Tucumán el diaguita Javier Chocobar. El 13 de marzo de 2010, en el paraje santiagueño de San Nicolás, falleció la campesina Sandra “Eli” Juárez, 33 años, luego de enfrentar una topadora que pretendía avanzar sobre tierras donde siempre vivió su familiar. El 23 de noviembre pasado, durante una represión policial, fue asesinado en Formosa Roberto López, qom de la comunidad La Primavera, que en un corte ruta reclamaba por el derecho a habitar tierras ancestrales. Ambos asesinatos se mantienen impunes.

La criminalización también aumenta. El Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi) denuncia que, sólo en Neuquén, existen 40 causas penales contra el Pueblo Mapuche, 200 imputados acusados del crimen de defender el territorio donde viven desde hace generaciones.

La represión y criminalización no es ejercida, salvo excepciones, por extranjeros. La violencia, las balas, los juicios y cárceles son promovidos por “compatriotas”, y con total colaboración de los gobiernos provinciales y el Poder Judicial, también todos argentinos.

País serio

“No se afectará los derechos ya adquiridos. Esto quiero que quede absolutamente claro, porque si no significaría cambiar las reglas de juego y perjudicar a aquellos que adquirieron de buena fe con reglas que estaban vigentes hasta ese momento”, remarcó la Presidenta cuando anunció el proyecto de ley sobre extranjerización de tierras. Y consideró que, no respetar la legislación, “hablaría de un país poco serio”.

Pueblos originarios y campesinos cuenta con legislación que protege sus derechos territoriales. Constitución Nacional (artículo 75, inciso 17), Convenio 169 OIT, Ley 26160, Posesión Veinteañal vigente en el Código Civil. La Redaf precisa en su relevamiento que en el 99 por ciento de los conflictos por tierras se determinó que indígenas y campesinos carecen de títulos que, por las leyes vigentes, el Estado y el Poder Judicial debieran reconocer. El 93 por ciento de los conflictos (153) se producen por alguna acción que vulnera los derechos de los campesinos y comunidades ancestrales con relación a la tenencia de la tierra.

Aviso

Cientos de indígenas de todo el país marcharon en mayo de 2010 durante diez días. Por primera vez en 200 años un masiva marcha indígena llegó hasta Plaza de Mayo y se entrevistó con el Ejecutivo Nacional.

Una veintena de dirigentes indígenas se vio con la Presidenta. Luego de exponer sobre las necesidades y deseos, y hacer eje en la defensa del territorio y el rechazo al modelo extractivo (soja, monocultivo de árboles, minería, avance petrolero), la Presidenta tomó la palabra y anunció que, en caso de descubrir petróleo en una comunidad indígena, el traslado será lo menos traumático posible.

Los dirigentes indígenas, muchos con gran afinidad al Gobierno Nacional, experimentaron una mezcla de sorpresa y decepción. Se preguntaban si la Presidenta no había entendido el reclamo indígena o tenía una decisión tomada.

Respetados compañeros que apoyan al actual gobierno no se cansan de buscar explicación, y suelen terminar la discusión con un argumento: “Son las contradicciones del modelo”.

Lo sucedido con la comunidad La Primavera señala que no se trata de contradicciones. Son decisiones con costos humanos reales. El geométrico avance de la minería a gran escala es un ejemplo. Aunque quizá el más evidente es el “Plan Estratégico Agroalimentario 2010-2016”, proyecto oficial que apuesta a aumentar la producción de soja (entre otros productos) en 20 millones de toneladas, ampliará aún más la frontera agropecuaria y multiplicar las consecuencias ambientales y sociales.

La decisión del Gobierno Nacional es avanzar sobre tierras campesinas e indígenas.

Decisiones

A cinco meses de la represión del Pueblo Qom de Formosa ya no hay espacio para negar la complicidad del Gobierno Nacional con el gobernador Gildo Insfrán.

A pesar de la sistemática violación de derechos humanos, Cristina Fernández de Kirchner mantiene una alianza inquebrantable con Insfrán. Se evidencia en la acción del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, sobre el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), el único espacio estatal que brindaba asistencia a la comunidad La Primavera. Fernández limitó la acción del presidente del Inadi, Claudio Morgado (el trabajo sucio quedó a cargo de la vicepresidenta a María Rachid).

El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), dependiente de Alicia Kirchner, actúa en consonancia con Insfrán. A pesar de contar con valiosos cuadros técnicos, nada pueden esperar las comunidades en lucha de un organismo que sólo funciona como valla de contención de los reclamos originarios.

Pero la más clara, y triste, evidencia es el silencio de la Presidenta. Nunca se refirió al tema en público, nunca recibió a la familia de Roberto López. Ni siquiera el prolongado acampe en avenida 9 de Julio ni la huelga de hambre han provocado un gesto presidencial.

“El genocidio actual de los pueblos indígenas ya no es más con armas. Se produce invisibilizando, omitiendo, dejando que se mueran, es un genocidio por omisión”, afirmó en 2008 el ministro de Corte Suprema Raúl Eugenio Zaffaroni.

Unidos contra los Qom

Lluvioso. Sábado 30 de abril. La muerte de Ernesto Sábato marca la agenda mediática. El 1 de mayo no hay diarios. Las guardias periodísticas están al mínimo.

La Justicia Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires expidió a primera hora una orden para liberar el corte en la avenida 9 de Julio. En un hecho con pocos antecedentes, el Ministerio de Seguridad de la Nación de inmediato dio luz verde para que la Policía Federal se haga presente en el lugar. Más de cien efectivos se apostaron para liberar el tránsito, frente a indígenas que comenzaban su sexto día de huelga de hambre.

No hubo acuerdo ni se levantó el reclamo ni la huelga de hambre. Sólo primó el sentido común de la comunidad que, al despejar la calle, evitó la represión. “Nos avisaron que nos iban a correr por la fuerza y luego nos iban a llevar presos. La lucha se mantiene”, explicó Félix Díaz.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le había solicitado, el 26 de abril, al Estado argentino que adopte una medida cautelar en favor de la comunidad qom. La Comisión instó al Gobierno a que “adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física” de los qom “contra posibles amenazas, agresiones u hostigamientos por miembros de la policía, de la fuerza pública u otros agentes estatales”.

Cuatro días después, el Gobierno hizo todo lo contrario: envió un centenar de efectivos para desalojar la avenida 9 de Julio.

La viceministra de Seguridad, Cristina Caamaño, reconoció a sus colaboradores más cercanos que “no hay orden (de Presidencia) para negociar” con los Qom. “Si no liberan la 9 de Julio, serán detenidos. Si se suben a la plazoleta, no habrá detenciones”, afirmó un muy cercano colaborador de la viceministra y ex fiscal, de destaca labor para investigar el asesinato de Mariano Ferreyra.

“Distinta vara” suelen llamar algunos periodistas. El gobierno nacional recibió a la familia de Mariano Ferreyra y utilizó toda su estructura para buscar justicia. Ya están presos los presuntos actores materiales e intelectuales del asesinato.

A la familia del qom Roberto López nunca la recibió. En la escandalosa causa judicial por la represión de Formosa hay una veintena de precesados: todos de la comunidad qom La Primavera. Ningún policía, ningún gendarme, ningún funcionario del gobierno de Formosa.

Gildo Insfrán es gobernador desde 1995. Y ya se postula para un quinto mandato. Fue menemista, duhaldista y, desde 2003, férreo defensor del modelo kirchnerista.

El cómodo oficio de ocultar

“Periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa: el resto es propaganda”. Es una de las tantas definiciones que circulan entre estudiantes de periodismo. Se la adjudican a media decena de periodistas, pero la mayoría de las veces citan como autor a Horacio Verbitsky.

La represión al Pueblo Qom dejó en evidencia al periodismo de los grandes medios de comunicación.

Los canales de televisión, radios y diarios cercanos (o acríticos) al Gobierno enfocaron la represión como un enfrentamiento, adaptación moderna de la teoría de los dos demonios. Luego, cuando la realidad ya no se podía esconder, apuntaron como único responsable político al gobierno provincial. Ese era el límite. En estos cinco meses, rara vez (muy pocas) estos medios apuntaron a la complicidad del gobierno nacional en los días que siguieron a la represión.

En contraposición, los medios que claramente actúan como partidos de oposición (sobre todo luego de la 125 y Ley de Medios) apuntaron desde un primer momento a la alianza Insfrán-Cristina Fernández. Pero nunca citaron el fondo de la represión: el modelo agropecuario actual, que avanza con soja, desmontes, desalojos y obliga también al corrimiento de la frontera ganadera. No apuntan este motivo porque esos medios de comunicación son un engranaje fundamental en el desarrollo, consolidación y avance de ese modelo.

El periodismo ya no es importante por lo que dice, sino por lo que oculta.

El “periodismo militante” de la agencia de noticias Télam es un caso testigo del periodismo actual. Télam censuró el domingo 17 un artículo sobre desalojos campesinos de un experimentado colega. Sólo fue publicado, el lunes 18, luego de que el colega pateara puertas, discutiera y exigiera se le respetara su trabajo y trayectoria.

El miércoles 27 de abril, luego de innumerables trabas para ejercer su trabajo cotidiano, la periodista especializada en pueblos originarios anunció que dejaba de escribir sobre la temática hasta nuevo aviso. Desde 2001 se dedicó a conocer, visitar y escuchar a comunidades indígenas. Una década de visitar el territorio y dar testimonio sobre la realidad indígena de Argentina. No explicó por qué tomó esa decisión dolorosa (para ella y las comunidades), pero todo aquel que recibe los despachos de Télam puede imaginar por qué.

El 19 de abril a las 20.48 la agencia Télam despachó el cable titulado “Insfrán participó de encuentro multiétnico e inauguró obras”. Dio cuenta de que 6.000 aborígenes lo aclamaron y, como muestra de ese afecto, aportó supuestos dichos de indígenas: “Hemos mejorado mucho en todos estos años, y eso se debe a la sensibilidad de un gobierno popular que supo interpretar las necesidades de los pueblos originarios”.

El último párrafo no deja dudas. “(Los indígenas consideraron que) Ha sido precisamente el gobierno justicialista de la nación y de la provincia quienes nos han reivindicado plenamente en nuestros derechos”.

Los periodistas tenemos el derecho de no firmar los artículos que nos solicitan escribir pero con los que no estamos de acuerdo, ya sea por línea editorial, edición o, también, porque la información no es verdad.

El cable de Télam no fue firmado por el redactor.

“Una cosa es resolver de dónde sacamos el dinero para pagar las expensas y otra es hacer periodismo. Creo que no debemos confundir una con otra. En esta profesión dar la espalda a la realidad tienen un precio. No darla, también”, dice un viejo texto de la cooperativa periodística La Vaca, donde también se arriesga una definición. “Decir lo que hay que decir y contar lo que hay que contar: eso es lo que tienen que hacer un periodista donde pueda”.

Y deja, por un momento, en segundo plano el rol de las empresas periodísticas. “¿Vamos a seguir alegando obediencia debida para seguir contando lo que no pasa y ocultando lo que pasa? (…) Dejemos de sostener, a precios cada vez más bajos, esos trabajos basura, porque corremos el riesgo de convertirnos en basura también nosotros.”

El juego a la derecha

Muchas críticas al Gobierno Nacional se retrucan con, palabras más o menos, “le hacés el juego a la derecha”.

La represión al Pueblo Qom fue un quiebre personal. La impotencia de no poder escribir donde siempre se descargó en un texto de opinión (http://darioaranda.wordpress.com/2010/11/28/%C2%BFderechos-humanos/) que circuló entre amigos y compañeros. Como nunca antes hubo respuestas que acusaban de ser “funcional a la derecha”.

A cinco meses de aquel texto, y visto el accionar del Gobierno, quienes le hace el juego a la derecha son quienes silencian represiones y son cómplices, por acción u omisión, de asesinatos.

No hay acción de Gobierno (por justa y revolucionaria que sea –y este Gobierno ha tomada varias–) que pueda compensar la complicidad ante el derramamiento de sangre del campo popular.

“No se puede hablar de derechos humanos y apoyar a un gobernador que reprime y mata hermanos indígenas”, advirtió Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, en marzo último en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA.

Eduardo Galeano visitó el acampe Qom. Y fue menos diplomático: “(Los indígenas) tienen voz, pero son los no-escuchados, que son justamente los que ahora están aquí acampando, rodeados del desprecio general, del casi silencio, a los que el Gobierno no les da la menor pelota, cuando tendrían que ser los primeros de la fila, mucho antes de todos los políticos que buscan pedazos de poder”.

Derechos Humanos

Secuestro de personas. Robo de bebés. Torturas. Campos de concentración. Desaparecidos.

Los pueblos indígenas de Argentina sufrieron exactamente lo mismo que las víctimas de nazismo y que los víctimas de la última dictadura militar.

Pero su genocidio aún es negado.

“Nunca cayó el régimen que implementó las campañas militares a fines del siglo XIX y principios del XX que derrotaron la autonomía indígena, a fuerza de masacres, para consolidar al Estado nacional. Hay una continuidad hasta nuestro presente”, explica el historiador e investigador Walter Delrío, co-director de la Red de Estudios sobre Genocidio en la Política Indígena Argentina.

La Red de Estudios afirma que aún hoy peso sobre los pueblos originarios de Argentina un proceso con prácticas genocidas. Ayer fueron las las balas, esclavitud y asesinatos. Hoy es la avanzada territorial sobre las comunidades, desalojos, represión, privación de formas de subsistencia, hambre, discriminación y olvido.

A 28 años del golpe de Estado de 1976, el gobierno nacional decidió que la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el mayor centro clandestino de detención, pasará a manos de los organismos de derechos humanos, que erigieron allí un espacio para la memoria del nunca más.

A 130 años del inicio de la Campaña del Desierto, los pueblos indígenas no cuentan con ningún espacio similar. Al contrario, el emblema principal de aquel avance militar, Julio Argentino Roca, cuenta con numerosas calles y escuelas con su nombre, y se mantienen monumentos que se asemejan al colmo: en el centro de Bariloche, pleno territorio mapuche, una estatua de Roca se erige desafiante. Es imposible imaginar una estatua de Jorge Rafael Videla en Plaza de Mayo.

En 1994 se sancionó la Ley 24.411, que establece que el Estado deberá pagar a los familiares de los asesinados y desaparecidos una indemnización por el terrorismo de Estado padecido. Ningún tipo de indemnización o reparación se planteó jamás para las víctimas del genocidio indígena.

En la actualidad, la sistemática violación de derechos humanos de pueblos indígenas no escandaliza a la opinión pública. Incluso es negado por un sector de intelectuales, políticos, comunicadores y referentes de opinión.

Las víctimas del genocidio indígena no fueron (ni son) sectores urbanos, ni clase media.

La negación tiene raíces étnicas y de clase social. Y, sin duda, económicas. Los distintos modelos productivos del último siglo y medio (agroexportador, petrolero, forestal, minero) tuvieron como escenario gran parte de los ancestrales territorios indígenas.

Para los pueblos originarios no hubo un “nunca más”.

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