martes, 10 de mayo de 2011

Osama bin Laden: Morir por encargo

Jorge Gómez Barata (especial para ARGENPRESS.info)

El domingo aproveché un evento social para indagar entre varios adultos jóvenes: ¿Quién fue Timothy McVeigh? Ninguno conocía al sujeto. En cambio todos sabían de Osama Bin Laden y se dividían entre quienes creían o dudaban de la veracidad de la información sobre su muerte.

Tuve deseos de explicarles que tal como sostiene Walter Martínez, único comentarista extranjero que, aunque en reposición, con un día de atraso, puede ser visto en la televisión cubana: “Siempre existen dos escenarios: el de los hechos reales y el que muestran los medios de difusión masiva…” Casi siempre — podría añadir —, el segundo prevalece sobre el primero…”

En el mundo de hoy los terroristas no mueren acribillados por las balas o afectados por dolencias renales, sino sepultados por papel y tinta; cuándo y cómo los medios de difusión deciden que mueran. Pudiera decirse que del mismo modo que Bin Laden pudo no morir el domingo 8 en Abbottabad, McVeigh tampoco fue ejecutado el 11 de junio de 2001 en La prisión de Terre Haute, Indiana. Los terroristas no perecen a manos de comandos SEAL de la Armada, los matan o los reviven los medios de prensa que a veces, también por encargo, fabrican héroes.

Bin Laden cumplió su ciclo histórico y probablemente los niños de hoy al cumplir 20 años lo ignoren todo sobre él. En honor a la verdad no se habrán perdido nada meritorio, como no desmereció a mis encuestados ignorar a un monstruo como Timothy McVeigh; es para alegrarse de su virginal ignorancia.

Si bien la anécdota no aporta descubrimiento alguno, sirve para ilustrar uno de los más relevantes de los fenómenos políticos y culturales de nuestro tiempo que es la capacidad, no sólo para exponer la realidad, sino para crearla y recrearla cuantas veces sea necesario.

La misma historia será contada de modo diferente en distintos lugares y a diferentes generaciones; aunque siempre prevalecerá la del más fuerte: “Las ideas dominantes en una época histórica son las ideas de la clase dominante.” Con esa afirmación Carlos Marx sintetizó la versión ideológica de la ley de la selva.

Nunca tuve vergüenza en confesar que era ya bien adulto cuando en una Bienal de La Habana, a la entrada del Palacio de Bellas Artes, quedé paralizado ante la visión de un objeto tan trivial como una silla; lo excepcional del momento fue que se trataba de “La silla” de Wifredo Lam. Nunca había sido para mí tan evidente la capacidad de los talentos excepcionales no sólo para revelar matices de la realidad no captados por los ojos, el oído o la sabiduría del hombre corriente, sino para crear nuevas visiones de esas realidades.

Aquella capacidad creadora, antes exclusiva de los talentos excepcionales que de ese modo levantaron paradigmas y mejoran la cognición humana, está ahora al alcance de las levas de tecnócratas que, al servicio de las burocracias que detentan el poder; manipulan hechos, imágenes, palabras, datos para hacer que la gente perciban e interpreten la realidad tal y como ellos mandan.

Todo es más grave en la medida en que la política y el ejercicio del poder es menos ético. No discuto que el presidente de los Estados Unidos tuviera el deber y la obligación moral de encontrar a quienes fueron responsables de los trágicos hechos del 11/S, apresarlos, juzgarlos e incluso liquidarlos en combate si no hubiera otra alternativa.

Lo discutible radica en que el ejecutivo no se sienta obligado a informar al pueblo, del cual es servidor y no al revés, incluyendo revelar los detalles acerca de cómo fueron los hechos y cuáles las circunstancias que hicieron letal la operación, privando al acusado del derecho al debido proceso y al público de la oportunidad para conocer sus descargos. Barack Obama ni ningún otro gobernante debería tener la prerrogativa de pensar por su pueblo, suplantar su juicio ni decidir acerca de lo que las masas pueden o no conocer.

Seguramente muchos estadounidenses se sentirán tratados como minusválidos incapaces de administrar sus emociones cuando se les niega el acceso a pruebas documentales porque “Un hombre con un tiro en la cabeza es una imagen impactante…”

Por qué no pueden los ciudadanos comunes ver en fotos o filmes, lo que Obama, Hillary Clinton y una docena de altos cargos del gobierno presenciaron en vivo y por qué permite Estados Unidos que prosperen rumores acerca de la veracidad de la información ofrecida por el presidente, cosa que compromete el crédito del país, teniendo en su poder las pruebas necesarias.

De lo que se trata exactamente es de que, en la cima, es decir en los estratos más altos de la sociedad, sobre la base de intereses afines, se ha consumado una asociación entre el poder político y el poder mediático que permite a las elites de uno y otro sector, a tecnócratas y burócratas, un control de la información y el conocimiento, por medio de los cuales se gobiernan también las conductas.

No hay misterio ni novedad alguna: Timothy McVeigh murió el día en que los medios de difusión en connivencia con el poder decidieron sepultarlo en el olvido. Lo mismo ocurrirá con Osama Bin Laden, que perecerá cuando ellos quieran que muera.

No debiera existir preocupación porque Bin Laden pueda ser convertido en un símbolo capaz de trascender; nadie, excepto aquellos poderosos medios tienen el poder para crear tales fantasmas. Allá nos vemos.

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Wojtyla, una beatificación de nuestro tiempo

Gennaro Carotenuto (BARÓMETO INTERNCIONAL, especial para ARGENPRESS.info)

El 1º de mayo, ocupando de manera para nada casual una fecha tradicional del mundo del trabajo y de la izquierda laica, Karol Wojtyla, conocido durante su papado como Juan Pablo II, fue beatificado apenas seis años después de su muerte. Para la iglesia católica es un escalón necesario hacia la santidad.

Aunque dos millones de fieles viajaron a Roma en esas horas, la obra de Wojtyla no deja de ser polémica, ya sea por sus omisiones en las denuncias de los casos de pedofilia, por su alianza con las dictaduras latinoamericanas y con prelaturas cuestionadas como el Opus Dei y los Legionarios de Cristo, o por su guerra sin cuartel contra la modernidad, la iglesia de los pobres y el espíritu del Concilio Vaticano II.

Entren en la catedral de la ciudad de San Salvador y miren a la derecha de la nave central. Pero no se confundan. El sonriente sacerdote representado en esa gigantesca pintura no es monseñor Óscar Arnulfo Romero, el obispo asesinado en 1980 por los escuadrones de la muerte de ultraderecha. El cura cuya mirada apacible no puede evitar ningún viandante es San José María Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei, la organización que agrupa selectos católicos y de la cual Karol Wojtyla fue un firme aliado político. Tanto que llegó hasta a santificar al polémico sacerdote vasco sin importarle ni el franquismo, ni el antisemitismo, ni su escandalosa compra de un título nobiliario, ni las denuncias de un proceso de santidad manipulado. Lo que importaba era ofrecer un santo para la clase dirigente católica, fieramente anticomunista, una figura que interpretara un catolicismo en el que el poder y el dinero fueran celebrados como camino, incluso como camino a la santidad.

Para encontrar signos que recuerden a monseñor Romero, el viajero que visite El Salvador –aunque su nombre sea Barack Obama, quien llegó hasta ahí el pasado marzo– debe buscar una capillita, a menudo cerrada, ubicada al exterior de una catedral rigurosamente controlada por el Opus. Aunque los fieles humildes y el pequeño mercado de camisetas y estampitas en las afueras sólo recuerden a don Óscar, la gloria de Dios está toda reservada para Escrivá, parecen decir los símbolos de la catedral. Escrivá, santo; Wojtyla, beato; y Romero… nada. Pocos meses antes de su martirio, el 7 de mayo de 1979, el obispo centroamericano había presentado al papa un dossier sobre las violaciones de derechos humanos. Había salido de la reunión “consternado” por el hielo con el cual su denuncia fue acogida por Juan Pablo: “llévese mejor con su gobierno”, fueron las categóricas palabras del pontífice.

Con aquellas palabras el camino hacia la santidad había dejado de ser un misterio para responder a una lógica política terrenal que en América Latina significó la alianza con varios Augusto Pinochet y con los verdugos del Plan Cóndor. Así se explica que, 31 años después, el proceso de beatificación de Romero se haya perdido en los archivos del tribunal vaticano, mientras que la causa del fundador del Opus siguió un camino acelerado. Múltiples testimonios, entre ellos el de Ernesto Cardenal, que fuera ministro de Cultura en la Nicaragua sandinista, indican que fue el mismo Wojtyla quien explicó públicamente que la beatificación de un mártir como Romero no era oportuna porque “sería instrumentalizada por la izquierda”.

El mismo camino recorrido por Escrivá había sido diseñado también para otro protegido de la iglesia anticonciliar, Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, una especie de Opus a la derecha del Opus y hoy muy cercanos al gobierno de Felipe Calderón en México. Aunque esté probado que desde 1976 el futuro Juan Pablo II estuviera al tanto de severas críticas a Maciel, éste también estaba destinado a una santidad fast track, a pesar de sus dos mujeres, de sus varios hijos de quienes él mismo abusaba, y de las acusaciones de robos y otros delitos. Sólo después de la muerte de Wojtyla fue que Maciel dejó de ser un santo viviente y sólo después de su propia muerte, en 2008, la iglesia católica fue obligada a no seguir encubriendo sus culpas. Es la misma práctica del silencio absoluto del Vaticano wojtylista, comprobadamente informado y siempre activo en ocultar los crímenes de cientos de curas pedófilos, empezando por el cardenal austríaco Hans Hermann Groër y el estadounidense Bernard Law.

Así el domingo 1º de mayo fue beatificado Wojtyla, amigo de Maciel y Escrivá, enemigo de Romero e implacable cazador de brujas en la iglesia católica latinoamericana salida del Congreso Eucarístico de Medellín en 1968. Fue contra la Teología de la Liberación que cumplió su primer viaje fuera de las murallas petrinas. Fue en enero de 1979 cuando concurrió a Puebla, México, para la tercera conferencia episcopal latinoamericana, donde imprimió su viraje duramente conservador. Desde entonces cientos y cientos de religiosos progresistas fueron silenciados por Juan Pablo II, empezando por uno de los máximos teólogos conciliares, Bernard Häring, y siguiendo por el jesuita Pedro Arrupe, pasando por el obispo de los migrantes y de las prostitutas, el francés Jacques Gaillot, a quien humilló enviándolo a la inexistente diócesis de Partenia, y por el obispo de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz, sensible al mundo indígena y zapatista.

Es así, entre grandes alabanzas e inciensos, que se llega a una beatificación postergada apenas lo mínimo indispensable para mantener la decencia del proceso. Ahora, en Roma, un merchandising más o menos kitsch sobre el “beato Wojtyla” está invadiendo la Via della Conciliazione, aquella avenida abierta en 1929 por Benito Mussolini para solemnizar con el Concordato, la alianza entre Iglesia Católica y fascismo. Algo similar ocurre en las calles de Wadowice, en el sur de Polonia, donde hace 91 años nació quien se convertiría en papa. Wadowice, bendecida por la suerte de ese nacimiento lejano, es el segundo punto álgido de un evento que fue pensado a escala planetaria. Ya son más de medio millón los peregrinos que cada año ocupan sus hoteles y restaurantes, visitan sus calles e iglesias y, por supuesto, el museo dedicado a Juan Pablo II (que el domingo 1º inauguró otros mil metros cuadrados de exposición). También en este contexto la venta de la imagen de Wojtyla, con un mensaje edulcorado de amor y de paz, desenmascara la realidad de una iglesia católica polaca que sigue jugando un papel político cada día más cercano al Pis (Ley y Justicia), el partido de extrema derecha, reaccionario, racista, ultranacionalista, del difunto Lech Kaczynski y de su mellizo Jaroslaw.

Es una situación parecida a la de Italia, donde la iglesia católica nunca se distanció del gobierno de Silvio Berlusconi a pesar de sus continuos escándalos sexuales y de corrupción. El primer ministro sigue comprando el silencio de las jerarquías otorgando al Vaticano enormes ventajas económicas en términos de financiación a la escuela privada (que en Italia es casi exclusivamente católica) o de exenciones fiscales, y cerrando cualquier debate sobre temas éticos tales como la fecundación asistida, los matrimonios homosexuales o las curas paliativas. Esto último a pesar de que varios científicos, entre ellos la anestesióloga italiana Lina Pavanelli, afirman que el mismo Wojtyla se tomó la libertad de interrumpir sus tratamientos médicos, acelerando su muerte, cosa que la iglesia sigue considerando pecado mortal para los fieles de a pie. Es el Wojtyla conservador, siempre irreductiblemente contra cualquier tipo de contracepción y contra el uso del condón en la lucha contra el sida.

Pero nada de esto fue recordado en Roma el domingo 1º de mayo.

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Venezuela: Extradición

Luís Britto García

A propósito de Joaquín Pérez Becerra y otros que pueden venir si no paramos esto.

Extradición es el procedimiento en virtud del cual un acusado o condenado de un delito según la ley de un Estado, es privado de su libertad en otro y regresado al primero para ser sometido a juicio o expiación en él.

Nadie otorga la extradición por supuestos delitos políticos, porque éstos sólo son tales en el país fuera del cual está el acusado. Según afirma Irureta Goyena, “en el Estado a cuyas leyes se ampara, el delincuente político no representa un peligro; y en el Estado de cuyos gobernantes se escapa, no existe justicia que le ofrezca garantías”.

Ésta es regla universalmente aceptada en el Derecho Internacional. Así, la Convención sobre Asilo Territorial de la OEA 1954 en su artículo 3 pauta que “Ningún Estado está obligado a entregar a otro Estado o a expulsar de su territorio a personas perseguidas por motivos o delitos políticos”, mientras su artículo 4 estatuye categóricamente que “La extradición no es procedente cuando se trate de personas que, con arreglo a la calificación del Estado requerido, sean perseguidas por delitos políticos o por delitos comunes cometidos con fines políticos ni cuando la extradición se solicita obedeciendo a móviles predominantemente políticos”.

También nuestro Derecho interno excluye en forma terminante la extradición por motivos políticos. Al respecto establece el Código Penal de Venezuela en su artículo 6: “La extradición de un venezolano no podrá concederse por ningún motivo; pero deberá ser enjuiciado en Venezuela, a solicitud de parte agraviada o del Ministerio Público, si el delito que se le imputa mereciere pena por la ley venezolana. La extradición de un extranjero no podrá tampoco concederse por delitos políticos ni por infracciones conexas con estos delitos, ni por ningún hecho que no esté calificado de delito por la ley venezolana. La extradición de un extranjero por delitos comunes no podrá acordarse sino por la autoridad competente, de conformidad con los tramites y requisitos establecidos al efecto por los Tratados Internacionales suscritos por Venezuela y que estén en vigor y, a falta de estos, por las leyes venezolanas. No se acordara la extradición de un extranjero acusado de un delito que tenga asignada en la legislación del país requirente la pena de muerte o una pena perpetua. En todo caso, hecha la solicitud de extradición, toca al Ejecutivo Nacional, según el mérito de los comprobantes que se acompañen, resolver sobre la detención preventiva del extranjero, antes de pasar el asunto al Tribunal Supremo de justicia”.

Interpol no puede tener ingerencia en estos casos, ya que según el artículo 3 de sus Estatutos,”Está rigurosamente prohibida a la Organización toda actividad o intervención en cuestiones o asuntos de carácter político, militar, religioso o racial”.

Ejercer actividades de divulgación e información no es delito, ya que según el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

Tampoco la divulgación de opinión e información está calificada como delito en Venezuela, ya que el artículo 57 de nuestra Constitución pauta: “Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura. Quien haga uso de este derecho asume plena responsabilidad por todo lo expresado. No se permite el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los mensajes discriminatorios, ni los que promuevan la intolerancia religiosa. Se prohíbe la censura a los funcionarios públicos o funcionarias públicas para dar cuenta de los asuntos bajo sus responsabilidades”.

Para quienes fueren molestados por ejercer tales actividades, el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que: “1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país. 2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas”. El derecho de asilo puede ser invocado ante cualquier país perteneciente a la ONU. Divulgar información y opinión no es delito común, ni acto opuesto a propósitos y principios de dicho organismo.

En el mismo sentido, el artículo 69 de nuestra Constitución establece que “La República Bolivariana de Venezuela reconoce y garantiza el derecho de asilo y refugio. Se prohíbe la extradición de venezolanos y venezolanas”.

El artículo 271 de dicha Ley Fundamental añade que “En ningún caso podrá ser negada la extradición de los extranjeros o extranjeras responsables de los delitos de deslegitimación de capitales, drogas, delincuencia organizada internacional, hechos contra el patrimonio público de otros Estados y contra los derechos humanos”. De donde se concluye que sí puede ser negada la extradición de los extranjeros no responsables de dichos delitos, y debe ser rechazada la de quien no sea culpable de ninguno.

Al respecto exige la Constitución, “El procedimiento referente a los delitos mencionados será público, oral y breve, respetándose el debido proceso, estando facultada la autoridad judicial competente para dictar las medidas cautelares preventivas necesarias contra bienes propiedad del imputado o de sus interpósitas personas, a los fines de garantizar su eventual responsabilidad civil”. De donde se infiere que no puede haber extradición sin debido proceso público y con garantías de defensa. El artículo 44 de la Ley Fundamental requiere que “Respecto a la detención de extranjeros o extranjeras se observará, además, la notificación consular prevista en los tratados internacionales sobre la materia”, para que el cónsul pueda activar los mecanismos de defensa de su compatriota que estime pertinentes.

El Código Orgánico Procesal Penal en su artículo 398 dispone que “Si un gobierno extranjero solicita la extradición de alguna persona que se halle en territorio de Venezuela, el Poder Ejecutivo remitirá la solicitud a la Corte Suprema de Justicia con la documentación recibida”. Si el gobierno solicitante no ha presentado la documentación, se podrá detener cautelarmente al indiciado sólo hasta sesenta días continuos, tras los cuales será liberado si dichas pruebas no han sido presentadas. Para el caso de que sean aportadas, el artículo 402 ejusdem pauta que “La Corte Suprema de Justicia convocará a una audiencia oral dentro de los treinta días siguientes a la notificación del solicitado. A esta audiencia concurrirán el imputado, su defensor y el representante del gobierno requirente quienes expondrán sus alegatos. Concluida la audiencia, la Corte Suprema de Justicia decidirá en un plazo de quince días”.

Preferiblemente, la documentación aportada no debe consistir en textos extraídos de supuestas computadoras mágicas a prueba de bombas, confesamente obtenidas mediante una agresión ilegal, en las cuales según el mismo informe de Interpol se han contaminado los contenidos después del decomiso, y en cuyos archivos, según Álvaro Uribe Vélez, también constarían supuestas pruebas de que el presidente electo de Venezuela sería narcotraficante y terrorista. Interpol no es árbitro del mundo, para estar asignando a capricho boletas rojas que violan Declaraciones Universales de Derechos Humanos, Constituciones y tratados.

Según la Convención sobre Refugiados de 1951 y el Protocolo de 1967, los Estados se comprometen a conceder asilo humanitario y no pueden ni deben devolver por la fuerza a un refugiado a su país de origen si ello representa un peligro para él.

No lo digo yo: lo dicen las leyes y los tratados, que en Venezuela expresan la soberana e irrenunciable voluntad del pueblo. El que en otros países no exista Estado de Derecho no es razón para que éste deje de existir en Venezuela. Una sola violación de una norma no condena un sistema, pero debe ser corregida antes de que se convierta en norma la violación.

Secuestrar a un comunicador social inocente de todo delito común y entregarlo por la fuerza a un país del cual no es nacional; a un país donde fueron asesinadas su esposa y cinco mil copartidarios; donde en tres años se cuentan más de 38 mil desaparecidos y más de tres millones de desplazados forzosos por operaciones militares ciertamente representa un peligro para él, y para quienes confiamos en que constituciones, leyes y derechos humanos eran más que últimas palabras.

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Carta Abierta a la Venezuela Bolivariana

Apreciados/as camaradas y compatriotas de nuestra América:

Hay señales muy fuertes de que el gobierno bolivariano de Venezuela ha caído en la trampa de colaborar con el de Colombia en la criminalización de luchadores/as solidarios/as con la causa libertad, la paz con dignidad y la emancipación social de ese hermano país, azotado desde hace cincuenta años por una guerra sucia implementada desde el poder con el padrinazgo de EEUU. Entre ese conjunto “penalizable” he sido ubicado por la perversa alianza colombo-estadounidense.

La hostilidad del régimen colombiano ha sido sistemática de un tiempo a esta parte y en ese sentido hace unos cuantos meses recibí informaciones de muy buena fuente en la que se me advertía del riesgo de viajar al exterior a través o hacia países que no ofrecieran garantías de rechazo a las pretensiones colombo-estadounidenses de capturarme para procesarme o asesinarme, según las circunstancias. Algo similar se fraguaba -y se fragua- contra otros/as camaradas.

Específicamente, en vista de ese empeño reforzado, se me recomendó que evitara toda escala intermedia en mis viajes a Venezuela y que adoptara cuanta prevenciones fueran necesarias, aun en caso de hacer uso de vuelos directos, sin escalas, a ese hermano país; dando por sentados los vínculos de solidaridad y las identidades revolucionarias existentes entre nuestro Movimiento Caamañista y las fuerzas que gobiernan en Venezuela.

Auto-restricciones

Agradecí profundamente ese gesto y me esmeré en reforzar mis determinaciones en ese plano con el apoyo de mis hermanos/as de lucha:

Obvié un viaje a El Salvador a raíz de ser invitado en enero pasado al homenaje al comandante SchafiK Handal, amigo y camarada entrañable.

No asistí este año al Seminario Internacional “Los ¨Partidos Políticos y Una Nueva Sociedad”, realizado el pasado mes de marzo en México con el auspicio del Partido del Trabajo (PT) de ese país.

Me excusé ante los camaradas del partido “Primera Línea” de Galicia, que recientemente me invitaron a sus Jornadas Independentistas.

En síntesis: en este primer cuatrimestre del año en curso me limité a viajar directamente a Caracas a finales de marzo para participar en dos actividades: el Seminario “Solo Marx” (organizado por la Alcaldía de Girardot-Maracay y por el Frente Alfredo Maneiro) y al Homenaje a Manuel Marulanda (auspiciado por el Capítulo Venezolano del Movimiento Continental Bolivariano-MC, cuya Presidencia Colectiva coordino).

Ese viaje se realizó sin mayores problema, aunque si con algunas señales que no auguraban todas las garantías convenidas, lo que me obligó a tomar precauciones adicionales y a procurar respaldos complementarios.

Nuevos riesgos

Pasadas algunas semana, nos encontramos ante el estremecedor apresamiento en el aeropuerto de Maiquetía-Caracas y la extradición al vapor a Colombia del camarada Joaquín Pérez Becerra, director de la agencia de prensa Anncol, miembro de la Asociación Bolivariana de Comunicadores (ABC), nacionalizado sueco y perseguido bajo la acusación de “terrorista”; acción represiva instrumentada sobre la base de argumentos falsos y estigmas similares a los que ha esgrimido contra mí y otros dirigentes revolucionarios de nuestra América y el mundo el régimen narco-paramilitar-terrorista de Colombia, apadrinado por la CIA y el MOSSAD. Todo esto concertado con el gobierno venezolano por iniciativa del presidente colombiano Manuel Santos.

La asociación entre las altas jerarquías civiles y militares de los gobiernos de Venezuela y Colombia para consumar ese hecho bochornoso, no necesita mas evidencias. La colaboración fue admitida por ambas partes, incluidos los presidentes de ambos países.

Y no se trata de un hecho aislado, sino que ciertamente se inscribe dentro de un convenio de mayor alcance y profundidad en materia de seguridad intergubernamental, tal y como se colige de las declaraciones recientemente ofrecidas por el Ministro de Defensa de Colombia, Rodrigo Rivera (APORREA 1-05-2011), quien al referirse a la captura y extradición de Joaquín precisó que “el gobierno de Venezuela, en un tema coordinado con el presidente Chávez directamente, nos ha respondido enviándolo a Colombia. Y nos han dicho que frente a cualquier información como esta que les demos, ellos van a responder de la misma manera”.

Esta afirmación de la parte colombiana hasta la fecha no ha sido desmentida y estuvo acompaña del anunció enfático de que el régimen colombiano desechó totalmente la salida política negociada al conflicto armado y actualmente persigue la derrota militar de la insurgencia, procurando el apoyo internacional para aislar y golpear las organizaciones político-militares. Todo esto en el contexto del abandono de hecho de la neutralidad por Venezuela y de su sumatoria a la persecución de los/as estigmatizados como “terroristas”.

Por otra parte, de nuevo he recibido informaciones muy consistentes que revelan la determinación de darle continuidad a esa colaboración colombo-venezolana y me alertan sobre las consecuencias represivas que podrían derivarse si en estas circunstancias decido viajar a Venezuela.

Antes de recibir esa información precisa de fuente absolutamente confiable, acompañada de la recomendación de no viajar a Venezuela, no fueron pocas las preocupaciones y las expresiones de alerta, que por pura intuición, me hicieron llegar amigos/as de aquí y de allá.

¿Ironía de la historia?

Estas cosas parecen –pero no son- de historia-ficción y en realidad tienen un impactante sentido irónico en el devenir de procesos con vocación revolucionaria.

Todo parece indicar que la plaza libre bolivariana, la Venezuela de Chávez, lamentablemente y de manera absurda, se está tornando cada vez más hostil frente a sectores muy consecuentes y muy comprometidos con la defensa de las esencias de ese proceso; esto es, contra una parte de sus mejores defensores/as en el exterior y al interior del mismo.

Así las cosas el principal oasis de la unidad bolivariana presenta ciertas señales de agotamiento, expresadas en negativa de abrazos solidarios y en contubernios utilitarios injustificables a favor de los protagonistas del Estado terrorista colombiano; aceptados ahora incongruentemente como aliados de ocasión pese a ser sus enemigos impenitentes.

Vinculado históricamente como estoy -como muchos otro/as camaradas- al esperanzador proceso iniciado por Chávez y el MBR-200 desde el mismo instante en que un divino “golpista” (entonces ferozmente estigmatizado por los mismos que hoy nos criminalizan y persiguen) pronunció la frase “por ahora”, esta situación me parece realmente paradójica.

Evidencias de repliegues e incoherencias riesgosas en el accidentado devenir de la revolución. ¡Ironía de la historia!

Disyuntiva y espera

En mi caso, dada esta situación difícil de digerir, estoy compelido en lo inmediato o a confinarse en mi “patria chica” (donde el costo político de extraditarme y/o asesinarme es inmenso y los medios de defensa son superiores), o asumir -si fuera necesario y me inspira hacerlo- el alto riesgo que implicaría viajar a Venezuela en estas circunstancias a cumplir compromisos latinoamericanistas o a participar en eventos organizados por fuerzas y entidades que aprecian mi concurso… sobretodo si el presidente Chávez y su gobierno definitivamente no ofrecen garantías inequívocas de que no volverán a producirse casos como el del camarada Joaquín Pérez.

La disyuntiva es fuerte, aunque no inminente.

A mi entender es posible y necesario esperar el desarrollo de los acontecimientos desatados por está agresión incalificable, que apunta serlo contra todos/as los penalizados por el DAS, la CIA y el asesino Santos. Ya antes guerrilleros de las FARC y el ELN y militante de la izquierda vasca fueron víctimas de esa política.

He sido invitado para participar en varios eventos a realizarse en Venezuela entre finales de mayo y principio de junio del año en curso.

Voy a medir bien la evolución de esta grave situación y la reacción del Gobierno bolivariano frente a mi caso y al de otros camaradas para actuar en consecuencia.

Procuraré defender con gallardía mis derechos y mis relaciones históricas con la revolución venezolana, evitando ser innecesariamente víctima de la imposición de las “razones de esos Estados” o pieza sacrificable en el ajedrez del mal llamada “real política”. Lo haré en todos los casos similares.

Mediré muy bien mis pasos refugiándome sobretodo en la razón de la política revolucionaria frente a espurios intereses de estados y gobiernos.

No evadiré riesgos que el interés general del movimiento y mis íntimas convicciones me reclamen como válidos. Nunca los he evadido.

Cierto que la confianza se agrieta y no por decisión propia, si no a causa de ingratitudes e inconsecuencias desgarradoras de ciertos protagonistas de un proceso transformador que hemos defendido y seguiremos defendiendo con entereza y valor, pero sin canonjías, sin in-condicionalidades ni pleitesías.

Quienes la rompieron son los llamados a restablecerla, modificando rumbos y actitudes reñidas con el internacionalismo consecuente, principios valiosos y ética revolucionaria.

Esperaremos sin precipitarnos las señales del proceso y de la vida para tomar otras decisiones más puntuales.

Creo que al actuar de esta manera estoy no solo interpretando mi sentir y mis convicciones, sino la de todas (as) los injustamente penalizados(as) por esa escoria que gobierna en Colombia y en EEUU.

Somos luchadores(as) de largo aliento, combatientes de por vida, persistentes en la idea de que la justicia, asumida como causa colectiva, habrá de abrirse paso contra viento y marea, contra calumnias, estigmas y atropellos.

Creemos decoroso rebelarse en caso como éste y ante cualquier violación de derechos, abuso de poder o compromiso indigno; aun cometido por conductores meritorios y líderes apreciados.

Nuestra rebeldía esta vez tiene una fuerte carga de tristeza, aunque no tanta como para anular nuestro persistente combate por la alegría.

Es triste pensar en la Venezuela bolivariana como “tierra prohibida”.

Muy triste, pero –insisto- esa tristeza no tiene poder para cerrarle el paso a nuestra lucha por la felicidad, el bienestar común y la belleza humana. Me resisto a creer que esas nobles metas no serán alcanzables por ese bravo pueblo y por sus hermanos solidarios del mundo, como también las rectificaciones que de inmediato le abran espacio al diálogo, a la confianza y a la armonía; sin deponer identidades y sin sacrificar la diversidad que enriquece la vida.

¡Bolívar Vive! ¡Caamaño vive!

Narciso Isa Conde Coordinador del Movimiento Caamañista (MC) y de la Presidencia Colectiva del Movimiento Continental Bolivariano (MCB)

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Venezuela: El ministro Izarra destituyó a la directora de La Radio del Sur, Cristina González por no sumarse a la censura en el caso Pérez Becerra

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COMUNICADO DEL COLECTIVO DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE LA RADIO DEL SUR

Periodista y Directora de La Radio del Sur, Cristina González:

El ministro Izarra la destituyó por no sumarse a la censura por el caso Pérez Becerra.

Ante la destitución de la presidenta de La Radio del Sur, el Colectivo de Trabajadoras y Trabajadores de La Radio del Sur, reunido en asamblea, emite el siguiente comunicado:

1) Rechazamos la destitución de la profesora Cristina González, como presidenta de La Radio del Sur, cargo que ocupó desde mayo de 2010, decisión comunicada vía telefónica este lunes 9 de mayo por el Ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información, Andrés Izarra, quien informó que en su lugar se nombraría a la periodista Desireé Santos Amaral.

Consideramos irrespetuosa y denigrante la forma en que la profesora González fue separada de su cargo, sin ninguna explicación ni formalidad alguna, conducta que no es coherente con los principios socialistas.

Como trabajadoras y trabajadores, protagonistas principales de la Revolución Bolivariana, sentimos además que con esta decisión se atropella también nuestra partipación en un proceso que está llamado a cambiar la cultura verticalista y antidemocrática que está reñida con el socialismo, ya que ni siquiera fue consultada nuestra opinión.

No ponemos en duda la autoridad del presidente de la República, Hugo Chávez Frías, como líder de la Revolución Bolivariana, para realizar cambios en las direcciones de sus ministerios y entes adscritos, pero consideramos que la forma elegida por el ministro no es la correcta.

2) Pensamos -ya que desconocemos el motivo por el cual fue destituida de la presidencia de La Radio del Sur- que esta decisión no es contra la figura y el trabajo de la profesora Cristina González, sino contra el proyecto de comunicación alternativa que venimos construyendo las trabajadoras y los trabajadores de La Radio del Sur, y que en algunos temas y procesos ha sido vanguardia informativa, en Venezuela y en Latinoamérica.

No desconocemos que existen intentos de sectores reformistas dentro de la Revolución a los que les incomoda la sola visibilización de la lucha de nuestro pueblo, de los logros que consiguen en la dura batalla contra el burocratismo y el oportunismo; de la exposición del ejercicio de la autocrítica, no como mera referencia retórica, si no como práctica revolucionaria; de la construcción de una comunicación alternativa dentro del Sistema Nacional de Medios Públicos, en donde las fuentes de la noticia son el pueblo organizado, los movimientos sociales y políticos, además de los funcionarios del Gobierno Nacional.

3) Ante esta situación, el Colectivo de Trabajadoras y Trabajadores de La Radio del Sur, convoca a la compañera Santos Amaral a contin uar con el proceso participativo en la dirección de la emisora, junto con las trabajadoras y los trabajadores en la toma de decisiones administrativas y editoriales, que ha sido característico desde el inicio de este proyecto inédito de comunicación para la liberación de nuestros pueblos.

“De la autocrítica surge siempre la fuerza para el reimpulso” Hugo Chávez Frías

Colectivo de Trabajadoras y Trabajadores de La Radio del Sur

Marcela Cornejo Zamorano
Jessica Dos Santos J.
Gerardo Szalkowicz
Vanessa Gutiérrez
María Mercedes Cobo Echenagucia
Kevin Hernández
América Millán
Mercedes Medina
Victoria Torres
Ernesto García
Fredy Muñoz Altamiranda
Yanosky Verdi Pacheco
Carlos Echeverri Florez
Aarón D. Corredor Russi
Arlene C. Flores P.
Hernán Cano
Gabriela Gurvich
Daniel Santos
Marcos Salgado
Robert Linares
Ernesto J. Navarro
Ana Teresa Pérez Ferrer
Leticia Marinoni
Richard Osuna
Adhesiones: colectivodetrabajadores@gmail.com

Foto: Periodista y Directora de La Radio del Sur, Cristina González

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Costa Rica: Aplican restricciones

Luis Paulino Vargas Solís (especial para ARGENPRESS.info)

Escribir sobre temas de diversidad sexual, es decir, sobre las situaciones de discriminación a que está sometidas las minorías distintas por razones de orientación sexual y/o identidad de género, ha sido para mí como una especie de laboratorio sociológico. El recuento de las reacciones que esos escritos han generado me ha permitido ir dando forma a algunas posibles hipótesis para tratar de entender y sintetizar el tipo de sentimientos y reacciones que estos temas generan. Conviene recordar que, en virtud de los medios donde se publican mis artículos, estas reacciones provienen básicamente de un público lector ubicado en lo que, de forma más bien imprecisa, uno identifica como el “arco progresista” del espectro político nacional (o sea, no provienen del pueblo-pueblo, generalmente menos politizado e informado).

Preliminarmente, me parece que es posible ordenar tales reacciones en tres categorías generales:
1. La negación: el problema no existe; la discriminación ya ha sido superada. Es obviamente un intento de ponerme el bozal, diciéndome: “deje de hablar paja alrededor de asuntos inexistentes” (literalmente ese tipo de frases me han sido expresadas).

2. El problema carece de importancia o, en todo caso, hay muchos otros asuntos de mucha mayor importancia. A veces esto se acompaña con una frase como “los sectores progresistas no pueden desgastarse en este tipo de asuntos, cuando otras cuestiones son mucho más relevantes” (lo de “progresistas” es sustituible por “patrióticos”. El mensaje y la conclusión son iguales). Es otra modalidad de tapabocas, como diciéndome: “deje de hablar paja pretendiendo que nadie le preste atención a asunto tan nimio”.

3. La reacción abiertamente homofóbica, que, con pocas variantes, repite los estribillos usuales en el discurso religioso conservador: “anti-natural”; “patológico”; “invertido”; “desviado”; “inmoral”, etc. etc. Sin duda, la homofobia, cuando es desembozada, suscita tremenda creatividad y toda una riquísima gama de improperios.

Desde luego también aparecen (muy minoritarias) algunas expresiones de solidaridad, pero los contenidos y alcances de estas requerirían una consideración aparte.

Estas tres modalidades de reacción redundan en una conclusión: las minorías sexualmente diversas no ameritan atención alguna. En su versión más cruda, esa conclusión se amplía para considerar legitimas, y hasta deseables, las usuales formas de exclusión y hostilidad a que esas minorías están sometidas en nuestra sociedad.

Si la consigna zapatista de “un mundo donde todos y todas quepamos” resulta tan entrañable al progresismo nacional, en todo caso me parece que, por un asunto de elemental honestidad, deberían agregarle la coletilla: “aplican restricciones”.

Puedo anticipar que los partidos que uno tiende a reconocer como progresistas reclamarán que este es un tema que sí está presente en sus agendas políticas. Y, sin embargo, es fácil demostrar que tan solo lo consideran en sus versiones más restrictivas y descafeinadas. Pero además es manifiesto que a ninguno de estos partidos le interesa promover el debate alrededor de esta problemática y que, en todo caso, su estrategia aquí atiende a un criterio muy claro: minimizar el desgaste político que esto podría acarrearles. En ese sentido, su adhesión al reconocimiento de los derechos de las personas sexualmente diversas es, en el mejor de los casos, simbólico y testimonial, lo cual, siendo tan poquito, es más de lo que la mayor parte del progresismo nacional (incluido el movimiento patriótico y sectores muy amplios de la izquierda) está dispuesto a asumir (claro que hay excepciones…de esas que confirman la regla).

¿Por qué las cosas son así en Costa Rica? Ello admite diversas explicaciones. Evidentemente esto hace manifiesto la persistencia de un sustrato homofóbico firmemente enraizado. A veces, como he indicado, este se expresa crudo y desembozado. Más usualmente lo hace a través de retorcimientos discursivos más o menos sutiles.

Correlativamente, los movimientos y organizaciones de la diversidad sexual permanecen débiles y mal articulados. También aquí emergen diversas explicaciones. Una de estas –quizá la principal- tiene que ver con la agudísima hostilidad que rodea la vida de las personas sexualmente diversas, y la interiorización de ese odio, el cual entonces deviene arma que estas personas disparan en contra de sí mismas. Opera socialmente un complejo sumamente agresivo de estigmas y descalificaciones, febrilmente promovido por la religiosidad conservadora y desafortunadamente alimentado por la anacrónica vigencia que conserva el discurso médico decimonónico que convertía en patología cualquier divergencia respecto de los patrones heterosexistas dominantes. Ese heterosexismo obligatorio –base de la familia tradicional- instaura todo el ritual de dominación machista que resulta fatalmente hostil respecto de la homosexualidad.

Por ello, la visibilización comporta costos muy altos para cualquier persona homosexual. Solamente cuando se está en una posición relativamente protegida –porque se tienen medios económicos o acaso una carrera profesional respetable- es factible afrontar tales costos. Pero eso no significa que estos desaparezcan. Incluso en ambientes académicos el precio resulta muy alto. Obviamente, el asunto es mucho más penoso para un peón gay o una obrera lesbiana.

Y, sin embargo, sin visibilización no hay movimiento social posible. Es una regla histórica, mil veces comprobada: los derechos se ganan peleándolos. No vienen de nacimiento, no caen del cielo y nadie los regala por mera cortesía. Pero emprender esa lucha resulta particularmente difícil para el colectivo de las personas sexualmente diversas. Porque si grande es la hostilidad social que se enfrenta, también son terribles esos fantasmas internos que se cargan como un fardo inoculado en lo más profundo del alma al cabo de una vida entera en que, desde la cuna, se aprendió que toda persona homosexual es, por el solo hecho de serlo, despreciable y abyecta.

Pero hay quienes seguimos en la pelea. El próximo 16 de mayo, por iniciativa del Movimiento Diversidad, algunas compañeras y algunos compañeros muy valientes lanzarán un desafío inédito en la historia de los movimientos de la diversidad sexual en Costa Rica. Será ocasión para que la religiosidad conservadora encienda todas sus hogueras inquisitoriales y seguramente la prensa comercial urdirá una carnicería.

Pero lo que realmente me interesa es ver cómo responderán el progresismo nacional y sus partidos.

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Sin domicilio

Silvana Melo (APE)

Cuando la noche se hace profunda y fría y los coches no se detienen ni ante la advertencia roja de los semáforos, es hora de apilar los diarios y desplegar la frazada con maestría aprendida. De modo que proteja la nariz -que siempre se hiela en el momento exacto en que la noche más noche se quiebra con el primer hilo de luz- y no deje los pies a la intemperie. A veces en el zaguán de un comercio. Otras en la plazoleta que todavía no está enrejada. O donde pinte.

Aunque quiera no puede ensayar un domicilio. De esta esquina o de aquel pilarcito de la vidriera lo corren invariablemente. Con la cortesía del insulto o la literalidad del sopapo. El documento que perdió en tanta mudanza está bien perdido: era una ficción. La casa de Granaderos en Villa Luzuriaga fue un espejismo de infancia que duró nada. Como su nombre. Como su filiación numérica de integración a una estructura en la que le tocó la esquina este, al fondo a la derecha del container. Residuos de los que van abajo. Lixiviado social.

Cuando se lo llevó la policía maldijo que fuera en noche de lluvia. Perdió los diarios y a la frazada se la habrá dormido otro, en noches sucesivas. Perdió la esquina, el domicilio, la identidad, el trapito de las changas. Es decir, todo su patrimonio. Enorme para el minuto siguiente. La nada misma para el engranaje sistémico que se lo tragó y lo vomitó en un calabozo por andar con drogas.

*****

Víctor Alderete fue uno de los interventores del PAMI menemista, usufructuario de la caja grande de los jubilados. La política era definitiva: el amontonamiento y la intemperie de viejos arrumbados por la tanta vida y la enfermedad, sin remedios ni cama de hospital ni casita donde descansar los huesos. Y los funcionarios orgiásticos, finalmente indigestados de fiesta, oro y champan.

Víctor Alderete tiene por lo menos 16 causas penales. Varias en condiciones de ir a juicio. Pero la Corte instaló un precedente: los hechos de administración fraudulenta deben juzgarse juntos si son de la misma persona. Entonces el megajuicio corre riesgo de caerse. El megajuicio que no devolvería la vida ni la dignidad a los viejos que ya fueron, pero al menos sería paño frío sobre el desasosiego.

Es que las causas empiezan a prescribir una por una. Y Víctor Alderete podrá entonces gozar en paz. En envidiable libertad. Con domicilio conocido, para que la Justicia lo notifique del sobreseimiento por prescripción y de que ahora sí, señor, usted puede estar tranquilo porque nadie le fastidiará su crucero a la serena felicidad.

*****

El -que no sólo perdió el domicilio sino también la identidad- maneja un trapito de color indefinible -alguna vez fue blanco y se volvió un topo inexpugnable- para changuear. Cuidacoches, repasavidrios -su patrimonio no llega a balde y cepillo- y atemorizador consuetudinario de conductores que lo identifican como la cara visible de la inseguridad que amenaza y violenta y mata.

La Justicia en la que cayó cuando cayó como una bolsa en el calabozo -donde Víctor Alderete jamás estuvo, por si es necesario aclararlo- decidió no concederle la libertad condicional. A la que sí han accedido asesinos, abusadores y delincuentes públicos que, en la más estricta objetividad jurídica, son saqueadores y homicidas. Su enriquecimiento ilegal murió de hambre a miles de niños. De enfermedad y de carencia a miles de viejos.

Sucede que el mayor problema que tiene la Justicia con los residuos sociales es que no tienen dónde notificarlos. El problema no es que él ?que encima ni siquiera anda con nombre- no tenga casa, no es que duerma en la calle, sino que no tiene un buzón donde el agente deje caer la notificación judicial.

Esa es la razón de la denegatoria de la libertad. No porque sea un peligro social, un carnicero inveterado, una cuchilla voraz en la panza de la ciudad. No. Es que no tiene casa. Y como es culpable de no tener casa es que se lo lleva preso. Como el Estado lo condena por no tener casa, lo confina en un calabozo hasta que pasen cuatro, cinco, seis años y en un juicio oscuro y anónimo lo dejen otra vez en la calle y en banda otra vez. Una vez más y mañana otra vez el Estado que lo abandona a la intemperie lo volverá a castigar cuando corresponda por la misma intemperie a la que lo condenó.

*****

La mayor parte de las investigaciones judiciales contra funcionarios corruptos pueden terminar sin castigo y sin botín recuperado. Según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) en 2009 se iniciaron 207 causas por corrupción. Once elevadas a juicio. Apenas una condena.

Se trata de millones de dólares que se esfumaron. Privatizados en bolsillos y cuentas bancarias con números, apellidos, testaferros e islas tropicales, edenes tributarios sin justicia exasperante.

Millones de dólares que tenían otro destino original. Que podrían haber evitado las decenas de muertes cotidianas de niños, gran parte por causas evitables. Es decir, relacionadas con el hambre. Es decir, emparentadas de sangre con las cuentas bancarias y las torres en Puerto Madero de los funcionarios que aspiran, en poco tiempo, a la prescripción de sus causas y al crucero de su serena felicidad.

Catorce años logran que se demore la tramitación de las causas. Hasta que se caen por ser más antiguas que la condena prevista.

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Sin hollywoodenses estudios de abogados, solito con la Defensoría Oficial, el muchacho que no tiene nombre ni domicilio logró torcer el dictamen denegatorio de excarcelación surgido del despacho del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.

La Sala I de la Cámara Federal consideró que en ninguna parte la biblioteca judicial determina que no tener dirección postal es argumento para mantener en prisión a alguien cuyo delito sea excarcelable. Aunque ese alguien sea de descarte. Al borde del container en la vereda de la sociedad.

El “contexto económico social desventajoso” en que vive el joven no obedece a “un comportamiento deliberado”, dice el dictamen.”La privación de la libertad estaría reposando en una desafortunada y contingente vulnerabilidad social, que sólo contribuiría a incrementarla, y que desacertadamente posiciona al imputado frente al deber de justificar una realidad material no elegida”.

En estos días volverá a la calle. Sin nada. Porque de hecho la justicia confiscó sus bienes: los diarios se empaparon y la frazada quién sabe. Otros, con domicilio legal e ilegal, con techo propio e impropio, jamás conocerán el calabozo donde la justicia -con la que comparten clase- nunca los depositaría.

Porque, como los cerdos de Orwell, todos somos iguales pero algunos somos más iguales que otros.

Habrá que ponerle un trapito de cuidacoches en los ojos a la Justicia. Porque hace tiempo que pierde la venda. Y las piedras son cada vez más filosas en el sendero de los que andan descalzos.

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Libertad y democracia sindical: Un reclamo que no para

ACTA

El 20 de octubre de 2010 Mariano Ferreyra fue asesinado mientras participaba de una movilización sindical en reclamo por la reincorporación de trabajadores ferroviarios tercerizados, despedidos por la patronal meses atrás. Este asesinato constituyó el punto más grave de las violaciones a la libertad sindical relevadas a lo largo del año 2010.

El Informe sobre Violaciones a la Libertad Sindical 2010, elaborado por el Observatorio del Derecho Social de la Central de Trabajadores de la Argentina, sistematiza la información proveniente de 413 denuncias por violaciones a la libertad sindical que tuvieron lugar a lo largo del año, e intenta establecer patrones generales que permitan sortear el análisis de situaciones individuales. A su vez, constituye la continuidad de la tarea, iniciada en el año 2009, de relevar y sistematizar las denuncias por violaciones a la libertad sindical que tienen lugar en nuestro país.

Aún así, entendemos que los acontecimientos que rodearon el asesinato de Mariano Ferreyra permiten apreciar, llevadas al extremo, algunas de las principales tendencias de la reacción de la patronal y del Estado frente a la acción y organización sindical:

• En este conflicto se encuentran violaciones a las libertades públicas (un asesinato, agresiones y lesiones, amenazas) y discriminaciones antisindicales, en tanto el conflicto se había originado, entre otras causas, en el despido de trabajadores como consecuencia de su participación en actividades gremiales;

• Su promoción fue impulsada por trabajadores organizados al margen de la organización sindical, cuya dirección habría participado activamente en la represión del conflicto. Ello al punto de que, en la actualidad, los principales dirigentes nacionales de la Unión Ferroviaria (entre ellos su Secretario General y su Secretario de Administración) se encuentran procesados como instigadores del asesinato y las lesiones, y han sido detenidos con prisión preventiva;

• El reclamo de los trabajadores se vincula a las condiciones de trabajo resultantes de los procesos de tercerización y subcontratación, a partir de los cuales la patronal establece distinciones entre aquellos trabajadores que permanecen en el ámbito del principal (a quienes les aplica el convenio colectivo de trabajo y que, en términos generales, poseen mejores condiciones de trabajo) y quienes se convierten en “trabajadores de segunda”, desempeñándose en contratistas, falsas cooperativas de trabajo, o directamente al margen de toda tutela legal y/o colectiva.

• La participación del Estado habría oscilado entre no brindar las garantías necesarias para la movilización y ser partícipe de la represión, en tanto existen fuertes denuncias de que la policía habría, al menos, liberado la zona para posibilitar la represión; a su vez, la propia autoridad administrativa del trabajo habría consentido, a lo largo del tiempo, la estrategia de tercerización impulsada por la patronal, y el fraude a la ley realizado a través de las falsa cooperativas de trabajo; finalmente, cabe destacar que el propio Estado es el titular de la explotación, cuya administración delega en un consorcio privado, por lo que las acciones antisindicales de este último son, en cierta medida, también imputables a aquél;

• Como consecuencia de ello, puede plantearse la existencia de una complicidad entre la patronal, la dirección sindical y el Estado para desactivar la organización y la acción colectiva de los trabajadores.

Este caso constituyó, en cierto sentido, una excepción, por cuanto en nuestro país los asesinatos de militantes, sindicales, políticos, sociales, por el hecho de organizarse y participar en acciones colectivas, no constituyen una práctica extendida, como sí puede verificarse en otros países latinoamericanos como Colombia, y en forma creciente en Honduras y Guatemala.

Patrones de continuidad

Sin embargo, al contrastar los elementos detallados con los principales hallazgos de este informe podemos apreciar ciertos patrones de continuidad.

En primer lugar, las dos categorías de derechos más afectadas por las violaciones a la libertad sindical que tienen lugar en nuestro país son las discriminaciones antisindicales y las violaciones a las libertades públicas. En particular, en este informe, al igual que en el año anterior, se destacan como principales violaciones a la libertad sindical los despidos antisindicales (121 denuncias), la represión de manifestaciones por parte de las fuerzas de seguridad estatal, y el hostigamiento patronal a los activistas sindicales (100 denuncias).

Por otra parte, el informe también resalta que casi la mitad de las violaciones a la libertad sindical (203 casos) se dirigieron contra trabajadores que no cuentan con ningún tipo de tutela especial por parte de la legislación sindical.

Finalmente, el informe también ilumina la intervención estatal como sujeto activo de las violaciones a la libertad sindical, ya sea en su carácter de empleador o en su carácter de poder público, en este último caso mayoritariamente a través de las fuerzas de seguridad.

Este hincapié en las violaciones a la libertad sindical en la práctica no debe hacer olvidar la persistencia de normas que han sido cuestionadas por distintos órganos jurisdiccionales como contrarias a la libertad sindical. En particular, diversos artículos de la ley de asociaciones sindicales han sido reprochados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (en los fallos "ATE" y "Rossi") y por los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo (en particular la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones), por afectar derechos reconocidos en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y en el Convenio 87 de la OIT sobre libertad sindical.

El enfrentamiento a las estrategias patronales y estatales contrarias a la organización y acción colectiva de los trabajadores debe ser, necesariamente, producto de la acción sindical. Las estrategias jurídicas forman parte de dicha acción, y en el año 2010 recibieron un fuerte respaldo por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en el caso “Alvarez c. Cencosud s/amparo” declaró la nulidad del despido de los miembros fundadores de una organización sindical, aún cuando ellos no contaban con la tutela especial prevista por la ley de asociaciones sindicales. En el mismo sentido, la detención y posterior procesamiento de los principales acusados del asesinato de Mariano Ferreyra estarían señalando una resistencia social a la represión como forma de respuesta a la acción y organización colectiva.

Síntesis estadística

Durante el año 2010 hemos registrado 413 denuncias por violaciones a la libertad sindical en el total del país, de las cuales 8 corresponden a normas que, en sí mismas, son contrarias a la libertad sindical.

El 35% de las denuncias corresponden a violaciones que afectan a derechos sindicales y libertades públicas, es decir, se trata de diferentes actos de violencia cometidos contra trabajadores, activistas y dirigentes con motivo de la realización de actividades sindicales.

Dentro de ellas, el 68% refiere a atentados contra el derecho a la vida, la seguridad y la integridad física de la persona. En este sentido resultan significativas las detenciones arbitrarias, agresiones físicas y amenazas.

Por su parte, los actos de discriminación y los actos de injerencia explican el 42% de las denuncias relevadas. Aquí se destacan principalmente los despidos discriminatorios por causa de actividad sindical (72% de este subgrupo).

El 57% de las violaciones a la libertad sindical se producen en un contexto de conflictos abiertos con la patronal, con o sin huelga, mientras que el 31% de las violaciones realizan en el marco de procesos de organización de los trabajadores en una asociación sindical.

El 68% de las denuncias por violaciones a la libertad sindical son dirigidas contra trabajadores que desarrollan su actividad gremial en organizaciones sindicales con personería gremial, mientras que el 32% afectan a trabajadores de asociaciones sindicales simplemente inscriptas, sindicatos en formación, o a colectivos en vías de institucionalización.

El 73% (301 casos) de las denuncias por violaciones a la libertad sindical se dirigen a obstaculizar la organización de los trabajadores en los lugares de trabajo. Se trata de denuncias que involucran a delegados gremiales, comisiones internas, activistas gremiales y colectivos de trabajadores organizados o en proceso de organización.

En este sentido, el 65% de dichas denuncias son realizadas por colectivos de trabajadores y activistas, y se refieren mayoritariamente a actos de discriminación antisindical.

Respecto del sujeto que es denunciado por realizar acciones u omisiones contrarias a la libertad sindical, 59% de las denuncias se dirigen contra empresas de capital privado, mientras que el 34% son contra el Estado (20% en su carácter de empleador y 14% en su carácter de poder público) y en el 7% de los casos no se identifica el sujeto responsable.

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Bienes naturales y modelo productivo: Un sindicalista mendocino denunció que sufrió un atentado por su actitud antiminera

Juliana Argañaraz (DIARIO UNO)

José Vilches, de la Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de Mendoza, organización sindical enrolada en la Central de Trabajadores de la Argentina a través de la Federación Judicial Argentina (FJA-CTA, dijo que fue amenazado el sábado y que luego le incendiaron la finca por participar de la manifestación en Alvear).

La finca de un dirigente gremial de los judiciales de Alvear apareció quemada este lunes y desde el gremio responsabilizaron al Gobernador y allegados a él. La víctima es José Vilches, integrante de la comisión directiva del gremio de los judiciales y secretario Adjunto de la CTA General Alvear.

El sábado se conoció que Vilches había recibido una amenaza en su vivienda, según lo relató a Radio Nihuil. “Vi a una mujer que dejaba en el portón un sobre con el siguiente contenido: ‘no queremos que vayas a la manifestación, cuando venga el gobernador a la Fiesta’”.

Se refería a la presencia de Celso Jaque en la Fiesta Nacional de la Ganadería y a una manifestación con entrega de panfletos a la que Vilches planeaba asistir para manifestarse en contra de la minería contaminante.

“Yo a la panfleteada asistí a pesar de la amenaza (que había sido pocas horas antes, el sábado a la mañana) e incluso alcancé a repartir folletos a algunos funcionarios”.

Sin embargo, el domingo, Vilches, que vive en el centro de General Alvear, se encontró con que una finca que él posee, ubicada a unos 3 kilómetros de su residencia, había sido prendida fuego.

“Esa finca (7 hectáreas) era de mis abuelos y la conservamos más que nada por tradición, la mayor parte no está cultivada. Unas 2 ó 3 hectáreas habrán sufrido quemaduras y por suerte no hay heridos ni daños materiales”, explicó Vilches a diariouno.com.ar.

Sin embargo, el dirigente gremial aseguró que tiene miedo. “Tengo miedo por mi familia, no por mí”, dijo el hombre que vive junto a su esposa y a sus tres hijos de 14, 10 y 8 años.

“Lo que viví este fin de semana yo no se lo deseo a nadie, mi familia se siente muy insegura”, agregó.

Con respecto a los autores del ataque, Vilches adelantó que reconoció a la mujer que dejó el sobre en su casa pero no quiso revelar más datos por el secreto de sumario en que se encuentra la causa. Además, anticipó que “creemos que es alguien allegado al Gobernador” porque “lo protege mucho, te das cuenta cuando leés la carta”.

El texto completo de la amenaza, que Vilches recibió dentro de un sobre de papel madera escrita en una hoja de cuaderno A4 y con letra manuscrita aparentemente de mujer y muchas faltas de ortografía, es el siguiente:

“Te advierto que ya no queremos que vayas a hacer manifestaciones cuando venga el Gobernador a la fiesta. Si vas te vamos a poner una bomba en tu residencia. Que no sé cómo hiciste eso. Sindicalista de cuarta. Ojo”.

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ATE repudia un nuevo atentado contra Micheli

ACTA

La conducción nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTA) denunció ayer "un nuevo atentado" en perjuicio del titular del gremio y de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Pablo Micheli.

El comunicado de prensa sostiene textualmente:

"El Consejo Directivo Nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) manifiesta su más enérgico repudio y exige el inmediato esclarecimiento del atentado sufrido por nuestro secretario general en su domicilio.

En horas de la madrugada la casa de Pablo Micheli fue atacada con bombas de pintura sobre el frente y el automóvil que utiliza nuestro secretario general a diario, produciendo un daño intimidatorio sobre el conjunto de la familia.

Puede parecer casualidad pero este atentado se produce al mismo tiempo que Micheli denunció la conformación de la mesa de diálogo social convocada por el Poder Ejecutivo Nacional, como una mesa de amigos que no va a solucionar el problema urgente de todos los argentinos.

Puede parecer casualidad pero la agresión se realiza al mismo tiempo que inauguramos, en esta nueva etapa, el local de la CTA Nacional y ratificamos la convocatoria al paro nacional de la Central con movilización a Plaza de Mayo para el próximo 8 de junio.

Puede parecer casualidad el atentado al domicilio del secretario general y las pintadas en la cuadra donde vive, pero fueron hechas al mismo tiempo donde nos encontramos en el sindicato en vísperas de elecciones internas que próximamente elegirán nuevas autoridades en ATE.

A falta de ideas y discusión política, ciertos personajes eligen el atentado como forma de expresión".

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Crimen de Mariano Ferreira: Operación de prensa de la patota de Pedraza y sus abogados

PRENSA OBRERA

El Partido Obrero quiere llamar la atención sobre una reciente divulgación, donde se afirma que el impacto de la bala que mató a Mariano Ferreyra podría provenir de un rebote y que eso serviría para demostrar la no intencionalidad de matar de la patota de Pedraza.

Advertimos que la propagación se produce en el marco de la aparición de nuevas pruebas testimoniales que involucran a directivos de Ugofe –el gerente Pablo Díaz- y a un nuevo jefe de la federal que actuó en connivencia con la patota en los primeros tramos de su accionar. Todo esto, cuando la causa está próxima a la elevación a juicio oral y público y, por otro lado, se tramita una última instancia de apelación ante el Tribunal de Casación por la libertad de Pedraza, quien además fue encontrado partícipe de intentos de coimas para liberar a los autores materiales.

La operación de prensa sucede días después del pedido de indagatoria a siete jefes policiales por parte del fiscal de la causa en la que se investigan las responsabilidades por el territorio liberado.

Esta cuestión de la bala abollada ya fue ventilada en la causa y no cambia el plan criminal, la balacera, la herida en la cabeza de Elsa Rodríguez, los demás compañeros heridos, la persecución para “aleccionar” a los manifestantes cuando se retiraban, las órdenes que vinieron de una organización vertical como la Unión Ferroviaria, el móvil de la defensa de un negocio de superexplotación de trabajadores en el que está involucrada la Unión, los concesionarios y la Secretaría de Transporte.

O sea que estamos ante una noticia que no es noticia, se trata de una ofensiva mediática y política para presionar una vez más por la impunidad de Pedraza y a partir de ella rebajar la responsabilidad de los demás involucrados. El Partido Obrero reclama la indagatoria inmediata a todos los policías y responsables de Ugofe involucrados. Reclamamos investigación hasta el final y le exigimos una vez más al gobierno kirchnerista que expulse de las filas del estado a los funcionarios de Pedraza, que siguen ocupando sus cargos en la Subsecretaría de Transporte Ferroviario y otras dependencias del sector.

Foto: Argentina - Mariano Ferreira, militante del Partido Obrero asesinado por una patota de la burocracia sindical de la Unión Ferroviaria de José Pedraza.

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Conmoción en Chile por luz verde a proyecto energético

Tania Peña (PL)

El visto bueno en Chile a un megacomplejo hidroeléctrico en la zona de la Patagonia desató una fuerte reacción popular y ya es visto aquí como un claro autogol de la derecha gobernante.

La aprobación ayer del denominado proyecto de Hidroaysén generó de inmediato masivas protestas en todo el país, reprimidas por fuerzas de Carabineros con carros lanzaaguas y bombas lacrimógenas.

Sólo en esta capital unas siete mil personas se concentraron en puntos como Plaza Italia, la Alameda, Paseo Ahumada y en la Plaza de la Constitución, frente al Palacio de La Moneda, y de igual modo recibieron la arremetida de la policía que detuvo a decenas de manifestantes, incluido un diputado.

Se perdió una batalla, la guerra recién comienza, sostienen este martes parlamentarios, juristas, líderes políticos y dirigentes de organizaciones ambientalistas que rechazan Hidroaysén, presentado como el mayor complejo de generación hidroeléctrica de Chile, con una capacidad de dos mil750 MW en cinco centrales.

El costo de la iniciativa, defendida por el gobierno por su potencialidad energética, estaría a cargo de dos emporios privados e implicaría una inversión que sobrepasa los siete mil millones de dólares, entre la construcción de cinco represas en la Patagonia y el montaje de una línea de trasmisión de unos dos mil 400 kilómetros que llegaría a la región Metropolitana.

Sin embargo, el proyecto ha sido duramente cuestionado por los sectores políticos de la oposición y por más del 60 por ciento de la población del país que así lo hizo notar en reciente encuesta.

Se le imputan a la propuesta numerosas irregularidades en el largo camino de aprobación y menosprecio al nocivo impacto medioambiental que tendrá en lugares que son considerados patrimonio de la humanidad por su riqueza natural y por ser hoy día uno de los pocos sitios no contaminados del planeta.

La agrupación "Patagonia sin Represas" advierte en cómo la línea de trasmisión energética pasaría por parques y reservas naturales, zonas turísticas como el lago Llanquihue y territorios indígenas de la Araucanía.

Al interior del oficialismo incluso, no todas las voces aprueban el derrotero de Hidroaysén. Anoche el senador del Partido de Renovación Nacional Antonio Horvath aseveró que "esto se va a transformar en un claro autogol para el gobierno".

"Se debiera haber suspendido hace rato (el proyecto) por la cantidad de irregularidades que hay", subrayó Horvath.

Para el director del Centro de Sustentabilidad de la Universidad Andrés Bello, Marcelo Mena, en lo adelante habrá que esperar una judicialización de Hidroaysén y La Moneda pagará un alto costo por no haber tenido en cuenta el rechazo potente y visceral de la ciudadanía.

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Denuncia Correa intento de deslegitimar un claro triunfo electoral

Pedro Rioseco (PL)

El conteo de los votos del reciente plebiscito en Ecuador continúa hoy en medio de intentos de la oposición y algunos medios de comunicación por deslegitimar un claro triunfo electoral, según denunció el Presidente Rafael Correa.

En su primera reacción luego de las elecciones del pasado sábado, el Mandatario señaló la víspera que los medios opositores están manipulando las cifras al difundir los resultados parciales del conteo oficial y tratar de posicionar la idea de que son los definitivos.

Tras desmentir la tesis opositora de un empate técnico en al menos dos preguntas, Correa afirmó que elementos de los partidos tradicionales en las provincias más pobladas del país, donde el Sí gana por amplia mayoría, mantienen demorado el conteo de votos.

Al priorizar el conteo en las provincias andinas y amazónicas, donde el voto por el No obtuvo mayoría, se pretende dar la imagen de que existe empate o la diferencia es mínima, cuando esa proporción variará al computar las provincias más pobladas.

Según las estimaciones de Correa, basadas en los controles del gobernante Movimiento Alianza PAIS, el porcentaje promedio del triunfo del Sí, una vez concluido el conteo oficial nacional, sería del 53,5 por ciento contra un 46,5 por ciento de votos por el No.

Asimismo considera el proponente de esta consulta popular y referendo, para reformar el sistema judicial, luchar contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito, entre otros temas, que en las 10 preguntas obtendrá un triunfo indiscutible.

En las preguntas que menos porcentaje tendría la propuesta del Ejecutivo, opinó Correa, sería de cuatro puntos por encima del No, y en las de mayor apoyo 14 puntos de diferencia a su favor.

En las preguntas que menos vamos a ganar sería por una diferencia favorable de 200 mil votos y en la que más vamos a ganar sería con más de un millón de votos de ventaja, señaló.

En promedio la diferencia del total de votos por el Sí respecto a los votos por el No será de alrededor de siete puntos, eso significa cerca de medio millón de votos en promedio de ventaja por pregunta, estimó el Mandatario en respuesta a la campaña opositora.

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Desnutrición crónica ocupa el segundo lugar en problemas de Guatemala

CERIGUA

La desnutrición crónica es el segundo mayor problema de Guatemala, luego de la violencia y el narcotráfico, según las estadísticas este flagelo mata más que las balas, pero de forma silenciosa, según un reportaje publicado por Prensa Libre.

De acuerdo con el reportaje, la desnutrición crónica en el país es el resultado de muchos factores, pero sus causas básicas son la desigualdad de oportunidades, la exclusión y la discriminación por razones de sexo, etnia o credo político.

Según los datos, un niño a los 36 meses de edad debe medir 88 centímetros, de lo contrario ya es un desnutrido crónico y un centímetro perdido jamás se recupera, además de que su coeficiente intelectual también sufre un deterioro definitivo una situación preocupante en un país que ocupa el tercer lugar en desnutrición infantil a nivel mundial.

El reportaje publicado subraya que aunque la aprobación de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria Nutricional (Sinasan) en el 2005 fue considerado como un hito histórico, luego de seis años de vigencia aún no ha sido completamente operativizada.

La información subraya que pese al enorme flagelo del hambre en el país, aún no se ha establecido una agenda con visión de Estado, por lo que cada cuatro años el gobierno en turno borra las escasas acciones del anterior, lo que no contribuye a la erradicación de esta problemática.

Finalmente, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en Guatemala contabilizó en el 2010, 11 mil 83 casos de desnutrición crónica en niños y niñas, así como 56 muertes por esa causa, además subrayó que el clima extremo, los desastres y las pérdidas de cosechas fueron factores fundamentales en la malnutrición.

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Más de cinco millones de hondureños en la pobreza

PL

Casi cinco millones de hondureños viven por debajo de la línea de la pobreza, asegura un informe del Foro Ministerial de Desarrollo de América Latina, difundido hoy aquí.

Honduras, con ocho millones 200 mil habitantes, resulta uno de los países más pobres y desiguales de la subregión latinoamericana, detalla el foro de Naciones Unidas.

La mayoría de esas personas están en la total precariedad y radican en áreas rurales, donde más de un millón 700 mil hogares subsisten con un dólar y medio diario. En esta nación centroamericana solo 10 por ciento de la población concentra casi la mitad de los ingresos totales, según investigaciones de organismos de la ONU.

También el Programa Mundial de Alimentos refiere que 27 por ciento de los menores sufre desnutrición crónica y es vulnerable a múltiples enfermedades, además de retraso escolar y físico.

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México: Insisten a CIDH que admita caso de mujeres violadas

Gladis Torres Ruiz (CIMAC)

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que admita el caso de 11 mujeres que fueron violadas y abusadas sexualmente por elementos de la extinta Policía Federal Preventiva (PFP) y agentes del Estado de México, en San Salvador Atenco y Texcoco, en mayo de 2006.

Alejandra Nuño, directora del Programa para América Central y México del Cejil, informó que ya se presentó una solicitud formal al organismo internacional para que se pronuncie por la admisibilidad del caso presentado el 29 de abril de 2008.

“Nos encontramos haciendo todo lo que se puede a nivel de proceso y de litigio para que la Comisión pueda emitir el informe de admisibilidad”, apuntó.

El 3 y el 4 de mayo de 2006 un grupo de floricultores fue desalojado violentamente por las fuerzas de seguridad en Texcoco. Hubo 207 detenidos, entre ellos 47 mujeres, varios heridos y dos jóvenes asesinados.

Durante el operativo, ordenado por el gobierno del mexiquense Enrique Peña Nieto, 26 mujeres fueron torturadas sexualmente. Una de ellas fue detenida porque “se le quedó viendo al camión de la policía”, posteriormente fue violada tumultuariamente.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) constató la violación sexual contra las 26 mujeres, de ellas sólo 11 decidieron acudir ante la CIDH para presentar una denuncia.

En la demanda ante el organismo internacional se responsabiliza al Estado mexicano de haber violado los derechos a la integridad física, a la libertad y seguridad, a la dignidad y privacidad, al acceso a la justicia, a la igualdad y a la no discriminación.

Además de que incluye los testimonios de las 11 mujeres violentadas, así como los peritajes realizados por el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), la CNDH y la Procuraduría General de la República (PGR).

En 2006, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) inició una averiguación previa por violación pero no prosperó, y se turno a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) en julio de 2009, donde permanece estancada.

La representante de CEJIL acusó que en México el caso permanece impune a pesar de que hay altos funcionarios involucrados en los hechos.

Agregó que estos funcionarios y gobernantes (como Peña Nieto) “ya están pensando políticamente y electoralmente en donde se pueden posicionar en un futuro muy cercano”, lo que –criticó Nuño– sería realmente lamentable, por lo que consideró que es necesario avanzar en la demanda de justicia a nivel internacional.

Alejandra Nuño reiteró que junto con el Centro Prodh y las 11 mujeres que representa CEJIL, seguirá insistiendo para que la CIDH se pronuncie en breve sobre el caso.

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La Unión Europea someterá a las centrales nucleares a test de resistencia

RIA NOVOSTI

Los 27 ministros de Energía de la Unión Europea (UE) se reunirán los días 12 y 13 de mayo para tratar sobre el test de resistencia al que serían sometidas las centrales nucleares de Europa, declaró hoy una portavoz de la UE.

"La cumbre versará principalmente sobre el test de resistencia llamado a evaluar la seguridad de las centrales nucleares europeas. Los reunidos necesitarán determinar los criterios principales de este test", informó.

Recordó que el comisario europeo de Energía, Günther Oettinger, propuso comprobar la resistencia de las centrales europeas no sólo a los desastres naturales, sino también a los ataques terroristas.

El terremoto que sacudió Japón el 11 de marzo dejó fuera de servicio los sistemas de refrigeración en la central nuclear de Fukushima, lo que provocó explosiones en varios reactores y fugas de material radiactivo. Las autoridades evacuaron a la población en un radio de 20 km en torno a la planta. Poco después se reportó la contaminación radiactiva del aire, el agua marina y potable y los alimentos.

Se espera que durante el test se tomen en consideración la edad y la ubicación de las plantas nucleares. La Comisión Europea planea dar a conocer los resultados del test antes del fin de año.

En 14 países europeos hoy funcionan 143 centrales nucleares. El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, comentó que desearía someter al test de resistencia a las plantas nucleares en los países contiguos y también en el resto del mundo si era posible.

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Trípoli atacada por la OTAN mientras opositores reciben apoyo desde el Golfo Pérsico

PL

La aviación de la OTAN realizó hoy al menos ocho bombardeos contra varias zonas de esta capital, mientras representantes de 25 consejos tribales libios recibieron apoyo político y financiero de países árabes del Golfo Pérsico.

Reportes de voceros oficiales y testimonios de residentes en Trípoli aseguraron que los ataques lanzados esta madrugada por la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) fueron contra areas residenciales gubernamentales y civiles, causando cuatro heridos.

La televisión estatal afirmó que cuatro niños sufrieron lesiones, dos de ellos graves, por cristales quebrados cuando los proyectiles impactaron en un edificio del Alto Comisionado para la Infancia que el 30 de abril ya había quedado parcialmente destruido por otro bombardeo.

Otros blancos fueron los alrededores de la propia televisión y la zona de Bab Al-Aziziyah, residencia del líder Muamar El Gadafi, donde hace días una incursión militar de los aliados occidentales provocó la muerte de un hijo y tres nietos del gobernante libio.

Junto al asedio por aire a la capital de Libia, intensificado en las últimas semanas, la OTAN sigue sus ataques contra posiciones del Ejército leal a El Gadafi en la region de las Montañas Occidentales, así como en las localidades de Zlitan, Zreik y Burgueya, al oriente.

La televisión estatal aseguró que barcos del bloque atlántico bombardearon "objetivos civiles y militares" en Misratah, principal escenario bélico del oeste, y Zlitan, causando numerosas bajas y daños.

Por otro lado, unos 70 líderes de 25 consejos tribales agradecieron en los Emiratos Árabes Unidos el apoyo de países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) Pérsico a lo que llamaron el "fortalecimiento de la unidad de las regiones y tribus" de su nación.

La reunión sostenida el lunes en Abu Dhabi fue la primera de representantes de tribus del sur, centro y oeste de Libia, incluida Sirte, localidad natal de El Gadafi, y mostró respaldo "inequívoco" a la rebelión iniciada el 17 de febrero en la nación norafricana.

Además de apoyar al opositor Consejo Nacional de Transición (CNT), pidieron reconocimiento internacional y la entrega de "armas avanzadas" para combatir al Gobierno y establecer una "sociedad civil moderna".

Los líderes tribales viajarán ahora a Catar con la esperanza de persuadir a potenciales clientes a comprar más petróleo libio procesado en zonas bajo control rebelde, luego que Doha comercializó un millón de barriles a unos 120 millones de dólares.

Miembros del llamado Grupo de Contacto para Libia prometieron la semana pasada en Roma entregar a los rebeldes 250 millones de dólares en ayuda, además de tomar otros montos de los activos congelados en el exterior al gobierno de Trípoli.

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Militares acusan al partido de Mubarak de instigar la guerra civil en Egipto

RIA NOVOSTI

Los antiguos miembros del proscrito Partido Nacional Democrático (PND) de Egipto son responsables de los recientes enfrentamientos religiosos ocurridos en el país, denunció una fuente de la Fuerza Armada de Egipto.

“Los líderes del PND utilizaron los miembros del partido, cuyo número alcanza dos millones, para socavar a la revolución en Egipto, sumergir al país en la anarquía y desencadenar una guerra civil”, dijo.

Según la fuente, los miembros del antiguo partido oficialista pretenden recuperar el poder.

Indicó, que las fuerzas de orden disponen de los datos confirmados que indican que los miembros del PND están relacionados con los desórdenes en el barrio Imbaba del Cairo que se produjeron el pasado fin de semana.

Los enfrentamientos entre musulmanes y cristianos de ese barrio ocasionaron 12 muertos y 240 heridos.

Los choques ocurrieron después de que unos 4.000 musulmanes salafíes bloquearan la iglesia cristiana de Santa Mina con fieles dentro, para exigir la liberación de una joven convertida al Islam que supuestamente estaba retenida y que en realidad no se encontraba allí, según se confirmó posteriormente.

El tiroteo que estalló a continuación entre los dos grupos se detuvo sólo tras la intervención de militares y policías. Horas más tarde, un grupo de desconocidos incendió otra iglesia cristiana del barrio así como decenas de tiendas y casas de cristianos.

El antiguo partido oficialista de Egipto fue disuelto conforme a la decisión del tribunal poco después de la destitución del ex presidente de Egipto Hosni Mubarak.

Los líderes del PND, incluso el secretario general Safuat Ash-Sharif y el jefe de comité político Gamal Mubarak, están bajo custodia por acusaciones de corrupción. Los activos del partido fueron decomisados a favor del estado.

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Palestina: Mahmud Abbas pide a Egipto mediar ante Israel y descongele fondos para la ANP

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El jefe de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abbas, pidió a Egipto mediar ante Israel de que descongele fondos para pagar los sueldos a los empleados gubernamentales, informó la agencia palestina Wafa.

El gobierno de Israel congeló la transferencia de los referidos ingresos, equivalentes a 100 millones de dólares, en respuesta a la firma de reconciliación entre los movimientos palestinos, Fatah y Hamas respectivamente, por considerar al último como un grupo terrorista.

Según la prensa palestina, la ANP, que ya está padeciendo problemas financieros, necesita de 150 millones de dólares mensuales para pagar los salarios a los empleados gubernamentales.

De conformidad con el acuerdo firmado en 1993 en Oslo entre la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) e Israel, este último debe devolver a la ANP los ingresos fiscales recaudados de los palestinos que trabajan en Israel así como de los negocios celebrados entre los hombres de negocios palestinos e israelíes.

Abbas hizo ayer las citadas declaraciones durante su encuentro con el embajador egipcio ante la ANP, Ahmed Othman, que tuvo lugar en Ramallah (noroeste de Jerusalén).

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Precariedad económica es detonante primordial de revueltas árabes

Ulises Canales (PL)

La acentuada pobreza, el desempleo, la corrupción y la distribución desigual de las riquezas nacionales destacan como detonantes de primer orden de las revueltas que todavía hoy sacuden a varios países árabes, coincidieron analistas en esta capital.

El desempleo, que en el mundo árabe supera el 14 por ciento y es del 40 por ciento entre los jóvenes, figuró entre las denuncias de quienes se alzaron en Túnez y Egipto contra los regímenes de Zine El Abidine Ben Alí y Hosni Mubarak, respectivamente.

Con tal rotundidad se pronunciaron participantes en el panel "Causas económicas del Descontento" dentro del XI Foro de Doha que aglutina en la capital de Catar a especialistas, políticos, cancilleres, académicos y activistas sociales de cinco continentes.

Para el ministro de Finanzas de Catar, Youssef Hussein Kamal, "no hay justificación para no implementar programas económicos que atiendan las necesidades de la población" en una zona como Medio Oriente, donde confluyen recursos humanos y naturales que propician altos ingresos.

A su vez, el titular de Finanzas de Jordania, Mohammed Abu Hammour, mencionó los casos de Túnez, Egipto y Yemen, donde -dijo- la corrupción y la concentración de la riqueza relegaron programas socioeconómicos.

Hammour señaló que entre los factores que lanzaron a los pueblos de varios países, incluido el suyo, a las calles convergen problemas económicos, políticos, religiosos y cívicos.

Destacó, sin embargo, que tuvieron gran peso el aumento de los precios de los alimentos, la escasa participación femenina en labores productivas, lo cual limita el crecimiento económico, y la falta de justicia social e igualdad.

Por su lado, el presidente del Banco Árabe para el Desarrollo en África y ex ministro de Economía y Finanzas de Argelia, Abdel Aziz Khalaf, lamentó que la desunión entre los Estados árabes impida un mayor volumen de inversión en los países más atrasados.

"Africa posee cuantiosos recursos naturales, pero cualquier país está más interesado en invertir en África que sus propios vecinos", subrayó en claro reproche a las naciones petroleras del Golfo Pérsico que desvían sus capitales a otras regiones no árabes.

Khalaf afirmó que la pérdida de esperanza por parte de los jóvenes y el desempleo fueron y son "cuestiones de dignidad" y, por lo mismo, los compulsores de las masivas protestas antigubernamentales, de ahí que abogó por "pensar de manera colectiva y fraguar una nueva estrategia".

A su vez, Islam Shalaby, participante en las revueltas de enero y febrero pasados contra Mubarak, señaló que, además del enriquecimiento desmedido de la élite del anterior régimen egipcio, molestó que familias ricas llegaron a controlar recursos vitales como el agua.

Egipto, pese a poseer petróleo, gas, turismo y otros recursos, tiene al 70 por ciento de su población viviendo en áreas marginales o rurales sin acceso a energía eléctrica o usándola de manera ilegal, y ocupó el lugar 150 en una lista descendente de 180 países corruptos, apuntó.

Shalaby y otros ponentes remarcaron la necesidad de una integración árabe, pero defendieron propiciarla a instancias de los pueblos, porque -recordaron- "hemos tenido experiencias dolorosas en la integración entre los gobiernos".

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