jueves, 9 de junio de 2011

Rupturas y secuencias: La rebelión de los pueblos frente a la hegemonía del mercado capitalista

Homar Garcés (especial para ARGENPRESS.info)

Las rebeliones populares que parecen esparcirse desde nuestra América al resto de los continentes (incluyendo a Estados Unidos) tienen sus raíces en el orden capitalista sobre el cual se estructuraron estas sociedades. Así, las exigencias legítimas de estos pueblos de una democracia, justicia e igualdad realmente efectivas, sin subordinaciones de ningún tipo a poderes extranjeros; tienen un común denominador: la economía de mercado, esto es, la maximización del lucro, la ganancia y la rentabilidad a través de la explotación de la fuerza de trabajo asalariada que impuso el neoliberalismo económico a nivel mundial durante la última década del siglo pasado.

Sin este elemento, la comprensión de estos sucesos que sacuden al mundo quedaría incompleta. Aunque los fenómenos sociales tienen su traza propia, determinada por características específicas, no menos es cierto que, en este caso, existen características comunes que podrían inducirnos a conclusiones apenas diferenciadas. Esto, no obstante, dependerá en gran medida de la capacidad política de los nuevos liderazgos que emerjan de estas manifestaciones populares, evitando las tradicionales manipulaciones de los sectores dominantes.

Lo que salta a la vista es que los pueblos ya no serán los mismos. Al miedo y a la sumisión, que tan buenos resultados les brindara a las minorías conservadoras, le han sucedido la indignación y la conciencia organizada. Los mismos han llegado a comprender que la soberanía les pertenece y pueden ejercerán directamente en las calles. Tal convicción popular, de por sí, mejora y extiende el viejo concepto de democracia formal y pone contra la pared a los gobernantes que pretenden desconocer los reclamos y expectativas colectivos en aras de los intereses de quienes dominan el mercado capitalista.

Para el gobierno estadounidense, lo mismo que para sus pares de Europa y Japón, tales rebeliones encarnan un serio revés a su política neoimperialista luego de la implosión de la URSS. Frente a ello, las tácticas del Imperio podrían sufrir algún cambio, no así su visión estratégica. Para los grupos hegemónicos de Estados Unidos es vital asegurarse el control directo de las economías nacionales, los recursos naturales y los recursos energéticos existentes a nivel planetario; para lograrlo, cuenta con un conjunto de acciones económicas, diplomáticas y militares, todas dirigidas a evitar el derrumbe de su rol hegemónico. Algo que podría agudizar la situación interna de muchas naciones, avivando, en consecuencia, una revolución popular indetenible y de signo radicalmente distinto a las anteriormente conocidas.

Esta rebelión de los pueblos frente a la hegemonía del mercado capitalista se caracteriza esencialmente por la presencia dinamizadora de sectores sociales que hasta ahora se mantenían al margen de la escena, pero que siempre desconfiaron de la honestidad y capacidad del estamento político. Esto se palpa por igual en Medio Oriente, Europa y nuestra América, por citar los casos más emblemáticos de la actualidad. En cada uno, el desprestigio y corrupción impune de quienes tradicionalmente detentaron el poder (incluso aquellos de tendencia aparentemente progresista y/o revolucionaria), sin producir mejoras significativas que repercutieran positivamente en la calidad de vida de la población, lo cual ha dado paso a la emergencia de un liderazgo nuevo en muchos aspectos, pero mejor identificado con las expectativas populares. Un hecho común simple de enormes repercusiones en lo futuro que obliga a repensar -con esquemas absolutamente nuevos- lo que será la historia de la humanidad y su emancipación integral.

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Colombia: “Las buenas palabras no frenan las violaciones de los derechos humanos”

Sergio Ferrari (especial para ARGENPRESS.info)

Al cumplirse este 7 de junio los primeros diez meses (300 días) del nuevo Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, numerosas organizaciones europeas alzaron el tono de voz, exigiendo a los gobiernos del continente una presión más consecuente y activa sobre Bogotá. A la base de esta denuncia, la constatación de la continuidad persistente de las violaciones de los derechos humanos y de la impunidad casi total en ese país sudamericano.

Una centena de redes, ONG y asociaciones acaban de suscribir un documento público exigiendo “hechos concretos y verdadera voluntad política” a las autoridades colombianas.

“Las buenas palabras no frenan la violación de los derechos humanos en Colombia”, enfatiza el documento firmado, entre otros, por la Oficina Internacional de Derechos Humanos Acción Colombia –OIDHACO, con sede en Bruselas; el Foro de Mujeres y Desarrollo de Noruega; Pan para el Mundo de Alemania; la Rete italiana Colombia Vive; la DKA de Austria; así como noventa asociaciones y partidos políticos del Estado Español.

Entre julio 2010 y abril 2011 se contabilizan 206 agresiones individuales contra defensores y defensoras de derechos humanos, incluyendo 34 asesinatos, puntualiza el documento.

Que señala que 15 líderes campesinos que reclamaban el derecho a la tierra de sus organizaciones en poblaciones del norte de Santander, Antioquia, Valle, Cauca, Nariño, Arauca y Tolima corrieron igual suerte en el mismo período.

“El drama del desplazamiento forzado continúa...Sólo en el primer trimestre del 2010 se han registrado en Acción Social 36.000 personas en tanto víctimas” de ese flagelo producto del conflicto, enfatizan las organizaciones europeas.

Quienes señalan los escasos avances reales del nuevo Gobierno en el área de desapariciones forzadas; en cuanto a las ejecuciones extrajudiciales -se documentaron 29 nuevos casos-; de las agresiones constantes a sindicalistas - cerca de 230 casos entre ellos 24 asesinatos-; del asesinato de dirigentes indígenas -122 casos- y del no respeto al mandato constitucional de la consulta previa a los pueblos indígenas y comunidades afro-colombianas.

Para las organizaciones europeas firmantes, estas violaciones constantes de derechos humanos y la vigencia de la impunidad de las mismos enmarcan una realidad preocupante.

Mirada helvética

“Compartimos el contenido del documento “300 Días de Juan Manuel Santos”. El cambio real con respecto al gobierno anterior de Álvaro Uribe se limita básicamente al tono usado frente a la oposición política, fingiendo un diálogo constructivo con las organizaciones de la sociedad civil”, enfatiza Stephan Suhner, coordinador del Grupo de Trabajo Suiza-Colombia.

A pesar de expresiones de buena voluntad de las nuevas autoridades, como por ejemplo la Ley de Víctimas o de Tierras, muchas de las medidas tomadas o en camino son insuficientes, enfatiza el experto en Colombia.

En cuanto al tema prioritario de la tierra, “se habla de restituir 2 millones de hectáreas a los campesinos desplazados...Pero el total de la tierra robada en el marco del conflicto interno es de 6 millones de hectáreas. ¿Qué pasa con las 4 millones restantes?”, se interroga Suhner.

El experto suizo enfatiza que “en el área minera – una de las locomotoras de esta nueva administración- y en relación específica a los efectos sobre el medio ambiente, no se ve voluntad alguna de concertar con las poblaciones y comunidades directamente afectadas”.

Por último, Suhner reconoce ciertos avances en el terreno de la política internacional, como por ejemplo, la resolución de la crisis entre Colombia y Venezuela. “Aunque pienso que esos pasos positivos no están lejos de un cálculo político: mejorar la reputación de Colombia. Apostando a que la mejor imagen externa del país facilitará la suscripción de los Tratados de Libre Comercio pendientes y las inversiones extranjeras en general”, enfatiza.

“La Unión Europea no puede seguir callada”

En paralelo al documento de la sociedad civil europea, y a partir de su sede en Bruselas, Bélgica, la OIDHACO (Oficina Internacional de Derechos Humanos-Acción Colombia) hizo llegar a la Unión Europea (UE) tres reivindicaciones centrales.

En primer lugar que la UE exija avances verdaderos a Bogotá, “ya que las cifras de violaciones no solo no han cesado durante el Gobierno de Juan Manuel Santos sino que se han incrementado”.

También que exija a Bogotá reconocer públicamente la existencia de grupos paramilitares en 32 departamentos del país. Dado que “actualmente los presentan como delincuentes comunes y sus crímenes contra organizaciones y defensores de derechos humanos aparecen como consecuencia de la violencia común”.

Y, por último, exige que la comunidad europea se comprometa en la lucha contra la impunidad vigente en ese país sudamericano “la que ronda en el 97% de los casos denunciados” según la OIDHACO.

De los más de 50 mil supuestos desmovilizados en el proceso de la Ley 975, tan solo existe una condena en firme dictada por la Corte Suprema de Justicia.

La ONG española Intermón-Oxfam denuncia que entre 2001 y 2009, 490.000 mujeres fueron víctimas de violencia sexual. En el marco de la Ley 975 de 2005 de Justicia y Paz, los paramilitares han confesado un total de 70.780 delitos. De estos solo 69 casos hacen referencia explícita a violencia sexual. Hasta la fecha no hay ninguna sentencia condenatoria frente a este crimen, denuncia el documento público.

Sergio Ferrari, en colaboración con Le Courrier y swissinfo.

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Entre enojos y olvidos: El imperio, llama…

Ingrid Storgen

Porque odio la injusticia, alzo mi voz por Julián Conrado.

Hace poco más de un mes, a pedido del gobierno colombiano, Venezuela entregó al periodista nacionalizado sueco, Joaquín Pérez Becerra, nacido en Colombia, sobreviviente de la masacre de la Unión Patriótica y esposo de una víctima masacrada por las hordas colombianas en ese país donde se instaló el Terrorismo de Estado, hace varias décadas. Se habló mucho del tema, las expresiones de repudio al hecho fueron sorprendentes. También los enojos de quienes pensaron que se trató de una campaña funcional a la derecha escuálida. Aunque carecieran de elementos para afirmarlo y a nosotros nos sobraran esos elementos para patalear por un compañero revolucionario.

No faltó quien diera a entender que somos soberbios -los solidarios, digo- y hasta que Pérez podría ser un agente pago por esos mismos que lo metieron preso… “Elevadísimo criterio” analítico que marca la génesis real de quienes se atribuyen la “verdad” al más puro estilo secta Pare de Sufrir, o YO SOY el camino.

Pena grande que quienes se mostraron ofendidos (volverán a estarlo cuando lean esta nota) fueron nada más ni nada menos que grandes intelectuales que saben muy bien interpretar las palabras, hacer análisis políticos y desmenuzar párrafos. Intelectuales, que por otra parte, históricamente hicieron de la solidaridad un culto, como corresponde, aunque esta vez se apartaran de ese marco.

Pena más grande que interpretaran que quienes sin tener un perfil elevado y jamás gozáramos de acceso a grandes medios, nos convertimos de la noche a la mañana en los grandes “desestabilizadores” de una política que tanto apoyamos, incluido Pérez como bolivariano, quien habló cuando muchos callaron, sobre temas que, claro, eran fuertes. El horror cuando se lo desnuda, se vuelve peligroso. Hacerlo es ganarte el título de guerrillero.

Pasamos a convertirnos en una especie de demonios, lo que no pudieron decir nunca es que nos pagaron, porque jamás nadie nos dio un peso ni para pagar el servicio de internet para poder contar lo que otros callan y mantener siempre en alto la coherencia y la solidaridad como estandarte irrenunciable. No sabemos, no queremos, no intentamos negociar principios, guste a quien le guste y a quienes no, también.

Como sabemos, el terrorismo genera respuestas, no cualquiera tiene el alma tan fría y el estómago resistente como para quedar de brazos cruzados mientras su pueblo es masacrado. Sabemos que muchos y muchas recuerdan esas palabras magníficas de Bertolt Brecht “ayer fueron por…” y actúan, haciéndolo desde el espacio que sienten, deben ocupar. O el que las circunstancias les exigen. No es lo mismo un análisis desde lejos que desde un escenario tapizado de restos humanos despedazados.

Personalmente sostengo que las armas no resuelven nada, pero ojo, las armas de ningún lado, mucho menos si quien las alza primero es un estado.

Entre quienes optaron por ese camino en un país repleto de fosas comunes en las que se encontraron restos de niños ¿terroristas? civiles, luchadores desarmados, paramilitarismo, motosierras despedazadoras no de árboles, sino de pueblo, carteles de narcotráfico y demás fauna zoológica de espanto, está Julián Conrado, cantautor, revolucionario y paradójicamente, como tal, bolivariano. Julián fue apresado por fuerzas conjuntas colombo-venezolanas. ¡Caramba, cómo cuesta enlazar, guión mediante, esa unidad…! Convengamos que Colombia es un estado terrorista, Venezuela es declarada república bolivariana…

Mucho menores fueron las expresiones de solidaridad con respecto a las que obtuvimos por Pérez Becerra, claro, Julián vivía hace varios años en Venezuela y faltó que Santos, el Mossad y la Cía lo descubrieran.

Da risa pensar que nadie se enojó ni molestó al observar que esa también fue una descalificación hacia la Venezuela chavista, pues se dijo, subliminalmente, que a los “delincuentes” los deben descubrir los pitiyanquis…

O será que en otros momentos, el comandante pedía se reivindiquen como fuerzas beligerantes -echando por tierra la calificación de terrorista- a las organizaciones en lucha armada desde que el plan Lasso (Latin American Security Operations) se descargara sobre Colombia, en mayo de 1964.

Los tiempos cambian, los hombres y las mujeres, también. Pena que desde la izquierda revolucionaria, los cambios generalmente son para peor. Lo importante, más allá de disculpas o no, de enojos o no, de demonizaciones o beatificaciones, es que Julián Conrado podría ser extraditado a los EE.UU. Y digo “podría” no como una posibilidad remota, ni delirante, sino con la certeza de que eso es lo que se está tratando detrás de las bambalinas.

¿Qué tal? Casi nada… Por eso repito, de mantenernos en esta situación de silencio pre establecido, sea para evitar enojos o que nos traten mal, estemos seguros que seremos COMPLICES del viaje forzado del compañero hacia las cárceles donde ya hay prisioneros políticos cuyo delito fue levantar su voz, contra el destino de Nuestra América, hace décadas proyectado y que va logrando por error u omisión, cada vez más aliados.

Estamos a tiempo, por eso hago un llamado a la reflexión al mundo revolucionario, progresista, bolivariano o como queramos llamarlo. Nos ponemos las pilas o el imperio, gracias a errores, giros o lo que fuera, se tragará a otro bolivariano, que pasará a ocupar uno de los reducidos pero terribles espacios, rodeados de barrotes, donde ni la luz del día penetra. Esta vez puede ser Julián Conrado.

Crezcamos políticamente, urge que comprendamos que no hay mala leche en esta humilde opinión a la que le sobra firmeza, conciencia, coherencia bolivariana. Urge compromiso solidario innegociable, indoblegable, para con un luchador, que a su manera, trató de cambiar los destinos no sólo de su patria ensangrentada, sino hasta el de patrias vecinas, objetivo fijo, blanco móvil, que caerán bajo las botas de los marines, cuando al imperio le dé la gana.

No nos comamos más a los chicos crudos, bajemos los decibeles en los discursos si es que eso puede ser táctico-estratégico, ¡pero por favor no renunciemos a los principios de solidaridad internacionalista cuando un luchador está en riesgo nada más ni nada menos, que de terminar sus días en una cárcel del imperio maldito que va dejando víctimas en su camino tratando de detener su derrumbe, logrando cada vez más idiotas útiles funcionales!

Que el enojo sirva, por una vez, para evitar la tragedia anunciada, bah, si es que realmente seguimos siendo lo que decimos ser...

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Venezuela: Para Avanzar en Revolución. Rectificar para avanzar

Edwin Sambrano Vidal (especial para ARGENPRESS.info)

Los trabajadores de Venezuela se encuentran en pie de lucha. Por un parte reclaman lo que siempre han reclamado: reivindicaciones salariales, condiciones de trabajo, el uso de sus instrumentos de lucha y el respeto de sus derechos. Por otra parte, reclaman un lugar decisorio en el proceso político y en el proceso productivo y que se cumplan los principios proclamados por la revolución bolivariana y las promesas de bienestar y de superación de las condiciones que imponía el bipartidismo. Estos últimos reclamos son propios del mayor desarrollo de la conciencia política.

Un proceso de cambios para cambiar.

En el país, como se sabe, se abrió un proceso de cambios en todos los órdenes de la vida social. La consecuente lucha de los revolucionarios durante décadas unida al reiterado incumplimiento por parte de las camarillas gobernantes de las promesas de bienestar para el pueblo, produjo una situación revolucionaria que hizo nacer este proceso de cambios desde 1999. Algunos cambios importantes se han verificado desde esa fecha. El primero de ellos es el cambio de la jefatura de gobierno y el segundo el nuevo marco constitucional surgido de la promoción de la Asamblea Nacional Constituyente, de sus debates, de la participación del pueblo y los trabajadores en la vida de esta Asamblea y, por supuesto, de sus conclusiones plasmadas en la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

¡Cuidado con frenar y distorsionar los cambios!

No obstante esos cambios, y la existencia de un cuadro político completamente controlado por la alianza revolucionaria, la dirección del proceso de cambios ha mantenido invariable la Ley del Trabajo y casi inalterables las relaciones sociales de producción, mientras la política laboral tiene, en esencia, la misma dirección observada durante las décadas de “puntofijismo”. Sólo algunos retoques pueden verse, el más importante de ellos es el de la imposición de la inamovilidad laboral para impedir el despido sin causa justificada, la cual está acompañada por una conducta que generalmente evita los despidos. Los trabajadores, al igual que durante los 40 años del bipartidismo, tienen que movilizarse y luchar duro para alcanzar sus reivindicaciones y el reconocimiento de sus derechos. En el caso de los trabajadores que laboran para entes públicos y para las empresas de propiedad mayoritaria de esos entes se observa una especie de solidaridad automática de todas las instituciones, léase bien de todas, a favor del gobierno. Hay una especie de disolución de la institucionalidad para satisfacer el interés o la posición que adopte el gobierno. El Ministerio del Trabajo, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la República y, en la mayoría de los casos también el Poder Judicial adopta una posición sumisa y obediente a los intereses específicos del Ejecutivo, bloqueando de esa manera la consolidación institucional del proceso de cambios y manteniendo en total vigencia la conducta resistente a reconocer los derechos laborales de los gobiernos del bipartidismo.

De allí que se esté produciendo una especie de “desencanto” en amplios sectores laborales del país y especialmente dentro de aquellos que se encuentran empleados en organismos de la administración pública y en la Empresas del Estado.

Las Exigencias de los Trabajadores.

La exigencia de los trabajadores nos parece sencilla; es la consecuencia natural de sus luchas contra el capital y del triunfo de una opción política que se proclama revolucionaria y socialista. Los trabajadores exigen que se actúe coherentemente desde el gobierno que dice ser su aliado e incluso que se ha proclamado como un “gobierno obrerista”. Exigen que se cumpla la normativa laboral, que se discutan las convenciones colectivas, que los derechos y beneficios contenidos en estas convenciones se cumplan en su plazo y condiciones establecidas. Que las Juntas Directivas de las Empresas del Estado se reúnan y ejerzan colectivamente la dirección de esas empresas con pleno respeto de los Directores Laborales electos por los trabajadores. Que se avance realmente en el impulso y la creación de nuevas estructuras de participación democrática de los trabajadores en la dirección proceso productivo, mediante la elección directa de delegados revocables.

Deberes de un Gobierno Revolucionario

Un Gobierno Revolucionario debe impulsar las luchas de los trabajadores contra la explotación, la dominación, la corrupción y el abuso, vengan de donde vengan. La insólita aparición del sicariato sindical debe ser enfrentada de inmediato y contundentemente, sin darle oportunidad a que se repita. La impunidad, lo repetimos, es uno de los peores enemigos del proceso de cambio. Revolución y cambio no es sinónimo de caos o de inexistencia de reglas. Revolución no es abuso, sino el establecimiento y cumplimiento estricto del nuevo ordenamiento jurídico más justo y y en dirección al desarrollo de los principios y objetivos colectivos. Revolución es que los funcionarios sean responsables por lo que hacen y que se discuta con el pueblo y los trabajadores los errores y desmanes cometidos y que tales funcionarios sean castigados por sus actos contrarios a la ley y por el incumplimiento de sus deberes. El deber del Gobierno Revolucionario no es enfrentar a trabajadores contra otros trabajadores, sino atender los reclamos de los trabajadores creando las instancias de diálogo y decisión colectiva, cumpliendo con sus obligaciones para poder exigir el cumplimiento recíproco. No es constituir grupos de choque o cuerpos irregulares para militares o para policiales para enfrentar a otros grupos de trabajadores, sino fortalecer y dirigir los órganos de orden público para que sean capaces de hacer cumplir la ley y de respetar los derechos humanos. Castigar mediante el respeto del debido proceso al que haya que castigar y premiar al que haya que premiar.

Rectificación para avanzar

Un gobierno revolucionario se sostiene por los cambios que es capaz de realizar y por la conducta coherente que practique en respeto de sus postulados y de los derechos de la población, siempre basados en la legalidad revolucionaria y en los valores y principios de la Constitución; de allí que se impone como una tarea inmediata una profunda rectificación por parte de la dirección del proceso para evitar que se cultive una política en esencia reaccionaria y pro-capitalista que niega de plano al socialismo y a la posibilidad de alcanzar un bienestar integral para todos. Hemos dicho que un proceso de cambios está necesariamente lleno de contradicciones y de confrontaciones a una escala mayor y deben ser resueltas con la movilización y la lucha de los trabajadores y demás sectores populares con el apoyo del gobierno revolucionario y no con su oposición.

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Perú: Incertidumbre, esperanza

Humberto Ramírez Arroyo (especial para ARGENPRESS.info)

Este domingo 05 de Junio, en la Plaza Dos de Mayo de Lima, festejando con alegría el triunfo del candidato Ollanta, recordaba el triunfo del 1945, del Frente Democrático que encabezaba el jurista conservador Bustamante y Rivero. El 1º de Mayo de dicho año, por primera vez se festejaba la fecha sin represión el Día Internacional de los Trabajadores. Luego, a los pocos días nuevamente las calles de la vieja Lima era ganada por el pueblo, alborozados por la derrota del fascismo, que había tenido un costo muy alto de vidas, se calcula en 54 millones y otro tanto de mutilados. En ambos mítines se cantaba a viva voz la Internacional y la marsellesa aprista.

Era a pocos días del término de la Segunda Guerra Mundial, había muchas promesas, entre ellas la gratuidad de la enseñanza secundaría, como adolescente era una meta. Había muchas restricciones, la propaganda escuchada: era el hijo de obrero, obrero; albañil, albañil; hijo de campesino, campesino, para que más presupuesto. En 1946 se cumple la promesa, pero la monserga seguía, la ultraderecha no estaba conforme, hasta que los estudiantes de secundaria de los colegios nacionales, en Septiembre de 1947, declaran la huelga, para garantizar esa gratuidad, el costo es la muerte de un niño de 15 años y 19 heridos de bala, por el entonces Ministro de Gobierno y Policía (ahora Interior) a cargo del General Manuel Odría.

Durante la campaña electoral de ese entonces hubo abundante propaganda sucia: tu mujer va ser la mujer de todos; tus hijos te lo van quitar, te van quitar tu casa, tus tierras, etc., etc., “eso es el comunismo”. La asfixia, a los hombres progresistas, termina el 27 de Octubre 1948, la oligarquía terrateniente de esa época le ordena al tenebroso militar, dar el golpe, luego de una parodia de elecciones en 1950, lo envisten de “Presidente Constitucional”.

En esta oportunidad 2011, la prensa escrita en general alineados con solo objetivo, la guerra sucia y del terror, salvo dos Diarios, de la docena y media que todos los días reeditan, ni que hablar de la televisión que penetra al interior de nuestra familia, todos los que ostentan la profesión de “periodistas”, como loros, borregos, por favor más respeto por dichos animalitos, un solo objetivo, el convencer que la señora Keiko debe ser la Presidente y continuar con lo que hizo su padre, de llenar las cárceles y los cementerios, y la destrucción de todas las organizaciones cívicas y gremiales del pueblo peruano, por supuesto la desaparición de todos sus derechos sociales ganados.

El gobernante de turno, metido en la misma monserga, con sus burlas a diario, “de sus éxitos”, lo demás no cuenta, cárcel dorada para expresidentes que no sabemos si es peruano o japonés, no aclarado a la fecha. Igual que sus cómplices los generales y coroneles enriquecidos por la corrupción. El día 4 de Junio el Comando Conjunto, reunido acordó “Orden de Inmovilidad, para que la suboficialidad no ejerzan su derecho al voto. Paralelamente, se dio la noticia que cinco suboficiales caídos en una emboscada en la zona conocida por el VRAE, situación que debe investigarse.

Situación, de incertidumbre y de miedo por la polarización, la candidata del neoliberalismo con sus portátiles, medio de transporte masivo en sus bases del lumpen de Lima, que tienen en las barriadas de miseria, comprados con obsequios de alimentos en forma masiva y algunos electrodomésticos, hacen de grupos delincuenciales y de choque.

A la 5 de la tarde del día 5 se despejaba la incertidumbre y el miedo, con el conteo rápido y las empresas de dedicadas a los pronósticos hace que las poblaciones de diferentes partes del país se vuelquen a las calles a garantizar la victoria, que los “dueños del Perú”, quieren arrebatarla. Recién a doce de la noche pasada, en forma valiente y correcta el candidato victorioso se proclama ganador de la lid electoral, calmando un poco las aguas.

Indudablemente, la ultraderecha a través de todos los medios de comunicación que controlan, continúan creando miedo y zozobra la bolsa de valores, quien va ser el primer ministro, quien va ser el ministro de economía, el de interior, hasta proponen al excandidato en estas elecciones, al nacionalizado norteamericano Kuscynski, individuo que debe ser procesado por las múltiples entregas de riquezas naturales, en especial a su “patria adoptiva”.

Todavía, estamos en las celebraciones, pero hay un imperativo, las organizaciones cívicas y gremiales deben reorganizarse con celeridad y con responsabilidad, como garantía que por lo menos o silbemos la marsellesa alemana, holandesa, belga, porque los únicos que quedan organizados son los de ONGs. Hay un juego de intereses.

El pueblo peruano, no debe ni puede ser estafado nuevamente, depende de nuestra responsabilidad de sus hijos, ahí está la esperanza, la coyuntura nos obliga a dar un pasos positivos, para vencer la corrupción, la pobreza de millones de peruanos.

Estas elecciones, ha estado cargado en la denuncia de los delitos de los derechos humanos. No permitamos nunca más que nuestros niños al nacer se encuentren con la desnudes completa, que en una misma cama haya dos mujeres parturientas, con las sabanas ensangrentadas, esas realidades deben ser corregidas por siempre, nuestro pueblo no merece tanto daño, no merece más sufrimiento.

Humberto Ramírez Arroyo es Médico Cirujano, egresado de la Universidad de Buenos Aires.

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Schoklender, la victoria cultural del kirchnerismo

Jorge Altamira (especial para ARGENPRESS.info)

Mientras la Argentina que trabaja se levanta todas las mañanas para llevarse el pan a la boca, un sector de los intelectuales de este país, el más ruidoso, se despierta un poco más tarde para reiterar, cada día, que el kirchnerismo es el ganador de la "batalla cultural".

Una pelea corta, por cierto, de tres ‘rounds', porque habría comenzado después de la derrota de la Resolución 125 -la que establecía la escala móvil de las retenciones para la soja- y de la derrota del oficialismo en las elecciones de junio de 2009. Los arqueólogos que estudian esta batalla datan el remonte oficial a las fiestas del Bicentenario -e incluso algunos no vacilan en darle un toque necrófilo al atribuírsela a la muerte de Néstor Kirchner. El asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra (ocurrido una semana antes por parte de una patota de la burocracia que acompañó a la Presidenta en un acto de la CGT en River) se manifiesta en esta "batalla cultural" en la saña que han puesto estos intelectuales en responsabilizar al Partido Obrero por el crimen cometido por la patota oficial. En esta batalla, los kirchneristas se escudan, antes que nada, en la sanción de la ley de medios (por sobre todo, en ‘fútbol para todos') o el matrimonio igualitario, aunque algunos se animan a añadirle la estatización de las AFJP y el ‘desendeudamiento' -o sea, el pago de la deuda externa con la plata de la misma Anses y del Banco Central. Pero lo que realmente celebran son las encuestas que anuncian la reelección. Festejar el ingreso de los pulpos telefónicos en los medios audiovisuales o la estatización de los contenidos culturales solamente se les puede ocurrir a los intelectuales que cobran dineros públicos para ‘pensar'. El matrimonio igualitario -ya consagrado en numerosos países e incluso apoyado por el ultraconservador The Wall Street Journal- es usado como lastre para seguir cajoneando el derecho al aborto y para justificar la inacción en el tráfico de mujeres y de niños, la prostitución y la proliferación del juego de la manos del K Cristóbal López. De todos modos, es cierto que las encuestas dicen que la Presidenta salió del hoyo electoral de su marido y está anotada ahora para ganar en primera vuelta -por lo que sus intelectuales podrían, entonces, seguir cobrando cuatro años más.

La ‘batalla cultural" o la llamada "lucha por la hegemonía cultural" es un argumento perfecto para justificar los menesteres del intelectualismo de Estado. Pero es, por sobre todo, un subterfugio para sustituir la lucha real que se libra en la sociedad, la lucha de clases, por la lucha del lenguaje; es decir, el palabrerío. Los intelectuales presentan batalla en el campo del lenguaje para no hablar de los compromisos reales, para nada verbales, del gobierno con las mineras, las petroleras, los banqueros y los acreedores externos, o con el mantenimiento del trabajo precario y las jubilaciones de miseria. Pero los K no pueden hacer esto sin proceder a su propia desnaturalización del lenguaje, con el resultado de que los funcionarios del Estado, a 30 mil pesos mensuales, han ganado la categoría de ‘militantes'. La lucha de ideas políticas, sin embargo, no tiene un fin en sí mismo, sino que es el laboratorio que procesa y orienta la lucha de clases. Para ganar una batalla cultural primero hay que transformar las relaciones sociales -el resto es macaneo. Bajo ropajes diferentes, las ideas dominantes son siempre, en última instancia, las ideas de la clase dominante. Para que esto deje de ocurrir es necesario derrocar a la clase dominante y transformar las condiciones sociales que han hecho posible su dominio. La ‘ideología' K es una ideología de la clase dominante.

El ‘affaire' Schoklender ha venido a poner un fin al cacareo de la ‘batalla cultural', porque este ‘affaire' es la manifestación por excelencia de la ‘cultura' del kirchnerismo, es decir: de su realidad. La Asociación de las Madres fue convertida en una ONG, una Fundación, una figura típica de la política de desmantelamiento (privatización) de la protección social por parte del Estado. Fue ‘recreada', bajo la batuta del Estado, para realizar negocios patrocinados por el gobierno. Es la etapa final y la consecuencia natural de su cooptación política, o sea de su borocotización. El kirchnerismo es precisamente un aparato de borocotización de organizaciones sociales, piqueteras, sindicales, culturales -todas las cuales tienen una parte en los negociados del Estado. Las patotas que ejercen la represión tercerizada contra las organizaciones que luchan salen de las filas de las organizaciones estatizadas por esta política y de las burocracias cooptadas. El propio Schoklender actuaba como un matón, acompañado por su propia patota, y explotaba a trabajadores ‘en negro' y precarios, tal como lo hacía Pedraza en el ferrocarril. ¿O hay alguna diferencia entre los contratos de las obras sociales con los proveedores manejados por su propia burocracia y sus familias y los que ataban los planes de vivienda de Madres con las empresas de Schoklender?

El kirchnerismo no logrará separar a Hebe de Bonafini de Schoklender, ni logrará separarse de Schoklender mismo, porque esos negociados no hubieran sido posibles sin la participación de Planeamiento y De Vido, así como de los institutos de viviendas provinciales e incluso del macrismo. ¡Macri encubridor de Madres! -esto pone fin al ‘discurso' K.

Ante los ojos del país entero aparece la construcción ‘cultural' definitiva del kirchnerismo: la desnaturalización, nada menos, de las Madres de Plaza de Mayo. Se acabó el cuento de la ‘batalla cultural' y de las ‘batallas ganadas' que nunca se dieron. Schoklender es el producto ‘cultural' K por antonomasia y así había sido reivindicado hasta ahora por el kirchnerismo. La estatización de las organizaciones populares es el punto de partida de la degeneración de la ONG Madres y esta estatización es la única ‘ideología' y la única ‘cultura' del kirchnerismo. El ‘lenguaje' K ha quedado reducido a lo que es: palabrerío.

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"Sueños Compartidos": Usufructo de impunidad

Diana Kordon (AGENCIA WALSH)

La Coordinadora del Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial (EATIP) y de Liberpueblo, Diana Kordon, opina sobre el escándalo desatado alrededor de Sergio Schoklender y los "Sueños compartidos". Kordon es una psiquiatra que ha estado junto a las Madres de Plaza de Mayo desde el primer momento en los duros años de la dictadura.

El último jueves Hebe Bonafini dijo en Plaza de Mayo que ella no iba a hablar de "pelotudeces". Esta expresión fue el disparador que me lleva a escribir estas líneas. Precisamente porque considero que los hechos que a todos nos conmocionan están en las antípodas de su trayectoria ética y, como tantos otros, esperaba ¿ilusoriamente? sus explicaciones.

Nosotros, y hablo en plural porque me siento parte de un colectivo, hemos acompañado durante los años duros de la dictadura a las madres. Hemos querido y admirado su férrea lucha sin concesiones por la aparición con vida de los detenidos desaparecidos y por el juicio y castigo a los genocidas. Hemos sido testigos de su proceso de construcción de conciencia política y de su anhelo revolucionario producto de la práctica social que desarrollaron. Hemos conocido de cerca su firmeza y su posición ética de sostener los principios.

A partir del comienzo del período constitucional hemos tenido inmensos acuerdos y algunas divergencias. Pero, por sobre todo, siempre hemos respetado, no sólo la historia, sino su política independiente de los gobiernos y su papel cuestionador. También el liderazgo de Hebe.

No hemos compartido la consigna de "quien cobra la indemnización se prostituye" pero ¿cómo puede articularse la rigidez de aquélla postura con los negociados y la plata negra que hoy se denuncian? Hebe sí tiene la responsabilidad de decir algo sobre esto.

Resulta inaceptable que en la histórica Plaza, en presencia de funcionarios del gobierno nacional, de "la Cámpora" , de las huestes de Alicia Kirchner, de la CGT de Moyano, dijera que ella no iba a hablar de "pelotudeces".

Nada de nuestra historia nos exime de la responsabilidad sobre los hechos que producimos. Más aún, ella misma nos exige dar cuenta de los mismos. La negativa a dar explicaciones es un acto de soberbia y de desprecio hacia nuestro pueblo y hacia todos aquellos que las merecemos, porque hemos luchado siempre y seguimos siendo coherentes con esa lucha y porque también somos dañados por la corrupción y el matonaje que ensombrecen la trayectoria del movimiento de derechos humanos.

No reconocemos en la Hebe Bonafini actual a aquella en cuyo ejemplo de lucha nos hemos nutrido. Por eso es tan profundo el impacto subjetivo que nos atraviesa, fundado en el deseo de que esto no ocurriera, pero que, muy a pesar nuestro, la realidad nos lo impone una y otra vez.

Las palabras tienen sentido y significación, un valor simbólico. El pasaje de "Asociación" a "Fundación" marca el clivaje, confirma el cambio cualitativo en las definiciones y los proyectos de las Madres. Por un lado la Fundación pasa a ser la pantalla de una gran empresa, y por otro Hebe operadora de un gobierno. Este viraje nos diferencia y nos duele y produce un profundo daño a la lucha por los derechos humanos.

Cuando ya es imposible ocultar lo que en realidad es la punta del iceberg del escándalo de los negociados y la corrupción que involucra a la Fundación Madres de Plaza de Mayo y al Gobierno, el montaje oficialista pretende circunscribirlo al ex apoderado de la institución.

Es decir, que Shoklender, orador en el acto del último 24 de marzo realizado por las Madres en el Mercado Central, sería simplemente una "anomalía" en un proyecto que funcionaba a las mil maravillas. De hoy en más, extirpada la anomalía todo continuará maravilloso. Ni Hebe ni el gobierno quedarían involucrados y la "obra" tendrá continuidad.

El "caso Schoklender", por el contrario, constituye un verdadero analizador que permite visualizar la esencia de la política de cooptación del gobierno de los Kirchner. Este gobierno ha desarrollado dicha política, basada en las necesidades y urgencias de los más desposeídos para manipularlas como alimento de su pretendida imagen progresista y cuyo verdadero objetivo, como toda su estrategia de gobierno ,es favorecer a ciertas empresas y negocios y repartir cargos públicos, con fondos del Estado, a cambio de apoyo político.

A los efectos de conformar un escenario que le permitiera legitimarse, puso el foco en los organismos de derechos humanos y muy especialmente, como lo explicita con cinismo José Pablo Feinmann, en Hebe Bonafini. Para garantizarse gobernabilidad y terminar con la histórica experiencia de las asambleas populares surgidas del 2001, Kirchner aterrizó en un movimiento al que siempre había ignorado, utilizó la lucha contra la impunidad y el reconocimiento nacional e internacional de las madres y en esta misma perspectiva, no vaciló en dividir el movimiento de derechos humanos.

El blanqueo del entramado económico entre el gobierno y la Fundación, articulado por millonarios subsidios salidos de los ministerios K, pone en evidencia que la simbiosis Kirchner-Bonafini no es solamente un acuerdo político sino que la cooptación tiene una base material. En este caso, incorpora, de hecho, a la Fundación Madres de Plaza de Mayo al grupo empresarial que se ha beneficiado durante este período. Esta empresa constructora no dudó en utilizar "la patota", marca registrada del kirchnerismo, para intimidar a quienes trabajaban en sus obradores.

No subestimo a Hebe. Cualquiera que la conozca sabe que es una mujer que tiene la lucidez de mirar el conjunto de los fenómenos que la rodean y que controla y maneja todo lo que ocurre en el ámbito de su liderazgo. Podrá decirse que no está en el último detalle de alguna operatoria, pero la Fundación es una estructura que la cuenta como protagonista con claro poder de decisión.

Evidentemente queda un hiato sin asunción de responsabilidad que, dolorosamente, confirma un antes y un después. En la Plaza de la lucha y la denuncia, Hebe Bonafini ha hecho el jueves usufructo de impunidad.

6-06-2011

Diana Kordon es Coordinadora del Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial (EATIP) y de Liberpueblo.

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El ojo del miedo

Claudia Rafael (APE)

El pibe paseaba con la maceta en la mano. Un movimiento veloz. Un par de risotadas que tuvieron eco en los otros dos que iban con él. La ciudad se hundía en las penumbras, entre la oscuridad y la niebla. Eran los protagonistas inconcientes de una película que estaba siendo filmada desde el centro de monitoreo. En unos cuantos minutos la planta tenía ya poca vida. Estaba envuelta en la danza del pibe que seguramente había deglutido con celeridad dos o tres birras con el resto.

La vida suele resumirse tantas veces en unos pocos instantes de felicidad de final anunciado. Bastaron menos de 24 horas para que su imagen estuviera en la pantalla de los medios de información electrónicos. “Menor delincuente captado por las cámaras”, se leía para el regodeo ciudadano que veía en esa película fugaz las escenas dantescas del chico que acababa de birlarse una maceta como un Robin Hood malherido que no tendría nada para repartir en la aldea.

Es el paradigma del ojo vigilante. Escruchantes o pibes con unas cuantas copas en su haber detectados inteligentemente por una cámara de vigilancia. La sociedad parece respirar por un ratito algo más tranquila. El gran ojo que mira y convoca a los hombres de uniforme al instante para poner freno a la delincuencia atroz capaz de entrar a oscuras en una casa vacía. No mucho más pero que de la mano de ese freno asesta golpes de efecto brutal.

Daniel Scioli ahora lo confirmó. A exactamente cuatro meses y medio de las elecciones de octubre, el gobernador anunció ante 400 jefes policiales de la provincia más amplia y populosa que las cámaras llegarán a las villas. 32 asentamientos y barrios precarios tendrán sobre sí la mirada pétrea y alerta de la policía de la provincia de Buenos Aires. “No voy a desproteger a quienes nos protegen”, les dijo en lo que la prensa interpretó fácilmente como un “guiño” para los hombres de uniforme. Serán -dicen- 200 nuevas cámaras.

Cada ojo vigilante controlará, implacable, los movimientos del cartonero que cada mañana parte con el carrito de caballo cansado rumbo a la gran ciudad. Seguirá estoicamente las danzas acrobáticas de los pibes que con la pelota se soñarán maradonas eternos. Vigilará férreamente a la mujer cansada que lleva a sus críos al comedor porque en casa no hay ni habrá. Advertirá los sueños que se caen y se hunden en el barro cuando la lluvia vuelve gota espesa el territorio inexpugnable de los marginados. Mirará ajenamente cómo se muere el hombre porque la ambulancia no entra a la barriada de precariedades viejas.

El ojo captará en documentos históricos el concentrado más atroz de la perversidad de un sistema que crece y se reproduce a fuerza de inequidades y golpizas precoces. En 1975 Michel Foucault describía al sistema social como régimen panóptico. Y Jeremy Bentham, dos siglos antes, elucubraba esa visibilidad totalmente organizada alrededor de una mirada dominante y vigiladora.

Los cada vez más poblados asentamientos de la exclusión más rotunda tendrán la mirada constante que sabrá de la espesura de los días en esos territorios. Hace un año ya el mismo gobernador había salido velozmente al cruce de cuanto malpensado que creyese que la pobreza crece y la indigencia avanza a paso de ejército deglutidor que “el crecimiento demográfico (de las villas) se debe a factores tales como la inmigración proveniente del interior del país”.

Era la respuesta firme ante la publicación -en boca de su propio ministro Baldomero Alvarez de Olivera- de un estudio de la Universidad de General Sarmiento que decía que en el mismo lapso en que la población del Area Metropolitana Buenos Aires había crecido en un 6,6 por ciento, en las villas esa suba alcanzó casi el 58 por ciento.

La mirada rígida y firme del foco controlador rodeará con su movimiento de vaivén el paseo desatado de una parejita de la villa que juega al amor en las noches de luna llena. Aguzará su vigilancia ante el paso peligroso de las sombras en el asentamiento sin luces ni cloacas ni techos firmes ni calles asfaltadas. Perpetuará la sonnolencia de la doña que asoma en la madrugada para desgastar dos horas y media de su cuerpo rumbo a la casa de la patrona que le guardará las migajas de su vida tan desigual. Cobijará en su memoria los tenues respiros del pibe que aspira poxirrán o se gasta el cerebro con una dosis de paco.

De a cientos las cámaras se instalarán como brazo del estado entre las casuchas que ya ni siquiera esperan un mañana. El ojo vigilante se asumirá como el castillo del panóptico desde el cual se dominarán los ires y venires, los suspiros y los miedos, las fatigas y las angustias. Se pondrá en escena el sintetizador contundente de los movimientos de los que no tienen ni son ante los ojos del sistema. Y llevará del otro lado del muro un baño de tranquilidad ante tanto terror diseminado entre la buena ciudadanía, esa que define -a ojos del poder- su propio destino dentro del cuadrilátero de las urnas. El miedo, después de todo, es para los marioneteros del sistema un compañero ineludible y necesario.

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Pragmáticos, canallas y periodistas

Andrés Sarlengo (CONTRAPUNTOS, especial para ARGENPRESS.info)

O periodistas o canallas. No vale aquí el pragmatismo de Lanata o Aliverti ni la gravosa propaganda de 6,7, 8. Del Grupo Clarín ya basta saber que a Noble y Herrera los casó Antonio Caggiano y su Opus Dei.

O periodistas o canallas.

Informar es más que responder cinco preguntas. Como afirma Ricardo Horvath son cinco o seis interrogantes más ideología.

¿Acaso Martí fue un oligarca y terrateniente porque escribió en La Nación?

Roberto Fernández Retamar destaca: “La mayor parte de la obra de José Martí es de índole periodística. ¿Querrá ello decir que Martí, que tan desdeñoso se mostró con el género de Cervantes y Stendhal, se acogió en cambio con satisfacción a este género casi extraliterario que es el periodismo? Juzgar así, sería sucumbir lamentablemente al peor criterio formalista, cuando no al platonismo más chato: los “géneros” no existen por sí. Lo que existen son funciones que desempeñar dentro de un contexto específico. En la circunstancia en que Martí se encuentra situado, su quehacer beligerante y primordial lo lleva a ese género particular, el periodismo, a través del cual podrá propagar efectivamente sus “cosas más altas (1)”.

El periodismo y la literatura de Martí formaron parte de un todo: “Es un fundador, un sabio, un poeta porque es un dirigente revolucionario (1)”.

Canallas o periodistas. O democracia o plutocracia. El gran capital necesita profesionales y propagandistas; la democracia el oficio de militar por las verdades.

Que los pragmáticos como Lanata o Aliverti hagan lo que quieran…

Fue Daniel Filmus y no Fernando Solanas quien acordó con la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE) las políticas educativas neoliberales de III Generación, Sr. Aliverti. ¿Acaso el Proyecto Escuelas del Bicentenario aplicado en 6 provincias desde hace 4 años no tiene el apoyo explícito de Fundación La Nación y el Grupo Clarín (2)?

Quiénes son ellos y quienes nosotros, Sr. Aliverti… (3)

Desde una FM o una página web no se puede cambiar el mundo, pero tampoco se debe vender la ética al mejor postor.

Quizás Roland Barthes tenga razón: “El texto es (debería ser) esa persona audaz que muestra su trasero al Padre Político (4)”.

Pero precisamente los y las canallas no se bajan los pantalones o el vestido para vengarse de sus patrones sino para convertir las palabras e imágenes en doctrina de la plutocracia.

Precisión, exactitud, rapidez, escucha atenta, archivo claro y sostenido son algunas de las sugerencias que nos legó Rodolfo Walsh.

Abelardo Castillo es contundente: “Barret describe la sombra indecisa del amanecer, la llovizna, “la soledad donde todavía duermen pozos de tinieblas”, la gravedad de las caras de los canillitas descalzos que corren “a distribuir por la ciudad del egoísmo la palabra hipócrita de democracia y del progreso, alimentada con anuncios de rematadores (5)”.

Catriel Etcheverri describe así a uno de los más notables escritores hispanoamericanos: “Barret se convertía así en la peor de las incomodidades. Como una lente incisiva que se enfoca sobre aquello que se quiere ocultar, exhibirá una y otra vez las miserias de la sociedad paraguaya y de los modernos Estados-nación que se erigen sobre la sangre y el sudor de trabajadores explotados (5)”.

Martí y Barret coinciden: “Decir es nuestra manera de hacer (1)”.

José Martí murió en mayo de 1895; Barret en diciembre de 1910.

Fueron periodistas y no canallas. Y mucho menos pragmáticos…

Barret en 1907 parece descubrir el 1.500.000 de niños que trabajan en la Argentina del Bicentenario pese a la Asignación Universal por Hijo (AUH): “Es indecente, escribe Wells a propósito de los niños que lustran botines, hacer brillar sobre nuestros pies el sudor ajeno. Sí, mucho de indecente se esconde bajo la prosperidad del siglo (5)”.

¿1907 o 2011?

En definitiva, la disputa simbólica y subjetiva es fundamental. La globalización tiene su “Policía del discurso político, económico y social”. Los poderosos comprendieron que no hay que reprimir únicamente sino resemantizar (6). De ahì –entonces- la importancia de distinguir a los periodistas y los canallas. Muchos progresistas de antes son hoy pragmáticos con la excusa del mal menor.

De Moreno a Barret; de Martí a Walsh: el periodismo es el oficio de profesar la ética de decir verdades contra la plutocracia.

Que los canallas exclamen lo que deseen…

Notas:
1) José Martí, la encarnación de un pueblo. Editorial Almagesto. 1993.
2) El crimen educativo y sus cómplices. Andrés Sarlengo. Venado24. 06/05/2011
3) Página 12. 07/06/2011
4) Tatuados por los medios. Dilemas de la educación en la era digital. Silvia Bacher. Paidòs. 2009
5) Rafael Barret. Una leyenda anarquista. Catriel Etcheverri. Capital Intelectual. 2007
6) La cuestión social y los días de clases. Andrés Sarlengo.

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La Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos afirma su postura sobre el rol de los organismos defensores de los Derechos Humanos

Ante los hechos que son de dominio público y que involucran a la Fundación Madres de Plaza de Mayo y en particular a su anterior apoderado Sergio Schoklender, la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos reafirma un principio que considera primordial para los organismos de DDHH, la autonomía de los organismos de DDHH de los gobiernos.

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Ya hace tiempo decíamos:

“El rol de los organismos defensores de los DDHH es hoy el mismo que el que fue en el pasado y que el que será en el futuro, velar por la plena vigencia de los derechos humanos entendidos en su integridad, utilizando esencialmente tres herramientas: la denuncia del gobierno que los viola, la exigencia de justicia para los responsables directos y mediatos de esa violación y la preservación de la memoria de esos crímenes y del marco histórico en que se cometieron.”

Por eso manifestábamos y seguimos afirmando la necesidad de “absoluta independencia del gobierno en ejercicio, único con capacidad de violar esos derechos. Independencia política y económica, claro está; y esta condición, que no admite ambigüedades ni límites laxos, debe cumplirla no solo la institución como tal sino también quienes la representan”

Asimismo, ante los intentos de los genocidas y de los sectores que los apoyan y que se beneficiaron y benefician con su accionar genocida de ayer, de intentar utilizar estos sucesos para denigrar a las Madres de Plaza de Mayo y la lucha de los organismos de DDHH para terminar con los juicios contra los genocidas, reafirmamos que:

Reivindicamos la luchas de las Madres de Plaza de Mayo y todo el movimiento popular durante la dictadura genocida y por Memoria; Verdad y Justicia durante los gobiernos constitucionales.

Los crímenes no se borran y la impunidad no se legaliza por la presencia de uno o más oportunistas en el movimiento de derechos humanos. Por eso seguiremos luchando junto a nuestro Pueblo hasta que todos los genocidas estén en el único lugar que les corresponde la cárcel, y hasta que el país sin explotados y explotadores por el que dieron su vida nuestros 30000 compañeros detenidos desaparecidos sea realidad

Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos

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La tortura, ayer y hoy

Martín Lozada (RIO NEGRO ON LINE)

La creación del Comité contra la Tortura en la provincia de Río Negro y su réplica a nivel municipal en la ciudad de San Carlos de Bariloche nos remite a la necesidad de dar respuesta a una realidad que comenzó a ponerse en crisis en la segunda mitad del siglo XVIII. Y que, pese a ello, nunca finalmente desapareció como práctica social y estatal.

La tortura autorizada legalmente para arrancar confesiones de culpabilidad o nombres de cómplices se convirtió en un asunto capital después de que Montesquieu la atacara en su obra titulada "Del espíritu de las leyes", en 1748.

Años después, el llamado "Caso Calas" jugó un muy importante rol en el paulatino cambio de concepción respecto de la tortura y los dolores impuestos por los sistemas penales. Jean Calas fue un protestante francés, de 64 años, declarado culpable de haber asesinado a su hijo para evitar que éste se convirtiera al catolicismo.

Los jueces lo condenaron a morir descoyuntado en la rueda. Antes de la ejecución debió soportar un suplicio supervisado judicialmente, llamado "cuestión de tormento preliminar", cuya finalidad era hacer que quienes habían sido declarados culpables delataran a sus cómplices. Sin embargo, Calas murió clamando su inocencia.

El "Caso Calas" se situó en el centro de la escena cuando Voltaire, varios meses después de la ejecución, se ocupó de él. Publicó entonces un libro titulado "Tratado sobre la tolerancia con ocasión de la muerte de Jean Calas", en el cual utilizó por primera vez la expresión "derecho humano".

Durante la tempestad suscitada a raíz de esa ejecución, el interés de Voltaire comenzó a concentrarse en el sistema de justicia penal, al cual atacó en función del uso de la tortura y del suministro habitual de crueldad.

Tanto fue su activismo, que en 1769 se sintió impulsado a añadir un artículo sobre la "tortura" a su Diccionario Filosófico, ocasión en la que condenó por incivilizadas las prácticas francesas. Puesto que, según afirmó, una nación civilizada no puede estar todavía "guiada por antiguas costumbres atroces".

En su obra titulada "La invención de los derechos humanos", la historiadora norteamericana Lynn Hunt recuerda que, tal como sucedió con los derechos humanos, las nuevas actitudes respecto de la tortura y el castigo humanitario cristalizaron por primera vez en la década de 1760. Y no sólo en Francia, sino también en otras partes de Europa y en las colonias americanas.

Tanto es así que a partir de entonces diversas campañas condujeron a la abolición de la tortura sancionada por el Estado y a una moderación cada vez mayor de los castigos corporales. Buena parte del impulso recibido por este razonamiento se debió al breve e incisivo ensayo "De los delitos y las penas", publicado en 1764 por un aristócrata italiano de 25 años, Cesare Beccaria.

Promocionado por los círculos afines a Diderot, traducido pronto al francés y al inglés, y leído ávidamente por Voltaire en medio del "Caso Calas", la obra de Beccaria centró la atención sobre el sistema de justicia penal de cada país. No sólo rechazaba allí la tortura y el castigo cruel, sino también, lo que era notable para la época, la misma pena de muerte.

A raíz de esos cambios perceptivos y valorativos, en 1789 el gobierno revolucionario francés renunció a todas las formas de tortura judicial y en 1792 introdujo la guillotina, cuyo objeto era uniformizar el cumplimiento de la pena de muerte y ejecutarla de un modo tan indoloro como fuera posible.

En pocos años se instaló en las conciencias colectivas la necesidad de abolir la tortura y de moderar el castigo y las respuestas punitivas de los Estados. A punto tal que la campaña a favor de la reforma penal pasó así a estar asociada cada vez más estrechamente con la defensa general de los derechos humanos.

Martín Lozada es Juez Penal - Catedrático Unesco en Derechos Humanos, Paz y Democracia por la Universidad de Utrecht, Países Bajos.

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Argentina, Entre Ríos: Inspección detectó alrededor de una veintena de personas sometidas a trabajo esclavo en Ubajay

DIARIO RÍO URUGUAY - INFOALTERNATIVA

Una inspección de diversos organismos del estado detectó en el día de hoy que una veintena de personas trabajaban en condiciones infrahumanas en la zona rural de Ubajay. Del operativo participaron funcionarios policiales, de la Subsecretaría de Derechos Humanos Delegación Concordia, del COPNAF, tanto de Concordia como de Concepción del Uruguay. También de la Delegación Territorial Concordia del Ministerio de Trabajo de la Nación. Informaron a Diario Río Uruguay que las condiciones de trabajo que encontraron son “deplorables” y que una de las personas que trabaja en el lugar se encontraría desaparecida. Un hombre llamado Alberto Pereira, con domicilio en Concordia, fue sindicado como responsable del lugar.

Entre otros detalles a los que accedió este medio, la inspección constató que las personas trabajaban en un obrador rural que estaría a cargo de una persona llamada Alberto Pereira, con domicilio en Concordia; pero cuyo emprendimiento se encuentra en una zona conocida como Monte Humaytá, en inmediaciones de Ubajay, al norte del departamento Colón.

Según la persona que inicialmente realizó la denuncia, se habría dirigido a la Delegación Concordia de la Dirección Provincial de Trabajo, en donde le habrían informado que no poseían móviles para realizar una inspección.

En tanto que en la AFIP le habrían informado a la misma persona que si por el caso denunciado había trabajadores que no estaban en regla, estos “debían hacer la denuncia”.

La persona que puso en conocimiento a los inspectores especificó que se entera de este hecho “porque unos ex alumnos de la escuela de Frontera Nº 601 de San Pedro, Misiones, le contó que hace unos días vino a trabajar en el obraje de Alberto Pereira en el monte Humaytá, antes de llegar a Ubajay, en la entrada a Monigote”.

Al tomar conocimiento de esta denuncia la Delegación Concordia de la Subsecretaría de Derechos Humanos, junto con el Consejo de la Niñez, el Adolescente y la Familia (COPNAF) tanto de Concordia como de Concepción del Uruguay, junto con autoridades policiales y del Ministerio de Trabajo de la Nación concurrieron esta tarde al lugar, para constatar en detalle lo denunciado.

Allí comprobaron la existencia de las condiciones de hacinamiento de los trabajadores, donde habría una cantidad todavía imprecisa de adolescentes; habitando en carpas de nylon e ingiriendo carne en mal estado.

Según la persona que denunció el caso –que prefirió el anonimato- conoció la situación por “un ex alumno, que cuando se disponía a realizar la denuncia al Ministerio de Trabajo, alguien le dijo que si él se retiraba del lugar, haría abandono de trabajo y no tendría derecho a nada”, por lo que “no sabe que hacer, ni tampoco tiene recursos para venirse hasta Concordia”, lo que sería una situación de trabajo esclavo.

La misma denuncia indica que “hay un muchacho que es deficiente mental, y que salió ayer por la mañana para un monte grande, paso el rio, y hasta el momento no ha aparecido”.

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Una pequeña muestra de la salud en la Argentina

Jorge Yabkowski (ACTA)

El Hospital A. Posadas, institución de máxima complejidad del conurbano bonaerense y una de las más importantes del país, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, se encuentra inmerso en una grave e inconcebible crisis asistencial.

Hace más de dos años que los Trabajadores Técnicos vienen reclamando una muy justa y elemental reivindicación: el Reconocimiento de la Función. Sucede que el sector no profesional del Hospital carece de Escalafón. Formularon decenas de pedidos a las autoridades locales y centrales. Entrevistas. Plan de Lucha.

Dos Conciliaciones Obligatorias que no determinaron propuesta alguna por parte del Estado Empleador. Se hizo todo lo que habitualmente se hace cuando hay una reivindicación insatisfecha.

Finalmente el 21 de febrero del corriente los compañeros, en los marcos de la ATE, se declaran en Paro por Tiempo Indeterminado. Paro que, aunque cueste creerlo, aún continúa. Se está transitando la semana 16 del Paro. Casi cuatro meses y quien tiene la capacidad, la obligación y el poder de destrabar el conflicto, el Estado Empleador, deja transcurrir el tiempo. ¿Porqué?

La crisis asistencial es creciente y monumental.

No se dan turnos, se calcula que más de 90000 pacientes dejaron de ser atendidos en Consultorios Externos, casi 40000 determinaciones de Laboratorio no se realizaron. Las Cirugías se suspenden a diario: Hemoterapia funciona a menos de media máquina y si no hay para transfundir sólo se pueden realizar cirugías de urgencia. Rayos sólo funciona para la Emergencia y la internación. Los partos han disminuido groseramente.

No se aceptan derivaciones. De una dotación habitual de 500 camas funcionando sólo están ocupadas alrededor de 320. Como desconocemos que haya una epidemia de Salud, es justo y dramático preguntarse que pasa con los pacientes que no se están atendiendo en nuestra institución. Punto de referencia de una vastísima zona del primer y segundo cordón de la Provincia de Buenos Aires.

Sectores ligados a la conducción del Hospital han buscado demonizar a los técnicos, los han acusado de salvajes, de crueles. Los que piensan y se pronuncian así obvian un pequeño detalle: la responsabilidad de las autoridades. ¿Porqué?

Más o menos cada 15 días cambia el discurso de las autoridades. Primero que el problema se debía resolver en el Hospital, luego toma cartas en el asunto la Gestión Pública porque el problema es global y la solución debe ser global e incluir a todo el Estado Empleador. Luego se vuelve al punto de inicio. Hace un buen tiempo que las autoridades locales, con el Consejo de Administración a la cabeza, están desconcertados. No informan.

Quizás no tienen lo que informar. Gran parte de la Comunidad Hospitalaria comienza a preguntarse: ¿cómo es posible que quienes deben y pueden destrabar el conflicto no lo hagan? ¿Porqué no lo hacen? ¿Qué se busca? Crece la angustia entre la mayoría de los trabajadores. Un Hospital habituado a que por él transiten miles de ciudadanos diariamente se encuentra con el tristísimo espectáculo de pasillos semivacíos.

Otra cuestión cobra cada vez más dimensión: en nuestro Hospital está en marcha el llamado plan Director de Obras. Han comenzado Obras, sin dudas necesarias, por más de 200 millones de pesos. Obras que vemos avanzar cada día. Se han invertido al menos 35 millones de pesos en equipamiento.

Vale recordar que el nuestro es uno de los Hospitales más grandes del país, si no es el más grande. De alta complejidad. Docente. Casi 300 Residentes se forman año tras año. Existen Tecnicaturas en Radiología, Farmacia, Cardiología, Instrumentación. Funciona una Escuela de Enfermería que depende de la UBA. Casi 3500 trabajadores formamos parte del plantel, sin contar a los Residentes. Eso sí, más del 60% carece de estabilidad, son los que llamamos Precarizados.

Se pone en evidencia una contradicción flagrante, obscena: un Hospital con recursos para Infraestructura, para Obras edilicias, para equipamiento, como ya mencionamos, que descuida, maltrata, al recurso humano.

¿Qué pasa?, ¿a qué se apunta?

Podemos escribir otro tanto de las reivindicaciones del sector profesional, de los compromisos incumplidos por las autoridades. El Hospital, como comentamos, depende del Ministerio de Salud de la Nación, cuyo titular es el Dr Juan Manzur. Acaba de renunciar el Contador Mario Koltan, Subsecretario de Políticas de Gestión en Salud. Interlocutor ministerial ante las autoridades y gremios del Hospital. ¿De vergüenza?. No parece.

Con este funcionario, luego de casi 20 meses de “veda” la Seccional Posadas de la CICOP, estuvo reunida el 18 de mayo. Koltan asumió nuevos compromisos que, por supuesto, no se cumplieron,

El Contador es candidato a legislador en su provincia natal, Tucumán. Seguramente se ha ido a probar el traje de legislador. El Hospital que se arregle. Total está lejos y es muy complejo.

El Ministro Manzur va a ser muy probable candidato a Vice-Gobernador de dicha Provincia. La más elemental lógica indica que en breve siga los pasos del Contador Koltan y vuelva a su querida Provincia.. Una gestión lamentable que deja al Hospital en brasas.

El Paro de los Técnicos continúa. La Seccional Posadas de la CICOP, gremio de los profesionales del Hospital, está en pleno Plan de Lucha.

Sendos paros de 24 horas los días 8 y 14 de junio. Nuevo paro de 24 horas cuando se reúna la Paritaria Sectorial. Se rechaza el aumento del 24% acordado entre el gobierno y UPCN. Se va a pelear por una Paritaria libre, donde se puedan discutir salarios y condiciones de trabajo, como gusta declamar el Ministro de Trabajo, Dr Tomada.

Decimos no una Paritaria encorsetada, “cocinada”, a espaldas de los trabajadores.

Este es el más que preocupante panorama en el Hospital Nacional A. Posadas.

Pedimos a las autoridades no sigan hablando que la Salud les resulta prioritaria.

Jorge Yabkowski es Secretario de Salud Laboral de la CTA. Presidente de la Federación de Asociaciones Sindicales de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FeSProSa).

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Argentina, Tucumán. Crímenes de lesa humanidad: El ex juez Manlio Martínez seguirá en libertad

PRIMERA FUENTE

Imputado en diversos delitos cometidos durante la dictadura militar, el ex juez federal de Tucumán se presentó ayer a la indagatoria, pero se negó a responder sobre las acusaciones que pesan en su contra aduciendo que quiere leer el expediente "original" de la causa. Seguirá en libertad porque el juez que entiende en la causa consideró que no eludirá a la Justicia.

El ex juez federal de Tucumán durante el último proceso militar, Manlio Martínez, acusado de crímenes de lesa humanidad, se presentó ayer por la mañana ante el Juez Federal Nº1, Daniel Bejas, pero se negó a declarar en el marco de una indagatoria realizada en calidad de imputado. Beneficiado por una resolución del propio Bejas, el ex funcionario sigue en libertad, al considerar el magistrado que no existe peligro de fuga y habiéndose comprometido a estar a disposición de la Justicia cuando se lo requiera.

Manlio Martínez, fue juez federal de Tucumán entre los años 1976 y 1982, tiempo en el cual habría sido testigo de diversas irregularidades en la desaparición y crímenes de personas. Así estaría establecido por la Fiscalía Federal N° 1 de Tucumán, en un trabajo conjunto con la Unidad Fiscal de Derechos Humanos, que fue presentado al juez Bejas y quien resolvió tomar declaración indagatoria al ex juez federal.

El pedido se realizó en la segunda parte de la causa conocida como “Romero Niklison”, en cuyo primer tramo el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán dictó sentencia en el mes de marzo de este año, condenando a Menéndez y a Roberto Heriberto Albornoz (a) “Tuerto” a prisión perpetua. Puntualmente, se trata del asesinato de cinco militantes de la organización Montoneros (María Alejandra Niklison, Fernando Saavedra, Juan Carlos Meneses, Atilio Brandsen y Eduardo González Paz) en una vivienda de calle Azcuénaga n° 1.816/1.820 de San Miguel de Tucumán el día 20 de mayo de 1976.

Para la Fiscalía existen pruebas suficientes de que el ex magistrado participó en los homicidios de cinco personas y en la privación ilegítima de la libertad de otra, a través del incumplimiento de sus deberes de funcionario como forma de garantizar la impunidad de los policías y militares que cometieron estos hechos materialmente, o que dieron las órdenes para que se cometieran.

Además, la Justicia lo acusa de haber enviado a un detenido a su cargo a un Centro Clandestino de Detención, entregándolo al entonces encargado del Servicio de Informaciones Confidenciales de la policía provincial, “Tuerto” Albornoz; y luego de haberlo privado de su libertad durante más de un año.

El ex juez Martínez acudió a la secretaría de Derechos Humanos, a cargo de Virginia Duffy, donde cumplió con la citación realizada por el juez Bejas. Previamente, el magistrado ante un pedido del imputado le concedió el beneficio de la excarcelación y es así, que llegó al segundo piso del edificio de calle Las Piedras, con la asistencia de los defensores oficiales, Federico Carnier, y de Javier Goane, en calidad de defensor ad hoc.

Si bien técnicamente como lo explicó el titular del Juzgado Federal Nº1 se cumplió con la indagatoria, en los hechos Manlio Martínez no respondió a ninguna de las acusaciones y por el contrario, presentó una serie de planteos contra la resolución del magistrado. Específicamente, el imputado requirió acceder a las copias originales de la causa, lo cual no fue admitido por Bejas. Ahora, el fiscal de primera instancia, Carlos Brito, y luego el mismo Bejas deberán resolver los cuestionamientos efectuados por Martínez, para proceder en concreto con el interrogatorio de rigor. El tema podría quedar superado para el juzgado, a mediados de la próxima semana.

La investigación judicial realizada por la Fiscalía Nº1, que estaba a cargo de Emilio Ferrer hasta que se jubiló en marzo pasado, estableció que "entre 1975 y 1976 fueron presentadas más de 350 acciones de habeas corpus ante el juzgado que estaba a cargo de Manlio Martínez, a fin de dar con el paradero de personas secuestradas y/o desaparecidas. Pero todas fueron rechazadas o archivadas. Las denuncias de torturas y violaciones por personas secuestradas “legalizadas” eran sistemáticamente pasadas por alto por el ex juez, quien aceptaba como prueba incriminatoria confesiones arrancadas bajo tortura. Pese a la innumerable cantidad de denuncias que tenía en su despacho (incluidos cientos de casos de hallazgos de cadáveres, violaciones de domicilio y secuestros) nunca inició investigación alguna para buscar a sus responsables. Existen además registros de su presencia en los Centros Clandestinos de Detención más importantes de la provincia, como la Jefatura de Policía, la cárcel de Villa Urquiza, lo que se llamaba

“Puesto de Comando Táctico” del Operativo Independencia, la “Escuelita de Famaillá” y la Delegación local de la Policía Federal Argentina, donde el ex magistrado decidió no percibir que existían cientos de personas secuestradas y torturadas”.

En la causa que será indagado, quedó demostrado para el ministerio público que "pese a que Martínez habría estado presente ese mismo día en el lugar del hecho de la calle Azcuénaga (20/05/1976) y a que las escasas pruebas reunidas por la policía indicaban que se había tratado no de un enfrentamiento sino de un “fusilamiento masivo” (todas las víctimas presentaban múltiples heridas de bala en el cráneo), el ex juez decidió no investigar a los autores de estos hechos y, en cambio, hacer suya la versión oficial brindada por el IIIer Cuerpo de Ejército. En su declaración indagatoria (Antonio) Bussi señaló en estos hechos “la participación directa y personal del ex Juez Manlio Martínez cuya información al suscripto fue similar a la del Jefe Militar que intervino directamente”. Lo insostenible de la falta de investigación quedó demostrado con la minuciosa reconstrucción de los hechos realizada casi 30 años después por el Tribunal Oral de Tucumán, que sirvió de base para condenar a Menéndez y Albornoz".

Esta es la primera vez que el ex magistrado es indagado por su participación en los delitos de violación de domicilio, homicidio doblemente agravado, privación ilegítima de la libertad con tormentos y/o vejaciones, incumplimiento de deberes de funcionario público, abuso de autoridad, prevaricato e incumplimiento de su deber de promover la persecución penal por los hechos que se han descripto, todo ello en su carácter de juez federal y como miembro de una asociación ilícita.

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Paro Nacional de la CTA: Se ganó la calle

ACTA

Cuando muchos de los mas de 20.000 militantes que asistieron al acto central de la CTA en la histórica Plaza de Mayo volvían a sus casas con los pies cansados después del corte, la marcha y el acto, cientos de puntanos se disponían a escuchar a distintos músicos populares en un Festival cultural que la Central San Luis realizaba en el centro de la capital.

Dos de las cien caras que tuvo el Paro y Movilización Nacional de la Central de Trabajadores de la Argentina. Dos expresiones distintas pero funcionales a una intención política: mostrar la Argentina real, mostrar la Argentina pendiente. “No la Argentina que le muestran a la Presidenta la UIA, la CGT, el INDEC de Moreno o el sector de la CTA que perdió las elecciones. No la Argentina que le muestran a la Presidenta sino la que nosotros vemos caminando el país" como dijo Pablo Micheli hoy a la tarde con la Casa de Gobierno a sus espaldas.

Y esa Argentina tiene, entre tantas otras, dos prioridades especiales. La de nuestros pibes y la de nuestros viejo. Porque “el hambre es un crimen” y el 82 % móvil una imperiosa necesidad y un justo derecho.

Así lo entendieron los 10.000 compañeros y compañeras que votaron la medida de fuerza aquel 24 de marzo de este año en el Congreso Nacional Federal de la CTA en Mar del Plata. Así lo entendieron también cuando se juntaron en asambleas en innumerables localidades de todo el país. O cuando idearon tantas maneras de manifestarse, de instalar el tema, de llegar al pueblo, de hacerse oír.

Porque nuestros queridos viejos y viejas luchadores continuaban con una costumbre que empezó hace mil miércoles cuando el peso se llamaba austral y las jubilaciones pasaban a manos privadas antes de ser reestatizadas. Cuando cobrar como jubilación el 82 % móvil del salario de un activo era una imposibilidad propia del neoliberalismo.

Y el mejor homenaje era rodearlos frente al Congreso Nacional donde desde hace 20 años se dan cita para luchar, aunque les lleve los últimos años. Y luchando estuvimos con ellos después de los cortes que bloquearon los accesos a la ciudad de Buenos Aires para marchar luego a la plaza del pueblo.

Pero también estuvieron presentes los que representan la otra prioridad impostergable. Los chicos que no son de la calle sino del pueblo. Los chicos que quedan fuera de una asignación universal que no es ley, ni es pareja, ni es ajustable ni es universal y que ya no alcanza. Los que no le escapan todavía al hambre ni a su existencia criminal e injustificada. Lamentablemente, millones de nuestros chicos.

Por ellos se cortaron semejante variedad de puentes entre capital y provincia, en Neuquen, Santiago, Formosa, Jujuy, Chaco o Misiones. Puentes colgantes, blancos, fronterizos, interprovinciales o carreteros de aquí y de allá. O túneles subfluviales, sin ir mas lejos.

Pero el paro y movilización fue también por la libertad y la democracia sindical, por la personería gremial a nuestra central, por la no injerencia del gobierno en los asuntos internos de una organización verdaderamente autónoma. Aunque el concepto le quede grande a algunos. Por eso se cortaron calles, accesos, caminos, rutas, autopistas, colectoras y circunvaladoras en Chilecito, San Juan, Mendoza, Santa Cruz, Río Negro o en Chubut tanto como en Tierra del Fuego.

Y porque el sueldo no alcanza, por el aumento del mínimo, vital y móvil, por la eliminación del impuesto al salario y por el fin del negreo laboral se hicieron marchas, radios abiertas, ollas populares, movilizaciones, actos, acampes y festivales en La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Salta, Tucumán o Catamarca.

Sin olvidar las incontables demandas locales que se sumaban en cada pueblo, en cada ciudad o cada provincia. Allá donde hubierra un micrófono o un megáfono para hacerse oir.

La CTA ganó la calle nuevamente porque volvió la Central que había sido y que siempre debe ser. Como dijo nuestro Secretario General: “Ahora sí hay una central que va a luchar por las cosas del pueblo. Que se va a movilizar por las calles y no por los pasillos donde se reparten cargos. Porque ese es el camino: organización y lucha”.

Hay un pueblo que esta esperando. Esta esperando que los dirigentes se pongan a la cabeza de los reclamos. Y en esta Central no faltan dirigentes que estén dispuestos a hacerlo.

Porque para nosotros no hay otro camino que la felicidad del pueblo, el sueño colectivo de los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos. No nos interesa otro destino que no sea la construcción de una central de 4 o 5 millones de afiliados y con 100.000 delegados nuevos. Una central que pueda expresarse a lo largo y a lo ancho del país una y mil veces hasta que se termine la pobreza con una justa distribución de la riqueza.

Por ese camino y por esas razones vamos a seguir conduciendo a esta Central y a esta movilización popular”

Así lo entendieron cientos de miles de compañeros que de una u otra forma se volcaron a las calles participando de las 100 caras que tuvo la lucha.

La Central de Trabajadores de la Argentina volvió a ganar las calles.

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Argentina, Tierra del Fuego: ¿Qué es el hambre?

ACTA

Sino la injusticia a la que nos somete el sistema capitalista, del que no es ajeno el sistema judicial encargado de velar por los derechos ciudadanos. Esta fue la pregunta y la respuesta que se daban los vecinos que se acercaban a la concentración realizada en la calle San Martin y Fadul de Ushuaia en la Tierra del Fuego, convocada por la CTA.

La Central de Trabajadores de la Argentina de la Provincia de Tierra del Fuego, se convocó a partir de las 12 horas y por el termino de tres horas en la calle San Martín y Fadul , esquina emblemática y punto de encuentro, en la ciudad más austral mundo, de quienes se manifiestan democráticamente reclamando sus derechos

Con la participación del los sindicatos SITRACOM (Comercio) Comisión Provincial y Seccional Ushuaia, UCRA (Colectiveros), UTCA (Casino), STIPA (Plástico), SEJUP( Judiciales provinciales), SUTEF (docentes) Comisión Provincial y Sutef y Seccional Rio Grande , ANUSATE - ATE, Agrupación Gastronómica, trabajadores desocupados, estudiantes universitarios y organizaciones territoriales FSU , MOI , barrios y adherentes a la marcha Colectivo Cultural AJI.

La jornada estuvo coordinada Comisión Directiva Provincial de CTA – Tierra del Fuego. Se realizó una radio abierta, concentración y volanteada con los reclamos de cada sector y la consigna de juntar pedacitos de sueños para acompañar a las mil marchas de los jubilados y la marcha de los chicos del pueblo.

Los compañeros de STIPA hablaron ante los presentes, contaron sus conflictos con la empresa del plástico, sus luchas y compartieron sus esperanzas con los compañeros y compañeras presentes, de igual manera el Colectivo Cultural Aji, planteo la lucha de la familia Huirimilla ante la desaparición de su hijo Ezequiel, en la ciudad de Río Grande y de quien nada se sabe… nada se sabe? Se preguntan los presentes o nada importa porque es hijo de mapuches y de familia pobre.

La consiga el hambre es un crimen impacta en una ciudad que se dice sin pobreza, pero que mantiene sin vergüenza, a casi tres mil familias judicializadas por ocupar tierras fiscales.

El hambre es un crimen, es como un latigazo en la conciencia de los ciudadanos que empiezan a entender: ¿Qué es la Central?, ¿para que está y por qué reclama lo que muchos quisieran y no se atreven?.

Y aquí es donde los compañeras y compañeros nos encontramos, sin cordillera que nos divida, porque no somos ni de aquí ni de allá, somos una sola voz en el reclamo marchando por todo este país, desafiando la represión, la persecución, los punteros, las judicializaciones, como los compañeros de Santa Cruz, del Chaco, de Jujuy, de Formosa, resistiendo y proponiendo un país mejor para nuestro presente y las generaciones futuras.

Esta jornada demostró al “poder” y nos demostró a nosotros cuanto poder tenemos, si logramos como herramienta de lucha “UNIRNOS”.

Así, cerca de 100 compañeros estuvimos presentes en la concentración, luego marchamos al Ministerio de Trabajo de la Provincia para acordar una propuesta para los compañeros del Plástico que ya llevan más 20 días de paro y despidos (toda la conducción del gremio). Nos convocamos también, ante el Gobierno de la provincia, y en reunión con funcionarios de la Secretaría de Gobierno, obtuvimos su compromiso para una audiencia con la Gobernadora, con agenda abierta y fecha próxima.

El balance de la jornada fue positivo, impacto’ en los medios y particularmente fortaleció lazos entre ciudades, sindicatos y trabajadores.

El colorido de la jornada , las banderas, los afiches, las pintadas realizadas por los transeúntes motivaron mas a los jóvenes … quienes plantean que solo faltaros los bombos..!!!

Que el hambre es un crimen y que ningún pibe nace para chorro… no son solo frases, son ideas , luchas, sueños compartidos que nos marcan un camino… hacia la transformación… en ese caminos vamos.

CTA de los Trabajadores, Ni de los gobiernos ni de los patrones.

Por el reconocimiento de los Sindicatos que luchan contra la burocracia, para luchar contra la corrupción, por la elección de delegados, por un país que revierta esa terrible cifra de que 8 de cada 10 jóvenes trabajan en condiciones de precarización.

Por la Libertad y la Democracia Sindical…

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Gobierno boliviano refuerza lucha contra trabajo infantil

PL

El gobierno boliviano prepara un proyecto de ley para erradicar el trabajo infantil, lo cual beneficiará a miles de niños y adolescentes, informó una fuente oficial.

El ministro de Trabajo, Daniel Santalla, referido hoy por la prensa nacional, recordó que ya existen algunas políticas al respecto como el Bono Juancito Pinto, que busca disminuir la deserción escolar.

Santalla manifestó que la cartera que dirige quiere adherirse al Día Mundial Contra el Trabajo Infantil que se celebra el 12 de junio.

Para ello, destacó, el gobierno boliviano realiza una serie de políticas con la cooperación internacional de entidades como la Organización de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Según datos oficiales, en el mundo existen unos 215 millones de niños trabajadores, de los cuales aproximadamente 87 por ciento labora en actividades que pueden ser consideradas como riesgosas, por su naturaleza o exposición a horarios prolongados o abusos físicos o psicológicos.

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Impuesto en el agro uruguayo persigue evitar la concentración de tierras

PL

El Ejecutivo uruguayo pretende evitar y gravar la concentración de la tierra, al anunciar una modificación en el sistema tributario en el campo, aseguró hoy un informe de la presidencia.

La comunicación señaló que mientras el 10 por ciento de la población más rica del país recibe el 30 por ciento del ingreso de toda la nación, 10 unidades porcentuales de los productores más grandes es propietario del 64 por ciento de los suelos.

Basado en datos oficiales, el texto destacó que en la última década la hectárea cuadruplicó su valor, sin embargo este aumento no estuvo reflejado en la carga tributaria del sector ni en el valor de la contribución inmobiliaria.

"La tierra se valoriza con la realización de obras de infraestructura como rutas, caminos o puentes, en el marco de un mejor desarrollo de país en educación, salud y niveles muy bajos de corrupción", abundó el mensaje.

Según la fuente, la alta valorización de las posesiones en la actualidad y la inexistencia de una regulación en la compra-venta, hace que los pequeños arrendadores resulten desplazados por los altos precios que deben pagar.

En ese contexto, agregó, los pequeños propietarios resultan también afectados "porque la productividad generada no les permite ingresos superiores a los que obtendrían arrendando o vendiendo sus campos".

Durante la reunión del pasado lunes del Consejo de Ministros, el presidente José Mujica hizo una propuesta para que las grandes empresas del sector agropecuario aporten los recursos para restaurar los caminos rurales.

El jefe de Estado recibió el apoyo del gabinete, sin embargo hay diferencias entre los titulares en cuanto a si debe gravarse la propiedad de los terrenos o la productividad.

Mujica presentó su proyecto, el cual plantea elevar el aporte por la posesión de las fincas en función de franjas que van de dos mil a cinco mil hectáreas, de cinco mil a 10 mil y por más de 10 mil hectáreas.

La decisión final quedó pospuesta para el próximo lunes, cuando el consejo ministerial retome el asunto.

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Ecuador: En el camino de implementar el mandato popular

Pedro Rioseco (PL)

El Estado ecuatoriano se encuentra hoy en el umbral de un complejo proceso político legal para implementar mediante leyes el mandato popular del referendo y consulta popular efectuado el pasado 7 de mayo.

Aún cuando los resultados del voto popular son indiscutibles y reflejan una clara victoria del Sí propuesto por el Ejecutivo en 10 preguntas relativas al sistema de justicia, la seguridad ciudadana y otros temas, falta aún el informe oficial del Consejo Electoral.

Demorado por impugnaciones de algunas actas, el dictamen final ya tiene un mes de espera, pero las maniobras dilatorias de actores políticos interesados en deslegitimar los resultados del plebiscito han chocado con una diferencia contundente en cada pregunta.

Con un margen superior al millón de votos en la pregunta donde el Sí obtuvo mayor votación, y de 250 mil sufragios a su favor en la que la diferencia es menor, la coalición de fuerzas opositoras carecen del mínimo argumento para impugnar la legitimidad del proceso.

El conteo de las 29 mil 688 actas con el voto de unos 11,15 millones de electores concluyó con ventaja para las propuestas del Ejecutivo en las nueve preguntas de alcance nacional y el resumen de la consulta cantonal sobre no matar al toro en las corridas.

El Sí ganó en 12 de las 24 provincias, donde está concentrado el 79,4 por ciento de la población ecuatoriana, y dentro de ellas venció con amplia ventaja en las siete provincias donde se concentra el 70,5 por ciento de la población.

Los resultados aumentaron considerablemente al referir el conteo a los sufragios válidos, como establece la Constitución, según los cuales triunfó el Sí con un 53,4 por ciento, ventaja promedio en las 10 preguntas de 6,8 puntos porcentuales y de 521 mil votos a favor.

Según el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, la consulta del 7 de mayo marcó un antes y un después en la historia de Ecuador y los cambios aprobados representarán un avance importante para el país en la administración de la justicia y la seguridad ciudadana.

Los votos nulos y blancos fueron menos que el nivel histórico, que considera como normal el cinco por ciento de anulados en cualquier sufragio, mientras la oposición intentó manipularlos como si fuesen votos que se sumarían al No.

Es un error tomar esta consulta como apoyo o rechazo al gobierno, señaló el Mandatario, "pero si quieren tomarla así, la hemos ganado y bien ganado, frente a toda la oposición junta y los medios de comunicación que duplicaron la propaganda del No respecto al Sí".

El escenario político se traslada ahora a la Asamblea Nacional, a quien corresponde implementar, una vez anunciados oficialmente los resultados por el Consejo Electoral, las enmiendas constitucionales y aprobar leyes tan polémicas como la de Comunicación.

Sin embargo, su aprobación es inevitable pues el Parlamento está obligado a cumplir la voluntad popular y el consenso finalmente deberá imponerse en el camino y dirección fijado mayoritariamente por los ecuatorianos en las urnas.

La clara definición a favor del No en las provincias andinas y amazónicas, frente al respaldo del Sí en las provincias del litoral, en Galápagos y en las grandes ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca, hizo surgir también algunas posiciones irracionales.

Autoridades de provincias donde venció el No plantearon su rechazo a acatar las leyes aprobadas por el mandato mayoritario a favor del Sí, lo cual fue enfáticamente rechazado por el Ejecutivo.

La coalición formada para enfrentar al Sí en la consulta popular incluyó a los partidos tradicionales de oposición, a la principal organización indígena, a un sector de la izquierda, a la cúpula de la iglesia católica y a los principales medios de comunicación privados.

Al decir de Correa el triunfo es mayor por haber vencido al mayor conglomerado opositor formado en Ecuador, y muy especialmente a los medios de comunicación, devenidos actores políticos en una campaña que rebasó todos los límites.

Toca ahora, al decir de los principales dirigentes ecuatorianos, profundizar la Revolución Ciudadana, fortalecer la estructura orgánica del gobernante Movimiento PAIS, sumar a las fuerzas sociales que puedan ser sumadas, y avanzar en el cambio prometido.

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