viernes, 3 de junio de 2011

Los crímenes de la OTAN, de sus estados miembros y de sus gobernantes: La agresión contra Libia

Alejandro Teitelbaum (especial para ARGENPRESS.info)

I. El Tratado de la Alianza del Atlántico Norte, más tarde Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) fue celebrado en abril de 1949.

Según su artículo 5º con finalidades puramente defensivas y de ayuda mutua en el caso de un ataque contra alguno de los Estados miembros. Y precisando en su artículo 6º los territorios y lugares donde rige la alianza defensiva.

Cuando Nasser nacionalizó el Canal de Suez en 1956, Francia y Gran Bretaña quisieron embarcar a la OTAN en su primera acción agresiva fuera de la zona definida en el artículo 6 del Tratado, pero Estados Unidos se opuso y la agresión militar contra Egipto y la ocupación del canal de Suez corrió por cuenta exclusiva de Francia y Gran Bretaña.

Con la desaparición del bloque soviético algunos pensaron que también desaparecería la OTAN pero no fue así, sino que ocurrió lo contrario: se incorporaron a la OTAN los países del Este de Europa y extendió su radio de acción que pasó de teóricamente defensiva a claramente ofensiva y más allá de los territorios de sus Estados Miembros.

La ampliación de la OTAN constituyó en primer lugar un negocio para los fabricantes de armas, pues los nuevos Estados Miembros tuvieron que adaptarse a los “standards” militares de la OTAN y modernizar su armamento, comprándolo en Estados Unidos o en algunos países de Europa Occidental.

En 1989, el abogado John Hadley se convirtió en Asistente para Políticas de Seguridad Internacional del Secretario de Defensa de Estados Unidos Dick Cheney y en oficial de enlace entre el Departamento de Defensa y el Consejero de Seguridad Nacional Brent Scowcroft. En esa posición, fue el principal responsable en el Pentágono de las políticas referidas a la OTAN y a Europa Occidental. En 1993 volvió al sector privado, donde trabajó como consejero de The Scowcroft Group, firma de asesoría estratégica fundada por Brent Scowcroft, y como abogado de Lockheed Martin, líder mundial de la industria militar. Junto a Bruce P. Jackson, vicepresidente de Lockheed Martin, ayudó a establecer en 1996 el Comité Estadounidense para la Ampliación de la OTAN, una organización privada para presionar en favor de la integración de los países del Este de Europa a la OTAN y promover entre los dirigentes de esos Estados la compra del material militar a Lockheed Martin.

El pasaje de la OTAN a un estatuto ofensivo extraterritorial marcó el comienzo de su participación en agresiones armadas caracterizadas por la violación sistemática del derecho internacional humanitario contenido en los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales de 1977.

El desprecio de la condición humana del otro, propio de las acciones militares de la OTAN, no son una novedad dentro del capitalismo desarrollado occidental, pues constituyen una característica permanente del mismo desde sus albores. Se podría comenzar por la primera arma bacteriológica (mantas contaminadas con viruela) utilizada por los ingleses contra los indios Delaware en 1763, seguir con las masacres que cometieron en distintos continentes en el Siglo XVIII y XIX y así hasta la actualidad.

En los dos últimos decenios cabe mencionar la invasión a Panamá, (entre 1000 y 4000 civiles muertos, según las fuentes); la Guerra del Golfo (varias decenas de miles de muertos civiles); la guerra contra Yugoslavia; la guerra contra Irak (varios cientos de miles de muertos civiles) y la guerra en Afganistán.

En Afganistán, ya en 2001 murieron 3700 civiles como consecuencia de los bombardeos yanquis, en julio de 2002 los estadounidenses bombardearon una fiesta de matrimonio en el distrito de Dehrawad, provincia de Uruzgan,matando a unos cien civiles, hombres, mujeres y niños, en 2010 hubo 2700 muertos civiles. Las matanzas en Afganistán continúan: en febrero 2011 la OTAN mató a 64 civiles en la provincia de Kunar, la mayoría mujeres y niños, el 25 de mayo mató a 20 policías afganos y a 18 civiles y el 27 de mayo asesinó a siete niños, cinco niñas y dos mujeres en la provincia de Helmand.

La agresión actual contra Libia responde a los mismos métodos que emplean regularmente la OTAN y, colectiva o individualmente, sus principales Estados Miembros y la misma configura, por cierto, el crimen de agresión acompañado de diferentes crímenes de guerra.

II. Crimen de agresión

Como ya se dijo en la sentencia del Tribunal de Nuremberg de 30 de setiembre de 1946 : "Desencadenar una guerra de agresión no es solamente un crimen internacional: es el crimen internacional supremo y sólo difiere de los otros crímenes de guerra por el hecho de que los contiene todos".

Posteriormente el crimen de agresión fue definido por la Resolución 3314 (XXIX) adoptada por unanimidad por Asamblea General de las Naciones Unidas en 1974. La definición incluye

“El bombardeo, por las fuerzas armadas de un Estado, del territorio de otro Estado, o el empleo de cualesquiera armas por un Estado contra el territorio de otro Estado” (art. 1, inciso b).

El 11 de junio de 2010, La Conferencia de Estados Partes del Estatuto de la Corte Penal Internacional, adoptó por unanimidad un artículo 8 bis con una definición del crimen de agresión similar a la de la Resolución 3314 de la Asamblea General.

En un solo día, el 14 de mayo de 2011, las fuerzas aéreas de la OTAN realizaron 44 “misiones de ataque” sobre Libia en el marco de una creciente intensificación de los bombardeos.

Desde que comenzaron los bombardeos el 19 de marzo los agresores han realizado casi 4000 “misiones de ataque”.

La presunta o real violación de los derechos humanos en un país no confiere legitimidad a la agresión, como ha dicho la Corte Internacional de Justicia de La Haya:

"El pretendido derecho de intervención sólo puede considerarse como la manifestación de una política de fuerza, política que, en el pasado, ha dado lugar a los más graves abusos y que no puede, cualesquiera sean las deficiencias actuales de la organización internacional, tener lugar alguno en el derecho internacional. La intervención es aún más inaceptable en la forma en que se la presenta en este caso, ya que, reservada a los Estados más fuertes, podría fácilmente conducir a falsear la propia administración de la justicia internacional." (caso Corfu Channel, 1949, fondo, pág. 35).

En el caso Nicaragua c/Estados Unidos (actividades militares y paramilitares en Nicaragua) la Corte Internacional de Justicia señaló que algunas disposiciones de la Resolución 2625 (XXV), de 1970, de la Asamblea General, entre ellas los principios de no empleo de la fuerza y de no intervención, constituyen derecho consuetudinario (párrafo 267) y ante el argumento del Gobierno de los Estados Unidos de que en Nicaragua se violaban los derechos humanos, la Corte dijo: "...cuando los derechos humanos están protegidos por convenciones internacionales, dicha protección se traduce en disposiciones previstas en el texto de dichas convenciones, que están destinadas a verificar o a asegurar el respeto de esos derechos". Y agregó: ..."si los Estados Unidos pueden, por cierto, hacer su propia evaluación sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua, el empleo de la fuerza no es el método apropiado para verificar y asegurar el respeto de esos derechos...". (párrafos 267 y 268).

Aún admitiendo por hipótesis la legitimidad de la Resolución 1973 del Consejo de Seguridad que ordenó el establecimiento de una zona de exclusión aérea en Libia, a esta altura, después de dos meses y medio de bombardeos sistemáticos y de la participación en el terreno de fuerzas especiales (mercenarios británicos de empresas privadas, como denuncia The Guardian del 31 de mayo) , es evidente que dicha resolución ha sido groseramente violada.

Sin embargo, ningún Estado ni grupo de Estados pide lo mínimo en estas circunstancias: la convocatoria del Consejo de Seguridad de conformidad con lo establecido por el art 54 de la Carta de las Nacione Unidas: “Se deberá mantener en todo tiempo al Consejo de Seguridad plenamente informado de las actividades emprendidas o proyectadas de conformidad con acuerdos regionales o por organismos regionales con el propósito de mantener la paz y la seguridad internacionales”.

Al contrario, la OTAN acaba de anunciar que prolongará los bombardeos tres meses más, hasta setiembre, con el objetivo proclamado, ya no supuestamente de proteger a los civiles, sino de expulsar a Kadafi. Es decir que la OTAN participa abiertamente a favor de una de las partes en lo que la misión del Consejo de Derechos Humanos presidida por el Profesor Bassiouni ha calificado de guerra civil, en la que ambas partes, según dicha misión, violan el derecho internacional humanitario.

III. Crímenes de guerra

Los actos de guerra realizados en el curso de una agresión son crímenes de guerra, como se dijo en la sentencia del Tribunal de Nuremberg de 1946.

Pero además, en el curso de la agresión contra Libia se están cometiendo diversos crímenes de guerra sancionados por el derecho internacional humanitario (Convenios de La Haya de 1889 y 1907, el Reglamento anexo a este último sobre leyes y costumbres de la guerra terrestre (R.G.T.), los Convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos facultativos I y II de 1977, etc.)

1. Ataques a la población civil.

Los ataques a la población civil en sus viviendas en medio rural o urbano no son errores.

Estos hechos constituyen una violación de la "Regla fundamental" del artículo 48 del Protocolo I de 1977: hacer siempre la distinción entre población civil y combatientes y entre los bienes de carácter civil y los objetivos militares y dirigir las operaciones solamente contra objetivos militares. (Véase el documental de John Pilger sobre la actuación de países miembros de la OTAN en situaciones similares http://www.askapena.org/askapenaTB/?p=2751

2. Utilización de armas prohibidas.

Algunas fuentes indican que se están utilizando bombas con una aleación que contiene uranio empobrecido (como se hizo en Yugoslavia y en la Guerra del Golfo).

Existen múltiples estudios y la experiencia de la primera guerra del Golfo que afirman que la explosión de tales bombas provocan graves daños a largo plazo en el medio ambiente y en el ser humano. Aun admitiendo la controversia sobre tales efectos, son aplicables los artículos 35 (3) y 55 (1) del Protocolo I: métodos o medios de guerra que causan o se puede esperar que causen daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural.

3. Bombardeos masivos y prolongados.

Los bombardeos reiterados sobre Trípoli constituyen un crimen de guerra, de conformidad con lo establecido en el artículo 51 del Protocolo I de los Convenios de Ginebra, particularmente su inciso 5 (los bombardeos que traten como un objetivo militar único cierto número de objetivos militares espaciados y diferentes situados en una ciudad).

4. Destrucción de las infraestructuras civiles.

La destrucción de infraestructuras civiles son crímenes de guerra, pues violan el artículo 54, inc. 2 del Protocolo I: prohibición de poner fuera de uso bienes indispensables a la supervivencia de la población civil. Centenares de inmuebles en construcción constituidas por miles de departamentos han sido alcanzadas por los bombardeos en Trípoli y otras ciudades libias y las obras han quedado interrumpidas. (Véase una nota en francés al final).

5. Ataques a los medios de comunicación.

Los agresores bombardearon la TV libia. Los ataques a los medios de difusión (emisoras de televisión, etc.) constituyen crímenes de guerra, de conformidad con el art. 79 del Protocolo I de los Convenios de Ginebra (Medidas de protección de los periodistas). Los precedentes no faltan: durante la invasión a Panamá en 1989, una de las primeras operaciones de la aviación estadounidense consistió en destruir con un misil la estación de TV panameña. Durante la guerra contra Yugoslavia en 1999 bombardearon la TV de Belgrado, causando 14 muertos, en 2001 bombardearon la sede de la TV Al Jazeera en Kabul y en Bagdad bombardearon también la TV Al Jazeera, donde murió un periodista.

IV. Las responsabilidades

1.Crimen de agresión. Son responsables del crimen de agresión quienes tomaron la decisión y la están llevando a cabo es decir los gobernantes de los Estados agresores, las autoridades de la OTAN y sus jefes militares.

2. Crímenes de guerra. Son autores quienes dieron las órdenes y quienes las ejecutaron, a lo largo de toda la cadena de mandos. Son cómplices por acción quienes facilitan la comisión de los mismos, entre ellos los jefes de Gobierno que permiten el uso de bases militares en su jurisdicción y los que autorizan el tránsito por su espacio aéreo de los aviones de los Estados agresores en misión de ataque.

Son cómplices por omisión de la agresión y de los crímenes de guerra (art. 86 del Protocolo I: omisión contraria al deber de actuar) quienes tienen el deber de actuar para tratar de poner fin a los hechos y no lo hacen: los miembros de Consejo de Seguridad que, ante la agresión, se abstienen de solicitar la convocatoria del mismo como ordena los artículos 39 y siguientes de la Carta de las Naciones Unidas y el Secretario General de las Naciones Unidas, que se abstiene de convocar al Consejo de Seguridad, de conformidad con el artículo 54 de la Carta, ante la manifiesta violación de la Resolución 1973.

Esta descripción de las responsabilidades no significa que las mismas sean fácilmente justiciables: no existe una instancia judicial capaz de pedir cuentas a los grandes de este mundo por los crímenes que cometen, pues la Corte Penal Internacional no reune los requisitos de independencia, imparcialidad y objetividad para desempeñar esa función.

V. Convocar a la Asamblea General

Para detener la agresión contra Libia, dada la inoperancia del Consejo de Seguridad, queda el recurso de convocar a la Asamblea General de las Naciones Unidas a una sesión especial (arts. 20 y 27.2 de la Carta de las Naciones Unidas).

Puede hacerlo el mismo Consejo de Seguridad con el voto afirmativo de nueve cualesquiera de sus miembros, permanentes o no. En este caso no funciona el veto.

Si el Consejo de Seguridad no lo hace, pueden pedir la convocatoria de la Asamblea General la mitad de los Estados Miembros de las Naciones Unidas (artículo 20 de la Carta). Es decir actualmente unos cien Estados Miembros.

Así convocada, la Asamblea General puede "discutir toda cuestión relativa al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales que presente a su consideración cualquier miembro de las Naciones Unidas." (artículo 11, párr. 2, y artículos 34 y 35 de la Carta) y puede “recomendar medidas para el arreglo pacífico de cualesquiera situaciones." (artículo 14).

En ese contexto, el 3 de noviembre de 1950 la Asamblea General adoptó la resolución 377 (V) "Unión para el mantenimiento de la paz", más conocida como "resolución Dean Acheson", donde se establece que cuando se reúnen ciertas condiciones (impotencia del Consejo de Seguridad, decisión de reunir a la Asamblea General, etc.), la Asamblea general "examinará inmediatamente la cuestión a fin de hacer a los miembros las recomendaciones apropiadas sobre las medidas colectivas a adoptar".

La Asamblea General ha utilizado el "procedimiento Acheson" en varias oportunidades y en distintas épocas: intervención militar en Egipto (1956), en Hungría (1956), Líbano (1958), conflicto indo-pakistano (1971), Jordania (1980), Afganistán (1980), Namibia (1981), Bosnia- Herzegovina (1992), etc.-------------------------------------------------------------------------------

Anexos 1 y 2

1) Documental de John Pilger http://www.askapena.org/askapenaTB/?p=2751
John Pilger (nacido en 1939) es un reportero australiano, procedente de Sídney, que actualmente vive en Londres. La carrera como reportero de Pilger comenzó en 1958, y se ha hecho famoso por los diferentes libros y documentales que ha escrito o producido. Desde posiciones conservadoras se le ha pretendido ridiculizar y, con ello, despreciar un periodismo de investigación que ha merecido el premio Periodista del Año inglés por dos veces y el Premio de la Paz a los Medios de la Asociación de la ONU. En Reino Unido es más conocido por sus documentales, particularmente los rodados en Camboya y Timor Oriental. Ha trabajado como corresponsal de guerra durante conflictos en Vietnam, Camboya, Egipto, India, Bangladesh y Biafra.

2)
23-05-2011
Le secteur des BTP en Libye touché de plein fouet par les frappes de l’OTAN
PANA
Le secteur du Bâtiment et des travaux publics (BTP) figure parmi les secteurs économiques qui ont été touchés de plein fouet en Libye depuis les frappes aériennes menées par l’OTAN contre le pays, avec des pertes qui se chiffrent en milliards de dollars.
Naguère ville en plein chantier de construction avec les gigantesques projets d’urbanisation censés donner à la capital libyenne, Tripoli, son lustre et la hisser parmi les plus grandes métropoles du monde, force est de partager le constat amer des nouveaux visiteurs et des habitants de cette cité qui assistent impuissants à l’arrêt total de ces chantiers.
En effet, des centaines d'immeubles regroupant des milliers d'appartements à Tripoli, ses banlieues et dans toutes les villes libyennes dont les travaux ont atteint dans certains cas 80 pour cent, d'autres 70 ou encore 50 pour cent sont abandonnés.
C’est un spectacle de désolation qu’offrent, désormais, les grands chantiers qui fourmillaient jadis de travailleurs dans le bruit des grues et autres engins de construction qui ont cessé de fonctionner, devenant ainsi de véritables villes mortes.
Les entreprises de bâtiment et les travailleurs étrangers ont quitté le pays après la détérioration de la situation sécuritaire aggravée par les frappes de l'OTAN.
Le secteur du bâtiment public et privé emploie quelque 600 mille travailleurs dont 85 pour cent sont des étrangers, rappelle-t-on. Les sociétés étrangères emploient leurs propres travailleurs tels que les Chinois, les Indiens, les Turcs, Brésiliens et autres Bengalis.
Le secteur privé, notamment les entreprises privées libyennes et étrangères du bâtiment, emploie une main-d'œuvre qualifiée composée surtout des Egyptiens, Syriens, Marocains, Ghanéens, Philippins et autres.
En contrepartie, les jeunes Libyens, qui ne sont pas motivés pour le secteur des BTP, ne sont pas bien formés dans le secteur malgré les grands chantiers dans le pays.
Nombreux sont les Libyens qui sont devenus des ingénieurs mais il n’existe pas beaucoup d'ouvriers qualifiés dans les métiers tels que charpentiers, ferrailleurs, électriciens, plombiers, etc.
Tous ces jobs étaient assurés par la main-d'œuvre étrangère. La richesse pétrolière a poussé les jeunes Libyens aux hautes études aux dépens des lycées techniques et de la formation professionnelle.
Pour le directeur de la société libyenne de construction de bâtiment, une entreprise privée, Mourad Hadj Slimane, il s’agit d’une catastrophe énorme étant donné que les marchés qu’il a remportés sont tous à l’arrêt. "Il n’y a plus de main-d’œuvres étrangères et les chantiers sont fermés, ce qui m’a causé une perte de plusieurs millions de dinars libyens", affirme-t-il, très bouleversé.
C’est aussi le cas d'Abdelmounaem Dargouth, un ingénieur libyen, la trentaine, qui se plaint de se retrouver en chômage technique en raison de l’arrêt du travail dans le chantier de construction d’un complexe d’immeubles à Tripoli.
Mohiédine Lazragh, un entrepreneur se dit choqué par les conséquences des frappes aériennes de l’OTAN qui ont provoqué la fermeture de grands chantiers tels que le projet de construction de l'aéroport de Tripoli qui a été abandonné, l'autoroute Ras Jedir-Salloum, un projet titanesque qui devait traverser le pays d’Ouest à la frontière avec la Tunisie à l’Est aux frontières avec l’Egypte.
Il a mentionné aussi l'autoroute "Addairi 3", un complexe d’autoroutes et de ponts d’échangeurs qui cernent la capitale et lient les banlieues aux grandes sorties pour l'Est, l'Ouest et le Sud et qui devraient désengorger la circulation routière dans la capitale, qui a été abandonné.
Des sociétés européennes, du Brésil, de Turquie, de Chine, d'Inde, de Russie et autres qui travaillaient sur ces grands chantiers ont quitté et ont évacué leurs personnels, a-t-il informé.
Il a ajouté que les sièges de ses compagnies ainsi que les sites de leurs chantiers (matériaux de construction, véhicules, machines et du matériel …) ont été pillés et détériorés, provoquant une catastrophe dont les pertes se chiffrent par milliards de dinars.
Autres grands chantiers en cours de réalisation à l’instar des projets des nouvelles universités des grands hôtels, tours, hôpitaux et autres sont abandonnés.
Tripoli , ville de grands chantiers, est aujourd'hui une ville morte où tous les projets sont abandonnés, voire détruits.
De nombreux citoyens libyens se demandent si toutes ces destructions et pertes auxquelles il faut majorer les chocs psychologiques subis par les populations pourraient un jour être dédommagés.
D’autres Libyens s’interrogent légitimement si l’opération de protection des populations civiles pour laquelle le Conseil de sécurité a arrêté les résolutions 1970/3 a atteint son objectif.
Autant de questions qui interpellent la conscience du monde afin d’œuvrer pour les principes de justice et paix au profit du peuple libyen.

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Rupturas y secuencias: La revolución como política de Estado

Homar Garcés (especial para ARGENPRESS.info)

Al plantearse la construcción de un modelo económico, político, social, cultural y, hasta, militar basado en los ideales del socialismo revolucionario hay que tomar en cuenta que la misma supone una transformación con carácter estructural que debe labrar a su vez un nuevo tipo de conciencia individual y colectiva, de modo que exista realmente una revolución socialista en marcha.

Tal situación requiere romper con los paradigmas imperantes, es decir, se debe fomentar en todo momento una ruptura con los patrones de conducta y ordenamiento jurídico que han legitimado la vigencia del sistema capitalista a través de los siglos, los cuales lo han hecho prácticamente impermeable a los diversos cambios propuestos para erradicarlo, aun aquellos que solo tratan de revestirlo de cierto aire de humanismo o de humanidad, como quiera denominársele. Esto exige que los cuadros revolucionarios en funciones de Estado o de gobierno se afanen cada día en impulsar esa transformación con carácter estructural que daría paso a la organización, activación e influencia efectivas del poder popular, logrando convertir en realidad la antigua consigna bolchevique de “todo el poder para el pueblo”.

En este caso, la revolución debe promoverse como política de Estado, obteniendo la transformación de las viejas instituciones públicas, de manera que ellas ya no respondan a los intereses de una elite o minoría dominante sino a los intereses de la mayoría, es decir, de aquella porción de la sociedad que siempre fue excluida de la toma de decisiones, así como de la justicia y de la igualdad que debieran fundarse, derivarse y ampliarse mediante el ejercicio activo de la democracia.

Por ello mismo, el reclamo indignado de las mayorías populares a los estamentos gubernamentales (tanto en nuestra América, en Estados Unidos y el resto de los continentes) pareciera apuntar al estallido de una rebelión mundial, en un primer lugar, contra las injusticias, la explotación y las desigualdades características del sistema capitalista y, en un segundo plano, sin menoscabo del mismo, en búsqueda de una realidad democrática más inmediata y tangible que beneficie a la totalidad de la sociedad y no únicamente -como siempre lo ha sido a través del tiempo- a quienes tienen en sus manos el capital y los medios de producción. Sin embargo, es bueno acotar que semejante estallido de indignación colectiva aun no podría vislumbrarse o calificarse como un hecho revolucionario del mismo modo que otros en el pasado, por lo cual es necesario considerar los móviles del mismo, así como su contenido o nivel político.

Esto último debiera constituir un estímulo para quienes tienen la responsabilidad de orientar el accionar del Estado en nombre de la revolución, sin que ello signifique confiar en que sólo basta la buena voluntad para hacer las cosas. Es hartamente indispensable comprender que se requiere desmontar y transformar estructuralmente tal Estado, de manera que efectivamente exista un proceso revolucionario que -teniendo como su principal rasgo y soporte la participación real del pueblo- se hagan inevitables y definitivos los cambios que generaría, implantando en consecuencia un modelo de sociedad democrática de nuevo tipo.

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Chile: El lenguaje agresivo y descalificador del desgobierno

Andrea Dufournel (especial para ARGENPRESS.info)

La baja en las encuestas, 36% de aprobación en el mes de mayo, a pesar de lo que públicamente dicen, tiene en la desesperación al gabinete en pleno, no se aceptan críticas, movilizaciones ciudadanas ni correcciones a los proyectos de ley que envía el Ejecutivo al Congreso.

La responsabilidad de los fracasos de sus iniciativas, de las medidas rechazadas por la opinión pública, trabajadores, estudiantes, ecologistas, la tiene según ellos el gobierno anterior. Lo han repetido hasta la saciedad, a pesar de que ya ha pasado hace un buen tiempo el año en el poder.

Con un lenguaje agresivo, descalificatorio utilizado por quienes deberían hacer realidad su llamado a la “unidad nacional”, han polarizado y acrecentado las diferencias dando la sensación de que su objetivo es concluir su mandato echándole la culpa al empedrado sin asumir la responsabilidad de haber puesto en el centro de sus políticas al empresariado y sus intereses económicos.

La culpa no es de Hidroaysén y las protestas de los estudiantes, la baja es sostenida y sistemática en el tiempo, por tanto creo que a esta altura, es más estructural que coyuntural. Que el crecimiento es el más alto del “vecindario”, dicen, sin mencionar que aquello no beneficia a quienes forman parte del 90% del país y que son quienes, cada día, deben soportar las alzas desmedidas de los alimentos y de los servicios básicos, la cesantía cuyos índices han sido manejados descaradamente: si alguien trabaja una hora a la semana no es considerado cesante, los avances en la reconstrucción que no son tal, los escándalos de corrupción y mediocridad, ya han sido percibidos por la gente.

En medio de este río revuelto, continúan las gestiones para privatizar lo que queda de las sanitarias - haciendo caso omiso a la gran aspiración ciudadana que es la renacionalización de todas las aguas- instalan centrales termoeléctricas a carbón, hidroeléctricas en parques nacionales utilizando la excusa de que Chile necesita energía y que de no instalarse en un plazo de 10 años viviremos en la más completa oscuridad, no mencionan que son los empresarios de la minería, las transnacionales, quienes necesitan energía. De acuerdo a las declaraciones públicas realizadas por Piñera y sus Ministros la instalación de Hidroaysén es una decisión que está tomada.

Y claro, así las cosas vemos a la vocera de gobierno declarando que: cuando los chilenos sientan en su día a día todo lo que está haciendo el gobierno en su favor, vendrán tiempos mejores, que este gobierno se preocupa y ocupa de los problemas reales de los chilenos y que una encuesta no frenará el afán modernizador (privatización) del gobierno del presidente Piñera… perdón, y que la culpa es una vez más de la ex presidenta y de los gobiernos anteriores.

Y así, como un dato casi anecdótico, mientras la mayoría de los chilenos nos deslomamos para sobrevivir, los amigos de la coalición, los grandes empresarios, las transnacionales, los dueños de los retail y muy especialmente su “excelencia” continúan acrecentando sus arcas. La economía del país sigue secuestrada por las grandes corporaciones empresariales que manejan la nación y mantienen al trabajador en un estado de servidumbre, viviendo con el temor a perder el empleo a discreción de quien tiene la “generosidad” de darle trabajo. De hecho, y según la revista Forbes, las 4 fortunas más ricas de Chile están lideradas por la viuda de Luksic, Paulmann, Matte, Angelini y Piñera, este último aumentó en 200 millones de dólares sus ingresos durante 2010, con sólo sentarse en la Moneda.

Mientras el Sr. Presidente declara desde Italia, lugar donde disfruta de sus vacaciones, a raíz de su baja en la popularidad que: "Chile se está desarrollando, estamos creciendo, estamos creando buenos empleos, con mucha fuerza, pero de repente siento que la política no está tan bien, demasiadas divisiones, obstruccionismo, intransigencia, por eso yo quisiera insistir en mi llamado a la unidad de los chilenos”, en una muestra más de que él vive la realidad desde la perspectiva empresarial y su poca capacidad de empatizar con quienes necesitan un gobierno que apunte al país real.

No me extrañaría que una de las medidas “inteligentes” que pudieran tomar, para desviar la atención de la opinión pública, frente a la baja popularidad, sea inventar conflictos y aparezca el ministro de Defensa haciendo ostentación de lo bien preparadas y profesionales que son nuestras valerosas fuerzas armadas, recado que por cierto, le sirve para amenazar a nuestros vecinos y a quienes forman parte del “enemigo interno”.

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El Hamlet colombiano

Alberto Pinzón Sánchez (especial para ARGENPRESS.info)

La gran urbe (parroquial) de Bogotá amaneció sobrecogida el 29 de mayo del 2011, por la columna del condueño y orientador del diario de Planeta El Tiempo: …“Enrique Santos rompe un largo silencio (como sino supiéramos que es él quien le dicta los editoriales diarios a Pombo) para hablar de su hermano presidente, desde que, siendo subdirector de El Tiempo se lanzó hace 20 años a la política”…. http://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-9481305.html.

A nadie sorprende que los periodistas bilingües o educados desde niños en anglosajonia, remplacen el cuando, o el donde, o el cuyo o incluso el como, heredados por el castellano directamente del latín, por el reducidor vocablo inglés “that” que une la cosa con el tiempo y con el espacio. Pero en este caso, tratándose de uno de los decanos cultores de nuestro bello pero maltratado idioma; remplazar el “desde cuando” por un “desde que”; predispone desde el comienzo. Sin embargo, no se debe ahorrar esfuerzo en leer esta esclarecedora pieza política, llena de amor familiar clanil, destinada a mostrar sin querer queriendo a JMS (como él lo llama) en un atormentado Hamlet criollo de “impecable dicción”, transido y desgarrado por el gran dilema existencial de ser (o seguir siendo Uribista) o dejar de serlo. Para que los cipayos me entiendan: “To be or not to be”.

Mandar (como el gamonal del Uribérrimo) o gobernar con la tercera vía de su admirado Tony Blair. Pero por sobre todo, sin echar a pique la Unidad Nacional de financieros transnacionales, banqueros, narcos, terratenientes, militares y paramilitares con sus políticos y gremios; amasada con tanto esmero por Uribe Vélez con el apoyo estadounidense. Ser servil, o servicial “timoneando diplomáticamente”. Mantener la independencia de la (esa sí) honorable Corte Suprema de Justicia respetando plenamente sus fallos jurídicos, como en el caso de la lámpara de Aladino de Raúl Reyes, o perseguir a los magistrados, chuzarlos e infiltrarlos con la Policía Política .

Respetar el fallo del Consejo de Estado sobre la toma de la base militar de las Delicias, por las FARC hace 14 años, que pone una vez más al descubierto y descarna la antigua estrategia del Militarismo colombiano de NO resolver el conflicto armado sino dejarlo podrir para “administrarlo”, incluso sacrificando cruelmente soldados y militares, con el fin asqueante de continuar recibiendo la jugosa “ayuda” Estadounidense en armas y dólares; o segur tapando todo por otros 15 años más, como lo exigen el ministro de defensa Rivera y el tan conocido como terrorífico general Bedoya.

Sacar a flote la canoa rota de Colombia heredada de Uribe Vélez (también artífice de la ley 100 de 1993 sobre Salud) que está zozobrando aceleradamente o mejor naufraga, en el mar mezclado de corrupción y podredumbre moral, sangre y agua verdadera que su hermano llama con aire napoleónico el “General invierno; destinando los recursos necesarios para socorrer a los millones de damnificados y rehabilitar el desastre en todo el país; o como le recomienda Enrique (citando la encuesta de la firma estadounidense Gallup sobre seguridad) seguir invirtiendo el 6% del PIB en una guerra contrainsurgente geo-estratégica sin perspectiva ninguna, y con unas “Fuerzas Militares no compactas, con brotes de malestar y desmoralización que algunos estimulan”. El tan bueno y experimentado periodista no le dice quien, pero en su pieza habla con ironía de los “Caballeros y Mariajimenas, Orozcos y Zuletas, Bejaranos y Gardeazábales” . El viejo truco oligárquico bogotano de referirse a Santander para que lo entendiese Bolívar.

En breve: Resolver urgentemente el viejo conflicto social y armado colombiano que no da más espera, por la vía de la Solución Política para construir una nueva Colombia civilizada como lo ha planteado claramente, ya no el secretariado de las FARC, sino todo su estado mayor central (EMC) en su ultimo comunicado; o NO resolverlo para seguir en lo mismo y con las mismas. He ahí el verdadero dilema mi estimado Hamlet bogotano.

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Chávez, el chavismo y el caso Joaquín. Recordando a Allende y a Fidel y su dignidad con los guerrilleros argentinos

Alberto Rondón

"El avión secuestrado con 6 dirigentes guerrilleros argentinos cruza la los Andes y llega a Chile (...) Allende no vaciló en darles asilo y gestionar su viaje a Cuba donde tampoco Fidel vaciló".

Chávez, el chavismo y el caso Joaquín

15 de agosto de 1972 se fugaron del penal de Trelew, ubicado en el sur de la Patagonia argentina, veinticinco guerrilleros encarcelados por la dictadura de Lanusse. Todos ellos llegan al aeropuerto de esa ciudad austral pero seis solamente, altos dirigentes de tres organizaciones guerrilleras (ERP, FAR y Montoneros), logran subir a un avión previamente secuestrado por un comando guerrillero de apoyo. Los otros diecinueve son recapturados y unos días después, el 22 de agosto, son alevosamente asesinados por la dictadura en lo que se conoce como la "masacre de Trelew".

El avión con los seis dirigentes guerrilleros cruza la Cordillera de los Andes y llega a Chile donde gobernaba Salvador Allende.

Demás está decir el tremendo problema político que significó para el gobierno de Allende -acosado ferozmente por el imperialismo yanqui y la derecha golpista- la situación generada por los fugados. Esa sí era una verdadera "papa caliente": nada menos que media docena de jefes guerrilleros -no meros periodistas o refugiados- habían entrado ilegalmente al país y eran reclamados por la dictadura argentina. Sin embargo, fiel como siempre a su ética revolucionaria y rechazando de plano las "razones de estado" y las recomendaciones de "prudencia" que le hacían algunos de sus principales asesores, el camarada Allende no vaciló en darles asilo y gestionar su posterior viaje a la Cuba revolucionaria donde tampoco Fidel vaciló en recibirlos. Anteriormente Salvador Allende, antes de ser presidente, ya había demostrado su consecuencia ayudando a tres sobrevivientes de la guerrilla del Che.

¡Qué distinta la actitud que viene teniendo Chávez con la seguidilla de entrega de compañeros del ELN y de las FARC al genocida Santos, su "nuevo mejor amigo"!!! La entereza mostrada por Allende cuando la fuga de los guerrilleros argentinos muestra tal contraste con la conducta de Chávez que deja al descubierto la existencia de una brecha terrible, irreparable, entre el chavismo y el propio Chávez.

El chavismo es ese sentimiento poderoso y bello, esa visión de mundo radical, subversiva y popular que las grandes mayorías oprimidas y olvidadas venían construyendo incluso antes que Chávez apareciera en la escena pública, es esa potencia que se expresó en el caracazo y que Chávez, paradójicamente, logró representar y liderar a partir de febrero de 1992. La gravedad de la entrega de Joaquín Pérez Becerra proviene de que constituye una TRAICIÓN alevosa a ese sentimiento y es bueno tener claro -y no olvidarlo nunca- que esa traición fue cometida por el oficialismo boliburgués del cual Chávez hoy por hoy es cabeza y pieza fundamental.

Es obligado entonces preguntarse: ¿qué está pasando?

Veamos:

La llegada de Chávez al gobierno se inscribe en un proceso abierto en toda latinoamérica por el fracaso y crisis del neoliberalismo. Las luchas populares, indígenas y también de las capas medias, permiten la asunción de varios gobiernos llamados "progresistas" entre los que se cuenta el de Chávez en nuestra Venezuela. Sin embargo, más allá de las esperanzas e ilusiones de la izquierda, el capitalismo en todos esos países siguió su curso a paso de vencedor. En otras palabras, el rol histórico que vienen cumpliendo los gobiernos progresistas es permitir que el capitalismo supere su fracaso neoliberal y se recomponga asumiendo nuevas formas políticas e institucionales, más inclusivas y participativas. Ello, por supuesto, redundó en mejoras sustanciales en la calidad de vida de amplias mayorías como resultado directo de la tremenda potencialidad de lucha desarrollada por los pueblos. Sin embargo, a menos que los pueblos digan algo distinto (radicalizando sus luchas desde una perspectiva autónoma), estos gobiernos progresistas seguirán trabajando para el capitalismo. Esa es su contradicción: por un lado amplían la participación popular (aunque siempre intentando controlarla, cooptarla...), por otro rescatan y profundizan el capitalismo.

A nivel internacional estos gobiernos progresistas (aunque no sólo ellos) ven la necesidad estratégica de oponerse al imperialismo norteamericano en algunos aspectos, no tanto desde una perspectiva popular e indígena, que sería radical y hasta las últimas consecuencias, si no más bien desde los intereses de esas burguesías dizque nacionales y de las visiones corporativas de sus fuerzas armadas. Esto explica, entre otras cosas, la serie de alianzas estratégicas emprendidas con China y Rusia que son la base para nuevos negocios capitalistas y la insistencia con que aparece en el discurso de Chávez el concepto de "pluri-polaridad", útil para justificar en el plano ideológico estas alianzas. Por otro lado, se construyen espacios como UNASUR que, tras la bandera de integración latinoamericana levantada históricamente por la izquierda, incluye a gobiernos tan pro-yanquis y capitalistas como el colombiano y desarrolla un modelo de "defensa continental" basado en esquemas similares a los de la OTAN... ¿Quien entiende eso...?

Ahora bien, uno de los hechos claves que explican estas contradicciones es la capacidad que tuvieron todos estos gobiernos progresistas para utilizar los sentimientos nacionalistas y sobre todo de apropiarse DISCURSIVAMENTE de las banderas históricas de la izquierda y los pueblos. Tan grande fue la capacidad de esa narrativa, que aún hoy, a pesar de todas las evidencias que muestran el verdadero carácter capitalista de este gobierno boliburgués, el chavismo todavía cree en Chávez y lo justifica en sus errores, autoritarismos y traiciones. Pero los hechos son duros. En el caso de Venezuela, detrás del discurso del "socialismo del siglo XXI", el capitalismo más corrupto y rentista continúa su marcha impasible e incluso nace y se fortalece una nueva fracción burguesa que controla las principales instituciones estatales y estructuras políticas (incluido el PSUV, con el paradigmático boliburgués Diosdado Cabello como uno de sus principales dirigentes). Entonces, dentro de este contexto: ¿puede sorprendernos la alianza de Chávez con Santos, tan necesaria y útil para los intereses empresariales pero fatal para los pueblos de ambos lados de la frontera?

¿Puede sorprendernos la saña con que el gobierno de Chávez trató al dirigente yukpa Sabino Romero a quien intentó dejarlo preso poniéndole nada menos que SIETE abogados en contra? Los intereses del gobierno están, qué duda cabe, de lado de la extracción del carbón tan necesario para sus negocios capitalistas y no con los pueblos indígenas.

¿Puede sorprendernos que el gobierno de Chávez cuando actuó de mediador entre la Mitsubishi y los trabajadores haya favorecido a esta multinacional, la misma que mandó a matar a dos dirigentes sindicales que peleaban por sus derechos? ¿Puede sorprendernos que le haya entregado tremenda riqueza de la franja petrolífera del Orinoco precisamente a una de las transnacionales más feroces y dañinas con el medioambiente como es la Chevron...? ¿Son estas medidas anticapitalistas...?

Abramos los ojos: El gobierno de Chávez es capitalista, el chavismo en cambio es pueblo luchando por una sociedad que niega y supera al capitalismo. Ha llegado quizá un momento histórico de maduración y crecimiento donde el pueblo chavista debe comenzar a caminar solo, sostenido en sus propias organizaciones y sus propios liderazgos (colectivos en lo posible) y superar con decisión la alienación que siempre conlleva una representación o un liderazgo, más aún si éste claramente tiene objetivos y amistades que no son los nuestros. Hecho esto, dejará de llamarse "chavismo" pues será simplemente poder popular (autónomo, como debe ser). Y para los que aún creen que esta revolución no sería nada sin Chávez les conviene mejor preguntarse lo contrario: ¿qué habría sido de Chávez sin el chavismo...?

Y para terminar, ahora que arrecia la ofensiva norteamericana con las sanciones contra PDVSA, imaginemos quiénes, en el escenario de una posible invasión, estarán de nuestro lado: si el "mejor nuevo amigo" de Chávez o las guerillas de las FARC y el ELN que, más allá de las válidas críticas que se le puedan hacer a sus visiones políticas o estratégicas, vienen enfrentando a los yanquis y a los paramilitares con las armas en la mano desde ya varias décadas.

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Los "sueños compartidos" de Schocklender, Kirchner... y Macri

Marcelo Ramal (PRENSA OBRERA, especial para ARGENPRESS.info)

La salida de Sergio Schocklender de la Fundación Madres de Plaza de Mayo ha destapado una olla más grande y hedionda de lo que sus denunciantes imaginan. Los diarios dan cuenta de un régimen de construcción de viviendas sin licitaciones ni rendición de cuentas; de la Fundación Madres como intermediaria entre la Secretaría de Obras Públicas y la constructora privada Meldorek, perteneciente a Schocklender y beneficiaria exclusiva de todos estos emprendimientos "sociales"; finalmente, se sospecha del uso de estas empresas -armadas en nombre de los "derechos humanos" y la "vivienda popular"- para concretar operaciones de lavado de dinero.

Mientras Filmus dice "no saber nada del tema", otros portavoces oficiales tratan de tirarle todo el fardo a Schocklender -o sea, de colocar la cuestión en el terreno de la defraudación individual. Pero la transformación de las Madres en un emporio económico fue una operación política armada desde el riñón del kirchnerismo. El programa Sueños Compartidos es un "modelo" de la política oficial en la materia; esto es, la cooptación de organizaciones sociales y hasta de derechos humanos como tercerizadas de la obra pública, con un doble objetivo: la manipulación de los desocupados o personas sin techo, por un lado, y el armado de un régimen de obra pública con mano de obra barata y precaria, por el otro. El de Schocklender fue, probablemente, el caso extremo de esta operación política y económica. A diferencia de otros, que constituyeron "movimientos" o "ramas políticas" con los recursos rapiñados, el hombre se dedicó a comprar mansiones, aviones o intensificar sus visitas al Casino de Puerto Madero.

En el obrador de Los Piletones, donde comenzó el emporio de los "sueños compartidos", se reportaron denuncias por el régimen de trabajo vigente en las obras, las que salieron a la luz con la muerte de un trabajador. Por otra parte, no es un secreto que Schocklender manipulaba la adjudicación de las viviendas en favor de los elementos más descompuestos de las vecinales villeras, de modo de reforzar su poder a costa de los delegados combativos o de los que rehuían el contacto con el narcotráfico o los punteros del Estado. Cuando todos saludaban la mística "constructora" de las Madres, nosotros denunciabamos a Schoklender. Sus secuaces de los Piletones, con Prensa Obrera en la mano, amenazaban con el despido al trabajador que "trajera esto (nuestro periódico) al obrador".

Corporación del Sur

Aunque Macri aprovecha la volada para "condenar" a Schocklender, el gobierno PRO y sus predecesores han sido cómplices claros del negociado que acaba de estallar. Las obras de las Madres en la Capital se ejecutan a través de un convenio con la Corporación Buenos Aires Sur, en terrenos que le pertenecen a ésta. Entre la Corporación, que es "autónoma" del Estado porteño, y la Fundación Madres, que recibía fondos por adjudicación directa, se construyó una gigantesca caja paralela en nombre de la "acción social". El gobierno de Macri transfirió la tarea de "atención a las villas" del Instituto de Vivienda a la Corporación, no para avanzar en la urbanización de las villas sino para contener su expansión, realizando obras menores que sirvieran para separar las tierras villeras de aquellas que se encuentran ociosas y están reservadas a futuras operaciones inmobiliarias. Las quinientas viviendas construidas en Los Piletones -que no cubren las necesidades ni del 20% de sus habitantes- tienen ese propósito. La Fundación Madres y Schocklender fueron un brazo más del Estado contra la población sin techo. Por eso, Schocklender en persona denunció a los ocupantes del Parque Indoamericano en diciembre pasado, en vez de reclamar viviendas para ellos. En aquel viernes fatídico de diciembre pasado, cuando las bandas de punteros y barrabravas intentaron someter a los ocupantes a una noche de San Bartolomé, los secuaces de Schocklender se sumaron a la partida con sus propias armas. Como Pedraza, estos otros tercerizadores, los de la vivienda popular, pusieron en marcha a sus Favale para defender sus negocios.

Liquidación de la vivienda popular

Por sobre todas las cosas, los Kirchner y Macri se sirvieron del pañuelo de las Madres y sus viviendas a cuentagotas para encubrir la liquidación de cualquier perspectiva de vivienda popular. Según los propagandistas del kirchnerismo, el modelo productivo ha construido unas 30.000 viviendas por año, en un país donde todos los años se agregan 120.000 familias a un déficit habitacional que asciende a los dos millones de unidades. En la Ciudad, las obras de Schocklender representan ¡la mitad! de todo lo construido en los últimos años. La tercerización de la política habitacional a manos de una banda que conchabó la marca de las Madres ha sido la pantalla de una política que entregó el espacio de las grandes ciudades a la especulación inmobiliaria, al tiempo que expulsaba a los trabajadores a los suburbios. En la Ciudad, esta operación ha sido cogestionada entre los Kirchner y Macri. No hemos escuchado ni a Solanas ni a sus diputados denunciarla. La crisis de Schocklender plantea una auditoría integral de las operaciones del IVC y de la Corporación del Sur a manos de las organizaciones obreras y vecinales del sudoeste porteño, realmente comprometidas en la lucha por el techo; el juicio político a los funcionarios nacionales que, de Kirchner a Kirchner y de Telerman a Macri, han sido cómplices de ello; así como la expulsión de los punteros de Schocklender en la adjudicación de las viviendas. Las tierras y los recursos de la Corporación del Sur deben ser dispuestos a favor de una urbanización de carácter social, gestionada y controlada democráticamente por los que viven de su trabajo.

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La única lucha que se pierde es la que se transforma

Alfredo Grande (APE)

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“En el amor siempre hay dolor. Pero en el dolor, no siempre hay amor. ¿Por qué entonces sigo sintiendo dolor y amor? (aforismo implicado)
Nada se pierde. Todo se transforma. Lavoisier derrapa de la química inorgánica al espacio institucional. También la subjetividad se transforma, y parece nomás que tampoco es cierto que el pueblo, todo el pueblo o el pequeño pueblo que es cada sujeto, nunca se equivoque. Nos equivocamos y a veces acertamos simplemente porque nos equivocamos dos veces y un error compensa al otro. Desde abril del 2003 me pregunto en qué me equivoqué. Si yo decidí retirarme de la Universidad Madres de Plaza de Mayo si las Madres seguían sosteniendo ese proyecto, y como siempre durante toda su heroica lucha, no daban ni un paso atrás, mi salida por la puerta grande pero sin la grandeza de un grande, solamente podía responsabilizar a mis equivocaciones. En los metros que separaban el aula principal (no recuerdo si la llamábamos aula magna) en la cual escuché los hermosos discursos de Vicente Zito Lema, de Osvaldo Bayer y de Hebe, hasta la puerta que para mí era de salida, de una salida que supe siempre no tenía retorno porque yo tampoco daría ni un solo paso atrás, comprobé que la amargura, la tristeza, el dolor, el desconcierto y la bronca, logran que un centímetro sea un metro y que varios metros parezcan kilómetros. Caminaba como en cámara lenta, y la puerta se alejaba cuanto más caminaba. Pero no como el horizonte de la utopía que en su alejamiento ayuda a caminar, como señala Galeano, sino como el alejamiento de un palacio de arena que se escapa entre los dedos. El Palacio de las Madres invictas, le había escuchado decir a Bayer. Yo, uno de los tantos derrotados de la asamblea de docentes, alumnos y Madres en abril del 2003. En esa distancia donde la eternidad dejaba su marca en la tierra, la inauguración de la Universidad en el año 2000 apareció no en mi memoria, porque de ese lugar nunca se había ido, sino que apareció en mi mirada. El primer piso con gente que se derramaba por la empinada escalera hasta la vereda. Y yo, junto a los docentes, a Hebe, a Vicente, pensando que toda mi vida había luchado, había peleado y había esperado estar en ese lugar. Pero el pequeño pueblo que es cada sujeto también se equivoca. Mis clases eran tan alegres como alegres siempre fueron las Madres. Mi ritmo de trabajo cambió totalmente, ya que dedicaba tres y a veces 4 días por semana a la Universidad. Y cuando no iba, la extrañaba. Imposible no extrañar a una universidad de lucha y resistencia, que desde su profecía fundadora enfrentaba los determinantes represores de las academias tanto estatales como privadas. Ninguna luz cegadora tolera sombras. La valentía, el entusiasmo, la generosidad, la ideología combativa de todas las Madres, deslumbraban y alumbraban. Parecía que nunca habría tanta agua que pudiera apagar ese fuego. Y no se apagó. Pero un viento colosal cambió la dirección. Y como si fuéramos niños que están danzando alrededor de una fogata, las llamaradas inesperadas se abalanzaron sobre nosotros. Al menos, sobre muchos de nosotros. El Primer Congreso sobre Salud Mental y Derechos Humanos organizado durante el 2002, fue un poderoso analizador de lo diferente y de lo incompatible en la Universidad. Sigo caminando, la puerta parece que es una luna que rueda por Callao, y yo un loco con la cabeza como un melón. En ese Primer Congreso, estuve en el Comité Organizador, presenté mi segundo libro, colaboré en la presentación del libro sobre las fábricas recuperadas, el primero sobre ese tema y que fue editado por Topía. Además, coordiné y participé de cuatro mesas. Sin embargo, cuando se entregó en el Segundo Congreso las memorias del Primero, yo no estaba mencionado. El dolor de ya no ser, aunque sin la vergüenza de haber sido. Cuando Vicente Zito Lema se aleja de la Dirección Académica, el palacio estalló en llamas. Yo llegué a la Universidad invitado por él, y no dudé de que debía retirarme. Dudé solamente en cuándo era el momento más digno para hacerlo. Sabía que necesitaba irme, pero también sabía que no pensaba huir. La fundación de la Universidad en el 2000 fue el momento fundante de los sueños compartidos. Los sueños partidos, quebrados, asolaron los meses de febrero, marzo y abril del 2003. En la última asamblea que participé, con la presencia de las Madres, no fueron pocos los que acusaron a Vicente de traidor. Justamente él, que en el exilio había escrito el oratorio Mater. Justamente él, que participó en una mesa redonda junto a Hebe, a Sergio Shoklender cuyo eje fue la caída de las torres gemelas en Nueva York. En ese momento, la polémica estalló. Recuerdo una nota del periodista Horacio Verbitsky: “La alegría de la muerte”, donde fustigaba a los participantes en esa mesa y por añadidura a la Universidad por un supuesto jolgorio por el ataque terrorista. Fue el final del suplemento de la Universidad que Página 12 publicaba todos los viernes. El último artículo que, ya diagramado, nunca se publicó era de mi autoría: “Los enemigos del Pueblo”, que al menos se puede bajar todavía por Internet. Intenté y creo haber logrado, mostrar que no era la muerte la que generaba alegría en las Madres. Ese tormentoso 2001 terminó por ahuyentar a lo que hoy denomino los “retroprogresistas”. La Universidad se consolidaba como un colectivo revolucionario, anti capitalisa y anti imperialista. La luz cegadora deslumbraba y alumbraba la lucha contra las políticas liberales de Menem, De la Rúa y Duhalde. Sueños y alegrías compartidos. Los verdaderos, los fundantes. Esas imágenes seguían delante de mis ojos, mientras me acercaba a una puerta que se negaba a quedarse quieta. Pero luego de la renuncia de Vicente Zito Lema, solamente quedaron las pesadillas. El comienzo del 2003 marca la ruptura, porque la confianza en la gestión administrativa de Sergio estaba totalmente quebrada. Pero los cristales nunca se rompen sin dejar algunas astillas colgando. Cuando Sergio me contó que iba a cambiar el logo de la Universidad, la cantidad de carreras que pensaba crear, le pregunté si quería hacer una especie de UADE de los derechos humanos. Me dijo que sí. Hubo tantas discusiones, peleas, que prefiero olvidarme, aunque en verdad, no puedo olvidarme. Comprobé que era cierto que “un solo traidor puede más que mil valientes” ¿Pero quién decide quién es traidor y quién es leal? Los dioses de una época son los demonios de la siguiente, dicen los antropólogos. Yo, intentando llegar a esa puerta que me parecía imposible de alcanzar, me había convertido en un demonio para las Madres. Y mientras esa sensación cada vez era más insoportable, me encontré en la plaza de los dos congresos, escuchando gritos, mirando sin ver a otros y otras que también se iban y ahogado en la sombría tristeza de esa despedida sin sabor a miel, me preguntaba cuántos años tendrían que pasar para poder por lo menos escribir algo sobre las luchas que sólo se pierden cuando se transforman.

Fuente imagen: APE

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MIL

Diego Urretabizkaya (ACTA)

El próximo 8 de junio se cumple la marcha número mil de los jubilados. MIL. Mil miércoles marchando para exigir por sus derechos. Mil. Con calor, con frío, con lluvia o viento… Mil. Mil con la ropa que pudieron comprar con su magra jubilación. Mil con esos zapatos. Mil con poco en la panza y con falta de remedios. Mil sin regalos a sus nietos. MIL.

Mil marchas a distintos presidentes y funcionarios. Pasó Alfonsín con su baja de haberes, Menem y la entrega a las AFJP, De la Rúa, el quite del 13 % y el déficit cero. Cristina Kirschner y el veto a una Ley que duró solo 24 horas.

MIL…

Lloraron Ruckauf y Cavallo. Mil promesas incumplidas.

Mil donde a miles se les fue terminando la vida.

Se nos fue peleando el incansable Hector Quagliaro, militante de la resistencia peronista, de la CGT de los Argentinos, fundador de la CTA, presidente del Centro Nacional de Jubilados de ATE y la Federación de Jubilados de la CTA.

Se escuchan los ecos de los gritos desesperados de Norma Pla, quien llegó a la marcha 100 antes de morir en el 96. Y junto con ellos miles que no llegaban a fin de mes y que no se resignaron.

“No basta participar un día de exaltación en la batalla, sino se está preparado de cuerpo y alma para perseverar. El que afloja pierde y el que se va es un cobarde”, decía Quagliaro.

MIL. Mil maneras de protesta. Marchas, actos, volanteadas, choripaneadas frente a Economía. Huelgas de hambre, carpas, ollas populares… Mil. Hicieron mil…

Mil miércoles son casi 20 años. La huelga más larga de la historia Argentina, de La Federación Obreros en Construcciones Navales, duró catorce meses. Mil donde nuestros jubilados, que no pueden parar su capacidad de trabajo, pusieron lo único que podían poner: su cuerpo.

De cada mil jubilados, ochocientos cobran hoy jubilaciones iguales o inferiores a la mínima: MIL doscientos veintisiete pesos…

Mil mañanas saliendo de sus casas para llegar a la marcha.

Los jueces y los altos funcionarios judiciales cobran el 82 % móvil, también los diplomáticos.

Mil noches mascando bronca.

Mil de tu mamá, mil de tu abuelo, de tu viejo.

MIL.

Diego Urretabizkaya es Secretario de Comunicación y Difusión de la CTA Neuquén.

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Argentina. El Superior Tribunal, preocupado por la situación carcelaria: Afirman que el estado de las cárceles chaqueñas viola la Constitución

CHACO DIA POR DIA

Así lo consideró el presidente del STJ, Ramón Ávalos. Fue tras una reunión calificada como “sumamente fructífera” por sus participantes, entre el Superior Tribunal y el Poder Ejecutivo para mejorar la calidad del sistema carcelario provincial.

En una reunión que fue calificada como “sumamente fructífera” por sus participantes, el Superior Tribunal de Justicia y el Poder Ejecutivo acordaron avanzar en acciones conjuntas que permitan mejorar la calidad del sistema carcelario provincial. En tal sentido se trazó un plan de acción tendiente a culminar lo más pronto posible la alcaidía de Sáenz Peña (su inauguración está prevista para agosto), además de presentar la licitación para la de Laguna Blanca y, luego de ello, refaccionar íntegramente la alcaidía de Resistencia, según dio a conocer la oficina de prensa del Poder Judicial.

En el encuentro, del cual tomaron parte el presidente del Alto Cuerpo, Ramón Rubén Ávalos, junto a sus pares Alberto Modi, María Luisa Lucas y Ricardo Franco; además del gobernador Jorge Capitanich y el vice Juan Bacileff Ivanorr, se concluyó elaborar un plan de acción 2011-2013 tendiente a reforzar las alcaidías de todas las cabeceras de jurisdicción para dotarlas de los requisitos necesarios para su funcionamiento.

Al término del cónclave Ávalos consideró muy valioso que “el Estado asuma el problema carcelario”. En tal sentido agregó que las cárceles chaqueñas actualmente “violan la Constitución Nacional”, pero aseguró enfáticamente: “estamos trabajando para que en un plazo breve esta situación se revierta por completo”.

Por su parte Bacileff Ivanoff insistió en lo importante que resulta el trabajo compartido entre los poderes del Estado. Finalmente detallaron que desde el Ejecutivo se reforzarán las partidas para conseguir la conclusión de las obras de los palacios de tribunales de Charata y Castelli; y que se planteó la necesidad de contar cuanto antes con el cuarto juzgado laboral con asiento en Resistencia.

Fuente imagen: CHACO DIA POR DIA

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Argentina, Córdoba: Los trabajadores siguen pagando con su cuerpo

Eduardo Ahamendaburu - Silvia Belga (PRENSA RED)

A raíz de las graves quemaduras que sufrieron cuatro operarios de la nueva Central Termoeléctrica de la Epec en la ciudad de Pilar, el Instituto de Salud y Medio Ambiente (ISLyMA-CTA) denuncia la política de tercerización que transforma la vida y la salud en un insumo mas de los procesos productivos.

Electroingeniería vuelve a ser noticia. Sin embargo, los motivos no son esta vez los escándalos y sospechas de corrupción, como fue el caso Skanska, los sobreprecios en obras eléctricas en Santa Cruz, o sus aceitados vínculos políticos a nivel provincial y nacional que le permitieron un crecimiento exponencial en los últimos años

En esta oportunidad, ocupa la atención pública, por las gravísimas quemaduras sufridas el 1º de junio por cuatro trabajadores de una empresa tercerizada por Electroingeniería, concesionaria del mantenimiento desde diciembre del año pasado de la nueva Central Termoeléctrica de la EPEC, en la ciudad de Pilar, a raíz de fallas en la seguridad eléctrica en una celda de 6,6 kilovoltios, en la que desarrollaban tareas de mantenimiento.

Es posible entrever una urdimbre de responsabilidades que posibilitaron el hecho y sus terribles consecuencias. Desde el Gobierno Provincial, pasando por la EPEC, Electroingeniería y su sociedad con Siemens (acusada en Estados Unidos, Alemania y otros países de cargos de cohecho, corrupción y falsificación de libros contables) y finalmente la empresa de la que dependen directamente estos trabajadores.

Aún está fresco el recuerdo de la explosión de un horno de ACINDAR en Villa Constitución, en donde como en Pilar, fue producto de la cadena monstruosa de tercerizaciones cuyo único objeto es reducir costos y acrecentar ganancias que se concentran en muy pocos.

La política de tercerización transforma la vida y la salud en un insumo mas de los procesos productivos, fácilmente reemplazables en el contexto de precarización y de bajo costo por obra y gracia de las A.R.T.

Es menester, ante este tipo de acontecimientos, que el poder público tome cartas en el asunto; y no lo deje librado a un simple dictamen de la ART y al pago de la indemnización de rigor.

Pero por sobre todo, son necesarias organizaciones de trabajadores que no miren para otro lado ante este tipo de hechos y se generen formas democráticamente participativas en defensa de la salud y la vida, so pena que ante el próximo “que se vayan todos” sus dirigentes queden inscriptos en los anales de la ignominia.

Eduardo Ahamendaburu (Presidente ISLyMA) – Silvia Belga (Secretaria de Salud Laboral).

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Argentina, Tucumán: En la Facultad de Artes de la UNT no dieron quórum parar tratar el rechazo a los fondos de Minera Alumbrera

PRIMERA FUENTE

Finalmente los seis consejeros de la Facultad de Artes de la UNT que responden al rector Juan Alberto Cerisola no se atrevieron a dar quórum y dejaron caer la sesión en la que iba a tratarse un proyecto que estipulaba el rechazo de esa unidad académica a los fondos de Minera Alumbrera.

En rigor, la iniciativa que ayer iba a ser tratada por el Consejo Directivo impulsa que los fondos provenientes de las utilidades de la explotación minera sean retenidos en una cuenta creada para tal fin, ante la presunta imposibilidad legal de su rechazo explícito.

El proyecto también busca promover ante el Consejo Superior de la UNT la disolución de la UTE entre la minera e YMAD (Yacimientos Minerales de Aguas Dionisio, sociedad integrada por representantes del gobierno de Catamarca, la UNT y el gobierno nacional) y gestionar el cierre definitivo de la explotación a cielo abierto en lo que queda del lugar Bajo La Alumbrera.

Los seis consejeros que no dieron quórum (uno del estamento no docente, un egresado, un Jefe de Trabajos Prácticos y tres estudiantes de la agrupación cerisolista “D+ Sumate x la diferencia”) son los mismos que el jueves 19 de mayo no permitieron que esta iniciativa sea tratada sobre tablas en sesión. Tras esto, el proyecto obtuvo el miércoles dictamen favorable por parte de la comisión de Enseñanza y, de esta forma, integró el orden del día de la malograda sesión ordinaria convocada para ayer.

“Entregué a cada consejero un informe que fundamentaba a la iniciativa. Decidieron hacer caer la sesión para tener tiempo en obtener algún argumento que intente rebatir cada uno de los puntos que planteamos. No quisieron pagar el costo político de sesionar y rechazar el proyecto”, expresó la docente Myriam Genisans.

Dicho informe cuestiona el rol de la UNT como socia de Minera Alumbrera, empresa denunciada penalmente en la Justicia, y la responsabilidad que le cabe a la Universidad como facilitadora de la “implantación del modelo de explotación a cielo abierto en resguardo de amplios beneficios para el sector corporativo”, sostiene el documento.

“La Unión Transitoria de Empresas continúa profundizando la destrucción territorial, la afectación a los acuíferos, trasvasando cuencas, avanzando con el drenaje ácido de mina, afectando a los territorios con glaciares, periglaciares y vegas de ríos; continúa dinamitando en el territorio, exportando minerales sin control del Estado, criminalizando a los pobladores que protestan contra su accionar; proyectando más explotaciones a cielo abierto en el Sistema del Aconquija ( minera Agua Rica y otras)”, agrega el pronunciamiento.

En forma paralela, desde Artes también se impulsa que se constate el daño socioambiental causado por la explotación, “estudiando las múltiples denuncias penales a los fines de gestionar las remediaciones ambientales posibles y programar las acciones tendientes al monitoreo permanente y mitigación que el drenaje ácido de mina requiere a futuro”.

Ahora, todo indica que la iniciativa sea tratada en la próxima sesión ordinaria del cuerpo que se realizaría el 16 de junio próximo.

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Argentina, Tucumán: Piden juicio político contra el juez que avaló desalojos a los quilmes

PRIMERA FUENTE

La Comunidad India Quilmes y la fundación Andhes presentaron ayer ante la Legislatura de Tucumán un pedido de juicio político contra el juez Civil de Documentos y Locaciones de la IIIª Nominación, Juan Carlos Peral. Lo acusan de falta de cumplimiento de los deberes a su cargo y desconocimiento del derecho.

Desde Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) adelantaron que la causal de “falta de cumplimiento de los deberes a su cargo” se encuentra fundada en la realización de actos “de manifiesta arbitrariedad”, por parte Peral. Esto se refleja, según los demandantes, en las sentencias dictadas contrarias al ordenamiento jurídico vigente en posición evidentemente parcial a favor de Comunidad Aráoz Hnos.

Consideraron que las resoluciones de este magistrado violan garantías constitucionales básicas. Asimismo, plantearon que “existe un grave desconocimiento del derecho vigente por parte del Juez Peral, que ha perjudicado en sobremanera y de un modo directo los derechos e intereses de la Comunidad India Quilmes”.

Desde Andhes, agregaron que “no quedan dudas que el juez ha dejado de mantener su buena conducta en términos constitucionales (art. 112 Constitución Provincial). La delicada misión de resguardar y respetar las leyes Supremas y el orden normativo vigente, ha sido groseramente quebrantada por este magistrado, dejando a la CIQ y a la sociedad toda, con una marcada indefensión”.

En la presentación que realizaron ante la Legislatura provincial en expresaron que “el mal desempeño se configura también con la falta de idoneidad (profesional y moral) de un magistrado. El Juez Juan Carlos Peral desconoce con su accionar arbitrario no sólo reglas procesales de derecho y normativas de orden público, sino que, más grave aún, desconoce la preexistencia étnico-cultural, la identidad, la espiritualidad y las instituciones de los Pueblos Indígenas que habitan en el territorio provincial –tal el caso de la Comunidad India Quilmes-, y todo el plexo normativo constitucional que los ampara”.

Desde el año 2008 en la localidad de Colalao del Valle, la Comunidad India Quilmes (CIQ) “viene sufriendo un verdadero asedio judicial —a través de diversas acciones penales y civiles— por la sociedad de hecho ‘Comunidad Aráoz Hermanos’, quienes se arrogan la propiedad de una parte del territorio indígena de dicha comunidad situado en la zona de Colalao del Valle”, plantearon los demandantes.

El predio en cuestión consta de 4 hectáreas ubicadas a la vera de la ruta Nº 40 y es un lugar ancestral de pastoreo de animales y recolección de leña, en donde actualmente viven cerca de cinco familias indígenas, de las 40 familias que habitaban el lugar antes de los desalojos que se vienen sucediendo desde hace dos años.

A fines de 2008, Comunidad Aráoz Hermanos realizó ante el juzgado de Paz de Colalao del Valle, a cargo de Adolfo Salazar, un amparo a la simple tenencia en contra de varios comuneros integrantes de la CIQ. La acción fue resuelta a su favor y confirmada por el juez Dr. Juan Carlos Peral, el 12 de febrero de 2009.

El juez Peral confirmó la resolución del juez de paz -aún cuando Salazar ya se encontraba denunciado por la CIQ ante la Corte Suprema de Justicia de la Provincia por parcialidad manifiesta-. La sentencia fue ejecutada con desalojo efectivizado con gran violencia con la quema de las casas y bienes de las familias indígenas que allí vivían. La medida fue cumplida y la tenencia de las 4 hectáreas fue entregada al actor Comunidad Aráoz Hnos., libre de ocupantes.

Días después del mencionado desalojo, la Comunidad India Quilmes “en ejercicio del derecho de defensa de su territorio ancestral”, volvió a ocupar de manera pacífica este predio, llevando nuevamente sus animales y reconstruyendo las casas destruidas.

El 4 de diciembre de 2009, el juez Peral hizo lugar a una nueva medida de desalojo solicitada por Salazar, indicando que no se trataría de un nuevo desalojo sino la continuidad de la ejecución de la sentencia del amparo original. La medida se cumplió otra vez con violencia, destruyendo lo reconstruido –salón de uso comunitario incluido- y sin consideración alguna de la presencia de mujeres, ancianos y niños.

En sentencia del 6 de abril de 2011, Peral confirmó un nuevo pedido del juez de Paz, Adolfo Salazar, disponiendo un nuevo desalojo a favor de la Comunidad Aráoz Hnos. del predio en cuestión. Otra vez a todas luces arbitrario: sin nuevas constataciones oculares, sin nueva demanda ni nuevo proceso.

Bajo estas irregularidades, ordenó el tercer lanzamiento, el cual fue resistido por decenas de hombres y mujeres de la CIQ quienes recibieron por parte de efectivos policiales de la provincia gases lacrimógenos y balas de goma: grave situación de violencia, con heridos de ambas partes y claramente evitable por su manifiesta ilegalidad.

“Quienes suscribimos el presente pedido de Juicio Político no entendemos como el Juez Juan Carlos Peral pudo —y continúa haciéndolo— disponer semejante medida, con todo lo que esto implica: reiteramos, la misma ya fue cumplida con anterioridad, en dos oportunidades, constando ello en el expediente principal”, indicaron desde la CIQ y desde Andhes.

La ley 26160 y el Relevamiento del territorio indígena

Mención aparte merece el constante desconocimiento que a través de sus actuaciones manifiesta este magistrado respecto de la ley nacional Nº 26.160 y su prórroga (Ley 26.544).

Esta normativa es de orden público y declara en su artículo 1º la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquéllas preexistentes. Asimismo, ordena se suspenda por el plazo de la emergencia declarada (4 años), la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras contempladas en el artículo 1º.

La CIQ se haya inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas y es una comunidad reconocida histórica y legalmente a nivel provincial, nacional e internacional.

“El cuestionado juez no sólo ha confirmado tres desalojos desconociendo la ley 26.160 sino que en sus escritos ha dejado constancia de una interpretación completamente errada de la misma, al considerar que para pedir su aplicación se debe acompañar el relevamiento territorial” señalaron.

La emergencia declarada por la ley 26.160 se extiende por el plazo que dure el Relevamiento Territorial Indígena que la misma norma ordena. Dicho relevamiento está realizándose en todo el país, por diferentes expertos y organismos estatales (Universidades, INAI, etc.). Tucumán no es ajeno a este importante avance institucional.

Desde Andhes destacaron que “el estado argentino – y su poder judicial – tiene la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos de los pueblos indígenas, reconocidos constitucionalmente, so pena de incurrir en responsabilidad internacional” al tiempo que recordaron que se encuentra pendiente de resolución el pedido de protección internacional solicitado a favor de 10 comunidades indígenas de la provincia, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

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Autonomía de patrones, gobiernos y partidos: Otra vergonzante injerencia del Gobierno en las elecciones de la CTA

ACTA

La Central de Trabajadores de la Argentina denunció que el ministro de Trabajo Carlos Tomada le comunicó telefónicamente al secretario general de la CTA, Pablo Micheli, la decisión de la cartera laboral de apelar el fallo del juez Candal que confirmó la legalidad de las elecciones complementarias de la Central del 9 de diciembre de 2010, que consagró el triunfo de la Lista 1 Germán Abdala.

En un comunicado de prensa firmado por Pablo Micheli y Ricardo Peidro, secretario General y Adjunto de la Central respectivamente, se señala que "no es la parte “interesada” la que comunicó su intención de apelar, sino el propio Ministerio de Trabajo".

Y sigue: "Se trata de una nueva y grave injerencia del Gobierno en los asuntos internos de la CTA que no puede ser entendido sino como otro intento de condicionar e interferir en la independencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que es el tribunal que debe decidir en segunda instancia".

"Aunque cada vez que se votó ganó la lista de Micheli, el Gobierno no trepida en utilizar cualquier herramienta con tal de sostener a su candidato perdidoso, Hugo Yasky, en la conducción de la Central" añade la declaración.

Por último, indica que "una vez más exhortamos al Gobierno que deje de entrometerse en la vida institucional de la CTA pretendiendo, en esta oportunidad, influenciar y condicionar al Poder Judicial que, confiamos, mantendrá su independencia y decidirá jurídica y objetivamente como lo ha hecho el juez de primera instancia, pese a la batería de presiones impulsadas desde el Ministerio de Trabajo".

Proyecto de Declaración

Por otra parte, y a instancias del diputado Claudio Lozano, se ingresó a la Cámara Baja un proyecto de Declaación donde se expresa "repudio y preocupación por la decisión del Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Trabajo, de seignar arbitrariamente y en completa violación a una demanda judicial, una delegación de la CTA presidida por el ex secretario Hugo Yasky, como primer Consejero Técnico en la OIT", en la 100º Conferencia Internacional del Trabajo.

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Campesinos bolivianos respaldan la nueva ley productiva

PL

Organizaciones campesinas e indígenas de Bolivia respaldaron hoy un anteproyecto de norma para el desarrollo productivo que el Ejecutivo envió a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su análisis y aprobación.

Según Rodolfo Machaca, dirigente de la confederación de los labriegos, la iniciativa, que impulsa el llamado Pacto de Unidad, podría ser promulgada el 21 de junio próximo, cuando se celebra aquí el Año Nuevo Andino Amazónico.

Machaca señaló que la actual crisis alimentaria en el mundo, de la cual no escapa Bolivia, obliga a todas las organizaciones sociales a realizar su aporte.

La norma de 50 artículos, dijo, presentada en Palacio Quemado por el propio presidente Evo Morales, prevé créditos, transferencias, seguro agrícola, los trabajos de recuperación y fertilización de la tierra, la mecanización, semillas, y la transformación con valor agregado.

Anunció que además está previsto el apoyo del Fondo de Desarrollo Indígena, principalmente en asistencia técnica.

Uno de los aspectos más novedosos de la ley, según Machaca, es el nacimiento del Seguro Agrario Universal para que los productores tengan plenas garantías y no se vean afectados por las consecuencias del cambio climático.

Agregó que también se promoverá la creación de dos empresas estatales que produzcan fertilizantes y semillas para superar la crisis existente en ese rubro.

También constituirán un Observatorio Agroambiental Productivo que realizará un monitoreo de la producción, con el objetivo de prevenir los problemas de abastecimiento.

Otra de las propuestas contenidas en el proyecto es la creación de un Comité de Bioseguridad que verifique la calidad de los productos.

Por su parte, el director del Programa de Seguridad Alimentaria (PASA), Reimi González, precisó que se tienen más de siete millones de hectáreas que pueden ser utilizadas para reforzar la producción agraria, impulsada por el anteproyecto de ley.

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Brasil: Disponen el envío de efectivos de las FFAA a Amazonia para contener ola de violencia contra campesinos

ANSA

Efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Federal serán enviados a la región amazónica donde en los últimos 10 días fueron asesinados 5 campesinos, algunos ligados al movimiento de los sin tierra.

"Vamos a lanzar, de común acuerdo entre el gobierno federal y los estados, la Operación Defensa de la Vida, que comprende una acción que involucra a la Policía Federal, Policía Caminera Federal, Fuerza Nacional de Seguridad y Fuerzas Armadas" dijo el ministro de Justicia, José Eduardo Cardoso.

El campesino Marcos Gomes da Silva fue asesinado esta semana en el estado amazónico de Pará, donde la semana pasada fueron muertos otros dos labradores que denunciaban a los traficantes de maderas.

Gomes da Silva fue muerto a balazos y luego su oreja cortada, al igual que ocurrió con otro de los campesinos asesinados el 24 de mayo en Pará, estado donde dos sicarios asesinaron en 2005 a la monja estadounidense Dorothy Stang.

El ministro de Defensa, Nelson Jobim, y el titular de Justicia, Cardoso, que ayer analizó la situación con la presidenta, Dilma Rousseff, viajarán a la Amazonia próximamente.

"Tenemos que investigar con mucho rigor y mucho cuidado" los asesinatos en Pará y otros estados amazónicos "y garantizar punición ejemplar" a los responsables, declaró Cardoso.

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Rechazan profundización de política neoliberal en Chile

Omar Mendoza (XINHUA)

Los chilenos están rechazando la política neoliberal que se aplica en el país desde hace más de tres décadas, dijo hoy el diputado Lautaro Carmona, secretario general del Partido Comunista de Chile (PCCh).

En entrevista exclusiva, el dirigente destacó de esa manera las masivas marchas de protesta de las últimas semanas en contra de la construcción del megaproyecto HidroAysén y en defensa de la educación pública.

A su juicio, "lo que se está produciendo ahora en Chile es la profundización de las políticas neoliberales en cuanto a la reducción del rol del Estado, afectando las conquistas que se habían logrado".

"El movimiento popular chileno ha decidido salir a las calles y hacer lo que más incomoda a un gobierno de derecha, como el actual, que es la intranquilidad social en defensa de la democracia", señaló.

Comentó que las soluciones energéticas del gobierno son las que proponen los empresarios, que "buscan grandes utilidades a corto plazo sin importar si se destruye el medio ambiente o el precio que va a tener que pagar la población por la energía".

"Por eso, se despertó un gran movimiento de protesta ante la aprobación del megaproyecto HidroAysén, que incluye la construcción de cinco hidroeléctricas en la Patagonia chilena", precisó.

En su opinión, "Chile necesita tener una política energética a largo plazo y no del gobierno de turno, y para eso se debe convocar a expertos autorizados de todos los sectores, sin descartar que sea consultada la ciudadanía a través de un plebiscito".

Resaltó que "los miles que se movilizan en defensa de la Patagonia fueron capaces de hacer conciencia medioambiental sobre la destrucción de la naturaleza en esa región sureña del país".

El proyecto, por un monto de 3.200 millones de dólares, fue aprobado por la comisión medioambiental local de Aysén, y ahora el gobierno debe decidir si seguirá adelante tras nuevos estudios.

Carmona explicó que, por su parte, los estudiantes "están defendiendo lo que queda de educación pública en el país, exigiendo la responsabilidad del Estado en la educación superior y el aumento de los presupuestos de las universidades estatales".

Recordó que la educación pública para todos fue una conquista histórica de los chilenos en el siglo pasado, y que "el magisterio está luchando también por fortalecer la educación pública, porque el gobierno promueve en el parlamento leyes que van a ampliar la privatización del sector".

El legislador afirmó que, con sus reformas, el gobierno del presidente Sebastán Piñera intenta profundizar "el modelo neoliberal, que hace que el Estado tenga un rol subsidiario, reduciendo su gestión al máximo, y traslada sus deberes al sector de los negocios".

Indicó que, por falta de personal y bajos salarios en los hospitales, no se ofrece el servicio adecuado, y ha surgido la "lista de espera" para las operaciones quirúrgicas, y el gobierno decidió que esos enfermos se operen en las clínicas privadas con el presupuesto del Estado.

El dirigente se refirió a los cuatro indígenas mapuche que llevan más de 70 días en huelga "luchando por sus tierras ancestrales, y reclaman que su pueblo, el más mayoritario, pueda sobrevivir". También ha habido marchas por su liberación.

Aseguró que en el juicio contra Héctor Llaitul, Ramón Llanquileo, José Huenuche y Jonathan Huillical se utilizaron testigos sin rostro y se les aplicó la Ley Antiterrorista, siendo condenados a entre 20 y 25 años por el ataque a un fiscal, que resultó ileso.

Estos jóvenes fueron declarados inocentes por una instancia judicial, y se espera que la Corte Suprema deniegue o ratifique el fallo.

Lautaro Carmona opinó que actualmente en Chile se han unido las luchas por los derechos a la educación y salud, la protección del medio ambiente, los intereses de los trabajadores y el reclamo del pueblo mapuche.

"Por lo tanto, lo que está caracterizando el escenario político es el rechazo a las políticas neoliberales respecto al rol del Estado, con un despertar del movimiento de masas que empieza a expresar su opinión en un contexto de movilización social", agregó.

Dijo que a eso se agrega que "hay un gobierno de derecha, que muestra arrogancia y soberbia, y que está siendo afectado por sus propios errores, a pesar de su lema de "gobierno de excelencia".

Mencionó que el nivel de rechazo ciudadano del gobierno entre la población es muy alto, como lo demuestran las encuestas, y la opositora coalición Concertación, que estuvo 20 años en el gobierno hasta 2010, no ha sido una contrapartida consecuente.

Finalmente, Carmona consideró que "a menos de la mitad de mandato, el gobierno está desacreditado e, incluso, le falta unidad a la coalición de partidos que lo apoyan".

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Ecuador sin relaciones con Honduras mientras estén golpistas

PL

El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, anunció que aunque Honduras regresó a formar parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), no restablecerá relaciones diplomáticas mientras estén en el poder los golpistas.

Subrayó que "mientras en el gobierno hondureño descaradamente estén participando los golpistas (que derrocaron y expulsaron al ex presidente Manuel Zelaya) y se mantengan en la más absoluta impunidad, no podemos restablecer relaciones con este Gobierno".

En el marco de un conversatorio con periodistas de varios medios de comunicación en la Gobernación provincial de Esmeraldas, Correa se refirió a esa decisión adoptada la víspera por la OEA en su sede de Washington, con 32 votos a favor y sólo el de Ecuador en contra.

La representante de Ecuador ante ese organismo, María Isabel Salvador, defendió la opinión de su gobierno, que según recordó hoy el Mandatario, es la misma que hace dos años cuando ocurrió el hecho que fue repudiado por la comunidad internacional.

"Siempre nuestra posición ha sido la misma, como era al inicio la de muchos países de América Latina. Respetamos muchísimo si cambiaron de posición, nosotros no", puntualizó Correa, al condenar la impunidad a los golpistas en cualquier país latinoamericano.

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Perú: Crecimiento para todos promete Ollanta Humala

PL

El candidato presidencial peruano Ollanta Humala ratificó su promesa de reformas sociales concertadas para hacer que el crecimiento llegue para todos, en una masiva y última concentración proselitista.

Humala encabezó una multitudinaria manifestación anoche en esta capital, en el último día en el que estaban permitidos los actos públicos de ese corte, antes de la elección en segunda vuelta que el domingo próximo lo enfrentará con la conservadora Keiko Fujimori.

Tras señalar que los frutos del crecimiento económico deben beneficiar a todos y no solo a unos cuantos, advirtió que tal bonanza es transitoria porque se debe fundamentalmente a los altos precios de los minerales, principal producto de exportación del país.

Por ello, planteó avanzar al desarrollo integral y el estímulo a la producción nacional, para que Perú consuma lo que produce.

Dijo también el pueblo debe votar el domingo sin miedo y con memoria, para preservar la democracia e impedir la vuelta a un pasado oscuro en el que fueron esterilizadas 300 mil mujeres, un tiempo en que se desaparecían estudiantes y se eliminaba a periodistas.

Al acto asistieron el expresidentes Alejandro Toledo y líderes de otras fuerzas que apoyan a Humala, de centro e izquierda, así como intelectuales, artistas y otras personalidades.

A poca distancia, la candidata Fujimori encabezaba otra manifestación en la que se proclamó como garantía de la continuidad del modelo económico y lanzó ataques contra Humala y contra las corrientes progresistas latinoamericanas.

Al acto asistieron el excandidato presidencial Pedro Kuczynski y la exministra de Economía Mercedes Aráoz, ambos neoliberales, que se han sumado a la campaña de Fujimori.

De otro lado, una nueva encuesta confirmó el llamado empate técnico entre los dos candidatos. El sondeo, de la empresa CPI, confirma el repunte de Humala, al asignarle 50,5 por ciento frente a 49,5 de su rival.

El pasado domingo otra encuesta de CPI daba a Fujimori una superioridad de casi cuatro puntos a Fujimori, que el miércoles último se había reducido a dos puntos.

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Aborto, cuestión de todas y todos

Isabel Soto Mayedo (PL)

En este siglo, en que se habla de derechos humanos y de la necesidad de garantizar el respeto a estos, continúa entre límites la libertad de las mujeres para decidir respecto a su cuerpo.

Lo más debatido en ese sentido es el derecho al aborto, reducido en la mayoría de las ocasiones a la cuestión religiosa o a un mero capricho feminista, cuando en verdad es una cuestión de todas y todos.

La criminalización de la interrupción voluntaria del embarazo favorece sobre todo a los enrolados en un negocio ilegal organizado que mueve millones de dólares por año en los países donde esta práctica es ilegal y provoca la muerte de millones de mujeres en todo el mundo.

Estas son algunas de las razones por las cuales organismos internacionales y entidades civiles relacionan la problemática con la violación del derecho de las féminas a no ser sometidas a tratos crueles, inhumanos o degradantes.

En los momentos finales de la vigésima centuria esta visión ganó terreno, en medio del reforzamiento de la polémica acerca del tema, tabú por la prevalencia milenaria de los dogmas alrededor de la vida y su preservación desde que es engendrada.

Contrario a lo dictado por la tradición, el aborto empezó a ser mirado desde entonces como parte de una concepción más integral de la sexualidad y la reproducción, estrechamente vinculado a la cuestión de los derechos humanos y a las condiciones de vida concretas de las mujeres.

Es a ellas a las que afecta de forma esencial la problemática, porque suele corresponderles la difícil decisión de mantener o acabar con la nueva vida que puja por crecer en sus vientres y que puede, de nacer, cambiarles de modo radical sus proyectos.

Los aires que soplaron en la etapa descorrieron cortinas y mostraron con mayor nitidez que el tema de los derechos sexuales y reproductivos es altamente político, por lo que comenzó a ser contemplado en las agendas públicas.

La carencia de servicios sanitarios acordes a las exigencias particulares de las mujeres, de información en cuanto a la planificación familiar, la penalización del aborto, entre otros aspectos, comprometen la capacidad de participación de estas en todos los órdenes de la sociedad.

Tales factores obran a favor de la proliferación de embarazos no deseados o en edades tempranas; de las interrupciones clandestinas, sin las condiciones higiénicas indispensables, y de la mortalidad materna.

Registros de la Organización Mundial de la Salud reflejan que el promedio anual de abortos en el mundo es de 35 a 37 por cada mil mujeres en edad reproductiva, vía por la cual un millón de muchachas entre 15 y 19 años interrumpen la gestación.

En América Latina y el Caribe, en particular, de los casi 18 millones de embarazos contabilizados por año, 52 por ciento no son planeados y 21 por ciento termina en aborto, pese a la estigmatización generalizada de esta práctica.

Fundaciones dedicadas a seguir la problemática coinciden en afirmar que, por esa razón, las estadísticas suelen estar por debajo de lo real y que casi 95 por ciento de las interrupciones ocurren de forma clandestina y sin seguridad para la salud de las gestantes.

Las impedimentas legales contra el derecho de determinar si continuar un embarazo o interrumpirlo provocan más de 10 mil decesos de féminas en esta región por año, 28 cada día, generalmente de bajos recursos.

Tanto en esta parte del mundo como en otras, los abortos clasifican como causa principal de muerte de embarazadas, más los datos demuestran que las decididas a someterse a ellos pocas veces renuncian a despecho de los riesgos por creerlo imprescindible en el camino hacia su realización.

Ello explica en parte la proliferación de redes y grupos sociales empeñados en despojar al aborto del estigma diabólico con que lo signaron, lograr su legitimación y conseguir otras disposiciones gubernamentales a favor de las mujeres.

Los asociados a estas agrupaciones abogan por el derecho de las féminas a determinar sobre la maternidad, a disfrutar de una sexualidad placentera y responsable, y de servicios estatales acordes con ello, lo que choca con dogmas, fundamentalismos y prácticas estatales ajenas a sus propósitos.

El influjo mantenido por las creencias y los compromisos pre-establecidos con las jerarquías por grupos políticos interesados en acceder al poder, convirtieron al aborto inducido en eje del enfrentamiento entre fuerzas conservadoras y progresistas.

Se esgrimen códigos de moralidad y argumentos en desuso, pero también la tendencia a dar marcha atrás en países en los que existían políticas pro abortistas, ante el envejecimiento de la población y el previsible caos de proporciones inimaginables en los niveles social y económico.

Sin embargo, el empuje por alcanzar la reivindicación del derecho de las féminas a determinar sobre su sexualidad y en particular, sobre su maternidad, logra resultados palpables.

Hacia 1982, el 10 por ciento de la población mundial vivía en países donde la práctica del aborto estaba prohibida en todas sus circunstancias y el 18 por ciento en los que estaba permitido sólo para salvar la vida de la mujer.

Más, durante los últimos 15 años, proliferaron leyes más abiertas en relación con la interrupción de los embarazos y hasta en algunos de fuerte raigambre católica, como España, el derecho quedó legitimado en toda su extensión.

Cosa aprendida por buena parte de la humanidad es que el aborto no es sólo un problema de ellas, sino de toda la sociedad y viabilizar la satisfacción del derecho de las mujeres a decidir respecto a su cuerpo es también garantizar el respeto a los derechos humanos.

Este es el primer espacio en el cual esos derechos se ejercen. La persona, en su dimensión física e intelectual, es una unidad indivisible y toda ella, en su diversidad, plena de dignidad y respeto.

La legitimación del aborto está emparentada con la responsabilidad social, la inequidad de género, la situación económica, la mortalidad y desolación por cuenta de interrupciones clandestinas y sin condiciones adecuadas, entre otros factores.

Muchas mujeres toman esta decisión porque es un embarazo no deseado, por falta de educación e información, por no acceder a anticonceptivos o porque fueron víctima de algún abuso.

Sea cual fuera el motivo de su determinación, ellas tienen derecho a interrumpir su embarazo en condiciones sanitarias óptimas, de forma abierta, y sin represalias, previo conocimiento de las posibles consecuencias de apelar a esta opción.

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