miércoles, 11 de mayo de 2011

El nuevo orden mundial

Álvaro Cuadra (especial para ARGENPRESS.info)

Durante el siglo XX, el mundo conoció dos grandes organizaciones de carácter internacional. La primera de ellas fue la Sociedad de Naciones (SDN), nacida tras el Tratado de Versalles que puso fin a la Primera Guerra Mundial en junio de 1919. Disuelta en abril de 1946 ante su evidente fracaso. Si bien su propósito explícito era fomentar la cooperación entre las naciones y garantizar la paz, afirmar el Derecho Internacional y respetar escrupulosamente los Tratados, lo cierto es que estuvo muy lejos de aproximarse siquiera a tan nobles intenciones. Podríamos decir que su epitafio no fue sino la Segunda Guerra Mundial.

Si Woodrow Wilson, presidente de los Estados Unidos, había inspirado la SDN, sería el presidente Franklin D. Roosevelt quien inspiró las Naciones Unidas (ONU), una nueva organización que tras el horror de la Segunda Guerra Mundial sería la organización internacional encargada de promover la paz y la amistad entre las naciones, Nacida en octubre de 1945 con 50 representantes, cuenta hoy con la adhesión de 192 estados miembros.

Concebida como un gran foro para tratar los asuntos de interés para toda la humanidad, la ONU, entre los cuales se destacan: Preservar a las nuevas generaciones del flagelo de la guerra; Reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre; Crear condiciones para mantener la justicia y el respeto a los tratados internacionales; Promover el progreso social y elevar el nivel de vida. Ante el actual estado del mundo, bien cabría pensar que así como la SDN fracasó ante la barbarie, la ONU se ha convertido en poco más que una burocracia políticamente inepta e inoperante, provista de un discurso demagógico al servicio de los poderosos del mundo.

Si alguna vez la figura del Secretario General de Naciones Unidas tuvo alguna prestancia, en la actualidad su papel en la política mundial es casi nulo. Su capacidad para mediar en todo tipo de conflictos alrededor del mundo es de una írrita eficacia, mostrando hasta la saciedad su incapacidad para preservar a las nuevas generaciones del flagelo de la guerra. Los sucesos lamentables en el Golfo Pérsico y el norte de África muestran hasta qué límites puede llegar la ley del más fuerte en el mundo de hoy. Lo mismo podría decirse de aquella promesa de promover el progreso social y elevar el nivel de vida, una promesa jamás cumplida para los pueblos abandonados del África subsahariana o muchos países de América Latina.

El deslavado papel de la ONU en los asuntos del mundo es uno de los síntomas que señalan una crisis de las instituciones internacionales en este siglo XXI. Cuando cualquier gran empresa transnacional maneja un presupuesto superior al de muchos estados y funciona mejor que la ONU a escala planetaria significa que aquel espacio político mundial en el que se quería preservar la paz y la justicia se ha convertido en otra cosa: Un mercado dispuesto a preservar el lucro a cualquier precio, sin importar si ello compromete el medio ambiente o condena a millones de seres a la miseria, sin importar siquiera la bandera de algún pequeño país que clame por su soberanía.

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Ecuador: De cómo los perdedores se declaran ganadores

Alberto Maldonado (especial para ARGENPRESS.info)

Dice la sabiduría popular que, “desde que se inventaron las disculpas, nadie queda mal” Ya es un hecho reconocido por ganadores y perdedores, que en la consulta popular del sábado 7 de mayo/2011 ganó largamente el SI; y que el NO, por más que sacaron a la calle, a codearse con el pueblo, a doña Guadalupe (la directora del diario El Comercio) no llegó el ansiado “empate técnico” que los agoreros del NO predestinaban, en los últimos días de campaña.

El diario sipiano El Comercio de Quito es un ejemplo de aplicación de esta sabiduría. En sus ediciones del domingo 8 de mayo/2011 en adelante, su primer cuaderno estuvo dedicado a “hacernos pensar” a los y las ecuatorianas, que todavía lo leen (un viejo periodista dice que ya no lee sino que examina un diario sipiano, todos los días, para ver qué dice el enemigo) que la derrota del NO no ha sido tan catastrófica como lo pintaba la encuestadora de Santiago Pérez, que es identificada como “oficialista”; en este caso, como de confianza del SI gobiernista. ¿Qué anticipaba esta encuestadora? Pues que, en promedio nacional (el Ecuador está dividido en 22 provincias) el SI había ganado al NO, en las 10 preguntas de la consulta, con una diferencia porcentual de 20 puntos. ¿Qué más anticipaba Pérez? Que la encuesta (porque es eso, una encuesta) anticipaba muy pocos votos nulos y/o en blanco lo cual era también muy significativo, en tratándose de una consulta de 10 preguntas.

En base a estos datos, el gobierno y los principales dirigentes de Alianza País anticiparon, para ese mismo sábado 7 de mayo, una celebración de victoria, con derroche de optimismo y alegría. Olvidaron que la voz cantante y definitiva la tiene el Consejo Nacional Electoral (CNE) que había anticipado que podría ofrecer, a los y las ciudadanas, un conteo rápido (una tendencia de resultados) después de dos o tres horas de la hora de cierre de las votaciones (la elección terminó a las 17:00, hora de Ecuador) y que ni esa tendencia podría ser tomada como definitiva ya que, por la complejidad de la consulta, los datos definitivos se conocerían días después de intenso trabajo. Pero como los medios sipianos querían resultados ya, inmediatos, pues la única voz que podría hacerlo, en base a lo que se llama el “exit pool” (información a boca de urnas) y la única que se había inscrito y que tenía autorización del CNE para hacerlo, era la encuestadora de Pérez.

Y resultó que las primeras informaciones oficiales del CNE (que no llegaban ni al 50% de los votos emitidos) daba un triunfo al SI pero en margen estrecho frente al NO; inclusive, en algunas preguntas, casi se daba un llamado “empate técnico” Y de esta situación se valía El Comercio de Quito y otros diarios nacionales, a más de estaciones de televisión y redes radiales, para empezar a hablar de que Correa y su equipo habían anticipado un festejo q ue, a lo mejor, no se da, por lo menos en los términos previstos.

De esta manera, por arte de birli birloque, los perdedores de un primer momento comienzan a sentirse vencedores; y los vencedores del sábado, comienzan a sentirse preocupados. Y los nuevos vencedores empiezan a dedicar sus espacios informativos, de opinión y de interpretación en una tesis que para ellos es vital: que han logrado una presencia fundamental, a nivel nacional, y que el Gobierno Correa no puede dejar de tomarlos en cuenta, en el presente y en futuro inmediato. Es decir, demandan una presencia y una posición que es inevitable que sea desestimada. ¿Cuál?

Es que los seres humanos somos los únicos que tropezamos dos y tres veces en una misma piedra. En las elecciones de diciembre/1966 ocurrió algo similar pero de tono político contrario. Los medios sipianos y sus agentes cantaron el mismo día de las elecciones la victoria de su candidato, el entonces socialcristiano Jaime Nebot (el Alcalde de Guayaquil); pero, a la hora del pitazo final (como dicen los periodistas deportivos) el verdadero ganador fue Abdalá Bucaram. En el actual episodio, los medios sipianos, que a fin de cuentas fueron los principales promotores del NO, contra el Gobierno Correa, encontraron que los primeros datos del Consejo Nacional Electoral y la celebración anticipada de los propulsores del SI eran elementos más que suficientes para, por lo menos, agriarles la fiesta y la bilis a los ganadores. Y lo consiguieron, a medias, ya que todos anticipan que el SI se ha impuesto inobjetablemente al NO, aunque no en la proporción de la encuestadora Pérez.

Y, aun cuando la realidad de la sociedad dice lo contrario, lo que queda es sacar conclusiones precisas de lo acontecido a fin de no repetir las equivocaciones y errores por lo menos en el futuro inmediato, antes de que volvamos a tropezar en las mismas piedras.

Hemos superado los viejos tiempos de los fraudes electorales dirigidos; pero, hay que administrar o aplicar, con tiempo, un método, un sistema, que nos permita anticipar resultados con alguna seguridad y equilibrio. En esta tarea pueden prestar su concurso los propios gremios de periodistas o estudiantes de los últimos años de escuelas y facultades universitarias.

Es muy importante que el país cuente con un verdadero ejército de jóvenes, debidamente entrenados, para que asuman las tares de miembros de las juntas receptoras de votos y de escrutinios. Si a los y las jóvenes, de entre los 16 y 18 años, se les ha dado constitucionalmente el voto facultativo, pues ellos y ellas deberían asumir esta función primordial en cualquier evento electoral. Además, ellas y ellos no están aún contaminados, tienen valores éticos y están capacitados para ejercer adecuadamente una función social.

Es absolutamente importante que en las consultas o referéndums del futuro inmediato, el cuestionario a ponerse a consideración de los y las ciudadanas, sea claro, preciso y comprensible. No como el último que era un popurrí de 10 preguntas que comprendían distintos temas y que tenían unos anexos más incomprensibles aún. Por desgracia, la pregunta relacionada con la necesidad de reconstituir y mejorar la llamada función judicial no le hablaba a los ciudadanos de esta impostergable necesidad y de que el Estado debía tomar cartas en el asunto. Esto dio lugar a que la noistas argumentaran que lo que quería Correa y su equipo de gobierno, era apropiarse de esta función y asumir una especie de autocracia frente a sus ciudadanos. Los resultados electorales (a favor del SI) están lejos de lo que debió haber sido, si hablamos de una lógica elemental.

Tampoco un cuestionario de una consulta popular debe contener más de dos o tres preguntas concretas, sobre un solo tema Esto habría dado margen a una mejor discusión y debate, durante la campaña electoral, y a que los noistas no enfoquen los problemas planteados como si fuera a favor o en contra del Gobierno. Habría dado lugar a que tanto los afectos como los desafectos planteen soluciones, tesis; y la consulta tenga un gran nivel de positivismo, sean cuales fueren sus resultados.

El referéndum constitucional y la consulta popular deben ser mecanismos a los que un gobernante, un parlamentario, los mismos magisters judiciales, puedan recurrir cada vez que sea necesario y urgente. Para ello, la función electoral debe perfeccionar siempre un sistema apropiado que, sin mucho costo y rápidamente pueda operar a nivel nacional, provincial o local, cuantas veces sean necesarias. Por ejemplo, el padrón electoral debe estar permanentemente actualizado de manera que no aparezcan ciudadanos y ciudadanas que murieron hace rato. Y si se trata de migrantes, pues dar un chance para que sus familiares residentes en el país, los justifiquen como residentes permanentes o eventuales en cualquier otro país.

En fin, dejo a los constitucionalistas y a otros sabios a que recomienden lo que se puede hacer o no hacer, cada vez que un gobernante o una legislatura o un grupo de ciudadanos, en uso de sus derechos, desean introducir cambios o reformas constitucionales o legales. O ponerle un límite, por decir algo, a la televisión basura, que tanto daño está cansando en el mundo entero.

Y una recomendación final: nunca hay que celebrar un triunfo antes de que el árbitro dé el pitazo final. Porque, como dice otro refrán popular, el pan puede quemarse al salir del horno.

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Colombia: El expolio del sistema financiero al ahorro pensional

Manuel Gil Giraldo (especial para ARGENPRESS.info)

El Gobierno de Juan Manuel Santos anunció la reforma al sistema pensional, y entre los cambios notificó el aumento de la edad y las semanas cotizadas para tener ese derecho, sumándose a la campaña del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, retornando a los tiempos de la esclavitud con visos modernos, es decir: que los trabajadores laboren hasta el final de sus días, y si les fuera posible que se lleven algo de faena al ‘descanso eterno’.

Por su lado los fondos privados de pensiones, controlados por los grupos financieros del país, mejoran el negocio cerrando las puertas al sistema público de pensiones, lo que significa que continúan trabajando con el ahorro de los trabajadores, después de explotarlos durante su vida laboral, un negocio redondo que en cualquier momento lo pueden declarar en quiebra, tal como ocurrió hace unos años con el fondo pensional de la Seguridad Social, la caja menor del gobierno. Así de dinámico es el capitalismo salvaje y desalmado.

La actitud que tome el vicepresidente Angelino Garzón, puede resultar definitiva en esta reforma, porque según sus palabras “se necesita un gran debate nacional sobre todo el sistema pensional, con la perspectiva de construir un gran pacto nacional con participación de sindicatos, empresarios, pensionados, partidos políticos con representación parlamentaria, fondos privados de pensiones, el Seguro Social y el Gobierno. Las pensiones no es solamente un tema de edad: está ligado a una política de empleo y reducción de la informalidad laboral”. Eso es válido si hay claridad respecto al futuro del pensionado, y no al interés mezquino de quienes administran el ahorro de los trabajadores.

Según un informe de la Escuela Nacional Sindical, Colombia está lejos de ser un Estado Social, entre otras razones porque de cada 100 trabajadores, escasamente 30 están afiliados y cotizan para algún día pensionarse. El tema a tener en cuenta en el debate pensional, es la necesidad de replantear los dividendos de la plusvalía para que el trabajador devengue un salario digno, y lo vea reflejado en la mesada pensional; un sistema salarial que cubra los gastos del trabajador y su familia, lo que es imposible con la actual política salarial.

Pero ¿qué ocurre en la realidad social colombiana?, que la desigualdad salarial es alarmante porque existe una clase empresarial a la que le gustaría implantar un sistema feudal como en la Edad Media, el servilismo y la explotación llevados a su máxima expresión. La otra realidad es que el 58 por ciento de las personas en edad laboral, trabaja en la economía informal, con el agravante de que los ingresos están por debajo del salario mínimo y la mayoría no puede cotizar para pensión. El desempleo es del 12 por ciento, el más alto de América Latina y por encima del promedio global que es el 7 por ciento, el cual aumenta entre la juventud. La situación se agrava cuando se pierde el trabajo, como consecuencia de la inestabilidad laboral y la facilidad del despido a trabajadores que consideran incómodos, lo que revierte en que éste no sigue cotizando, pues no tiene recursos para hacerlo, como sí ocurre en algunos países donde el Estado Social de Derecho reconoce un subsidio de desempleo.

Es responsabilidad del Estado las precarias condiciones de contratación que incluso el gobierno practica y están imponiendo en el mercado laboral, cuya consecuencia es que los cotizantes no llegan al 60 por ciento, de tal manera que quienes tienen un contrato temporal, por prestación de servicios o por cooperativas de trabajo social, generalmente no cotizan al sistema de pensiones. La situación es más difícil para el adulto mayor, según el informe del MPS al Congreso de la República, en mayo de 2010 había en Colombia 1´459.768 personas pensionadas. Pero no todos eran adultos mayores, porque en las pensiones se incluyen las de vejez, invalidez y sobrevivientes. Realmente, el porcentaje de adultos (de más de 55 años) que recibe estas pensiones es el 82 por ciento, y corresponde a 1´226.530 personas. Lo que significa que frente a una población adulta mayor de 6´288.233, estimada por el DANE para el 2010, sólo el 19.5 por ciento recibía alguna pensión. Es decir que, si el 80 por ciento de la población adulta mayor no cuenta con una renta o la solidaridad de su familia, su situación sería la indigencia; situación que se agrava en un futuro cercano, pues mientras la población adulta mayor crece a una tasa anual del 4 por ciento, los pensionados lo hacen al 2 por ciento.

El informe del MPS ante el Congreso se refiere a dos tipos de políticas, que son parte de los programas de atención a las poblaciones vulnerables. Durante el 2009 se giraron 4´882.712 subsidios por valor de $304.059 millones, y se alcanzó una cobertura de 549.956 adultos mayores beneficiados desde diciembre de 2003 hasta diciembre de 2009. En 2010, la cobertura alcanzó la cifra de 573.472 adultos mayores. A estos programas hay que agregar el programa de alimentación para el Adulto Mayor, que desarrolla el ICBF, que consiste en la entrega de un complemento alimentario, sin embargo, son baños de agua tibia ante la traumática realidad, porque apenas beneficia al 10.8 por ciento, y con esa ayuda los beneficiados pagarían el costosísimo transporte de Transmilenio, que por cierto, debería ser un servicio gratuito para el adulto mayor, en cualquier Estado Social de Derecho.

Es una política de marginalidad, que está lejos de garantizar el respeto a la dignidad humana que fundamenta el Estado Social. Tampoco cumple con el mandato constitucional que en el artículo 42 indica que es deber del Estado (también de la sociedad y la familia) la protección y la asistencia de la tercera edad, promover su integración a la vida activa y comunitaria. Si la reforma anunciada no aborda la baja cobertura de cotizantes y la desprotección en que se encuentra el 80% de la población adulta mayor, sólo hará más difícil el acceso a este derecho. Cualquier sistema pensional será inútil si no aborda las reformas de 1993 cuyo objetivo fue aumentar la edad y semanas de cotización, recortar la mesada pensional y eliminar los regímenes acordados en negociaciones colectivas. Además de entregar al sector privado el 70 por ciento de los afiliados al régimen de prima media, pero no resolvieron los bajos niveles de cotización, ni la situación de exclusión social.

Y qué decir de la inequidad social y la falta de conciencia al respecto, cuando hasta los representantes de la justicia se amparan en regímenes especiales que el resto de colombianos no tienen; igual ocurre con congresistas y magistrados que se pensionan anticipadamente con pensiones millonarias y por las cuales no han aportado la cotización que las sustente. Así lo explicó la revista SEMANA al denunciar el carrusel de nombramientos que se presentan en el Consejo de la Judicatura: “Los funcionarios de la rama judicial tienen unos privilegios muy particulares en materia de pensiones. A diferencia de los demás colombianos, a quienes el Seguro Social les calcula su pensión con los últimos diez años cotizados, los de la rama judicial se jubilan con el salario más alto del último año en que trabajaron” ¡Qué maravilla de justicieros tenemos! El impacto económico de esas pensiones, sobre las finanzas del Estado, es demoledor. Si se pagara el costo de una pensión (lo que los especialistas llaman valor actuarial), el
total de la mesada de quien cotizó sobre un salario mínimo sería de $110 millones, mientras que la de un magistrado auxiliar sería de $3.500 millones. Con la Ley 100, se debilitó este sistema, hasta el punto de que los fondos privados de pensiones manejan más de $90 billones y tienen sólo 37.672 pensionados, en tanto que los colombianos tenemos que aportar una suma cada vez mayor para ayudar a financiar las pensiones de 1´459.768 personas, entre ellas las pensiones millonarias de los que reformaron el sistema pensional a favor del sector financiero.

Razón tiene el Vicepresidente Angelino Garzón, al considerar necesario un pacto social desde el que se construya un sistema pensional, y así evitarle a la población adulta mayor un futuro mendigante y mezquino, que sólo se puede lograr desde el diálogo, porque es ante todo un derecho humano, como la vida, la cultura o la libertad de expresión. El objetivo de la reforma podría ser la restitución del sistema pensional como patrimonio público, y no para fortalecer al sistema financiero. Que sea el Estado quien maneje los recursos que están en manos del sector privado, y así no habrá necesidad de que del presupuesto nacional se tengan que financiar pensiones. Es de tomar como referente a países como Chile, Argentina y Uruguay, donde establecieron este derecho para la población adulta mayor.

Pero ¿qué ocurre en Colombia? que es el país de América Latina con mayor inequidad social y entre los países más desiguales del mundo, y se corre el riesgo de ser el primero; porque la tendencia es: no desconcentrar el ingreso, si se tiene en cuenta como lo señala Fedesarrollo, que mientras el (PIB) y el gasto público se multiplicaron por dos en los últimos veinte años, la pobreza extrema se redujo en un dos por ciento, pues demagógicamente dicen que hacen mucho para enfrentar la pobreza, pero muy poco para mermar la desigualdad, y el resultado es que la reducción de la pobreza está por debajo del promedio latinoamericano.

¿Por qué se da este complejo ‘sinónimo’? Aquí no aplica la regla de tres ni la raíz cuadrada. Además de la situación social, cuenta la gigantesca brecha de los ingresos entre empresarios y trabajadores; entre funcionarios públicos y contribuyentes trabajadores (que son sus jefes reales porque son los electores). Sin ir más lejos: si hacemos un salario de nóminas en el Congreso, encontraremos que sus ‘señorías’ se ‘apoltronan cómodamente’ a ganarse una mensualidad que supera en 30 o 40 veces más el salario de la persona que le mantiene limpio su espacio de trabajo (si es que trabajan sus señorías), que tal vez es la que le sirve los tintos o mantiene pendiente de sus olvidos… ¿Así cuándo puede haber igualdad social?

De otra parte están ‘los cacaos’, de la distinguida ‘sociedad’. La desigualdad es ante todo un problema del modelo económico que toca muchos intereses y por ahora no existe un proyecto político dispuesto a enfrentar el problema, porque según los economistas ortodoxos capitalistas “el crecimiento económico se encarga de resolver el problema de la pobreza y la desigualdad”; una ecuación que en la praxis no funciona en Colombia, si el 10 por ciento de los más ricos se queda con el 50 por ciento del PIB, mientras el 10 por ciento de los más pobres apenas reciben las migajas del 0,6 por ciento. Y si tenemos en cuenta que los afortunados de la franja pobre que tienen trabajo mantiene a seis personas en promedio, en tanto que los privilegiados de la pirámide capitalista sostiene a dos ¿cuándo podrá haber igualdad social?

En un estudio de la revista norteamericana de negocios ‘Forbes’ muestra a dos colombianos entre los hombres más ricos del mundo, uno de ellos Luis Carlos Sarmiento Angulo, que ocupa el puesto 75 con un capital de 10.500 millones de dólares, gracias a especular en la banca; el otro es Julio Mario Santo Domingo, que está en el puesto 108, con un capital de 8.400 millones de dólares. Luego de ver dicho informe salta la duda o la preocupación, por saber en cuánto dejarán su mesada pensional estos ‘pobres hombres’. En verdad que sí es urgente el pacto social, si queremos evitar a futuro una situación de indigencia total en los adultos mayores.

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El presidente Chávez y el asunto Joaquín Pérez

Lucía Ruíz

Acontecimientos importantes permiten que afloren nobles y éticos principios, o en su defecto, perversas pasiones y falencias ideológicas. El secuestro y entrega express de Joaquín Pérez Becerra al Estado terrorista de Colombia es uno de estos casos que nos permite valorar en su justa dimensión el derrotero demo-liberal a que viene siendo sometido el proceso bolivariano de Venezuela, por la derecha endógena en la dirección del PSUV y el gobierno central. El ‘asunto Pérez’ de sopetón tumbó la máscara dejando al descubierto todas las vergüenzas y quiebras ideológicas. Sectores progresistas, democráticos y revolucionarios quedamos atónitos ante la aptitud asumida por un gobierno que se autoproclama “revolucionario”. Lo grave no es que se haya caído la máscara, así, de golpe y porrazo; lo terrible y absurdo es que el presidente Hugo Chávez crea que las masas y los pueblos no se han dado cuenta de la incoherencia ética que ha asumido en todo este grave asunto.

El ‘asunto Pérez’ marca el punto de inflexión del proceso progresista y democrático que venía impulsando el gobierno de Hugo Chávez en estos doce años. Esto no quiere decir que a l presidente Hugo Chávez, no se le reconozca y valore en su justa dimensión el rol que ha jugado y el que puede jugar aún a pesar de la crisis. Y que su liderazgo representa en gran medida el anhelo de liberación para el pueblo venezolano. Incluso Chávez puede salir elegido nuevamente como presidente de Venezuela. Pero como de lo que se trata, cuando se habla de transformaciones socialistas, no es de elegir meramente presidentes, sino realizar de verdad grandes y profundos cambios económicos, sociales, políticos, culturales a favor de las masas populares y que afecten radicalmente las estructuras capitalistas de explotación y que supriman la opresión. Y esto no se logra con modelos económicos extrativistas, ni siendo condescendiente con las clases capitalistas que se llenan los bolsillos a caballo del “rojo, rojito”, ni guardando silencio servil ante la galopante corrupción institucional, ni dejar a sus anchas a la boliburguesia.

Veamos algunas de las realidades que develó el ‘asunto Pérez’. Por un lado está la deplorable y arbitraria posición asumida por Chávez y su gobierno, que pisoteó la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que reza así el “Capítulo III, De los Derechos Civiles , Artículo 44.

La libertad personal es inviolable, en consecuencia:

2. Toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares, abogado o abogada o persona de su confianza, y éstos o éstas, a su vez, tienen el derecho a ser informados o informadas sobre el lugar donde se encuentra la persona detenida, a ser notificados o notificadas inmediatamente de los motivos de la detención y a que dejen constancia escrita en el expediente sobre el estado físico y psíquico de la persona detenida, ya sea por sí mismos o por sí mismas, o con el auxilio de especialistas [...]

Respecto a la detención de extranjeros o extranjeras se observará , además, la notificación consular prevista en los tratados internacionales sobre la materia .”

Esto demuestra que en la práctica en Venezuela no existe un Estado democrático y social, de Derecho y Justicia, sino que el ejecutivo (poder presidencial) impone sus criterios según el estado de ánimo e intereses particulares a los otros poderes sin siquiera consultar y acogerse a las respectivas instancias y normas procesales a que están obligados todos los poderes del Estado, y más en un asunto como el que venimos analizando. Además de violar la constitución venezolana el gobierno del presidente Chávez, también viola estatutos y convenciones de la legalidad internacional y diplomática. Como por ejemplo, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de la Organización de las Naciones Unidas, de la que Venezuela es signataria, en la que se establece que “Ningún Estado Contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligre”. Y en este caso se entregó a Joaquín Pérez a un Estado terrorista con espeluznantes records en la violación de los derechos humanos, en fosas comunes, en el uso de motosierras para asesinar a líderes opositores populares, campesinos y políticos que son críticos con ese estado que usa el terror para perpetuarse en el poder.

La entrega exprés se quiso justificar con un twiter y un comunicado firmado por el ministro Andrés Izarra a nombre del gobierno venezolano de un tinte tan reaccionario que da asco. No solamente se asume orgullosamente la política antiterrorista imperial sino que se enriquece con creces los postulados de ésta. En la pretendida defensa de la “papa caliente” que hiciera el presidente Chávez queda claramente demostrado hasta donde se ha llegado a abrazar esta política antiterrorista gringa, en la que alumno supera al profesor: “[…]Se bajó en Maiquetía y lo capturamos. Así como entregamos a Chávez Abarca a Cuba, entregamos a este señor a Colombia” . Si, así no más, s in un ápice de vergüenza —a grito en cuello—, burlando el principio universal de la presunción de inocencia y sin juicio alguno se condena y se equipara al periodista de Anncol y luchador popular Joaquín Pérez con un terrorista.

Hay un refrán libio que dice que cuando el bolsillo queda vacío los errores son cada vez más garrafales. Transpolado al gobierno venezolano de Hugo Chávez encontramos que cuando el morral que contenían los valores éticos, revolucionarios, humanistas, democráticos, progresista, ha sido vaciado, los errores hacen presencia a borbotones y cada vez con mayor capacidad autodestructiva. En este punto de inflexión como estamos estupefactos nos negamos a entender y a asumir la realidad, que el morral está vacío y derruido. De lo que si estamos seguros es que las masas populares y revolucionarias no cejarán en lucha por alcanzar la libertad, del tren de la revolución se bajan aquellos que simplemente han fungido de revolucionarios. Este proceso bolivariano y revolucionario — con o sin Chávez — seguirá adelante, ya nada ni nadie lo detiene en su camino hacia el socialismo.

En toda esta cascada de errores éticos que el ‘asunto Pérez’ deja al descubierto, podemos resaltar unas perlas. No se puede decir cuál ha sido peor, si el silencio sepulcral de una semana de un gobierno locuaz o la censura impuesta por el presidente Chávez — él personalmente en alocución televisada asume la responsabilidad en este asunto — a los medios de comunicación como Telesur, Venezolana de Televisión, YVKE Televisión, entre otras. Hay que resaltar que con escasas excepciones individuales se criticó la postura del gobierno venezolano, como fue la de Vladimir Acosta. La pregunta que surge es ¿por qué si estaba actuando correctamente y apegados a los valores bolivarianos y revolucionarios se amordaza a estos medios? ¿A qué se le tiene miedo, a la voz del pueblo y de las masas? Si es así, ¡qué horror! ¿Por qué los periodistas que trabajan en esos medios no dijeron esta boca es mía, en dónde están los Vladimir Danchev venezolanos?

Fallo que se respete no viene solo, el morral está vacío. Inmediatamente vinieron otros errores que se pueden clasificar entre patéticos como la nota escrita ‘en pleno desarrollo’ por la movilizada “ sección venezolana de ese elefante blanco, que se conoce como la Red de ‘Intelectuales en Defensa de la Humanidad’ [Heinz Dieterich ].” Comunicado que “ exhorta a no utilizar la revolución de manera poco solidaria ni someterla a riesgos innecesarios ”, esto no otra cosa que llamar al silencio reverencial, a no hacer la crítica. Qué clase de intelectuales son estos que llaman a no confrontar los errores por medio de la crítica, con el cuento, para evitar riesgos innecesarios. Son ustedes precisamente como intelectuales — y si son revolucionarios — los primeros en haber criticado el atropello hecho por el gobierno venezolano a los valores éticos en este asunto y además, advertir de la gravedad y peligros que conlleva para un proceso revolucionario tal desmesura antiética. ¡el mundo al revés!

Hay un fallo consumado que además de aberrante e infame es la importancia que le dieron los medios de comunicación oficiales a la un artículo titulado “Acerca de Joaquín Pérez Becerra” y que está suscrito por un tal Ivan Maíza. La relevancia dada a este escrito por las redacciones de TeleSur y Venezolana de Televisión a manera de editorial y durante varios días, refleja que dicho artículo no es otra cosa una directiva impartida desde Miraflores y una imposición en la cual se mostraba la posición del gobierno de Hugo Chávez en el ‘asunto Joaquín Pérez’, a ver cómo salía la cosa. Lo que dice este ‘editorial’ palabras más palabras menos, es lo que han venido diciendo tanto Nicolás Maduro como Hugo Chávez en sus declaraciones. Esta primera andanada la cierra el gobierno de Chávez con broche de oro: gases lacrimógenos contra las masas y organizaciones que protestan. Las organizaciones y masas populares que se movilizaron frente al ministerio de relaciones internacionales y a la Asamblea Popular para exigir explicaciones por el secuestro y la entrega exprés del periodista y luchador popular Joaquín Pérez al Estado terrorista de Colombia, se encontraron con las puertas cerras y bloqueadas por la policía, fueron ninguneadas por los medios de comunicación oficiales y lo que es más deplorable fueron gaseadas para que se dispersaran, como si con gases lacrimógenos se pudiera acallar la rabia un pueblo arrecho. Ante un morral vacío y derruido este hecho puede estar señalando derrotero de lo que le puede esperar en el inmediato futuro a las masas que se movilicen para exigir sus derechos y la profundización de reformas económicas, sociales y políticas en Venezuela.

El punto de inflexión lo marcó el presidente Chávez cuando hace su aparición en el Teatro Teresa Carreño con el morral vacío al hombro creyendo que el pueblo no se ha dado cuenta de que el rey está desnudo. La defensa de lo indefendible no sólo es patética sino deplorable en todo sentido. Recordemos que fallo que se respete no viene solo y que cada vez tenderán éstos a ser más garrafales.

Allí, Chávez Frías, en medio de su bravuconada lanzó odiosas e infames acusaciones y comparaciones entre un luchador popular, revolucionario y bolivariano que ha mostrado su valía durante muchos años como es el caso de Joaquín Pérez, con un terrorista de la calaña de Chávez Abarca. El show insulso continuó, en medio de la defensa por el secuestro y entrega exprés fingió no saber el nombre del periodista Joaquín Pérez ni de qué país venía, “¿cómo es que se llama ese señor?”, ¿de dónde es que venía? preguntó, cosa que repitió el 1 de mayo, con esto quería dar la apariencia y resaltar que ese asunto era una mera nimiedad. Y si es así, ¿por qué Chávez se ha visto obligado a referirse al ‘asunto Pérez’ en dos eventos importantes? Y peor aún, atizándole más leña al fuego ­ — en una constante contradicción en lo que iba diciendo — rabiosamente dijo “A mí nadie me va a estar chantajeando, ni de la extrema derecha ni de la extrema izquierda”. “Todo el mundo sabía que venía, hasta la CIA. Son movimientos infiltrados.” “Le tendieron una trampa para clavarme a mí una puñalada. Reflexionen en vez de estar acusando a Chávez, yo les respeto su crítica pero el que no sabe es como el que no ve".

El 1 de mayo una vez más se vio obligada a abordar el asunto, y dijo que "Yo no estoy diciendo que él sea un terrorista, yo espero que el gobierno de Colombia le respete sus derechos humanos y derecho a la defensa" — el día anterior había condenado a Joaquín y comparado con un terrorista, ¿en qué estamos entonces? — ; agregó que “El que quiere criticarme, que me critique. Los que me critican no saben muchas cosas". Y al condenar quema de los muñecos de Maduro e Izarra además remató indignado, "en alguna ocasión, a estos señores quema muñecos, tuve que llamarlos porque andaban reuniéndose con la guerrilla colombiana y haciendo unos planes para montar en Venezuela unas bases de la guerrilla colombiana a espaldas de todos nosotros (...) una excusa perfecta del imperialismo para agredir a la revolución y al pueblo de Venezuela”.

Como podemos ver no hay explicación de lo sucedido. Ni una alusión a la gravedad ética y política de la actitud entreguista de un gobierno que se dice revolucionario. En ningún momento explica por qué el gobierno bolivariano se plegó al empeño de un Estado terrorista como el de Colombia, con la simple llamada de un personaje tan siniestro como es Juan Manuel Santos. Sólo nos encontramos con el siempre eterno intento de acallar con la autoridad. ¡A mí no se me chantajea! dice Chávez, con esto está ordenando, ¡a mí no se me puede criticar! Yo asumo la responsabilidad, fue una orden mía, resopla. Con esta forma de proceder Chávez sienta un pésimo precedente, y es como YO soy el que manda, impongo mi autoridad y asumo la responsabilidad en este caso sin que pase nada, ya no hay nada que decir ni que investigar, aunque se hayan violado las normativas jurídicas nacionales e internacionales. Yo soy el Señor y punto. ¡Todos los críticos a callar! y los abyectos ministros sentados en primera fila a aplaudir hasta reventar y a tomar apuntes obedientemente que las cámaras eso sí lo muestran.

Existe algo tan importante que pueda y permita con esta vergonzosa entrega exprés se enloden los principios y los valores éticos del proceso bolivariano y el anhelo de cambio y de libertad del pueblo venezolano, si es así, entonces el deber del presidente Chávez es que entendamos y que sepamos las muchas cosas que no sabemos. O esas palabras son una excusa perfecta para no asumir la crítica y la autocrítica responsablemente y con toda la responsabilidad que le corresponde dada su condición de presidente y de líder la revolución bolivariana. O ¿usted está exento de ello? ¿es el presidente Chávez consciente del grave y profundo daño que se le asestó al proceso revolucionario bolivariano venezolano y a las luchas liberadores de América Latina y del mundo con el deplorable secuestro y entrega exprés del periodista Joaquín Pérez?

El presidente Chávez aún tiene una gran oportunidad de resarcir el desacertado error cometido contra Joaquín Pérez, todos lo estamos esperando impacientemente. El ‘caso Pérez’ es de gran importancia y de trascendencia histórica más allá de las fronteras físicas y geográficas no sólo porque él sea un periodista, un luchador popular y un revolucionario, sino por este grave asunto deja al descubierto a dónde es que se quiere conducir la revolución bolivariana. Para zurcir nuevamente el delicado tejido social, político, cultural, del apaleado y ajado morral de los valores éticos, es urgentemente necesario cuidarlo, protegerlo, llenarlo con confianza, solidaridad, fraternidad, de democracia, de participación popular, de masas, de socialismo, de verdaderas y profundas reformas sociales, económicas y políticas, de cambios estructurales profundos a favor de los pobres y las masas venezolanas. Esta sí que es una excusa auténtica y perfecta para defender la revolución bolivariana y las luchas liberadoras de los pueblos del mundo. Lo otro, lo cómodo, la corrupción, la burocracia abyecta y las razones de Estado no son más que el combustible para una invasión burguesa de las mentes populares y del imperialismo.

Presidente Hugo Chávez tienes una oportunidad histórica ¡no la desperdicies! si te montas en el tobogán burgués que te brinda el aceitado punto de inflexión, será un viaje a la claudicación aplaudido hasta reventar de palmas por la derecha endógena, por ministros y burócratas abyectos y por la reacción mundial. Presidente Chávez al pueblo revolucionario y a las masas ya nadie las detiene en su camino hacia el socialismo, por lo tanto usted tiene la palabra.

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Lo que Santa Cruz muestra de la nueva militancia: La curvatura del “relato”

Daniel Cadabón (especial para ARGENPRESS.info)

Tres, son los frentes que explota el oficialismo kirchnerista a favor de su justificación histórica como movimiento nacional y popular.

El primero, pasa ahora por la cooptación de una militancia juvenil considerándola como subproducto de las políticas de estado y del fallecimiento de Néstor Kirchner, “una garantía del nunca menos”.

El segundo, es el frente intelectual-periodístico y derechohumanista, al que se han ido afiliando intelectuales y progres históricos que forman parte del plantel estable de las camarillas sostenedoras del régimen, sobre todo a partir del debate sobre la Ley de medios y de nuevo, del fallecimiento de Néstor Kirchner. Con lo que el oficialismo ha logrado incrementar su base social entre los sectores medios, aunque como siempre sucede con la pequeña burguesía, con un alto grado de volatilidad que dependerán de cuestiones más prosaicas e interesadas que puramente ideológicas.

El tercer frente, “columna vertebral” del oficialismo, es el conformado por la burocracia sindical de las dos centrales obreras, que pese a declarar su amor incondicional por las políticas oficialistas, se presenta siempre como un potencial frente de crisis.

La reciente alianza entre el oficialismo con los sectores medios, dista mucho de haber cristalizado una férrea y convencida “nueva militancia”, y esto porque se concibe a partir de una relativa actuación política “a demanda” en el relato presidencial. Y por sobre todo, de la cooptación económica de un sector de arribistas que se disputan cargos en el estado.

No hay militancia real, ni podría haberla en una sociedad dividida en clases y sustentada en la explotación del trabajo ajeno, entre aquellos que defienden las estructuras del poder político del régimen. La militancia, es por definición una práctica reñida con el poder, algo que se le opone y que lo cuestiona críticamente. La “militancia integrada al estado” burgués, por más nacionalista que se pinte, no es más que una fuerza de choque reaccionaria en contra de que el desenlace de la lucha de clases se haga a favor de los explotados.

Puede que el relato presidencial despierte en el imaginario de las clases medias el revivir de un progresismo desarrollista que le permite la adquisición de plasmas a 70 cuotas financiadas con la plata del Anses, pero esto, no separa ideológicamente, al intelectual oficialista de hoy, del prejuicio de aquel pequeño almacenero que lee la situación política, asumiendo su humor y su filosofía de vida de acuerdo a lo que le informe la caja en el recuento nocturno.

Las delicias que despierta el “relato presidencial” en todo un sector estable de profesionales de la política y el sindicalismo burocrático no es otra cosa que el sabor que despierta un oportunismo basado en el sostenimiento sin principios del oficialismo gobernante, la delicia que se encuentra al lado del poder es volátil y acomodaticia; este plantel fue estable en otras épocas y con otras banderas. Como siempre declaran “acompañar en lo bueno y criticar en lo malo”, lo que de por si es una confesión de su impotencia para pararse sobre dos pies y una explotación sin escrúpulos de un prejuicio social interesado en buscar respuestas reformistas desde un poder ejecutivo “más justo”, sin importarles que esto los obligue a condenar cualquier manifestación independiente de las clases trabajadoras en cuanto a su organización política y sindical y hasta llegar a justificar la represión y el asesinato.

El progresismo argentino se ha caracterizado como cualquier vulgar burócrata estatal, por el permanente pedido de paciencia a los trabajadores a la espera de que la lucha contra la derecha fortalezca las posiciones populares y en ese momento en el que ya no serán necesarias ni tomas de la Bastilla ni asaltos al Palacio de Invierno, el gobierno nac&pop hará realidad las demandas populares.

Sin embargo hoy, cuando la derecha aparece virtualmente desarmada y el nacionalismo que representa “la compañera presidenta” Cristina Fernández está en la cresta de un ola de una adhesión popular sin antecedentes desde el 2003; no sólo que las transformaciones no se producen, sino que el “relato” ha tomado una curvatura conservadora, que no hace más que condenar la conflictividad social, es decir la lucha de los trabajadores.

Para imaginario social, que como todo imaginario siempre falsea la realidad, la democracia es un régimen equidistante de las clases sociales que arbitra los conflictos en la búsqueda de una solución ecuánime. Sin embargo el carácter propatronal del oficialismo brota por todos los poros. Ante el aplauso de los principales capitostes de la industria y de los bancos la presidenta ha declarado que los conflictos sociales deben terminarse, por que ponen en juego el desarrollo del modelo al hacerle perder a la economía del país (léase petroleras) un 1.3% de lo que deberían haber ganado en el último mes. A confesión de partes relevo de pruebas dicen los abogados como Héctor Recalde de la CGT, el discurso presidencial en lugar de equidistante es un apuntalamiento de las ganancias capitalistas; pero no sólo eso, en un mismo ademán la presidenta archivo cualquier ley que sirva al reparto de las ganancias y pidió que en todo caso se acuerde una futura repartija en función de las necesidades de las empresas, es decir, nada de reparto de ganancias porque “estas perjudican al modelo” declaró entre los exultantes De Mendiguren y Eskenazy y diversos representantes de Techint, el holding de Paolo Rocca, y Telecom, de los Werthein.

Esta vez las “corpos” mediáticas de la derecha embellecieron las palabras presidenciales, al afirmar que van dirigidas al moyanismo y al resto de burócratas sindicales que gozan de un impresionante desprestigio social y que pasaron de ser “columna vertebral” del oficialismo a una banda de piantavotos. Pero, en este nivel de análisis está de más sobra esa mezcla de ingenuidad y de mala fe de probados analistas del régimen. Lo de la presidenta es una postura estratégica.

Lo que la presidenta viene haciendo últimamente es alertar, amenaza mediante, sobre la creciente conflictividad social,

Cristina no es ajena a que la huelga docente en su provincia (paro por tiempo indeterminado) se profundiza y que las provocaciones del kirchnerista Daniel Peralta, primero mandando a una patota a golpear sin consideración a maestras y profesores y ahora canchereando con el “que le pidan el aumento a Magnetto”, no hacen más que radicalizar su lucha con cortes frentes a las plantas petroleras ajustándose al modelo de lucha sindical triunfante de los petroleros que lograron expulsar a la burocracia vendida de los Segovia y cia.

El “relato” presidencial no es antiburocrático; al contrario es una apelación a que la burocracia cumpla con su función histórica de limitar (eliminar) cualquier expresión independiente de los trabajadores.

La movilización popular que desató asesinato de Mariano Ferreyra; la caída en desgracia de los Segovias santacruceños en manos de las asambleas de bases; la raquítica participación de trabajadores en el acto moyanista del 29 de abril en la 9 de Julio; las nuevas comisiones internas en fabricas y talleres que vienen dándole batalla a las internas burocráticas y en muchos casos desalojándolas de la conducción; los conflictos que desconocen la legalidad trucha del ministerio de trabajo y que se profundizan frente a cada dictado de conciliación obligatoria; las causas penales que persiguen a los dirigentes sindicales, encuentran a una burocracia apichonada y a la defensiva. El “relato” presidencial más que un reto es una orden de disciplinamiento. Está en juego el modelo!! Y con el modelo no se juega.

Los que parecen haber entendido claramente esto , y antes que nadie, son, como siempre, los intelectuales y los jóvenes militantes de “la cámpora” que salieron rápidamente a desalojar al campamento Qon de la 9 de julio y lanzar una campaña macartista contra los docentes de Santa Cruz.

La nueva “juventud maravillosa” que trabajó con la gendarmería en el desalojo de los pueblos originarios, ahora recurre al ministerio de educación santacruceño para la elaboración de una operación de inteligencia en contra de los docentes en lucha de la provincia. Tratando de desprestigiar a los líderes de la protesta publicando recibos de sueldo truchos que intentan demostrar que ganan como burgueses y se comportan como “revolucionarios”. Cuando una organización que se dice popular recurre a este tipo de operaciones policiales entra en un marcado estado de descomposición. La camporita del millonario Maxi Kirchner, Larroque y compañía tiene estatura moral para discutir con docentes hambreados mientras ellos cobran sueldos estatales de 30 mil pesos mensuales más viáticos.

Lo dicho, en Santa Cruz y entre los originarios Qom queda demostrad que la militancia como subproducto del estado lleva incorporada en ella todos los gérmenes represivos del estado mismo.

El kirchnerismo se jacta de que los jóvenes vuelven a la política y que esto es un asunto que se debe agradecer al gobierno popular.

Ya se vio el accionar de esta juventud estatal formada en la juventud sindical, la formación de patotas que golpean y asesinan y entre los más progresistas de “la cámpora” como desalojan y montan operaciones de inteligencia policiales frente a los trabajadores que salen a la lucha.

Queda por ver porque nuestros intelectuales llaman a esto militancia.

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Argentina. Sobre el fifty – fifty: Otro falso debate

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IPYPP

En el presente material se puede constatar que:

- El debate entorno al denominado fifty-fifty (50% para los trabajadores y 50% para los empresarios) que se entablara entre el Secretario General de la CGT y la Presidenta en el marco de la conmemoración del 1ero de Mayo, es falso en un triple sentido.

- Es un debate falso en términos conceptuales. El patrón de acumulación vigente no se funda en la ampliación del salario y la demanda interna como variables claves de su dinámica. Por el contrario, la valorización del capital se sostiene en base a la demanda mundial y al consumo de los sectores más pudientes de la sociedad. En ese marco, es virtualmente imposible que el devenir del proceso de acumulación pueda producir por sí solo una distribución (el fifty-fifty) que es ajena a la lógica de su valorización.

- Más aún, ha sido la ampliación de la desigualdad y no su disminución la que permitió abrir la fase de crecimiento acelerado iniciado a mediados del 2002, así como fue la ampliación de la desigualdad (y no su disminución) la que permitió salir del proceso recesivo iniciado a finales del 2008.

- No se puede pretender alcanzar el fifty-fifty en el marco del actual patrón de acumulación sobre la base exclusiva de atender la situación de los trabajadores registrados (como puede ser el caso de los proyectos de participación de las ganancias en las grandes firmas y eliminación del mínimo no imponible). Estos proyectos de por sí aumentan la desigualdad (y no la disminuyen) al interior de los sectores populares (en tanto se amplía la distancia entre los asalariados registrados y el resto de los sectores populares) y no tienen asegurado avanzar en una mayor participación dentro de la economía, puesto que tienen que hacer frente a la resistencia empresaria (hoy expresada en el sostenido aumento de precios) que no solo esteriliza estas mejoras sino que, como lo ocurrido recientemente, puede ampliar la desigualdad.

- Es un debate falso en términos metodológicos. Al comparar los datos de la distribución actual con los datos históricos (como por ejemplo el 50,8% de 1954 del primer peronismo ó el 46,9% de 1973 previo al Golpe Militar) se está desconociendo que estas dos series estadísticas no son directamente comparables. Las diferencias relativas a la medición del PBI (a costo de factores vs a precios básicos) y las vinculadas con la economía informal son suficientes para que el propio organismo público encargado de la confección de ambas series aclarara que no se pueden comparar ambas series.

- Es un debate falso en términos empíricos: El 48,1% de participación de los trabajadores en el PBI no está avalado por ningún informe estadístico del INDEC. El último dato oficial, del INDEC intervenido, es del 43,6% perteneciente al año 2008.

- Si el 48,1% fuera cierto para el año 2009, resulta que en plena crisis mundial y en el marco de una incipiente recesión interna (que hizo que se financiara con aportes de trabajadores y jubilados el nivel de actividad de las principales firmas –ejemplo, REPRO-), los trabajadores habrían alcanzado el mayor porcentaje de participación de toda la serie actual (que arranca en 1993) e incluso superarían (en la visión oficial), la participación que se evidenciaba en 1973 (del 46,9%) previo al Golpe Genocida y en el marco de una Argentina industrial, de pleno empleo y asalarización formal extendida.

- Si en cambio, el 48,1% correspondiese al año 2010, entonces resulta que el salario promedio de la economía debería ser de $4.524 en lugar de los $2.083 que informa el INDEC; o bien que manteniendo el salario promedio existiese casi 26 millones de ocupados en lugar de los 12 millones actuales (con lo que no solo no tendríamos ni un desempleado, sino que en lugar de un boom turístico tendríamos un boom de trabajadores extranjeros en nuestro país).

- El último dato confiable sobre la distribución funcional del ingreso es del año 2006 (obviamente previo a la burda manipulación de las estadísticas públicas). En aquel momento la participación de los asalariados era del 41,5% que suponía un aumento significativo en comparación con la caída del 34,6% del 2002, pero que aún estaba por debajo del 2001 (42,1%) y lejos del momento inicial de la serie (el 44,7% de 1993).

- No obstante lo anterior, si se compara cada año de la distribución funcional con el momento inicial de la serie (1993) se constata que, en todos los 15 años que tiene la serie (incluido el 2007 y el 2008) se observa que la participación, tanto de los asalariados como del ingreso mixto (cuentapropistas y pequeños patrones) es menor que al del momento inicial, mientas que la participación de las ganancias empresarias es mayor. Es decir, en estos 15 años, más allá de si estamos en la Convertibilidad o en la Post-Convertibilidad, y más allá de los momentos de crecimiento ó caída del nivel de actividad, lo que ha sido una constante del funcionamiento económico es un persistente proceso de transferencia regresiva del ingreso (de los trabajadores y cuentapropistas hacia los empresarios).

- En los 8 años de la Convertibilidad los trabajadores transfirieron un 40,2% de los ingresos que tenían en 1993, los cuentapropistas transfirieron un 36,7% y los empresarios se apropiaron de un 76,8% más de ingresos.

- En los 7 años de la post-Convertibilidad, los trabajadores transfirieron un 41,4% de los ingresos que tenían en 1993, los cuentapropistas transfirieron un 61,6% y los empresarios se apropiaron de un 102,9% más de ingresos.

- Desde antes que se conocieran los datos oficiales, nuestro Instituto ha realizado una estimación alternativa a la distribución funcional. Se trata de estimar la totalidad de la masa de ingresos que apropian los sectores populares (tanto ocupados, como los jubilados, los planes sociales, etc) y compararlo con el PBI. Al respecto, el último dato elaborado para el 2010 indica que los sectores populares tienen una masa de ingresos que representa el 27,6% del PBI, se trata de un porcentaje similar al evidenciado en el 2006 (27,1%) y aún por debajo al verificado para el 2001 (del 33,4%).

- Nuestra serie es prácticamente similar a la serie oficial para el período 2001 – 2006, siendo la diferencia importante en el nivel de la participación, pero no en la tendencia de la misma. En efecto, nuestra serie indica que los sectores populares perdieron 11,3 puntos en el 2002 (la serie oficial indica que en ese año se perdieron 10,3 puntos). Por otro lado, en la reactivación del 2003 al 2006 nuestra serie arroja una mejora de casi 6 puntos respecto al 2002; mientras que la serie oficial muestra una recuperación de 7 puntos. En ambos casos, el 2006 revela una participación menor a la del 2001 (en nuestra serie de 5,5 puntos; y en la serie oficial de 3,3 puntos)

- El dato novedoso de nuestra serie es que el 2010 muestra una participación equivalente al 2006 (del 27 / 28%); es decir muestra un estancamiento de la distribución funcional en estos 4 años. Más aún, se observa durante el 2007 y el 2009 una mejora en la participación de los sectores populares (que llega al 32% en donde también incide la manipulación de los datos del INDEC que no se pueden reelaborar), pero lo que es contundente es la caída en la participación de los sectores populares durante el 2010 (en el momento en que la economía sale de la recesión del 2009).

- El aumento de la regresividad distributiva del 2010 también se observa al comparar los datos agregados de la actividad productiva con el año 2007. En 4 años el nivel de actividad se expandió un 24,3%; el nivel de ocupación sólo el 5,2% lo que supuso que aumentara la productividad por ocupado en un 18,1% en el marco de una caída del poder adquisitivo promedio del 5,1%. Por ende, mayor productividad y menores pagos redundaron en un aumento del margen bruto de explotación que se apropian los empresarios en un 24,5% en términos reales.

- Si se agrega los datos de la distribución personal se observa que el 20% más rico se apropió del 47,5% de los ingresos generados en estos 4 años (siendo el porcentaje más elevado el que alcanzara en el 2010, del 51,7); mientras que el 40% del estrato medio se apropio del 39,3% de los ingresos generados (cuya menor apropiación se dio en el 2010, del 35,9%) y el 40% perteneciente al estrato bajo sólo apropió el 13,2% de los ingresos generados (en este caso el menor porcentaje apropiado ocurrió durante la recesión del 2009, donde apropió apenas el 12,4%; mientras que en el 2010 su participación se estanca).

- El falso debate sobre el fifty-fifty oculta el papel orgánico que tiene la desigualdad en funcionamiento económico de nuestra sociedad. Fue la desigualdad extrema la que permitió relanzar el ciclo de acumulación en el 2002; es la desigualdad la que produce el agotamiento de las condiciones que hacían posible el crecimiento (la ausencia de inversión, el consumo de altos ingresos y el límite a la recomposición social); y es la desigualdad la variable a la que se apela para mantener las rentas extraordinarias de los agentes concentrados.

- Discutir la desigualdad, y su combate frontal es una tarea de primera importancia a la que nos debemos abocar aquellos que queremos una Argentina más justa, haciendo caso omiso de los falsos debates que una y otra vez nos plantean los defensores del status quo.
En el marco de la conmemoración del 1ero de Mayo, un debate falso parece haberse instalado al interior del oficialismo. Por un lado, el Secretario General de la Confederación General del Trabajo (CGT) afirmó que “…vamos en camino del fifty-fifty del que nos hablaba Perón” fijando el objetivo en el cual se inscriben las demandas de esa organización (el proyecto de participación de las ganancias en las empresas y la elevación del mínimo no imponible en el impuesto a las ganancias). Dos días después, en ocasión de la inauguración de obras hospitalarias, la Presidenta de la Nación, pareció haberle respondido cuando afirmó que “…los trabajadores participan en el 48,1%, casi estamos llegando al fifty-fifty del PBI…”. Este debate es falso, puesto que, por un lado, no es cierto que la actual dinámica que presenta el patrón de acumulación en nuestro país permita gestar las condiciones para producir una distribución equitativa entre el capital y el trabajo (situación ésta a la que se pretende aludir con el remanido fifty-fifty) y menos que ello se logre con medidas que se restrinjan exclusivamente al universo acotado de la asalarización formal (como es el caso de la participación en las ganancias y la eliminación del mínimo no imponible). Pero también es falso, porque no es cierto que estemos próximos al 50% de participación ó en los dichos de la Presidenta en el 48,1%; y menos que este dato pueda compararse directamente con la experiencia histórica, toda vez que la metodología del cálculo actual tiene importantes diferencias con la metodología histórica. Resumiendo entonces, se trata de un falso debate en un triple sentido: en términos conceptuales, en términos metodológicos y en términos empíricos.

a) La falsedad conceptual

Esta alude a la visión dominante en la gestión gubernamental de que el actual modelo económico produce en su dinámica un proceso de redistribución progresiva del ingreso que permite, más temprano o más tarde, alcanzar el ansiado fifty-fifty. Sostener esta visión supone hacer abstracción del papel fundante que casualmente tuvo la ampliación de la desigualdad (y no su disminución) como condición de posibilidad del actual proceso de crecimiento económico. Dicho de otro modo, para que la Argentina volviera a crecer frente a la imposibilidad de acceder al financiamiento externo que demandaba la Convertibilidad fue necesario que la desigualdad se extremara en niveles nunca antes visto como los que se vivió a mediados del 2002 (casi el 60% de la población por debajo de la pobreza y cerca de un cuarto de la fuerza laboral desempleada). La desigualdad y su impacto brutal en términos de caída salarial (cercana al 50%) fue la que asentó las bases para el posterior proceso de crecimiento. Difícilmente un proceso económico que reconoce a la ampliación de la desigualdad como una de sus condiciones de origen pueda producir en su dinámica las condiciones para su superación sin entrar a su vez en un proceso de contradicción consigo mismo. Casualmente esto es lo que ha ocurrido con la dinámica económica de los últimos años. En efecto, como muestran los datos que exponemos más adelante, una vez que el país descendió a los infiernos de la desigualdad del 2002, el crecimiento económico posterior permitió reducir la desigualdad respecto al 2002 pero nunca pudo llegar siquiera a los niveles que se tenía en el 2001. Más aún, el proceso de mejora en la distribución del ingreso que se evidencia a partir del 2003 se interrumpe en el 2007 ante la emergencia del proceso inflacionario como un signo del cambio en la etapa económica. Así, desde el punto de vista de la distribución del ingreso, en los últimos 4 años esta se ha mantenido a lo sumo estancada puesto que ha sido casualmente el estancamiento lo que se ha evidenciado tanto en materia de creación de empleo como de mejora real en el poder adquisitivo de los trabajadores (ya que los aumentos salariales lograron como mucho mantener el poder adquisitivo en un contexto donde los precios minoristas crecieron a tasas cercanas al 25% anual y los alimentos al 35%). Y decimos que a lo sumo se ha estancado, porque en el marco del mantenimiento de las condiciones laborales (estancamiento del empleo y de los ingresos) hemos vivido un proceso de expansión del nivel de actividad cercano al 25% desde el 2007. Por ende, en rigor lo que hemos tenido en estos 4 últimos años es un aumento de la desigualdad que ha permitido nuevamente sostener el crecimiento económico en el marco del cambio en etapa económica. Nuevamente, la desigualdad opera como garante de este proceso de crecimiento, ó del modelo económico, como les gusta llamar a los defensores de la gestión gubernamental.

Porque sucede así? Por una sencilla razón: El motor del patrón de acumulación local no es la demanda asalariada ni la ampliación del mercado interno. No quiere decir lo anterior que la demanda asalariada y el mercado interno no se haya ampliado, sino que lo han hecho subordinadas a la expansión de las variables que son relevantes para este tipo de modelo económico. Estas variables relevantes, lo hemos dicho una y otra vez, son evidentes para cualquiera que tenga la decisión de no ponerse anteojeras conceptuales: Es la demanda mundial, expresada en el precio de las materias primas (soja, petróleo, commoditties industriales) y el consumo de altos ingresos (expresados en el boom automotriz y de la construcción residencial de los sectores más pudientes) los que determinan el ritmo y la ampliación del conjunto de la economía (entre ellos de la demanda asalariada y el mercado interno). Cuando estas variables se resienten o presentan un menor impacto (dado por su propia dinámica –crisis internacional- o por modificación en el entorno en el que operan –como sucede con la economía argentina desde el 2007-) es la desigualdad la que se erige como el último resorte que permite mantener, o por lo menos atenuar –no sin contradicción-, el proceso de acumulación.

Desde esta óptica toda medida que no busque alterar esta lógica produce (con independencia de la voluntad de quienes la proponen) una convalidación y es solidaria con la reproducción y ampliación del actual esquema económico. Por ende, los proyectos, importantes y significativos por cierto, de participación de los trabajadores en las ganancias así como de eliminación del mínimo no imponible (para que los trabajadores no paguen ganancias) inscriptos en el actual esquema económico, beneficia en primer lugar a los trabajadores registrados de las principales firmas (en tantos son éstas las que pueden distribuir ganancias y son sus trabajadores los que pagan ganancias en tanto son los asalariados mejores pagos). Ahora bien, estas mejoras para los trabajadores formales, que no superan el 45% de la fuerza laboral, amplía la desigualdad (y no la disminuye) al interior del mundo laboral (en tanto la distancia de ingreso con el resto de los trabajadores cuentapropistas, no registrados y desocupados se amplía y no se disminuye). Es cierto que también pueden tener la virtud de mejorar la participación de los trabajadores y pretender avanzar en el fifty-fifty sobre la base de la mejora de los asalariados mejores pagos (y por ende nuevamente ubica a la desigualdad como una condición de posibilidad para mejorar la situación de los registrados) pero a condición de que este avance parcial y desigual no tenga una respuesta disciplinadora por parte de los sectores dominantes que por la vía del poder de mercado de sus principales firmas supongan, mediante el sostenimiento del ritmo inflacionario, en una mayor desigualdad que deteriore al conjunto de los trabajadores con especial incidencia en los sectores más postergados. Una ingenuidad muy grande por parte de algunos representantes de los trabajadores que sale demasiado caro para aquellos a quienes dicen representar.

b) La falsedad metodológica

No es la primera vez que la Presidenta incurre en el error de comparar el dato actual de la Cuenta de Generación del Ingreso con los datos históricos de la serie de Distribución Funcional discontinuada a partir de 1974. Ya lo había hecho en el 2009 cuando se dió a conocer el último dato de la metodología actual (correspondiente al año 2008) y tampoco ha sido la única. El ex Presidente, Néstor Kirchner, reiteraba este error desde el momento mismo en que se dieron a conocer los resultados de la citada Cuenta de Generación del Ingreso (es decir desde el 2006). Error que también es compartido por periodistas “especializados” en temas económicos. (1)

Una vez más queremos señalar de que no es posible comparar los datos actuales de las distribución funcional del ingreso con los datos históricos (los dos más usados suelen ser el 50,8% de participación de 1954 y el 46,9% de 1973, él último dato de la serie histórica). Se trata de una comparación intencionadamente falsa. Al hacerlo se están comparando datos de series estadísticas que no comparten los mismos criterios metodológicos. En efecto se trata de la serie de la Cuenta de Generación de Ingreso que toma como punto de partida inicial el año 1993, y la vieja serie de Distribución Funcional que medía este indiciador desde 1950 y que se dejara de publicar a partir de 1974. El propio organismo estatal responsable de la producción de ambas series (La Dirección Nacional de Cuentas Nacionales) aclara en sus informes de presentación de la serie que arranca en 1993, que los resultados de la misma no son comparables con la vieja serie histórica. Esto es así por dos razones:

a) La diferencia de la valuación del valor agregado. Mientras en la metodología histórica se realiza a costo de factores en la actualidad se utiliza a precios básicos. La diferencia es que la vieja metodología solo descontaba al PBI los “impuestos sobre los productos” (principalmente IVA e importaciones), mientras que en la actual metodología descuentas estos impuestos y el denominado ítem “otros impuestos sobre los productos” (que incluye los específicos, los ingresos brutos, las retenciones a las exportaciones, etc). La diferencia no es menor, este segundo ítem que no se tenía en cuenta en la serie histórica, tuvo un crecimiento notable de su participación a partir de la etapa post – convertibilidad. En efecto en promedio de 1993 a 2001 el rubro “otros impuestos sobre los productos” representó el 55% del rubro “impuestos sobre los productos”, mientras que a partir del 2002 representa en promedio el 110% del mismo.

b) La inclusión de la economía informal en las mediciones del valor agregado actual, mientras que en la medición histórica no estaba suficientemente contemplado. Es decir que si se tomara el trabajo no registrado en la medición histórica dicha participación sería aún mayor de la que fue; o si se la descontara de la medición actual, la participación de los asalariados sería menor a la que se ha publicado.

Queda claro que no se puede comparar los resultados de estas dos series estadísticas. Lo que sí es válido es comparar los resultados al interior de cada serie, cuestión que haremos en la sección siguiente.

c) La falsedad de los datos empíricos

En primer lugar queremos señalar que lo único de oficial que tiene el 48,1% de participación de los trabajadores en el PBI es el haber sido enunciada por la Presidenta de la Nación. No hay ningún informe estadístico, aún del propio INDEC, que avale esta afirmación. Los datos oficiales del INDEC de la Cuenta de Generación del Ingreso llegan hasta el 2008, año en el que la participación de los trabajadores alcanza el 43,6%. Por ende, el 48,1% anunciado por la Presidenta no se corrobora con los datos estadísticos disponibles del INDEC, así como tampoco sabemos a que momento del tiempo se refiere (si al 2009, 2010 ó al 2011?).

Como de lo que se trata no es de ponderar un dato aislado sino de tener una comprensión sobre la dinámica del proceso de crecimiento y distribución del ingreso, presentamos la serie completa de la Cuenta de Generación del Ingreso elaborada por el INDEC, que iniciada en 1993 llega hasta el 2008.


No se puede analizar el cuadro anterior sin considerar los efectos de manipulación que sobre el conjunto de las estadísticas oficiales (y entre ellas en primer lugar las vinculadas con la comprensión de la situación social, es decir precios, pobreza, indigencia, mercado laboral y por supuesto distribución del ingreso) ha producido la intervención gubernamental sobre el INDEC. Por ello, conviene analizar por separado los datos elaborados previo a la citada intervención (es decir hasta el año 2006 inclusive) con los elaborados a posterioridad. Al respecto hasta el 2006 la participación de los asalariados todavía estaba por debajo del 2001 y muy alejada del punto inicial de la serie 1993. En efecto en el 2006 la participación de los asalariados alcanzó el 41,5% mientras que en el 2001 era del 42,1% y en 1993 era de 44,7%. Intervención mediante, en el 2007 la participación de los trabajadores llega al 42,9% (superado levemente a la del 2001) y la del 2008 llega al 43,6% (siendo este el segundo dato más alto de toda la serie, solo superado por el momento inicial de la medición en 1993). De confirmarse el 48,1% anunciado por la Presidenta, estaríamos en el dato más alto alcanzado por toda la serie, y si este dato correspondiese al año posterior al último publicado, es decir si fuera el dato del 2009 (que es el primero que falta anunciar) resultaría que en plena crisis mundial, con recesión en el nivel de actividad que ameritó usar fondos de los trabajadores y los jubilados para sostener el nivel de actividad interna de las empresas (caso REPRO financiado con recursos del ANSES, entre otros), la participación asalariada habría alcanzado un récord histórico, incluso superior, en el relato oficial al momento previo a la dictadura, ya que la serie histórica ubica en 46,9% su último dato en 1973. De ser así, entonces, en plena crisis mundial y local, los trabajadores habrían tenido una participación superior a la que tuvieron en la Argentina industrial, de pleno empleo y asalarización formal extendida que regía previo a la Dictadura Genocida del `76. Si por caso, la participación del 48,1% correspondiese al 2010 la misma supondría que el salario promedio de la economía debería ser de $4.524 en lugar de los actuales $2.083 que releva la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC (ver cuadro Nro 2), o bien deberíamos tener 25.730.681 ocupados en lugar de los actuales 11.844.454 ocupados, lo que equivaldría a afirmar que no solo estaríamos en una sociedad sin desempleo sino que estaríamos importando trabajadores del exterior (ver cuadro Nro 3). Se trata obviamente de dos absurdos que revela la burda manipulación estadística de los indicadores sociales que realiza el aparato estatal, sea mediante el INDEC, sea mediante los dichos de la máxima autoridad pública de nuestro país.



Más allá de los desvaríos que suponen independizar la palabra de la realidad, lo cierto es que resulta mucho más interesante matizar la mejora cierta de la distribución del ingreso ocurrido desde el 2003 y hasta el 2006 con una reelaboración de los propios datos oficiales. Al respecto, en el cuadro Nro 4, presentamos para cada año a partir de 1994 la diferencia de la participación de cada componente (asalariados, cuentapropistas y empresarios) respecto a la participación que cada uno de ellos tenía al momento inicial de la serie (es decir comparándolo con la participación de 1993). Al respecto obsérvese del Cuadro Nro 4, como en todos los años con posterioridad a 1993, la participación de los asalariados revela una disminución respecto a 1993. Lo mismo sucede con los cuentapropistas (agrupados en el ingreso mixto) y lo inverso sucede con los empresarios (agrupados en el Excedente Bruto de Explotación). La vinculación entre la caída de la participación de los asalariados y los cuentapropistas con el aumento en la participación de los empresarios no es casual sino que refleja el proceso de transferencia de ingresos regresivo (en detrimento de los asalariados y cuentapropistas y en favor de los empresarios) que de manera sistemática caracteriza el funcionamiento económico vigente (tanto durante la Convertibilidad como en el “Modelo Actual”).


Ahora bien, conociendo la persistencia del proceso regresivo en materia de distribución del ingreso, de lo que se trata es de ponderar el grado de regresividad de la etapa actual con la vivida en el período Convertible, toda vez que una de las remanidas argumentaciones ideológicas que sostienen los acríticos del status quo actual se sostiene en el mayor grado de inclusión de la actual etapa económica. Al respecto, en el Cuadro Nro 5, sobre la base de los mismos datos oficiales del Cuadro Nro 1 y 4; presentamos el porcentaje de transferencia de ingresos de cada categoría en cada etapa económica.


Como se observa, durante la Convertibilidad, en los 8 años que van de 1994 al 2001 los asalariados acumularon una pérdida equivalente al 40,2% de la participación que detentaban en 1993; mientras que los cuentapropistas lo hicieron en una magnitud prácticamente similar (36,7% de transferencia. Este proceso de regresividad en la distribución del ingreso permitió que los empresarios capturaran un 76,8% de mayores ingresos a los que tenían en 1993. Puesto en términos de promedios anuales, la dinámica expuesta, supuso que durante la Convertibilidad los asalariados transferían anualmente el 5% de los ingresos que obtenían en 1993; los cuentapropistas transferían el 4,6% anual y los empresarios se beneficiaban con una apropiación anual del 9,6%.

Para el caso del período post- Convertibilidad, en los 7 años que va del 2002 al 2008 (y nótese que estamos tomando los datos sospechados de manipulación del 2007 y del 2008, lo que supone una subestimación de la regresividad), los asalariados han transferido una magnitud superior a la que han transferido durante los 8 años de la Convertibilidad. En efecto en 7 años han transferido a los empresarios 41,4% de la participación que detentaban en 1993 (cuando en la Convertibilidad, en 8 años transfirieron 40,2%). Para el caso de los cuenta propista la transferencia regresiva de la etapa actual es casi del doble respecto de la Convertibilidad (61,6% han transferido del 2002 al 2008 frente al 36,7% de transferencias de 1994 al 2001). Como resultado de la mayor regresividad que manifiesta la post –Convertibilidad los empresarios han expandido la apropiación en la distribución del ingreso en un 102,9% en 7 años (respecto a la expansión del 76,8% de los 8 años de la Convertibilidad). En términos de promedios anuales, también aquí se observa la mayor regresividad distributiva de la etapa actual. Así, mientras los asalariados transfieren 5,9% anual de los ingresos que deberían obtener si la distribución fuera equivalente a la de 1993; en la Convertibilidad esta transferencia era menor (5%). Del mismo modo, la transferencia de ingresos de los cuentapropistas de la etapa actual ha sido en promedio del 8,8% anual de su participación en 1993 (contra el 4,6% de pérdida anual del período Convertible). La contracara obvia de esta regresividad es la mayor apropiación de ingresos de los empresarios a una tasa promedio anual del 14,7% (superior al 9,6% de la Convertibilidad.

Por último, si descontamos los años 2007 y 2008 (contaminados por la manipulación de la gestión en el INDEC), y trabajamos con el período 2002 – 2006 se observa la mayor intensidad en la regresividad distributiva de la etapa actual respecto a la Convertibilidad. En efecto, mientras en la Convertibilidad los asalariados transferían anualmente el equivalente al 5% de los ingresos que deberían recibir si se hubiera mantenido sin cambios la distribución, en la post – Convertibilidad transfirieron el 7,7% anual. Por su parte, los cuentapropistas que transferían anualmente el 4,6% en aquel momento, mientras que en la etapa actual transfieren el 8%. Por último, los empresarios que apropiaban un 9,6% más de ingresos por año, en la actualidad apropian un 15,7% más por año.

Más allá de los datos oficiales, y como resultado de la ausencia de los mismos hasta el año 2006, así como la manipulación de los datos desde el 2007, desde nuestro Instituto hemos elaborado un indicador que intenta aproximarse al concepto de distribución funcional. Se trata de medir la participación de la masa de ingresos de los sectores populares en el PBI. Dentro de la masa de ingresos de los sectores populares involucramos la masa salarial (tanto registrada como no registrada), el ingreso de los trabajadores por cuenta propia, los planes sociales (desde el Plan Jefas y Jefes de Hogar del 2002 hasta la Asignación Universal por Hijo del 2009, el Ingreso Social con Trabajo, etc), la masa de jubilaciones y pensiones, y los aportes que hacían los trabajadores a las AFJPs. Comparamos esta masa con el PBI a precio de mercado, porque consideramos que los sectores populares se enfrentan a los precios de los bienes con los impuestos incluidos (el IVA, y todos los que se trasladan al precio del bien que consumen). Esta masa de ingresos de los sectores populares representaba el 33,4% en el 2001, y en el 2010 representa el 27,6%. Nótese como la dinámica de este indicador es prácticamente similar a la Cuenta de Generación del Ingreso del INDEC para el período 2001 – 2006 (s decir antes de la intervención). En efecto, en el 2002 la participación de los sectores populares cae 11,3 puntos respecto al 2001 (en la medición oficial la caída de los trabajadores y el ingreso mixto es de 10,3 puntos) para luego experimentar una fase de recuperación de la participación de casi 6 puntos (7 puntos en la serie oficial) ubicándose en el 2006 en una participación cercana al 28% que todavía está lejos del 33,4% del 2001 (en los datos de la serie oficial, la participación de los trabajadores está a 0,6 puntos del 2001 y la del ingreso mixto está 2,7 puntos por debajo). Los datos posteriores cargan consigo aquellos aspectos que de la manipulación de las estadísticas no hemos podido corregir (principalmente el vinculado con el volumen de empleo y el nivel de ingresos de cada categoría, las que se han tomado como lo presenta el INDEC). Lo único que hemos intentado corregir es la subestimación del PBI a precios corrientes a que da lugar la subestimación del proceso inflacionario. Con esta salvedad, es decir sobreestimando la participación de los sectores populares, el período que arranca en el 2007 muestra una sostenido aumento de la participación de los sectores populares, llegando a un punto máximo en el 2009 (en plena crisis externa y recesión interna) pero con un valor aún por debajo del 2001 (del 32,4%). Lo que sí se observa también es que el crecimiento del 2010, luego de la recesión del 2009, se asienta sobre una pauta de mayor desigualdad, toda vez que la participación de los sectores populares cae al 27,6% (prácticamente te el mismo porcentaje del año 2006).


El estancamiento de la distribución del ingreso actual respecto al 2010 es consistente con el proceso que se observa en el plano productivo. En efecto, como muestra el cuadro Nro7, comparando la situación actual (4to trimestre 2010) con el momento previo al cambio de la etapa económica (4to trimestre 2006) es decir involucrando lo acontecido desde el 2007 en adelante, se observa que el nivel de actividad actual se ha expandido en un 24,3%; mientras que los ocupados lo hicieron a una tasa sensiblemente menor (apenas del 5,2%). Por ende, la productividad por ocupado se amplió un 18,1% en términos reales. Por otra parte, los salarios nominales crecieron un 111,5% pero los precios minoristas se expandieron un 122,9%, por lo que en términos reales los salarios se han contraído un 5,1% respecto al 2007. Por lo tanto, lo que se verificó en estos 4 años es una ampliación del Excedente Bruto de Explotación del 24,5% en términos reales. Lo que supone un aumento de la desigualdad, tal como lo expresa el cuadro anterior.


Agregando al análisis de la distribución funcional es interesante observar el proceso vivido por la denominada distribución personal del ingreso (que analiza la situación de ingresos de la población dividiéndola en 10 estratos sin diferenciar la categoría ocupacional en su interior). A partir de la lectura de la distribución del ingreso generado total (no sólo en concepto de salario) según estratos socio-económicos se verifica que durante todo el período 2007-2010 la apropiación de la masa de ingresos por parte del 20% más rico es cercana al 47,5%; pero que en el año 2010, alcanzó el 51,7%. Se observa que la reactivación del crecimiento del 2010 se tradujo en una ampliación de la regresividad distributiva. Esta ampliación de la regresividad se sostiene a su vez en un deterioro de la apropiación del ingreso del estrato medio (que del 43,7% del 2009 cae al 35,9% en el 2010) y un estancamiento del estrato bajo (en los paupérrimos 12,4% de apropiación). Ver cuadro Nro 8


Al detenerse a analizar el comportamiento interanual de cada uno de los estratos se observa que el estrato medio sólo logró captar una mayor porción del ingreso generado durante los años 2008 y 2009 (es decir en el marco de la desaceleración del crecimiento y la recesión interna). Es decir, logró ampliar su participación en el marco de la crisis y la reactivación es solidaria con una pérdida de su apropiación. Por su parte el estrato bajo sufre plenamente toda virulencia de la crisis del 2009 al bajar su participación del paupérrimo 14,2% al 12,4%; y en este caso se observa una neutralidad del crecimiento económico del 2010, en tanto no se modifica la apropiación del ingreso para este estrato. A la inversa de estos estratos, los sectores más pudientes disminuyeron su participación en el ingreso durante el 2008, presentan una leve caída en el 2009 y alcanzan un nivel récord en el 2010. Resumiendo puede apreciarse que la ampliación de la desigualdad está presente durante toda la etapa abierta a partir del 2007.
Durante los años 2008 y 2009 (de desaceleración y caída del nivel de actividad) la regresividad aumenta de la mano de la caída en la participación del 40% más pobre de la población. Por el contrario, durante el despegue económico del 2010 la regresividad aumenta por vía de la pérdida de participación del estrato medio y el estancamiento del estrato pobre, siendo el obviamente favorecido el 20% de la población perteneciente al estrato alto.

De lo expuesto queda claro que la desigualdad tiene un rol orgánico con el actual esquema económico, más allá del falso debate que en términos discursivos pretenden hacernos creer aquellos tributarios del actual rumbo económico. Es la desigualdad la clave que ha permitido la salida de la Convertibilidad y el posterior proceso de crecimiento. Es la desigualdad la que produce los obstáculos a los que se enfrenta el proceso de crecimiento (principalmente los vinculados con la ausencia de inversión y el consumo de altos ingresos y el límite a la posibilidad de sostener el proceso de recomposición social). Y es la desigualdad la que se erige en una peligrosa resolución para los problemas que presenta el proceso de acumulación (en tanto permite que los capitales busquen mantener sus rentas extraordinarias sin inversión y a costa de la sociedad). Nótese de lo expuesto, que no es sin conflicto social, y también de pérdida del consenso gubernamental, que una estrategia basada en la desigualdad ofrece como modo de procesar el debate sobre el futuro de nuestra sociedad. Más allá de los falsos debates que, una y otra vez, nos plantean los representantes del status quo.

Equipo de trabajo:
Ana Rameri - Agustina Haimovich - Mora Straschnoy

Coordinación
Claudio Lozano - Tomas Raffo
Nota:
1) Ver la nota de Zaiat, Alfredo “50/50” en el diario Página 12 del día 8/05/2011, disponible en http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-167772-2011-05-08.html

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“No quiero ver un Carlos Fuentealba más”, afirmó Sandra Rodríguez, su viuda

Mario Hernández (FM LA BOCA (90.1), especial para ARGENPRESS.info)

El pasado miércoles 4 de mayo se realizó en el Centro Cultural de la Cooperación la charla debate “El legado de Carlos Fuentealba. La dignidad rebelde hecha bandera”, a cuatro años de su asesinato, con la participación de Pablo Imen (CCC), Susana Reyes (Centro Educativo Isauro Arancibia), Alejandro De Michelis (UTE-CTERA) y Sandra Rodríguez (viuda de Carlos Fuentealba). También estuvo presente Pablo Ferreyra, hermano de Mariano.

Alejandro De Michelis destacó que la movilización por Carlos Fuentealba fue comparable a la “Marcha Blanca”, a la “Carpa Blanca” instalada en Congreso y a la lucha contra la Ley Federal de Educación, en la década de los ’90. “Se dejaron de lado diferencias para que el asesinato no quedara impune”, afirmó.

Susana Reyes comparó la figura de Isauro Arancibia, maestro tucumano, fundador de CTERA y desaparecido por la dictadura, con la de Carlos, “por su compromiso responsable con la vida y la defensa de la escuela pública”.

Pablo Imen se preguntó: “¿qué significa que Carlos Fuentealba no muera por segunda vez?”, instando a elaborar una agenda que recupere su legado, a “una pedagogía teórico-práctica”, con solidaridad de clase y que considere la educación como un derecho social. “¿Qué luchas libraría hoy Carlos Fuentealba?”, volvió a interrogarse. “Las de la calidad educativa como una construcción colectiva y apuntando a un sujeto autónomo. Ese fue el sentido de su existencia, su mensaje de lucha y de vida”, concluyó.

Finalmente habló Sandra Rodríguez refiriéndose a Carlos como su “compañero y militante de vida”. Destacó que ya desde niño en el campo donde vivía con sus padres los alertaba que “el patrón los estaba cagando” y que llegado a la ciudad se vinculó al sindicato de la construcción donde era encargado de recorrer las obras para recaudar los aportes voluntarios de los trabajadores. “Cuando lo conocí buscaba un nuevo perfil sindical”, sostuvo. “Tomábamos mate e inevitablemente terminábamos hablando de cuestiones políticas. Si viviera estaría luchando por justicia a Mariano Ferreyra. Se construyó como maestro en los principios básicos de los Derechos Humanos por encima de diferencias políticas”, fueran otras de sus semblanzas.

Para finalizar reiteró su compromiso personal y el de sus hijas, de batallar hasta el final contra los crímenes políticos. “No queremos más mártires”, afirmó, “sino personas que sean valoradas. No quiero ver un Carlos Fuentealba más”.

¿El ex gobernador Jorge Sobisch al banquillo de los acusados?

La Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Neuquén dispuso que el próximo 12 de mayo se realice la audiencia oral y pública por los trámites de casación presentados en la causa Fuentealba II, que investiga las responsabilidades políticas del asesinato del docente neuquino.

En esta audiencia, las partes tendrán lugar para ampliar sus argumentos ya expuestos por escrito en los trámites de casación presentados por los defensores Gustavo Lucero y Ricardo Cancela y los querellantes, Gustavo Palmieri y Ricardo Mendaña.

Si bien la Justicia había habilitado la participación en la causa de Madres de Plaza de Mayo línea fundadora, APDH y CELS como "amicus curiae", para esta ocasión no se les permitirá la participación activa. Sólo podrán hacer uso de la palabra los abogados que presentaron las casaciones.

ENTREVISTA A SANDRA RODRIGUEZ Y PABLO FERREYRA

Emitida en “El Reloj” el lunes 9/5 - FM La Boca (90.1) - Lunes de 19:00 a 21:00

MH: Estamos con Sandra Rodríguez, esposa de Carlos Fuentealba, maestro asesinado en Neuquén hace 4 años. ¿Cómo estás Sandra?

SR: Muy bien, en el Centro Cultural “Floreal Gorini”, unos minutos antes de empezar una actividad importante acompañada por mi hermana Marcela, mi hermano Alberto, mi sobrina y Pablo, hermano de Mariano Ferreyra, a quien considero parte de mi familia.

MH: Pablo te acompañó en Neuquén en oportunidad del cuarto aniversario de la muerte de Carlos.

SR: Ese día estuvo dispuesto a acompañarnos en el pedido de justicia completa que fue el eje central que tomamos en el cuarto aniversario, o sea las responsabilidades políticas en relación a los hechos del 4 de abril de 2007 que abarca a los 15 policías procesados y las órdenes que dio el ex gobernador Jorge Sobisch.

MH: Pero de esos 15 policías, 14 están sobreseídos.

SR: En realidad el ministerio público fiscal hace un año atrás interrumpió la investigación, sosteniendo que la represión fue justificada y esos policías habían abusado de sus funciones pero no en función de un operativo, entonces los desprocesaron. En ese momento intervino la Cámara y resolvió volver la causa a esa instancia y dio marcha atrás con el desprocesamiento. Están procesados los 15; 14 que estaban uniformados y el único que estaba de civil que disparaba contra la estación de servicio como se ve en las imágenes y contra un auto donde iban docentes aquel fatídico 4 de abril en Arroyito. Había sido guardaespaldas de Sobisch.

MH: ¿La convocatoria del próximo jueves 12 de mayo de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) significa la apertura de la causa Fuentealba II, es decir, de la que involucra a los responsables políticos del asesinato de Carlos?

SR: Vamos a ver qué respuesta tiene el TSJ. Este paso es definitorio. Si decide que nos habilita -a mí en representación de mis 2 hijas: Camila y Ariadna Fuentealba- a investigar por nuestra propia cuenta, más allá de lo que opine el fiscal quien ya se negó a investigar los hechos por las responsabilidades políticas. No quiere investigar ni a los 15 policías ni a Sobisch, es decir, tenemos que ver claramente que el poder judicial de la provincia ha sido colonizado por el Movimiento Popular Neuquino (MPN) y como lo afirmé el pasado 4 de abril, el actual gobernador Jorge Sapag ha sido cómplice de Sobisch en esta impunidad que le está garantizando el Poder Judicial. Vamos a ver si los jueces de TSJ fallan a favor de habilitarnos la investigación. Estamos pidiendo hacer lo que debería haber hecho el ministerio público fiscal. Pablo aquí presente puede dar un testimonio de cuándo un fiscal quiere investigar. En el caso de su hermano, Mariano Ferreyra, quiso hacerlo. Tuvo la voluntad política para investigar los hechos del asesinato. Sabemos claramente que José Pedraza no es Sobisch ni la Unión Ferroviaria el estado provincial de Neuquén. Estamos hablando de dimensiones distintas, pero cuando se quieren investigar responsabilidades políticas hay un ministerio público que accede y otro no. Nosotros hace 4 años que estamos intentando que el fiscal haga lo que tiene que hacer, nada más.

MH: Creo que haber insistido en llevar adelante la causa Fuentealba II por las responsabilidades políticas ha sido muy importante para el caso Mariano Ferreyra. ¿Qué opinás Pablo?

PF: Sí, totalmente. A veces charlamos con Sandra que lo interesante y que yo quisiera contagiar el optimismo que tengo, es que la causa de mi hermano está a un paso del juicio oral, depende de la justicia y casi te diría exclusivamente del fiscal que es el gran ausente en Neuquén. En nuestro caso la jueza tuvo un papel muy importante. En articulación con el fiscal fueron quienes llevaron la causa a este punto.
El caso Fuentealba como antecedente nos dice que ya no toleramos más crímenes políticos y su impunidad. Queremos ver a los responsables intelectuales y materiales, como es el caso de Poblete que está preso, en el banquillo de los acusados, principalmente al ex gobernador Sobisch. En Argentina tiene que haber un cambio total y completo del accionar de la justicia.

MH: Estuviste presente el pasado 4 de abril en Neuquén. ¡Cómo viviste esa gran movilización que nucleó a 8000 personas que respondieron al llamado de Sandra?

SR: Fue muy importante. Muchos sectores, mucha comunidad, todas las organizaciones, desde la Iglesia hasta feministas como La Revuelta, un abanico político muy importante. Personalidades como Pablo, HIJOS, los “Amicus curiae” que respaldan esta causa: la APDH de Neuquén, Madres (LF) y el CELS. Compartimos con Pablo la actuación de esta última organización, que realmente fue muy importante para nosotros en todos estos años. En ambos casos hay puntos de contacto. Como ya lo dije en su momento, en Arroyito actuaron 6 grupos de policías especiales. Poblete se apostó en el lugar para disparar antes que pasara el auto que llevaba a Carlos. Estaba preparado de antemano. Se acercaron a los compañeros que se estaban retirando hacia Senillosa donde estaban los dirigentes sociales y sindicales como fue el caso de Zanón, a quienes se los cercó para dispararles. Ahí fue cuando el auto al que casualmente se subió Carlos se transformó en el blanco de Poblete, lo cual quedó comprobado en la causa Fuentealba I. Ahora hay que pasar a las responsabilidades políticas.

MH: Recuerdo en febrero una elección interna del MPN donde Sobisch se presenta y es castigado políticamente en un hecho inédito en las elecciones internas de los partidos políticos del país: la participación de 50.000 personas que no tenían nada que ver con el MPN y vuelcan la elección contra la candidatura del ex gobernador. ¿Qué tuvo que ver Carlos Fuentealba con esta situación?

SR: Primero quiero decirte que la campaña de Sobisch fue muy morbosa. La imagen de pintar unos bigotes y no mostrar la cara, no poner el nombre, sólo consignas como “Vuelve la esperanza”, era verdaderamente agresiva. Hizo pintadas rodeando el cementerio donde está enterrado Carlos, fueron cosas muy terribles, de hecho había un cartel a pocos metros de Arroyito donde lo asesinaron a Carlos. Muy agresivo, muy violento. Entonces la comunidad decidió intervenir en la vida política interna del MPN. Creo que fue un paso político muy grande que dio la gente porque no creo que les importara el MPN sino que quiso intervenir en su vida política de la misma manera que este partido interviene en nuestras vidas. Se llamó el “voto Fuentealba”, no por Sapag sino por Carlos en contra de Sobisch. Algunos sectores lo criticaron mucho pero yo creo que fue una manifestación de crecimiento político frente a estos partidos tan feudales que gobiernan las provincias mediante un poder absoluto. Es por eso que hablamos de colonización del Poder Judicial neuquino por parte del partido político MPN.

MH: Pablo, te había preguntado cómo habías vivido la jornada por el cuarto aniversario del asesinato de Carlos Fuentealba en Neuquén.

PF: Para mí fue muy emocionante, primero porque fui encontrando un lugar y cumplí una cierta función. Cuando ocurrió el asesinato de Mariano intenté acercarme a otras personas que sufrieron situaciones similares pero me dí cuenta que realmente no podía. No tenía la energía suficiente para encarar una tarea de esa naturaleza. Fui a Neuquén con mucho miedo de volver a bloquearme y sentirme incómodo, pero pasó todo lo contrario. Sentí que podía verme reflejado en otras personas y comprender la magnitud de lo que había pasado con Mariano. Ver el apoyo de los compañeros, todo fue muy emotivo. Me llevó a encontrarle un sentido a lo que pasó y entender que algo tan repudiable, por otro lado, tiene un costado de cierta utilidad, que haga que no sea infértil la muerte de alguien tan joven. Desde ese momento, y se lo dije varias veces a Sandra, estoy a su disposición, sentí algo muy parecido a una comunión donde 2 personas se involucran por algo más que una tragedia. Como ser humano, más allá de mi papel político, me llenó de satisfacción y alegría. Viví una jornada genial, con una movilización de 8000 personas o más, impresionante, compartiendo el cariño de los compañeros. Hubo un momento en que no pude contener las lágrimas y emocionarme.

MH: ¿En qué punto se encuentra y cómo sigue la causa de Mariano?

PF: A medio año de su muerte todas las querellas elevaron los pedidos de juicio oral. La jueza sólo tiene que hacer algún escrito, ver la postura de las defensas y mandar la causa a sorteo. Tal vez antes de fin de año estemos hablando de juicio oral. La semana pasada, la jueza llamó a indagatoria a 7 policías. Hoy mismo compareció uno de ellos. Aparentemente citará a más testigos, entre ellos un supuesto arrepentido que en estos días va a declarar. Es un miembro de la Unión Ferroviaria que estuvo en el momento de los hechos y puede identificar claramente a Favale y hablar un poco más sobre las responsabilidades de la Policía Federal. En este caso no puedo dejar de saludar a la justicia. Siempre respondió a la investigación.

MH: Sandra, te dejo las palabras finales.

SR: Te agradezco a vos y tu programa haber sostenido la causa de Carlos durante todos estos años. Aunque se dice que la militancia no se agradece, yo creo que debemos alentarnos mutuamente para seguir adelante con estas causas e informando a la gente. En Arroyito fueron reprimidos muchos periodistas. También en Neuquén hay muchos colegas tuyos que sostienen la causa. Te agradezco todos los programas que hicieron con mi hermano Alberto. Me gratifica que sostengas estas causas que son tan importantes para el futuro de nuestro país.

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