miércoles, 3 de agosto de 2011

El día del quiltro

Álvaro Cuadra (especial para ARGENPRESS.info)

El perro santiaguino no es noble ni reclama una prosapia de alcurnia, de color indefinido y mirada pícara el “quiltro” criollo es el compañero fiel del “roto” y con él comparte su infortunio. Sin collar ni arnés alguno, su identidad la conocen sólo sus amigos del bar o la feria libre donde suele merodear por algo de comer.

Mal visto por guardias y dueñas de casa, conoce de patadas y escobazos. Nunca ha visitado una clínica veterinaria y de vacunas mejor ni hablar. Su origen y su destino es la calle, como lo ha sido para sus ancestros: no conoce de cestitas ni casas para perros, mucho menos del “Dog Chow” o alguna otra “delicatessen”.

Se le ve pululando cerca de carnicerías y puestos del mercado, donde a veces un alma piadosa le tira un pedazo de pan duro o las sobras del restaurante. Ni labrador ni terrier, el “quiltro chilensis”, como toda América Latina, es mestizaje y, digámoslo, bastardía. Hijo de la calle, como es, su color es el de la tierra y los muros, el “quiltro” es parte del paisaje urbano, como los postes, los semáforos y los escasos árboles.

Su humildad no debe confundirse con falta de nobleza o inteligencia. Sucio y desgreñado, es claro que jamás ganará un concurso de belleza, aunque ha sabido ganarse el corazón de los pobres: intuyendo secretamente quizás algo más que un parecido, suelen aceptarlo y, en el mejor de los casos, adoptarlo. Como “dueño de casa” el “quiltro” adquiere un aire de dignidad que se advierte en la defensa vehemente de “su” territorio y de los suyos.

Como inadvertido habitante de la capital del país, el “quiltro” conoce de persecuciones y matanzas inmisericordes. En nombre de la salud pública o de algún decreto alcaldicio, el “quiltro” se ha visto acorralado y exterminado. Los que aprenden a sobrevivir, sin embargo, siguen ladrándole a la luna y persiguiendo esa pelota de plástico en alguna pichanga de barrio.

Su muerte pasa tan inadvertida como su cachorril irrupción, así, un día cualquiera ya no se ve más su incierta figura. Nadie lo echará de menos, salvo quizás un niño que aprendió a amarlo sin darse cuenta, repitiendo esa sutil y lúdica magia que une para siempre a los niños y a los perros.

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Colombia: El ruido de las cosas al caer

Alberto Pinzón Sánchez (especial para ARGENPRESS.info)

El 28 de julio pasado, la multimedia colombiana molía una noticia más sobre Colombia, de esas destinadas a sobre-saturar aún más la anestesiada conciencia moral de la llamada opinión pública colombiana : La Fiscal actual, Sra. Morales, daba la impresionante noticia de que cada año se LAVAN por el sistema financiero del país (¿donde más?) la impensable suma de 8 mil millones de US dólares (hay que escribirlo por la imposible cantidad de ceros a la derecha), equivalentes según ella, al 3% del PIB de Colombia. Bueno, su complemento la guerra contrainsurgente geoestratégica, gasta o derrocha el 6% de dicho PIB.

Nadie se preguntó o comentó como se llegó a semejante estropicio ya incorregible. Cuánto tiempo ha trascurrido desde que la voz gangosa o anasalada del presidente Liberal Turbay Ayala, poco antes de decretar la Seguridad Nacional en 1977, propusiera como meta oficial de su gobierno (oligárquico militarista y pro-gringo) “reducir la corrupción a sus justas proporciones”, y fuera trivializada por la misma multimedia como un chiste más de su estulticia, con el fin de ocultar o velar la cruel realidad que fluía por los entresijos de toda Colombia.

Porque es evidente que, no se puede llegar a una economía militarizada así como la colombiana actual de terror de Estado y despojo masivo de todo tipo, sin una incubación prologada que recuerda los huevos de la serpiente fascista. Sin un relajamiento moral continuado, que no religioso, en toda la sociedad inducido por quienes la dirigen, destinado a aceptar como un valor social supremo y dominante, aquel consejo que le daba la madre al niño Pablo Escobar: “Haga plata mijo si puede legalmente, si no haga plata”, el cual preparó todos los terrenos para el asenso y triunfo de la Burguesía criminal y mafiosa que finalmente hace más de dos décadas coptó todo el Estado colombiano.

Ha habido (se debe reconocer) en las Supremas Cortes, una pequeña isla en ese mar de corrupción, que hasta ahora ha resistido la furia irracional de ese maremoto de la inmoralidad y la corrupción, conque esa Burguesía criminal, militarista y mafiosa pretende seguir dominando y dirigiendo a la sociedad colombiana. Y después del proceso de la llamada Para-política que ha llevado a la cárcel a más de 100 “políticos” y parlamentarios aliados de Uribe Vélez, está empezando a llegar a los círculos administrativos estrechos o íntimos de su administración; rompiéndose por primera vez en la historia colombiana la IMPUNIDAD característica del sistema Judicial Colombiano. Aquel “la justicia es para los de ruana”, empieza a tocar los aliñados delfines y Yupis Mc World del “octenio” Uribista, generando una saludable reacción de salud pública, centrada en que lo bueno es acabar con la Impunidad dominante.

La revista Semana no ha podido ocultar más tiempo el estruendo y ha resuelto publicar en un interesante organigrama, que ojalá no sea borrado, el ruido que están haciendo al caer: Ver http://www.semana.com/multimedia-politica/lios-cercanos-uribe/4291.aspx.

Pero es apenas un débil inicio, para rasgar la cobija o manta olorosa de la Tradicional Impunidad, con que la oligarquía militarista pro gringa, ha cubierto la criminalidad de sus negocios torcidos, acompañados de terror y despojo masivo de la población colombiana; pues como ha sido denunciado por la periodista independiente Cecilia Orozco (02.08 2011): El copartidario y amigo de (Fernando) Londoño Andrés Felipe Arias, y el secretario general de Álvaro Uribe Bernardo Moreno, han sido recluidos en preciosas instalaciones Militares:

... “Arias en el Cantón Norte, un complejo precioso con amplias zonas verdes y espacios al aire libre en donde se practica la equitación. Y Bernardo Moreno fue llevado a la Escuela de Carabineros de la Policía, que cuenta con un estándar de vida similar a la del Cantón.

... En cambio los excompañeros de estos dos ilustres detenidos, o sea viceministros y asesores del Ministerio de Agricultura de un lado, y directores y subdirectores de departamentos adscritos a la Presidencia de la República, del otro, permanecen privados de la libertad en las casas fiscales que nunca se cerraron, pese a Londoño, y cuyo número, lejos de disminuir, aumentó considerablemente desde 2002.

... Si se simplificara la situación nacional de los presos, uno podría sostener que los de clase baja están en las “celdas normales”. Los de clase media, no sólo exfuncionarios sino también particulares de “cuello blanco” como los Nule, en las residencias fiscales.

... Y los de clase alta, en los clubes para uniformados. Curioso que la demostración de que jamás se cumplió la norma de Londoño sean sus propios amigos y compañeros de gobierno.

... Hay otros detalles que me llaman la atención. Por ejemplo, no había un miembro de gabinete ministerial recluido en el Cantón Norte desde hace 14 años, cuando debido al escándalo del proceso 8000 fue detenido allí Fernando Botero, ministro de Defensa del momento. El doctor Londoño debe acordarse bien de aquel episodio, pues era el defensor de Botero y lo iba a ver a diario. A Bernardo Moreno se le aseguró residencia en el Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo), que lo convertirá en vecino de su líder, el ex presidente Uribe. Como se sabe, éste se fue a vivir a ese lugar cuando desocupó la Casa de Nariño”..http://www.elespectador.com/impreso/opinion/columna-288997-vueltas-de-vida

Los círculos “Uribeños” tildan abiertamente al presidente JM Santos de “traidor” y el propio Uribe Vélez desesperado lo fustiga recordándole su teoría absurda de los Falsos Positivos: Un nuevo show mediático de Pan Y Circo se ha iniciado en Colombia para tratar de ocultar el estrépito que están haciendo al caer y en el fragor del combate, el ministro de defensa Rivera desmiente públicamente al Almirante Cely, para no dañar los pactos entre Chávez y Maduro con su nuevo mejor amigo Santos. Y de respirarle en la nuca al comandante Alfonso Cano, se está pasando a pisarle los talones a Uribe Vélez; pero con el agravante de que el pan se le ha endurecido al presidente Obama de los EEUU y sobre todo, empieza a escasear mundialmente ensombrecido por la terrible crisis económica global que también tiene un gran componente Moral y por lo tanto es Civilizatoria : ! El ruido que hacen las cosas al caer!

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Jujuy, violencia social y estructural

Adolfo Pérez Esquivel

Nuevos actos de represión social contra sectores populares en General San Martín, provincia de Jujuy. Grupos de necesitados tomaron tierras del Ingenio Ledesma, empresa de los Blaquier, terratenientes cómplices de la dictadura militar que controlan gran parte del territorio de la región.

Según los pobladores, estaban negociando con el intendente y la empresa, la expropiación de algunas hectáreas de tierra para poder construir sus viviendas, ya que en la región no hay tierras fiscales. El juez, sin esperar el resultado de las negociaciones, o por falta de información dio la orden de desalojo por efectivos policiales y la caballería. Las consecuencias fueron cuatro muertos, varios heridos y detenidos.

La reacción de los pobladores de enfrentar a la policía con palos y piedras frente a la represión fue inmediata y según versiones, algunos de los ocupantes estaban armados Hasta el momento la situación es confusa, nos han llegado noticias que hasta familias de los policías intervienen en la toma de tierras.

La grave situación de reprimir las protestas sociales se repite en varios lugares del país: contra la Comunidad Qom en la provincia de Formosa, ordenada por el gobierno provincial, provocando dos víctimas fatales y la quema de viviendas y detención de mujeres y niños. A estos hechos se suma la violencia en el Parque Indo-americano, en Buenos Aires, en las provincias de Río Negro y Catamarca.

Los gobiernos provinciales se han transformados en feudos, continúan profundizando el neoliberalismo que lleva al aumento de la pobreza y marginalidad de grandes sectores sociales.

La concentración de la tierra, la expulsión de sus territorios a los pueblos originarios y campesinos, la falta de políticas claras y coherentes para poner límite a la expansión de los latifundios y a la destrucción de los bosques y la biodiversidad, están produciendo daños irreparables: los monocultivos y agro tóxicos, la destrucción de bienes y recursos natural, la gran minería.

El país está frente a la violencia social y estructural que ejercen los gobiernos provinciales y la ausencia del gobierno nacional que no quiere intervenir porque se trata de sus aliados políticos. Podríamos decir que son los aliados del terror y que no benefician en nada al gobierno, a la provincia y el país. Es necesaria la ética política que actualmente es casi inexistente.

No olvidemos que el país está en campaña electoral hasta el mes de octubre y lo que se evidencia es el aumento de tensiones, conflictos sociales, incrementados por intereses políticos que actúan como aves de rapiña junto a medios de comunicación masiva. Como en la “perinola”, todo vale y la palabra esta vaciada de contenido.

Es necesario reflexionar y discutir políticas y proyectos en bien del pueblo, poner límites a la concentración de la riqueza, una redistribución más justa y equitativa, soluciones a los graves problemas de vivienda, salud, educación, proyectos de desarrollo integral para superar la pobreza, el hambre y promover el fortalecimiento de los valores de la democracia y el derecho del pueblo.

Es urgente “desarmar las conciencias armadas”, a través del diálogo y llamar a la reflexión de la población, y de los candidatos que se postulan para gobernar el país en todos sus niveles.

La violencia no resuelve los problemas sociales y estructurales del país y en particular de los sectores más pobres. La muerte de los pobladores de Ledesma, en General San Martín, la represión, la muerte de los hermanos indígenas, los niños víctimas del hambre y enfermedades evitables en nuestro país, son una ofensa para la vida de nuestro pueblo y la humanidad.

Hay que trabajar solidariamente junto a nuestro pueblo para lograr el derecho e igualdad para todos y todas, no para algunos. El juez que dio la orden de reprimir no puede ser quien intervenga en los hechos de violencia en General San Martín, en Ledesma, debe ser apartado de la causa.

El ministro de gobierno interino, recientemente nombrado, no puede afirmar que las muertes no fueron efectuadas por la policía, Debe realizarse la correspondiente investigación y peritaje de balística para determinar las responsabilidades.

El problema es estructural, no se resuelve con paliativos y olvidos intencionados, que el tiempo tratará de disolver en el olvido de las muertes y la violencia contra los pobladores, en General San Martín, como en otras partes del país.

La grave situación que se vive es por falta de voluntad política de los gobernantes. El pueblo debe mantener viva la memoria y el reclamo de verdad y justicia frente a la violencia social y estructural y buscar caminos de convivencia y respeto de los derechos de las personas y del pueblo.

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¿Zaffan?

Roberto F. Bertossi (especial para ARGENPRESS.info)

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El Consejo de la Magistratura, tiene a su cargo la selección de los magistrados.

Esta institución judicial detenta también el atributo y la exclusividad en el ejercicio de las facultades disciplinarias sobre magistrados en general pero, sólo corresponde a la Cámara de Diputados de la Nación el derecho de acusar ante el senado a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema, en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos.

No obstante los hechos y actos de público conocimiento, no se conoce ni se sabe con igual publicidad sobre sumarios, investigaciones, acciones y/o decisiones moralizadoras para acabar con la impunidad de los magistrados envueltos e implicados públicamente en diversas, sonoras, mediáticas y convergentes irregularidades.

Entre nosotros, el decoro, la sobriedad, el ser y parecer en una parte preocupante de la “Judicatura” vienen siendo mancillados, impunemente con todo “strepitus intra, extra y trans foris”

Así pues, es fundamental para el ejercicio adecuado de las funciones judiciales en una real democracia que todas las personas que integran y ejercen este poder sean intachables y de la más alta autoridad moral. Consecuentemente, la congruencia entre la función social del juez y la intimidad de su vida personal es esencial dado que, no pocas veces "los hombres magistrados podrían desplegar una gran ingeniosidad `y reciprocidad serial´ cuando se trata de atenuar hasta `disipar´ sus propios desaguisados o delitos".

También corresponde señalar y dejan mucho que desear algunos consejos de la magistratura en el ejercicio de sus facultades disciplinarias como de punición administrativa sobre los jueces atrapados en irregularidades, prevaricatos y más cuando al interpretar de forma excesivamente corporativa y tardía la legislación o reglamentación del caso, frecuente y recurrentemente dichas anomalías acaban consumidas por la prescripción, caducidad y archivo, ya sea en ocasión de su apertura o en las secuencias de sustanciación y resolución de los procedimientos administrativos pertinentes.

Finalmente, ni una eventual ilustración o distinciones personales, ni una mayor o menor ingeniosidad ni una irracional estabilidad en el cargo e investidura judicial institucional, deben ni pueden consagrar ninguna impunidad partiendo del propio Reglamento para la Justicia Nacional cuando en su articulo 8º y cc. sostiene Vg., que: “Los magistrados, funcionarios y empleados deberán observar una conducta irreprochable”; todo esto así y sucesivamente al menos, en tanto persista la supremacía de la igualdad ante la ley, de trato y de oportunidades y en cuanto, peculiarmente, el propósito magno de afianzar la justicia sea una misión y tarea mancomunada que no admite ninguna perplejidad de desafueros calificados ni siquiera presunciones graves, precisas y concordantes; siempre social, civil y republicanamente inaceptables claro, si en verdad exigimos y valoramos conductas traducidas en comportamientos irreprochables, en cuanto tales.

Roberto F. Bertossi es abogado, docente e investigador universitario.

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Contra la pared

Claudia Rafael (APE)

Estados Unidos al 600. San Telmo de calles adoquinadas y resabios coloniales. Miércoles. 17 horas. Los pibes son trece. En el cordón de la vereda. Riendo. Riendo mucho. Hablando de historias. Alguno canta una canción que nadie escucha.

Dale hijo de puta. Abrí las piernas. De espaldas. Contra la pared.

Los pibes cruzan un par de miradas. No entienden bien. O sí. Ya están cansados.

Vos también. Córranse. Se sacan todo lo que tengan en los bolsillos y lo ponen en el suelo. Todo. ¿Entienden? Todo.

Un par de biromes. Un pañuelo enredado en el bolsillo. Una cartuchera en tiempo de vacaciones. La birra que permanecía estoica en la mano izquierda del que parecía el mayor. Como mucho, 15. No más.

No son el estereotipo. No hay gorrita negra ni piel oscura.

San Telmo continúa su ritmo. El super chino a 20 metros y la mujer de ojos rasgados posa por un rato sus ojos. De la esquina asoma el sereno de la estación de servicio. Algún auto se detiene y los ojos fisgones se fijan por un rato. Después, cada uno sigue su propia historia. La mujer que entra en el lavadero de ropa. El joven que abre la puerta de la librería de enfrente. Fue apenas un instante. Mirar. Saber que un sistema perfectamente diseñado está siendo resguardado por las fuerzas del orden. Para ellos. Para que el sereno pueda seguir ubicando autos como cada día. Para que la mujer entre al lavadero y el joven hojee algún libro o, finalmente lo compre. Para que la vida no tenga grandes sobresaltos y los días se sostengan en el equilibrio debido.

¿No me entendés? ¿En qué hablo yo? Abrí las piernas, te dije y ya no te lo repito. Y los ojos mantenelos fijos en la pared.

Hace rato parecen haberse descalzado la ternura. No hay resabios. El chaleco anaranjado los inmuniza de todo. Alguna vez él fue hombre y tal vez cada noche, cuando se saque prolijamente el chaleco y el uniforme hondamente azul adquiera dulzura para con sus propios hijos. Quizás ella, cuando haga lo mismo, le cante una canción de cuna a sus críos.

Sería mucho más simple si fuesen ellos dos los rostros monstruosos de la maldad. En Eichmann en Jerusalem, Hannah Arendt asume con enorme claridad que el ideólogo y responsable de la solución final durante el nazismo no era el “pozo de maldad”, el padre de la crueldad sino el engranaje de todo un sistema que tenía como meta el exterminio. Era –como los dos policías de Estados Unidos al 600- “la banalidad del mal”. Seres que representan en su complejidad la condición humana, que se mueven sin reflexionar siquiera sobre la bondad o la maldad de sus actos sino que más bien, los ejecutan por deber.

Vamos. Vamos…ustedes cuatro se van de aquí. No las quiero ver. Desaparecen. Ustedes siguen mirando a la pared.

Es la voz recia de la mujer policía. Las cuatro chicas se van veloces hasta la esquina y pegan la vuelta. Los varones seguirán ahí por una hora más, al menos.

Tienen suerte. Ninguno se llama Luciano Arruga. No saben siquiera quién es.

Simplemente se atrevieron a invadir la barriada que supo girar en torno de la calle Real (hoy Defensa) más de 200 años atrás. Y les cobran el peaje. Les hacen pagar con creces la osadía. Por jóvenes, por bandada, por rebeldes, por ser portadores eternos de la risa y el desparpajo, por decir que no con la mirada. Es el precio necesario y lo saben. Como también saben que volverán a intentarlo una y mil veces.

No imaginan cómo puede ser alto el precio. Luciano lo supo bien el 31 de enero de 2009 cuando lo subieron a empellones al patrullero en La Matanza. Cuando le gritaron antes, una y mil veces, dale hijo de puta. Abrí las piernas. De espaldas. Contra la pared.

Como espejos, las historias se multiplican. Se encadenan. Se reflejan unas con otras. Forman un todo. Es el pacto imprescindible para sostener una construcción esquiva a los mil veces vulnerados. A los que no podrán espejarse porque no tienen pasaporte para la vida digna.

Ariel Domínguez murió con una bala que le atravesó su vuelo en el mismo San Telmo. Un policía corría a una bandada de pibes que festejaban entre risas y birra el día del amigo. Tal vez antes hubieran estado sentados en el cordón. Quizás tuvieran también alguna birome, un pañuelo enredado, una cartuchera en vacaciones.

Abrí las piernas. De espaldas. Contra la pared, escuchó probablemente la bandada. Después sobrevino el plomo que desgarró la vida para siempre.

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Un teléfono para la salud sexual

Carolina Escudero (ARTEMISA)

Durante su primer año de vida la línea gratuita de salud sexual y reproductiva recibió más de 4.000 consultas. Este servicio busca garantizar el efectivo acceso a una salud sexual y reproductiva responsable. Desde julio de 2010, el flujo de consultas mensuales se mantuvo entre 460 y 346. Siendo el 62,3% de las llamadas realizadas por mujeres y el 25,7% por varones.

Se trata de la línea telefónica gratuita 0800-222-3444 que responde dudas, inquietudes y denuncias sobre temas de salud sexual y reproductiva a hombres y mujeres adultos y adolescentes de todo el país.

Desde que la línea entró en funcionamiento, el 27 de mayo de 2010 y hasta abril de 2011, recibió más de 3.200 llamados y contestó 4.088 consultas. En el primer mes después del lanzamiento se recibieron cerca de 700 llamados y fueron respondidas más de 900 preguntas.

'Soy mamá de 54 años y tengo una nena de 12 años. Ella me pregunta, ¿Qué es el SIDA? ¿Y los embarazos no deseados?'; 'Quería saber si durante el ciclo menstrual se puede quedar embarazada'; '¿Cómo es el tema del VPH? ¿Cómo se contagia?', son algunas de las consultas recibidas en el 0800 Salud Sexual que, muchas veces por tabúes o mitos vinculados a estos temas, no son habitualmente abordadas en las consultas con los equipos de salud.

En lo que concierne a la edad de quienes realizan la consulta, más de la mitad de las llamadas –el 58,62%– fueron hechas por adultos de entre 20 y 49 años; los adolescentes –entre 10 a 19 años– contribuyeron con un 17,1% de consultas; las personas mayores de 50 con un 7,45% y se desconoce la edad de un 16,83% de las personas que consultaron a la línea.

En este servicio cada llamada dura en promedio quince minutos, se responde más de una consulta y además el diálogo se entabla de manera íntima y confidencial. '¿Cuál es tu pregunta? Todas y todos tenemos preguntas. Todas y todos tenemos derecho a respuestas' es el lema de la Línea 0800 Salud Sexual.

En ese sentido, no solamente se estimula a las personas a dialogar sobre estos temas con sus pares y a encontrar un espacio de consulta en el que reciben una respuesta institucional a temas prioritarios en materia de salud que no fueron abordados ni tomados en cuenta en el pasado.

Paula Ferro, responsable del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, expresó a los medios que 'el balance es positivo porque la herramienta que habíamos pensado como un acceso desde el Estado se concretó. La gente llamó, recibimos más de 4.000 consultas, preguntas de todo tipo vinculadas a la salud sexual y a la salud reproductiva de hombres, de mujeres, de adolescentes y adultos que nos dieron una dimensión mucho más amplia de los lugares donde intervenir, de los modos para intervenir, y que nos permite revincular esas consultas y demandas al sistema de salud público, en lo local y en lo provincial'.

La funcionaria indicó que principalmente los temas de consulta fueron 'el acceso a métodos anticonceptivos y su utilización; los lugares donde acceder a consejerías de salud sexual; también preguntas muy puntuales respecto a situaciones de riesgo y cómo poder acceder al sistema de la anticoncepción hormonal de emergencia o a servicios específicos dentro del sistema de salud, y finalmente cuestiones vinculadas a la anticoncepción quirúrgica'.

También se han recibido inquietudes sobre disfunciones sexuales, preguntas desde la tercera edad, interrogantes de adolescentes que se plantean diversidades sexuales o modos de las prácticas sexuales y cómo acompañar esas decisiones. En lo que concierne a la procedencia de las llamadas, Ferro especificó que 'la mayoría provienen de la provincia de Buenos Aires –conurbano y el interior bonaerense–, de la Ciudad de Buenos Aires y después del NEA y NOA'.

A su vez la funcionaria explicó que 'las difusiones locales y provinciales que hemos realizado aumentan los llamados, aumentan la demanda de la población y también nos permite saber cómo están los derechos sexuales y reproductivos en esas provincias y en esas localidades'.

El equipo

El 0800 Salud Sexual es atendido por unos 20 consultores, varones y mujeres, con capacidad y entrenamiento para atender situaciones emocionales críticas, informar y derivar si fuera necesario. Gran parte del personal está integrado por estudiantes de Ciencias de la Comunicación, Psicología y Medicina. Algunxs también cuentan con experiencia en tareas comunitarias.

Para poner en marcha este servicio y al personal que lo integra se planificó e implementó un programa de capacitación permanente con una metodología participativa.

Para su difusión

Durante el acto de aniversario de la línea gratuita se presentaron una serie de spots radiales, realizados con el apoyo de UNFPA. En los mismos se recrean diálogos y preguntas que buscan promover que las mujeres, varones y adolescentes se acerquen a los centros de salud para realizar controles y difundir el uso del 0800 de Salud Sexual.

Uno de los spots dice: '¿Si esta menstruando puede quedar embarazada?; ¿Para ponerme un DIU necesito autorización de mi mamá?; Pedí preservativos en la salita pero no me dieron porque dijeron que soy chica ¿Dónde los puedo conseguir?; Si un día no toma la pastilla: ¿Puede quedar embarazada?. Para mil preguntas hay una respuesta: 0800-222-3444, línea de salud sexual en todo el país gratis y confidencial. ¿Cuál es tu pregunta? Ministerio de Salud Presidencia de la Nación con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Tenés derecho a la salud, tenés derecho a la información.'

Estos spots fueron producidos por la Cooperativa de Trabajo 'La Usina de Ideas' y comenzaron a difundirse el 1º de junio a través del Foro Argentino de Radios Comunitarias (Farco) y la Asociación de Radiodifusoras de Buenos Aires y el Interior de Argentina (Arbia). También se pueden descargar de la página web del Plan y de Radio Salud.

A los spots se suma una publicación, y es que desde el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable se presentó '¿Cuál es tu pregunta?', una revista de distribución gratuita que promueve el derecho a la información. En esta publicación se pueden leer las consultas de actores, periodistas, comunicadores, cantantes y otros referentes sociales.

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Argentina, Córdoba: Pepa Gaitán no era Caperucita Roja… ¿y qué?

Alexis Oliva (PRENSARED)

Entre la estrategia de la defensa y la cobertura periodística de algunos medios de Córdoba someten a Natalia Gaitán, joven víctima de la lesbofobia, a una renovada discriminación post mortem. Demonizada y arrancada de su entorno social, su caso deja de ser un acontecimiento para explicar y entender y se convierte en un “drama pasional”, un culebrón marginal destinado a conmover y entretener. Mañana miércoles se escucharán los alegatos.

El homicidio de Natalia “Pepa” Gaitán, asesinada de un escopetazo por el padrastro de su novia en marzo del año pasado, no es un caso más de la crónica policial y jurídico-penal. No, el caso Gaitán no pertenece al género más taquillero del periodismo. Porque el caso Gaitán es un caso social.

Actualmente, mientras se desarrolla el juicio contra el homicida Daniel Torres, las crónicas periodísticas de los principales medios de Córdoba difieren del enfoque social que proponen los medios nacionales -incluso algunos hegemónicos; incluso algunos que distan de ser “progresistas”-, que lo enfocan como caso paradigmático de discriminación y violencia criminal motivadas por la orientación sexual de la víctima.

Al contrario, los medios más importantes de Córdoba, desde las primeras crónicas policiales hasta la actual cobertura del juicio, han limitado su enfoque al qué, quién, cuándo, dónde y cómo, soslayando el por qué de las motivaciones profundas del crimen.

Las referencias a una supuesta “riña” previa al homicidio -siendo que el único contacto físico entre los protagonistas del drama fue el escopetazo-, la importancia atribuida a una presunta arma blanca en manos de la amiga de la víctima y principal testigo y -sobre todo- una no tan sutil caracterización de Natalia que apunta a presentarla como violenta, promiscua y quizás adicta, son “datos” que coinciden objetivamente con la posición de la defensa, orientada claramente a “culpar a la víctima”.

¿Por qué los medios incurren en esta suerte de discriminación post mortem?

Porque la figura de Pepa Gaitán se resiste a encuadrar en los estereotipos preestablecidos de lo que debe ser una “buena víctima”.

Porque con ejemplar honestidad los suyos la han mostrado tal como era y no como una “pobrecita”. Pepa era corpulenta, varonil, practicaba boxeo y lucha “vale todo” y le gustaba divertirse, porque tenía alegría de vivir. Según Graciela Vásquez, su madre, era “muy codiciada” por las chicas; y según su hermano Mauricio, era “entradora” y “tenía levante”.

Demasiadas incorrecciones para ser incluida en un estereotipo construido a imagen y semejanza de la tierna Caperucita Roja, que se aplica a víctimas inocentes y pasivas, devoradas por lobos feroces tan estereotipados y descontextualizados como sus presas.

Y a propósito de contextos, en el caso Gaitán también se soslaya el entorno social de un barrio popular de Córdoba, como Parque Liceo, donde la violencia y la discriminación -entre otros males- son productos directos de la exclusión (que dicho sea de paso Natalia y su madre intentaban paliar con el trabajo social que hacían en su asociación Lucía Pía).

“Estoy orgullosa de haber tenido una hija lesbiana”, es la frase que Graciela viene diciendo en cada oportunidad y que repitió ante los jueces. Una digna actitud de desafío a los prejuicios, demasiado difícil de digerir para un imaginario conservador y reaccionario, acostumbrado a demonizar a lo que considera “desviado”.

En estos días, Susana Pita, una de las militantes por el respeto a la diversidad sexual que asiste al juicio, envió una carta de lector a La Voz del Interior, titulada “¿Cuántas ‘Pepas’ más pretenden que haya?”. Luego de cuestionar el tratamiento que el diario hace del caso, Pita pregunta: “¿Si esto es parte de la prensa negra o amarilla que vende? ¿Si es un puro hecho ‘intencional’ de discriminación estigmatizando a la victima, la ‘Pepa’? ¿Qué pretenden los medios de comunicación, como constructores sociales? ¿Mantener latente y seguir construyendo más discriminación sexual, más odio, más rechazo, más estigmatización, más machismo, más violencia de género? ¿Jugar con el morbo? ¿Fomentar a el/la lector/a, para que justifique el lesbicidio cometido por Torres y transformar al asesino en víctima?”. Y reclama: “No miremos para el costado, porque de alguna manera, los medios de comunicación y la sociedad en su conjunto, cada uno con el poncho que le quepa, somos culpables por instalar los prejuicios y por aportar la cuota de odio”.

Como Ramona y los pibes de "los lápices"

Complementario al intento mediático de estigmatizar a la víctima, también se le aplica a Pepa Gaitán lo que el sociólogo de la comunicación Horst Holzer definió como “personalización de los hechos sociales”, recurso que consiste en extirpar a los protagonistas de las noticias de su entorno social y su grupo de pertenencia, con la intención de presentarlos como casos individuales no representativos y despolitizar su drama.

Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando a la campesina Ramona Bustamante, quien desde 2004 viene resistiendo en el norte cordobés los intentos de desalojo por parte de dos hermanos empresarios del agro, se la presenta como una “pobre viejita”, en una versión telúrica de la abuelita de Caperucita a punto de ser devorada por un lobo (no necesariamente sojero, pero inhumano).

No es casual que éste haya sido el único conflicto de tierras protagonizado por familias campesinas que logró sortear el “cerco informativo” de los grandes medios. Justamente porque con ese tratamiento sensiblero se lo podía despolitizar. Y así como se ocultaba o disimulaba la pertenencia de Ramona al Movimiento Campesino de Córdoba (MCC), también se subrayaba la “insensibilidad” de los hermanos Scaramuzza, escamoteando su condición de clase y la índole social del conflicto.

Una tergiversación similar han padecido los chicos de "la Noche de los Lápices” (mentados por estos días por cierto candidato que pretende homenajearlos con un “boleto educativo”), cuyo secuestro, tortura y desaparición pretende explicarse sólo por su reclamo por un boleto estudiantil. Entonces, se los presenta como “jóvenes, chicos apolíticos. Por lo tanto, jóvenes, chicos inocentes”, como observa el periodista Sergio Tagle en un artículo titulado “La noche de los lápices no tuvo lugar” (El Avión Negro, Nº 2, septiembre de 2010).

Tanto en la famosa película de Héctor Olivera como en las reseñas periodísticas, al omitirse el dato de que los chicos del Colegio Nacional de La Plata pertenecían a la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) y por lo tanto llegaron a la lucha por el boleto “después de convencerse y comprometerse con un cambio de sistema social”, se distorsiona la verdad histórica y se oculta que “fueron desaparecidos por los mismos motivos por que corrieron igual suerte delegados sindicales, militantes barriales y villeros, curas del Tercer Mundo, cuadros de organizaciones populares, otras juventudes políticas por la liberación”.

Al contrario, señala Tagle, el reconocer a los chicos como “sujetos políticos e históricos actuantes en contra de la dictadura y del poder al que se anudaba imprime racionalidad a sus detenciones, torturas y desapariciones. No el boleto estudiantil, no el lápiz como símbolo”.

Frente a esta discriminación mediática, Natalia Gaitán se hermana con Ramona Bustamante y los desaparecidos del Nacional de La Plata -aunque a ella le va peor, porque la demonizan-. Entonces, su muerte pierde la esencia social y política que le permitiría al público entenderla y se convierte en un drama individual para conmoverse y hasta entretenerse. Se convierte en lo que el semiólogo Roland Barthes define como “suceso”, es decir “una información monstruosa, análoga a todos los hechos excepcionales o insignificantes”; un acontecimiento cerrado en sí mismo, que agota “toda posibilidad de unir este suceso a un sentido exterior”.

El cerco del discurso jurídico

En el juicio, acaba de concluir la ronda testimonial y el miércoles 3 de agosto comenzarán los alegatos. En lo estrictamente jurídico-penal el margen de discusión está acotado por dos límites.

Para la defensa, es prácticamente imposible instalar una duda razonable acerca de la autoría del homicidio por parte de Torres y muy difícil que su abogado convenza al tribunal de los atenuantes que parece estar construyendo a partir de la supuesta “peligrosidad” de la víctima.

Para la fiscalía, que la ley 23.592 sólo contemple como agravante penal a la discriminación por raza, religión o nacionalidad, le impide el fundamentar una pena mayor por la motivación criminal basada en la identidad sexual de la víctima.

Pero la querella, representada por la abogada Natalia Milisenda, sí podrá plantear otras cuestiones que quizás no sean estrictamente jurídicas, pero que son imprescindibles para romper estos cercos y entender por qué ocurrió este crimen: la discriminación social hacia las lesbianas, generada por una cultura conservadora y autoritaria.

Ese alegato será -en palabras la propia abogada- “una oportunidad para mostrar por qué en muchos casos de feminicidio se termina culpando a la víctima y para sensibilizar a la sociedad de que hay todo un sistema social que a Torres le hizo más fácil dispararle a Nati”.

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Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual: Los medios comunitarios exigen que se los tenga en cuenta

ACTA

Canales de televisión populares, alternativos y comunitarios realizaron junto con organizaciones políticas y sociales un aguantazo cultural frente a las puertas de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA).

La protesta se realizó el pasado viernes 29 de julio, luego de solicitar formalmente una reunión por diferentes vías para la cual no se obtuvo ninguna respuesta.

Cerca de 200 personas participaron de la jornada de rechazo a las restrictivas resoluciones 685 y 686 que llaman a concurso para la adjudicación de licencias de TV Digital. Estas normas no distinguen las organizaciones sin fines de lucro de las empresas, ya que el valor de los pliegos se vuelve inalcanzable para los canales populares: entre 42 mil y 140 mil pesos y el pago de un canon de 24 mil pesos por mes para la utilización de la infraestructura de ARSAT.

Las televisiones comunitarias, con esta manifestación, lograron un compromiso de reunión con el presidente del AFSCA Grabriel Mariotto. Sin embargo, en la convicción de que es la lucha y la movilización las que garantizan las reivindicaciones para el campo popular, se mantendrán en la calle hasta alcanzar sus reclamos.

Barricada TV es parte activa de este espacio, junto con Canal 4 Darío y Maxi, Faro TV, TVPTS, Voces TV, La Dignidad TV, Silbando Bembas, La Yesca TV, Cine Insurgente y Ojo Obrero. La campaña por la defensa de la comunicación popular cuenta además con más de 300 adhesiones de movimientos, partidos, sindicatos, medios de comunicación y personalidades de la política y la cultura.

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Previsión social: El PAMI no escucha

RED ECO - ACTA

Los jubilados y jubiladas que forman parte de la CTA presentaron dos proyectos de ley para lograr que la administración de los fondos previsionales y el manejo de la obra social vuelvan a sus manos. El PAMI sigue intervenido y nunca ha presentado un balance.

El dinero que ingresa y el que se gasta solo lo conoce el Estado a través de los funcionarios puestos por él. En el mes de junio, cuando cumplían sus 1000 marchas y en el marco de la Jornada Nacional de Lucha lanzada por nuestra central, los jubilados nucleados en la Mesa Coordinadora, reclamaron ante la Cámara de Diputados que sea tratado un proyecto presentado por ellos para que se sancione una nueva Ley Provisional.

Este proyecto contempla en su fundamentación y articulado los aspectos que vienen planteando desde hace 20 años: que se deroguen las leyes vigentes del menemismo (24241 y 24463); el 82 % móvil sobre el salario del trabajador activo en su mismo cargo, oficio o función; un haber jubilatorio mínimo no inferior al Salario Mínimo Vital y Móvil, actualizado con la canasta básica total que sea la real. Exigen también que la dirección y administración de los fondos previsionales la realice un Ente Público no Estatal, con representantes de jubilados y trabajadores activos elegidos con voto directo y secreto, y la participación del Estado.

Además acaban de presentar un proyecto de Ley de Normalización de su obra social: el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), más conocido como PAMI. El texto prevé que el instituto sea dirigido, como lo fue desde sus comienzos, por una comisión directiva de 11 miembros: siete representantes de los jubilados y dos de los trabajadores activos –todos por elección directa y secreta - y dos representantes del Estado. Y que el presidente del Consejo de Dirección sea elegido por los jubilados.

El PAMI es la obra social más grande de América Latina y la segunda en toda América, con alrededor de cuatro millones y medio de afiliados. Fue creada hace 40 años y está intervenida desde hace treinta. Por lo que los jubilados no tienen ningún poder de decisión en el manejo y la administración de sus fondos.

El INSSJP se creó para resolver los problemas vinculados a la atención de la salud de jubilados y pensionados. También se encarga de la recreación y los viajes y de la internación en geriátricos. Pero lo fundamental es el tema de la salud, por lo cual es insólito que el organismo no presente balances donde puedan verse los ingresos y las salidas de dinero. Desde la Mesa han reclamado a la Auditoria General de la Nación que les informen sobre entradas y salida de dinero, pero no han obtenido respuesta.

Marcos Wolman, secretario general de la Mesa Coordinadora, afirma que este punto encubre el manejo discrecional que la intervención del Pami hace con los fondos que recauda. Uno de los “grandes negocios” lo tienen las cámaras farmacéuticas. Estas administran dinero que el instituto les da por cada jubilado, para que los provean de medicinas. Mientras que el Pami cubre solo una parte de su costo, el resto lo pagan los jubilados con sus haberes. “Evaluando las grandes ganancias que tienen hoy los laboratorios y las empresas farmacéuticas vemos que ahí está el gran negocio que aparece totalmente oculto. Por otro lado están las contrataciones a través de tercerizar servicios y además privatizaciones hasta del servicio de ambulancias. Hay una deficiencia muy grande y un manejo incontrolado porque quien lo gestiona exclusivamente es el Estado a través de una intervención”.

El último decreto de intervención del actual gobierno finalizó en el 2004. Sin embargo se firmó entonces uno nuevo, de necesidad y urgencia, por el cual se nombró a un director y un subdirector ejecutivos hasta que el Congreso sancionara la ley que definiera el funcionamiento de la institución. El Poder Ejecutivo envió luego un proyecto para ello, que fue aprobado por una de las cámaras del Congreso. Luego pasó a otra que lo modificó y entonces debió regresar nuevamente a la de origen. Entre idas y vueltas, pasó el tiempo y los años. El proyecto nunca fue aprobado.

“Los fondos proveniente de los trabajadores activos, las contribuciones de sus empleadores y la parte que el Estado deriva para la Seguridad Social deben ser utilizados para resolver exclusivamente las jubilaciones y pensiones. Hoy esos fondos se utilizan para otras cosas, incluso para pagar deudas y resolver problemas financieros del Estado y se manejan de forma arbitraria”, afirmó Wolman en una entrevista realizada en el programa Al Oeste de FM En Tránsito.

Según sostiene el actual interventor nacional del PAMI, Luciano Di Cesare, el presupuesto del instituto para 2010 fue de 15.600 millones de pesos. Asegura además que el organismo tiene reservas por 7.200 millones de pesos, o sea, la mitad de su presupuesto anual. Wolman se pregunta cómo entonces es posible que el gobierno use los fondos para pagar deudas, cubrir sus déficits y para planes sociales que deberían salir de los recursos ordinarios que el Estado recauda por impuestos y otros ingresos como las retenciones, en lugar de destinarlos para resolver la deficiente atención a la salud de los jubilados y pensionados, con medicamentos que cada vez son más caros y de los cuales el Pami solo cubre una parte, con cerca del 76 % por ciento del total de los jubilados que cobran el haber mínimo - por debajo de la canasta de pobreza establecida por el Indec - que significan 40 pesos diarios.

La base del reclamo por parte de los jubilados es que las normas vigentes han convertido a los organismos en entes estatales-gubernamentales, lo cual permite a cualquier gobierno de turno manejar los fondos de los jubilados sin que ellos puedan ser parte de la toma de decisiones. Por eso los proyectos presentados apuntan a convertir a ambos organismos en entes Públicos No Estatales; por lo tanto, en ambos casos, se reclama que sean administrados y dirigidos por representantes de jubilados y trabajadores activos elegidos con voto directo y secreto, y la participación del Estado.

Al referirse a los proyectos presentados, la Mesa Coordinadora sale al cruce de quienes dicen que no son sustentables en el tiempo y afirman: “En una Argentina que en las condiciones de demanda mundial de su producción y riquezas naturales, crece a altas tasas, son decisiones políticas la determinación del destino del crecimiento, de la distribución del ingreso. Son decisiones políticas que definen los intereses de clase del Gobierno y los poderes del Estado” Además sostienen que “el logro de la nacionalización de los recursos previsionales y el fin del negociado de las AFJP debe ir acompañado por la decisión sobre los destinos de esos fondos, que deben ser dirigidos y administrados por los interesados con participación del Estado, como establece la Constitución Nacional”. Y agregan: “Son decisiones políticas, producir una profunda reforma impositiva, que entre otros aspectos se elimine el IVA en productos de consumo básico, establecer impuesto a la transacciones financieras, disponer de la renta que produce la explotación del petróleo, la minería, y recursos estratégicos que deberían estar en manos del Estado, el terminar con el agravio de seguir pagando la deuda externa ilegítima y no investigada. Son decisiones políticas que harían sustentable para hoy y en el tiempo la Seguridad Social”.

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Argentina: Libertad y democracia sindical: Proyecto de Ley de Garantismo Sindical

ACTA

El 2 de junio se llevó a cabo en el Salón Anexo de la Cámara de Diputados de la Nación la Audiencia Pública donde el diputado Claudio Lozano presentó el Proyecto de Ley “Garantía del Derecho de Sindicalización y Organización Sindical”, consensuado con diversos bloques, junto a Pablo Micheli, Graciela Iturraspe, Adrián Goldin, Daniel Jorajuria, expertos vinculados con la OIT, y representantes de variadas organizaciones y agrupaciones sindicales.

Junto a Lozano firman la iniciativa Alcira Argumedo; Verónica Benas; Carlos Favario; Mónica Fein; Claudia Gil Lozano; Miguel Giubergia; Victoria Dona; Graciela Iturraspe; Martín Sabatella; Fernando Solanas; Ariel Basteiro; Cecilia Merchán; Margarita Stolbizer y Liliana Parada.

A continuación transcribimos de manera textual el proyecto de la nueva norma tendiende a garantizar la libertad y democracia sindical en nuestro país:

Garantía del Derecho de Sindicalización y Organización Sindical

"Artículo 1º. - Todos los trabajadores, sin distinción y sin autorización previa, gozan del derecho de constituir asociaciones sindicales para la promoción y defensa de sus intereses económicos y sociales. Artículo 2º. - Los trabajadores que fundaren organizaciones sindicales no podrán ser despedidos, ni suspendidos disciplinariamente, ni podrán modificarse sus condiciones de trabajo, hasta el término de un año contado desde la fecha del término del mandato establecido en el estatuto o en el acta de la asamblea fundacional, salvo sentencia judicial que previamente declare que la medida respectiva se funda en justa causa constitutiva de excepción a la garantía prevista en el artículo 1.2.b) del Convenio número 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esta protección será oponible al empleador a partir de la comunicación fehaciente dirigida al mismo por la organización sindical o por cualquier trabajador interesado. Artículo 3º. - Obtenida la inscripción gremial, los trabajadores integrantes de los órganos estatutarios y los delegados que resulten electos como consecuencia de elecciones en los lugares de trabajo convocadas por las entidades simplemente inscriptas, gozarán de la protección establecida en los artículos 48 y 52 de la ley 23.551. Artículo 4º. - La promoción de la acción por la que se promoviere la excepción a la garantía referida en los artículos 2º y 3º de la presente ley, no afectará las condiciones de trabajo ni la remuneración del trabajador, que el empleador deberá mantener intangibles mientras no se notifique la sentencia que hiciere lugar a la exclusión de la tutela que se establece por esta ley. Artículo 5º. - Para las asociaciones sindicales con inscripción gremial otorgada con anterioridad a la vigencia de la presente ley, la protección que aquí se establece comenzará a regir a partir de la comunicación fehaciente dirigida al empleador por el trabajador interesado o por la propia organización. Artículo 6º. - Los empleadores estarán obligados a actuar como agentes de retención de los importes que, en concepto de cuotas de afiliación u otros aportes deban tributar los trabajadores a las asociaciones sindicales simplemente inscriptas, cualquiera sea su clase o grado. Para que la obligación indicada sea exigible, deberá mediar una resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, disponiendo la retención. Esta resolución se adoptará a solicitud de la asociación sindical interesada. El ministerio citado deberá pronunciarse dentro de los treinta (30) días de recibida la misma. Si así no lo hiciera, se tendrá por tácitamente dispuesta la retención. El incumplimiento por parte del empleador de la obligación de obrar como agente de retención, o -en su caso- de efectuar en tiempo propio el pago de lo retenido, tornará a aquel en deudor directo. La mora en tal caso se producirá de pleno derecho. Artículo 7º. - Sustituyese el texto del artículo 41 de la ley nº 23.551, que quedará redactado de la siguiente forma: "Artículo 41.- Para ejercer las funciones indicadas en el artículo 40 se requiere:

a) Estar afiliado a la respectiva asociación sindical con personería o con inscripción gremial y ser elegido en comicios convocados por la autoridad administrativa del trabajo, a solicitud de cualesquiera de las asociaciones sindicales representativas de los trabajadores de la empresa o establecimiento, en el lugar donde se presten los servicios o con relación al cual los trabajadores se encuentren afectados, y en horas de trabajo, por el voto directo y secreto de todos los trabajadores cuya representación deberán ejercer los órganos representativos referidos en el artículo precedente. La autoridad de aplicación podrá autorizar, a pedido de cualquiera de las asociaciones sindicales participantes en el proceso electoral, la celebración en lugar y horas distintos, cuando existieren circunstancias atendibles que lo justificaran. Los estatutos de las respectivas organizaciones podrán relevar del requisito de afiliación enunciado en el párrafo precedente.

b) Tener dieciocho (18) años de edad como mínimo y revistar al servicio de la empresa durante un período mínimo de noventa (90) días anteriores a la fecha de la elección. En los establecimientos de reciente instalación no se exigirá contar con una antigüedad mínima en el empleo. Lo mismo ocurrirá cuando por la índole de la actividad en las que presten servicios los trabajadores a representar la relación laboral comience y termine con la realización de la obra, la ejecución del acto o la prestación de servicio para el que fueron contratados o cuando el vínculo configure un contrato de trabajo de temporada." Articulo 8. - De forma".-

Fundamentos

"Los Convenios números 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificados oportunamente mediante ley número 14.932 y Decreto-ley número 11.594/56, respectivamente, garantizan el principio y derecho fundamental de libertad sindical. El art. 2 del Convenio nº 87 establece que los trabajadores "sin distinción y sin autorización previa, pueden constituir las organizaciones que estimen convenientes". A su vez, el artículo 1.2.b) del Convenio nº 98 de la OIT establece que "los trabajadores" deben gozar de "adecuada protección" contra los actos que tengan por objeto "despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier forma a causa de su participación en actividades sindicales". Los dispositivos precitados comportan la prohibición de toda clase de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical e impone a los Estados firmantes la obligación de proporcionar protección eficaz contra todo tipo de acto contrario al ejercicio de la actividad representativa gremial. Desde esa perspectiva, el Poder Legislativo Nacional se encuentra obligado a dictar las normas necesarias a los efectos de materializar la garantía contenida en el art. 1.2.b) del Convenio nº 98 de la OIT, asegurando dicha protección a los fundadores o miembros del órgano directivo de toda asociación sindical, sin distinción. Asimismo, por mandato del Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT "es necesario que se prevean en la legislación, de manera expresa, recursos y sanciones suficientemente disuasivos contra los actos de discriminación antisindical, a fin de garantizar la eficacia práctica de los artículos 1° y 2° del Convenio nº 98 de la OIT" ("La Libertad Sindical", Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT, Oficina Internacional del Trabajo, 4° Ed., Ginebra, 1996, pág. 160) A esos fines, deviene imprescindible la creación de un mecanismo legal de prevención destinado a proteger el empleo de aquellos que desempeñan las funciones de promoción y defensa de los derechos e intereses de los trabajadores. La referida garantía requiere la implementación de una acción expedita, rápida y especial para su efectividad, que deje sin efecto las conductas lesivas de la libertad sindical. En esa ilación, tiene dicho Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT que "Deben tomarse las medidas necesarias, de manera que los dirigentes sindicales que han sido despedidos por actividades relacionadas con la creación de un sindicato sean reintegrados a sus cargos, si así lo desean" (op., cit., pág. 160) Por otra parte, en sucesivos informes de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT dirigidos a la Conferencia Internacional del Trabajo de la misma organización internacional, se señala que: 2el artículo 38 de la ley que sólo permite a las asociaciones con personería gremial, pero no a las simplemente inscritas, la retención en nómina de las cuotas sindicales. La Comisión toma nota de que según el Gobierno la mayoría de las asociaciones sindicales de primer grado se encuentran adheridas a federaciones que gozan de personería gremial, de manera que las primeras reciben la cuota sindical que pagan sus afiliados a través de la federación, que las recibe a través del descuento directo que efectúa el empleador. El Gobierno añade que nada impide que las organizaciones simplemente inscritas acuerden con el empleador que éste efectúe la retención de la cuota sindical directamente del salario de los trabajadores. La Comisión recuerda que la mayor representatividad no debería implicar para el sindicato que la obtiene, privilegios que excedan de una prioridad en materia de representación en las negociaciones colectivas, en la consulta por las autoridades y en la designación de los delegados ante los organismos internacionales; por consiguiente esta discriminación en perjuicio de organizaciones simplemente inscritas no se justifica". Del mismo modo, con respecto a los artículos 48 y 52 de la ley 23.551, que prevén que únicamente los representantes de las organizaciones con personería gremial se benefician de una protección especial (fuero sindical). La Comisión expresó que "toma nota de que según el Gobierno, todos los representantes de los trabajadores gozan de la protección general establecida en el artículo 47. En cuanto a la protección especial establecida en el artículo 52, el Gobierno señala que según lo previsto en el artículo 50, ésta alcanza también a los trabajadores postulados para cargos de representación sindical, cualquiera sea dicha representación. La Comisión estima no obstante que los artículos 48 y 52 establecen un trato de favor a los representantes de las organizaciones con personería gremial en caso de actos de discriminación antisindical que excede de los privilegios que pueden otorgarse a las organizaciones más representativas, según se ha señalado en el párrafo anterior" y que "observa que en seguimiento a las conclusiones de la Comisión de Normas, se realizó una misión en el país en agosto de 2005. La Comisión toma nota de que el Gobierno informó a la misión que había iniciado consultas informales con las organizaciones sindicales interesadas para avanzar sobre posibles modificaciones a la legislación sindical y expresó su compromiso con los principios y normas internacionales del trabajo. La Comisión toma nota asimismo de los datos estadísticos que acompañan la memoria del Gobierno que muestran la existencia de un número elevado de organizaciones sindicales y una tasa de afiliación del 40 por ciento si se cuenta sólo a las asociaciones de primer grado y del 65 por ciento por ciento si se cuenta también a las asociaciones de segundo grado.". A su vez, en la 93ª reunión de la citada Conferencia, la Comisión de Aplicación de Normas expresó la esperanza de que el dialogo entre el Gobierno y todos los interlocutores sociales, con la asistencia técnica de la OIT, se traduzca en modificaciones a la legislación que permitan la plena aplicación de las disposiciones del Convenio (87) en la legislación y la práctica nacionales.- Los mecanismos de protección previstos en el art. 47 de la Ley 23.551 y en el art. 1 de la Ley 23.592 no constituyen "protección adecuada" en los términos del Convenio nº 98, como ya lo ha dicho la OIT en el último informe de la Comisión de Expertos, de donde surge que este tipo de "protección general" es insuficiente por su "carácter limitado en lo que respecta al ejercicio de los derechos sindicales" y resulta discriminatoria con respecto a la "protección especial" de la que gozan los representantes de las asociaciones con Personería Gremial (Cfr. OIT, "Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones", Informe III (parte 1A) Conferencia Internacional del Trabajo, 91ª reunión 2003, p. 239). Como consecuencia de ello, las observaciones formuladas por la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) en el Informe presentado ante el Consejo de Administración de dicha organización -Informe III (Parte 1A)- en el año 1998, que resultaran luego objeto de debate en la Comisión de Normas de la 86ª asamblea de la Conferencia Internacional de la OIT, celebrada en el mismo año, recayeron -entre otros- sobre los artículos 48 y 52, de la ley nº 23.551, entendiendo que estos preceptos se encuentran en contradicción con el Convenios nº 87 y 98, sobre libertad sindical y derecho de sindicalización. Como conclusión de todo lo expuesto precedentemente, es deber del Poder Legislativo Nacional, dictar las normas necesarias destinadas a adecuar el ordenamiento jurídico interno a la normativa internacional vigente. Esta adecuación ha sido señalada, en idéntico sentido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Asociación de Trabajadores del Estado -ATE- c. Ministerio de Trabajo", en la cual el máximo tribunal ha confirmado la jerarquía constitucional del Convenio nº 87 de la OIT y la inadecuación de la ley 23.551 a sus previsiones. El pronunciamiento del magno tribunal pone de manifiesto, a su vez, la restringida vigencia en nuestro país del derecho-garantía de libertad sindical. Recientemente en el fallo "Rossi" la Corte Suprema de Justicia de la Nación, estableció la inconstitucionalidad del art. 52 en cuenta a que establece que la tutela sindical es un beneficio exclusivo de los representantes de las entidades con personería gremial.- El proyecto que aquí se presente, se enmarca, entonces, en el mandato legislativo que surge tanto del art. 14 bis CN como del similar nº 75, inciso 22 de la Carta Magna y del Convenio nº 87 de la OIT. La doctrina sentada por la CSJN impulsa desde el máximo nivel jurisprudencial las protecciones que aquí se establecen, y por ello es que deben tenerse especialmente en cuenta los argumentos del tribunal supremo que viene al caso reproducir: En el 2do párrafo del considerando 3º del referido fallo, la Corte Suprema señala que: "el art. 8 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, enunció el ’derecho de los sindicatos a funcionar sin obstáculos y sin otras limitaciones que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o del orden público, o para la protección de los derechos y libertades ajenos’ (inc. 1.c). Además de ello, su inciso 3 se hizo eco, preceptivamente, de un hito mayúsculo del historial antes reseñado, al disponer que ’[n]ada de lo dispuesto en este artículo autorizará a los Estados Partes en el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo de 1948 relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación a adoptar medidas legislativas que menoscaben las garantías previstas en dicho Convenio o a aplicar la ley en forma que menoscabe dichas garantías’."....y que "todavía pueden sumarse a estos preceptos, diversos enunciados del art. 8 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador, 1988), de jerarquía supralegal (Constitución Nacional, art. 75.22, primer párrafo), como el "derecho de los trabajadores a organizar sindicatos y a afiliarse al de su elección, para la protección y promoción de sus intereses" (art. 8.1.a), la prohibición de la pertenencia compulsiva a un sindicato (art. 8.3), y la reiteración del art. 16.2 de la Convención Americana (art. 8.2)." A su vez, en el 2do párrafo del considerando 4º, la Corte afirma que "Incluso, la Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales del Trabajo, adoptada en 1998, después de memorar que, ’al incorporarse libremente a la OIT, todos los Miembros han aceptado los principios y derechos enunciados en su Constitución y en la Declaración de Filadelfia, y se han comprometido a esforzarse por lograr los objetivos generales de la Organización en toda la medida de sus posibilidades y atendiendo a sus condiciones específicas’, y afirmar que ’esos principios y derechos han sido expresados y desarrollados en forma de derechos y obligaciones específicos en convenios que han sido reconocidos como fundamentales dentro y fuera de la Organización’, declaró que ’todos los Miembros, aun cuando no hayan ratificado los convenios aludidos, tienen un compromiso que se deriva de su mera pertenencia a la Organización de respetar, promover y hacer realidad, de buena fe y de conformidad con la Constitución, los principios relativos a los derechos fundamentales que son objeto de esos convenios’, inter alia, ’la libertad de asociación y la libertad sindical’ (1, a y b, y 2.a -el Anexo prevé, además, un régimen de seguimiento de la Declaración)." Destaca la Corte la jerarquía constitucional del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, sosteniendo que "la libertad de asociación sindical remite muy particularmente al ya recordado Convenio N? 87, de lo cual es ejemplo la sentencia de esta Corte recaída en el caso Outón (Fallos: 267:215, 223 - 1967). Esto es así, por un cúmulo de razones. El Convenio, además de haber sido ratificado por la Argentina (en 1960) y estar claramente comprendido en la citada Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales del Trabajo, ha sido hecho propio, de acuerdo con lo ya señalado, por dos tratados con jerarquía constitucional." y que "resulta nítida la integración del Convenio N? 87 al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales por vía del citado art. 8.3, so riesgo de vaciar a éste de contenido o de privarlo de todo efecto útil, lo cual constituye un método poco recomendable de exégesis normativa (Madorrán c. Administración Nacional de Aduanas, Fallos: 330:1989, 2001/2002 - 2007)." Es también de trascendental importancia la mención expresa que la Corte efectúa respecto a los pronunciamientos de los órganos de control de la OIT, cuyos criterios, tal como se ha demostrado en el expediente, obligan a ese Ministerio a otorgar la personería gremial a esta central sindical. En tal sentido, el considerando 8? expresa que "este orden conceptual se corresponde con la interpretación del Convenio N? 87 y la labor de dos órganos de control internacional de la OIT. Por un lado, el Comité de Libertad Sindical creado por el Consejo de Administración de la OIT en su 1170 reunión de noviembre de 1951C, destinado al examen de las alegaciones relativas a la violación de la libertad sindical (Compendio normativo aplicable al Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, adoptado por el Consejo en su 2920 reunión, marzo de 2005, anexos I y II). Por el otro, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT instituido por resolución adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo en su octava reunión (1926)C, que ejerce el control regular de la observancia por los Estados Miembros de las obligaciones derivadas de los convenios que han ratificado (Manual sobre procedimientos en materia de convenios y recomendaciones internacionales del trabajo, Sección VI). De estas fuentes, por lo demás, hizo mérito la Corte Interamericana de Derechos Humanos tanto en Huilca Tecse (cit., párr. 75) cuanto en Baena (cit., párrs. 157, 164 y 165). Y tampoco ha faltado la oportunidad para que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales exhortara a un Estado a que revise su legislación laboral con vistas a adaptarla a las observaciones de la Comisión de Expertos relativas al Convenio N? 87 (vgr.: Concluding Observations: Malta, 26-11-2004, E/C.12/1/ Add. 101, párr. 35, y Concluding Observations: Poland, 29-11- 2002, E/C/C.12./1/Add. 82, párr. 44)". La Corte Suprema hace referencia del mismo modo al Comité de Libertad Sindical cuando éste manifiesta que "de manera general, la posibilidad para un gobierno de conceder una ventaja a una organización determinada, o de retirársela para beneficiar a otra, entraña el riesgo, aunque no sea esa su intención, de acabar por favorecer o desfavorecer a un sindicato frente a otros, cometiendo un acto de discriminación. Es más, favoreciendo o desfavoreciendo a determinada organización frente a otras, los gobiernos pueden influir en la decisión de los trabajadores cuando elijan una organización para afiliarse, ya que es indudable que estos últimos se sentirán inclinados a afiliarse al sindicato más apto para servirlos, mientras que por motivos de orden profesional, confesional, político u otro, sus preferencias los hubieran llevado a afiliarse a otra organización. Ahora bien, la libertad de los interesados en la materia constituye un derecho expresamente consagrado por el Convenio núm. 87" (Libertad sindical: Recopilación..., cit., párr. 303)." Por todo lo anteriormente expuesto, los firmantes solicitamos a esa Honorable Cámara la pronta aprobación del presente proyecto de ley".
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Brasil participa en misión para mediar en Siria

ANSA

Brasil participará junto a India y Sudáfrica de una comisión que intentará mediar, a partir de mañana en Damasco, en el conflicto entre el gobierno y la oposición de siria.

El diplomático Paulo Cordeiro, subsecretario para Asia de la cancillería, viaja mañana a Siria donde integrará una comisión de verificación sobre la situación, en la que también participan India y Sudáfrica, publicó hoy Folha de Sao Paulo.

Esos tres países, que ya intervinieron conjuntamente en otras crisis en la región, formaron un grupo que intenta establecer una mediación entre el gobierno de Bashar Al Assad y la oposición.

Esa mediación es vista con recelo por diplomáticos de países que integran el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde la situación siria fue tratada ayer, según informó el diario Estado de Sao Paulo.

En el Consejo de Seguridad Brasil impulsó la condena a la represión del ejército y policía sirios, pero es contrario al envío de tropas extranjeras a ese país.

La ola de represión lanzada por el presidente Assad es "enteramente inaceptable", dijo el canciller brasileño Antonio Patriota, quien recomendó "una reacción que ponga fin a este proceso".

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Informe muestra bajo respaldo de Chile a salud pública

PL

Un informe reciente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), difundido hoy, reflejó que Chile es el penúltimo país de su membresía en la lista de "Gastos de salud".

El jefe de la División de Salud de la organización internacional, Mark Pearson, confirmó que la nación suramericana gasta unos mil 200 dólares per cápita al año en lo referente a la atención sanitaria.

El resto de los 33 países miembros de la entidad invierte como promedio unos mil 500 dólares por cada ciudadano.

Las emisiones de fondos para la atención sanitaria de la población están por debajo de la media de gastos en relación con el Producto Interno Bruto, ya que mientras en los demás países se colocan fondos equivalentes al 9,5 por ciento del PIB, en Chile sólo se emplea el 8,4 por ciento.

Recientes movilizaciones estudiantiles realizadas en el país, en demanda de una educación pública y de calidad, también exigen de manera priorizada el incremento de los recursos y fondos dedicados a la educación, muy por debajo de lo estipulado por la UNESCO.

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Debate constitucional se intensifica en Perú

Manuel Robles Sosa (PL)

Un debate en torno a la constitución neoliberal vigente se intensifica hoy en Perú, al salir del ámbito político y jurídico, y extenderse a la sociedad, con un reclamo indígena de una asamblea constituyente.

El tema fue puesto sobre el tapete por el presidente Ollanta Humala, quien al jurar el cargo en el Congreso, el pasado jueves, prometió honrar el espíritu, los valores y principios de la carta magna nacionalista de 1979.

El hecho motivó la escandalosa reacción, a gritos hostiles, de elementos de la bancada de seguidores del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), bajo cuya férula se aprobó la constitución actual y que reclamaban al nuevo mandatario sujeción absoluta a la misma.

Los fujimoristas llegaron al extremo de desconocer a Humala como presidente por haber jurado por una carta magna sin vigencia y los protagonistas del escándalo están a punto de ser sancionados por el Legislativo.

La validez de la impugnación fue descartada por el presidente del Tribunal Constitucional, Carlos Mesía, y otros juristas, en cuya opinión el mandatario no cometió infracción alguna porque se comprometió a respetar el orden legal vigente.

El ministro de Justicia, Francisco Eguiguren, constitucionalista, y otros miembros del gobierno y legisladores del bloque oficialista Gana Perú rechazaron al mismo tiempo la pretensión de que la carta actual sea intocable y dijeron que puede ser modificada.

Según el argumento, ese documento jurídico tiene relativa legitimidad, por haber surgido de un autgolpe de Estado (1992) que clausuró el Congreso y porque su aprobación careció de consenso.

Además, la propia carta magna tiene mecanismos para su reforma, la que, según Eguiguren, se buscará con consulta al Congreso, de ser necesario para el proceso de transformación con fines de equidad que anuncia Humala.

El congresista socialista de Gana Perú Javier Diez Canseco fue más allá y, a título personal, señaló que el mensaje presidencial del pasado jueves contiene políticas y medidas, cuya realización requerirá profundos cambios constitucionales.

"La realidad nos interpela diariamente y nos exige un nuevo contrato social que haga posible la convivencia armoniosa de todos los peruanos", dijo ese día Humala, lo que para Diez Canseco plantea una nueva Constitución.

A la luz del mensaje, indicó el legislador, el cambio debe ser político, porque el nuevo presidente habló de lograr una democracia participativa, pero también social y económico.

Para el ministro de la Producción, en lo económico la mayor presencia del Estado en la economía planteada por Humala puede lograrse con leyes específicas, pero las reformas constitucionales no pueden ser tabú.

El tema parece no tener consenso porque el ministro de Economía, Luis Castilla -tecnócrata neoliberal que fue viceministro en el anterior gobierno-, sostuvo que un cambio constitucional no está en la agenda y causaría incertidumbre.

Tal argumento es usado por los gremios empresariales y la prensa conservadora, aunque el ministro Eguiguren piensa diferente y argumenta que la carta actual tiene puntos que obstaculizan la transformación buscada.

"Toda Constitución tiene también un techo ideológico y el de la carta de 1993 piensa en un Estado de segunda clase, subsidiario, y no solo en lo económico" y subordinado al interés individual de lucro.

El exdecano del Colegio de Abogados de Lima Walter Gutiérrez consideró que el nuevo presidente apunta a reformar la Constitución, lo que consideró una "intención legítima".

Por su parte, el líder indígena de una protesta aymara de la región surandina de Puno que el pasado gobierno reprimió con saldos mortales, Walter Aduviri, planteó la necesidad de una asamblea constituyente que elabore una nueva carta magna.

Señaló que el cambio es necesario porque la carta vigente ha hecho posible concesiones mineras excesivas contra las que protestaron los aymaras, que obligaron al pasado gobierno a anular una concesión dada a una empresa canadiense cerca de la frontera con Bolivia, y que los nativos rechazaron por su impacto contaminante.

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México: Políticas públicas para solucionar la pobreza

Carmen R. Ponce Meléndez (CIMAC)

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) presentó el informe 2010 sobre la situación de pobreza en que se encuentra el país; su medición tiene como objetivo central diseñar políticas públicas para resolver este problema.

Se consideran indicadores de ingreso, vivienda, servicios básicos, acceso a la educación, seguridad social, acceso a la salud y cohesión social (índice de Gini).

De acuerdo con este informe, el número de población en condiciones de pobreza pasó de 48.8 millones de personas en 2008 a 52.0 millones para 2010, significa una variación de 6.5 puntos porcentuales; mientras que la población en pobreza extrema se mantuvo en 11.7 millones, la población urbana reporta más pobreza.

Los dos renglones más afectados son: el acceso a la alimentación y la disminución del nivel de ingresos, o la pobreza por ingresos expresada en el sustancial crecimiento de la población vulnerable por ingresos.

Ambos guardan una estrecha relación con las condiciones de pobreza que experimentan las mujeres y son caldo de cultivo para la violencia social. En Chihuahua el número de personas vulnerables por ingreso en 2008 era de 234.6 y creció a 431.2 (miles), una variación muy alta, de 83.8 por ciento, casi el doble; también ahí las cifras de desempleo femenino son altas.

Con carencias por acceso a la alimentación hay 28 millones de personas, implica un incremento de 17.6 por ciento respecto a 2008; este indicador creció en 24 entidades del país. La situación más crítica está en Guerrero, Tabasco y el Estado de México.

Esto explica que durante el bienio y según la propia Coneval, el crecimiento más significativo se registró en la llamada “pobreza de patrimonio”, definida como la insuficiencia de ingreso disponible para adquirir la canasta alimentaria y los gastos necesarios en salud, vestido, vivienda, transporte y educación.

Para 2010 el número de población en el país en esta condición es de 57.7 millones de personas, cifra que representa un crecimiento de 10.3 por ciento respecto a 2008, se incrementó en 5.4 millones el número de personas con pobreza de patrimonio.

Por tanto, se requiere de políticas públicas que permitan incrementar el patrimonio, más y mejores ingresos; como prioridad dentro de esas nuevas políticas públicas está la política económica.

En la medida en que las mujeres tengan suficientes ingresos para educación, salud, vivienda y alimentación, entre otras cosas, ejercerán una menor presión en los programas destinados a enfrentar la pobreza como Oportunidades.

Actualmente existen 32 programas destinados a la “superación de la pobreza” con una asignación de 291.9 millones de pesos y son insuficientes; en contraparte se destinan muy pocos recursos a la generación de riqueza o inversión productiva.

El argumento es que ésa debe ser tarea del sector privado. Hay un Estado ausente en la rectoría económica y en la debida salvaguarda de una sociedad lastimada por la pobreza y la violencia social.

Según el diccionario la “cohesión social” es el grado de consenso de los miembros de un grupo social o la percepción de pertenencia a un proyecto o situación común; y justamente eso es lo que hoy –más que nunca– está en tela de juicio con el proyecto de nación.

Para Coneval esa cohesión social es el Índice de Gini, según este organismo no registró un crecimiento sustantivo; este índice mide la desigualdad social, pero lo cierto es que para las mujeres este indicador es lo suficientemente representativo (0.510) para dudar ampliamente del consenso que hay en torno a los resultados de las actuales políticas públicas.

Carmen R. Ponce Meléndez es economista especializada en temas de género.

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Estados Unidos: Una deuda con techo de vidrio

Jorge V. Jaime (PL)

Con la billetera atorada y debiendo dinero a medio mundo, Estados Unidos estuvo a 24 horas de hacer el mayor papelón en su historia crediticia. Pero la verdadera noticia es que la incertidumbre continúa.

Aunque aparentemente lo peor ya pasó, ahora resulta que el nuevo techo de la deuda nacional impulsado en el Congreso equivale prácticamente al monto total del producto interno bruto (PIB) estadounidense, una paradoja financiera que nunca había sido certificada en Washington.

Tras meses de encendidas discusiones bipartidistas camino a un plazo que vencía este martes, la Cámara de Representantes envió anoche al Senado un plan a dos etapas, que prevé recortes en gastos federales por 917 mil millones de dólares en 10 años y un alza del techo por 900 mil millones.

Adicionalmente se propone la creación de un panel especial de 12 congresistas (seis republicanos e igual número de demócratas) que estudiará cortes suplementarios por 1,5 billones de dólares en gastos gubernamentales para seguir aumentando el tope del débito a inicios de 2012.

La primera conclusión es que sufriremos en los próximos meses más controversias en el Capitolio y el fondo del Estado solo está asegurado hasta el fin del presente año fiscal (30 de septiembre), señaló Charles Gabriel, analista económico de la agencia Capital Alpha Partners.

Por otro lado, si falla la implementación del comité de 12 miembros -que debe ser evaluado por el Congreso en Navidad- o no trasciende la idea de los 1,5 billones en recortes, el presidente Barack Obama solo tendrá autoridad para elevar el límite del endeudamiento en 1,2 billones de dólares el próximo año.

En resumen, lo que hicieron demócratas y republicanos para resolver momentáneamente el atolladero fue trasladar las argumentaciones más complicadas para que fueran analizadas -y eventualmente resueltas- por el anunciado panel bipartidista, formado por legisladores aún sin nombrar.

La cadena ABC News concluye que, en lo inmediato, el programa votado este martes en el Senado podría perjudicar la recuperación industrial del país e impactar negativamente en al menos siete pilares de la sociedad, entre ellos la seguridad social, cobertura sanitaria y atención a desempleados.

Con la tasa nacional de paro en 9,2 por ciento y aproximadamente 25 millones de desocupados, aún no está claro cuantos millares de individuos caerán en la categoría de "no elegibles para asistencia" como consecuencia del plan que los republicanos lograron imponerle a la Casa Blanca.

Otro experto, Mohamed El-Erian, de la consultoría PIMCO, advirtió que el nuevo proyecto de recortes federales exacerbará las dificultades en cuanto a creación de puestos laborales. Atravesamos una etapa de economía débil, pero podríamos ver tiempos peores, pronosticó.

Desde inicio de 2011 las deliberaciones políticas acerca del techo de la deuda no han sido fáciles de seguir porque abarcan conceptos extraños y parámetros cambiantes cada semana, empero el público estadounidense ha sido casi unánime en su rechazo.

Un sondeo de opinión de la encuestadora Pew reflejó que más del 70 por ciento de los ciudadanos cree que las extendidas discusiones en Washington fueron por los menos ridículas y desconcertantes, y no pocos entrevistados eligieron la palabra estúpidas.

El 75 por ciento de los consultados criticó a los republicanos, el 72 por ciento a los demócratas, un 38 por ciento consideró que la culpa del retraso en los acuerdos era de Obama, y un 34 por ciento señaló al portavoz de la Cámara baja, John Boehner, como el responsable del caos.

El espectáculo que vimos de un Washington disfuncional, incapaz en mucho tiempo de lograr un convenio básico sobre un tema de cardinal trascendencia, no debe sorprender a nadie, comentó un artículo del diario The Wall Street Journal.

Tal inhabilidad para resolver un asunto tan importante como es la capacidad federal de pago no es un accidente aislado, es la culminación lógica de lo que muchos llaman el hiperpartidismo en el Congreso, señaló el columnista Gerald Seib.

Si el Capitolio no emitía un fallo para actualizar el tope del débito antes del 2 de agosto, Estados Unidos corría el riesgo de caer en moratoria de pagos, con un dólar declinante, aumento en las tasas de interés, y rebaja mundial en la calificación crediticia.

La actual deuda pública de Estados Unidos supera 14,5 millones de millones de dólares y representa alrededor del 97 por ciento del PIB (14,8 billones en 2010), un record impactante aunque eclipsado por Japón, cuya deuda representa el 225 por ciento del producto interno bruto nipón.

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Denuncian brutalidad de agentes migratorios en Estados Unidos

PL

Patadas, golpes y rasguños formaron parte de una operación de agentes de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) contra una familia de inmigrantes en Estados Unidos, denunció hoy la abogada Jessica Domínguez.

Durante el incidente, en el que presuntamente participaron al menos 40 efectivos del ICE, varios miembros de la familia, incluyendo una abuela, una bebé de dos años, dos niños y un joven estudiante de 17, fueron víctimas de la brutalidad de los funcionarios, dijo la defensora.

El incidente ocurrido el 19 de julio en Los Angeles, California, es investigado por las autoridades.

Nos cambiaron la vida por siempre, declaró a reporteros Josefina Martínez, una de las cuatro personas que podrían enfrentar la deportación. Ahora ya no queremos ni abrir la puerta, porque no sabemos qué más nos pueda pasar, aseguró.

Al igual que Josefina, Michael Martínez, de 16 años de edad, su madre Carmen Bonilla, de 46, y Leticia Hernández, de 23, comparecerán este martes ante las autoridades para tener un dictamen sobre si su estatus legal en este país está dentro de la ley de Inmigración.

Bonilla relató que los agentes de ICE penetraron en la casa con una orden de captura contra un supuesto traficante de drogas.

Los residentes en el lugar fueron objeto de amenazas, forcejeos, insultos, golpes e incluso intimidación al apuntarles con las armas de fuego, subrayó.

Al final, los integrantes de la fuerza de asalto no encontraron a la persona que presuntamente buscaban y terminaron deteniendo a cuatro personas adultas por encontrarse sin papeles en el país e instruyeron a otras cuatro para comparecer hoy ante las autoridades, según informó Virginia Kice, vocera del ICE para el Sur de California.

Un comunicado de ICE expresa que las acusaciones hechas por los residentes hacia los agentes durante este cateo fue enviado a la Oficina de Responsabilidad Profesional para su investigación.

"Esta familia refleja el temor, ansiedad y angustia que muchos en la comunidad están experimentando", dijo Domínguez.

A menudo vemos y escuchamos de estas situaciones en donde hombres y mujeres inocentes son aterrorizados por agentes de ICE que han perdido el control, indicó un vocero de la Coalición Pro Derechos de Los Inmigrantes.

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Movimiento de los indignados extiende protestas en España

PL

El movimiento social de los indignados extendió las protestas a diferentes puntos de la capital española, tras ser desalojados por las fuerzas de seguridad de la Puerta del Sol.

Los manifestantes se dirigieron a la plaza de Callao, desde donde iniciaron una improvisada marcha por la Gran Vía hacia la sede del Congreso de los Diputados y finalmente están concentrados hoy en la Plaza Mayor.

"No nos importa estar en el Sol, estar en la Plaza Mayor o en otro lugar, lo importante es estar unidos", indicó a la prensa uno de los participantes en la caminata.

El movimiento reivindicativo 15-M nació el 15 de mayo, cuando miles de personas respondieron al llamado unánime, hecho a través de las redes sociales en Internet, de salir a las calles para exigir un nuevo modelo político, económico y social.

Dos meses y medio después de su surgimiento, la policía española desalojó a los indignados de la Puerta del Sol, símbolo de sus reivindicaciones.

Agentes antidisturbios acordonaron la zona, cerraron las estaciones de subterráneos y de trenes y prohibieron el acceso a lugar a los periodistas y a todos aquellos que sospechan podrían participar en la protesta.

En solidaridad con sus compañeros, decenas de personas se concentraron en la plaza Catalunya, de Barcelona, para mostrar su repudio al desalojo de los acampados en la Puerta del Sol y el Paseo del Prado de Madrid.

"De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue cueste lo que cueste" y "contra el capital, marcha popular", son lemas de este movimiento que ha tenido eco en otros países.

En estos momentos integrantes del 15-M en España, Italia y Francia marchan hacia Bruselas para protestar frente a la sede del Parlamento Europeo contra la crisis económica, el desempleo y los recortes sociales.

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Trípoli pide explicaciones a Francia por la entrega de activos libios a los rebeldes

RIA NOVOSTI

Los abogados del Gobierno de Trípoli, los franceses Roland Dumas y Jacques Verges, solicitaron al titular de Exteriores de Francia, Alain Juppé, que justifique la asignación de haberes congelados del régimen de Muamar Gadafi al rebelde Consejo Nacional de Transición.

En un requerimiento formal remitido al ministro galo, los letrados piden explicar motivos legales que permiten a la cancillería francesa administrar los activos del Gobierno libio congelados en virtud de una resolución de la ONU.

El Ministerio de Exteriores de Francia confirmó la recepción del requerimiento, aunque rechazó hacer comentarios al respecto.

El pasado 1 de agosto, Alain Juppé sostuvo una reunión con el representante del CNT en París, Mansur Seif Al-Nasr, en la que anunció que el proceso de descongelación de los haberes libios ha concluido y que la autoridad rebelde puede disponer de 259 millones de dólares de estos activos.

Por su parte, Al-Nasr aseguró que el dinero, “perteneciente al pueblo libio”, se invertirá para adquirir alimentos y medicinas.

Anteriormente, Francia reconoció al CNT como la única autoridad legítima de Libia y pidió la renuncia inmediata de Muamar Gadafi.

A mediados de febrero en Libia estallaron protestas contra el régimen de Muamar Gadafi que lleva más de 40 años en el poder. Las manifestaciones desembocaron en choques armados entre los rebeldes y las fuerzas gubernamentales.

El 27 de febrero los rebeldes formaron en Bengasi el Consejo Nacional de Transición, proclamándolo la única autoridad legítima del país.

El CNT, integrado por una treintena de activistas opositores, tanto civiles como militares y procedentes de distintas zonas del este de Libia, tiene al frente a Mustafá Abdelyalil, ex ministro de Justicia de Libia que abandonó el Gobierno de Gadafi un día antes de crearse el Consejo.

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Afganistán: Talibanes descartaron tregua por Ramadán

ANSA

Los talibanes afganos descartaron hoy la posibilidad de suspender ataques y atentados por el mes del Ramadán, y advirtieron que mantendrán las acciones contra los "invasores".

La posición de los talibanes fue difundida en el documento "Ramadán, la oportunidad para obtener el triunfo y las bendiciones de Alá", en el cual manifestaron que se trata del mes "de las devociones, la caridad y las buenas acciones", pero también "de las conquistas".

En tanto, un avión sin piloto de la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad (ISAF) cayó en la provincia de Nangarhar, este de Afganistán, por causas que no fueron establecidas.

Un portavoz de la ISAF dijo que el avión cayó ayer en la zona de Hada Fram, periferia de la capital de la provincia, Jalalabad.

El vocero talibán Zabihulá Mujahid reivindicó la caída de la aeronave.

Por otra parte, el enviado especial alemán para Pakistán y Afganistán, Michael Steiner, confirmó en Kabul que la segunda conferencia de Bonn se realizará en diciembre, reportó la agencia Pajhwok.

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Agencia china baja la clasificación crediticia de Estados Unidos

XINHUA

La agencia clasificadora china Dagong Global declaró hoy miércoles que ha rebajado la categoría de Estados Unidos de "A+" a "A" con una "observación negativa" después de que el gobierno estadounidense anunció el incremento del techo de la deuda.

La decisión de elevar el límite de endeudamiento no cambiará el hecho de que el crecimiento de la deuda nacional estadounidense ha sobrepasado a su económica en general y a sus ingresos fiscales totales, lo que llevará a una disminución de su capacidad de pago de la deuda, dijo Dagong Global en un comunicado.

El presidente estadounidense, Barack Obama, firmó el martes la nueva ley que eleva el endeudamiento en ese país y recorta el gasto público, poco después de que el Senado le diese el visto bueno definitivo, poniendo fin a la amenaza de una suspensión de pagos.

La ley firmada por Obama contempla recortes por un total de 2,4 billones de dólares en la próxima década y el aumento del techo de la deuda por más de 2,1 billones de dólares.

Los desacuerdos internos entre los partidos políticos estadounidenses en relación con la deuda reflejan la incapacidad de ese gobierno para resolver cabalmente el problema de la deuda, por lo que los intereses de los acreedores de Estados Unidos carecen de una protección integral, tanto política como económica, dijo la agencia.

China es el principal acreedor de Estados Unidos, y hasta finales de abril contaba con bonos del Tesoro estadounidenses por un total de 1,15 billones de dólares.

El mes pasado Dagong declaró que había puesto a Estados Unidos en "observación negativa" para una posible reducción de categoría, pues la agencia pronostica que la economía estadounidense experimentaría una recesión a largo plazo debido a su gestión económica y las políticas empleadas en ese país.

En noviembre del año pasado, la agencia china rebajó la clasificación crediticia de Estados Unidos de "AA" a "A+", después de que su gobierno anunciara una segunda ronda de relajamiento cuantitativo.

Dagong declaró que la aprobación del aumento de la deuda es un indicador de que no habría cambios positivos a largo plazo en los factores que determinan la capacidad de pago de Estados Unidos.

La falta de políticas confiables y factibles que respalden el plan estadounidense de recortar el gasto federal ha provocado que el crecimiento de las nuevas deudas contraídas por el país norteamericano haya sobrepasado el ritmo al que reduce su déficit fiscal, agregó la agencia.

Dagong estimó que Estados Unidos tiene que reducir su déficit fiscal en por lo menos 4 billones de dólares en los siguientes cinco años para cumplir con sus obligaciones, y agregó que el plan estadounidense de reducir el gasto refleja su falta de voluntad e incapacidad para disminuir su déficit y su deuda, lo que llevó a la actual calificación crediticia.

"La disminución de la capacidad de pago del gobierno estadounidense es irreversible", dijo la agencia, agregando que el Congreso no ha encontrado una forma constructiva para incrementar el crecimiento económico del país.

Dagong previó el mes pasado que la expansión económica estadounidense se desaceleraría al 2,5 por ciento anual para 2011 y 2012, por lo que el gobierno se vería obligado a adoptar medidas monetarias y fiscales estrictas, por lo que el crecimiento interno permanecería débil.

El mes pasado, debido a las crecientes tensiones sobre el límite de la deuda de Estados Unidos, la agencia china también puso la clasificación crediticia de Estados Unidos de "AAA" en periodo de observación.

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