lunes, 27 de junio de 2011

El modelo minero canadiense: Saqueo e impunidad institucionalizados

William Sacher

En este artículo, describimos al Canadá como potencia minera. A nivel doméstico, las leyes que rigen esta actividad son sumamente permisivas y las autoridades políticas proveen apoyos múltiples al sector. Por ello, calificamos a la jurisdicción canadiense de Mineralo-Estado, es decir un Estado que permite el enriquecimiento de una oligarquía minera poniendo el aparato estatal a su servicio.

Canadá, líder internacional del sector minero, busca difundir su modelo más allá de sus fronteras. En la Bolsa de Valores de Toronto, centenas de multinacionales encuentran una plataforma ideal para monitorear proyectos mineros que se realizan alrededor del Mundo. Un gran número de estos proyectos causan impunemente externalidades socio-económicas de gran magnitud. Estas multinacionales cuentan con un apoyo político, financiero y moral sostenido por parte del gobierno canadiense. Por todo ello, consideramos al Canadá un verdadero paraíso judicial para las empresas mineras.

Canadá es un país de fuerte tradición minera, pues desde hace 150 años ha construido su prosperidad económica en parte sobre esta industria, y cuenta en la actualidad con alrededor de 200 minas en actividad. Durante décadas y hasta el día de hoy, la industria minera se aprovechó del “dejar-hacer” de los gobiernos canadienses para enriquecerse abusivamente, a costa de daños socioambientales irreversibles. Es más, para los actores de la industria, las jurisdicciones canadienses1 se han vuelto la panacea por sus ventajas fiscales y el apoyo inagotable del gobierno al sector minero.

Bajo la influencia política inevitable de este sector, las autoridades canadienses hacen esfuerzos por maximizar el flujo de los capitales públicos hacia la minería y minimizar los pagos en regalías e impuestos exigidos a las mineras. Esta ecuación conduce a la concentración de las riquezas minerales del país en pocas manos, mientras los costos socio-ambientales son transferidos al público canadiense casi sistemáticamente. Por todo eso, proponemos en este artículo la calificación de Mineralo-Estado para denominar al Canadá, inspirándonos en el concepto conocido como Narco-Estado.

Sin embargo, mientras se siguen explotando a gran escala los yacimientos de este país-continente,2 alrededor del 50% de los proyectos mineros que poseen las empresas registradas en la Bolsa de Valores de Toronto (TMX) se ubican fuera de Canadá. Es más, muchas de las empresas registradas en la TMX ni siquiera son titulares de concesiones mineras en territorio canadiense. El 60% de las empresas mineras de exploración y explotación del planeta están inscritas en esta bolsa de valores, que representa el 80% de las transacciones del sector y el 36% del capital minero mundial. Esta concentración posiciona al Canadá como el líder mundial del

sector3 en donde las empresas mineras encuentran una plataforma ideal para desplegar sus actividades alrededor del mundo, particularmente en América Latina, Asia y África. En las últimas dos décadas, la presencia internacional de las mineras canadienses no ha cesado de crecer, sobre todo a través de las juniors (empresas que se dedican exclusivamente a la exploración) pero también de sus hermanas mayores, las majors. En ciertos países, el dominio de las empresas canadienses es aplastante. Por ejemplo, de las 263 empresas mineras activas actualmente en México, más del 75% provienen de este país.4 En este artículo identificamos una serie de razones que explican este hecho.

Además de extender las características de su modelo de Mineralo-Estado a nivel internacional, a través del apoyo político y financiero a las empresas transnacionales, el gobierno canadiense les proporciona un apoyo diplomático inagotable. A eso se añade un vacío jurídico abismal al momento de incriminar a las transnacionales por los abusos que éstas cometieran en el extranjero, y el hecho de que los tribunales canadienses actúan raramente en contra de los intereses mineros. Es más, la preeminencia del derecho a la reputación y la instrumentalización de la justicia permiten a las empresas enjuiciar a actores críticos como periodistas, académicos y ONG, atropellando su libertad de expresión.

Haciendo una analogía con los conceptos de paraíso fiscal y bancario, las características mencionadas anteriormente nos llevan a denominar al Canadá paraíso judicial. En este paraíso, las empresas gozan de impunidad de hecho, aun si enfrentan acusaciones de abusos graves en materia de derechos humanos, económicos o ambientales. Esta impunidad permite que el Canadá conserve su reputación de “buen gobierno” en la escena internacional, y que las ganancias récord de sus transnacionales se sigan multiplicando a costa de externalidades de graves consecuencias.

150 años de minería en Canadá: una herencia agobiante La minería es una actividad industrial que, debido a sus formas de operación, produce impactos socioeconómicos, sanitarios y ambientales de gran envergadura. Obviamente, la industria minera canadiense no es la excepción.

Antes de hablar del despliegue de las empresas mineras canadienses alrededor del planeta y de las múltiples controversias que lo acompañan, es preciso recordar el saldo socio-ambiental de 150 años de explotación intensiva del subsuelo en el propio territorio canadiense, donde se encuentran yacimientos de uranio, oro, amianto, cobre, níquel, zinc, plata, potasio y diamantes, etc. de calibre mundial. Antes de que se exporte al extranjero, el “saber-hacer” canadiense se constituyó y sigue constituyéndose en Canadá, causando una huella socio-ecológica irreparable, un acaparamiento de los grandes espacios del país y el despojo de los territorios ancestrales de los pueblos indígenas.

Medioambiente, la urgencia del tema

“En Canadá existen actualmente más de 10,000 minas abandonadas en donde pueden generarse niveles inaceptables de concentración de metales en las aguas subterráneas y superficiales, permaneciendo allí por decenas, e incluso cientos de años después de haber cesado la explotación”.5 En muchos casos, las empresas explotadoras se han declarado oportunamente, en bancarrota, dejando a cargo del Estado la gestión de estos desechos que necesitará de una inversión de cientos de millones, e incluso billones de dólares.6, 7 Sin embargo, según el verificador general de Canadá, en la mayoría de los casos, una limpieza completa y definitiva de estos sitios será imposible.8

En la actualidad, las minas canadienses siguen produciendo más de 650 millones de toneladas anuales de desechos,9 con “el riesgo de que el Estado deba asumir costos de restauración adicionales en el futuro”.10 Anualmente, el Estado canadiense entrega a las mineras un promedio de 50,000 a 100,000 km211 de territorio, mayoritariamente en el norte del país donde la actividad minera amenaza gravemente el equilibrio del bosque Boreal, al que algunos expertos no le dan más de “50 años de vida”.12

Al riesgo de contaminación por metales pesados, se debe añadir el drenaje ácido de mina,13 los derrames y la misma actividad de exploración minera, que afectan duramente a los ecosistemas circundantes y son capaces de generar catástrofes ambientales.14, 15, 16 En fin, no se puede omitir la catástrofe ecológica que representa la acumulación negligente17 y los trágicos derrames18 de desechos radioactivos, causados por la explotación masiva de uranio. Pese a ello, el Canadá sigue siendo el líder mundial en la producción de este mineral radioactivo.19

Los daños producidos por la actividad minera en el territorio canadiense son inconmensurables. A menudo, la complejidad de los equilibrios naturales no permite diagnosticar y/o prever, los impactos a gran escala sobre el aire, el agua y el suelo, en el espacio y el tiempo. Existen situaciones en las que no es posible desarrollar soluciones tecnológicas apropiadas para enfrentar la contaminación provocada.20

El desarrollo al estilo minero: fugaz y destructor

En cuanto a los supuestos beneficios producidos por las industrias extractivas en el ámbito socio-económico, las empresas mineras no han sido capaces de generar empleos numerosos21 y estables.22 Al contrario, además de ser altamente peligrosos,23 la mayoría de empleos creados son efímeros, pues acaban cuando las minas cierran, una vez que el mineral se ha agotado o por los “caprichos” del mercado. En Canadá existen decenas de ciudades abandonadas pobladas de jubilados deprimidos o de jóvenes sin perspectivas.24 A esto se añade la poca presencia de mujeres e indígenas en los puestos de trabajo.25

A lo largo de los siglos XIX y XX, la explotación minera ha despojado progresivamente a muchos pueblos indígenas de sus territorios ancestrales sin haber obtenido su previo consentimiento, contribuyendo a la destrucción irreversible de sus lugares y sus culturas.26,27 Pese a sus repetitivas declaraciones de buenas intenciones, el gobierno canadiense sigue demostrando tener poco interés en actuar a favor de los pueblos originarios: el Canadá es uno de los tres países (de un total de 146) que no ha firmado la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Igualmente se abstuvo de firmar la Convención 169 de la OIT.

El saldo catastrófico de 150 años de minería en el Canadá es el resultado del “dejar-hacer” permanente por parte del Estado. Diseñadas a finales del siglo XIX bajo un régimen colonial brutal, para dar paso al desarrollo industrial del país, las legislaciones canadienses sumamente permisivas siguen vigentes hasta el día de hoy. Estos mismos métodos tienden ahora a expandirse al resto del planeta con el amparo financiero, político y jurídico del gobierno.

Canadá, un mineralo-Estado

Según revela una encuesta efectuada por el Instituto Fraser a 670 empresas y agencias de servicios del sector minero, en 72 países y Estados, Canadá es un verdadero El Dorado para las empresas mineras. Entre las 10 primeras jurisdicciones que la encuesta indica como ideales para la exploración minera, figuran seis provincias canadienses.28 En Canadá, la minería de exploración y explotación es de carácter exclusivamente privado, sin embargo, disfruta de un fuerte apoyo del sector público.

En el ámbito fiscal, varias medidas de asignación, créditos de impuestos, incentivos fiscales eximen a las empresas mineras del pago de impuestos y regalías. En la provincia de Québec, “en el período 2002 – 2008, 14 empresas pagaron cero regalías pese a que acumulaban valores brutos de producción anual de 4,2 billones de dólares”.29 A nivel federal, el promedio anual en regalías entregadas al gobierno entre 1966-2002 alcanzaba el monto irrisorio de 4,16 millones de dólares.30

Además de los beneficios ya mencionados, un conjunto de empresas del Estado, tanto a nivel provincial como federal, ofrecen apoyos múltiples a las empresas mineras que operan en territorio canadiense.31,32 En Québec, por ejemplo, el Estado se encarga de ofrecer asesoría a las empresas mineras privadas para que sepan aprovechar de manera óptima el entorno fiscal permisivo de la provincia. Estas entidades públicas ofrecen además otras formas de servicios: participan directamente del capital de las empresas, otorgan préstamos a tasas preferenciales, y proveen de garantías a la inversión, dándoles credibilidad financiera y sirviendo de trampolín a las empresas juniors. A esto se añaden apoyos indirectos, como el financiamiento público de las campañas de exploración geológica, de mega-infraestructuras de producción energética y de transporte.

En cuanto al acceso a los territorios, las empresas gozan de la ausencia de obstáculos legales. Las legislaciones mineras canadienses funcionan con el principio del llamado free mining, o free entry. Este principio, en vigor desde el siglo XIX,33 se basa en la premisa de que la explotación minera es la mejor forma de uso del territorio. Los derechos del detentor de un título minero tienen supremacía sobre los derechos territoriales de los propietarios de las tierras, las colectividades locales, e incluso de los pueblos indígenas.34,35,36

En cuanto a la legislación ambiental, las sucesivas desregulaciones de los últimos 20 años introdujeron una enorme flexibilidad,37,38 además de drásticos cortes en los presupuestos de los Ministerios del Ambiente.39 Todo esto ha dejado a las empresas un amplio margen de decisión para manejar sus desechos y el proceso de cierre de las minas.

Este conjunto de factores nos lleva a proponer el calificativo de Mineralo-Estado para el Estado Canadiense. En un Mineralo-Estado el comercio de los recursos minerales puede ser visto como el comercio de la droga en un Narco-Estado, es decir permite el enriquecimiento de las oligarquías poniendo al aparato estatal al servicio del comercio minero. Así, entendemos como Mineralo-Estado, un Estado que:

1. Posee un territorio con gran potencial geológico;

2. garantiza el acceso a recursos energéticos y agua al mejor precio (puede ser cero...);

3. garantiza con la fuerza militar y/o la ley un acceso privilegiado a los recursos minerales para los actores del sector minero;

4. garantiza una red de infraestructuras que permiten el transporte de recursos materiales y humanos, así como el mineral de una manera rápida y segura;

5. apoya financieramente a las empresas;

6. facilita la exportación de las ganancias, y minimiza el control fiscal;

7. reduce al mínimo las restricciones relativas al medio ambiente y las condiciones de los trabajadores;

8. se encarga de una propaganda agresiva a favor de la explotación minera, y permite la criminalización de los actores críticos;

9. a través de redes, permite al sector minero ejercer una influencia directa sobre las autoridades políticas y su acción. La permisividad de la legislación, las cuantiosas transferencias de fondos públicos hacia las empresas, la minimización de regulaciones fiscales, y la influencia indiscutible del sector minero en la política hacen que Canadá responda perfectamente a esta definición.

Canadá, un paraíso judicial

Varios factores han incentivado el boom minero mundial de los últimos años. Al incremento de la demanda en minerales de todo tipo, provocado por crecimiento económico de China e India, se añaden el boom tecnológico, la crisis económica y el uso del oro como valor-refugio, la financiarización de la economía mundial y la búsqueda de nichos de especulación. A esto se suma el aumento de los gastos militares, el auge programado de la energía nuclear como fuente alternativa a los combustibles fósiles y la voluntad de las grandes potencias para asegurar el acceso a yacimientos económica y estratégicamente sensibles.

En este contexto, las multinacionales canadienses del sector minero con sus “saber-hacer” centenario, han extendido sus actividades por todos los continentes, en busca de nuevos yacimientos rentables durante los últimos 20 años. Estas empresas se han beneficiado de la aplicación del Consenso de Washington en un gran número de países endeudados de amplio potencial geológico bajo la presión del Banco Mundial. Esta instancia, a menudo con asesoría de origen canadiense, ha impulsado la elaboración de nuevos códigos mineros que favorecen la inversión extranjera agresiva y sin mayor regulación. Canadá ha participado a través de diversas instancias públicas, en la elaboración del nuevo marco de inversión minera en Colombia, Botswana, Zimbabwe, Guinea y Zambia, reproduciendo las características del Mineralo- Estado canadiense.

El ambiente es definitivamente favorable a la inversión en el sector minero, pero ¿qué hace que inversionistas mineros estadounidenses, suecos, alemanes, australianos o mauricianos escojan al Canadá para gestionar sus proyectos en África, América Latina, Indonesia o Asia? Proponemos responder a esta pregunta describiendo una serie de características que hacen de Toronto el lugar de predilección de los inversionistas, particularmente en cuanto a la exploración minera.

Un polo de atracción para los negocios mineros Históricamente, los mercados financieros canadienses han sido el teatro de numerosos escándalos vinculados a la empresas mineras, como el de “Wind Fall” en los años sesenta, o más recientemente el de la empresa junior Bre-X,40 que llevó al colapso de la Bolsa de Vancouver, y a la concentración de la totalidad del capital minero canadiense en Bolsa de Valores de Toronto (TMX). Desde su origen, a finales del siglo XIX, la reputación de las Bolsas de Valores canadienses es la de verdaderos casinos en donde reina la especulación, a tal punto que en mayo de 1989, la famosa revista económica Forbes, calificó a la Bolsa de Vancouver de “capital mundial de las estafas”.

Actualmente, las reglas del TMX permiten a las empresas cultivar la ambigüedad en cuanto al potencial real de un yacimiento. Así, el TMX sigue siendo un lugar de predilección para especuladores, que comercian títulos de numerosas empresas junior registradas allí, a tal punto que ciertas empresas tendrían esta actividad como única vocación.41 Es más, las regulaciones del TMX estipulan que las empresas no tienen la obligación de divulgar información que no sea de interés de los accionistas.42 En Toronto, se especula sobre las concesiones mineras que han sido adquiridas o que se explotan a costa de daños indescriptibles, pero las empresas no tienen obligación de rendir cuentas.

La disponibilidad de capitales en Canadá es otro aspecto que atrae a los inversionistas mineros. La población canadiense en su conjunto financia a las empresas mineras a través de inversiones personales y, sobre todo, de fondos públicos y privados de jubilación de una gran parte de la clase media colocados masivamente en la Bolsa de Valores de Toronto. Así, las jubilaciones de los canadienses dependen de las ganancias que reciben las empresas mineras; ganancias que, como hemos de señalar más adelante, enfrentan gravísimas acusaciones de abusos e irregularidades.

Otro factor importante es el apoyo multiforme que les prodiga el gobierno canadiense para proyectarse alrededor del mundo.

Primeramente, las ventajas fiscales considerables y de múltiple espectro, ofrecidas por las diferentes instancias gubernamentales del Mineralo-Estado, benefician también a las empresas activas al extranjero.

Es importante señalar el rol activo de instancias gubernamentales como la ACDI (Agencia Canadiense de Cooperación y Desarrollo Internacional) que ha servido de agencia de publicidad y promueve la exportación del Mineralo-Estado canadiense a escala internacional, pues ha “colaborado” con diversos países en la definición de sus políticas mineras de acuerdo a los intereses de la industria canadiense. En resumen, la ACDI “prepara el terreno” para las empresas mineras canadienses, que “tienen de este modo, acceso fácil a la información geológica del país, economizando tiempo y dinero, y encuentran al interior del gobierno, individuos formados en Canadá, o por canadienses, con un a priori favorable a las empresas y al know how canadiense”.43 Otra agencia, la Exportation Development Canada (EDC), una aseguradora poco transparente, provee préstamos y garantías públicas indispensables para la obtención de financiamiento de bancos privados.

Además, a través de su red de embajadas y delegaciones comerciales, el gobierno canadiense brinda un apoyo diplomático incondicional a sus empresas mineras activas en otros países y ejerce todo tipo de presión a sus autoridades, y no duda en asumir públicamente su rol de lobbysta.44 Para aumentar su red de influencia en el extranjero, las empresas multinacionales del sector extractivo contratan como “consejeros” a ex primeros ministros canadienses, como Joe Clark, Jean Chrétien, o Brian Mulroney.45 Pregunta: ¿qué hacen estos personajes, sino poner al servicio de las empresas mineras, sus contactos y la información acumulada a lo largo de su mandato?

Por último, es preciso mencionar que Canadá ofrece protección jurídica a sus empresas, pues el vacío jurídico hace difícil que las víctimas de abusos cometidos en el extranjero por empresas privadas lleguen a un tribunal canadiense.46 Además, anteriores decisiones de tribunales canadienses sobre estos asuntos demuestran que las autoridades judiciales han decidido no actuar en contra de intereses mineros.47 Una impunidad de hecho asegura a toda empresa canadiense que nunca será importunada por la justicia en Canadá a causa de abusos cometidos en el extranjero.

Por lo antes mencionado, Canadá se impone como paraíso judicial para las empresas mineras a escala mundial. En el momento de escoger una jurisdicción para registrarse, un inversionista minero optará lógicamente por Toronto. Al igual que un sinnúmero de empresas se registra cada día en los paraísos fiscales para evadir al fisco de los Estados de Derecho, las mineras se registran masivamente en el paraíso judicial canadiense para gozar de una protección jurídica, política y moral.48

Una letanía de abusos

Con este pedigree, el Canadá se ha convertido en la plataforma privilegiada de inversionistas de todo el planeta, desde la cual sus empresas pueden alcanzar una rentabilidad récord, externalizando impunemente los altos costos financieros, ambientales y sociales que generan sus actividades. La gravedad de estos costos se mide por las serias acusaciones de abusos que enfrentan las mineras registradas en Canadá, en todos los países en donde se encuentran activas. Las principales son: 49

• evasión fiscal u otras formas de criminalidad económica,
• expropiación brutal y violación de derechos humanos,
• contaminación, producción de residuos tóxicos y destrucción de los ecosistemas, envenenamiento de las poblaciones locales,
• complicidad en el asesinato de líderes opuestos a la actividad minera,
• complicidad en crímenes de guerra.

En situaciones de guerra civil, como en la República Democrática del Congo, multinacionales mineras del Canadá, como AMFI, Lundin Mining, First Quantum Minerals, Emaxon, o Banro no han tenido reparos en negociar contratos leoninos con jefes de guerra. Estos contratos han permitido a las mineras obtener a bajo precio derechos sobre yacimientos de calibre mundial,50 financiando indirectamente la guerra civil en esta región. Acusaciones de incentivo a la conflictividad en esta región africana son sumamente graves pues se calcula que en los últimos 15 años, esta guerra habría provocado más de cinco millones de muertos y al menos un número igual de desplazados.

La multiplicación de idénticas acusaciones, provenientes de fuentes independientes, en todos los continentes, es prueba de que no se trata de casos anecdóticos. Por el contrario, es necesario tratar estos hechos como evidencia de que existe un sistema propiamente canadiense de saqueo de recursos minerales, que se apoya en la propagación de su modelo de Mineralo-Estado y en la existencia de un paraíso judicial.

Ignorancia e impunidad

No podemos concluir sin mencionar del proyecto de Ley C-300,51 que fue rechazado por el parlamento federal de Ottawa en octubre del 2010, durante su tercera y última lectura. El principal punto de esta Ley era la posibilidad de suprimir el apoyo financiero que reciben las empresas cuando no cumplen una serie de estándares.

Sin duda, este proyecto representaba un “paso en la dirección correcta”, como afirmaron varios actores de la sociedad civil canadiense. En realidad, era un paso en extremo tímido. Pese a ser sujeto de críticas agresivas por parte del sector minero y sus aliados, la Ley no cuestionaba los fundamentos del paraíso judicial, es decir la impunidad de los múltiples crímenes que habrían cometido las empresas del sector extractivista. La timidez de este proyecto de ley y el rechazo del parlamento, son muestras de la enorme influencia de los intereses mineros en el Mineralo-Estado canadiense, así como de una ausencia de voluntad política para regular el sector.52

El africanista francés François-Xavier Verschave decía a propósito de la explotación neo-colonial francesa en África, el silencio y la impunidad están íntimamente vinculados.53 El silencio del gobierno y de los medios de comunicación sometidos a los intereses mineros, hace que los ciudadanos canadienses no cuestionen un sistema de explotación depredador y potencialmente criminal. A esto se añade que las empresas tienen derecho a seguir juicio a los actores críticos, bajo el pretexto de defender su reputación. Entre los atropellos recientes a la libertad de expresión figuran los casos de las mineras Barrick Gold54 y Banro que siguen juicios a los autores y la editorial del libro Noir Canada por un total de 11 millones de dólares. Estas amenazas a la libertad de expresión impiden que se desarrolle un verdadero discurso crítico en Canadá.

Décadas de construcción de una reputación de “buen gobierno”, tanto al interior como al exterior de las fronteras,55 han logrado la confianza ciega de una gran parte de la sociedad canadiense en sus instituciones. Mientras tanto, el sector minero no tiene límites para seguir instrumentalizando a las autoridades públicas y au mentando sus márgenes de ganancias, aun si todo eso implica la evasión fiscal, la destrucción de ecosistemas, el contrabando, la corrupción, la expropiación mortal de pueblos, el tráfico de armas, o la asociación con jefes de guerra sanguinarios.

Notas:
1) En Canadá la gestión del subsuelo es, en gran parte, de competencia provincial.
2) 7,700 km de Este a Oeste, 10 millones de km2, tercer país del mundo en superficie.
3) 1427 empresas están registradas en el TMX, un cifra mayor al número de empresas mineras registradas en las cinco Bolsas de Valores competidoras (el LSE de Londres, el ASX de Australia, el NYSE de Nueva York, el JSE de Johanesburgo, y el HKEx de Hong Kong).
4) Anuario estadístico de la minería mexicana ampliada, capítulo VI, cuadro 2, 2008.
5) Ptacek, C., Transport of Metals from Mine Tailings Impoundments and Release to Surface Waters, Department of Earth Sciences, University of Waterloo, Ontario, Canada. Ver también la página web del Department of Mining and Northern Development, Memorial University, New Foundland, . Esta información es confirmada por otras fuentes: Cowan, W.R., et. al., Rehabilitating Abandoned Mines in Canada: a Toolkit of Funding Options, National Orphaned/Abandoned Mines Initiative, 2006, p. 2; y Miningwatch Canada, The Boreal Below: Mining Issues and Activities in Canada’s Boreal Forest Region, 2008, p. 27.
6) Oficina del verificador general de Canadá, “October Report of the Commissioner of the Environment and Sustainable Development” , 3.1, .
7) Winfield, M., et al., Looking beneath the surface, an assessment of the value of public support for the metal mining in Canada, Pembina Institute/ MiningWatch, October, 2002, , p.3.
8) Oficina del verificador general de Canadá, op. cit., 3.1.
9) Miningwatch Canada, The Boreal Below : Mining Issues and Activities in Canada’s Boreal Forest Region, 2001, p. 23.
10) Verificador general de Quebec, Rapport du Vérificateur général du Québec à l’Assemblée nationale pour l’année 2008-2009, tome II, 2.6, .
11) Miningwatch Canada, op. cit., p. 20.
12) Nikiforuk, A. Schindler’s warning: Will it be heard? A distinguished ecologist gives Canada’s boreal forest 50 years to live, and is alarmed at Ottawa’s inaction. The Globe and Mail, 24 de febrero de 2000.
13) Un proceso mediante el cual, el aire o las aguas de escorrentía oxidan los minerales sulfurosos contenidos en los desechos mineros, lo que provoca una acidificación anormal de las aguas superficiales y subterráneas.
14) El Ministerio del Ambiente de Canadá (Environment Canada) ha atribuido al drenaje de ácido la desaparición de variedad de salmones del río Tsolum (Colombia Británica). .
15) En 2008, en Quebec, la ruptura de un dique provocó la contaminación de la red hidrográfica con cobre, hierro y zinc. Véase, Radio-Canada, Importantes conséquences environnementales, Abitibi-Temiscamingue, 2 de julio 2008, ; En Canadá, existe una larga historia de accidentes con consecuencias dramáticas para los ecosistemas, e.g. MiningWatch Canada, The Boreal Below, 2008, op. cit., p. 27.
16) Sumi, L., y S. Thomsen, mai 2001, Mining in Remote Areas, Issues and Impacts, Environmental Mining Council of British Columbia, .
17) Makhijani, A., Hu, H. y K.Yih, 1995, Nuclear Wastelands, A Global Guide to Nuclear Weapons Production and its Health and Environmental Effects, Cambridge, MIT Press, p. 136.
18) En la provincia de Saskatchewan, más de 90 fugas radioactivas han sido registradas entre 1981 y 1989, expulsando millones de litros de desechos radioactivos en la red hidrográfica, ibid., p. 134.
19) 23% de la producción mundial en 2008.
20) Verificador general de Canadá, op. cit., 3.17.
21) La minería metálica representa sólo el 0.14 % del total de los empleos en Canadá, ver Handal, L., Le soutien à l’industrie minières: Quels bénéfices pour les contribuables?, Institut de Recherche et d’information Socio-Économique (IRIS), Montréal, Québec, Canada, abril 2010, p. 19.
22) Myers, H., Neither boom nor bust: the renewable resource economy may be the best long-term hope for northern communities, Alternatives, octubrenoviembre 1996, p. 18.
23) Los empleos de la industría minera como los más peligrosos de todos los sectores, Handal, L., op. cit., p. 30.
24) MiningWatch Canada, The Boreal Below, 2008, op. cit., p. 49.
25) Handal, L., op. cit., p. 31.
26) Los pueblos arrasados por la actividad minera son innombrables: los Cri de Oujé-Bogoumou (Quebec), los Atikameksheng Anishnawbek de Sudbury (Ontario), los Dene de Wollaston (Saskatchewan), los Jebwee de Elliot Lake (Ontario), los Dena del río Ross (Yukón), etc.
27) Ver también, Highlights from the report of the Royal Commission on Aboriginal Peoples, Ministerio de los pueblos indígenas y del Norte de Canadá (Indian and Northern Affairs Canada), 1996.
28) Fraser Institute, Annual survey of Mining Companies 2009-2010, abril de 2010,
29) Verificador general de Québec, op. cit., 2.5.
30) Verificador general de Canadá, op. cit., 3.23.
31) Handal, L. op. cit.,
32) Winfield, M. et al., op. cit.
33) Lapointe, U., Origins of Mining Regimes in Canada & The Legacy of the Free Mining System, Conference “Rethinking Extractive Industry: Regulation, Dispossession, and Emerging Claims”. The Centre for Research on Latin America and the Caribbean (CERLAC) and The Extractive Industries Research Group (EIRG), York University, Toronto, March 2009, p. 5-7.
34) Idem.
35) Handal, L., op. cit., p. 33-36.
36) Amos, W., Audoin, A., Pour que le Québec ait meilleur mine, Réforme en profondeur de la loi sur les mines du Québec, Ecojustice, octubre 2009.
37) Canadian Institute for Environmental Law and Policy, The annual reports of the Canadian Institute for Environmental Law and Policy, citado enThe Boreal Below, op. cit., 2008.
38) Handal, L., op. cit., p. 33.
39) The annual reports of the Canadian Institute for Environmental Law and Policy, op. cit.
40) Un técnico había artificialmente añadido oro en las muestras tomadas en el sitio de Busang en Indonesia, 50,000 inversionistas fueron estafados.
41) Empresas junior “efímeras” gastan más en marketing que en prospección. Su objetivo es obtener ganancias a corto plazo. KEITA, F.M., Activités des entreprises minières canadiennes à l’étranger et leurs impacts sur les communautés, Montreal, 8 de junio 2006, .
42) TSX Group, Timely disclosure, diciembre de 2008, 3.6, .
43) Aoul, et al., Vers une spirale de la violence? “Les dangers de la privatisation de la gestion du risque des investissements en Afrique”, Les activités minières et l’emploi de compagnies privées de sécurité, La Table de concertation sur les droits humains au Congo/Kinshasa, Développement et Paix, Mining Watch Canada, Montréal, marz 2000. .
44) La primera secretaria de la Embajada de Canadá en Guatemala, declaró a propósito de la empresa Glamis Gold (objeto de gran resistencia): “No es sólo la empresa a quien estamos defendiendo [...] no hablamos solamente de una empresa canadiense, estamos hablando de millones de canadienses que han invertido en la bolsa de Toronto, [la] que ha dado el financiamiento, el capital con el que puede operar [...] Glamis Gold aquí en Guatemala. Tenemos el deber de ver que no pierdan sus inversiones”, Lavoie, H., Une mine d’or canadienne contestée au Guatemala, Montreal, Radio-Canada, 13 de febrero 2005, citado en “Panzos 25 ans plus tard” , Projet Accompagnement Québec- Guatemala, 2006.
45) Deneault, et al., Noir Canada. Pillage, corruption et criminalité en Afrique, Écosociété, Montréal, abril de 2008.
46) Oxford University Pro Bono Publico, Obstacles to justice and redress for victims of corporate human rights abuse. A comparative submission prepared for professor John Ruggie, UN Secretary-General’s Special Representative on Business & Human Rights, 3 de noviembre 2008.
47) Por ejemplo, en 1996, 23,000 guyaneses denunciaron a la empresa minera canadiense Cambior por contaminación a gran escala en la Corte Superior de Quebec. Dicha instancia se declaró incompetente y resolvió transferir el caso al tribunal de Guyana. Québec Court Decides to Dismiss, Stikeman Elliott LL, .
48) Sin dudar en usar, si es necesario, filiales instaladas en los paraísos fiscales del Caribe.
49) Ver Noir Canada, op. cit., y sus notas bibliográficas; la edición del Toronto Star del 25 de noviembre 2009, , , , etc.
50) Noir Canada, op. cit.
51) Ley sobre la responsabilización de las empresas en cuanto a sus actividades mineras, petroleras o gasíferas en los países en vias de desarrollo, propuesta en febrero 2009 por el diputado del partido liberal, John Mc Kay.
52) Ver, por ejemplo, la ausencia de claridad del líder del partido liberal, Michael Ignatieff, al momento de votar el proyecto de Ley: Taber, J., Ignatieff’s mixed message on mining leaves Liberal heads spinning, The Globe and Mail, Toronto, Canada, 28 de octubre de 2010.
53) Verschave, F. X., Noir Chirac, Les arènes, 2002.
54) Barrick Gold es el actual primer productor mundial de oro.

Bibliografía y consultas:
- Anuario estadístico de la minería mexicana ampliada, 2008,
- Ptacek, C., Transport of Metals from Mine Tailings Impoundments and Release to Surface Waters, Department of Earth Sciences, University of Waterloo, Ontario, Canada.
- Department of Mining and Northern Development, Memorial university, New Foundland, Canada.
- Cowan, W.R., et W. O. Mackasey, Rehabilitating Abandoned Mines in Canada : a Toolkit of Funding Options, National Orphaned/ Abandoned Mines Initiative, 2006.
- Miningwatch Canada, The Boreal Below : Mining Issues and Activities in Canada’s Boreal Forest Region, 2001.
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Debates intelectuales en Brasil

Julio C. Gambina (especial para ARGENPRESS.info)

Estamos protagonizando una serie de discusiones muy interesantes en Brasil. Primero, entre el 22 y 24 de junio en la Universidad de Uberlandia, en el Estado de Minas Gerais. Somos unos 600 participantes para discutir 300 ponencias en el 16º Encuentro de la Sociedad de Economía Política (SEP), entidad donde se agrupan economistas críticos de una izquierda plural que reúne desde marxistas a quienes discutieron tempranamente el enfoque de la corriente principal, neoliberal, en los 80´ y 90´. En sí mismo es un acontecimiento novedoso y que expresan los nuevos tiempos que corren.

Muchas veces se piensa en tiempos de derrota, sin embargo, la magnitud de jóvenes de pensamiento reflexionando críticamente sobre nuestro tiempo habilita expectativas esperanzadas.

Junto a ese cónclave se organizó el coloquio de la SEPLA, Sociedad Latinoamericana de Economía Política, con 50 representantes de varios países de la región (Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, Uruguay), e incluso de Europa.

La cita siguiente fue en Guararema, cercano a San Pablo, en la Escuela Florestán Fernández del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra de Brasil, donde 70 participantes de 16 países de la región participaban de un curso de formación política. Allí pudimos presentar nuestros puntos de vista y discutirlos con un activo militante con práctica social y territorial de muy diversa experiencia, con los matices propios de la fragmentación en nuestro tiempo, sea para abundar en argumentos favorables o críticos a cada una de las situaciones que definen el cambio político en la región.

De especial interés fue el encuentro con parte de la dirección del MST y su Escuela, con los integrantes de la SEPLA y del ESNA, el Encuentro Sindical Nuestra América. Gran cantidad de protagonistas en todas las iniciativas, con una agenda de discusión muy amplia, que incluyen principalmente, los debates sobre la crisis capitalista en curso, la situación latinoamericana y obviamente las realidades nacionales, especialmente de Brasil. Una cuestión de interés sobre la crisis remitió a los alcances e impactos de la misma.

Evaluación sobre la crisis capitalista

Se llamó la atención sobre un discurso generalizado (en gobiernos y en cierta parte de la izquierda) que coloca a nuestra región por afuera de la crisis, motivado en los datos de la evolución macroeconómica, con registros por encima del promedio mundial durante el desempeño de la crisis desde 2007. La réplica transita el argumento de la funcionalidad de la economía regional a la demanda mundial de materias primas producidas bajo la dominación de las transnacionales de la alimentación, la biotecnología o la minería.

De alguna manera, las mismas razones del “éxito macroeconómico” en nuestros países, explican elementos esenciales de la crisis mundial. El alza de los precios del petróleo, que mejora los indicadores de los países productores de hidrocarburos; o la evolución de los precios de oleaginosas, granos o carnes respecto de los productores de alimentos; o del oro, cobre u otros minerales, explican las bonanzas de las cuentas nacionales de esos países, tanto como el incremento de la factura energética, o alimentaria de los países importadores. La realidad remite a una crisis diversa e integral donde los precios de los bienes primarios están asociados al modelo productivo y de desarrollo dominado por las transnacionales.

No se trata de reiterar diagnósticos de la crisis según experiencias anteriores, sean en el Siglo XX ó el XIX. En rigor, las crisis son del orden económico, y este es social, con lo cual existe el aprendizaje de los sectores dominantes, que en tiempo presente ponen en juego lo aprendido en crisis anteriores, y por ello no alcanza con diagnóstico de procesos de crisis previas. Las clases subalternas también necesitan aprender de experiencias anteriores y entender que de cada crisis surgen variaciones en el orden explotador o posibilidades de organizar un nuevo orden, máxime cuando además de las resistencias y acumulaciones populares en nuestramérica, ocurren las rebeliones en los pueblos árabes y europeos. Son expresiones de una dinámica de resistencia que conviene considerar, tanto como la debacle de organizaciones sociales propias de otra época que se encuentran rebasadas por la iniciativa de la nueva organicidad popular.

Las causas de la crisis aluden a múltiples causas, y tienen que ver con la producción y circulación de bienes, servicios y capital en conjunto. Esa es la razón para pensar que el alza de los precios de las materias primas está asociada a la especulación, sí, pero sobre todo a la forma dominante de la producción primaria, dominada por las corporaciones transnacionales. Es el orden productivo el que domina la acumulación y resuelve la dominación, y por ello cuando se discute la crisis, el centro de la crítica debe concentrarse en el orden productivo, o modelo de producción.

La concepción del desarrollo y la cuestión nacional

Es por eso que unos de los debates principales se asociaron a la discusión del modelo productivo o de desarrollo. No puede pensarse en la crisis presente sin considerarse las formas que asume el desarrollo económico contemporáneo.

Es más, al discutirse el crecimiento de la economía latinoamericana en el presente se puso en evidencia las características de ese proceso, cuyas respuestas centrales se vinculan al creciente proceso de primarización de nuestras economías, lo que permite importantes excedentes comerciales y fiscales. Son políticas que permiten contener el conflicto social con políticas sociales compensatorias. Son medidas que no modifican estructuralmente a nuestras sociedades pero que satisfaciendo ciertas necesidades de consumo popular contienen la protesta y conflictividad del orden social y político.

Un interrogante se vincula a si el modelo productivo en curso puede resolver las demandas sociales, o si por el contrario exacerba las condiciones actuales de crisis. El tema se puede considerar observando el comportamiento del sector primario y el industrial. Para el primer caso se observa un orden productivo dominado por las transnacionales de la agricultura y el sector exportador de bienes primarios, sean alimentos o minerales, cuyo destino es el abastecimiento de las necesidades del mercado mundial, sea para agro negocios, la especulación, o la energía en base de productos primarios. En materia de desarrollo industrial, el eje de las decisiones continúa siendo impulsado desde las casas matrices de las empresas transnacionales, y desde los principales Estados capitalistas.

La ocasión de la reunión de la SEPLA fue propicia para celebrar 40 años de la teoría de la dependencia, especialmente a aquellos, caso de Theotonio dos Santos, que desde el marxismo discutieron la posibilidad del desarrollo capitalista bajo la dependencia. La polémica tiene actualidad, pues existe una tesis que alude al desarrollo contemporáneo subordinado a las tendencias del mercado mundial. Allí no se puede pensar en términos de políticas alternativas, y menos aún, de instrumentos diversos puestos al servicio del gobierno y del pueblo.

No resulta menor discutir el modelo productivo, ya que de esa discusión depende el orden social a proponer por el capitalismo. ¿Cuál es el agro a desollar y promover? ¿Es la extensión de cultivos, como la soja? ¿Puede penarse en una promoción productiva autónoma de las líneas establecidas por la cúpula académica y política? Pretender instalar una lógica productiva alternativa supone discutir la subordinación de los sectores empobrecidos al ritmo que imponen el capital. La memoria del pensamiento crítico de los 60´ acudió a las reflexiones colectivas para pensar en la vigencia y actualidad de un pensamiento crítico que apunte a resolver los dilemas del presente.

Con esa base de pensamiento se reflexionó sobre la evolución de la economía de la región latinoamericana, especialmente el papel de Brasil. Según varios pensadores del país vecino, la concepción de “economía potencia” retornó al debate académico y político. En ese sentido se vuelve a utilizar la categoría de “subimperialismo” (instalada por Rui Mauro Marini) para designar el papel de Brasil en la promoción de sus experiencias de origen, sean empresas estatales o privadas. El BNDES del Brasil es un gran instrumento para viabilizar ese proceder, pues con una gigantesca cartera de créditos, estimula la presencia de empresas brasileñas en los mercados de los países vecinos y con ello disputa la ampliación y la consideración del sistema capitalista para su reconocimiento.

Conclusiones

La discusión de fondo pasa por la articulación de actores sociales y políticos que protestan contra variantes del proceso de acumulación. Para ello hace falta un proceso de investigación y de formación integral, con participación de los intelectuales como orgánicos del movimiento popular, una cuestión delicada por ambas partes. Es un dato que los movimientos utilizan los “servicios” profesionales del saber específico, con límites para integrarlos orgánicamente al movimiento, incluso a sus esferas de decisión. Tanto como que los intelectuales asumen un papel del saber sobre la praxis de la militancia social, auto asignándose una misión de transferencia unilateral y vertical del conocimiento.

Unos y otros necesitan ganar en confianza mutua para interactuar en la búsqueda de nuevas síntesis conceptuales que mejor permitan conocer la realidad para transformarla. Contribuir al debate intelectual y de la práctica cotidiana es fundamental para adicionar consenso consciente al proceso trasformador. La teoría del cambio y la revolución demanda de nuevos sujetos asumidos en la transformación social, dotados de un programa o rumbo tendiente a la desmercantilización y contra la explotación. Un proceso que requiere el ensayo de nuevas formas de organización de la respuesta de los sectores populares hoy fragmentados.

La renovación del pensamiento en la praxis compartida del saber específico y el saber popular es parte del camino a recorrer para hacer realidad la materialidad del cambio social.

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La “tragedia oculta” de las prisiones colombianas

Sergio Ferrari (especial para ARGENPRESS.info)

Más de 7 mil presos políticos abarrotan las cárceles de Colombia. Los mismos viven, en muchos casos, en situaciones dramáticas. Así lo denunció el abogado colombiano Ramiro Orjuela durante su estadía en Suiza, como parte de una gira continental.

Profesor universitario y abogado de detenidos políticos, Orjuela coordina la defensa, entre otros, del periodista sueco-colombiano Joaquín Pérez Becerra, cuya detención y rápida extradición de Caracas a Bogotá en la última semana de abril del año en curso, fue ampliamente mediatizada.

“La situación de los detenidos por causas políticas o de conciencia es una tragedia oculta por los grandes medios de comunicación en mi país”, subraya Orjuela durante una reciente escala en Berna.

En la segunda quincena de junio el abogado colombiano visitó Suecia, Alemania, Bélgica, Suiza y España. Encontrando a personalidades políticas, la comunidad de colombianos expatriados, parlamentarios europeos en Bruselas así como funcionarios de organismos internacionales y de reconocidas entidades como el Consejo Mundial de Iglesias, en Ginebra.

“Caso único en Latinoamérica”

La cantidad de presos políticos y sus condiciones de detención “describen una de las peores situaciones en América Latina e incluso en el mundo entero”, enfatiza el defensor de derechos humanos.

Muchos de ellos son campesinos, obreros, estudiantes, sindicalistas, líderes sociales o asociativos. Sin embargo, el Estado, para penalizarlos, “los acusa de guerrilleros. En mi país cualquier voz opositora es criminalizada, en particular si pertenece a los movimientos sociales”, enfatiza.

Las condiciones de detención en muchos de los centros penitenciarios, según Orjuela, aumentan el drama de los “miles de jóvenes, mujeres, hombres y ancianos que las deben soportar”.

Y la lista de vejaciones, según el abogado, es larga. Todo comienza ya con las trabas y mecanismos complejos para complicar los procesos jurídicos. “En Colombia es cotidiano, por ejemplo, el recurso a pagar a testigos falsos o usar pruebas falsas. Como en el caso emblemático de David Ravelo, dirigente social de derechos humanos del Magdalena Medio, acusado una primera vez como guerrillero de las FARC. Liberado 27 meses más tarde fue nuevamente detenido, esta vez, usando como pretexto testimonios de ex –paramilitares”.

Continuando con su reflexión, Orjuela ejemplifica otras de las condiciones abusivas que le dan un tinte dramático a las cárceles”: régimen cotidiano inhumano; desplazamiento de los detenidos a miles de kilómetros de su lugar originario de residencia; imposibilidad real de poder tener visitas con sus familiares debido a la distancia y a la precariedad económica de muchas de las familias de los detenidos...

La siniestra Valledupar

“Es el caso, por ejemplo, de la Cárcel de Valledupar, en el Departamento de César, donde se han reunido a varios centenares de presos originarios de regiones muy alejadas, de hasta mil kilómetros o más, lo que hace casi imposible ejercer realmente el derecho a la visita”, explica.

La situación que viven los detenidos de ese centro penitenciario fue denunciada recientemente por prestigiosos organismos internacionales.

La Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) con su sede internacional en Ginebra, hizo pública una carta enviada en mayo pasado al presidente de la Nación Juan Manuel Santos, señalando la “seria preocupación por las deplorables condiciones de detención y la integridad personal de los prisioneros” de Valledupar.

En la misiva-documento, la OMCT demandó la intervención del ejecutivo para que tome inmediatas medidas para “garantizar la seguridad, integridad física y psicológica” de los detenidos... y para que se superen “las actuales condiciones de detención, que se pueden catalogar como inhumanas y constituyentes de tratos crueles y degradantes...La restricción del agua potable habría sido utilizada como castigo contra los detenidos”.

La carta, enviada el 18 de mayo, afirmaba que “...desde hace cerca de 15 días, hay una falta total de agua potable en la prisión, ubicada en una región de clima cálido con temperaturas máximas superiores a los 35 grados”.

El documento de la OMCT denunciaba “...violentas golpizas con garrotes, puñetazos y patadas...además de agresiones con gases lacrimógenos lanzados contra las celdas” de algunos de los detenidos, durante horas de sueño.

El caso Pérez Becerra

El periodista sueco de origen colombiano Joaquín Pérez Becerra dirige desde fines de los años noventa la agencia alternativa ANNCOL (Agencia de Noticias Nueva Colombia), con sede en Suecia. ANNCOL es acusada por las autoridades del país sudamericano de ser parte del frente internacional de la guerrilla, lo que el medio de información ha negado reiteradamente.

El pasado 23 de abril al aterrizar en Caracas proveniente de Estocolmo, Pérez Becerra fue detenido en le mismo aeropuerto, incomunicado y extraditado en menos de 48 horas hacia Bogotá, donde permanece detenido.

“Desgraciadamente su situación legal se ha ido empantanando dada la intromisión del Poder Ejecutivo en la rama judicial, especialmente en la Fiscalía. El Gobierno ha dicho que Pérez Becerra es comandante de las FARC”, explica Ramiro Orjuela.

A la base de la acusación, sostiene, los supuestos datos encontrados en la computadora del dirigente guerrillero Raúl Reyes. “Sin embargo en otros procesos jurídicos la Corte Suprema de Justicia de Colombia ha desestimado el valor de esas pruebas”, considerándolas ilegales por la forma como fueron obtenidas, sentencia el abogado defensor.

“Jurídicamente el encarcelamiento de mi defendido es débil...Pero en Colombia puede pasar cualquier cosa. Pueden pagar testigos para crear nuevas acusaciones. Pueden sacar otras pruebas no sabemos de dónde. Estoy convencido que la Fiscalía va a hace maniobras para impedir que se haga realmente justicia y se decrete la libertad del periodista sueco”, enfatiza.

Una situación compleja, “dado que no hay bases jurídicas para al detención y se trata de un caso eminentemente político. Resultado de una actuación ilegal de las autoridades venezolanas que violando las leyes de ese país y convenciones internacionales extraditaron a Pérez Becerra a Colombia”, concluye Orjuela.

Sergio Ferrari, en colaboración con SWISSINFO.

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Chile: Marchas y protestas

Álvaro Cuadra (especial para ARGENPRESS.info)

Las marchas y protestas son parte del paisaje urbano, en las sociedades democráticas modernas. Una marcha es la expresión de una protesta ciudadana, protagonizada - las más de las veces -, precisamente, por quienes no han tenido otras vías para manifestar sus puntos de vista. La marcha y la protesta es la voz de los sectores sociales más alejados del poder. Marchan y protestan los ciudadanos de a pie: trabajadores, estudiantes, minorías étnicas y sexuales. En una democracia marchan y protestan todos los ciudadanos que sienten vulnerados sus derechos.

Desde los balcones del poder y los privilegios resulta casi imposible comprender lo que significa una marcha y una protesta. De manera invariable, este tipo de manifestaciones son tenidas por amenazas, ante las cuales – por tanto - solo cabe la represión violenta. Este prejuicio es alimentado, casi de inmediato por las voces esclavas y serviles de muchos medios que hacen de la mentira su negocio y rasgan vestiduras contra el “vandalismo” y la “delincuencia”, olvidando de paso las dolorosas razones de quienes protestan en las calles. Cuando los estudiantes claman contra el lucro en la educación, por una educación gratuita o por un papel protagónico del estado en el ámbito educacional, están conquistando su propio pasado, están recordando decenios de luchas sociales que lograron avances significativos en esta materia en nuestro país. No estamos ante una quimera, estamos ante un reclamo moral frente a una situación vergonzante e inaceptable en un país que se reclama civilizado. Las marchas estudiantiles se instalan en un presente que nos trae la memoria de un otrora para restituir un principio de equidad y justicia social.

Las protestas y marchas actuales resultan ser una trama compleja de signos que acusan y reclaman. Ni parada militar ni carnaval, la marcha callejera posee la impronta de la comunicación no regimentada. Una marcha, habla y lo hace desde abajo, desde la vida común. Hablan, desde luego, las consignas que como un “mantra” urbano resuenan entre los edificios, hablan las pancartas que sintetizan en una palabra o en una frase tanta indignación contenida, hablan los rostros de quienes manifiestan juntos. Cuidado, en el paso de los miles subyace tenue y sutil el espíritu, el anhelo de justicia: Vox populi. Vox Dei. Diríase que el avance de la multitud por las avenidas de la ciudad resulta ser la metáfora inquietante de una historia siempre vigilada por las “fuerzas del orden”.

En la historia de las sociedades contemporáneas, las marchas y protestas suelen ser el preámbulo de un nuevo clima cultural que lucha por hacerse visible. Así, las protestas en París, Praga o Ciudad de México en los años sesenta, así en Madrid o el Cairo hace muy poco. Ante las marchas y protestas en las calles conviene no olvidar jamás que, finalmente, se trata de “nuestros” estudiantes, hijos, nietos, hermanos, “nuestros” trabajadores, en fin, “nuestros” ciudadanos que anhelan y reclaman una vida mejor. No olvidar este precepto básico es ya comenzar a desentrañar la dosis de verdad que se lee en tantas improvisadas consignas y pancartas, la dosis de futuro que se esconde detrás de cada grito apasionado, la dosis de libertad que se adivina en cada gesto.

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Nace en Honduras un nuevo brazo político de la Resistencia, para la toma del poder: COPINH se va del Frente, ¿Adonde y con quien?

Dick Emanuelsson - Mirian Huezo Emanuelsson (especial para ARGENPRESS.info)

Más de 1500 delgados de los 19 departamentos, tomaron el domingo una decisión histórica, crear el Frente Amplío de Resistencia Popular (FARP) para la toma del poder en Honduras.


VIDEO (1-2): La y apertura de la Asamblea Extraordinaria y intervención de Manuel Zelaya (22 min.): http://vimeo.com/25645159

El Frente Nacional de la Resistencia Popular (FNRP), amplía sus tareas e invita a todas las personas y sectores progresistas del país centroamericano, a formar parte del frente antimonópolico y antioligárquico para crear un nuevo estado hondureño que rompa definitivamente con el modelo reinante de miseria y violencia antipopular. Se abre ahora la perspectiva de que este brazo político del Frente pueda participar en las elecciones de 2013 para derrotar al bipartidismo.


La asamblea extraordinaria, revocó la decisión de la asamblea del 26 de febrero del año en curso, dejando abierta la posibilidad de crear un Frente Amplio para participar en las elecciones hasta que se cumplieran una serie de condiciones. Con el regreso del derrocado presidente, Manuel Zelaya, una de esas condiciones pudo cumplirse gracias a la fuerza de la Resistencia hondureña.

Pero al mismo tiempo el Poder Judicial del régimen de Porfirio Lobo, ha arremetido contra un ex ministro del gobierno de Zelaya, Enrique Flores Lanza, quien debiera partir al exilio durante el golpe de estado, para regresar con Mel hace cuatro semanas, aunque con la extrema dificultad de tener que pagar 1,4 millones de dólares como fianza dentro de dos semanas. De no pagar, irá a la cárcel en un juicio netamente político, según decir de los miembros de la Resistencia y del propio Mel.
Mayoría aplastante.

Las diferentes posiciones, respecto a la conformación o no del Frente Amplio, fueron discutidas ampliamente por las bases, los comités municipales, departamentales y barriales del Frente como antesala de la asamblea extraordinaria.


La inmensa mayoría, 90-95 por ciento de los delegados, votaron por revocar la decisión del mes de febrero. El hecho causó expresiones de júbilo en el enorme gimnasio del Instituto Central Vicente Cáceres, el mayor colegio de Honduras, donde los delegados, con sus puños alzados, cantaron lo que es considerado como himno del Frente desde el golpe de estado, aquella consigna del grupo chileno Quilapayún: “¡El pueblo, unido, jamás será vencido!”

45 000 firmas para registrar el frente

Quien se oponía a la decisión de crear el Frente Amplio, fue la ONG Copinh (Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras). Pero su vocero, Salvador Zúñiga no encontró mucho eco entre los delegados.


En cambio, la Organización Política los Necios (OPLN), ha sostenido en los debates que un brazo político no está en contradicción con el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), donde está aglutinada una importante cantidad de organizaciones de diferente carácter político, social, cultural y religioso.

La participación en el Frente Amplio Político será individual y en el próximo mese se discutirá en las bases los estatutos. La decisión se tomará en una asamblea extraordinaria para poder registrar esta nueva instancia política ante el Tribunal Supremo Electoral.

Para ello se necesitan 45.000 firmas y como una ilustración de la fuerza del Frente, están los casi 1,4 millones de firmas que la Resistencia juntó durante los peores cuatro meses de la dictadura, para reclamar la convocatoria a una Asamblea Constituyente. La orientación política e ideológica hacia el Frente Amplio Político vendrá de la Resistencia hondureña.

A tumbar un modelo desastroso para Honduras.

No hay duda que el regreso del exilio de Manuel Zelaya, cariñosamente llamado 'Mel', hace un mes, significó mucho para que la asamblea se ejecutara con los ánimos más calmados que en la asamblea de febrero. Expone un efecto de unificación de las diferentes posiciones adentro del Frente; entre los diferentes movimientos sociales como los sindicatos, patronatos, campesinos, y por otro lado las ONGś y partidos políticos, espacio para liberales y comunistas, campesinos y estudiantes, Abuela(o)s y Niños del Frente. Si se logra mantener atreviéndose a profundizar este paraguas social y político, así como canalizar los anhelos del pueblo hondureño por una mejor sociedad a través del voto al Frente, pues este actor político podría convertirse en un actor invencible para las próximas elecciones.

En su intervención, el ex mandatario hondureño subrayó, especialmente, la importancia de seguir unidos, tratando que en el Frente quepan todos los sectores que son afectados por la política salvaje de un modelo que ha arruinado a millones de hondureños. Agregó, Honduras necesita reformas estructurales profundas.

Para el ex presidente no cabe ninguna duda que la Resistencia hondureña, en todos los frentes de sus tareas, es capaz de conquistar tanto el poder político así como de crear la fórmula para la convocatoria a una Constituyente.

Un bipartidismo nervioso ante el nuevo poder popular.

Foto: Alexis Vallecillo

Alexis Vallecillo, miembro de la dirección del colegio magisterial COPEMH, burlaba con el bipartidismo en Honduras, diciendo que el Partido Liberal y Nacional está por fusionarse. Lo mismo pasa con la cúpula de la iglesia católica y la evangélica, dos sectores políticos y religiosos golpistas que están dándose cuenta que esas fusiones son lo único que podría frenar e impedir que la Resistencia tome el poder político en Honduras.

El legendario dirigente sindical e integrante de la conducción nacional del Frente, Carlos H. Reyes, expresaba sus dudas ante el hecho de crear ese brazo político de la Resistencia. Comparó las elecciones anteriores, en las que el obrero votó por el candidato capitalista y el campesino por el terrateniente. Reyes argumentaba que primero habría que convocar y conquistar una nueva constitución.

No conforme con esta declamación, Nelson Ávila, profesor universitario agregó que desde la revolución francesa hasta hoy, pasando por países como Bolivia, Venezuela y Ecuador, la constitución se ha vuelto un hecho después de la toma de poder político. Es más, dijo Ávila, no hay que dejar absolutamente ningún espacio libre para la oligarquía, refiriéndose al campo electoral, caracterizando la decisión del Frente Amplio como una decisión histórica.

Sobre las cabezas de los 1500 delegados se mecían pancartas con los rostros de los jefes de estados del Alba: Chávez, Ortega, Correa, Raúl Castro, Evo Morales y la de los próceres, Francisco Morazán, Bolívar, el Che y Fidel.

“Hay que crear las condiciones para la participación”
Foto: Luis Sosa
Luís Sosa, otro dirigente magisterial, rechazaba los argumentos sosteniendo que no existen condiciones para participar en las elecciones y que el Tribunal Supremo Electoral está constituido, como la mayoría del aparato estatal, por sectores golpistas.

– Pero hay que crear las condiciones, nada es gratuito, sostenía Sosa.

Amaya Amador, representante del departamento de Intibucá, la cuna y el corazón del pueblo indígena Lenca, leyó el Posicionamiento de la Resistencia de este hermoso departamento y subrayó que los Resistentes de Intibucá están a favor de un Frente Amplio y las elecciones como vía hacia la toma del poder. Advirtió, además, que el Frente no tiene que dejar de insistir en castigo a los golpistas.

La nueva y complicada tarea.

Las dos decisiones de hoy, en la asamblea de la Resistencia, de crear el Frente Amplio y entrar en la tarea y lucha de exigir la convocatoria a una nueva Constituyente, son a su vez históricas.

El Frente, que fue creado hace dos años como una instancia para tumbar el golpe de estado, logró mantener una estructura y unidad que ha hecho crecer a esta organización y a un descomunal movimiento, que ahora se prepara para iniciar una nueva y más complicada tarea, la toma del poder en el país tradicionalmente dominado por el Comando Sur y una oligarquía totalmente descarada.

Cuando los pueblos deciden su destino, no existe fuerza capaz de detenerlos, apenas pueden demorarlos un poco…

COPINH se va del Frente, ¿Adonde y con quien?

En el programa radial del frente esta noche http://www.box.net/shared/kfzqj2q09j3fnob739qu, producido por el colega Félix Molina, éste, no conforme de las decisiones en la asamblea extraordinaria del Frente, avisó que tomará bajo su consideración si sigue o no en el programa. Es un planteamiento honesto y sincero que merece respeto. Trabajar por una organización sin estar de acuerdo, es fácil entrar en una contradicción político-moral.

Entrevistó a varias personas, entre ellos Salvador Zúñiga, que avisaba que COPINH, organización no gubernamental con sede en La Esperanza, departamento de Intibucá, va a salir del Frente como consecuencia de la decisión tomada hoy por los 1500 delegados del Frente, de crear un brazo político del FRNP. También es lógico la decisión si es que, como dice Zúñiga, esta en contradicción a los estatutos de Copinh.

Pero lo que no dijo Zúñiga, es que Berta Cáceres, vocera de Copinh como Zúñiga e integrante de la Conducción nacional del Frente, fue la candidata a la vicepresidencia en las elecciones del 2009, que, por razón del golpe de estado, fue interrumpida.
Foto: Carlos H. Reyes
Fue candidata junto con Carlos H. Reyes, presidente del sindicato de Stibys. Él era la fórmula independiente a la presidencia, apoyado por muchas de las organizaciones sindicales y sociales y que logró juntar más de 70.000 firmas para registrar las dos candidaturas en el Tribunal Supremo Electoral.

Por eso suena un poco insólito, que ambos públicamente han criticado la propuesta y hoy la decisión que el FRNP crea un brazo político en donde el pueblo hondureño puede canalizar su esperanza a través el voto al Frente.

Nota: El programa radial puede escucharse en el siguiente enlace: http://www.box.net/shared/kfzqj2q09j3fnob739qu

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Manual de operaciones

Carlos del Frade (APE)

Parte de la guerra contra los chicos.

Las policías provinciales saben que jamás pueden detener a los delincuentes de guante blanco.

Para eso les pagan. Para liberar zonas, producir cajas negras y tratar de mantener el delito en un índice tolerable.

Así funcionan las fuerzas de seguridad en la mayoría de las provincias argentinas.

Pero hay algo más.

No está escrito en los partes oficiales pero sí en el manual de operaciones cotidianas.

Los chicos sospechosos, es decir, los pibes que andan por las calles, deben ser detenidos y perseguidos con el fin de concientizar que ellos son los verdaderos culpables de la violencia social.

Y, de paso, ver si pueden ser reclutados para los negocios policiales.

Cinco chiquitos que tienen entre diez y once años fueron demorados y llevados en un patrullero a la comisaría octava de la localidad rionegrina de Choele Choel.

Los chicos estaban corriendo cerca de un playón polideportivo cuando fueron capturados.

Según el comisario, Gedeón Parra, los pibes corrían “con ladrillos en las manos” y ante la posibilidad de que rompieran vidrios, les tocó bocina y luego los mandó a arrestar. Fenomenal la eficacia de Parra y sus muchachos.

Toda el peso de la ley sobre cinco chiquitos de diez y once años.

-Al comisario le pareció sospechoso, pero son nenes de 10 y 11 años. Ellos tenían que juntarse para hacer una tarea sobre un volcán cerca del cementerio, pero mi hijo al igual que otros nenes van y vienen corriendo todo el tiempo. Fue a buscar a otro compañero y cuando volvían pasó el comisario que les tocó bocina. Pero después vino el patrullero y se los llevó a todos y los tuvieron como 40 minutos sentados. No nos parece que sea la manera de proceder con criaturas - dijo Miriam Silva, mamá de uno de los chicos.

Agregó: "Cuando llegamos a la comisaría estaban los cinco nenes sentados llorando. Me dijeron que tenía que esperar a que el médico policial los revisara, a lo que le contesté que 'no voy a esperar el médico forense'. Y me lo traje. Recién como a las 10 de la noche el nene pudo calmarse", señaló la mujer.

La noticia fue tomada por varios medios regionales y nacionales y llovieron las críticas sobre la policía provincial.

Pero Parra y los suyos, en realidad, reaccionaron de acuerdo a ese manual de operaciones que hace rato circula en forma no escrita entre las fuerzas de seguridad provinciales.

Porque en la guerra contra los chicos que ha desatado el sistema, los pibes siempre resultan sospechosos.

Sospechosos de rebeldía, alegría, desenfado, juegos, risas, pobreza pero siempre, sospechosos de resistir al imperativo de resignación que baja el sistema.

Y como los policías como Parra son los celosos cancerberos del orden del sistema, los pibes terminaron presos.

Para que aprendan.

Para que sepan que no pueden correr en pleno ejercicio de su libertad y vitalidad existencial.

Para que entiendan que hay una guerra contra ellos y que las fuerzas de seguridad están para cuidar la hipocresía de una sociedad hecha a imagen y semejanza de los que excluyen y hacen de los pibes los permanentemente sospechosos.

Fuente imagen: APE

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Evaluar qué…

Andrés Sarlengo (especial para ARGENPRESS.info)

“Los maestros estamos de acuerdo con una evaluación, pero que sea integral del sistema educativo, no sólo a los docentes”, le respondió a La Capital Stella Maldonado en relación al Seminario Internacional “¿Por qué y para qué la evaluación docente en América Latina?” organizado recientemente en Buenos Aires (1).

Desde octubre de 2011 docentes de la ciudad de Buenos Aires van a ser evaluados “a tono con el diseño de mercado que ya se emplea en otros países latinoamericanos y supone atar el salario a la evaluación (2)”.

La máxima jerarca de CTERA le aseveró al diario rosarino: “La idea de evaluar a los docentes (y aumentarles el salario según el mérito) viene de los 90. Nosotros la frenamos con nuestra lucha. Pero vuelve a aparecer en distintos países de América Latina impulsada por las instituciones de crédito, como el Banco Mundial. También por instituciones académicas que se muestran prestigiosas por el tipo de documentos que publican, como el Programa para la Reforma Educativa en América Latina (PREAL) que también vienen abogando por esta meta. Se han instalado en México, en Perú y Chile, entre otros países de la región (1)”.

Veamos.

Evaluar qué… ¿a los docentes, al sistema educativo o al capitalismo mundial integrado (CMI) y su pedagogía del dinero?

Ningún sistema educativo puede ser pensado y establecido por fuera de la estructura productiva dominante. “La educación institucionalizada, especialmente en los últimos ciento cincuenta años, sirvió –como un todo- al propósito, no sólo de proveer los conocimientos y el personal necesario para la máquina productiva del capital en expansión, sino también para generar y transmitir un marco de valores que legitima los intereses dominantes, como si no pudiese haber ninguna alternativa a la gestión de la sociedad”, sentencia Istvàn Mèszaros (3).

Desde ya que se rechaza “atar salarios a la evaluación” como proponen Macri y Bullrich y quizás otras gobernaciones los imiten. Pero una verdadera evaluación diagnostica debería ir más allá de lo pedagógico y desentrañar las estrechas vinculaciones entre capitalismo, educación y cuestión social. En efecto: ni el Pro ni el PJ lo harán entonces…

Sra. Maldonado, es Cristina F. de Kirchner y no solamente Carlos Menem quien acordó – por ejemplo- con el Banco Mundial (BM) un empréstito para expandir la cobertura de la Asignación Universal por Hijo (AUH) (nueva forma de gestión (¿control?) social sobre la “población vulnerable”). 480 millones de dólares a pagar en 26 años. En los 90 el BM aplicó el Consenso de Washington y actualmente la NEI (Nueva Economía Institucional). Es más, Sra. Maldonado, el PREAL que usted cita contuvo y tiene intelectuales “progresistas” afines al gobierno nacional. Gabriel Manolio en su artículo CTERA y la entrega de la educación pública sostiene: “Las políticas educativas neoliberales son impulsadas desde organismos internacionales como el PREAL, del cual son miembros funcionarios de nuestro actual gobierno “progresista”.

¿Quiénes llevan a cabo el PREAL?

El Programa de Promoción de la Reforma Educativa para América Latina y el Caribe (PREAL) es llevado a cabo por la Comisión Internacional sobre Educación, Equidad y Competitividad Económica en América Latina y el Caribe (CI). Esta, creada en 1995, surge de la articulación entre un Centro de Análisis Políticos denominado Diálogo Interamericano (IAD), con sede en Washington y la Corporación para el Desarrollo (CINDE) con sede en Santiago de Chile. Según sus propios informes, el IAD está integrado por "...100 ciudadanos distinguidos del continente americano...". Por otra parte, el CINDE se presenta como "una institución de derecho privado, sin fines de lucro (...) entre sus miembros se incluyen líderes de diversas áreas, como la industria y el comercio, el gobierno, la educación superior, la política, la religión y los medios de comunicación." La Comisión Internacional estaba co-presidida por John Petty (USA) y José Octavio Bordón, ex embajador argentino en Estados Unidos. (…)

“Las actividades de PREAL son posibles gracias al generoso apoyo que brindan la United States Agency for International Developement (USAID), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Fundación Avina, el Fondo GE, la Fundación Tinker, Fundación Ford y otros donantes”.

Entre uno de sus programas, se encuentra el de “Liderazgo Empresarial y Educación”, cuyo objetivo es, entre otros, “formar y consolidar una red de empresarios por la educación que elaboren e implementen proyectos de apoyo al cambio educativo (4)”.

Darío Balvidares también suele recordar: “Juan Carlos Tedesco integró el PREAL y Daniel Filmus cuando dirigía FLACSO Argentina colaboró con el PREAL”. Asimismo, Carlos Del Frade precisó: “Es interesante observar la política educativa del kirchnerismo, en especial los dichos del ex Ministro Daniel Filmus, hombre que en su momento supo trabajar como asesor para la empresa Acindar, la misma que fue gerenciada por José Alfredo Martínez de Hoz entre 1973 y 1975, cuando auspició el primer centro clandestino de detención de personas en el albergue de solteros de la fábrica (5)”.

En definitiva, Filmus y Tedesco son dos casos emblemáticos de cómo los 90 en políticas educativas se complementan en estos años. Me parece -entonces- que el desafío (más que evaluar) es cursar una cátedra que pocos quieren estudiar: cómo educar más allá del capital. Mèszaros es terminante: “Por eso es necesario romper con la lógica del capital si queremos considerar la posibilidad de crear una alternativa educacional significativamente diferente (3)”.

Si en América Latina recrudece la intención de pagar salarios docentes por meritos logrados es porque la dirección político pedagógica continúa intacta al servicio de la plutocracia.

Cabe insistir: es indispensable “crear una alternativa educacional”. O luchamos por ello o las idas y venidas del neoliberalismo nos convertirán en meros seres reproductores de intereses perversos y necrófilos.

Notas:
1) ¿Hay que evaluar a los maestros y pagarles según el mérito? Marcela Isaías. 11-06-2011
2) Atar el salario a la evaluación docente pretende…”culpabilizar a la docencia”. Laura Marrone. Argenpress. 10-06-2011
3) La educación más allá del capital Istvan Meszaros. Siglo XXI editores-CLACSO Ediciones. 2008.
4) Indymedia.org. Junio 2011.
5) Citado en el prólogo de Cine y Educación. Editorial Ciudad Gótica. Abril 2008.

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Sobreseen a trabajador ferroviario que pintó "Pedraza asesino": Un triunfo de la lucha popular

CORREPI

El compañero Neno Abella, trabajador ferroviario y militante de la agrupación sindical “4 de Octubre”, iba a ser sometido a un juicio oral a partir del lunes 27 de junio, acusado por el delito de "daños" por haber pintado "Pedraza Asesino" en el hall de la estación Constitución, al día siguiente del asesinato de Mariano Ferreyra. La denuncia la hizo la empresa UGOFE, la misma que licenció a la patota para que ejecutara el plan criminal.

Desde el primer momento en que se desató esta persecución, CORREPI se solidarizó con el compañero y asumió su defensa política y técnica. Además de movilizarnos junto a muchas otras organizaciones en reiteradas oportunidades para denunciar la persecución política, hicimos público que la fiscalía convocaba como testigos de cargo a dos policías de la División Roca. Uno de ellos, el comisario Jorge Ferreyra, era, el 20 de octubre de 2010, el jefe de esa dependencia policial, que realizó un aporte esencial para que la patota de la Unión Ferroviaria concretara el ataque en Barracas.

La intensa campaña en defensa del compañero Abella, sumada al reciente procesamiento de seis jefes policiales, entre ellos el comisario Jorge Ferreyra, por la colaboración de la policía con la patota de la burocracia sindical que dirige José Pedraza, dio sus frutos. El viernes 25 de junio, la empresa desistió de la denuncia, lo que fue acompañado por el desistimiento de la acusación por la fiscalía. Los motivos que dieron UGOFE y el fiscal existían desde el primer minuto en que se armó esta causa, y no son las verdaderas razones que permitieron la libre absolución del compañero.

Lo que realmente ocurrió es que temieron -con razón- que en el juicio quedara en evidencia la complicidad entre la empresa y el estado en el crimen de Mariano Ferreyra, así como la recurrencia con que los policías de la División Roca, y el comisario Ferreyra, en particular, sirven como "testigos" para señalar y criminalizar trabajadores. El hoy procesado comisario, por ejemplo, ocupa el mismo rol contra los militantes de Causa Ferroviaria y el PO por la movilización del 23 de diciembre de 2010, y contra los vendedores ambulantes del Roca y los militantes de la TPR del 2 de marzo de este año. En una palabra, los acusadores temieron a la movilización popular que apoyó al compañero Abella desde el primer momento, y temieron ser ellos los acusados en el juicio, por lo que desistieron de la acción y el tribunal tuvo que cerrar la causa.

Pero no pueden evitar que se exponga la verdad. Tanto el desistimiento de UGOFE como el de la fiscalía, que le cubrió la espalda a la empresa, es una muestra de cómo el estado burgués defiende los intereses de los capitalistas. Y es, sobre todo, una prueba de lo que, a fuerza de organización y lucha independientes, se puede lograr: que un compañero sea arrancado de las garras represoras de los verdaderos criminales.

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Argentina, Entre Ríos: Permitirán televisar parte del juicio oral contra Harguindeguy y otros represores

INFOALTERNATIVA

Los jueces dispusieron que se podrá difundir en directo, por medios audiovisuales la apertura y declaraciones de los imputados, los alegatos de las partes y la lectura de la sentencia.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná autorizó la transmisión en vivo de algunos de los tramos del juicio oral que comenzará el próximo 24 de agosto en la provincia de Entre Ríos, contra el ex ministro del Interior Albano Harguindeguy y otros cinco acusados por delitos de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno militar.

Así lo dio a conocer el Centro de Información Judicial, a través de su página web.

De esto modo, los jueces Roberto López Arango, Lilia Carnero y Juan Carlos Vallejos dispusieron que se podrán difundir en directo, por medios audiovisuales, los actos iniciales del juicio (apertura y declaraciones de los imputados), los alegatos de las partes y la lectura de la sentencia, se consignó.

El tribunal aseguró que se trata de una medida que busca “lograr un adecuado equilibrio entre la publicidad del debate (artículo 363 del CPPN), propio de un sistema republicano que impone como principio la publicidad de los actos de gobierno y los fines del proceso, que persigue la justa aplicación de la ley y de un adecuado servicio de justicia”.

Los jueces también reglamentaron la cobertura periodística en la sala de audiencias.

Además de Harguindeguy, se encuentran imputados Ramón Díaz Bessone, Francisco Crescenzo, Julio César Rodríguez, Juan Miguel Valentino y Naldo Miguel Dasso.

Todos son investigados por los delitos de allanamiento ilegal, privación ilegítima de la libertad, torturas, asociación ilícita agravada y homicidio agravado por alevosía, en perjuicio de 18 víctimas.

En el proceso fueron acumuladas las causas Nº 1960/10, caratulada “Harguindeguy, Albano Eduardo y otros s/ inf. art. 151 y otros del C. Penal”, y la causa Nº 1991/10, caratulada “Díaz Bessone, Ramón Genaro y otros s/ inf. art. 141º y otros del C. Penal”.

Según se indicó desde el tribunal, está previsto que el debate se realice en la sede de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná y que las audiencias se realicen tres veces por semana.

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Argentina, Formosa: Intendentes de Insfrám intimidan a los Qom

INFOSUR

“No voten a Félix Díaz”, es la violenta amenaza que reciben los habitantes de la Comunidad La Primavera.

Félix Díaz y Cristino Sanabria se presentan a recibir el voto de la Comunidad del pueblo originario Qom La Primavera, en la provincia de Formosa. Félix Díaz, el dirigente comunitario que llevó el reclamo por sus tierras hasta la capital del país y logró instalarlo como caso testigo. Cristino Sanabria, el candidato del gobernador justicialista, Gildo Insfran, y por quien tres intendentes de localidades lindantes hacen campaña utilizando argumentos como "si no lo votás, te sacamos el plan social". Los autores de este atropello son: El intendente de la localidad de Siete Palmas, Dr. Blanco; el intendente de la localidad de Laguna Blanca, Dr. Lemos; y el intendente de Laguna Nainek, Dr. Néstor Díaz.

"Esperamos que el acto eleccionario se desarrolle con normalidad y sin trampas. Ya las sufrimos en el 2008 cuando la provincia nos anuló la elección", expresaba un comunicado del pasado 25 de junio. Hacían referencia a la asamblea donde ya se había decidido que Félix Díaz era el líder de La Primavera, algo que la Provincia de Formosa se negó a reconocer, para proteger a Cristino Sanabria. Hace unos días, desde La Primavera pedían la mayor cantidad posible de observadores para asegurar la transparencia de los comicios. Ayer denunciaron "presión de autoridades municipales".

No están solos en el reclamo. Tanto la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) de La Matanza, dirigida por Pablo Pimentel, como el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ del Premio Nóbel Adolfo Pérez Esquivel se sumaron a la denuncia.

"Desde la APDH La Matanza denunciamos: Las amenazas y los amedrentamientos que sufre la Comunidad La Primavera de la provincia de Formosa, y sobre todo aquellas personas que son sujeto de derechos sociales y que se les plantea de modo violento y antidemocrático que `no deben votar a Félix Díaz´ y que, si lo hacen, perderán todos sus derechos adquiridos en la asistencia que el Estado les brinda a ellos, los más pobres", expresa uno de los comunicados. Y complementa SERPAJ: "Agregan a la amenaza mencionada que si pierde Sanabria, quien pierde es Gildo Insfran".

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Se buscan más ingenieros

LA ARENA

El personal calificado egresado de las ingenierías, tecnologías y otras ciencias duras, continúa desde al menos las últimas dos décadas sin satisfacer la demanda del mercado laboral y profesional argentino y sin revertir la actual la relación social, que aún sitúa a un profesional cada 7.500 ciudadanos en el país, cuando en naciones desarrolladas la proporción es uno cada 2.500 habitantes.

El discurso reiterado "se necesitan ingenieros", que hoy invade el escenario educativo, económico y laboral argentino, se
estrella contra una realidad en la que por un lado funcionarios académicos y especialistas debaten sobre el mejoramiento de la formación de los egresados y la búsqueda del incremento de la matrícula y por otro las conclusiones no se concretan en políticas específicas de planificación para el sector.

Por otro lado, el cambio del modelo socioeconómico luego de la crisis de 2001 y el auge de las carreras de Sistemas, la reanimación de la enseñanza técnica y el fomento del personal calificado no logró frenar la fuerte deserción de los estudiantes de esas carreras, que abandonan en los últimos años tentados con una inserción segura al mercado laboral y atractivos sueldos.

El decano de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) , de Buenos Aires, Guillermo Oliveto, señaló que "las facultades del país producen 3.000 ingenieros por año y el país necesita 10 mil profesionales". Además precisó que "en Argentina hay un ingeniero por tres psicólogos", tanto entre los estudiantes como en los graduados, y sostuvo que "en el sudeste asiático la proporción es a la inversa", ya que opinó que "es cuestión de tomar decisiones políticas no tan
gratuitas para quienes lo hacen".

Juan Carlos Pugliese, ex secretario de Políticas Universitarias del ministerio de Educación de las gestiones de Eduardo Duhalde y de Néstor Kirchner, se refirió a la necesaria relación entre Estado, universidad y sociedad. "La implicación entre la forma de Estado y el desarrollo de un país está estrechamente relacionado con el modelo universitario que tiene", y entre otros ejemplos mencionó la aparición de la Universidad Obrera Nacional durante el peronismo, y la creación de instituciones fundamentales como el Conicet, el INTI, y el INTA durante el llamado "modelo desarrollista".

En resumen, para los académicos es necesaria una concertación entre el Estado, que es el establece cuáles son las necesidades que tiene, y la universidad, que determina las formas de satisfacer esas demandas.

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