miércoles, 31 de agosto de 2011

Análisis sociopolítico de un homenaje

Alejandro Teitelbaum (especial para ARGENPRESS.info)

I. Frente a los hechos que han tomado recientemente estado público y que afectan personalmente al Dr. Zaffaroni, no era mi propósito hacer comentario alguno sobre los mismos.

Es un asunto sobre el que Zaffaroni se debe explicar ante sus pares de la Corte Suprema y se deben pronunciar los tribunales y otras instancias que han recibido denuncias al respecto.

Para los demás, el “no comment” es la actitud más apropiada que se debe adoptar en un asunto como éste.

Pero el homenaje solidario tributado en estas circunstancias al Dr. Zaffaroni en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde se ensalzaron sus virtudes académicas y como miembro del Poder Judicial, convirtieron la actuación del Dr. Zaffaroni como juez y también sus ideas como penalista en temas de actualidad expuestos al escrutinio público.

Y como lógico corolario, el análisis de las motivaciones de los organizadores y asistentes al acto.

Resulta inevitable hacer una breve referencia a los hechos que han afectado últimamente al Dr. Zaffaroni.

II. En el 2009 la organización La Alameda, que se ocupa desde su fundación en 2002 de la esclavitud sexual como parte de su combate contra el trabajo esclavo, presentó una denuncia ante la Procuración General de la Nación, la Agencia de Control Comunal, la Fiscalía Contravencional de la Ciudad y ante la Fiscalía Anti-Trata de Personas porque había detectado más de 600 departamentos en la ciudad de Buenos Aires utilizados para la práctica del comercio sexual en posible violación de la ley 12331 de profilaxis social de 1937. Al parecer, la denuncia durmió el sueño de los justos hasta que saltó a la primera plana de los medios de comunicación cuando trascendió que el Dr. Zaffaroni era propietario de unos seis departamentos dedicados a esas actividades.

Ese es un hecho que nadie inventó.

Pero como siempre sucede, algunos políticos opositores, a falta de otra cosa mejor que ofrecer a los electores, lo utilizaron con declaraciones extemporáneas (Zaffaroni debe renunciar, juicio político, etc.).

Y la constelación oficialista se movilizó para denunciar el complot, el linchamiento mediático, etc.

El juez Zaffaroni –que no tuvo la elegancia, sobre todo dado su cargo, de guardar una discreta reserva- formó parte destacada de esa movilización oficialista incluída su “clase inaugural” que versó (como se lee en la crónica del acto de homenaje publicada por la Asociación de Abogados de Buenos Aires) ... “sobre la “criminología mediática”, concepto desarrollado en su último libro “La Palabra de los Muertos”. Con un fino sentido de la ironía señaló que utilizaría como método didáctico “un caso práctico”, haciendo un desarrollo de los ataques sufridos por su persona”.

Los hechos son los hechos y existen aunque los deforme o utilice la oposición o pretenda hacerlos desaparecer el oficialismo con el argumento del complot opositor y mediático.

En el acto de homenaje los oradores se refirieron a las virtudes académicas y como juez de Zaffaroni, pero nadie pretendió ocultar que era en apoyo al maestro, juez de la Corte, colega y amigo colocado en situación incómoda por un hecho constatado: su condición de propietario-locador de departamentos utilizados en actividades prostibularias.

En ese homenaje surrealista (hasta estaba la inefable Hebe, rindiendo pleitesía a uno de los “turros”-Bonafini dixit- de la Corte) los oradores no dijeron una palabra para recordar la desprotección de las víctimas de la explotación sexual, cualquiera sea el Gobierno de turno, puestas de relieve por las denuncias de La Alameda y de otras organizaciones.

Pero más allá de lo que que la denuncia de La Alameda pueda afectar la reputación del Dr. Zaffaroni, la misma es reveladora de la existencia –que nadie puede pretender desconocer - en Buenos Aires y en todo el país, de la esclavitud sexual como una de las formas más degradadas de la esclavitud laboral. Que se debe, entre otras cosas, a la pobreza, a la insuficiencia de la prevención y de los controles –corrupción mediante- y a las lagunas en la legislación.

Por cierto que este problema no es, ni mucho menos, exclusivo de la Argentina. El tráfico de personas, el proxenetismo, el turismo sexual, etc., es una actividad mafiosa internacional organizada que involucra a millones de seres humanos y proporciona beneficios del orden de miles de millones de dólares, de igual o mayor magnitud que el tráfico de drogas y de armas.

Esas actividades mafiosas crecen vertiginosamente en todo el mundo como resultado de las crisis económicas a repetición y del consiguiente empobrecimiento de amplias capas de la población.

Ningún orador en el acto de homenaje (según las crónicas publicadas) se refirió a este grave problema subyacente en la mediatización que salpicó a Zaffaroni. Tampoco lo hizo el mismo Zaffaroni quien como “maestro de las jóvenes generaciones” pudo hacerlo, porque el tema es interesante también para los penalistas. Veamos.

En el Código Penal argentino el proxenetismo referido a la explotación de la prostitución de adultos requiere para configurarse, dicho esquemáticamente, dos elementos: el ánimo de lucro y alguna forma de coerción o intimidación. Si no hay coerción y el prostituido/a adulto da su consentimiento, no hay delito de proxenetismo y el proxeneta es un comerciante -moralmente criticable-pero comerciante al fin. Lo que ocurre en no pocos países, en algunos de los cuales el proxeneta paga tasas e impuestos como el almacenero de la esquina. Por ejemplo en los Países Bajos.

Al contrario de lo que establecen los Códigos penales de España y de Francia (reformas de 2003) que sancionan al proxeneta aunque no haya coerción sobre la persona prostituida adulta.

En Argentina, si no hay coerción sobre un adulto, para imputar penalmente a un proxeneta hay que ir a buscar fuera del Código Penal en la ley 12336 en vigor desde1937.

Y con esa base legal los tribunales argentinos , como lo han hecho hasta ahora, deben interpretar quienes son aquéllos que, en los hechos y en cada caso concreto “sostienen, administran o regentean, ostensible o encubiertamente casas de tolerancia”.

En materia de proxenetismo hay pues, dos orientaciones penales básicas : Sancionarlo, haya o no coerción (España y Francia) y no sancionarlo si no hay coerción y en este caso, a veces, reglamentarlo, como ocurre en los Países Bajos. Argentina navega entre la no sanción si no hay coerción en el Código Penal y la sanción aunque no haya coerción en la ley 12336.

Pero Zaffaroni prefirió ocuparse en su “clase inaugural” de su “lapidación mediática” y atacó sin nombrarla a La Alameda y a los “burócratas internacionales”. Según la versión que aparece en el sitio de la Asociación de Abogados de Buenos Aires dijo, refiriéndose a sus lapidadores: ...desde “una ONG que busca promoción para desplazar a sus competidoras”, hasta “burócratas internacionales preocupados por lo que el lapidado discurre acerca del crimen organizado y del lavado de dinero”.

III. Dejando de lado las formas y el momento elegido para rendirle homenaje a Zaffaroni y la actitud adoptada en esta circunstancia por el mismo Zaffaroni, cabe la pregunta ¿Merece Zaffaroni un homenaje, sobre todo por parte de quienes se proclaman defensores de los derechos humanos? ¿O más bien merece un “escrache”?

Porque Zaffaroni no sólo es un hombre del régimen, como lo ha puesto de manifiesto él mismo en esta circunstancia participando sin moderación en la batalla mediática y ha contribuido a demostrarlo la constelación oficialista y prooficialista con su solidaridad militante, sino que sobre todo Zaffaroni es y ha sido siempre un hombre del sistema social dominante. No sólo porque fue juez y juró bajo las dictaduras de Onganía y Videla, sino por su actuación en general como juez y por sus ideas como jurista.

En su discurso en el Senado impugnando la candidatura de Zaffaroni a Juez de la Corte, el senador Rodolfo Terragno dijo:

...El Dr. Zaffaroni dijo en la reciente audiencia pública:

“Juré por el Estatuto del Proceso de Reorganización Nacional, juré por el Estatuto de Onganía, juré por la Constitución reformada por Lanusse en 1973, juré por la Constitución Nacional de 1853 y juré por la Constitución reformada en 1994”.

Refiriéndose a los recursos de hábeas corpus que resolvió Zaffaroni como juez durante la dictadura, el senador Terragno dijo:

De los 128 casos resueltos por el Dr. Zaffaroni, hubo

- 38 que resultaron corresponder a infracciones a edictos policiales, que en la época imponían treinta días de arresto, no reemplazables por multa.

- 6 casos que fueron desistidos, o se dieron por desistidos al no haberse ratificado la presentación.

Quedan para analizar 84 casos, incluido el caso Inés Ollero, quien había sido detenida por fuerzas policiales en un colectivo. El Dr. Zaffaroni se dirigió a los organismos de seguridad, preguntando si tenían a Ollero y, como le respondieron que no, rechazó el recurso de hábeas corpus. Este fallo, confirmado por la Cámara, fue revocado el 25 de abril de 1978 por la Corte Suprema, según la cual el Dr. Zaffaroni “debió extremar la investigación adoptando las medidas necesarias” a fin de esclarecer qué había pasado con posterioridad a la detención policial. Dijo la Corte que “la institución de hábeas corpus, enderezada esencialmente a restituir la libertad en forma inmediata a quien se encontrare ilegítimamente privado de ella, exige se agoten los trámites judiciales que razonablemente aconsejan las circunstancias a fin de hacer eficaz y expeditiva la finalidad del referido instituto establecido por la Constitución y por la ley”.

Así actuaba Zaffaroni como juez mientras había abogados que se jugaban la vida y muchos la perdieron defendiendo a los perseguidos por la dictadura.

Es cierto que, dadas las circunstancias (el temor fundado a las represalias de la dictadura que a veces alcanzaba también a miembros del Poder Judicial como fue el caso del asesinato del Dr. Guillermo Díaz Lestrem), el Dr. Zaffaroni podría invocar la “no exigibilidad de otra conducta” y hasta la “obediencia debida”.

IV. Pero finalizada la dictadura, se planteó la enorme tarea de localizar, identificar y eventualmente recuperar a los hijos y nietos de los desaparecidos.

Un tema crucial es el de probar, mediante la comparación del ADN, el vínculo biológico de los niños, adolescentes y ahora ya adultos encontrados con los familiares desaparecidos y sobrevivientes.

Hace ya unos cuantos años, en una reunión pública convocada por las Abuelas en Buenos Aires, me sorprendió (e indignó) escuchar a Zaffaroni oponerse decididamente a la extracción compulsiva de sangre, en nombre del derecho a la integridad física y a la intimidad. En ese momento estaba sobre el tapete un caso de negativa de los apropiadores a autorizar la extracción de sangre de menores bajo su patria potestad. Para determinar la filiación, hacer cesar la apropiación y sancionar a los apropiadores se imponía la extracción compulsiva de sangre. Sin embargo, Zaffaroni estaba en contra. Si la memoria no me traiciona el caso en el tapete era el de los mellizos Reggiardo Tolosa y el apropiador Miara.

Ya como miembro de la Corte Suprema, Zaffaroni (junto con la mayoría de la Corte) votó contra la extracción compulsiva de sangre en el caso Gualtieri Rugnone de Prieto, Emma Elidia y otros- Extracción compulsiva de sangre – Prueba de histocompatibilidad genética –Mayor de edad (11/08/2009).

En la disidencia parcial que firmó junto con el Dr. Lorenzetti en una apelación que se resolvió paralelamente con la anterior (Gualtieri Rugnone de Prieto, Emma Elidia y otros -Secuestro efectos personales – Estudio pericial ADN – Mayor de edad (11/08/2009)

Zaffaroni, para fundar su negativa a la extracción compulsiva de sangre, opuso como valores de igual jerarquía y contrapuestos la vulneración de ciertos derechos individuales que comporta la extracción compulsiva de unas gotas de sangre y el derecho invocado por la víctima de la desaparición de que no se investigue su verdadera identidad por un lado y, por el otro, la pretensión del Estado a través de sus órganos competentes de establecer la verdad y de sancionar a los autores del crimen de desaparición forzada de personas (par. 11).

En la causa en que la mayoría de la Corte votó contra la extracción compulsiva, votaron en disidencia a favor de dicha extracción los jueces Highton de Nolasco y Maqueda, con sólidos argumentos jurídicos y éticos.

Dijo la Dra. Highton:

“Que en ese sentido, no se observa que la medida en cuestión ocasione la afectación de derechos fundamentales, tales como la vida, la salud, o la integridad corporal, puesto que la extracción de unos pocos centímetros cúbicos de sangre, realizada por medios ordinarios adoptados por la ciencia médica, ocasiona apenas una perturbación ínfima en comparación con los intereses superiores de resguardo de la libertad de los demás, de la defensa de la sociedad y la persecución del crimen” (par. 15).

El voto mayoritario de la Corte opuesto a la extracción compulsiva de sangre llevó a que el Parlamento sancionara tres meses después casi por unanimidad la incorporación de un artículo 218 bis al Código Procesal Penal autorizando y regulando dicha extracción compulsiva.

V. En su “clase inaugural” en la Facultad de Derecho, el Dr. Zaffaroni aludió a: “burócratas internacionales preocupados por lo que el lapidado discurre acerca del crimen organizado y del lavado de dinero”.

Hace unos diez años incluímos en un trabajo nuestro (“Prevención, represión y criminalizacion de las violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales y del derecho al desarrollo: el problema de su impunidad”), un comentario crítico a un artículo de Zaffaroni (El crimen organizado : una categoría frustrada, en Cuadernos del Departamento de Derecho Penal y Criminología, Nueva serie, Nº 1, Córdoba, Argentina, 1995).

Allí decíamos:

“En un artículo, el penalista Eugenio Raúl Zaffaroni desarrolla una argumentación contraria a la existencia, como categoría penal, del crimen organizado.

No sabemos qué entiende el profesor Zaffaroni por categoría, pues en su artículo no lo dice.

Nosotros citaremos al profesor Eli de Gortari, lógico conocido, doctor en Filosofía, que fue profesor titular de Lógica y de Filosofía de la Ciencia en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Dice Gortari:

“Por su carácter general, las categorías constituyen los elementos del sistema que sirve de estructura al conocimiento científico. Este sistema formado por las categorías es flexible y eminentemente dinámico, porque sus elementos se transforman dialécticamente sin cesar. El avance del conocimiento hace que se multipliquen ininterrumpidamente las categorías, para caracterizar definidamente las nuevas manifestaciones de lo existente…Por otra parte, el desarrollo de la ciencia impone la necesidad de modificar constantemente las categorías ya establecidas…” (Gortari).

Zaffaroni dice que la asociación ilícita, al crimen en banda o cuadrilla, la piratería, etc., son distintas formas de pluralidad de autores o de asociaciones criminales, que también existieron en las economías precapitalistas pero que cuando se habla de crimen organizado se está hablando de un fenómeno distinto, dos de cuyas características son la estructura empresarial y el mercado ilícito, en el marco de la organización empresaria y del mercado capitalista contemporáneo. De modo que, dice Zaffaroni, las formas preexistentes de pluralidad de agentes o de asociaciones criminales, no son útiles para precisar el pretendido concepto de crimen organizado que se busca.

Después Zaffaroni analiza las distintas tentativas, a su juicio infructuosas, de conceptualizar el crimen organizado y estima que el desconcierto de los criminólogos es justificado, porque se trata de una misión imposible que le ha impuesto el poder para “satisfacer a los políticos, a la policía y sobre todo a los medios de comunicación y, en cierta medida, a los autores de ciencia ficción”.

Zaffaroni continúa tratando de demostrar la falta de base fáctica de la noción de crimen organizado (“inconsistencia criminológica del paradigma mafioso”, “crimen organizado o desorganizado”) pero olvida por ejemplo el papel político y económico de la mafia en Italia, sus relaciones estrechas primero con el ocupante estadounidense, particularmente en Sicilia y luego con el Estado italiano de posguerra , a la mafia rusa surgida después del desmoronamiento de la URSS y a las diferentes mafias internacionales actualmente existentes (en materia de tráfico de mujeres, de mano de obra barata, de niños, de drogas, de armas, etc.).

El jurista argentino se pregunta en qué punto en el circuito de capitales el dinero es negro y en qué punto comienza a ser blanco y si una empresa lícita que lava dinero ocasionalmente practica crimen organizado. Un esbozo de respuesta a estas preguntas puede encontrarse en el artículo (que hemos comentado precedentemente) publicado en Le Monde del 10 de mayo de 2001, firmado por el Procurador general de Ginebra Bernard Bertossa, el Procurador de Bruselas, Benoit Dejemeppe y los jueces franceses Eva Joly, Jean de Maillard y Renaud Van Ruymbeke, donde se refieren al libro « Revelation$ » de Denis Robert y Ernest Backes.

Pero lo que parece preocupar sobre todo al profesor Zaffaroni es que la aplicación de la noción de crimen organizado puede « introducir una cuota de inseguridad para la inversión en actividades legales » y que la «… la pretensión de llevar el « mito mafioso » a la ley penal implica una interferencia totalmente arbitraria en la economía de mercado que puede conducir a efectos económicos catastróficos »…(Zaffaroni).

El profesor Zaffaroni parece ignorar que la economía de mercado en su forma actual (mundialización capitalista neoliberal) produce ya efectos catastróficos sobre buena parte de la población mundial.

El crimen organizado –y particularmente el crimen organizado internacional- es una parte importante del sistema económico-financiero mundializado actual, con consecuencias nefastas para buena parte de la población del planeta y es imperativo continuar perfeccionando las normas legales para reprimirlo”.

En el mismo trabajo citábamos al profesor Queloz:

Por eso pensamos que tiene razón el profesor Queloz de la Universidad de Friburgo (Suiza), cuando dice: « Según el Informe 1999 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la fortuna de los tres hombres más ricos del mundo supera el producto nacional bruto sumado de los 48 países más pobres y de sus 600 millones de habitantes… Pregunta impertinente- dice Queloz- ¿Es esto una forma de criminalidad económica, o de criminalidad organizada, a escala planetaria ? » (Nicolás Queloz, «A-ton
encore des raisons de distinguer criminalités économique et organisée?» (¿Hay todavía razones para distinguir la criminalidad económica y la criminalidad organizada ?) en Noir, gris, blanc, Les cahiers de la sécurité intérieure Nº 36, Institut des Hautes Études de la Sécurité Intérieure, La Documentation Française, Paris, Deuxième trimestre 1999).

Hay una pléyade de distinguidos juristas y especialistas en derecho penal en diversas partes del mundo que trabajan en el plano teórico y en la práctica (por interés científico y con motivaciones éticas) sobre la imputación penal del “corporate crime”.

Varios de ellos han ayudado con documentos y participando en seminarios interdisciplinarios en los esfuerzos que desplegamos desde hace veinte años un grupo de personas y organizaciones en el seno de las Naciones Unidas y en otros ámbitos internacionales para que se adopten instrumentos jurídicos a fin de hacer cesar la impunidad de que goza del gran capital transnacional, violador sistemático los derechos económicos, sociales y culturales (1).

Esos esfuerzos chocan sistemáticamente con la resistencia encarnizada de las empresas transnacionales y de las grandes potencias, que cuentan con la colaboración incondicional de la Secretaría General de la ONU y con el acatamiento sumiso de muchos otros gobiernos, incluso los llamados “progresistas”.

Como bien dice el conocido penalista español Francisco Muñoz Conde, slogans como “economía de mercado”, “libertad de empresa”, etc. se utilizan a veces como pretexto, justificación o excusa de los más graves atentados a los intereses económicos colectivos (Muñoz Conde, Derecho penal y control social. Fundación Universitaria de Jérez, 1985, págs. 39 y ss).

VI. En una conferencia pronunciada en el XIII Congreso Latinoamericano, V Iberoamericano y Iº del Mercosur de Derecho Penal y Criminología en Brasil, (septiembre de 2001) con el título "La función reductora del derecho penal ante un estado de derecho amenazado (o la lógica del carnicero responsable)" el Dr. Zaffaroni decía, refiriéndose al papel de los penalistas:

...¿Cuál tendría que ser entonces nuestra función jurídica? La contención de las pulsiones del Estado de Policía. No tenemos poder, en el área jurídica, las agencias jurídicas para asumir el poder punitivo. Yo no sé si el día de mañana el poder punitivo va a desaparecer. Tal vez. Yo no sé si mañana el poder punitivo va a cambiar a un poder punitivo mínimo. Tal vez. Pero esto puede ocurrir sólo en otros medelos de sociedad, no en este. En esta sociedad de hoy, nuestra función sólo puede ser una función de reducción. En todo caso creo que lo principal es intentar volver a un estado de derecho, reforzar el Estado de Derecho, contener el Estado de Policía y no caer en el delirio, especialmente no caer en el delirio del penalista omnipotente de que todo puede ser resuelto por el derecho penal. El poder punitivo puede resolver muy pocas cosas, no sé si puede alguna cosa. Tal vez pueda brindar alguna tranquilidad a través de suspender algún conflicto. Pero nada más”.

Esta descripción de la función “reductora” del derecho penal es coherente con lo que sostiene el mismo Zaffaroni de que... la noción de crimen organizado puede « introducir una cuota de inseguridad para la inversión en actividades legales » y que la «… la pretensión de llevar el « mito mafioso » a la ley penal implica una interferencia totalmente arbitraria en la economía de mercado que puede conducir a efectos económicos catastróficos »…

El todo (incluida su negativa a la extracción compulsiva de sangre para determinar el ADN)–dejando de lado las frases demagógicas sobre que la función jurídica consiste en contener las pulsiones del Estado de Policía- nos muestra el total alineamiento de Zaffaroni en una concepción ultraliberal del Estado, para nada intervencionista y donde el poder punitivo “tal vez pueda brindar alguna tranquilidad a través de suspender algún conflicto” (¿Criminalizando la protesta social?).

Felizmente muchos juristas, al contrario de Zaffaroni, actúan con sus conocimientos específicos en el campo social propiciando insoslayables cambios radicales, no porque piensen que el derecho es la herramienta del cambio social, sino porque creen que puede ser una herramienta de dicho cambio, sobre todo en el sentido de que, bien utilizada, puede ayudar a generar en la gente la conciencia de sus derechos (“despertar la alarma social”, como decía el jurista Alessandro Baratta).

Porque si bien la formulación del derecho es la obra del Estado como representante de las clases dominantes, el derecho vigente no es un simple producto de la voluntad de dichas clases, sino que refleja -dicho esquemáticamente- la relación de fuerzas entre las clases sociales en un momento histórico dado. Cuando la relación de fuerzas es más favorable para los grupos subordinados se sancionan normas de signo positivo: la Declaración Universal de Derechos Humanos después de la Segunda Guerra Mundial, los Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de Derechos Civiles y Políticos y otros documentos internacionales relativos al nuevo orden económico mundial adoptados en el momento de auge de los países del Tercer Mundo. Y también la legislación laboral, que no es una simple concesión de las clases dominantes sino el resultado de la lucha de los trabajadores en los períodos de mayor fuerza cuantitativa y cualitativa de su organización.

VII. El acto de homenaje a Zaffaroni donde, según la crónica, estuvieron jueces, abogados, intelectuales, gente de la cultura y connotado/as defensore/as de los derechos humanos, dejando aparte la presencia de algunos despistados, fue la reacción de esa parte de la “sociedad civil” (2) que disfruta en esta coyuntura de las ventajas y privilegios materiales (puestos, sueldos) e inmateriales (reconocimiento social, figuración, honores) que les proporciona su cercanía al poder de turno.

Dada su “permeabilidad” a la ideología y cultura hegemónicas, aunque algunos de ellos se proclamen y aun se piensen “progresistas”, asumen acríticamente –como una evidencia inmutable y como un reaseguro para su posición económico- social privilegiada o semiprivilegiada, - el orden establecido, forman parte del mismo y contribuyen en sus esferas de actuación a hacerlo funcionar.

Por eso –y porque no han querido o no han sabido superar ideológicamente su posición social y poner sus saberes al servicio de los oprimidos y los explotados- pueden identificarse y solidarizarse con Zaffaroni, que ha demostrado como juez y con sus ideas como jurista ser un consecuente defensor del orden social dominante. Es decir un conspicuo miembro de la “sociedad civil”. O “sociedad burguesa” como la llamó Hegel.

Notas:
1) La mayor parte de esa actividad está reflejada en numerosos documentos (por ejemplo: Prevención y sanción de las violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales y al derecho al desarollo: El problema de la impunidad, Editorial CETIM, 146 páginas. año 2000) que se pueden encontrar en el sitio del Centre Europe Tiers Monde de Ginebra: www.cetim.ch
2) Cuando nos referimos a la “sociedad civil”, no estamos hablando de la sociedad en general, conformada por varios estratos sociales diferentes y básicamente, por dos clases sociales objetivamente antagónicas, sino a lo que Gramsci, siguiendo a Hegel y a Marx, denominó sociedad civil: el gran capital, los medios de comunicación controlados por aquél, la parte de la intelectualidad y de las diferentes organizaciones sociales al servicio del sistema dominante, funcionando junto al Estado pero fuera de él como aparatos de dominación económica, hegemonía ideológica y control social. Hegel a veces la denominaba sociedad civil y otras, más claramente, sociedad burguesa (bürgerliche Gessellschaft). Con independencia de que, en un momento dado, formen parte del oficialismo o de la oposición política. Dos caras, con algunos matices, de la misma moneda.

Foto: Argentina, Justicia - Eugenio Raúl Zaffaroni, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. / Autor: PRIMERA FUENTE

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La estupidez de Belgrano y Moreno

Carlos del Frade (APE)

El 20 de junio es el día de la bandera por una mentira más de la historia oficial.

Ese día, en realidad, es la muerte de Manuel Belgrano. Tenía cincuenta años y no tenía con qué pagarle a su médico de cabecera. Tuvo que darle una incrustación de oro que tenía en su boca como forma de saldar su deuda.

Belgrano dejó toda comodidad personal, resignó su suerte individual detrás de su pasión por construir una nueva y gloriosa nación sobre la faz de la Tierra, donde la independencia y la igualdad sean celebradas por las generaciones que siguieron a la suya, la que había inventado el nuevo país en el sur del mundo.

A principios de 1900, alguien abrió la tumba de Don Manuel y tuvo la osadía de robarle un diente. Al otro día escribieron en un diario que no podía ser que le robaran un diente al prócer que menos comió en la historia argentina.

Ahora que el bicentenario pasó de moda, que ya se juntaron multitudes para recordar el hecho, vendría bien repasar esas vidas jugadas en clave de la suerte colectiva.

Pensar en alguien como Mariano Moreno, el primer desaparecido del país porque estaba convencido de que había que pelear contra la riqueza acumulada en algunos pocos individuos para que la felicidad fuera de los que son más.

En diciembre de 1810, cuando alguien brinda por el futuro emperador del Río de la Plata, Cornelio Saavedra, el secretario de la junta se indigna y publica una ordenanza con fuerza de ley que prohibía los actos en honor a los funcionarios y asegura que el salario del presidente debía ser igual al de un maestro.

El dinero y las propiedades de aquellos que conducían el destino del país no podían estar muy lejos de la realidad de los habitantes del lugar.

No entraba en la cabeza de hombres como Belgrano, Moreno, San Martín o Artigas, entre otros.

Pero los tiempos cambiaron y mucho en esta geografía atribulada.

La información dice que “la mayoría de los ministros del Gabinete de Cristina Kirchner incrementaron su patrimonio durante 2010, en porcentajes que varían entre el 12 y el 64 por ciento, con excepción de Débora Giorgi y Carlos Tomada, cuyos bienes descendieron en valor. La Presidenta apostó a la inversión financiera y así incrementó su capital hasta los $ 70,5 millones, según la última declaración jurada de bienes presentada ante la Oficina Anticorrupción”, dicen los distintos medios de comunicación del país fundado por Belgrano y Moreno, entre otros.

Los actuales funcionarios son millonarios. Tienen dinero y propiedad que son inimaginables para el noventa por ciento de los argentinos.

Los que gobiernan hoy la Argentina, ratificados en sus cargos en las elecciones primarias recientes, forman parte de una selecta minoría, la antítesis de lo que soñaban aquellos fantasmas que poblaran las láminas escolares y los recientes recuerdos del bicentenario.

No se trata de una burda acusación sin fundamento. Nadie apunta a maniobras delictivas. No. Simplemente es fundamental analizar estos datos de las fortunas de los gobernantes argentinos. Hacer un contraste de esas riquezas con lo que sostuvieron los fundadores del país.

Porque si Mariano Moreno y Manuel Belgrano eran dos imbéciles es hora de comenzar a construir otros monumentos, donde los próceres sean aquellos que tuvieron mucho dinero.

Porque en la Argentina de 2011, los gobernantes herederos de aquella proeza de inventar el país dos siglos atrás, no tienen nada que ver con esos valores.

Porque en el presente, las minorías enriquecidas son bendecidas por el apoyo popular de las mayorías que pasan muchas necesidades.

Un presente que, por lo menos, Moreno y Belgrano cuestionarían.

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Consejo del Salario. Micheli: “Se juntaron para la foto no para mejorar la situación de los trabajadores”

ACTA

En declaraciones radiales, Pablo Micheli, secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) manifestó su opinión por el acuerdo alcanzado días pasados en el Consejo del Salario, la Productividad y el Empleo.

“Soy el secretario General de la CTA porque me votó la gente no porque me designaron como interventor o porque dos jueces digan que en realidad no hay ningún ganador. Hubo miles y miles de compañeros y compañeras que nos votaron y una Junta Electoral que fiscalizó ese proceso y nos dio ganador por 20.000 votos.

El viernes no nos dejaron participar por una cuestión política, por discriminación y no porque haya una razón legal. El fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en el fuero laboral no dice que Yasky haya ganado o que Micheli haya perdido sino que se tiene que volver a votar en tres provincias nuevamente.

Hasta que se vuelva a votar hay un ganador circunstancial, provisorio que somos nosotros. Yasky debería convocar a elecciones complementarias pero no lo hizo y no lo va a hacer porque sabe que pierde de vuelta y por paliza.

Porque una cosa es el voto al gobierno y otra cosa a quien elige la gente para que los represente en el lugar de trabajo, en los derechos laborales, en los Convenios Colectivos. Si este pueblo pudiera decidir sobre quien quiere que lo represente frente a los patrones no tengo ninguna duda que no elegiría a la CGT o a los que hacen seguidismo.

Nosotros hubiéramos votado en contra del acuerdo alcanzado en el Consejo del Salario por 2.300 pesos porque no se ajusta a la inflación verdadera. De ser así no podría ser inferior a los $2700 que reclamamos nosotros.

Pero tampoco la cifra es determinante porque son muy pocos trabajadores los que se regirán por ella. A los trabajadores estatales, por ejemplo, que son más de dos millones en todo el país, no les corresponde este salario mínimo. Un trabajador de la municipalidad de Resistencia (Chaco) ni loco llega a esa cifra ni el municipio está obligado a pagarlo.

Otras cosas que no se plantean son la necesidad de fijar la Canasta Básica, la necesidad de discutir un aumento en el seguro de desempleo que está congelado en $400, la necesidad de discutir el tema de la unificación de las asignaciones familiares o la desaparición del impuesto a las ganancias sobre el salario que es algo inconstitucional.

Nada de eso se discutió en el Consejo del Salario. Fue una foto para mostrar un consenso. Pero es un consenso peligroso porque en democracia si hay una sola voz es que algo no esta funcionando del todo bien. No refleja el disenso, la opinión distinta.

Nosotros estamos convencidos que Yasky va a terminar mimetizado con Moyano en la CGT y esa foto lo refleja claramente”.

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Argentina- Bolivia: Movimientos sociales y disputas por el territorio y los recursos naturales

Juan Wahren (COPENOA)

A partir de la década del noventa las disputas por los territorios y los recursos naturales aparecen en la escena latinoamericana como conflictos ligados a diferentes movimientos sociales que habitan y practican esos territorios: movimientos campesinos, indígenas, pequeñas poblaciones rururbanas despliegan una multiplicidad de acciones colectivas en defensa de sus territorios y modos de vida, generando a su vez “campos de experimentación social” en disputa con los procesos de apropiación y reterritorialización desplegados por empresas multinacionales, los estados nacionales y ONG´s; entre otros actores.

En este trabajo indagamos acerca de las tensiones, conflictos y negociaciones que aparecen en estos procesos de territorialización y disputa por los usos y sentidos acerca de los recursos naturales; para ello delimitamos tres ejes principales de investigación que se encuentran interrelacionados: a) analizar y comprender las disputas en la construcción de territorialidad de los movimientos sociales y los usos y sentidos acerca de los recursos naturales que allí se encuentran; b) aportar dimensiones analíticas en torno a los estudios sobre acción colectiva y movimientos sociales y el proceso de configuración identitaria a partir de especificidades propias de las experiencias de los movimientos sociales de América Latina, particularmentete en torno a la noción de territorialidad y, c) analizar las tensiones existentes entre autonomía y heteronomía de los movimientos sociales en sus relaciones con el Estado.

Para esto, trabajaremos a partir de los conceptos de acción colectiva, movimientos sociales, latencia y visibilidad, territorialidad, colonialidad, campos de experimentación social, etc. Los casos abordados se encuentran en una misma región geográfica, la Selva de Las Yungas y el chaco salteño y tarijeño e involucran distintos actores sociales organizados en la Unión de Trabajadores Desocupados de Gral. Mosconi en la provincia de Salta (Argentina) y la Asamblea del Pueblo Guaraní en el departamento de Tarija (Bolivia).

La Unión de Trabajadores Desocupados de Gral. Mosconi en Argentina y la Asamblea del Pueblo Guaraní de Tarija en Bolivia (1995-2010).

Informe completo aquí.

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Argentina: Sin el oficialismo, se aprobaron dictámenes para amnistiar a los asambleístas

INFOALTERNATIVA
Criticaron las contradicciones del Gobierno, por denunciar a los manifestantes. Algunos diputados pidieron avanzar con un proyecto contra la criminalización de la protesta social.

Pese a la ausencia del oficialismo, la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación aprobó dos dictámenes –uno por mayoría y otro por minoría– para amnistiar a los asambleístas de Gualeguaychú que cortaron rutas en protesta contra la instalación de la pastera UPM (ex Botnia) en Uruguay.

Los proyectos fueron presentados por los entrerrianos Cristina Cremer de Busti (PF) y Atilio Benedetti (UCR); el primero acompañado por Gustavo Zavallo (PF) y el segundo por Ulises Forte, Ricardo Gil Lavedra, Elsa María Álvarez, Mariano Fiad, Gustavo Cusinato, Miguel Ángel Giubergia, Silvana Giudici, Juan Pedro Tunessi de la Unión Cívica Radical y Elisa Carrió (CC), Lisandro Viale (PS), y Lidia Satragno y Federico Pinedo del PRO.

El diputado Horacio Alcuaz (Gen) advirtió las pocas posibilidades de que la amnistía a los asambleístas avance, debido a la falta de apoyo del Frente para la Victoria, y remarcó la necesidad de avanzar en un proyecto de su autoria contra la criminalización de la protesta social, según la crónica del sitio Parlamentario.

Para el diputado, los proyectos de amnistía “tienen escasas chances de que puedan ser tratados”, dado que tienen giro a la Comisión de Asuntos Marítimos y Fluviales que preside el oficialismo.

En cambio, recordó que su proyecto, que “abarca los procesos a lo largo y a lo ancho del país”, tiene giro sólo a la Comisión de Legislación Penal por lo que en caso de aprobarse podría se tratado directamente en el recinto.

La norma de Alcuaz tiene por finalidad “garantizar el derecho a la participación popular en la vida pública, el derecho a organizarse en sus distintas formas, así como a la protesta social, a fin de evitar su criminalización”.

Por su parte, Benedetti negó que los proyectos sean usados con fines electorales y criticó al Gobierno nacional por las contradicciones sobre el tema: “El Gobierno alentó una protesta legítima pero vaya a saber por qué después la criminalizó”, expresó el diputado entrerriano.

Del mismo modo, Cremer sostuvo que “esto no es un motivo del momento ya que llevamos este pedido desde hace muchos años”. Y la titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja, Victoria Donda (Libres del Sur), consideró que esta “es una situación de suma urgencia como el de otros luchadores sociales y populares”. Tanto Donda como Vega y Ricardo Gil Lavedra (UCR), apoyaron los fundamentos del proyecto de Alcuaz.

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Repudian proyecto de “tolerancia cero” para contraventores

CHACO DIA POR DIA

Profesionales y militantes sociales rechazan un proyecto de ley impulsado por el diputado, Sergio Vallejos, que plantea extender al doble la prisión preventiva para supuestos contraventores. Afirman que el proyecto viola normas constitucionales.

Un grupo de profesionales, estudiantes y militantes sociales de Chaco y Córdoba mostraron su abierto repudio a un proyecto de ley impulsado por el diputado aliancista, Sergio Vallejos, en el cual se pretende modificar el Código de Faltas para que se amplíen los días de arresto preventivo a las personas que estén sospechados de cometer contravenciones y sean reincidentes. Dicha iniciativa parlamentaria será tratada esta semana en comisión de la Legislatura provincial.

El polémico proyecto lleva el número 2317/11. El mismo pide modificar el artículo 133 del Código de Faltas provincial ampliando de tres a seis los días que un juez puede disponer la prisión preventiva de una persona sindicada como autor de una contravención y que a su vez sea reincidente. En su momento, Vallejos presentó esta medida apuntando a los casos de quiniela clandestina, un delito contravencional que tiene particularmente preocupado al gobierno chaqueño y que generó más de una queja por parte de las autoridades de Lotería Chaqueña por los pocos días de arresto preventivo que tienen los banqueros detenidos.

Ante esta iniciativa de Vallejos, desde el Ateneo para la Construcción de la Conciencia Nacional -una organización social chaqueña recientemente constituida por estudiantes, profesionales y militantes sociales- mostraron su “profundo rechazo” señalando que el proyecto busca endurecer “irracionalmente los plazos de la medida cautelar restrictiva de la libertad de detención preventiva en el marco de un proceso contravencional”, según advirtieron.

“El proyecto de reforma propuesto se sustenta en el paradigma de ‘tolerancia cero’, más aún cuando los intérpretes -con amplias facultades- del código de faltas resultan los agentes de una policía no profesionalizada dominada aún por una cultura organizacional castrense, que no poseen formación ni recursos logísticos para la investigación de delitos complejos u organizaciones criminales y en muchos casos funcional a la reproducción de las redes de ilegalidad existentes y con grados creciente de violencia institucional. Concretamente el código de faltas permite privar de libertad a una persona con la sola afirmación de un empleado policial que una persona ‘producía desordenes’ o ‘no quiso identificarse’, sin necesidad de orden judicial”, señala la organización.

“Es preciso volver a subrayar que además esto agravará el hacinamiento en las comisarías y contribuirá al actual colapso del sistema penitenciario que registra en los últimos meses la muerte de 5 personas a causa de incendios -en hechos que aún no se han esclarecido- y que recuerdan tristemente la condena impuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la muerte del artesano Ángel Greco”, afirma el Ateneo.

“El Estado posee la responsabilidad de garantizar el libre y pacífico ejercicio de los derechos y libertades constitucionales de los ciudadanos y para ello se deben implementar estrategias de abordaje integral perdurables con metas institucionales verificables democráticamente, que se sustenten en información precisa acerca de las causas y el impacto de la violencia, donde se articulen las políticas de seguridad con otras políticas públicas tendientes a construir ciudadanía y no profundizar las procesos de desigualdad. Por ello rechazamos el ‘amateurismo’ en las formulaciones de políticas públicas y las recetas mágicas”, señalan.

“Criterio peligrosista”

Este repudio tuvo la adhesión de profesionales de la provincia de Córdoba. En una carta remitida al diputado justicialista y presidente de la Comisión de Legislación General, Martín Nievas, este grupo de personas constituido por periodistas, psicólogos, antropólogos, abogados y docentes, rechazaron el proyecto de Vallejos por considerar que viola el principio de inocencia ante la ley.

“El Estado no puede privar de libertad a una persona sin previamente haber demostrado su culpabilidad en un hecho concreto. Dicho en otros términos, la Constitución Nacional asegura el ‘principio de inocencia’ de todos los habitantes del país, y una consecuencia lógica de tal principio es la tramitación de todo expediente, con el imputado en libertad”, afirman.

“Negar la posibilidad de libertad a un aprehendido por la policía durante la tramitación del expediente contravencional, implica realizar predicciones sobre la futura conducta, lo cual es un criterio peligrosista que busca neutralizar a quien tiene la categoría de “peligroso”, lo cual no es compatible con el Estado de Derecho”, añade el grupo de profesionales cordobeses.

“La prohibición de conceder la libertad anticipada a un imputado contravencional por su condición de reincidente viola el principio de culpabilidad (art. 18 C.N.), ya que aplica un castigo penal (cautelar, pero castigo al fin) a una persona por hechos que ya ha cometido, o aún no realizados, por lo que ese sujeto “es” y no por lo que “hace”, ya que en esta etapa no se le ha probado culpa alguna en la causa por la que estará detenido. La norma no admite excepciones ya que establece una restricción general para todos aquellos imputados que reúnan tal condición”, sostuvo.

"¿Ajustado a la Constitución?"

“El proyecto de ley construye una presunción ‘iuris et de iure’, que contiene un juicio de mayor peligrosidad, mayor capacidad contravencional o mayor posibilidad de volver a cometer faltas, afirmaciones que sólo tienen fundamento en la condición previa que el imputado ostenta (reincidente) y que fuera objeto de valoración al momento de dictado de la sentencia contravencional, por lo que también viola el principio de Non bis in idem. ¿Es esto ajustado a parámetros y normas constitucionales? Creemos que la respuesta debe ser negativa”, abundan.

“Por tanto, la privación contenida en el proyecto de ley, incorpora cuestiones y valoraciones relativas a la peligrosidad del sujeto, con asiento en una condición previa del mismo y ajenas a los hechos y conducta de que pueda dar cuenta durante la tramitación de su causa, lo cual es inconstitucional, en tanto lesiona el principio de culpabilidad y de derecho penal de acto, que se derivan en forma directa del Estado de Derecho y hallan su fundamento expreso en el art. 19 de la C.N.”, señala el documento que cuenta con el apoyo del Observatorio de Prácticas en Derechos Humanos, de la Universidad Nacional de Cordoba y la cátedra de Criminología, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Córdoba, y lleva las firmas de: Lucas Crisafulli, abogado, docente e investigador; Romina Scocozza, abogada; Daniela Spósito, Periodista, docente y Licenciada en Filosofía, y Malena Previtalli, psicóloga, entre otros.

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Argentina, Córdoba: Ordenan indemnizar a trabajadores echados por presentarse como candidatos a delegados

Comercio y Justicia - PRENSA RED

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) condenó a la sociedad estatal a indemnizar Luis Alejandro Brizuela y Ramón Gerardo Vergara que eran empleados y candidatos a delegados gremiales en el casino de la ciudad de Villa Carlos Paz.

Tras considerar la Lotería de la Provincia de Córdoba Sociedad del Estado una entidad plena con capacidad de contratar y cesantear empleados conforme lo establece su propio estatuto, sin que exista responsabilidad del Estado provincial por ese ejercicio, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) condenó a la sociedad estatal a indemnizar a dos ex agentes candidatos a delegados gremiales y excluyó al Superior Gobierno de la Provincia de la condena. Paralelamente, el fallo desestimó la aplicación de las leyes de consolidación para la determinación de los intereses de la deuda.

En el caso, Luis Alejandro Brizuela y Ramón Gerardo Vergara eran empleados y candidatos a delegados gremiales en el casino de la ciudad de Villa Carlos Paz y acudieron a la instancia extraordinaria a fin de revertir el rechazo de la condena solidaria de la Provincia junto con la Lotería.

La decisión del tribunal inferior había negado esa pretensión, al entender que la sociedad no era una entidad autárquica con facultades amplias para ejercer la superintendencia y la administración del juego. Asimismo, los actores se agraviaron porque al capital se le aplicaron los intereses fijados por las leyes de consolidación de deudas.

Ante ese marco, el Alto Cuerpo, integrado por Luis Enrique Rubio-autor del voto-, Carlos García Allocco y M. Mercedes Blanc de Arabel, señaló que conforme se dispone en la ley nº 8665 que creó a la Lotería de la Provincia de Córdoba Sociedad del Estado, ésta “tiene plena capacidad jurídica”, destacando que su estatuto “prevé que puede realizar todos los actos necesarios para alcanzar su objeto”.

En ese marco, normativo el TSJ destacó que la sociedad estatal “peticionó las bajas de los actores con fundamento en los artículos 5, inciso e) y 30 del Estatuto para el Personal de las Salas de Entretenimiento (ley N° 5.944) y que el Ministerio de Asuntos Institucionales y Desarrollo Social dispuso a partir del 31.08.98”.

En tal sentido, se añadió que dicha entidad “ejercía el poder disciplinario que oportunamente tuvo el “Banco Social de Córdoba”, por lo que se sostuvo que “le asiste razón al recurrente cuando afirma que la persona jurídica pública era la empleadora”, condenándose así a la Lotería de la Provincia de Córdoba Sociedad del Estado y excluyendo de la condena al Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba.

Intereses

Al tratar los intereses aplicables, teniendo en cuenta el crédito adeudado consistente en indemnización artículo 50, ley 23551 y diferencia de indemnización por distracto, el tiempo transcurrido, la sucesión de leyes de emergencia, las consecuencias derivadas de la pérdida del empleo y las dificultades de reinserción en el mercado laboral, el TSJ decidió “declarar inaplicable la consolidación de deudas dispuesta por la ley 8836 y modificar los intereses ordenados”, aplicando los intereses establecidos en el precedente ‘Hernández c/ Matricería Austral SA”.

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Presidente boliviano remarca la importancia de las elecciones judiciales

PL

El presidente boliviano, Evo Morales, remarcó hoy la trascendencia de las elecciones judiciales de octubre próximo, un hecho inédito en el mundo porque decidirá el voto popular.

Morales reiteró ante medios de prensa que Bolivia necesita un poder judicial efectivo, que haga verdadera justicia.

Por ello, consideró que quienes promueven la abstención y el voto en blanco son enemigos de la mujer, del movimiento indígenas campesino y de la democracia, al destacar la inédita presencia de esos sectores en los venideros comicios.

La ministra de Justicia, Nilda Copa, opinó recientemente que en Bolivia y en muchos países del planeta se espera con gran expectativa esas elecciones, porque en ningún lugar del mundo los ciudadanos tuvieron hasta ahora la opción de elegir directamente a las máximas autoridades del poder judicial.

Por ello, exhortó a la oposición a no empañar los comicios y llevar adelante una campaña sujeta a los mandatos de la Constitución Política del Estado.

También el senador del gubernamental Movimiento Al Socialismo, Eugenio Rojas, dijo que la oposición busca cualquier pretexto para inhabilitar a los postulantes, sobre todo a los indígenas.

Opinó que detrás de esa actitud se esconden intereses personales, económicos y políticos.

Según datos oficiales, el 1 de septiembre se iniciará la difusión de méritos de los candidatos, mediante la publicación de las fotografías, los datos personales y el currículo de cada uno.

Los bolivianos elegirán el próximo 16 de octubre nueve magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia, siete al Tribunal Constitucional Plurinacional, siete el Tribunal Agroambiental y cinco para el Concejo de la Magistratura.

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Familiares de desaparecidos peruanos esperan exhumaciones

PL

Familiares de más de dos mil peruanos desaparecidos esperan que el gobierno ponga en marcha un Plan Nacional de Exhumaciones para encontrar a sus parientes perdidos, dijo hoy un activista humanitario.

El expresidente de la desactivada Comisión de la Verdad que investigó la violencia de la llamada guerra interna de 1980 a 2000, Salomón Lerner Febres, hizo el comentario con motivo del Día Internacional de los Desaparecidos.

Según Lerner, el plan citado debe ser parte de la política de reparaciones a los afectados por la violencia de esos años, prometida la semana pasada por el primer ministro, Salomón Lerner, para satisfacción de organizaciones de derechos humanos.

Recordó que el informe de la Comisión de la Verdad, presentado en agosto de 2003, incluyó un registro preliminar de dos mil 144 desaparecidos.

La nómina debió completarse con investigaciones de los gobiernos de Alejandro Toledo (2001-06) y Alan García (2006-11), los que no cumplieron la tarea.

Según el citado informe, el mayor número de desaparecidos (722), principalmente tras ser detenidos por fuerzas militares, policiales o paramilitares, se registraron bajo el primer gobierno de García (1985-90).

Hubo además 679 desapariciones bajo la administración de Fernando Belaunde (1980-85), 559 bajo la de Alberto Fujimori (1990-2000) y 184 en fechas por determinar

La falta de esclarecimiento provoca que en las familias de los desaparecidos y en la sociedad peruana haya heridas que no han cerrado.

Lerber añadió que las exhumaciones de restos sepultados en fosas comunes abrirán un camino de esperanza y justicia para los familiares de las víctimas, a fin de que terminen de procesar debidamente el duelo por la pérdida de sus seres queridos.

Según dijo, el Plan Nacional de Exhumaciones debiera comenzar con la determinación de los lugares de los enterramientos y que, una vez extraídos los restos e identificadas, las fosas deben ser declaradas santuarios, una reparación simbólica a los desaparecidos.

Recordó el reciente hallazgo casual de los restos de nueve campesinos apresados y asesinados en 1992 por el paramilitar Grupo Colina, dedicado a ultimar sospechosos de actividades armadas bajo el régimen de Fujimori.

Señaló que un número no precisado de matanzas similares se registraron en otras zonas del país, principalmente en la región andina, y que los restos de las víctimas fueron enterradas clandestinamente, lanzadas a abismos o incineradas.

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Guatemala: Preocupa a pueblos indígenas discurso de candidatos en relación a transnacionales

Héctor Tecúm (CERIGUA)

El Consejo de Pueblos K’iches por la defensa de la vida y la madre naturaleza, de Quiché, ha mostrado su preocupación por el discurso asumido por candidatos, tanto a la presidencia de la República como a diputaciones, al hablar de una renegociación con las empresas sobre el tema de regalías.

Aurora Lolita Chávez Ixcaquic, dirigente de la referida organización, dijo que como organización mantienen su postura de no permitir la entrada de más empresas transnacionales, como se ha determinado en las consultas comunitarias de buena fe, que continuarán accionando en contra del actual gobierno, por tratar de imponer una ley que viola los derechos específicos de los pueblos K’iches.

En un foro organizado este domingo con candidatos al Legislativo, la dirigente dijo que como organización están en contra de que si se renegocian y se aumentan las regalías habría posibilidad de que operen las empresas, este es un planteamiento que los candidatos tienen sin haber consultado antes a los pueblos.

Para nosotros, defender el planeta es defender la vida y no vamos a dejar esta lucha por el aumento de regalías, porque luchamos por la vida, no por dinero; queremos vida, no queremos dólares ni euros, por eso seguiremos luchando por la defensa del agua y de la vida, como nos enseñaron nuestros abuelos, dijo Chávez.

Este es el segundo foro organizado por el Consejo de Pueblos Kich’es, las semana pasada se desarrolló uno similar, pero con candidatos a la alcaldía; sin embargo, en el último se observó menos presencia de pobladores, lo que para los organizadores confirma ese abismo que existe entre los candidatos y las comunidades.

Varios candidatos habían confirmado su presencia, pero finalmente no asistieron, como los representantes de los partidos Patriota, Unión del Cambio Nacional y Alianza Democrática Nacionalista, lo que fue considerado una burla y falta de respeto.

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Proclama líder panameño ruptura con gobierno Martinelli

PL

El líder del partido Panameñista, Juan Carlos Varela, proclamó la ruptura de la coalición de gobierno con Cambio Democrático del presidente Ricardo Martinelli y confirmó que los ministros de su agrupación renunciarán.

Después de una intensa reunión de la dirección del panameñismo y luego de que en Gaceta Oficial se publicara la destitución de su puesto como canciller de la República, Varela dijo que se mantendrá en el cargo de vicepresidente porque fue elegido por el pueblo.

Dijo que con su destitución el presidente Martinelli hace uso de una facultad política que no le corresponde, pero en la forma que lo hizo deja un mensaje bien claro a él y al partido Panameñista.

Me he reunido, dijo, con el equipo que me acompañó en estos 26 meses de duro trabajo y de lucha por la transformación política de este país, la cual continuaré desde la vicepresidencia.

He pedido a los ministros panameñistas que hagan transiciones ordenadas y profesionales con lo cual cesa nuestra colaboración con el gobierno; las lamentables declaraciones del presidente y la forma de hacerlas no dan otra alternativa.

Indicó que seguirán trabajando por el país; los ministros tomaron una decisión de renuncia y la ratificaron en la reunión que acabamos de sostener, por lo tanto termina nuestra actuación en el gobierno.

Varela dejó constancia que la ruptura de la alianza fue una decisión tomada por el presidente Martinelli. Nos vamos con la frente en alto y dejando logros en los ministerios en los que trabajamos, señaló.

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El Salvador: El Ministerio de Salud tiene dificultades en la vacunación en lugares con fuerte presencia de maras

Gloria Silvia Orellana (COLATINO)

La ministra de Salud, María Isabel Rodríguez, junto al Jefe de Infectología, Eduardo Suárez, planean implantar otras alternativas para la vacunación de menores que viven en zonas con presencia de grupos de pandillas o maras.

Suárez explicó que la presencia de “maras” o pandillas dificultan el acceso de los equipos médicos del Ministerio de Salud, para vacunar a toda la población infantil de esas zonas.

“Buscaremos otras iniciativas como invitar a los padres a que salgan de esos lugares y se acerquen a las Unidades de Salud, y los equipos médicos que se encuentran en centros públicos”, explicó.

Mientras, la Ministra Rodríguez pidió a los medios de comunicación a unirse en una campaña de difusión que la vacuna del sarampión está a disposición de la población salvadoreña.

“Que la gente sepa que se está vacunando contra el sarampión, hay mucha gente que no lo sabe, y si tenemos la vacuna y estamos esperando que la gente llegue, porque realmente hay lugares donde no se puede llegar”, expresó.

Sobre la cobertura del Ministerio de Salud, Suárez informó que se tienen niveles adecuados en lo que va del primer semestre del presente año.

“Alcanzaríamos niveles del 90%, solo nos preocupa la vacuna del sarampión que llevamos una cobertura acumulada de un 42 % o 43%, es por eso, que en los últimos meses del año que faltan debemos intensificar la vacunación y obtener un valor del 90%”, subrayó.

Del mapa de las vacunaciones en el país se aplican la pentavalente (cinco enfermedades), difteria, tosferina, tétanos, influenza estacionaria, hepatitis B, poliomelitis y neumococo que superan el 90% de cobertura.

Suárez, señaló que las vacunas están destinadas a la población infantil y adultos mayores, que son los grupos más susceptibles de la población.

“Tenemos la vacuna contra la influenza estacional la cual, no sólo se aplica a niños, a los adultos mayores, sino también, a la mujer embarazada y esto es importantísimo porque esta enfermedad se comporta de forma agresiva con este grupo de personas”, reiteró.

Las declaraciones de los funcionarios fueron vertidas en el foro de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, en la cual habrá un intercambio de experiencias.

Sobre las prioridades del MINSAL y el esquema de vacunación, Suárez aseguró que están priorizando incorporar otra vacuna.

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Mexicana de Aviación aún sin capital para remontar vuelo

PL

A un año del cese de las operaciones de Mexicana de Aviación por problemas financieros, hoy se cumple el plazo para declarar la quiebra de la compañía aérea, alertan los representantes sindicales de la aerolínea.

Según el gobierno federal, tampoco se utilizarán recursos del erario público para su rescate y para autorizar su despegue los grupos inversionistas interesados en su compra deberán presentar y garantizar 250 millones de dólares, actos sin realizar aún.

Para Lisette Clavel, de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA), hay desconfianza de los inversionistas para apostar por una empresa emblemática y con un alto valor de marca.

"Está la suma de voluntades, pero falta la inyección de capital, me parece que todo es desconfianza de los inversionistas de saber que van a estar arriesgando su capital en una concesión de Estado que va a estar supeditada a los vaivenes del mercado", dijo.

El 28 de agosto de 2010, Nuevo Grupo Aeronáutico, propietario de las tres aerolíneas que pertenecieron a Grupo Mexicana (Compañía Mexicana de Aviación, Mexicana Click y Mexicana Link) decidió cancelar las operaciones de estas líneas aéreas.

La decisión se debió a los graves problemas de liquidez que se atravesaban, y ante la imposibilidad de alcanzar acuerdos para cambiar el contrato colectivo con trabajadores y de estructura financiera con acreedores.

Durante este año, una decena de grupos inversionistas se han interesado en la compañía, sin que hasta ahora puedan demostrar su capacidad financiera para que la Secretaria de Transporte y Comunicación les otorgue el certificado de operador aéreo.

Esta situación mantiene a más de 200 mil trabajadores sin empleo, según Miguel Ángel Yúdico, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Transportes, Transformación, Aviación, Servicios y Similares.

Yúdico comentó que ha faltado decisión y seriedad por parte de los inversionistas, ya que una y otra vez han fallado en demostrar su solvencia financiera.

Para esta semana los grupos interesados, Ivan Barona, Altus Prus y Avanza Capital, se comprometieron una vez más a presentar sus fondos, con lo cual se avivaron las esperanzas de definir el proceso de capitalización de Mexicana de Aviación.

Este lunes los sindicatos de la empresa igualmente solicitaron la intervención del presidente Felipe Calderón para una pronta solución al conflicto y recuperar los empleos.

Fernando Perfecto, secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), asegura que con la salida de la empresa las tarifas en el mercado doméstico se incrementaron de 10 a 60 por ciento, mientras que en el internacional de 70 hasta 280 por ciento.

La ausencia de la aerolínea afecta la conectividad del país y presiona el gasto de los mexicanos al incrementar las tarifas aéreas, añadió.

Además de ceder la soberanía de los cielos a compañías extranjeras y mantener la incertidumbre de las familias por la pérdida de empleos, aseguró.

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México: Felipe Calderón eliminó el Estado de Derecho

Anayeli García Martínez (CIMAC)

Felipe Calderón estableció un Estado de hecho y no de Derecho, lo que a lo largo de su administración ha recrudecido las violaciones a los Derechos Humanos (DH) de mujeres, niñas, indígenas, periodistas y de los propios defensores y defensoras de las garantías humanitarias.

Para el doctor en Ciencia Política por la UNAM José Enrique González Ruiz así se resumen cinco años de gestión calderonista en materia de DH. “La impunidad sigue siendo la regla, los perpetradores de delitos graves contra las personas nunca son sancionados. Por eso necesitamos un cambio, una transformación total del Estado”, demanda en entrevista.

Es larga la lista de pendientes de la actual gestión federal por el número de violaciones a los DH presentadas ante instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Asimismo, la impunidad es el rasgo común en casos como el de los asesinatos de las activistas Josefina Reyes, Marisela Escobedo, Josefina Chávez y Beatriz Cariño; y en el de las periodistas Elvira Hernández Galeana y Yolanda Ordaz.

Recuento de los daños

Con Felipe Calderón al frente del Ejecutivo federal, el Estado mexicano ha sido condenado en cinco ocasiones por incurrir en graves violaciones a los DH. De este modo, México es el país, sólo después de Colombia, con el mayor número de denuncias (232) ante la CIDH.

En noviembre 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) emitió la primera sentencia contra el Estado mexicano. Se trata de tres casos de feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua, perpetrados en 2001 en el predio conocido como Campo Algodonero.

La segunda condena la recibió en diciembre de 2009, la cual se refiere a la desaparición forzada del luchador social Rosendo Radilla, en Guerrero, en 1974.

En 2010 el Estado mexicano recibió tres veredictos más: en octubre tuvo dos condenas por la violación sexual de las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo a manos de militares en 2002.

Y en diciembre la CoIDH condenó a nuestro país por la detención arbitraria y tortura de dos campesinos ecologistas de Guerrero, en 1999.

Si bien todas estas violaciones a los DH no se cometieron durante la actual administración federal, sí corresponde a Felipe Calderón castigar a los responsables y resarcir el daño a las víctimas.

A estas condenas en proceso de cumplimiento, se suma el aumento de 45 por ciento entre 2010 y 2011 de quejas por presuntas violaciones a DH ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Simulación

En un lustro, el Estado mexicano ha sido cuestionado a nivel internacional porque lejos de reducir la delincuencia y garantizar la vigencia de los DH, implementó una política de seguridad que simula el respeto de esos derechos.

En el Examen Periódico Universal 2009, elaborado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, México recibió 83 recomendaciones del mecanismo internacional en temas como justicia, armonización legislativa, políticas públicas, discriminación, violencia contra las mujeres, protección de periodistas y derechos de los pueblos indígenas y migrantes, entre otros.

En cinco años, representantes de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos han visitado el país, entre ellos los relatores de Libertad de Expresión, de Defensores de Derechos Humanos, de Migrantes, de Independencia de Jueces y Abogados, y de Personas Privadas de la Libertad.

En sus observaciones preliminares las y los relatores constataron el clima de zozobra que afecta la vigencia de los DH de la población, y manifestaron su preocupación por la violencia y el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

En 2010, organizaciones de la sociedad civil denunciaron ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU que el Estado mexicano simula cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de DH.

Tal es el caso de instancias ciudadanas como el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), la Red Nacional de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, y la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

Las agrupaciones acusaron al Estado mexicano durante la revisión del cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

Respecto a la sentencia de la CoIDH sobre el caso Campo Algodonero, igualmente la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez y Justicia para Nuestras Hijas no se han cansado de reiterar el incumplimiento de las autoridades respecto al castigo a los responsables de feminicidio y la reparación del daño.

Defensoras y periodistas

En el documento “Protección para periodistas y defensores de Derechos Humanos”, la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) señala como necesaria la implementación de políticas de seguridad ciudadana acordes con el pleno respeto y garantía de los DH.

La oficina reconoce que periodistas y defensores de DH se han convertido en uno de los sectores de la sociedad más vulnerables a la violencia e inseguridad, lo cual tiene un impacto negativo en las condiciones en que ejercen sus actividades.

Del 1 de enero de 2006 al 31 de agosto de 2009, la instancia de Naciones Unidas contabiliza un total de 36 defensoras, 72 defensores, 17 organizaciones civiles y seis familiares que fueron presuntamente víctimas de algún tipo de agresión.

En el caso de periodistas, las organizaciones civiles Cencos y Artículo 19 informan que en 2010 29 mujeres periodistas fueron víctimas de agresión, las cuales se caracterizaron por amenazas con componentes sexuales y con alusiones hacia sus familias.

De acuerdo con la OACNUDH, las amenazas, intimidaciones, actos de hostigamiento, detenciones arbitrarias, interposición de acciones legales infundadas, asesinatos y otras formas de agresión, muestran el grave entorno en el que desarrollan sus actividades.

Fin a políticas represivas

En opinión del coordinador del programa de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), José Enrique González Ruiz, el concepto de seguridad tiene que ser de “seguridad humana” y no “democrática”.

Explica que la seguridad democrática hace referencia a políticas represivas mientras que la seguridad humana toma en cuenta el respeto de los DH y no deja en vulnerabilidad a la ciudadanía.

En sus informes, la OACNUDH observa que México atraviesa por un momento crítico debido a que la violencia plantea serios retos para las autoridades.

En diciembre de 2009 la ONU y la OEA elaboraron el “Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos”, en el que afirman que el concepto de seguridad en nuestro país debe cambiar para dejar de concentrarse sólo en más “policías y cárceles”.

Foto: México - Vestido de militar, el presidente Felipe Calderón rinde "tributo" a las Fuerzas Armadas. / Autor: LA JORNADA

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Sospechas sobre tráfico de armas en agencia federal Estados Unidos

PL

El director de la agencia estadounidense Buró de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, por siglas en inglés), Kenneth Melson, fue destituido hoy en medio de un escándalo administrativo.

Un comunicado oficial precisa de la transferencia de Melson al Departamento de Justicia (DJ), en el cual fungirá como consejero en ciencias forenses. Un juez de Minnesota, Todd Jones, asumirá como jefe de la ATF.

En la misma jornada, el fiscal federal para Arizona, Dennis Burke, presentó su dimisión al presidente Barack Obama y admitió su porción de responsabilidad en un caso que involucra tráfico de armas con extranjeros.

En próximas horas se espera además la resignación de la magistrada principal en tribunales de Phoenix, Emory Hurley, quien se sospecha indirectamente colaboró con Burke en el oscuro procedimiento.

Pesquisas del Congreso y del propio DJ evidenciaron que un extraño programa policial de la ATF permitió que un gran e ilegal inventario de armas de grueso calibre entrara a Estados Unidos y países vecinos.

De acuerdo con las investigaciones, una parte de ese armamento -entregado a supuestos informantes- fue vinculado con 12 crímenes violentos en territorio norteamericano y otra cantidad desconocida en México.

A inicios de agosto se informó que patrulleros de fronteras en Estados Unidos permitieron que narcotraficantes mexicanos entraran toneladas de cocaína a este país a cambio de información de inteligencia.

El hecho fue notificado por abogados del acusado Jesús Vicente Zambada Niebla, quien fue extraditado a Chicago con cargos por tráfico de drogas y es procesado en un tribunal estadal.

Los diarios El Paso Times y el Houston Chronicle, ambos de Texas, reseñaron además que Zambada Niebla operaba como una especie de informante secreto del Departamento Especial Antidrogas (DEA) estadounidense mientras al mismo tiempo era buscado por agentes federales.

Si la información se confirma como verídica podría dañar aún más el prestigio de instituciones como la ATF y su polémica y recién concluida Operación Rápido y Furioso.

Trascendió que Zambada y su abogado personal se reunieron en 2008 con agentes de la DEA en un hotel de México. Se supone que el cartel de Sinaloa fue el encargado de transportar los cargamentos de cocaína hacia adentro de Estados Unidos.

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España: "Indignados" contra reforma

ANSA

El movimiento de "indignados" 15-M se manifestará mañana en Madrid en contra de la reforma de la Constitución para fijar un límite del déficit público acordada por el gobernante Partido socialista (PSOE) y la principal fuerza de la oposición, el Partido Popular (PP).

El lema de la manifestación decidida anoche en la Puerta del Sol por el movimiento 15-M en asamblea será "No a esta reforma de la Constitución. Abajo el orden de los mercados y del capital".

Un grupo de seis "indignados" que trataron de acampar cerca de la Puerta del Sol al concluir la asamblea fueron desalojados por la policía.

La manifestación de mañana terminará en el Congreso, que este viernes vota la reforma de la Constitución promovida la pasada semana por el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, para introducir en ella un límite del déficit público.

Los "indignados" reclaman la celebración de un referendo para la reforma de la Constitución -la primera desde 1992-, no requerido por ley a menos que el 10% de los diputados o los senadores lo pidan.

Otra manifestación contra la reforma de la Constitución, convocada por los dos sindicatos mayoritarios, se celebrará el 6 de septiembre.

En el primer paso parlamentario de la reforma el PSOE y el PP se quedaron ayer solos pues prácticamente todos los grupos nacionalistas y los minoritarios o no votaron o lo hicieron en contra o se abstuvieron.

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Francia: Vuelta a clases bajo ambiente de huelgas

PL

Las federaciones y sindicatos de la Educación Nacional en Francia anticiparon una vuelta a clases caldeada por una huelga general para protestar por la reducción de puestos en el sector.

Los gremios efectúan ya asambleas y reuniones en las diferentes regiones del país para aunar acciones y lograr una participación efectiva el próximo 27 de septiembre.

Advirtieron no obstante, que esta jornada será el anticipo de nuevas movilizaciones. Para el curso 2011-2012 se prevé la disminución de otras 16 mil plazas al no reemplazar una de cada dos personas en retiro por la jubilación, después de eliminar más de 50 mil desde 2007.

De acuerdo con los pronósticos del gobierno, en 2012 desaparecerán 14 mil empleos más.

Los gremios se preguntan cómo el gobierno garantizará el éxito de los alumnos a todos los niveles y elevará su nivel de calificación con menos educadores y más escolares.

El sindicato Snes-FSU deploró que este año entrarán en secundaria y preuniversitario 79 mil 536 estudiantes mientras se suprimirán en esos niveles cuatro mil 800 profesores.

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Rebeldes y OTAN asedian Sirte, pese a celebración musulmana

PL

Los rebeldes libios, apoyados por la OTAN, mantienen hoy el asedio a Sirte, ciudad natal de Muamar El Gadafi, pese a la celebración aparentemente distendida en esta capital por la festividad musulmana del Eid El-Fitr.

Milicias de los insurgentes siguen apostadas varios kilómetros alrededor de Sirte a la espera de refuerzos desde esta capital y de que expire el ultimátum dado a los líderes tribales de esa localidad para que se rindan a más tardar el sábado.

La urbe en la costa mediterránea, casi 400 kilómetros al oriente de Trípoli, fue blanco ayer de bombardeos aéreos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), cuya agresión a este país ha sido clave para los éxitos militares de los alzados contra El Gadafi.

Mientras prevalece la tensión y enfrentamientos esporádicos en localidades que siguen apoyando a El Gadafi, como Sirte, Bani Walid y Sabha, la jefatura del Consejo Nacional de Transición (CNT) se empeña en mostrar en esta capital un ambiente de júbilo y calma.

Los jefes del CNT, instancia que condujo la insurrección contra el Gobierno, declararon que controlan la carretera de Sabha a Trípoli, y los alrededores de Sirte, así como las localidades circundantes de Bin Jawad, Ras Lanuf y Nawfaliya.

La bautizada como Plaza de los Mártires, en alusión a los muertos durante el levantamiento popular iniciado el 17 de febrero, se llenó de familias que acudieron a los rezos matutinos por el Eid El-Fitr o Pequeño Bairam, fiesta que marca el fin del mes musulmán del Ramadán.

En la plaza predominaron banderas tricolor (negro, rojo y verde) y disparos al azar al aire, en tanto en otras zonas de Trípoli comienzan a verse señales muy discretas de normalidad con algunas tiendas y mercados populares abiertos, aunque todavía muy desabastecidos.

Según residentes aquí, son palpables los recortes o escasez -cuando no carencia total- de alimentos, agua, medicinas, combustible y electricidad, además de que el vacío de poder y la anarquía tras la salida de El Gadafi de la capital generan inseguridad en algunos.

Entretanto, el líder militar del CNT en Trípoli, Abdelhakim Belhaj, aseguró hoy al canal catarí Al Jazeera haber recibido una llamada telefónica de Saadi El Gadafi, el tercer hijo del líder libio, en la que estaría sopesando la posibilidad de entregarse a los rebeldes.

Los insurgentes prosiguen la cacería para tratar de localizar al mandatario y su hijo Saif Al-Islam, mientras presionan a Argelia a fin de que repatrie a la segunda esposa de El Gadafi, Safia, su hija Aisha, que ayer dio a luz una niña, y a sus vástagos Hannibal y Mohammed.

El CNT tildó de "acto de agresión" el gesto humanitario de Argel de acoger a una parte de la familia del evadido mandatario libio.

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Acciones israelíes insuflan tensiones con Egipto

PL

Israel añadió hoy más tensión a la crisis con Egipto tras reforzar la seguridad en la frontera del Sinaí y enviar dos barcos militares al Mar Rojo con el pretexto de prevenir nuevos ataques.

Según comentaron medios noticiosos locales, el Ejército sionista adoptó rigurosas medidas de seguridad en la zona de la península del Sinaí, concretamente en los límites con Egipto y la Franja de Gaza, esta última controlada por el movimiento islamista palestino Hamas.

El jefe de Estado Mayor del Ejército israelí, general Benny Gantz, confirmó el reforzamiento de la vigilancia en la línea de demarcación con Gaza, un día después de que la marina de guerra envió dos embarcaciones a la frontera con este país en el Mar Rojo.

Según diversas fuentes, el viceministro israelí de Defensa, Matan Vilnai, alertó de posibles atentados contra objetivos sionistas durante la festividad musulmana del Eid El-Fitr, que hoy cumple el segundo de sus tres días.

Los israelíes dijeron recibir advertencias de que milicianos del movimiento Jihad Islámica están en el Sinaí egipcio planeando otro ataque al sur de Israel y esperan para golpear.

Las acciones de Tel Aviv, comentaron dos influyentes rotativos egipcios, añaden más tensión y desconfianza a la crisis desatada a raíz de la muerte de cinco soldados y policías fronterizos nacionales en un ataque de militares israelíes el pasado 18 de agosto.

Ese mismo día, un comando palestino penetró en el norte de la localidad fronteriza de Eilat y provocó la muerte de ocho personas, a lo cual respondió el Ejército sionista con el asalto letal a la frontera egipcia.

A raíz de la crisis, las autoridades de El Cairo estudian modificar el tratado de paz suscrito con Israel en Camp David, en 1979, a fin de poder aumentar el número de efectivos militares a desplegar en la frontera del Sinaí, ahora restringido.

Fuentes castrenses afirman que Egipto recibió la aprobación de Tel Aviv para desplegar mil 500 soldados adicionales en la citada península a fin de combatir el terrorismo en las zonas B y C, las más distantes de la línea limítrofe, mientras negocia elevar su presencia en la A.

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Irán acusa Occidente de patrocinar terrorismo con doble rasero

PL

Irán acusó hoy a Estados Unidos y sus aliados de Occidente de ser los principales y mayores promotores del terrorismo, y deploró el doble rasero respecto a ese flagelo contra países que no se someten.

El vicejefe de Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, general Mohammad Hejazi, responsabilizó a Washington de fabricar una "dicotomía de terrorismo bueno y diabólico", y por eso -acotó- acusa a Teherán de apoyar a grupos terroristas.

Hejazi, encargado de las investigaciones logísticas e industriales en la institución castrense, habló en una ceremonia para conmemorar el aniversario del asesinato del expresidente iraní Mohammad Ali Rajayee y del exprimer ministro Mohammad Javad Bahonar.

"En la lógica de los occidentales, hay dos tipos de terroristas: buenos y diabólicos. Si un terrorista actúa en línea con sus intereses, entonces es bueno y ellos lo apoyan", subrayó al refutar alegaciones estadounidenses por considerarlas "irreales y sin fundamento".

Añadió que cuando alguien constituye una amenaza menor a sus intereses (los de Estados Unidos y sus aliados), "ellos la usarán como excusa para embarcarse en una agresión y fortalecer su poderío militar.

El jefe militar persa afirmó que las acusaciones norteamericanas contra la República Islámica buscan proseguir una "guerra psicológica" sobre Irán, por lo que refutó un informe del Departamento de Estado estadounidense divulgado el 18 de agosto.

Dicho documento acusó a este país de continuar el financiamiento, entrenamiento y suministro de armas y municiones a extremistas en Iraq, imputaciones que las autoridades iraníes rechazaron de modo categórico.

Precisamente, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ramin Mehmanparast, desestimó alegaciones de la Unión Europea (UE) respecto a que el Cuerpo de Guardianes Revolucionarios Islámicos (CGRI) ha estado involucrado en los recientes sucesos de Siria.

Mehmanparast valoró ese pronunciamiento como una acción para "echar la culpa a otros países", y lamentó que la UE "recurra al doble rasero" en su enfoque sobre los acontecimientos regionales

Según el vocero, las potencias occidentales "tratan de desviar la atención de la opinión pública mundial sobre las violaciones de los derechos humanos por parte de los regímenes bajo su patrocinio".

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Agosto: Mes más letal para ejército Estados Unidos en Afganistán

PL

El presente mes de agosto se convirtió en el más mortífero para las tropas estadounidenses en Afganistán en 10 años de intervención armada del Pentágono, informó hoy la cadena CNN.

Un total de 66 militares norteamericanos murieron durante este periodo en el país centroasiático para superar un tope establecido en julio de 2010, cuando 65 soldados fueron dados de baja.

Prácticamente la mitad de los uniformados cayó el 6 de agosto cuando una granada autopropulsada lanzada por fuerzas insurgentes derribó un helicóptero en la oriental provincia de Wardak.

En esa ocasión, 30 miembros del servicio activo murieron, incluidos 17 suboficiales del comando especial Navy SEALs. Fue el mayor golpe recibido por el ejército de Estados Unidos desde que entró en 2001 en Afganistán.

En contraste, 36 militares fueron muertos en todo el mes de julio último. Antes de las cifras de agosto, la mayor cantidad de tropas muertas en un mismo mes este año sucedió en junio, con 47 elementos.

El envío en 2009 de un contingente adicional de refuerzo, con 33 mil soldados, indujo también que la cantidad de soldados caídos aumentara respecto a años previos, con 499 en 2010.

En años anteriores al contingente suplementario, el mayor número de elementos muertos en un mismo año fue 155 en 2008, resumió la televisora CNN.

Unos 10 mil soldados estadounidenses están programados para salir de Afganistán a finales de 2011, mientras que todo el personal militar se prevé que regrese en diciembre de 2014.

Este martes el presidente Barack Obama subrayó que "ahora es tiempo de hacer la transición de operaciones de combate a apoyo, que los afganos tomen responsabilidad y poner un fin responsable a las operaciones".

Mientras que el déficit de Estados Unidos es virtualmente inconcebible (14,3 billones de dólares), la guerra de Washington en tierras afganas ha resultado costosísima: dos mil millones de dólares mensuales.

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Al menos 10 muertos y 25 heridos por explosión suicida en Pakistán

XINHUA

Al menos diez personas murieron, entre ellas, una mujer y una chica, y otras 25 resultaron heridas a consecuencia de una explosión suicida ocurrida el miércoles por la mañana en el aparcamiento de una mezquita en la ciudad de Quetta, en el suroeste de Pakistán, informó el canal de televisión local en lengua urdu ARY.

El informe indicó que la explosión tuvo una naturaleza suicida, citando al jefe de la policía de la ciudad de Quetta, Ahsan Mehboob. Los reportajes preliminares señalaron que fue un ataque con bomba activada por control remoto.

La explosión tuvo lugar sobre las 09:50 hora local del miércoles en el aparcamiento de una mezquita localizada en la calle de Gulistan (Quetta) cuando un atacante suicida se inmoló mientras conducía un coche cargado de explosivos entre los muchos vehículos estacionados en el citado aparcamiento.

Aproximadamente 14 coches fueron destruidos tras la potente explosión, que también causó daños parciales en los edificios cercanos.

La mayoría de los muertos o heridos en la explosión son musulmanes chiíes, que acudieron a la mezquita para ofrecer oraciones en la festividad del Eid al-Fitr, revelaron las fuentes policiales.

El grupo musulmán chií de Quetta ha anunciado siete días de luto después del mortal atentado.

La policía ha encontrado una granada de mano al despejar el lugar de los hechos. Los expertos en desactivación de bombas indicaron que se estima que unos 40 kilos de explosivos se hayan usado en el atentado.

Hasta el momento ningún grupo ha reivindicado el ataque.

Se trata de la primera explosión seria que tiene lugar en Pakistán al inicio del Eid al-Fitr, una festividad que este año se celebra entre el 31 de agosto y el 3 de septiembre, y que marca el término del Ramadán, o mes de ayuno musulmán.

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Dialogarán China y Vietnam sobre relaciones próxima semana

PL

China y Vietnam sostendrán la próxima semana un diálogo de alto nivel sobre temas estratégicos de sus relaciones, informaron hoy fuentes oficiales.

Con ese fin el Consejero de Estado, Dai Bingguo, realizará una visita a Hanoi a partir del lunes para copresidir la quinta reunión del comité directivo bilateral con el viceprimer ministro Nguyen Thien Nhan, según explicó el vocero de la cancillería Ma Zhaoxu.

Ese foro anual constituye una plataforma en la que se analizan asuntos de importancia fundamental que afectan los nexos entre los dos países y en sus sesiones participan funcionarios de los partidos gobernantes y de los gobiernos centrales y locales, entre otros.

La venidera cita tiene como antecedente inmediato un compromiso conjunto sobre la solución de la disputa asociada al Mar de China Meridional mediante consultas y negociaciones.

Esa coincidencia trascendió en un encuentro aquí el pasado lunes entre el ministro de Defensa Liang Guanglie y el vicetitular de esa cartera Nguyen Chi Vinh.

Según se informó entonces, la parte china dijo estar dispuesta a trabajar con la otra para salvaguardar firmemente los intereses estratégicos comunes y las relaciones en su conjunto así como la paz y estabilidad en la mencionada zona mediante el fortalecimiento de las consultas.

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