jueves, 25 de agosto de 2011

¿A quien derrocó la OTAN?

Juan Gaudenzi (especial para ARGENPRESS.info)

Mientras usted lee estas líneas la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos está exclusivamente dedicada a dar con el paradero de Muammar Muhammad Abd as-Salam Abu Minyar al- Gaddafi, quien acaba de ser derrocado por la OTAN y sus “combatientes de la libertad”.

Puede que piensen ofrecerle un exilio seguro a cambio de sus favores en la lucha contra “el terror”; puede que quieran asesinarlo para que no revele el apoyo que en los últimos años recibió de Occidente; puede que, para no defraudar a la multimillonaria masa de semi-analfabetos seguidores de Facebook, Twitter y You Tube, intenten someterlo al escarnio de su brazo judicial: la Corte Internacional de Justicia.

Poseen sus mil y un retratos, sus huellas dactilares y oculares, su ADN. Lo único que no saben es a cuál de las múltiples personalidades de Gaddafi deben borrar del mapa de la historia para terminar de apoderarse de Libia y su petróleo.

Aunque, pensándolo bien, como en los tiempos en que el stalinismo editaba las fotografías públicas para hacer desaparecer de ellas, como por arte de magia, a sus más odiadas – y admirables – figuras de la oposición de izquierda, el “Ministerio de la Verdad”* (toda la gran prensa internacional y sus sirvientes) ya les ha facilitado la tarea.

Esos periodistas de los que Gaddafi alguna vez dijo: “…Ellos representan los intereses de lo peor que existe en el mundo, de los que son capaces de invadir y dominar pueblos, matando y matando, de las empresas que se adueñan y roban los recursos de los pueblos. Los que hacen la guerra, sin pensar en los pueblos en ningún momento. Periodistas de los países coloniales que son responsables de millones de muerte en nuestros pueblos”.

Gracias a ellos en la conciencia colectiva ya no queda nada del joven capitán beduino y nasserista, descendiente de héroes de la resistencia contra la invasión italiana, que se puso al frente del golpe de estado del 1 de setiembre de 1969 para derrocar a un títere de las potencias occidentales, el rey Idris as-Sanusi, y proclamar la República Árabe Libia, la neutralidad exterior; la unidad nacional como paso previo para la consecución de la unidad árabe; la evacuación de las bases militares británicas y estadounidenses ; y la nacionalización de la riqueza petrolera nacional.
Menos aún del artífice de la Yamahiriyva (El Estado de las Masas) que transformó a Libia de una atrasada semi-colonia en el país con la esperanza de vida más alta de África continental y una de las tasas de mortalidad más bajas del mundo; con el PIB nominal per cápita más alto (al mismo nivel de Argentina o México) y la ubicó en el primer puesto en el índice de desarrollo humano del continente.

¿Cómo era la situación en Libia antes de la Revolución? le preguntó a Gadaffi la periodista argentina Estella Calloni en 1984.

“En aquellos momentos el pueblo libio vivía bajo un régimen de independencia figurada. En realidad el pueblo libio vivía como un extraño, como un extranjero en su propio territorio. Estaba sometido a régimen colonial. Había una autoridad colonial. Era una situación muy primitiva, con absoluta miseria para el pueblo. Nosotros los libios no éramos dueños de nuestras propias vidas. El pueblo tenía una situación muy inestable. Sólo una minoría vivía en condiciones especiales, con gran estabilidad y riqueza. Ellos tenían grandes casas, (los colonialistas). El resto del pueblo vivía en tiendas. Podría decirse qua sólo éranos pastores. No había esperanza de futuro. No existía desarrollo de la agricultura, ni sanidad, ni trabajo productivo. Ningún tipo de desarrollo. Solamente se extraía petróleo, y naturalmente el rol de las compañías extranjeras era entonces disfrutar al máximo de los bienes producidos por el petróleo, y de todo esas ganancias nada el pueblo no recibía nada, ningún beneficio. Había mucha pobreza y atraso”.

Gaddafi encabezó una verdadera revolución. El primero en advertirlo y sufrir sus consecuencias fue el sector petrolero. A la nacionalización de la poderosa British Petroleum le siguió el 51 por ciento de la propiedad del resto. El Estado libio, a través de la Corporación Nacional del Petróleo (NOC), pasó a controlar el 60% de toda la producción petrolera, porcentaje que subió al 70% en los años siguientes. Luego, todos los bancos sin distinción fueron obligados a poseer un mínimo de un 51% de capital de titularidad libia y a destinar la mayoría de los puestos de sus consejos de administración a ciudadanos libios. Finalmente, le tocó el turno a todas las grandes empresas privadas, comenzando por las propiedades de los italianos, los antiguos invasores con una importante presencia en el sector agropecuario. Todos sus bienes fueron confiscados y los propios colonos y sus descendientes fueron expulsados a su patria de origen. Solo se preservó la propiedad de las pequeñas empresas nacionales.

Una economía planificada orientó el grueso de la renta petrolera hacia las obras públicas y los servicios sociales para acabar con la precariedad de extensas capas de la población. Gracias a esta gestión patrimonial y a los subsidios generalizados la sociedad libia pasó a disfrutar de estándares de vida sin parangón en África y en el mundo árabe: la alfabetización aumentó del 64% de la población en 1990 al 87% en el 2010, la esperanza de vida al nacer de 67 años en 1990 a 77 años dos décadas después y la tasa de mortalidad infantil se redujo del 64‰ al 20‰, respectivamente. Desde la década de los setenta, Libia experimentó grandes avances en la reducción de la incidencia y la erradicación de enfermedades infecciosas, y los casos de pobreza extrema llegaron a ser raros. Transcurridos 40 años desde la subida de Gaddafi al poder, prácticamente el 100% de la población urbana, y la mayoría de la rural, tenía acceso a servicios de saneamiento y agua potable de óptima calidad en sus hogares, un verdadero lujo en un país perpetuamente árido.

Sin embargo, como ocurrió y ocurre (Venezuela) en todas las revoluciones socialistas o populares, mientras los sectores más pobres y excluidos de la población las apoyan – en el caso de Libia los austeros pobladores del desierto de estirpe beduina y a las empobrecidas masas proletarias de las ciudades – los desplazados del poder, los principales beneficiarios del antiguo régimen y no pocos integrantes de las clases medias, burócratas, estudiantes, intelectuales y políticos conservadores o liberales, religiosos fundamentalistas, se incorporaron, de una manera u otra, a las filas de la contrarrevolución.

En Libia los sectores más cosmopolitas y educados de la sociedad o se acomodaron al torrente de cambios desencadenado por Gaddafi (los mismos que desertaron y se pusieron a las órdenes de Estados Unidos y la OTAN cuando percibieron el cambio en la correlación de fuerzas) o emigraron al extranjero para servir como fuente privilegiada de desinformación a la gran prensa y a las agencias estatales de espionaje. Quienes se quedaron y osaron conspirar pagaron caro el precio de traición a la patria.

“Cuando eliminamos las bases extranjeras de territorio libio y tomamos medidas como asumir el control de la producción de petróleo, entre otras, la Revolución enfrentó al poder imperial y colonial y a las poderosas compañías trasnacionales. Entonces vimos la poderosa propaganda contraria a los cambios producidos en Libia. Esto influyó en algunos gobiernos árabes altamente dependientes de las metrópolis coloniales, que volvieron la espalda al viejo sueño de la unidad. Nuestros cambios a favor del pueblo y la utilización de los recursos petroleros para el crecimiento y desarrollo verdadero y para la justicia con el pueblo, demostraba la corrupta forma cómo administran algunos sus recursos, dejando afuera a los pueblos. Cuando vieron que Libia era importante para los pueblos de África del Norte, Estados Unidos se puso al frente en la campaña contra nosotros”, le dijo Gadaffi a Calloni.

El líder libio enfrentó conspiraciones, intentos de asesinarlo, condenas, sanciones, embargos, amenazas y hasta bombardeos sobre Trípoli y su vivienda que causaron la muerte de una pequeña hija adoptiva.

En legítimo uso del derecho de defensa de las conquistas económicas y sociales alcanzadas, Gadaffi privilegió todo lo concerniente a la seguridad del estado; recurrió a una guerra defensiva pese a contar con medios precarios e insuficientes; contraatacó apoyando a todos los movimientos de liberación nacional del mundo.

¿O que esperaban el imperialismo y sus lacayos, desde la ONU hasta los organismos internacionales de Derechos Humanos?¿La rendición? ¿El sometimiento? ¿Clemencia y perdón para los vende patria, como lo pretendieron sistemática e infructuosamente en Cuba?

“Desde ese momento comenzó esa campaña para mostrarnos como país terrorista. En 1981 me nombraron como “el enemigo público número uno de Estados Unidos, El presidente Reagan con esos argumentos aumentó la ayuda militar a sus principales aliados, Egipto, los emiratos y los gobiernos más conservadores”, explicó Gaddafi.

La absolución de Juárez

Probablemente el berebere nunca leyó el “Manifiesto Justificativo de los Castigos Nacionales de Querétaro” (fusilamiento del Emperador Maximiliano de Habsburgo y otros) escrito el 17 de julio de 1857 por quien lo venció militarmente y después de un prolongado y cuidadoso juicio, sentenció su condena a muerte: Benito Juárez.

De haberlo hecho, pese al abismo geográfico, cultural, religioso, hubiese advertido las grandes coincidencias y hubiese hecho suyos los argumentos y las palabras del Benemérito de las Américas, comenzando por “El mundo político de Europa es un magnífico edificio carcomido por el gusano de la inmoralidad”.

Ante la encolerizada reacción de Europa (Francia, especialmente, la invasora de México que 145 años después bombardea Libia junto con Estados Unidos, Italia y Gran Bretaña) por la ejecución del espurio Emperador, en ese texto memorable Juárez defendió el derecho de México a defender su soberanía y aplicar su justicia y demostró la falta de autoridad moral y política del Viejo Mundo para condenar los actos de legítima defensa de las jóvenes naciones.

Con ejemplos como este desnudó la proverbial hipocresía francesa: “La Francia de Luis Felipe “regeneró” a los árabes de Argelia. Su gobernador general, el Mariscal Bugeaud creyó tener el derecho de exterminio contra un pueblo independiente y lo dejó al coronel Pelissier (después duque de Malakoff) para asediar mil individuos de una tribu que se habían refugiado en una caverna inexpugnable con mujeres, niños, animales y algunas provisiones. Polissieer juzgó la dilación de formar un cerco peligrosa; y más expeditivo creyó entonces cerrar las salidas de aquel antro y quemar a los sitiados como en un horno”.

Juárez acuñó el término “nacionicidio” (asesinato de una Nación) como el mayor crimen concebible.

Disfrazado con el ropaje de la libertad, la democracia y el humanitarismo, un nuevo naciocidio es el que están cometiendo Estados Unidos, la OTAN y la ONU en Libia, como ya lo hicieron en Corea, Vietnam y Camboya, Timor Oriental, Granada, Panamá, Haití, Somalia, Congo (apoyando a Ruanda y Uganda), la antigua Yugoslavia, Irak, Afganistan.

Manipulación y viraje

Para consumo de la desinformada y manipulada opinión pública internacional el Gaddafi patriota, nacionalista y revolucionario fue rápidamente sustituido por el Gadaffi terrorista y sanguinario.

Y luego de varios años de ostracismo, a finales de los 90´s., en un viraje político-ideológico que aún no se ha estudiado en profundidad, él mismo se encargó de borrar con el codo las mejores páginas surgidas de su mano (la Yamahiriyva y el “Libro Verde”) para adaptar a Libia a los nuevos tiempos de neo-liberalismo y profundos cambios en el ordenamiento mundial.

A una política económica que, con el beneplácito de Europa, abrió las puertas a las privatizaciones y la inversión extranjera en el sector petrolero, le siguió en 1999 la entrega de los sospechosos del atentado terrorista de Lockerbie, obteniendo así el levantamiento de las sanciones de la ONU.

Después del 11 de setiembre del 2001 se sumó entusiasta a la “guerra contra el terror” de George W. Bush, reprimiendo a las organizaciones y células fundamentalistas existentes en territorio libio.

Pero su deseo de ser aceptado por el Imperio y sus aliados fue más lejos aún: en el 2003 se responsabilizó del atentado de Lockerbie y renunció al desarrollo de armas de destrucción masiva. Y en el 2008 firmó con los Estados Unidos acuerdos de compensación por los ataques de ambas partes.

En el 2009 pronunció su primer discurso ante la Asamblea General de la ONU.

¿Creyó – como Chávez al entregar a presuntos militantes de la FARC – que esa estrategia le garantizaría el fin de las hostilidades y un clima de estabilidad política adecuado para perpetuar su poder mediante la designación de unos de sus hijos como sucesor?

Resulta casi imposible atribuirle semejante ingenuidad. O semejante desconocimiento de la historia y de las leyes que siempre han regido las luchas por el poder internacional.

Invariablemente, Washington ha interpretado cualquier gesto de buena voluntad o distensión de sus adversarios como un signo de debilidad o agotamiento; preanuncio de una derrota. Así le ocurrió al general Juan Domingo Perón, en Argentina, cuando en 1954 y 1955, pocos meses antes del golpe de estado apoyado por Estados Unidos que terminó con su segundo gobierno, firmó contratos petroleros con la Standard Oil Company de California, poniendo en crisis los principios de soberanía nacional contenidos en la Constitución Nacional (art. 40). Así le ocurrió a Daniel Ortega, de Nicaragua, cuando apostó – contra la autorizada opinión de Fidel Castro, el más fogueado e inteligente estadista antimperialista de nuestro tiempo - a las elecciones presidenciales de 1990 (que perdió) como único y último recurso para mantener al FSLN en el poder. Así le ocurrió a Noriega, de Panamá, quien pensó que su colaboración con la CIA/DEA lo pondrían a salvo de una invasión y su captura. Lo mismo puede ocurrirle a Chávez si cree que la traición a los revolucionarios colombianos es el (alto) precio a pagar para ganarse las simpatías del Imperio.

Los intereses de Estados Unidos no se conforman con una parte. Van e irán por todo.

Revolucionario o revisionista de sus propias políticas, panárabe o panafricano, abanderado de las luchas de liberación nacional o represor del fundamentalismo árabe, terrorista o arrepentido, antiimperialista o colaborador de la CIA, temprano o tarde Gaddafi será capturado o asesinado y gracias a la infernal maquinaria mediática y propagandística pasará a la historia como un sanguinario dictador, mesiánico y megalómanoque masacró a su propio pueblo. (será una obligación de quienes no pertenecemos a esa maquinaria hacerle justicia).

*Uno de los cuatro Ministerios de la novela de G. Orwell “1984”. En el libro el “Miniver” se dedica a manipular o destruir los documentos históricos de todo tipo (incluyendo fotografías, libros y periódicos), para conseguir que las evidencias del pasado coincidan con la versión oficial de la historia, mantenida por el Estado.

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Libia: Proyecto piloto de la OTAN

Ángel Guerra Cabrera (especial para ARGENPRESS.info)

En el derrocamiento de Kadafi la OTAN ha aplicado un proyecto piloto que le permitiría intervenir donde quiera que le convenga con el pretexto de proteger a los civiles. El “derecho a proteger”, ya invocado en los criminales bombardeos de Servia, se presenta como una gran conquista de los derechos humanos posmodernos. Propiciaría a la coalición imperialista derribar líderes con algún grado de insumisión –desde relativamente rebeldes, ergo Kadafi, a revolucionarios antimperialistas como Hugo Chávez-, preferentemente asentados sobre pletóricos recursos estratégicos. En Libia, en otra violación flagrante del derecho internacional, la alianza atlántica tomó partido del lado opositor en una guerra civil dentro de un Estado soberano en la que, por si fuera poco, su líder –guste o no- contaba con apoyo popular y de gran parte del ejército.

El proyecto consiste en alegar que un grupo en el país en cuestión está siendo atacado por un dictador y, recurriendo a burdas manipulaciones, sobredimensionarlo en los “medios”. Estos se encargan de crear una imagen idílica del primero(suplantado rápidamente, si es necesario, como hicieron con el movimiento juvenil de Bengazi, por el mercenario Consejo Nacional Transitorio) y de demonizar al villano de turno, aunque haya sido “amigo” hasta el día antes(caso de Kadafy). Con la presión mediática y diplomática –en Libia fue decisiva la complicidad de la Liga Árabe y la abstención de China y Rusia- se logra una ambigua resolución del Consejo de Seguridad para proteger a los civiles. La OTAN la trasmuta en un plan de cambio de régimen, que combina una feroz campaña de bombardeo aéreo con acciones de infantería “rebelde”, a la que entrena y arma, y la participación en los combates decisivos de un andamiaje de inteligencia satelital de Estados Unidos, apoyado por expertos y fuertes grupos de tropas especiales “aliadas” sobre el terreno. Así cayeron sobre Trípoli.

En el plan otaniano los medios de difusión dominantes han cumplido una función militar de primer orden, tal vez como nunca antes en una guerra de rapiña imperialista. No es casual, que como se hizo en su momento con la televisión de Serbia, otra vez fueran destruidas como objetivos militares las instalaciones de la televisión pública libia. Claro, con las correspondientes bajas “colaterales” entre su personal.

Se trata, además, de otro jalón de la contrarrevolución montada por Estados Unidos y el Consejo de Cooperación del Golfo(CCG) – grupo ultrareaccionario de satrapías fundamentalistas bajo el comando de Arabia Saudita- contra la rebelión de los pueblos árabes, que, con distintas variantes y resultados, se ha aplicado también en Túnez, Egipto, Bahrein, Yemen y Siria. Ha sido el megamillonario y ambicioso emirato de Quatar quien dentro del CCG ha dedicado sus mejores afanes a empujar la intervención “humanitaria” en Libia. Cuánta semejanza con el ataque burgués-aristocrático contra la Revolución de 1848. Con una gran diferencia. Esta se desarrolló cuando el capitalismo entraba en una de sus mayores etapas de auge y necesitaba impulsar la producción aunque tuviera que hacer algunas concesiones a los trabajadores. La sublevación árabe, en cambio –como otros episodios de la rebelión juvenil internacional en curso-, estalla cuando el capitalismo sufre la peor crisis de su historia y su elite dirigente no muestra ningún interés en la mínima redistribución de riqueza.

La acción de la OTAN en Libia, y la que eventualmente aplicaría en Siria si lograra otra resolución del consejo de seguridad -¿o se irán por encima de este?- contradice los principios de soberanía, libre determinación de los pueblos, no intervención y solución pacífica de las controversias, codificados en la carta de la ONU gracias a la lucha de los pueblos contra el fascismo y el colonialismo. En Libia, como ya ha ocurrido en Afganistán e Irak la OTAN no va a llevar ninguna democracia –ni siquiera la meramente representativa ya cuestionada por los pueblos en rebelión- ni va a haber un minuto de paz en muy largo tiempo. Los imperialistas agresores de Libia odian la democracia real, verdadera, como gobierno del pueblo. Cegados por su arrogancia colonial no pueden tratar más que como subordinados y atrasados a los pueblos “de color”. La democracia que quieren para nuestros pueblos es su sumisión al ganador en la enconada disputa por el control territorial de los energéticos, el agua, el oro, otros minerales estratégicos y los alimentos.

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Elecciones en Guatemala: ¿Masoquistas o cultura de violencia?

Marcelo Colussi (especial para ARGENPRESS.info)

En las pasadas elecciones presidenciales de 1999 la oposición del candidato Alfonso Portillo, al saber que éste había cometido un asesinato en Chilpancingo, México, quiso utilizar el hecho para perjudicar su imagen presentándolo como “violento” buscando mermarle popularidad. Pero la información divulgada, más que dañarlo, elevó su reputación. “No maté a uno ¡sino a dos! Y si eso hice por mi familia ¿qué no haría por mi país?”, respondió el supuesto ofendido. Conclusión: Portillo ganó las elecciones.

Más aún: las ganó como candidato del partido creado por el general José Efraín Ríos Montt, bajo cuya presidencia de facto entre 1982 y 1983 tuvo lugar la mayor represión que ensangrentó al país, fundamentalmente con campañas de exterminio de población rural (más de 600 masacres de campesinos de origen maya). En otros términos: todo se hace a los tiros. Valga el ejemplo: en ciertas regiones del país -de donde proviene, justamente, Alfonso Portillo- se es “macho” si se porta arma de fuego.

Sin dudas la apelación al “macho fuerte” que “tiene los pantalones bien puestos”, en una sociedad atravesada de cabo a rabo por la violencia (con un patrón absolutamente machista y militarizada hasta los tuétanos) no desacredita a nadie. Por el contrario: levanta los puntos.

Ahora, nuevamente, ante una elección presidencial -el 11 de septiembre próximo- quien va adelante en la preferencia popular es alguien que, apelando a esa misma imagen de “recio”, promete “mano dura” para arreglar el que se supone principal problema del país: la violencia (que, en realidad, no es sino la punta del iceberg de una situación infinitamente más compleja. Importante es decir, por ejemplo, que el país tiene un 55% de su población por debajo de los niveles de pobreza que marca la ONU: un ingreso diario de dos dólares. La delincuencia actual no es sino una síntoma de un panorama más desolador. Por ejemplo: un cuarto de la población de la ciudad capital vive en asentamientos irregulares, el analfabetismo alcanza el 25% y la subocupación y la desocupación abierta toca casi el 60% de la población económicamente activa).

El general Otto Pérez Molina con su Partido Patriota, miembro activo del ejército durante la recién pasada confrontación interna y destinado a la región de Quiché, la más castigado en ese conflicto armado, ahora jubilado de la institución castrense, puntea las encuestas. Valga agregar aquí que en esa guerra, según lo estableció Naciones Unidas a través de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico -que hace parte de uno de los Acuerdos suscriptos entre insurgencia y gobierno-, hubo genocidio. Es decir: la política de “tierra arrasada” que implementó el Estado para acabar con la guerrilla masacró en innumerables ocasiones a la población maya (campesinos pobres del Altiplano), que constituía la base social del movimiento armado. Eso está debidamente probado. Y fue el Quiché la zona más golpeada.

Un país que viene de casi cuatro décadas de guerra interna, con un cuarto de millón de muertos como consecuencia, y donde la violencia cotidiana sigue cobrando víctimas a diario, ¿necesita más violencia como solución a sus problemas? ¿Se puede apagar un incendio echándole un baldazo de gasolina? ¿Por qué buena parte de la población ve como única salida posible la propuesta de más violencia? ¿Por qué, mientras en todo el mundo se deroga la pena de muerte, aquí muchos siguen exigiéndola? De hecho, el candidato que marcha en segundo lugar en las encuestas, Manuel Baldizón, habló de “fusilar a los delincuentes en la plaza pública amarrados al asta del pabellón nacional”. ¡Y encontró eco en la población!

Todo esto nos puede llevar a considerar dos opciones: 1) la sociedad guatemalteca es profundamente masoquista; prefiere seguir castigándose, violentándose, flagelándose, dado que la violencia, inexorablemente, trae más violencia (véase el resultado de la guerra al narcotráfico en México, o la ley antimaras en El Salvador: en ambos casos la violencia creció exponencialmente). O 2) está “enferma” de violencia.

Es difícil, o imposible, transpolar un esquema de explicación individual (el masoquismo) a un colectivo social; es un abuso teórico decir que una sociedad es “masoquista”. Exploremos entonces la segunda opción: la violencia ya se hizo carne, es normal, no asusta. ¿Por qué no pensar que el linchamiento es un crimen, y verlo por el contrario como una “solución”? De hecho en la sociedad guatemalteca esa práctica pasó a ser ya algo frecuente, pedida por muchos incluso como una forma de “justicia”. Eso solamente es posible porque la cultura de violencia, de muerte, de desprecio por el otro se hizo natural. A todos toca: al marero que mata por encargo, al que paga el encargo, al que aplaude la muerte, al que busca ansioso los muertos en algún diario sensacionalista, al que publica el diario…

Un país que sufrió hasta niveles indecibles la violencia de la guerra interna, de ningún modo puede superar esas cuotas de animalidad con más violencia. ¡Pero curiosamente quien aparece como un posible ganador de las elecciones es quien promete más violencia para acabar con la violencia! Paradójico, ¿verdad? No se acepta como candidata a una mujer divorciada (la ex primera dama Sandra Torres, a quien se le negó su inscripción), pero sí marcha primero en la opción de voto un acusado de genocidio. La pedagogía del terror -eso fue lo que sucedió en Guatemala durante varias décadas de la mano de un anticomunismo visceral, feroz, absolutamente impune- da como resultado más terror (definitivamente: dejemos de lado eso del masoquismo).

La violencia no se puede arreglar con más violencia. ¿Qué pasará si Pérez Molina triunfa en estas elecciones? ¿Terminará efectivamente el nivel de violencia criminal que asola al país? ¿Fusilar unos cuantos criminales -o muchos inclusive- puede cambiar la situación? Lo patético, cosa de la que ni los candidatos en sus campañas hablan, ni tampoco los grandes medios de comunicación locales ni internacionales, es que la principal causa de muerte en el país no es la “criminalidad desatada” con la que machaconamente se aterroriza a la población… sino el hambre.

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Ludopatía

Alberto Pinzón Sánchez (especial para ARGENPRESS.info)

El Presidente de Colombia, recurriendo al lenguaje zafio que le enseñó su jefe el Capo mayor, ha sacado de su escarcela en su reciente gira internacional por Suramérica el dicho popular de que “al perro no lo capan dos veces”, para referirse peyorativamente a la frustrada experiencia de los diálogos de paz de Caguán, y por su puesto, llenar de silogismos al filosofo Obdulio quien así lo acaba de manifestar en su columna habitual del diario español El Tiempo-Planeta-Familia Santos.

Capar es un verbo castizo que significa castrar o emascular y según la academia de la lengua tiene origen en la palabra latina Cappo, con lo cual el giro semántico queda redondeado. Pero es evidente que Santos quiere decir que alguien (no dice quien) ha sido capado y en consecuencia no lo pueden volver a castrar dada las características de que los órganos sexuales no retoñan. Se supone que con frases tan chuscas se pretende cambiar en el imaginario popular la certeza de que en el Caguán como en todos los anteriores intentos de paz (Tlaxcala, Caracas, Casaverde, ect) quien ha sido emasculada ha sido la oligarquía trasnacional colombiana en su viejo y reiterado intento de derrotar en la mesa de negociaciones a la insurgencia guerrillera, para no tener que realizar las reformas estructurales que subyacen en la base del histórico conflicto social y armado colombiano, y para seguir imponiendo la cultura mafiosa del olvido empeñada en vivir el día a día, porque “mamita, mañana no se si estoy vivo”.

En el libro “La palabra bajo el fuego” de Andrés Pastrana. Editorial Planeta Agosto 2005 en donde el expresidente “caguanero”, con la “exuberancia” mental que le conocimos los colombianos, explica machaconamente su objetivo oculto de llevar a la guerrilla a la mesa de negociaciones para ganar el tiempo necesario, reorganizar y rearmar al ejercito colombiano con armamento estadounidense y adelantar la guerra geoestratégica del Plan Colombia, presentándolo ridículamente como “el Plan Marshall” de Colombia; en la página 47 escribe lo siguiente:

….”en dicho grupo de análisis, encabezado por el representante de las Naciones Unidas en el país Francesco Vincenti, participaban además de (Álvaro) Leyva, James Lemoyne -norteamericano, funcionario de la ONU, con gran experiencia en procesos de paz- Juan Manuel Santos, Juan Manuel Ospina, Darío Berberena, Alfredo Molano, Mario Flores y William Ospina y se citaba frecuentemente a diversos personajes de la sociedad, de los gremios, de las Fuerzas Militares, a exconsejero de paz, para escuchar sus puntos de vista en un importante esfuerzo de concertación y exploración de opciones”… (Página 47.Op cit.)

De manera que las opciones de Juan Manuel Santos para la capada (siguiendo con su lenguaje lúdico) también fueron exploradas y más qué tenidas en cuenta por el presidente Pastrana, vocero único en ese momento de la oligarquía transnacionalizada colombiana. No hay entonces razón para la queja sexual de Santos después de diez años del fracaso de la estrategia del “garrote y zanahoria” con la que se pretendió derrotar a la insurgencia guerrillera en el Caguán, y que fuera defendida acérrimamente por él mismo en ese “grupo de análisis”, secundado por el “liberal” Pardo Rueda miembro de la campaña de Pastrana, e impuesta desde el inicio de las negociaciones bajo la formula perversa de “negociar en medio de la guerra” con la ayuda fácil de las “Fuerzas Militares” y de Madeleine Albright la secretaria de Estado de la administración Clinton de los EEUU.

Pero pasada una década de militarismo ruinoso e inútil, lo que hoy se ve objetivamente el Poder dominante de Colombia, es el atributo personal de cualquier personalidad obsesivo-compulsiva o adicta al juego del póker, de “simular y disimular” para ganar a toda costa (dos verbos parecidos pero distintos) con que se pretende manejar un asunto tan trascendental como la solución política al conflicto histórico social armado de Colombia: Ya no es el cuentico de la “llave de la paz” cuya cerradura ha cambiado en estos 10 años de “seguridad democrática uribeña” o fascismo vulgar.

Es el jueguito ahora ampliado a la “puerta de la paz”, que según las conveniencias de con quien se encuentre estará “cerrada” (Piñera 14 de Agosto) o “medio cerrada” (Cepal 17 de Agosto) o “siempre abierta” (Kirchner 18 Agosto) y que trasluce detrás del claro-oscuro de la entrada, las tres cartas del jugador avezado de póker pero ahora separadas: 1-la concertación o zanahoria 2- el garrote represivo y 3- el cerco militar contra objetivos de alto valor estratégico (OAVE) para ver con cual gana, mientras el pueblo colombiano que ha dicho clara y masivamente en el pasado encuentro de Barrancabermeja que el dialogo es la ruta !YA!, sigue poniendo los muertos, los desaparecidos, los fusilados y los exiliados.

Presidente Santos, después de haber medido los riesgos y saber ciertamente cuales cartas ya han sido jugadas ¿sigue pasando o se restea?

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Blindados como De la Rúa

Jorge Altamira (especial para ARGENPRESS.info)

Sorprende que al gobierno no se le hubiera ocurrido mejor cosa que mentar la soga en la casa del ahorcado, cuando aludió a que Argentina se encontraba ‘blindada' frente a la crisis mundial. En 2001, fue la consigna que anunció la salida sin gloria del gobierno de la Alianza. Después de las primarias, la Presidenta decidió cambiar el registro -aunque no mucho-, pero dio algunas indicaciones de para dónde rumbea.

Los dos ases del gobierno frente al agravamiento de la crisis mundial son que aún no se han derrumbado los precios de la soja y de los minerales. La cuestión de los minerales tiene que ver con Brasil, de cuya exportación a China dependen las ventas de Argentina a Brasil. Sin embargo, si se toma el antecedente de 2008, el precio de la soja seguirá a la caída que registra el del petróleo, porque en ambos casos manda la demanda mundial, la cual ha iniciado un retroceso.

Todo lo demás ‘patea' en contra. En primer lugar, la súbita violencia que ha tomado el ritmo de la crisis mundial como consecuencia de la crisis de financiamiento de las deudas públicas en Europa y la recesión y la crisis bancaria en Estados Unidos. En ambas orillas, se considera seriamente admitir una bancarrota de bancos y de Estados -el Bank of America, en un lado, Grecia y Portugal, en el otro. Amenaza la sombra de una corrida bancaria. La amenaza de una paralización del mercado monetario (préstamos a cortísimo plazo) tendría un efecto sobre el comercio mundial como en el verano austral de 2008.

El segundo aspecto tiene que ver con el agotamiento del financiamiento de la economía argentina, que se ha gastado los superávits comercial y fiscal, y está vaciando a la Anses y al Banco Central. Macri y Scioli han salido a endeudarse en dólares a una tasa usuraria de 11,2% anual. A esto hay que agregar la carga de subsidios a las empresas de servicios, que se llevan alegremente al exterior. Lo mismo ocurre con Repsol, que convierte sus ganancias en dividendos para socorrer a sus accionistas en bancarrota por el mercado inmobiliario español. Hasta Techint se ha sumado a la juerga luego que el gobierno exigiera que repartiera mayores dividendos, pues los accionistas mayoritarios de la siderúrgica tienen sede en Luxemburgo. El aumento de la nafta, después de las primarias, muestra que el gobierno se orienta a aumentar tarifas y reducir subsidios, aunque eso aumentará la capacidad de los pulpos del petróleo y de los servicios a repatriar ganancias mayores. La crisis mundial arrecia cuando los pilares del ‘modelo' dan señales de fatigas agudas. Un elemento estratégico del ‘modelo' ha sido mantener con vida a los capitales vinculados al sistema de tarifas que se desbarrancaron con la convertibilidad o, en otras palabras, a rescatar las privatizaciones menemistas de la peor crisis de la historia. Ahora hay que completar el pago del tributo con la liberación de esos precios.

La carestía del 25% anual es un producto del conjunto del desequilibrio de la economía de emergencia kirchnerista, que se expresa en el desborde monetario. El argumento de la ‘puja distributiva' que alega el gobierno solamente demuestra su incapacidad para mantener el poder adquisitivo de los salarios -bajo el capitalismo en crisis, las ganancias o mejoras que obtienen los trabajadores son arrebatas enseguida por el capital. Pero el mantenimiento de los subsidios y el crédito a los consumos más elementales -esto último con un elaborado sistema de fideicomisos que enriquecen a los financistas- son claros fogoneros de la inflación. En medio del derrumbe mundial, el gobierno ha perdido la capacidad de gastar para mantener la demanda y ha hipotecado a un número elevado de trabajadores, los que tendrán que comenzar a ‘desendeudarse' cuando la creación de puestos de trabajo está paralizada.

Y por último Brasil, la principal demanda exterior para Argentina. En los últimos días, Brasil ha dado señales de iniciar una recesión y de devaluación de su moneda, el real. Son tendencias que arrastran a Argentina a la crisis. Pero Brasil puede deparar más: un derrumbe financiero debido al elevado endeudamiento por consumo, a tasas usurarias, de mayor magnitud relativa que la de Estados Unidos al inicio de la crisis. Brasil ha sido el principal receptor de capitales de corto plazo de todo el mundo, los cuales saldrán en estampida con el agravamiento de la crisis financiera en el plano internacional. Semejante amenaza no se puede ni siquiera mitigar con los acuerdos de intercambios de divisas de los países de la Unasur -ni siquiera la gota en el océano, sólo pura publicidad.

En esta rápida ayuda-memoria sobre Argentina y la nueva fase de la crisis, el planteo fundamental de nuestra parte es que la lucha contra la crisis capitalista es imposible sin una serie de nacionalizaciones fundamentales, las que tampoco deben tener un carácter aislado, sino que deben formar parte de un plan económico que vaya más allá de las fronteras capitalistas. Nacionalizaciones que abarquen los bancos y el comercio exterior, los recursos estratégicos y las empresas privatizadas y rematadas. Mencionar un plan económico exige definir a su sujeto, a la clase que debe fijar las prioridades, las condiciones sociales de su desenvolvimiento y el control del cumplimiento de los objetivos. Este marco es el que da los instrumentos y garantiza la satisfacción de las necesidades y reivindicaciones más inmediatas de los trabajadores -como el 82% móvil, el salario mínimo igual al costo de la canasta familiar y el cese de la precarización y tercerización del trabajo.

Cuando los ‘paladares negros' del kirchnerismo repiten, bajos estas circunstancias, que lo de ellos es profundizar el modelo, deberían ser más claros. Bajo ese rubro épico entran las medidas de salvataje al capital, como los créditos subsidiados a los capitalistas o una protección selectiva del mercado interno frente a las importaciones. No mencionan la nacionalización del comercio exterior ni la nacionalización de la banca -al revés, usan los bancos estatales para subsidiar el capital y pagar la deuda externa, o amontonar a la Anses con títulos públicos que nunca se pagarán para financiar a los diversos grupos capitalistas o a subsidiar exportaciones como en el caso de biocombustibles. La cháchara de la profundización del modelo esconde la respuesta del ajuste.

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Dónde vivir

Silvana Melo (APE)

Un día y medio viajaron hasta llegar. Un día y medio vieron pasar por la ventanilla los colores de los cerros, el beso de la llanura con el horizonte, los sembradíos infinitos, las matas sobrevivientes en la tierra seca. Un día y medio comiendo esperanza en el fatigoso tren que parecía dar la vuelta al mundo y parar en cada estación perdida justo en el ombligo de la nada.

El primer golpe fue la vertiginosa oleada de gente que les salpicó el barro licuoso de la indiferencia. Constitución era una marea que iba y venía tres veces por minuto. Celia y Elías se quedaron paraditos en medio de la locura. Ella apretó fuerte a su cría, tan chiquita, tan asustada de ese mundo que repentinamente se le venía encima. Y él se puso el bolso apretado a la axila. Tan minúsculo era. Lo suficiente como para sintetizar sus pertenencias.

Veinte años después la vida nunca fue como la habían soñado. Con el corazón en la boca siempre, aunque por derecho adquirido ese pedazo de tierra ya debería ser suya. Poquito a poco los bloques reemplazaron a las chapas y aunque el baño es una quimera, al menos hay un techo sobre sus cabezas. Amontonados entre las decenas de miles de familias que extienden, tentacular, el asentamiento. Lejos de la luz, de la ambulancia, del colectivo. Resignados ya a que no habrá otra vida. Ni para su niña que ya prepara a sus críos para la supervivencia, en las chapas de atrás.

Como hormigas se vinieron durante todo el siglo desde el norte profundo, desde los pueblos saqueados, a la ciudad que los estigmatizaría y los amontonaría en los arrabales. Ajenos y despreciados, buscaron el trabajo y una esperancita modesta en la propia oficina de dios, que suele descuidar sus sucursales. Pero ni así.

Tres millones de familias, de madres sueltas con sus niños, de hombres y mujeres desplazados, no tienen dónde vivir. O descansan sus huesos en casuchas inciertas, sin acceso a la infraestructura elemental. Son casi diez millones de personas. Un cuarto de la población total del país.

Según la Encuesta de la Deuda Social de la UCA más del 20 por ciento de las viviendas están tomadas o tienen pisos, techos y paredes que no responden a un mínimo parámetro humano. El 12,1 por ciento de la población vive en condiciones de hacinamiento.

Los derechos, en la Argentina, suelen ser bellos enunciados en los papeles y en los discursos. Se pontifica sobre el derecho a la vivienda digna. Lo impone con patetismo el propio texto constitucional. Pero en el suelo brutal, en las noches heladas, en el día impiadoso, no hay dónde vivir.

Sin cloacas, la electricidad suele ser un cable colgado y las garrafas son cada vez más caras mientras que el Estado subsidia a las distribuidoras de gas en red al que sólo accede la clase media o alta. Una de las grandes perversidades de estos tiempos cuando la justicia se para del revés.

Celia y Elías se vinieron desde Jujuy cuando el tren todavía atravesaba bufando los campos infinitos. Se vinieron a la capital, donde florecía el trabajo, les dijeron. Se levantarían pronto la casita y tendrían un jardín con higuera y una hamaca de colores. El 35 por ciento del déficit habitacional de todo el país se concentra en la provincia de Buenos Aires y el 24 %, en el conurbano. Ellos no saben de números. Pero lo sienten en la piel. En la puerta que se cierra con una lona ya sin colores.

El neoliberalismo aluvional los confinó en el depósito de la marginalidad. Nunca salen juntos de la casita. Saben que si la dejan sola pueden encontrarla ocupada. El puntero las alquila a 700 pesos. A gente que puede juntar no más de mil a fin de mes. Desde 2009 los alquileres en los asentamientos aumentaron un 62%. Ellos no saben de la burbuja inmobiliaria y las fortunas que valen las tierras de capital devoradas pacientemente por las villas. Sospechan que en cualquier momento la Metropolitana, la Federal, la Prefectura, la Gendarmería o todas juntas vendrán a arrasar con el chaperío para levantar torres que costarán toneladas de dólares.

De vez en cuando Elías se acuerda de su casita de barro cerca del ingenio. Le dijeron que ahora es todo cañaveral, que no quedó ni el monte de acacias donde cazaba cuises y quirquinchos, que el azúcar aprieta al pueblo y lo asfixia y que la gente se va o toma las tierras, una arenilla en la inmensidad cada vez más ajena. Cuatro muertos dejó la policía cuando llegó de noche y les quemó las carpas y les bajó a balazos la osadía.

No hay casas para la gente. La gente que siente la inseguridad en la puerta de su puerta sin puerta. Que no son los muertos que le replica indefinidamente la televisión. La inseguridad es el piso de tierra que se le mueve a los pies, el techo que se vuela al primer viento, la lluvia que moja más adentro que en la calle, la policía que arrasa y mata, sus muertos que valen menos, sus bocas reclamando, sin dientes ni cámaras.

La misma policía, brava con los débiles, que son tan fáciles de prepear, apalea en Tucumán para desalojar la Villa 9 de Julio y enciende fogatas con las carpas de los qom, atrevidas en tierras donde debe pasar la soja, reprime un terreno tomado en Junín de los Andes y se quema una casilla y se muere Lilén de dos años.

Los planes de viviendas son las llaves preferidas por los gobiernos para consolidar sus estrategias clientelares. Sueños Compartidos, Plan de Emergencia Habitacional, Plan Federal y sus agencias provinciales han sido herramientas para el desencanto y el manejo sombrío de fondos públicos. Los desesperados de diciembre arrojándose a un pedacito de tierra en el Indoamericano, usados con ruindad por el macrismo y el kirchnerismo para azuzarse, dejaron tres de sus muertos en las ruinas.

En la Provincia hay unos 600 barrios cerrados, enrejados y aislados de los Otros. Cómodos y protegidos por su policía privada y exclusiva. Con una densidad demográfica de tres hogares por hectárea. En las villas de la Ciudad, llegan 15 personas por día. Crecieron el 52% en diez años. Son más de 160 mil personas. Otro tanto sobrevive en asentamientos, barrios municipales con gravísimas fallas estructurales, inquilinatos, hoteluchos y pensiones. Muchos de ellos, presos de un minimercado inmobiliario marginal y vampírico que cobra sumas impensables por el alquiler de una pieza en la villa.

Celia y Elías todavía dejan escapar, muy a veces, los sueños monteros del Jujuy. No volvieron más desde que el tren se paró un día y languideció los pueblos y dejó los esqueletos de las estaciones. Saben que a su casa se la comió el ingenio como a ésta se la puede devorar un incendio cualquiera de estas noches o se puede evaporar en un bostezo si se viene la topadora. Se duermen a veces cuando el frío los deja, soñando cada vez más apenitas con el mañana. Con esa sensación amarga y rara de que la miseria es el techo más hermético para los sueños.

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La memoria donde arde: Tras la huella del Lobo

Carlos Saglul (ACTA)

En estos días se cumple un nuevo aniversario de la muerte de un dirigente cuya cuestionada influencia atraviesa gran parte de la historia del sindicalismo argentino. Augusto Timoteo Vandor, alias el Lobo, un dirigente combativo en sus inicios, fue capaz de acumular tanto poder como para pulsear con el propio Juan Domingo Perón.

Nunca perdió una elección. En todo caso poco importaba si eso pasaba, ya que como recordaba el propio Rodolfo Walsh, siempre tenía a mano el teléfono del Ministro de Trabajo.

Al igual que el protagonista de la película “Los Traidores” de Raymundo Gleyser, Augusto Timoteo Vandor comenzó siendo un dirigente combativo. Así lo atestiguan quienes en 1951 lo votaron delegado de la Unión Obrera Metalúrgica en la empresa Philips. Nacido en Entre Ríos, su primer trabajo fue en la Armada como maquinista del buque Comodoro Py. En 1955, año de la caída del Peronismo, fue electo secretario general de la seccional Capital de su gremio. A pesar de que muchos dirigentes capitularon tempranamente con la Revolución Libertadora, Vandor resistió al golpe encabezando un paro por tiempo indeterminado en su empresa. Quebrada la huelga, junto a decenas de dirigentes es puesto tras las rejas en la cárcel de Caseros.

Vandor sale de prisión en los mismos días que es fusilado por la “Revolución Libertadora” el general Juan Manuel Valle. Perón desde Madrid da instrucciones a través de John William Cooke de intentar acorralar a la dictadura: “cada hombre, cada gremio debe tener su lugar en la lucha”. El secretario general de la UOM es parte decidida de esa resistencia. En 1957, luego de fracasado un intento de normalización de la CGT, surgen las 62 Organizaciones Peronistas. El país es sacudido por huelgas y tomas, Cooke plantea que es posible la insurrección y la toma del poder, pero Perón lo convence que la relación de fuerza está lejos de permitir el fin de la dictadura por esos medios. El acuerdo entre Arturo Frondizi y el peronismo es resultado de la aceptación de esas limitaciones en la reconstrucción del Movimiento Nacional. El régimen permite elecciones pero prohíbe la participación del Peronismo. El 23 de febrero de 1958 gana la Unión Cívica Radical Intransigente, respaldada por los votos peronistas y los gremios. El flamante Presidente opta por seducir a un sector del gremialismo. Vandor comienza a entrar y salir de los despachos oficiales como de su casa.

Las buenas relaciones no duran mucho. Los trabajadores de Yacimientos Petrolíferos de Mendoza van a la huelga para denunciar los contratos petroleros firmados por el Gobierno y los capitales norteamericanos. Ante la crisis económica Frondizi acude al Fondo Monetario Internacional, que pone sus condiciones. El proyecto de privatización del Frigorífico Lisandro de la Torre es una de ellas. A través de Cooke, Perón llama a resistir la entrega del frigorífico. Nueve mil trabajadores ocupan las instalaciones de la empresa. El 17 de octubre de 1959, un tanque de guerra echa abajo las puertas del frigorífico. Se vive una verdadera batalla campal. Las 62 Organizaciones van a la huelga por tiempo indeterminado a pesar del Estado de Sitio.

El discurso del método

La reapertura del Lisandro de la Torre con la mitad la mitad de sus trabajadores despedidos es una gran derrota. Después de 80 días se levanta la huelga de los metalúrgicos. Pasa lo mismo con el paro bancario que dura 70 días. Asume en el Ministerio de Economía, Alvaro Alsogaray, dispuesto a cumplir acabadamente con las recomendaciones del FMI. El repliegue popular es notable, se reducen las protestas obreras como resultado de la represión. Los delegados más combativos son despedidos.

En la UOM reina la purga, y el fraude. El dedo de Vandor decide todo. El año 59, además de la heroicidad de la toma del Lisandro de la Torre, marca un cambio notable en algunos sectores importantes del peronismo. En la mirada de Rodolfo Walsh: “El vandorismo tiene su discurso del método que puede condensarse en una frase: “El que molesta en la fábrica, molesta a la UOM; y el que molesta a la UOM, molesta en la fábrica”. La secretaría de organización del sindicato lleva un prolijo fichero de "perturbadores". (…) Al despido sigue siempre la expulsión del sindicato. Hay desde luego quienes no se conforman: protestan, agitan, piden asambleas. Actúa entonces el segundo escalón del aparato: una buena paliza suele disuadir al perturbador. Si aun eso es insuficiente, (…) puede aparecer con un tiro en la cabeza en un camino suburbano”. Esto no sirve cuando el rebelde tiene ciertas condiciones, cuando se llama Felipe Vallese y es un luchador sin miedo. Aparece aquí el tercer escalón: la policía. Secuestra, tortura, mata. No importa que el secuestrado en la comisaría de Villa Lynch dé a dos detenidos que salen en libertad el número telefónico de la UOM; no importa que en efecto, llamen ahí: "El sindicato no mueve un dedo". No importa que todavía haga llegar a Vandor un mensaje desesperado donde dice que lo están destrozando; el papelito se pierde, Vallese es "comunista".

En 1964 se produce el fallido intento de retorno Perón al país cuyo avión es detenido en Brasil por orden del gobierno de Arturo Illia. Fracasado el “Operativo Retorno” coordinado por el mismo Vandor, comienza a perfilarse el proyecto de una suerte de laborismo conducido por el jefe de UOM desde las sombras: “el peronismo sin Perón”. Para entorpecer esos planes, Perón envía al país a su esposa Isabel Martínez con el supuesto fin de reconciliar a los sectores en pugna, mientras en la intimidad compara a Vandor con un “pajarito en la polenta” que se cree volando.

Vandor firma un nuevo convenio de los metalúrgicos en la Rosada. El dictador Juan Carlos Onganía sonríe en la foto aunque no tardará en cargar contra los derechos gremiales de grande sindicatos como ferroviarios y portuarios. Vandor, sabe que para negociar, primero hay que conservar el poder y recurre a posturas de lucha ante la presión de las bases. En 1968 fracasa el congreso normalizador de la CGT donde se transparenta la división del sindicalismo. Nace la CGT de los Argentinos, a cuyo frente es electo el gráfico Raymundo Ongaro. Aún está caliente el Cordobazo, y la cuenta final ha empezado para la dictadura cuando sectores del peronismo revolucionario toman la decisión de ejecutar a Vandor. El detonante es la derrota de la huelga de los petroleros de Berisso y Ensenada a través de la complicidad de la burocracia sindical y las patronales. Denominan a la operación “Judas”.

Enterado de su muerte, Perón comenta: "Yo le dije: a usted lo matan; se ha metido en un lío. Lo mataban unos o lo matan otros, porque él había aceptado dinero de la embajada americana y creía que se los iba a fumar a los de la CIA. Le dije: ahora usted está entre la espada y la pared: si usted le falla al Movimiento, el Movimiento lo mata; y si usted le falla a la CIA, la CIA lo mata. Me acuerdo que lloró”.

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Argentina, Córdoba: No pudo probarse que hubo un crimen lesbofóbico

PRENSA RED

Los jueces de la Cámara 7° del Crimen consideraron que el acusado no actuó bajo emoción violenta. El testimonio de la hijastra del imputado fue determinante para la condena a 14 años de prisión.

La Cámara 7ª del Crimen de la ciudad de Córdoba consideró que no llegó a probarse que la discriminación por la identidad sexual de Natalia “Pepa” Gaitán haya sido la causa de su homicidio, cometido por el padrastro de su novia en marzo del año pasado.

Así surge de la lectura de los fundamentos del fallo, que condenó a 14 años de cárcel a Daniel Torres, quien, a criterio del tribunal, habría actuado “para terminar con el conflicto que se había generado en su familia y que padecía sobre todo su mujer”.

Durante el juicio, la querella había insistido en que se trató de un crimen de odio basado en la orientación sexual de Gaitán, tal como sostienen organizaciones que defienden los derechos a la diversidad sexual. Sin embargo, los jueces Víctor Vélez, Ricardo Iriarte y Carlos Ruiz afirmaron que, si hubo lesbofobia, no pudo acreditarse.

“No se presentaron como evidentes, durante el curso del debate, elementos de convicción reveladores de una situación lesbofóbica, con aptitud suficiente para fundar un juicio apodíctico sobre su existencia, que permita afirmar que hay relación de causa a efecto entre el crimen y la sexualidad de la victima”, afirman en los fundamentos.

“No surge con certeza que la causa de su hastío fuera la condición sexual de Natalia Gaitán. Quizás esto haya sido posible, pero no surge de la prueba; no se acreditó”, agregaron.

De todos modos, el fallo concedió que subyace en el homicidio”el tema relativo a la censura a ejercer libremente la sexualidad”.

¿Emoción violenta?

El tribunal consideró “determinante” el testimonio de la hijastra menor de Torres, para descartar la hipótesis de que el condenado actuó bajo emoción violenta, como había planteado la defensa.

“Resta poner de relieve otra circunstancia reveladora de que Torres, ya estaba ‘cansado’ de lo que ocurría, como señaló la testigo y no actuó por impulso justificante, ni amparado en causal alguna de exclusión de la punibilidad, como ya se adelantara, porque cuando vio a Natalia junto a Gabriela, antes de la última vez, entró a la casa y sacó el arma, que siempre estaba en el ropero y la puso junto a la puerta, tal como se desprende de los dichos de Sharon”, advierte el fallo.

A su vez recordaron las circunstancias del hecho: “Daniel Torres, al apuntar su arma hacia Natalia Gaitán y dispararla a una distancia que varía entre el metro y los cinco metros, según surge de la apreciación del respectivo informe pericial ya citado y de la declaración aclaratoria del perito balístico Eduardo Atilio Ahumada, quiso matar y mató”.

Los jueces también destacaron que Torres es un hombre violento, y que con el tiempo pasó de ser víctima de agresiones a agresor.

Sin pruebas para acreditar la causa

Desde el principio, el caso fue tomado como ícono por organizaciones que luchan contra la lesbofobia y toda forma de discriminación por la identidad sexual, como la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), que siempre sostuvo que se trató de “un crimen de odio” y que a Gaitán “la mataron por ser lesbiana”.

No obstante, para el fiscal no pudo acreditarse ese aspecto, aunque sí consideró que estaba ante un “crimen de género”. El hecho ocurrió el 6 de marzo de 2010, en una casa del barrio Parque Liceo Segunda Sección, en la capital cordobesa, donde Torres vivía con su pareja y su hijastra.

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Argentina, Entre Ríos: Con quejas de los represores se realizó la primera jornada del juicio por la causa Hospital Militar

Alfredo Hoffman (UNO - INFOALTERNATIVA)

Minutos antes de las 18 de este miércoles 24 de agosto finalizó en el Tribunal Oral en lo Correccional Federal de Paraná la primera jornada del juicio a seis represores por el robo de bebés durante la última dictadura cívico militar, en la causa conocida como Hospital Militar.

En la primera audiencia, las defensas de los represores Pascual Oscar Guerrieri, Juan Daniel Amelong, Walter Salvador Dionisio Pagano, Jorge Alberto Fariña y Marino Héctor González, quienes integraban el Destacamento de Inteligencia 121; y del jefe de Terapia Intensiva del hospital, Juan Antonio Zaccaría; pidieron ante el Tribunal la unificación de las querellas.

La Fiscalía y los querellantes –Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Abuelas de Plaza de Mayo, Sabrina Gullino, Sebastián Álvarez y la agrupación Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS)– rechazaron esa moción argumentando que era un pedido fuera de término y que existen multiplicidad de intereses entre las querellas.

Tras un breve cuarto intermedio el Tribunal –que integran Roberto López Arango, Lilia Carnero y Juan Carlos Vallejos– resolvió denegar el pedido por considerar que “los defensores no han planteado cuál es el perjuicio concreto”. En tanto se agregó que “el planteo se debió realizar oportunamente, ya que resulta extemporáneo”. De todas maneras, por una cuestion de orden y de "igualdad de armas", se resolvioó que actúen sólo dos representantes por cada parte querellante.

Ante esto la Defensa dejó planteada la reserva de recurrir en casación, del caso federal, y de recurrir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Luego se comenzó con la lectura de la Requisitoria de elevación a juicio de la Fiscalía, que describió los hechos desde la internación de la hoy desaparecida Raquel Negro en el Hospital Militar de Paraná, el parto, el alojamiento de los bebés mellizos en terapia intensiva, su traslado al Instituto Privado de Pediatría y el posterior abandono de la niña en la puerta del Hogar del Huérfano de Rosario, desde donde fue otorgada en adopción; y se destacó también que “no existen datos del paradero del otro mellizo”.

Asimismo en el escrito los fiscales remarcaron la intervención de cada imputado en los delitos investigados dejando en claro que, tanto el traslado como el parto clandestino de Negro, fue planeado por los imputados. En ese sentido señalaron que éstos “integraban una patota que ideó el plan para la sustracción de los bebés y la sustitución de sus identidades”.
En este marco, adjudicaron a Zaccaría, "haber prestado colaboración y participación directa en los hechos", ya que ordenó anotar a los bebés como NN y no como hijos de la detenida Raquel Negro.
Por otra parte, a todos los imputados –que se encontraban en su totialidad en la sala– se los acusó de autoría mediata de los delitos indicados.
Pasadas las 12.30 se comenzó lectura a la requisitoria de las querellas. Los representantes del querellante Sebastián Álvarez hicieron una descripción del funcionamiento del Servicio de Inteligencia del Ejército, puntualmente del Destacamento de Inteligencia 121 que integraban los imputados. La descripción fue coincidente, en términos generales, con la realizada por la Fiscalía.

Se señaló que los represores fueron “coautores mediatos de los delitos de sustracción, retención y ocultamiento de menores de 10 años, y supresión y alteración del estado civil de menores de 10 años". Y destacaron que, en el caso del mellizo, el delito continúa desarrollándose de modo permanente. Finalmente trazaron la intervención de cada uno de los imputados en los delitos que se investigan.

Luego siguió la lectura de los requerimientos de elevación a juicio de las querellas de Sabrina Gullino, HIJOS Paraná, Abuelas de Plaza de Mayo y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

En medio de la audiencia el imputado Jorge Alberto Fariña se retiró de la sala por una indisposición. Fue atendido por un servicio médico y retornó a la sala una hora y media después. Por su parte, el médico Zaccaría, quien había argumentado problemas de salud para no comparecer ante el Tribunal, se mostró en óptimas condiciones, y ubicado en espacio y tiempo.

Fuera del Tribunal Federal ubicado en calle 25 de Mayo de la capital entrerriana, se reunieron militantes de Derechos Humanos, familiares de desaparecidos y artistas.

Queja rechazada

El defensor oficial Mario Franchi transmitió la queja de cuatro de sus representados, Pagano, Amelong, González y Fariña, quienes aseguran que no poseen ideales condiciones de detención en la Unidad Penal Nº 1. Los otros dos imputados poseen prisión domiciliaria.

Franchi dijo que "no poseen calefacción" y que son hombres de avanzada edad. Ante esto pidió que sean alojados en dependencias de fuerzas federales o bien que se mejores las condiciones de detención. El Tribunal rechazó el primer pedido y se comprometió a verificar cómo se encuentran en la cárcel, a fin de solucionar las deficiencias, si las hubieran.

El caso

Los represores están acusados de robar los hijos de los detenidos-desaparecidos Raquel Negro y Tulio Valenzuela. Uno de ellos, Sabrina Gullino, restituyó su identidad en diciembre de 2008, mientras que su hermano mellizo sigue siendo buscado.

Sabrina nació en marzo de 1978 en el hospital Militar de Paraná, donde se encontraba internada su madre –traída desde el centro clandestino de detención La Intermedia, de las afueras de Rosario– a la espera del parto. Luego del alumbramiento, ella y su hermano mellizo varón pasaron a la sala de Terapia Intensiva y luego fueron derivados al Instituto Privado de Pediatría (IPP). Desde allí fueron retirados ambos el mismo día, según consta en los registros de la clínica. A ella los represores la dejaron en la puerta del Hogar del Huérfano de Rosario y días después fue adoptada legalmente, mientras que el otro bebé –con presuntos problemas respiratorios– continúa desaparecido desde entonces.

Una gran cantidad de público se acercó al recinto de calle 25 de Mayo. Se hicieron presentes organizaciones de derechos humanos, la propia Sabrina Gullino y su hermano Sebastián, y autoridades provinciales, entre ellos el ministro de Gobierno Adán Bahl, la secretaria de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, Lucila Haudar; la senadora nacional Blanca Osuna y el director de Industrias y Pymes, Aldo Bachetti.

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Argentina, Chaco: Solicitaron la puesta en marcha del Comité contra la Tortura

CHACO DIA POR DIA

Ese fue el principal planteo de la abogada y referente del Centro de Estudios Legales y Sociales, María Eva Asprella, al titular de la Legislatura, Juan José Bergia y a sus pares. El CELS monitorea el inicio del juicio por el caso Greco.

Para recepcionar el pedido de dar celeridad a la puesta en marcha del Mecanismo provincial contra la Tortura implementado por la Ley Nº 6483, la integrante del CELS María Eva Asprella mantuvo un encuentro con el Presidente de la Legislatura Juan José Bergia. El titular de Parlamento estuvo acompañado por el Vicepresidente 1º Oscar Raffin, el titular del bloque justicialista Ricardo Sánchez y del bloque Libres del Sur Carlos Martínez a quienes solicitó dar celeridad a este instituto que tiene por objetivo fortalecer la vigencia y el cumplimiento de los derechos y garantías de las personas que se encuentren privadas de su libertad, procurando la prevención y el logro de la erradicación de la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes.

Acompañaron a Asprella, Juan Carlos Goya y Mario Bosch en su calidad de militantes de los derechos humanos.

En el transcurso de la reunión, Asprella solicitó la instrumentación del Comité provincial contra la Tortura y además, en sintonía con la política de derechos humanos, pidió la sanción de la ley que establece la regulación de un sistema provincial de protección de los derechos humanos en el ejercicio de la función policial y penitenciaria, proyecto del 2009 que se encuentra en análisis en la Legislatura.

Martínez explicó que es necesaria la designación de la totalidad de los miembros para dictar el reglamento interno y poder así empezar a cumplir las funciones para las que fue creado.

Bergia por su parte, manifestó que se puede avanzar efectivamente en la implementación del mecanismo designando los representantes parlamentarios en el Comité para completar su integración y sugirió que la Legislatura pueda destinar en los próximos meses un lugar físico para el funcionamiento del Comité para que pueda ir delineando su estructura funcional.

Sánchez aseguró que desde el bloque justicialista dará acompañamiento a la puesta en marcha del Comité y adelantó que mantendrán conversaciones con el Ministro de Gobierno para avanzar en una definición sobre el proyecto de la función policial y penitenciaria.

Los legisladores además coincidieron en que pedirán al titular del Poder Ejecutivo instrumente los pasos pendientes para la puesta en marcha del Comité en lo relativo a presupuesto y estructura funcional.

María Eva Asprella, integrante del centro de estudios legales y Sociales - CELS - explicó al término de la reunión que este organismo se ha presentado como demandante en el juicio del denominado “Caso Greco” que actualmente se realiza en esta provincia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En ese marco, el CELS demandó al Chaco por el caso del artesano que en 1990 estuvo detenido en la comisaría donde producto de las quemaduras recibidas falleció, caso que nunca se resolvió, ni se juzgo a los responsables y eso derivó en la presentación ante esta corte internacional”.

“En ese marco y en el del acuerdo amistoso firmado con el Chaco en donde hay varios puntos, avanzamos en dos frentes, uno que tiene que ver con el juicio oral de los que estuvieron en ese hecho y las investigaciones administrativas de los policías en el asesinato de Greco”, argumentó.

“Por otro lado - apuntó - queremos que Chaco avance en medidas que eviten este tipo de hechos como el Mecanismo provincial contra la Tortura y otras cuestiones para que se pongan en práctica como la puesta en marcha del organo interno que tiene a su cargo avanzar en la investigación de las acciones del personal de las fuerzas policiales, de gravedad para los derechos humanos”.

“Nos preocupa que en los últimos años hayan muerto 6 personas en la comisaria y en la Alcaldía en hechos que no fueron esclarecidos aún y en el hecho de que las personas privadas de la libertad están bajo la responsabilidad y la guarda del Estado, con lo cual este no es un hecho aislado, sino que existe una responsabilidad, por ende se debe proteger a las personas”.

Finalmente, señaló que existe una apertura en la cuestión de los derechos humanos “el Chaco avanzó en este camino, vemos en los legisladores predisposición para avanzar en este y otros temas”, expresó.

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Argentina, Córdoba: Carta abierta de los trabajadores de LV2

PRENSA RED

Los empleados de la emisora denuncian al propietario de la radio, Walter Rubino de hacer un virtual abandono de la radio y responsabilizan a AFSCA (ex Comfer) de no arbitrar las medidas para regularizar la situación que afecta a sesenta familias.

Walter Edgard Rubino se presentó ante la Secretaria de Trabajo de la Provincia como propietario de Radio Difusora Mediterránea, titular de las frecuencias de LV2 (A.M. 970) y F.M. 99.7

En reiteradas oportunidades, el Sr. Walter Edgar Rubino, que también es propietario de las empresas constructoras IVECOR y A.P. y del diario La Mañana de Córdoba ofreció a los trabajadores asociarse en las pérdidas y quedarse con las ganancias.

El Sr. Walter Rubino pretendía que los empleados nos hiciéramos cargo de diagramar la nueva programación, comercializarla mediante la venta de publicidad y con lo producido hacer frente al pago de salarios, cargas sociales, facturas de teléfonos, cable e Internet, servicios, y los restantes gastos que demandan el funcionamiento de la emisora.

El Sr. Walter Rubino también pretendía que afrontáramos las deudas contraídas por la empresa en anteriores administraciones y durante su gestión.

En resumidas cuentas, el Sr. Walter Rubino proponía que cumpliéramos con las funciones que competen a la patronal, además de las tareas propias de los trabajadores, deslindando así toda responsabilidad.

La ecuación era perfecta para sus aspiraciones: los trabajadores ponían la radio al aire y vendían publicidad, mientras él cobraba y obtenía las ganancias sin necesidad de hacer inversiones de consideración.

Durante su gestión, el Sr. Walter Rubino, no designó gerente comercial, gerente de programación ni director artístico, lo cual deja en clara evidencia que no tuvo intensión de que la radio fuese un negocio rentable.

El Sr. Walter Rubino, violó sistemáticamente la ley 26.522 de Servicios Audiovisuales en numerosos aspectos. Sin embargo el caso más grave ocurrió recientemente, con la decisión de no dar cobertura a las elecciones provinciales y nacionales.

La norma aludida establece en su Artículo 2 que “la actividad realizada por los servicios de comunicación audiovisual se considera de interés público, de carácter fundamental para el desarrollo sociocultural de la población por el que se exterioriza el derecho humano inalienable de expresar, recibir, difundir e investigar informaciones, ideas y opiniones”.

Por decisión del Sr. Walter Rubino los trabajadores de LV2 nos vimos impedidos de cubrir las elecciones y de dar cumplimiento a una legislación que se encuentra vigente por aprobación de los representantes del pueblo en el Congreso de la Nación y por iniciativa de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Oportunamente, los trabajadores de LV2 denunciamos las continuas irregularidades en las que incurrió y sigue incurriendo el Sr. Walter Edgar Rubino ante el organismo responsable de controlar el cumplimiento de la Ley de Servicios Audiovisuales.

Como consecuencia de la gestión realizada, se abrió un expediente en el AFSCA (es decir la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL). Hasta el momento el organismo conducido por el sr. Gabriel Mariotto no arbitró medidas conducentes a regularizar la situación, ni a impedir la impunidad con la cual se maneja el Sr. Walter Edgar Rubino.

Bajo la representación del Círculo Sindical de la Prensa y con la presencia de los delegados designados por los trabajadores, se llevaron a cabo numerosas audiencias en la Secretaría de Trabajo de la provincia que conduce el Dr. Omar Sereno, con los apoderados designados por el Sr. Walter Rubino.

Durante dichas negociaciones, las partes arribaron a una serie de acuerdos, rubricados y documentados en actas que el Sr. Walter Rubino no cumplió.

El expediente completo y detallado de dichas inobservancias obra en poder de la Secretaría de Trabajo dependiente del Ministerio de la Producción de la provincia, del cual los trabajadores de LV2 aguardamos acciones concretas y de protección de los derechos laborales.

Pese a que durante la gestión del Sr. Walter Rubino se efectuaron los descuentos destinados al ANSES (es decir la Autoridad Nacional de Seguridad Social) no se realizaron de manera correcta los aportes correspondientes.

Según la ley, el empleador está obligado a realizar aportes que posibilitan el goce de derechos y beneficios como el cobro de Asignaciones Familiares, o pensiones por invalidez. Además, permite acceder a la jubilación al momento del fin de la vida laboral; todo lo cual está en riesgo en el caso de los empleados de LV2.

Esta seria irregularidad fue denunciada ante funcionarios de ANSES, cuyos inspectores pudieron constatar el incumplimiento aludido. Aguardamos que los responsables adopten las medidas necesarias para que el Sr. Walter Rubino cumpla con su obligación.

Consideramos necesario recordar que LV2 pasó recientemente por convocatoria de acreedores y pedidos de quiebra, lo cual implicó la participación de jueces como la dra. Martínez de Petrazzini, Julio Di Tulio, el dr. Ernesto Abril y los síndicos Omar Malizia, Stela Maris Carioni de Darwich y Carla Carri.

A ellos queremos informarles que lejos de solucionar la situación de la empresa y de los trabajadores, las autoridades que se sucedieron en el manejo de la radio, incluido el Sr. Walter Rubino, siguieron generando deuda y no implementaron un plan de comercialización para hacerla rentable, lo cual sin lugar a dudas es absolutamente posible.

El sr. Walter Edgar Rubino, no es más que la cara visible de Ricardo Jaime, el ex Secretario de Transporte de La Nación. Este dato surgió en una audiencia en la Secretaría de Trabajo de la provincia, donde su representante legal, el abogado Carlos Alberto Cajal, informó que LV2 no está en condiciones de facturar por carecer de clave fiscal.

Cajal señaló que dicha clave se encuentra a nombre de Ignacio Soba Rojo, un anciano que residiría en el exterior y que se desempeña como representante de DELOME S.A., firma directamente vinculada a Ricardo Jaime.

Lo cierto es que Walter Edgar Rubino se hizo cargo de LV2 y sin embargo no supo o no quiso sacarla adelante para reubicarla en el sitial que le corresponde por historia.

A los empleados de IVECOR, A.P. y La Mañana de Córdoba, a quienes contratan sus servicios profesionales tanto en empresas privadas como en la Provincia y la Nación; a sus vecinos y familiares, queremos que sepan quien es el auténtico Walter Edgar Rubino. Lo que decimos no es una apreciación subjetiva, sino datos concretos de la realidad.

Señores del AFSCA, de ANSES, del Ministerio de Trabajo de la Provincia, de la justicia, Sra. Presidenta de la Nación, ustedes son autoridad competente, cada uno en su área y por lo tanto tienen deberes como funcionarios públicos.

No se conviertan en cómplices, no dudamos que, si se lo proponen, pueden resolver definitivamente la situación de LV2, ustedes cuentan con la información necesaria y saben que la verdad nos asiste.

Por nosotros los trabajadores, pero también por los oyentes que hace 84 años adoptaron a LV2 como propia, no dejen pasar la oportunidad de salvar a la radio más antigua del interior del país.

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Argentina, Chubut: Frente Unidad Sur: “Entregar nuestro petróleo es entregar nuestra bandera”

INFOSUR

El gobernador electo Martín Buzzi continua los negociados petroleros con la nueva Ley de Hidrocaburos que busca imponer.

El Frente Unidad Sur cuestiona la propuesta de Ley de Hidrocarburos del oficialismo.

"Se pretende imponer la ley del kiosco a la producción petrolera”, sostuvo Acevedo.

En los últimos días, mucho se ha discutido en torno a la propuesta de una Ley de Hidrocarburos provincial, esbozada por el gobernador electo Martín Buzzi. Esta idea ha sumado adhesiones desde el justicialismo, el radicalismo y algunos gremios vinculados a la producción petrolera, entre otros sectores.

Sin embargo, no todas las voces del ámbito político están a favor. Desde el Frente Unidad Sur, Andrés Acevedo manifestó su oposición a esta iniciativa. “La Ley de Hidrocarburos que se quiere imponer no es ninguna solución de fondo y, al contrario, puede ser en la excusa para un negociado similar al del año 2007. Basta tener en cuenta que quienes la impulsan son los mismos que llevaron adelante la renegociación anticipada de los contratos que ahora todo el mundo cuestiona”, declaró.

En esa misma línea, afirmó que “lo que se debe hacer es modificar la Ley 17.319, que fija la normativa nacional, en vez de intentar parcharla con leyes provinciales. De otro modo, si cada provincia crea su propia ley de hidrocarburos, se corre el riesgo de que, dentro de un tiempo, existan 24 leyes, lo que imposibilitaría una política nacional en el área”.

“No es una ley propia de un Estado nacional grande y soberano”.

“Incluso si es hecha y aplicada bienintencionadamente (lo que sería raro, teniendo en cuenta los personajes que quieren implementarla), tendrá efectos negativos. La proliferación de leyes de hidrocarburos provinciales impide la de mecanismos que es conveniente que sean de aplicación homogénea en todo el país (regalías, régimen tributario, etc.). Dificulta el control general referido a la fiscalización. También vuelve imprevisible la política de hidrocarburos del país ante los ojos del resto de los Estados nacionales. En vez de ser una ley propia de un Estado nacional grande y soberano, es apenas una ley de kiosco”, apuntó.

Asimismo, Acevedo explicó que, desde el Frente Unidad Sur, asumen que “lo que ahora se quiere presentar como un único problema (la inexistencia de una Ley de Hidrocarburos provincial) esconde, en realidad, dos problemas diferentes”.

“El primer problema es el de la política estatal, expresada en la Ley 17.319. Hay que animarse proponer como objetivo macropolítico la recuperación estatal de la explotación de todos los recursos naturales, entre ellos el petróleo. De otro modo, los estados provinciales estarán obligados a parchar con leyes más locales los problemas que plantea una privatización que juega en contra de los intereses del pueblo. Es cierto, las empresas pagan sueldos altos a sus empleados, pero a largo plazo perjudican a toda la comunidad. Si cada vez se explora menos, si cada vez se exporta más crudo, si cada vez se contamina más y si cada vez hay menos combustible para los argentinos y encima es más caro, la privatización de la producción petrolera no es favorable para el país”, afirmó.

Contra los “negociados de 2007”. Acevedo continuó explicando que “el segundo problema que enfrentamos es el de los contratos hechos en 2007. Nosotros –añadió- hemos denunciado antes y después que eran abusivos porque perjudicaban groseramente al pueblo. A Pan American Energy se vendió a 200 millones de dólares la explotación de un yacimiento cuyo valor ronda los 40.000 millones de dólares. Y, cuando organizamos una charla abierta para que Pino Solanas y otros políticos y estudiosos explicaran por qué esa era una 'gran estafa', en la sala de la Cámara de Comercio de Comodoro Rivadavia, fue una patota dasnevista y puso una bomba de estruendo para boicotear el encuentro. Muchos de los funcionarios y gremialistas oficialistas que en ese momento festejaron la agresión son responsables del negociado de 2007 y son los impulsores actuales de la Ley de Hidrocarburos provincial”.

"Ahora -añadió el dirigente de Proyecto Sur-, muchos se sorprenden de que los Bulgheroni le hayan vendido parte de sus compañías y, por ende, de los derechos de explotación de nuestro petróleo, a empresarios chinos, quienes nunca habían entrado en la discusión de los contratos. También muchos reconocen, con cierto nerviosismo, que se les fue la mano en las ganancias que le garantizaron a las operadoras", sostuvo.

“Entregar nuestro petróleo es como entregar nuestra bandera”

Acevedo finalizó diciendo: “en conclusión, nosotros proponemos tres cosas bien concretas. Primero, en el ámbito nacional, modificar la Ley 17.319 para llevar adelante una estatización progresiva de la explotación de hidrocarburos. Segundo, en el ámbito provincial, efectuar un análisis pormenorizado de todos los contratos petroleros, con el fin de tomar las medidas pertinentes ante las múltiples irregularidades cometidas. Tercero, proponer una política que promueva y apoye la existencia de empresas locales. Pero todo esto debe ser hecho de cara a la sociedad, con un debate que sea público. No como se hizo en 2007, cuando se negoció el petróleo en un tratamiento récord en la Legislatura provincial, sin que los ciudadanos pudiéramos saber qué se estaba aprobando”.

“Nosotros seguimos pensando que entregar nuestro petróleo es como entregar nuestra bandera”, concluyó el referente del Frente Unidad Sur.

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Argentina: El sistema de salud pública de Neuquén, en problemas

RIO NEGRO ON LINE

Deflactados por el índice de precios de la provincia, los fondos transferidos a este importante servicio prácticamente se mantuvieron en los últimos años.

Los fondos destinados al sector este año representan el 10% del total del presupuesto.

Las primeras proyecciones oficiales dan cuenta de que el gasto consolidado en el sistema de salud de la provincia del Neuquén se ubica este año entre los más bajos de las últimas temporadas.

Su participación durante el primer semestre del 2011 cayó al 10,7% en relación con las erogaciones totales efectuadas por la provincia, perdiendo así más de dos puntos porcentuales respecto de lo que se le otorgaba en el 2009 (ver infografía en la página siguiente). De estos valores se puede inferir que el crecimiento que experimentó el presupuesto neuquino en los últimos años no se correspondió con las transferencias realizadas al sistema.

La pérdida de participación en dos puntos porcentuales significa hoy –proyectado sólo para el 2011– cerca de 100 millones de pesos que el sector resignó en sólo 24 meses, un dato no menor a la hora de observar las carencias que muestra el sistema y los reclamos de la ciudadanía en busca de una mejor calidad en el servicio.

Las estadísticas oficiales del Ministerio de Hacienda detallan asimismo que en los seis primeros meses del corriente año las transferencias hacia el sistema de salud alcanzaron los 463 millones de pesos.

La cifra refleja un crecimiento, en valores absolutos, del orden del 15% cuando se la compara con los niveles consolidados en el presupuesto ejecutado a junio del año pasado y una suba en torno del 150% cuando se la relaciona con los montos destinados para la misma fecha del 2007, año en que dejó la gobernación Jorge Sobisch.

Sin embargo, los incrementos señalados se desvanecen cuando se relacionan con la inflación regional, indicador que termina nivelando cualquier esfuerzo presupuestario hacia abajo.

Al analizar el gasto real destinado al sistema de salud deflactado por el índice de precios de la provincia se advierte que los fondos transferidos a este importante servicio prácticamente se estancaron en los últimos años.

¿Qué se puede esperar de un sistema que soporta una mayor presión por servicios con un presupuesto casi similar al de hace cuatro años? No hay que entender mucho de economía para deducir la respuesta: un progresivo deterioro del mismo.

Sin dejar de destacar la complejidad que arrastra todos los días la puesta en marcha de este importante servicio, ya sea por la cantidad de actores que participan en él como por la puja de intereses existente –que muchas veces exceden el plano específico de la salud–, los números que se observan en los presupuestos ejecutados dejan abiertos algunos interrogantes que, en varios casos, tienen mucho que ver con la calidad de servicio que se está brindando.

Analicemos algunos de estos puntos, entre otros tantos, que merecen ser destacados.

• El gasto real en salud se incrementó hasta el 2009 para después desplomarse en los dos años siguientes y volver a valores muy similares a los del 2007 (ver infografía). Las relaciones dan mucho peor cuando se comparan el 2009 y el 2011: durante este último año –siempre hablando en términos reales– se transfirió un 17% menos de recursos que hace 48 meses. Teniendo en cuenta la evolución poblacional de la provincia y las inversiones que se necesitan para sostener la complejidad tecnológica que requiere el servicio de salud, no es una buena señal que el gasto real en el sistema no dé signos de crecimiento en los últimos años.

• Su participación en el total de las erogaciones presupuestarias muestra también una tendencia creciente hasta el 2009 para luego caer hasta concentrar sólo el 10,7% del gasto en la primera parte del año (ver infografía). Ésta es la participación más baja que registró la administración Sapag en sus cuatro años de gestión.

• La masa salarial que se destina al sistema de salud creció tanto en valores absolutos como reales –deflactados por inflación– durante el período bajo análisis. Otro dato a tener en cuenta es que en cuatro años la planta de Salud pasó de 6.122 a 6.894 empleados (profesionales, técnicos y administrativos), lo que muestra que en el período 2007-2011 se incorporaron al sistema 772 trabajadores.

• Sobre la base de este último dato, se advierte que la participación del gasto salarial en el total de los recursos destinados al sistema creció, de lo que se desprende también que las transferencias para inversiones y gastos de funcionamiento se vieron afectadas en el período en análisis.

¿Es un problema de fondos?

Las frías estadísticas presupuestarias dan cuenta de que las partidas para Salud, lejos de aumentar en valores reales durante los últimos años, han disminuido a la vez que otros sectores u organismos del Estado han visto crecer su participación dentro del presupuesto.

Pero, paradójicamente, el hecho de elevar las transferencias de partidas a Salud no garantiza que el sistema mejore la calidad de su oferta de servicios. Hay antecedentes en la provincia que avalan este concepto: Educación es uno de ellos.

Es más, desde el gobierno provincial se defiende la política sanitaria aplicada aduciendo que las transferencias hacia el sistema de salud muestran un crecimiento promedio anual (en valores absolutos) del orden de los 60 millones de pesos. Cierto. Ahora bien, lo que hay que preguntarse es cuántos de los millones ejecutados llegan verdaderamente a la gente como una mejora del servicio brindado.

Esto demuestra que el sistema sanitario no escapa a los problemas administrativos ni a las redes burocráticas que arrastra el actual gobierno provincial.

Son innumerables las demandas existentes por carencia de insumos en algunos hospitales y salas de la provincia, así como las falencias que muestran algunos de los programas de medicina preventiva y asistencial (incluido el triste récord de 67 casos de neumonía reportado hace unas semanas).

Si no se mejora la capacidad de gestión dentro del sistema de modo de eficientizar la utilización de los recursos existentes, no hay incremento de partidas que pueda revertir esta caótica situación.

Para algunos especialistas ligados al sector es sumamente importante contar con recursos suficientes para llevar adelante las políticas sanitarias en una provincia, pero más importante aún se considera el contar con capacidad de gestión para poder lograr los objetivos preestablecidos. Ambas variables van de la mano: fondos y gestión; si una de ellas falla, la organización no funciona.

Hoy el sistema de salud pública en Neuquén muestra un grado de anarquía preocupante. La tercerización de servicios es lo que termina por suplir –por efecto de una mala gestión pública– el rol del Estado en segmentos clave de la estructura. Y este esquema, lamentablemente, cada vez cobra una mayor importancia en la provincia.

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Argentina, Santa Fe: Red de lucha contra la trata de personas

EL LITORAL - TMO

Es “Infancia Robada”, que suma foros sociales en todo el país para luchar contra el crimen organizado que implica esencialmente la explotación sexual y la droga. Advirtieron sobre la extensión de la problemática pero al mismo tiempo, sobre su invisibilización.

La red Infancia Robada suma un eslabón en la provincia. Esta mañana, con la presencia de la hermana Martha Pelloni, comenzaron las jornadas “Trata de personas, Abuso y Explotación Sexual Infantil”, organizadas de manera conjunta con la asociación civil Generar. La actividad pretende ser el punto de partida para la constitución de un foro social local, que se sumará a los que ya existen a lo largo y ancho de todo el país, para difundir y fortalecer las actividades preventivas.

Además de Pelloni y Wanda Candal, ambas coordinadoras de la Red, participó de la presentación Liliana Loyola, titular de Generar. La Red, financiada por Cáritas Alemania, está basada en los principios de la horizontalidad y autonomía de funcionamiento de cada nodo o foro que se constituye. Generar, por su parte, es una asociación civil sin fines de lucro, cuyo objetivo es propiciar acciones por la igualdad y equidad de género, en especial ante vulneraciones graves a los derechos de las mujeres, como la violencia de género y la trata de personas.

La disertación comenzó con dos preguntas que Candal lanzó al público: “¿Hay drogas y prostíbulos en Santa Fe?”. La respuesta fue inequívocamente afirmativa. La segunda: “¿Conocen causas o expedientes judiciales iniciados por la trata”. La respuesta del auditorio fue por la negativa.

El intercambio sirvió como disparador para enunciar dos características del crimen organizado, como la trata de personas y el narcotráfico. Por un lado, la problemática está “ostensiblemente extendida” en el territorio a punto de ser parte del paisaje cotidiano, pero a la vez es invisible.

“Son dos caras de una misma moneda -dijo Candal-: alta presencia del problema, pero fuerte invisibilización”, planteó. Y advirtió sobre la frecuente “naturalización” que se genera en torno de situaciones que parecieran normales. Pelloni alertó sobre otro aspecto negativo del tema como es la negación de la realidad. “A veces -sostuvo-, esa negación proviene de las propias organizaciones de derechos humanos, porque hablan desde el escritorio. Cuando salgan al terreno, la cosa va a cambiar”, afirmó..

La red

En diálogo con la prensa, Pelloni explicó que el objetivo de la red que coordina es trabajar para devolverle a la infancia y adolescencia lo que se les roba. “Esto va desde lo que no le dan las máximas autoridades de gobierno, las instituciones del Estado como educación, salud, justicia, y la sociedad misma. Por eso pedimos en estas capacitaciones que damos que para construir foros locales sociales que se suman a la Red, tengan previsto un equipo interdisciplinario con trabajadores sociales, abogados y algún psicólogo para atención de las víctimas que puedan aparecer de todo tipo de violencia”, planteó.

La religiosa destacó la importancia de articular los foros de todo el país. “Esto hace que la red tome fuerza de poder social nacional porque los graves problemas que tenemos tienen que ver con las mafias del crimen organizado que son muy poderosas, y donde lamentablemente siempre tienen el aval o la connivencia de poderes económicos, empresarios, de la justicia o la policía. Es decir, quienes tienen que cuidar a la infancia son quienes forman parte a veces o bien avalan estas redes del crimen organizado”, sostuvo.

Consultada por El Litoral sobre la relación con los organismos oficiales, dijo que es “fundamental” esa articulación. “Es fundamental también exigir las políticas públicas e incidir para que eso se instrumente. En Goya -ejemplificó-, donde estamos trabajando ahora, tenemos una muy buena articulación. Es un trabajo de construcción social, y allí tenemos que estar todos: el gobierno, las ONGs y la sociedad misma para que podamos ayudarnos pero también señalarnos, cuando algo no funcione bien”, concluyó.

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