jueves, 1 de septiembre de 2011

Estados Unidos: Nueva fase imperial

Carlos Angulo Rivas (especial para ARGENPRESS.info)

¿Por que no se llamó a los cascos azules de la ONU como buscadores de la paz en Libia? ¿Por qué la intervención de la OTAN y la destrucción mediante un bombardeo inmisericorde, y por qué nuestro silencio?

Lo peor es el silencio, la aceptación plena de las noticias sin haberse formado un criterio de lo que realmente ocurre. Las noticias llegan a nuestros hogares sin pedir permiso. Luego la costumbre es repetir la elaboración de medias verdades técnicamente difundidas. De esta manera “la verdad única” se impone, habla por nosotros y sólo entonces para los intereses imperialistas todo va en paz. Mediante esta especie de verdad oficial existe la democracia, la libertad, la justicia y el respeto a los Derechos Humanos. En consecuencia, Estados Unidos y las alianzas imperiales avanzan con la política de rapiña de los recursos naturales del mundo en medio de nuestro silencio. Y si no aceptamos esta realidad indiscutible, pues, simplemente, nos convertimos en los malos de la película y sin más ni más en sospechosos de terrorismo.

Tenemos dos males internacionales. Prevalecen la globalización neoliberal en la economía y el pragmatismo invasor-militar en la política; la lucha por las ideas está casi muerta. El primer mal nos ha llevado a una crisis económica insuperable a través de los mecanismos del “libre mercado,” donde la técnica de la especulación impuesta por los hombres más ricos del planeta y las empresas transnacionales significa más pobreza terrenal; tal avaricia usurera no llega a ser un sistema económico por cualquier lado que se le mire, sin embargo, rige por encima de los gobernantes. El segundo mal nos conduce a las guerras de la usurpación, el botín y el pillaje; del abuso injustificado, la ilegalidad y el neocolonialismo; como se observa esta agresión a los pueblos del mundo está basada en la superioridad de la alta tecnología militar y el poder financiero imperial. ¿Acaso, esta política es el Nuevo Orden Mundial? ¿Está la Comunidad Internacional perdida? ¿Debemos resignarnos a esta situación realmente existente?

La guerra de Irak comenzó con una mentira enorme, la existencia de armas de destrucción masiva nunca poseídas ni halladas. Sin aprobación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, George W. Bush formó su propia coalición político-militar con anuencia del británico Tony Blair y el español José María Aznar, luego invadió Bagdad y ocupó el país entero sin medir consecuencias. Para centenares de miles de víctimas, entre asesinados, desaparecidos, refugiados y fugitivos, se usa el eufemismo de “daños colaterales.” Esta estratagema guerrera constituyó y constituye un negocio multimillonario pagado por los iraquíes en petróleo, donde el gobierno títere impuesto por la ocupación militar extranjera es calificado de patriótico, liberador y democrático. Hoy en día, el ex analista de la CIA, Ray McGovern, afirma que generales, políticos y contratistas del Departamento de Defensa son los beneficiarios de las guerras en Irak y Afganistán, y añade que el presidente Barack Obama es un “prisionero de este complejo industrial militar.”

La invasión a Afganistán se inicia como una cruzada contra el terrorismo. La justificación fue el terrible, irracional e inadmisible ataque del 11 de Septiembre, 2001, en territorio de Estados Unidos, a las torres gemelas de New York, el Pentágono y el avión de American Airlanes en Pennsylvania. La OTAN tomó a su cargo la acción bélica con acuerdo de la ONU. Esta invasión y ocupación militar lleva diez años, Osama Bin Landen está muerto. Lo que sigue en discusión es si se necesita invadir, ocupar países soberanos y colocar gobiernos títeres, para acabar con el terrorismo y las organizaciones fundamentalistas como Al Qaeda. Y, ahora, a fin de entender la política del pragmatismo invasor-militar del imperialismo, cuya expresión principal se da en el Medio Oriente y África, debemos observar los mayúsculos intereses económicos que se mueven alrededor del control de la producción petrolífera mundial y de la energía. Téngase presente que en un desliz de sinceridad el congresista estadounidense del partido demócrata, Ed Markey, declaró a la cadena MSNBC: “Bueno, estamos en Libia a causa del petróleo.”

Precisamente, Libia, otro país soberano, viene siendo invadido por fuerzas militares extranjeras. Estados Unidos a través de su instrumento militar llamado OTAN interpretó el encargo de mediar, en un supuesto conflicto interno en Libia, con la autorización a bombardear ciudades, destruir las defensas militares, apoyar y armar a los “rebeldes” y tomar la capital Trípoli eliminando a Muammar Al Gaddafi, el gobernante de la llamada revolución verde que terminó con una monarquía colonial en 1969. La resolución adoptada por Naciones Unidas a fines de marzo pasado, sin escuchar a los observadores internacionales, establecía la necesidad de un “bloqueo aéreo” en Libia, de ninguna forma la destrucción de la que es objeto para apoderarse de ese país por parte de Estados Unidos y sus aliados, potencias extranjeras con intereses económicos concretos en esa parte del continente africano. En realidad la intervención armada de la OTAN ha creado una “guerra civil” entre las fuerzas leales al gobierno y un conjunto de mercenarios y políticos oportunistas, listos a establecer un régimen títere al estilo de Irak o Afganistán, ya que el autotitulado Consejo Nacional de Transición y los “rebeldes” dejan de existir si la OTAN se retira. Este es un escenario muy distinto al ocurrido en Egipto con el derrocamiento de Mubarak, en Libia no existe presencia activa de la población postulando el destronamiento de Gaddafi.

Ciertamente, la nueva fase imperial de Estados Unidos emerge nítida con la intervención armada en Libia. Y no se trata sólo de apropiarse del petróleo que ya lo tienen sino de establecer el AFRICOM - Comando Militar de Estados Unidos para África, actualmente con sede en Stuttgart, Alemania, tal como lo señaló, en una entrevista, el economista franco-egipcio, Samir Amin. Los medios de comunicación masiva en el mundo, todos bajo el control militar, de “seguridad” y económico, acompañan esta política de guerra de rapiña neocolonialista mediante una red de mentiras. Volverán a contar la historia de los “vencedores” con sus incontables “daños colaterales” y volverán a achacar los más horribles crímenes y las violaciones de los Derechos Humanos, por supuesto, al derrotado. Con esta política cada vez más descarada y cínica, la de una doble moral si aún existe alguna en la Casa Blanca, todos los países del mundo viven desprotegidos totalmente. En América Latina no debemos olvidar las agresiones imperialistas contra Cuba, Chile de Allende, Venezuela, Honduras, en la Nicaragua sandinista con los “contras”, como tampoco las invasiones en Panamá y Santo Domingo. Mucho cuidado con los conflictos artificiales creados por la CIA o las “guerras civiles” como por ejemplo en Colombia para establecerse con sus soldados y mercenarios. Siempre debemos estar alertas y nunca silenciosos.

Un nuevo orden mundial es posible, pero todavía esta expectativa no está en el camino deseado. Depende de nosotros mismos encontrar el camino.

Carlos Angulo Rivas es poeta y escritor peruano.

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Chile: El valor de la vida

Andrea Dufournel (especial para ARGENPRESS.info)

Cuando nos toca la muerte, así de golpe, nos duele… pero cuando esa muerte ocurre por la mano de Estado, de quienes se supone, deben protegernos nos deja helados. Pero nuestra sociedad está acostumbrada a que, cada cierto tiempo, nos quiten a uno de nuestros hermanos de manera brutal. Ocurrió durante la dictadura, cuando el terrorismo de Estado se transformó en algo cotidiano y cada día esperábamos el nombre de algún compañero para agregar a la lista de asesinados o torturados o desaparecidos en medio de montajes elaborados sin ningún pudor por los organismos represivos.

Al lograr, luego de años de lucha, el regreso de la tan anhelada “democracia”, pensamos que aquella ignominia acabaría, pero debo decir con mucha tristeza que aquello se ha venido repitiendo cada cierto tiempo y se está haciendo costumbre el asesinato de alguno de nuestros hijos.

Comenzaron con nuestros hermanos mapuche, Jorge Antonio Suárez Marihuan (2002), Edmundo Alex Lemun Saavedra 17 años (2002), Julio Alberto Huentecura Llancaleo (2004), Xenón Alfonso Díaz Necul 17 años (2005), Juan Lorenzo Collihuin Catril 71 años (2006), Matías Valentín Catrileo Quezada 22 años (2008), Jhonny Cariqueo Yañez (2008), Jaime Facundo Mendoza Collio 24 años (2009), los anteriormente nombrados, murieron en extrañas circunstancias en medio de lo que el estado ha llamado el “conflicto mapuche” hasta hoy no se ha hecho justicia. Sus muertes no han sido reclamadas con la fuerza necesaria para que los culpables reciban el castigo merecido, tal vez el caso de Alex Lemún: disparo en la cabeza y de Matias Catrileo baleado por la espalda, sean los más emblemáticos ya que se logró establecer que los disparos que terminaron con sus jóvenes vidas provinieron de Carabineros. En estos dos casos se pretendió hacer un montaje para ocultar la responsabilidad de quienes tiraron del gatillo, hasta hoy los culpables gozan de la impune libertad. A esto se suma la muerte de 44 jóvenes conscriptos fallecidos congelados en abril de 2005, en Antuco, hoy han quedado en libertad los culpables: el mayor Cereceda y un sargento, por haber cumplido la mitad de la pena

Hoy nos conmovemos, nuevamente, por la muerte de otro adolescente chileno, Manuel Gutiérrez de 16 años, asesinato ocurrido la noche del jueves 25 de agosto. Los hechos ocurrieron en la oscuridad, esa oscuridad que da posibilidad del anonimato y que, en primera instancia el segundo jefe de la zona metropolitana general Sergio Gajardo declaró: "Descarto de plano la participación de Carabineros. Sé que hay alguna versión dada por algunas personas que estaban con él de que habría pasado un vehículo por el lugar donde ellos estaban, y ese vehículo cumpliría no sé con qué característica, que ellos lo atribuyen a que era un vehículo de Carabineros". Al mismo tiempo, el Secretario General de la Presidencia Andrés Chadwick manifestó que: "Carabineros ha señalado que no ha tenido participación en esta situación”, en tanto el Diputado RN, Alberto Cardemil manifestó: "entre los violentistas y los carabineros, yo le creo a los carabineros". Al cabo de tres días de ocurrido el alevoso crimen, aparece un carabinero confesando que él disparó aquella noche, fue dado de baja y hoy se encuentra detenido mientras se desarrolla la investigación.

Quienes hemos visto la brutalidad con que, la policía militarizada a reprimido, golpeado, y ahora asesinado a nuestros hermanos decimos basta, basta de abusos, basta de montajes, ya es hora de que quienes tienen la responsabilidad como superiores jerárquicos y autoridades civiles asuman sus responsabilidad ya que no es suficiente con dar de baja a un puñado de policías de menor rango. El director general de Carabineros Eduardo Gordon también debe renunciar, así mismo debe hacerlo el Ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter pues es la autoridad civil que ordena a Carabineros de Chile “controlar” a los manifestantes, no es suficiente con dar las condolencias a las familias o pedir que el tema “no se politice” es la forma menos digna de evitar asumir sus responsabilidades.

Quienes nos prometieron alegría y democracia, que gobernaron durante 20 años, no castigaron a los culpables y hoy, quienes le prometieron al pueblo cambio, futuro y esperanza también deben hacer justicia. Jorge, Alex, Julio, Xenón, Juan, Matías, Jhonny, Jaime y ahora Manuel están esperando, para que nunca más nuestros niños, jóvenes y hermanos sean asesinados impunemente exigimos justicia, nada más pero nada menos.

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Insulte no más que ya no es delito

Alberto Maldonado (especial para ARGENPRESS.info)

Hace décadas, un periodista norteamericano (ya fallecido) sentenció: Estados Unidos es tan libre que uno puede insultar al Presidente, y no pasa nada; uno puede insultar a la madre del Presidente; y tampoco pasa nada. Pero uno no puede decir que se ha encontrado un gusano en una botella de Coca – Cola.

Esto para significar la importancia que iba adquiriendo la publicidad, para un medio de comunicación. Hoy en día, la publicidad comercial (a la que denominan marketing) impone sus líneas de conducta, sus políticas. Y pobre del medio que no atienda estas políticas comunicacionales. Amén que la propia dinámica “social” va imponiendo sus preferencias. La sociedad de consumo en vigencia (compre, compre, compre; endéudese, endéudese, endéudese no mas) va imponiendo sus preferencias: el 85% de la publicidad (miles de millones de dólares, cada año) está dedicado en la actualidad a la televisión, como el medio comunicacional de mayor impacto y llegada (imagen y sonido, como la vida misma) Y apenas del 15% se dividen entre la radio (redes) y la prensa escrita. Y la prensa escrita está resultando el patito feo de la familia, porque cada día sus problemas económicos son definitivos. Muchos diarios, en el mundo entero, están cerrando sus puertas o “digitalizándose” (utilizando los sistemas y redes del internet para tratar de sobrevivir)

Es decir, la sociedad de consumo y el mundo de los “medios mediáticos” son como si algún malvado hubiese soltado un elefante, en una casa de cristal. Los medios de comunicación son indispensables, absolutamente necesarios para el sistema imperante (el neoliberalismo) pero, si en el camino, se van quedando algunos (quebrando) pues ¡qué mala suerte! Seguramente no han hecho las tareas necesarias para la supervivencia, en materias como la lectoría (un diario, una revista, mientras más leído(a) mejor) y las preferencias públicas (una telenovela, una serie policial USA, los espacios de la farándula, etc.)

De ese condicionamiento, a la televisión basura o el diarismo amarillo o las radios “coloquiales” solo hay un paso. Los productores de espacios parten del supuesto que hay que darle a los públicos lo que los públicos “piden”: mientras más truculentos los medios, mejor; mientras más escandalosos, mejor. Casi ya no hay lugar para la llamada “prensa seria”. Y la prensa seria, si quiere sobrevivir, tiene que ser igual a la prensa amarilla. Mejor si hay un gobierno al que se le puede endosar desde las pillerías menores (robos en buses, atracos en las calles, sacapintas, robos de domicilios, etc.) hasta los crímenes más impactantes y absurdos. En cualquier caso, la lógica del capitalismo se impone en este sector aunque hay una nueva tesis: los diarios impresos siguen siendo indispensables en muchos países (Ecuador entre ellos) y, por lo tanto, hay que tratar de mantenerlos aunque sea “perdiendo” y este perdiendo no es que pierden, dejan de ganar los miles de millones de antaño.

Es lógico que haya solidaridad “de clase” entre personajes de un mismo gremio. Y la lógica elemental se ha impuesto “para defender” a El Universo de Guayaquil, tan pronto como un juez de primera instancia (Juan Paredes) ha dictado sentencia, también de primera instancia, condenando al periodista diletante e indiscreto Emilio Palacio, a tres años de prisión y cuarenta millones de multa, junto a tres “ejecutivos” del mismo diario. Y esto –lo segundo- es imperdonable. Al señor Palacio (el diablo paga mal a su devotos) que le condenen a prisión, a multas millonarias; pero no a los tres ejecutivos (herederos) del diario. Eso es inadmisible. Eso no se puede tolerar sin que la “sagrada libertad de expresión” (de ellos) se afecte. Por último, que al señor Emilio Palacios le crucifiquen (eso, a la final, es un “lei motiv” para seguir afirmando la oposición) que para eso sirvió. Pero no que “se atente” contra el periódico que acogió al mencionado señor; y que, según el mismo diario y quienes firman por sus trabajadores y periodistas, ya es un ex. Por lo tanto, que hagan con él lo que les dé la gana; pero nada contra los herederos del periódico, que le dieron cabida durante años, para que diga lo que los mencionados señores querían que diga.

En el Ecuador, funciona, desde hace décadas, un organismo llamado Asociación Ecuatoriana de Empresarios (Dueños) de Periódicos (AEDEP) una especie de sindicato patronal de medios comunicacionales impresos que, como debe ser, está muy ligada a la SIP-CIA. No conozco si en otros países latinoamericanos existen asociaciones semejantes (deben existir) pero esta AEDEP está para eso: para defender a sus afiliados. Y el diario El Universo, es parte esencial de la AEDEP y de la SIP-CIA y de todo ese tramado que Eva Golinger (abogada USA y venezolana) llama la “Telaraña Imperial”

Debo traer a colación a esta AEDEP porque, con gran despliegue informativo y de opinión (como debe ser, si son los dueños de las noticias y de las críticas) acaba de presentar un escrito en la corte provincial (Guayaquil) donde debe definirse la apelación interpuesta por los ejecutivos de El Universo y el propio Emilio Palacio. Según la AEDEP, en el Ecuador, el desacato (insulto, agravio malas señas, al Presidente de la República o a sus ministros) ya no es delito. Semejante aseveración abogadil me recordó al periodista norteamericano; y si ello es verdad, el Ecuador, país tercer mundista, va acercándose cada día al primer mundo. Según la AEDEP, de hoy en adelante, uno puede insultar, calumniar, difamar a un Jefe de Estado, siempre y cuando lo haga a través de un medio de comunicación.

Entonces –pregunto- ¿por qué tanta alharaca? Porque en estos días, especialmente desde que se dictó la sentencia de primera instancia (hay otras dos en ciernes) los “medios mediáticos” no solo de Ecuador sino del mundo entero han gastado tanta tinta en protestas, editoriales, resoluciones, contra el Gobierno-Correa, por haber enjuiciado al señor Emilio Palacio y haber logrado una sentencia de primera instancia, si todo ha estado suprimido constitucionalmente. Periódicos “tan prestigiosos” como El Mercurio de Santiago, La Nación y Clarín, de Buenos Aires (entre otros) han salido en “defensa de la libertad de expresión” seriamente amenazada (según ellos) en el Ecuador. Y no dejo de recordar que esos medios mediáticos fueron los que justificaron y sostuvieron a dictadores tan feroces como Pinochet o Videla.

Que los empleados y trabajadores de un medio comunicacional salgan a defender sus puestos de trabajo, si se ratifica o aplica la sentencia de primera instancia, es de elemental reacción; en especial si les dicen que el “malo de Correa” lo que quiere es liquidar al periódico. Que los vendedores del periódico (canillitas) estén siendo presionados para que salgan a los plantones “en defensa de la libertad de expresión” se explica, aunque la adhesión ciudadana a tales plantones sigue siendo raquítica. Pero, de allí, que la AEDEP salga a decirnos que el agravio a través de un medio de comunicación ha sido suprimido por la nueva Constitución (a la que ellos combatieron, sin tregua) pues lo único que demuestra es que los abogados y los empresarios de la prensa impresa, nos creen a los y las ecuatorianas, una partida de mensos, que nos vamos a tragar cualquier afirmación del o los abogados de una defensa, que para eso están, me supongo que muy bien pagados. ¿O me equivoco?

También se me viene a la cabeza una vieja película de Tin Tan y su carnal Marcelo. Si la memoria no me falla, creo que la película se llamaba “No me defiendas compadre” Según viejos abogados (que si saben de doctrina) lo que acaba de hacer la AEDEP, con su escrito a la corte pidiendo que se anule el juicio, es como reconocer que efectivamente El Universo y don Emilio Palacio, si incurrieron en injurias, nada menos contra el Presidente de la República. En consecuencia, dicen los abogados, lo mejor que podría pasarle a El Universo y más implicados, es que el tribunal penal rechace el escrito, por improcedente, ya que la AEDEP no es parte del juicio y nada tiene que decir, ni a favor ni en contra.

Sospecho además que los empresarios de la comunicación quieren ganar ese juicio en base al escándalo, las mentiras, la manipulación informativa y de opinión. Ahora que el principal actor del desaguisado ha huido a Miami (a dónde más podía ir) y se ha declarado perseguido político, la SIP-CIA, los periódicos y más medios del sistema, pueden apelar a la “conciencia ciudadana” de que los jueces le condenen no más al señor Palacio pero que liberen a los tres ejecutivos de El Universo, que no tienen más culpa que haber dado trabajo a un tal por cual que no ha sabido utilizar adecuadamente las columnas impresas que pusieron a su disposición.

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México: La insostenible procuración de la unidad

Gerardo Fernández Casanova (especial para ARGENPRESS.info)

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“Que el fraude electoral jamás se olvide.
Ni tampoco los miles de muertos inocentes.”

Dentro de las fronteras del absurdo, el invasor de la residencia presidencial convoca a la unidad nacional. Es un despropósito que, quien más ha contribuido al rompimiento del entramado social, pretenda restituirlo por la vía discursiva y lo condicione a que la unidad se dé en torno de su ilegítima posición. Felipe Calderón reclama la unidad para, supuestamente, combatir a la criminalidad y la violencia imperantes, en mucho provocada por su nefasta administración, sea por error de diseño o por aviesa intencionalidad. La unidad así planteada implicaría que la sociedad aceptara sin chistar la militarización del país, la cancelación de los derechos humanos y la resignación a sufrir en la zozobra del monopolio oficial de la violencia. No es por ahí.

Hasta en la más elemental de las sociedades la unidad se da en torno a la aceptación común de las reglas del juego y su correspondiente observancia por los participantes. Las constituciones y las instituciones son los instrumentos que permiten el acuerdo entre las partes para dirimir las diferencias y los conflictos de intereses. La actual debacle mexicana es producto natural del abandono y la violación de la norma básica, expresada en la prostitución de las instituciones colocadas al servicio de una minoría privilegiada y en perjuicio de los intereses de la mayoría.

El punto nodal que permite la coexistencia y la unidad en lo fundamental se ubica en el ejercicio de la democracia, de la que su vertiente electoral constituye el valor más preciado e importante. El México de la última década del pasado siglo había alcanzado un grado razonable de acuerdo entre las partes en materia de elecciones, después de años de luchas ciudadanas encaminadas a dar certeza y equidad a los procesos. Las elecciones de 1997 y 2000 fueron clara expresión de tal calidad institucional, aún muy lejos del ideal, pero con suficiencia para la aceptación de los resultados por las partes. La estulticia hecha gobierno llevó a Fox a romper el delicado acuerdo alcanzado; su enferma terquedad para eliminar de la contienda a López Obrador, que se vio frustrada por la movilización ciudadana, y la venganza orquestada mediante el fraude electoral que impuso a Calderón, acabaron de enterrar los esfuerzos de muchos años de construcción democrática. No haber aceptado el recuento de los votos, como era el reclamo de un importante sector de la sociedad, significó la puntilla del artero crimen contra la democracia. Es a partir de ello que el país quedó fracturado; más allá de la campaña sucia y de la indebida intervención de gobernantes y organismos empresariales, incluso de las carretonadas de dinero volcadas a favor del candidato oficial, las trampas cibernética y tradicional, determinaron el apretado resultado con el que se violó la voluntad y la soberanía popular.

Ya entrados en gastos de violaciones, el régimen ha sido más que explícito: como no cuenta con el respaldo social para reformar la constitución, promueve legislación secundaria que la viola en los hechos; así sucedió en materia energética y de pensiones, así se pretende hacer en materia laboral y de seguridad. ¿Cómo puede pedirse unidad nacional en tales condiciones?

La reconstrucción del país requiere de la regeneración del acuerdo fundamental, incluso mediante una nueva constitución. La única forma de unidad a que podemos aspirar es la que derive en la aceptación común de las reglas del juego. El Nuevo Proyecto de Nación propuesto por el MORENA postula el respeto a la decisión soberana de la mayoría popular, sin demérito a la participación de los grupos minoritarios. Respetémonos, pues.

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El asesinato de Candela. El peor de los fracasos

Alejandro Guerrero (PRENSA OBRERA, especial para ARGENPRESS.info)

Patearon puertas, rompieron casas. Pusieron en la calle 1.600 agentes, dos helicópteros, 16 perros rastreadores y 143 móviles policiales con identificación. Dieron el alerta a Interpol y hasta hubo allanamientos en Uruguay. Sin embargo, el cadáver de Candela Rodríguez apareció el miércoles por la tarde a treinta cuadras de su casa. Enseguida se supo que el lunes 29, por la noche, la madre de la niña había recibido un llamado extorsivo: “Que devuelva la guita, porque no la va a ver más a la hija”. De acuerdo con eso, los fiscales vincularían el crimen con la pertenencia del padre de Candela a una banda de piratas del asfalto. O sea, un ajuste de cuentas atroz.

Ahora bien: la piratería del asfalto es una actividad que no puede desenvolverse sin protección policial. Por lo tanto, la policía debió saber dónde y cómo buscar. No lo hicieron, y no sería descabellado pensar que las internas policiales y políticas, con sus correspondientes coberturas y encubrimientos mafiosos, hayan conspirado contra el desarrollo de la investigación. Hasta el modo de operar de los criminales tiene “la marca de la gorra”.

La tragedia del final se transforma inevitablemente en una crisis política, desde el momento en que la fortísima movilización vecinal, y la explosión mediática que esa movilización produjo, hicieron que la presidenta de la Nación se involucrara personalmente en el asunto y la policía se desplegara de manera inusual, como no lo hizo en ninguno de los tantos casos similares que siguen sin resolverse. Más de 800 procedimientos condujeron sólo a la nada (¿pura ineficacia?).

Atención ahora al caso de Sandra Mamani Llanos, de 14 años, desaparecida desde hace más de tres semanas. Sandra fue vista por última vez a la una de la tarde del 8 de agosto, cuando iba a la escuela. Esa misma noche su familia denunció la desaparición en la Comisaría 52ª, en Villa Lugano, pero nada se hizo durante las primeras 48 horas, que son clave en esos casos.

210

En la actualidad, 210 chicos menores de 18 años son buscados por sus familias. Durante este año, desaparecieron en promedio tres chicos por día, y se supone que hay muchos casos más no denunciados. Según informa la ONG Red Solidaria, seis de cada diez personas desaparecidas son mujeres, pero en la franja etaria de 18 a 30 años casi todas son mujeres. He ahí la mano de las redes de trata.

Federico Cash, padre de María, la joven de 29 años desaparecida hace casi dos meses, dijo: “El método de búsqueda de personas desaparecidas no sirve. Me muevo más rápido yo que cualquiera de las fuerzas”. La ineficacia no es casual: estamos ante un sistema ominoso de protección a las redes de trata, que rinde apenas un poco menos de ganancia que el contrabando de armas y el narcotráfico, en ese orden. Ese dinero ha hecho que las redes penetren en el aparato estatal hasta ser parte de él.

El entrelazamiento del Estado con las diferentes variantes del delito organizado ha dejado ver, en el crimen de Candela, su otra cara: la incapacidad de ese mismo Estado para dar cuenta del delito, incluso cuando la presión popular lo obliga, supuestamente, a desplegar sus recursos. Juicio y castigo a los asesinos de Candela. Por una comisión investigadora independiente. Todo nuestro compromiso con los familiares, vecinos y el movimiento de lucha que reclama justicia.

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No hay palabras...

Prof. Juan Carlos Sánchez (especial para ARGENPRESS.info)

Después de nueve días, la búsqueda de Candela no tuvo el final que todas y todos deseábamos. Y el dolor atraviesa a la sociedad argentina que, azorada, asiste a una nueva cita con el horror.

Desde el pasado 22 de agosto, no hubo quien faltara para colaborar en esa tarea incesante. Desde el común de la ciudadanía al último funcionario, no se escatimaron esfuerzos para encontrarla. Sin embargo, hoy nos asombra su hallazgo a tan sólo 25 cuadras de su casa, al igual que la coincidencia de autoridades y de los medios en ese instante trágico.
Las circunstancias que rodean a la forma en la cual fue hallada nos hablan de impunidad. Si bien todavía se está investigando para dar con los autores materiales e intelectuales de este hecho aberrante, resulta evidente que éstos querían dar un claro mensaje de corte mafioso.
Desde lo humano, no hay palabras para ese dolor que hoy compartimos. Pero sabemos de esa manipulación mediática y política en estos tiempos electorales. La exacerbación del morbo por parte de los multimedios irá en aumento en las próximas horas. La imputación de responsabilidades será el arma de buena parte de la clase política, a la cual solamente le interesa su rédito electoral.
Mientras tanto, muchas y muchos están comprando el discurso de esa derecha que no descansa. Está volviendo ese "meta bala" de Ruckauf o la apelación a la pena de muerte. Y ello es gravísimo en esta Argentina que ha sufrido la mayor de sus tragedias durante la dictadura militar. Nuevamente, el medio pelo agita el fantasma de la inseguridad gracias al mensaje multimedial que está rodeando a este desenlace.
El desafío en estas horas es tratar de sobrellevar esta sensación de angustia. También la de acompañar a la familia que, como tantas otras en casos similares, está en el peor de los momentos que puedan vivirse. Se trata del desgarramiento, de esa bronca e indignación por lo sucedido que no tiene límites.
Y debemos estar alertas frente a las consecuencias que este hecho provocará en los próximos días. Éstas nos permitirán saber si este acto de delincuencia común, pero muy profesional, será el comienzo de una nueva etapa en las políticas públicas en materia penal y de prevención del delito o de la búsqueda del revanchismo político conjugado con el fervor morboso de los multimedios.
No hay palabras. La bronca, el dolor y la indignación nos invaden. Pero tampoco podemos atribuir responsabilidades a quienes no la tienen. Sin embargo, debemos renovar la exigencia de justicia y castigo a los verdaderos responsables de un crimen que se llevó a una niña de tan sólo once años de edad.
Más aún, debemos insistir en ese sentido cuando lo impune se viene imponiendo a cada instante. Y es hora de respuestas, las mismas que esperan los familiares de Candela como el conjunto de las y los argentinos...

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La izquierda y el debate sobre “la inseguridad”: El crimen de Candela, qué decir, qué hacer

Pablo Solana (PRENSA DE FRENTE)

El crimen de Candela deja en evidencia a una policía ineficaz para garantizar la seguridad ciudadana, cómplice de los criminales, “entrenada para desaparecer gente, no para encontrarla”. Pero la indignación por el asesinato de la pequeña habilitará otras lecturas que, paradójicamente, pedirán más “mano dura” y más poder a los aparatos represivos del Estado. Quienes proponemos un cambio social aún no logramos dar respuesta a estas inquietudes sociales que reclaman “más seguridad”. Habrá que afinar esa agenda evitando las ambigüedades del progresismo y los errores que transitó cierta izquierda que, sin evaluar contextos ni ponderar aliados, llegó a participar de movilizaciones reaccionarias que dieron por resultado el endurecimiento del código penal.

Nunca estará de más insistir con el señalamiento, y amplificarlo por todos los medios a nuestro alcance: si vamos a hablar de “seguridad”, empecemos diciendo que en la provincia de Buenos Aires nuestra “seguridad” está en manos de la “maldita Bonaerense” de los Campos de Concentración de Camps en la dictadura; del comisario Klodzick, el Caso Cabezas y el Narcotráfico; de Fanchiotti y Duhalde; de las desapariciones de Julio López y Luciano Arruga; del gatillo fácil y la tortura en comisarías, y los crímenes en las cárceles a ciudadanos sin condena. Esa policía, nunca modificada, está conducida ahora por el ex - agente penitenciario Ricardo Casal y el gobernador “católico” Scioli manteniendo los mismos parámetros históricos de criminalidad e impunidad.

Bien. Dicho esto, Scioli hace publicidad con patrulleros y obtiene más de 4 millones de votos en las urnas. Se ve que los análisis y las propuestas realizadas desde las miradas “progresistas”, populares, de izquierda, revolucionarias o simplemente honestas, están (estamos) teniendo algunos problemas de entendimiento con el común de nuestro pueblo.

¿Cabe señalar acaso el barniz derechohumanista que construye el gobierno nacional, y que usa para amparar a reaccionarios y represores como Scioli o Insfrán adoptándolos como pilares de su proyecto “nacional y popular”? Allí, de hecho, hay una gran responsabilidad. Se trata de la bonaerense de Scioli, pero después de 8 años de gobiernos nacional y provincial en sintonía, es claramente la bonaerense kirchnerista. El gobierno nacional no tiene forma de despegar de tamaña responsabilidad. Las denuncias del CELS y de ciertos escribas oficialistas a Scioli se diluyen en épocas de elecciones, resultando funcionales al reforzamiento de la estrategia conservadora en la provincia, al igual que en tantas otras provincias del país con los gobernadores del caso.

Por otro lado, la izquierda más visible participó, en alguna de sus expresiones partidarias, del debate sobre la “inseguridad” de la forma más lamentable cuando, aún en la sana intención de ser parte de un tema sensible para nuestro pueblo, en su afán capitalizar agenda pública y “golpear” al gobierno terminó sumándose a las convocatorias “por más seguridad” del falso Ingeniero Blumberg, que instalaron una agenda regresiva en materia de derechos sociales en la que, la presencia de dicha izquierda, no fue más que una extravagancia cuando no una legitimación. El recuerdo hoy no es capcioso si se tiene en cuenta que, mientras por las redes sociales anoche se fogoneaba una convocatoria a "cacerolear a Plaza de Mayo contra la inseguridad”, militantes de aquellos mismos grupos adherían a la movilización en Hurlingham bajo la despolitizada forma “como vecinos y como personas” y se montaban vía Twitter a la ola de reacción popular difusa pidiendo “una comisión investigadora independiente porque el crimen de Candela tiene encubridores en el aparato del Estado” y comparando, desproporcionadamente, éste caso (aún confuso en sus motivaciones) con otros crímenes claramente políticos: “Con Mariano Ferreyra y Kosteki y Santillán hubo complicidad policial. Conclusión: comisión investigadora independiente por Candela”.

Las organizaciones populares, la izquierda y la necesidad de abordar la cuestión de la inseguridad

¿Es un “discurso” lo que necesita la izquierda para contraponer a la prédica constante de parte de los sectores del poder económico y político que busca correr a la derecha el ideario social sobre la “seguridad”? Seguro que sí, por supuesto que hay que recuperar terreno discursivo, ideológico, respecto a este tema, de cara al conjunto popular. Las ideas de derecha han logrado grandes avances culturales, legitimando por ejemplo la baja de edad de imputabilidad a los menores, ante el acuerdo de parte de nuestro pueblo, la indiferencia de otra parte, y la protesta de sólo unos pocos organizados. Pero además del esfuerzo discursivo, además de poner a punto un cuerpo de ideas contrahegemónico, desde los sectores populares y la izquierda deberíamos también poner en juego prácticas contrahegemónicas respecto a los problemas delincuenciales que se engloban bajo la denominación de “inseguridad”.

También en este plano desde la derecha y el poder político-policial se dieron avances más sólidos que desde las organizaciones del pueblo. Los Foros ciudadanos o vecinales contra la inseguridad, por caso, suelen reunir, en barrios de clase media o media alta, a vecinos legítimamente preocupados con miembros de Asociaciones de amigos de la Comisaría o Cooperadoras policiales, cuando no directamente comisarios y fiscales amigos de la policía, para orientar el “combate a la inseguridad” contra el mismo sujeto estigmatizado por décadas de proceder policial en la materia: pobre, joven, negro, “trapito”, provinciano, travesti, piquetero… Ese “trabajo de base” que muchas veces la propia policía promueve, se activa después no ya ante el delito, del que la policía es cómplice y maneja, sino ante la posible ocupación de algún inmueble abandonado por familias sin techo, o el desalojo de vendedores ambulantes o cartoneros donde resulten “indeseables”…

En los barrios humildes, en cambio, la situación es doblemente distinta. La policía efectivamente es un cuerpo hostil. Sin embargo, allí donde existen centros sociales, talleres de trabajo, radios comunitarias, bachilleratos populares, centros culturales, fábricas recuperadas, rara vez convocamos asambleas vecinales para atender a las inquietudes vecinales ante “la inseguridad”. Porque la preocupación está. Aún en los barrios más humildes, es una realidad que a la vecina que no tiene casi nada, aún así alguna vez le afanaron la garrafa del patio de la casa; o al laburante que sale a las 5 de la mañana a hacer una changa de albañilería, no hace tanto en la parada del colectivo le arrebataron el bolso de herramientas… El problema es más grave aún que estos ejemplos mínimos, lo sabemos. Ante estos problemas concretos, reales, que padece nuestro pueblo, que lo afectan y que no son un invento mediático, será difícil pensar como respuesta sólo un “discurso” sobre la inseguridad que, en algunos casos, de tan “progresistamente correcto” resulta distante de lo que esa vecina o ese laburante puede vincular con su propia realidad.

El discurso de izquierda necesario para dar batalla cultural a la utilización política reaccionaria de “la inseguridad” debe ser constituido también desde abajo, en diálogo con ese pueblo y esos laburantes que efectivamente padecen arbitrariedades policiales, abusos e injusticias de parte de las fuerzas de seguridad y la “justicia” que la izquierda sabe denunciar y que debemos ser capaces de transformar, pero también padecen robos comunes o, como en algunos de estos casos trágicos, pérdida de seres queridos por hechos delictivos o criminales. Los ámbitos naturales de participación de nuestro pueblo en asambleas en lugares de laburo, barrios, centros sociales, facultades o colegios, los conocemos. Tal vez sea hora de ser más audaces en abordar en esos ámbitos debates que no resultan tan habituales a nuestra tradición militante, saber escuchar y elaborar síntesis que después puedan ser asumidas por porciones mayores de nuestro pueblo que, por caso, decidan involucrarse más en movilizaciones contra la impunidad y problematicen más su voto a quienes gobiernan estas realidades de injusticia cotidiana.

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El valor de la fuerza de trabajo

Matías Cremonte

Originariamente, la fuerza de trabajo era adquirida por los empresarios como cualquier otra mercancía. El mercado lo regulaba todo, incluso los salarios. Pasaron dos guerras mundiales, una revolución socialista y mucha sangre de trabajadores fue derramada, para que el Estado intervenga en la conflictiva relación entre el capital y el trabajo.

Ya se había teorizado sobre la necesidad de fijar un precio mínimo a esa mercancía, el trabajo humano, y sobretodo, acerca de cómo calcular su valor; pero fue sólo hacia los años 30 que el propio sistema capitalista resolvió la cuestión.

Estados Unidos, estaba sumida en una de sus crisis económicas más profundas, y en 1933 Franklin D. Roosvelt fue electo presidente. Inspirado en las ideas de Keynes, tomó una serie de drásticas medidas económicas, entre las que sin dudas sobresale la fijación de un salario mínimo que, en sus palabras, “no solamente permita la subsistencia, sino que hagan posible una vida decente” a los trabajadores. Esta medida perseguía la elevación del poder adquisitivo de los salarios y aumentar consumo interno, generando de esta manera más demanda y, por ende, más trabajo. Agregó Roosvelt en su primer discurso que “ningún comercio, cuya existencia dependa del pago de salarios menores que los suficientes para la vida a sus obreros, tiene derecho a continuar en este país”.

En Argentina, algunos años después, en diciembre de 1945 y luego de una gran movilización obrera, se aprobó el Decreto 33.302/45, que había dejado redactado Juan D. Perón antes de renunciar a la Secretaría de Trabajo y Previsión, 17 de octubre mediante. Una huelga general que enfrentó un lock out patronal en enero de 1946 logró imponer la vigencia de ese salario mínimo, a pesar de las vociferaciones patronales acerca de la imposibilidad de pagarlo, muy similares a las actuales. En febrero de ese año Perón ganó las elecciones, en gran medida -cómo negarlo-, gracias a la sanción de ese decreto, viejo anhelo del movimiento obrero.

El decreto de Perón estableció que “Salario vital mínimo es la remuneración del trabajo que permite asegurar en cada zona, al empleado y obrero y a su familia, alimentación adecuada, vivienda higiénica, vestuario, educación de los hijos, asistencia sanitaria, transporte o movilidad, previsión, vacaciones y recreaciones”.

Esa norma perduró muchos años, y desde 1974, cuando se sancionó la Ley de Contrato de Trabajo, para nuestra legislación salario mínimo vital y móvil es “la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión” (art. 116).

Es decir, hace más de medio siglo que en Argentina y en el mundo capitalista occidental se estableció que el valor de la fuerza de trabajo es la suma de dinero necesaria para cubrir esas necesidades. Obviamente, debido a la inflación, esa suma varía.

Según un cálculo del Instituto de Estadísticas de la Universidad Nacional de Rosario, en diciembre de 2010, la suma necesaria para cubrir las necesidades que estipula la Ley de Contrato de Trabajo como previstas por el Salario Mínimo Vital y Móvil era de $ 5.000. Otros cálculos recientes rondan esa cifra, pero es indudable que para vivir dignamente, esto es, alquilar una vivienda, vestirse, alimentarse adecuadamente, garantizar la educación de los hijos, pagar el transporte diario, irse de vacaciones, e ir al cine, al teatro, o comprarse un libro por mes, $ 5.000 es una suma razonable.

En nuestro país, el órgano que tiene a cargo la fijación del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) es el Consejo del Salario, que hace pocas horas, lo estableció en $ 2.300. Según vimos, actualmente la fuerza de trabajo tiene un valor de $ 5.000, pero el Consejo del Salario fijó su precio en $ 2.300, es decir, menos de la mitad su valor.

Esto significa que, a pesar de que la ley vigente establece que con el SMVM un trabajador debe cubrir todas las necesidades antes mencionadas, al fijarse en menos de la mitad de lo necesario para ello, la clase trabajadora debe prescindir de la mitad de esas garantías. Concretamente, debe elegir entre vestirse, alimentarse adecuadamente, mandar a sus hijos a la escuela, utilizar el transporte, acceder al esparcimiento, tener una vivienda digna, irse de vacaciones, pero no todo ello, a pesar de que la Ley de Contrato de Trabajo y la Constitución Nacional hoy se lo garantizan.

Lo propio ocurre con las jubilaciones, que deben ser del 82 % móvil del salario de la actividad, y si es menor al SMVM tal su definición (según vimos, hoy debería ser de $ 5.000), debe ser igual a éste, ya que un trabajador jubilado tiene el mismo derecho que un trabajador activo a cubrir esas necesidades, lo que es imposible con los menos de $ 1.500 que actualmente reciben de haber mínimo la gran mayoría de los jubilados.

Así, gobierno, empresarios y los sindicalistas que fueron invitados a la negociación, derogaron de facto la normativa que teóricamente garantiza al conjunto de los trabajadores argentinos una vida digna.

Vale la pena recordar que tanto aquellas ideas de Perón en Argentina como las de Keynes que se implementaron en EE.UU en la década del ‘30, tenían como objetivo elevar el consumo interno, la producción, y tender al pleno empleo, y todo ello como estrategia para salir de una de las mayores crisis que el sistema capitalista registrara hasta entonces. Ello fue acompañado de una política de control de cambios, nacionalización de la banca y tasa de interés mínima.

En el mundo actual, y la Argentina no es la excepción, los bancos y el capital financiero son los grandes ganadores del sistema, a pesar de ser los que nos llevaron a esta tremenda crisis, de pronóstico más que sombrío, por ser cautelosos en el diagnóstico.

Mientras tanto, la Unión Industrial Argentina y la Presidenta de la Nación coinciden en que el Salario Mínimo de nuestro país es el mayor de Latinoamérica. Probablemente sea cierto, en términos reales no lo sabemos, pero lo que está claro es que mientras el salario se siga pagando por debajo de su valor, y los bancos sigan exhibiendo la mayor rentabilidad de la década, el país no está encaminado, a pesar de los discursos, en la senda del trabajo, el consumo, la producción, el pleno empleo y la distribución de la riqueza.

El Gobierno ha señalado, y los pocos estudios existentes lo avalan, que la tasa de ganancia media de los empresarios en Argentina –grandes, medianos y pequeños- es superior a la de cualquier país del mundo. Si a eso le sumamos los balances extremamente positivos de la banca local, está más que claro que ello sólo es posible pagando la fuerza de trabajo por menos de que vale.

Debieran entonces observarse sin temor ni vergüenza las políticas que hace medio siglo sirvieron para enfrentar una de las mayores crisis, y que en estas tierras llevaron a los trabajadores a ser no sólo los mejores remunerados de Latinoamérica, sino los que se enorgullecían de tener, fruto de su trabajo, su propia casa, y de que sus hijos vivirían mejor que ellos, porque podían ir a la universidad pública, derecho al que los jóvenes chilenos aún les cuesta la vida.

No creo que las dictaduras militares ni el neoliberalismo hayan podido borrar del todo las huellas de aquella senda, es cuestión de tener gobiernos con la voluntad política de implementarlas, y trabajadores que luchen por ellas.

Matías Cremonte es abogado laboralista. Director del Departamento Jurídico de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTA).

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Tener la tierra

Claudia Rafael (APE)

La voz, en la pista 20 del ajado disco de vinilo, desnuda a la Negra en un estado de euforia descomunal. Imposible buscar allí algo de esa ternura amasada con los años ni esa perfección de la entrega que hizo historia. En esa versión adrenalínica de “Cuando tenga la tierra” hay que bucear otras sensaciones. Y Abril en Managua, ese disco de matices revolucionarios en la Nicaragua cercada por la contra, trasunta -y se le perdona estéticamente- ese fervor ancestral por la lucha de los desterrados, en que ella, ese tótem milenario, gritó y prometió que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino...

Mercedes Sosa se endiosaba sobre el escenario y cientos de miles de nicaraguenses respondían al grito de “No pasarán” en una historia quebrada en los 80 y asesinada de un mazazo en los 90.

Toda América Latina, a casi treinta años de ese concierto por la paz, es presa codiciada por el mundo. Territorio del agua y de la semilla naciente, es botín paulatino de la avidez millonaria.

Hoy, el 10 por ciento de las tierras argentinas está en manos de grandes latifundistas extranjeros: Benetton, Tompkins, Lay, Turner, Lewis…La lista no es demasiado extensa. Unos pocos puñados concentran el zumo de la Pachamama que produce y entrega riquezas y multiplica oropeles para los reyes.

Basta bucear en la historia y sus archivos. Y volver una y otra vez al presente de inequidades para adquirir conciencia feroz de tanta impiedad.

Plaquetas, monumentos, salones de renombre constituyen por estos días un sendero a las huellas de un pasado que preveía la rapiña y el saqueo. No por casualidad, uno de los salones principales de la Sociedad Rural de Palermo dedica su nombre a José Alfredo Martínez de Hoz, uno de sus fundadores en julio de 1866 y antepasado del motor económico de la última dictadura. “Es increíble la forma como se repartió la tierra después de la campaña del desierto, fíjense en el resultado que sacamos del Boletín de la Sociedad Rural Argentina que entre 1876 y 1903, en 27 años, se otorgaron 41.787.000 hectáreas a 1843 terratenientes, vinculados estrechamente por lazos económicos y familiares a los diferentes gobiernos que se sucedieron en aquel período, principalmente a la familia Roca”, cuenta Osvaldo Bayer. Y relata que “sesenta y siete propietarios pasaron a ser dueños de seis millones de hectáreas, entre ellos se destacaban veinticuatro de las familias llamadas patricias, que recibieron entre 200.000 hectáreas (la famil
ia Luro) y 2.500.000 obtenidas por la familia Martínez de Hoz, bisabuelo del que iba a ser ministro de economía de la dictadura militar”.

Julio Argentino Roca fue el símbolo. La Campaña del Desierto, la Conquista del Chaco, la Campaña del Desierto Verde…todos eufemismos de la masacre, del trabajo esclavo, de la expulsión, de la tortura. Todos eufemismos del latrocinio.

Un relevamiento de la Red Agroforestal Chaco Argentina contabiliza 269 conflictos por la tierra y el ambiente de los que, en 239 casos, todo nació a partir de la concreción del actual modelo sojero que tiene a los transgénicos como símbolo indisoluble. La Red asume que “la raíz de los conflictos de tierra se encuentra en la disputa por el uso y control del espacio territorial a partir de la imposición de una cultura sobre otra. Por un lado el agronegocio, donde la tierra es un espacio para producir y hacer negocios, y por el otro la cultura indígena y campesina, donde la tierra constituye un espacio de vida”. En total son 7.800.000 hectáreas en conflicto y poco menos de un millón de personas afectadas, que en su mayoría pertenecen a pueblos originarios y de campesinos.

En una nota publicada por el periodista Darío Aranda se analiza que en 1997 “se cosecharon en Argentina once millones de toneladas de soja transgénica y se utilizaron seis millones de hectáreas. Diez años después, en 2007, la cosecha llegó a los 47 millones de toneladas, abarcando 16,6 millones de hectáreas. En la actualidad, la soja abarca 19 millones de hectáreas, la mitad de la superficie cultivable del país. Los pueblos originarios perjudicados por ese avance, sólo en las provincias relevadas, son el qom, pilagá, mocoví, wichí, chorotes, chulupies, tapietes, guaycurúes, lules, vilelas y tonocoté”.

La tierra suele ser la ambición acumulativa de unos cuantos. Casi un millón de hectáreas están hoy ocupadas en Santa Cruz, Río Negro, Chubut y Neuquén por los Benetton. Algo menos de 400.000, por Douglas Tompkins, en las zonas limítrofes de Argentina y Chile y en los Esteros del Iberá, Corrientes. El magnate norteamericano de las papafritas y de la Pepsi, Ward Lay, controla 80 mil hectáreas en Neuquén. Ted Turner, fundador de la CNN, tiene miles de hectáreas en Neuquén y posee el 60 por ciento del curso de agua del río Traful. Y Charles “Joe” Lewis, dueño de más de 12.000 hectáreas que contienen al Lago Escondido.

Y no se trata sólo de capitales privados. La tierra se rifa hoy al mejor postor que, a veces, toma la forma de un Estado. El suplemento económico de Clarín publicó en junio pasado que la principal empresa estatal de la provincia china de Heilonjiang está dispuesta a invertir 1.500 millones de dólares en los próximos diez años en un emprendimiento en Río Negro. Que arrancarían en 2012 con la puesta en funcionamiento de una megaproducción en 300.000 hectáreas del monte patagónico. “Esto es una política de Estado que permitirá duplicar la producción y generar 100.000 nuevos puestos de trabajo en una provincia de 635.000 habitantes”, aseguró a la prensa uno de los negociadores de esa provincia, Oscar Gómez.

De las 170 millones de hectáreas cultivables que –según la Federación Agraria Argentina- tiene el país, 20 millones están en manos extranjeras: en 2002, eran apenas 7 millones. En ese año, el Censo Agropecuario arrojó que 936 propietarios poseían 35,51 millones de hectáreas. Hoy el 12 por ciento está en manos de grandes multinacionales. El proyecto del Ejecutivo para controlar la “extranjerización de tierras” ubica en el 20 por ciento el tope máximo. Con un aditamento que tranquiliza cualquier posible inquietud de los grandes propietarios: no tiene carácter retroactivo. Nadie, en definitiva, hará peligrar los bolsillos de los Benetton, los Lay o los Tompkins.

Pero con un interrogante: si actualmente rozan el 12 por ciento y el tope es del 20, hay un 8 por ciento más de margen de crecimiento.

Lejos muy lejos del salón de oropeles que lleva el nombre del bisabuelo del genocida, conquistador de oasis y no de desiertos, los pueblos originarios claman por la tierra. “Nos despojan del campo, y en la ciudad el Estado nos quiere confinar en diminutas viviendas alejadas de lo que es nuestra cultura”, dijo en Embarcación, Salta, uno entre los tres centenares de referentes indígenas en julio último. “La tierra para nosotros es vida”, agregó otra de las voces. “Nos hicieron creer que la tierra para los terratenientes está bien, pero cuando las ocupamos nosotros está mal”, siguió otro hermano mientras una joven-mujer-madre replicó: “Los terratenientes tienen reservas de tierra para su riqueza; la reserva de tierra que nosotros queremos es para cuidarla, para generar el desarrollo de nuestro país y de nuestros hijos”.

Para muchos, cualquiera de estos números pueden ingresar equitativamente en los esquemas de la estadística. No se trata de ser incisivos y argumentar que hay 936 propietarios de más de 35 millones de hectáreas. Bastaría para tranquilizar ciertas conciencias con decir que hay 170 millones de hectáreas que, divididas por los más de 40 millones de habitantes nos haría poseedores a cada uno de 4,2 hectáreas. Como ya dijo Galeano: desde el punto de vista de las estadísticas, si una persona recibe mil dólares y otra no recibe nada, cada una de esas dos personas aparece recibiendo quinientos dólares en el cómputo del ingreso per cápita.

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Argentina. Educación sexual: 'Las leyes no son opiniones, están para ser cumplidas'

Sandra Chaher (ARTEMISA)

Se está realizando en el Ministerio de Educación de la Nación un seminario regional sobre educación sexual en el cual ayer se analizaron los logros y deudas del Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Entre los avances, se destacan la voluntad política de concretar la implementación de los contenidos curriculares y la calidad y cantidad del material de capacitación.

'Las leyes no son opiniones, están para ser cumplidas. Y no hay una verdad para administrar en escuelas públicas y otra verdad para las escuelas privadas. Hay una sola verdad científica y hay idearios. Nosotros aceptamos que algunas escuelas administren idearios, pero la verdad debe estar presente. Porque además, la verdad es el lugar más cómodo para estar.' Con un discurso de fuerte tono político y compromiso con el tema, el ministro de Educación, el profesor Alberto Sileoni, inauguró el seminario regional 'La educación sexual integral. Derechos, logros y desafíos en Argentina, América latina y el Caribe' realizado en el Ministerio de Educación, con la colaboración del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

Los objetivos del seminario –en el que participan responsables de áreas de educación sexual de casi todas las provincias de Argentina y de varios países del continente- son generar espacios de intercambio de experiencias con otros países de América Latina y fortalecer a los equipos que vienen trabajando con estrategias similares, y también idénticos retos, en la implementación de la educación sexual integral (ESI) en el continente. El encuentro se extiende hasta el viernes 2 de septiembre con paneles en los que se abordarán desde el abordaje de la ESI cuando se presentan situaciones de discriminación por orientación sexual o hay instancias de educación especial, hasta los paradigmas de ESI imperantes en la región y la capacitación docente (ver programa completo (1)).

Sileoni destacó también en su discurso la importancia de que el Estado esté atento a quienes menos tienen, 'porque cuando el Estado se retira algunos sufren más que otros'. 'En relación a la educación sexual, quienes más sufren cuando el Estado se retira son las mujeres que se embarazan sin desearlo y las que deben someterse a abortos clandestinos' advirtió el ministro.

Otros de los disertantes del panel inaugural fue Harold Robinson -representante de UNFPA en Brasil y Director País del organismo para Argentina y Paraguay- quien destacó que 'no estamos hoy acá por casualidad, este seminario refleja los esfuerzos del gobierno de Argentina por implementar la educación sexual integral'. Eleonor Faur, oficial de enlace de UNFPA en el país, también destacó a Artemisa Noticias 'la profundización de la voluntad política de la implementación de la Ley de Educación Sexual en los últimos años. Todos los países tienen avances y retrocesos en este tema, no sucede de un día para el otro que la educación sexual llegue a 45 mil escuelas. Pero vemos una enorme inversión de recursos por parte del Estado para sostener el tema y se están produciendo materiales de una calidad que despierta admiración no sólo en la región sino en países de otros continentes'.

Mara Brawer, subsecretaria de Equidad y Calidad Educativa, hizo a su turno una presentación de la Ley Nacional de Educación Sexual 26150, sancionada en el 2006, en el marco de fuertes políticas públicas inclusivas. 'Los avances en el enfoque de derechos no se dan naturalmente, sino que son producto de disputas, conflictos, acuerdos y decisiones políticas. Las discusiones alrededor de la educación sexual integral son fuertísimas, hay sectores que nos dijeron que íbamos a propiciar un inicio temprano de las relaciones sexuales, pero la educación sexual integral no es sólo la genitalidad, son los valores, las emociones, el respeto y, como dice Silvia Bleichmar, el ‘constituir sujetos éticos, capaces de sentir el dolor ajeno’.'

Estado de situación

La psicopedagoga Mirta Marina –coordinadora desde sus inicios del Programa Nacional de Educación Sexual Integral- fue la responsable de relatar el estado del Programa a tres años del comienzo de su implementación, destacando el énfasis puesto en la producción de material pedagógico y recursos de capacitación ya que 'creíamos que debía haber una llegada masiva de materiales a las escuelas'.

Entre los logros del Programa -que debe implementar la Ley 26150, que prevee que se impartan contenidos de educación sexual en los tres niveles de escolaridad y en todas las escuelas, tanto públicas como privadas y confesionales-, Marina señaló el incremento de las actividades de capacitación docente que pasaron de casi 7900 en el 2008 a casi 17000 en el 2011 y este año ya van por 12443. Señaló también los avances legislativos en algunas provincias, que ya cuentan con leyes de educación sexual integral provinciales, como Chaco; la implementación en algunas regiones de adaptaciones de la ESI a comunidades específicas, como zonas rurales y pueblos originarios (región centro del país); el compromiso político de algunos gobiernos provinciales; y la producción propia de material y las actividades de capacitación docente que lideraron algunas zonas.

Entre los desafíos, señaló la dificultad en el afianzamiento del enfoque de derechos y la perspectiva de género, la inseguridad que sienten los equipos docentes a la hora de instalar los contenidos de la ESI en las aulas, la dificultad y el temor en el diálogo con las familias, la falta de compromiso de docentes y sectores directivos con el tema y las dificultades institucionales de implementación.

Nota:
1) http://www.clam.org.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?UserActiveTemplate=_BR&infoid=8567&sid=3

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Trabajadores del Teatro Colón: Multitudinario acto contra la cesantía de delegados

ACTA

Con un alto acatamiento se realizó ayer el paro de actividades de ATE y la movilización a las puertas del Teatro Colón para denunciar y exigir la reincorporación de los 8 trabajadores cesanteados.

La cesantía de los delegados de ATE fue repudiada no sólo en Capital Federal sino también en distintas provincias y por trabajadores de diversos teatros.

Desde el mediodía la Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTA) se concentró en Plaza Lavalle, frente al Teatro Colón para denunciar y exigir la reincorporación de los 8 trabajadores cesanteados.

Estuvieron presentes todas las juntas internas de ATE Capital, organizaciones sociales y de derechos humanos, entre ellas la CTA Capital Federal, MOI, MTL, Banco Ciudad, MTD. Además estuvieron presentes Rodolfo Arrechea, Hugo Godoy, José Luis Matassa, Pablo Micheli, , Carlos Chile, Víctor De Gennaro, diputados y legisladores de la ciudad, Laura García Tuñon, Fabio Basteiro, Héctor Bidonde, entre otros.

La voz de los compañeros

Rodolfo Arrechea, Secretario General de ATE Capital, comenzó el acto afirmando que “por definición de nuestro sindicato nosotros no solo peleamos por los aumentos salariales, sino por las políticas públicas y por la producción propia del Teatro”.

Luego hablaron José Piazza y Máximo Parpagnoli, delegados general y adjunto de la Junta interna del Teatro Colón, respectivamente. El primero sostuvo que era necesario sacar al director del teatro, Pedro Pablo García Caffi. El segundo hizo referencia a los dos años del Teatro a manos del actual director, donde los trabajadores “recibimos traslados, disponibilidades, agresiones físicas y verbales, suspensiones, despidos y cesantías. ¿Qué más tenés? ¿Qué mas tenés en la artillería Macri? (…) Durante este conflicto demostramos la incapacidad de los funcionarios del Gobierno de Macri. Hoy el Gobierno de la Ciudad funciona en piloto automático, porque somos nosotros los que lo hacemos funcionar".

Al finalizar el acto, hablo Pablo Micheli, Secretario General de la CTA Nacional, afirmó que había que apoyar a los delegados en conflicto y sostuvo que “Si tocan a un compañero, nos tocan a todos”.

Además, los dirigentes informaron que la próxima semana se llevará a cabo un nuevo plenario de delegados para analizar, debatir y planificar cómo continúa la defensa de la fuerza de trabajo en el Teatro.

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Argentina, Santa Fe. Juicio “Hospital Militar”: “¿Qué pasó con mi hermano?”

REDACCION ROSARIO

Sabrina Gullino, hija de los desaparecidos Raquel Negro y Edgar Valenzuela, pidió este miércoles a los imputados en la causa “Hospital Militar” de Paraná ‒que investiga el funcionamiento de una maternidad clandestina durante la dictadura‒, que "rompan el pacto de silencio y digan qué pasó con mi hermano mellizo".

En la causa se investiga el robo de bebés y la sustitución de identidad de los mellizos de Raquel Negro, nacidos en el Hospital Militar de Paraná en marzo de 1978.

Uno de esos bebés fue Sabrina Gullino quien en la actualidad con su medio hermano, Sebastián Álvarez, se constituyeron en querellantes en la causa.

"Estos reos son responsables del secuestro y asesinatos de mi mamá y de mi papá y de la desaparición de mis hermanito mellizo y, aunque quisieron destruir a mi familia, no pudieron", agregó Gullino.

En su declaración ante el tribunal federal local, Gullino le reclamó a los imputados que "rompan el pacto de silencio, como hizo el médico militar Juan Antonio Zaccaría, que reconoció que había habido otros partos (clandestinos) en el hospital militar".

Sabrina relató que su madre biológica, Raquel Negro, fue trasladada desde el centro clandestino de detención Quinta de Funes, en las afueras de Rosario, para dar a luz en el hospital militar local en marzo de 1978.

La mujer fue internada como sobrina del entonces jefe del Segundo Cuerpo de Ejército, Leopoldo Fortunato Galtieri, y tuvo mellizos, un varón y una nena.

Poco después de nacer, los mellizos fueron derivados al Instituto Privado de Pediatría de Paraná, por complicaciones en su salud.

Tras ser dados de alta, la niña fue dejada en el Hogar del Huérfano de Rosario, luego entregada a la Justicia de Menores y finalmente dada en adopción legal.

Recalcó que ella, anotada como Sabrina Gullino, recuperó su identidad en diciembre de 2008, pero desconoce el destino que sufrió su hermanito.

Raquel Negro y su pareja, Edgar Tulio Valenzuela, fueron secuestrados el 2 de enero de 1978 en el centro de Mar del Plata.

Junto con la pareja estaba Sebastián Alvarez, hijo de la mujer, que tenía un año y medio de edad en ese momento y ahora se constituyó en el querellante de la causa junto con Gullino.

"Mi papá, en un supuesto acuerdo con los militares, tenía que marcar a la cúpula de Montoneros en México, mientras que mi madre, con un embarazo avanzado, quedó como rehén y Seba fue entregado a nuestros abuelos maternos", agregó la joven.

Gullino agradeció "a las enfermeras que se jugaron y aportaron datos a la justicia para iniciar la causa" y que permitieron determinar que ella y su hermanito fueron derivados al Instituto Privado de Pediatría de Paraná, donde ingresaron como Soledad López y NN López.

"Los dos tenemos el alta de ese centro privado, lo que me hace suponer que mi hermano mellizo está vivo", agregó.

La joven se dirigió luego a los represores Juan Amelog y Walter Pagano, “que son los que me llevaron en el auto y me dejaron abandonada en un orfanato. Seguramente deben estar arrepentidos de no haberme tirado al río, porque miren todo lo que está pasando: 33 años después se constituyó este tribunal que los está juzgando”, recalcó.

Seguidamente declaró su hermano, Sebastián Álvarez, quien reclamó la colaboración de los dueños del Instituto Privado de Pediatría, donde fueron derivados tras nacer, para obtener datos sobre el destino del mellizo desaparecido pocos días después.

"Que digan qué pasó, porque hay claras diferencias entre las enfermeras que recuerdan el caso y los doctores que no se acuerdan de nada", dijo antes de recalcar que de lo contrario "vamos a creer que era una práctica normal el ingreso clandestino de chicos a institutos privados".

Luego declaró el médico Juan Ferrarotti, quien reconoció haber trabajado en terapia intensiva del Hospital Militar en 1978, pero dijo no recordar sobre el nacimiento de los mellizos en el nosocomio.

Este miércoles también debía declarar el agente de inteligencia, Eduardo "Tucu" Constanzo, que fue quien reveló los detalles del traslado de Raquel Negro al hospital militar de Paraná y de la apropiación de sus hijos mellizos. El represor, que se encuentra cumpliendo condena con prisión domiciliaria en Rosario, iba a ser traído por la fuerza pública hasta la sede de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, pero una diverticulitis aguda se lo impidió.

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Guatemala: Desnutrición infantil, una cadena perpetua para el país

CERIGUA

El impacto de la desnutrición sobre el desarrollo infantil representa una cadena perpetua no sólo para este grupo de población, sino para todo el país, según el artículo “Semillas que no germinan y cosechas que se pierden”.

De acuerdo con el documento, elaborado por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), más de un millón de niñas y niños de cero a cinco años de edad pasan hambre en Guatemala.

Según la información, Guatemala se ha convertido en uno de los países más desiguales del mundo, donde la mitad de los menores de cinco años padecen desnutrición.

Guatemala es el país de América Latina y el Caribe con mayor desnutrición y el sexto a nivel mundial, lo preocupante es que el promedio de desnutrición crónica es del 49.8 por ciento, situación que oculta mayores desigualdades, por ejemplo el porcentaje de niñas y niños indígenas desnutridos que superan el 65.9 por ciento.

El documento subraya que los índices de Guatemala de desnutrición infantil indígena incluso superan los datos del país catalogado con mayores tasas de desnutrición del mundo, Afganistán, que posee el 59 por ciento.

Las entidades subrayaron en el artículo que la situación de la niñez no indígena no es mucho mejor, pues el 36.2 por ciento del total de esa población está desnutrida y sus niveles están incluso por encima de la media mundial y son más del doble del promedio latinoamericano.

La desnutrición crónica infantil es una manifestación de los grandes problemas de Guatemala para garantizar la vida de su población desde su nacimiento, pues este flagelo limita las posibilidades de romper el círculo de la pobreza por sus efectos adversos a la salud, la educación y los ingresos futuros de quién la padece.

De acuerdo con estudios médicos, si el cerebro de los niños y niñas no se desarrolla de la manera debida antes de los tres años de edad, por la carencia de una alimentación adecuada, no alcanzarán a cabalidad sus facultades físicas y emocionales y verán limitadas las posibilidades futuras de desarrollar un proyecto de vida pleno y una participación social y económica beneficiosa para el conjunto de la sociedad.

Finalmente, el documento, presentado por UNICEF e ICEFI, subraya que en la actualidad las pérdidas ocasionadas por el hambre hacen que Guatemala pierda diariamente 66 millones de quetzales.

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Crisis en la alianza de gobierno, una disputa por el saqueo económico de Panamá

El despido de Juan C. Varela como ministro de Relaciones Exteriores, realizado por el presidente Ricardo Martinelli, y la consecuente ruptura de la alianza de gobierno no es más que la disputa por el control político y económico del país. En el fondo de la cuestión está la definición de quién se quedará con el gobierno más allá de las elecciones de 2014, para continuar los grandes negociados a costa del erario público. Martinelli ha dado un paso más hacia su proyecto de reelección inmediata.

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Por otro lado, la Comisión de Gobierno de la Asamblea de Diputados, la semana pasada rechazó la propuesta de rebajar la cuota de adherentes para inscribir nuevos partidos políticos, por lo que en Panamá se mantiene la dictadura de partidos oligárquicos, incluyendo al PRD, quienes cierran una vez más las puertas para que los sectores populares no puedan contar con sus propios partidos, candidatos y programas para las elecciones del 2014.

Para la oligarquía

panameña, no está en disputa la democracia panameña popular y participativa como la exige el pueblo panameño, mucho menos están preocupados por los verdaderos problemas de las grandes mayorías de este país. La verdadera razón para perpetuarse en el poder unos, y de recuperarlo, otros, es la posibilidad, desde el poder estatal, de continuar saqueando al país, aunque para ello tengan que sacrificar vidas humanas, como en la Caja de Seguro Social.

No han resuelto el tema

de la limpieza de los hospitales y ya construyen la ciudad hospitalaria. Los meganegociados como la compra irracional de los corredores, la construcción de la Torre Financiera, la continuidad de la Cinta Costera, el Metro son algunos ejemplos de la danza de millones en marcha, aunque endeuden eternamente al país. Panamá hoy no tiene democracia, ni el gobierno maneja las finanzas públicas con transparencia. Pero lo más grave, es que el actual régimen no respeta ley alguna, imponiendo la dictadura del dólar y cuando no le funciona, la fuerza bruta.

El Partido Alternativa

Popular-PAP- hace un llamado a los ciudadanos panameños y al movimiento popular en general a rechazar las medidas antipopulares aplicadas por el gobierno de turno, así como a no dejarse engañar por los que ayer gobernaron en contra del pueblo. A organizarse para darse un gobierno verdaderamente popular, para resolver los verdaderos problemas del pueblo panameño. El PAP abre sus puertas para que juntos construyamos un mundo mejor.

Panamá, agosto de 2011.
Dirección Colegiada PAP

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México. Seguro Popular: El espejismo del derecho a la salud

Guadalupe Cruz Jaimes (CIMAC)

Doña Celia Mendiola Torres tiene 82 años de edad y vive en Almoloya de Alquisiras, municipio rural del Estado de México. Ella sufrió un derrame cerebral hace tres años. Desde entonces requiere revisiones médicas constantes y tomar al menos dos medicamentos al día.

Se afilió al Seguro Popular (SP), programa creado por la Secretaría de Salud federal (Ss) en 2004, creyendo que tendría la atención adecuada para su padecimiento. Pero “de nada le ha servido”, dice Margarita, hija de doña Celia.

La adulta mayor forma parte de las 46 millones de personas afiliadas al SP hasta junio de este año; las mujeres representan 54.2 por ciento del total (24 millones), reporta la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, instancia rectora de este programa de atención.

Al cierre de 2010, la cifra de personas afiliadas era de 43 millones 518 mil 719. El año pasado la afiliación se triplicó respecto al número de personas que se registraron al seguro en 2009.

El vía crucis de Celia es tan sólo un ejemplo de lo que todos los días padecen millones de mexicanas que buscan satisfacer el derecho a la salud, garantía estipulada en el artículo cuarto constitucional pero que ha sido negada para la inmensa mayoría de la población en cinco años de la gestión de Felipe Calderón, señalan especialistas.

Una tortura

Celia tiene que llegar a la unidad médica de la Ss a las 6 de la mañana para “alcanzar ficha” y pasar a consulta. Para llegar a esa hora “salimos a las 4:30 de la mañana y tenemos que tomar un taxi que nos lleve a la clínica”, a dos horas de distancia de Almoloya. Gasta en pasaje 300 pesos “sólo en el viaje de ida”.

Una vez en la unidad, la espera parece eterna. “Vamos pasando a consulta hasta la 1 o 2 de la tarde” y la calidad de la atención “deja mucho que desear”, porque después de tantas horas “el doctor medio la revisa y no le da las medicinas que necesita, sólo le dieron hierro y otras vitaminas”, narra Margarita.

La hija de doña Celia considera que acudir al SP es muy desgastante para su mamá por el tiempo de espera y porque además le representa un gasto que “no vale la pena”, ya que de cualquier forma ella y su familia tienen que comprar cada mes dos cajas de medicamentos, de un costo de 400 y 600 pesos cada una.

Entre las disposiciones del SP se encuentra el otorgamiento gratuito de medicamentos, sin embargo por el desabasto de fármacos esa medida en muchos casos no se aplica.

Más afiliadas, menos derechos

A pesar del aumento en la afiliación al SP, tras la reforma a la Ley General de Salud (LGS) en 2009, la Ss disminuyó hasta en 40 por ciento el recurso destinado a la atención de cada mujer usuaria de este servicio.

A decir de organizaciones expertas en el tema, este hecho se tradujo en servicios deficientes por falta de personal e insumos para garantizar el derecho constitucional a la salud.

A su vez, de 2005 a 2010 el número de médicos familiares o generales en el SP pasó de 20 mil 571 a 29 mil 137, según un análisis del Observatorio de Política Social y Derechos Humanos.

La organización civil calcula que 5 millones de afiliados y afiliadas al seguro viven en municipios que tienen menos de un médico por cada 100 mil habitantes afiliados al SP.

Disminución de recursos

Con la reforma a la LGS, cambió el “indicador de cobertura, pasando de familias a personas”, se explica en la investigación “Seguro Popular: afiliación y presupuesto”, realizada por Briseida Lavielle, de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

Según los impulsores de la reforma, con la modificación se otorgarían “mayores recursos hacia aquellas entidades federativas que tienen un mayor número de miembros por familia”; pero en 2010 se redujo el presupuesto destinado a la atención de cada persona afiliada en 31 estados de la República.

Sólo aumentó el subsidio para las personas afiliadas en San Luis Potosí, de 700 a 800 pesos para ese año.

Otra de las justificaciones del cambio a la LGS era que permitiría “avanzar hacia la cobertura universal de la salud, ya que con los mismos recursos asignados será posible afiliar a una mayor cantidad de personas”, refiere el análisis de Fundar.

En efecto se incrementó el número de personas con SP, pero significó menos recursos para la atención médica de cada una de ellas. Por ejemplo, Baja California en 2009 recibió un subsidio de mil 500 pesos por persona afiliada, el cual disminuyó a 800 pesos en 2010, un recorte de más de 40 por ciento.

En una situación similar está Veracruz que en 2009 recibió mil 400 pesos y el año pasado 800; seguido del Distrito Federal, donde se redujo de mil 400 a mil pesos en el mismo periodo, detalla la investigadora de Fundar.

Otras entidades como Durango y Colima, que en 2009 recibieron 700 y 800 pesos, respectivamente, en 2010 sólo se les otorgaron 500 pesos.

Lavielle apunta que la disminución del gasto va en perjuicio de la población más marginada, en particular las mujeres, ya que ejercer el derecho a la salud “implica mucho más que estar afiliado a un esquema de financiamiento” como el SP.

Pesadilla sin fin

Carmen de la Cruz también está afiliada al SP. Padece diabetes, enfermedad que cada vez deteriora más su estado de salud sin que tenga opciones para recibir atención de calidad, ya que sus ingresos apenas le permiten subsistir.

“Soy costurera y me mantengo con los trabajos que me traen a la casa”, cuenta la señora de 53 años, residente de Tlalnepantla, Estado de México. Ella intentó conseguir una cita en el centro de salud más cercano a su casa en más de tres ocasiones, “pero ni llegando a las 5 de la mañana alcancé ficha”.

No le quedó de otra que ir a los servicios de salud ubicados a una hora de distancia de su hogar. “De todas formas hay que llegar temprano, pero es más seguro que me atiendan”, explica.

El primer día Carmen llegó a las 6:30 de la mañana. “Dieron las fichas a las 9 y pasé a consulta a las 1:30 de la tarde”, platica. Le tocó el turno 19 de los 23 que se reparten todos los días. “La atención no es buena, no revisan bien, pasan rápido un paciente tras otro porque siempre hay mucha gente”, relata.

En 2010 por cada familia el SP aportó 13.7 por ciento de un salario mínimo, proporción inferior al 15 por ciento que recibió desde su creación en 2004 hasta antes de la reforma a la LGS. En 2010 el seguro recibió más de 48 mil millones de pesos y para este año se le asignaron más de 56 mil millones.

De acuerdo con Briseida Lavielle es necesario que se evalúe y rindan cuentas sobre la suficiencia presupuestaria del SP, para hacer sostenible la atención integral de la salud las personas afiliadas “que haga posible el ejercicio efectivo de su derecho a la salud”.

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Chile: Los recursos son escasos

Carlos Pérez

Lo que se pide es que el estado se haga responsable de ofrecer educación gratuita para todos los que la necesiten, en todos los niveles educacionales. El gran argumento en contra, no sólo del gobierno, sino incluso de los partidos de la Concertación es esta gran falacia: los recursos son escasos. Nos dicen que Chile es un país pobre, nos dicen que el Estado no puede hacerse cargo de todo.

Pero las empresas trasnacionales se llevan miles y miles de millones de dólares cada año, pero las grandes empresas pagan menos de la mitad de los impuestos que pagan en cualquier otro país capitalista, pero el Estado guarda dólares en el extranjero para prevenir los déficit que surjan cuando los bancos tengan dificultades, pero el estado avala las deudas privadas y compra sin problemas la cartera riesgosa de los bancos.

Nos dicen que hay que focalizar el gasto estatal en los sectores de menos recursos, pero el Estado no tiene problemas para avalar las deudas de todos los que quieran endeudarse en la banca privada. Nos dicen que el gasto social en Chile ha crecido y tiene un volumen aceptable, pero lo que llaman gasto social no son sino las subvenciones a través de las cuales el estado entrega los recursos de todos los chilenos a los empresarios privados, que lucran con la educación, con la salud, con la previsión, con el transporte público.

Nos dicen que en los últimos veinte años se ha logrado suavizar el modelo económico privatizador, pero la desnacionalización del cobre ocurrió fundamentalmente en estos últimos veinte años, el sistema de subvenciones a colegios privados y al transporte en manos de empresarios privados creció enormemente en estos veinte años, y es en estos años en que se han llegado a licitar los tratamientos en los hospitales públicos, y se le ha regalado un sistema de transporte completo a empresarios que no cumplen con los contratos que se hicieron expresamente para favorecerlos. Nos dicen que se ha logrado poner resguardos sobre los fondos previsionales, pero se ha permitido que más de la tercera parte de esos fondos sea retirado por los dueños de las AFP bajo el concepto tramposo de comisiones. Nos dicen que la cobertura de la educación superior ha aumentado, pero todos sabemos que esto se ha logrado al precio del endeudamiento masivo de las familias en la banca privada.

No se puede engañar a todo el pueblo durante todo el tiempo. No se puede seguir permitiendo que las políticas públicas estén atravesadas de hipocresía y doble estándar. Todo es cuidado y garantías, resguardos y amabilidades para los grandes empresarios, todos lo que se propone son sacrificios, llamados a la unidad y a la cordura, y paquetes de endeudamiento para las grandes mayorías. Y, sobre todo, porque hay que cuidar los bienes públicos, porque los recursos son escasos.

Lo que queremos es muy simple: que las riquezas de Chile sean para todos los chilenos. Lo que queremos es que los recursos de todos se gasten en las necesidades de todos. Lo que queremos es que los enormes recursos que de hecho existen, que todos producimos, se usen en las grandes necesidades estratégicas que pueden hacer progresar a todo el país, no sólo al capital trasnacional y a los grandes empresarios nacionales.

Pero este gran objetivo debe ser especificado. Lo que queremos puede ser formulado en un programa preciso, en medidas muy concretas, algunas de las cuales se pueden aprobar por simple decreto y aplicar de inmediato, otras que requieren leyes que pueden ser aprobadas sin dificultad, con la agilidad con que los señores Parlamentarios designan a sus reemplazantes a espaldas del electorado o acuerdan reajustar sus asignaciones por sobre el aumento del costo de la vida. Y otras que requieren importantes cambios constitucionales sobre los cuales lo único democrático es consultar al conjunto del país por la vía de un pronunciamiento directo, que se salte a los representantes que hoy no representan a sus supuestos representados.

Si buscan recursos lo primero que hay que hacer es revisar radicalmente las exenciones tributarias que permiten que los grandes empresarios paguen proporcionalmente menos impuestos que los ciudadanos comunes.

Si buscan recursos lo que hay que hacer es disminuir progresivamente las subvenciones que benefician a empresarios privados y volcarlas en la misma proporción a sistemas públicos, administrados bajo la responsabilidad del Estado, de educación, de salud y de transportes.

Si buscan recursos lo que hay que hacer es subir los impuestos a los grandes empresarios y a las empresas trasnacionales hasta los niveles que son característicos de los países capitalistas desarrollados.

Si buscan recursos lo que hay que hacer es renacionalizar el cobre, y nacionalizar los grandes recursos mineros que tendrán impacto en el mundo del futuro, como el litio.

Como todos los países de América Latina, Chile es un país lleno de enormes riquezas. No somos pobres porque no tengamos riquezas. Somos pobres porque las clases dominantes de este país, y sus representantes en el mundo político, han entregado sistemáticamente esas riquezas al capital trasnacional, y al lucro de los grandes empresarios nacionales. Tenemos recursos, somos nosotros, los mismos chilenos, los que producimos esos recursos, y tenemos derecho a reclamar el beneficio que estos bienes que hemos creado podrían darnos.

Un programa económico mínimo, que favorezca a las grandes mayorías nacionales, no es difícil de formular. No es materia de expertos, ni de teorías demasiado profundas. Su principio es muy simple, y es simple de especificar: Chile es de todos los chilenos.

Un programa económico mínimo debe impedir que los dueños de las Administradoras de Fondos de Pensiones se echen al bolsillo más de un tercio de las cotizaciones, debe impedir que entreguen los fondos previsionales a la especulación financiera en el mercado internacional.

Un programa económico mínimo debe suprimir el interés compuesto en las deudas de consumo, y bajar radicalmente el costo del crédito a las personas y a los pequeños y medianos empresarios.

Un programa económico mínimo debe quitar todo respaldo del Estado a la deuda que los privados contraigan con la banca internacional (cuando hagan malos negocios, que pierdan), y decretar altísimos impuestos a la especulación financiera (que Chile no sea una plaza para el capital especulativo internacional).

Un programa económico mínimo debe asignar un papel protagónico al Banco del Estado en el fomento a los pequeños y medianos empresarios, e impedir las fórmulas tramposas a través de las cuales las grandes empresas dividen su rol tributario para evadir impuestos y recibir beneficios.

Un programa económico mínimo debe estar orientado a aumentar la demanda interna y a favorecer los sectores prioritarios del consumo social como la vivienda, el transporte público, los recursos alimentarios, los servicios esenciales.

No es difícil, no hay ninguna oscuridad teórica o científica en esto, lo que queremos se puede formular de manera directa, y exigir de manera directa. Ahora es la hora de la primavera de Chile, no aceptemos que nos digan que “los recursos son escasos”.

Carlos Pérez es Profesor de Física.

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Reunión clave en Chile en cuenta regresiva

Tania Peña (PL)

Apenas 48 horas separan a los chilenos del esperado cara a cara entre el Ejecutivo y los principales actores del movimiento ciudadano, cita que definirá la ruta del escenario sociopolítico en los próximos meses.

De la tónica de la reunión entre el presidente Sebastián Piñera y los líderes estudiantiles y magisteriales, prevista el próximo sábado en La Moneda, dependerá si el derrotero apunta al entendimiento entre las partes o al desencuentro y a la radicalización de la protesta social.

Muy pocos se atreven a dar pronósticos, sobre todo por la disparidad de las posturas ideológicas de sus participantes, lo que genera lógico recelo o escepticismo entre analistas políticos.

De hecho, las medidas propuestas por el gobierno en los últimos cuatro meses con el fin de destrabar el agravado conflicto educacional han sido calificadas por el estudiantado y el Colegio de Profesores como soluciones parche, desligadas totalmente de los cambios de fondo que reclaman el 80 por ciento de los chilenos.

Ayer, a menos de tres días de la citada reunión, la Sala de la Cámara de Diputados, de clara mayoría derechista y oficialista, rechazó un proyecto de acuerdo que buscaba impulsar un plebiscito nacional para solucionar la crisis del sistema educativo, precisamente una vía propuesta por el muovimiento social para encauzar la voluntad popular.

Con señales de esa naturaleza, ¿hasta dónde sería capaz de ceder el mandatario chileno frente a las contundentes demandas del mundo social, entre las que se sitúan educación gratuita, fin del lucro, plebiscito por la enseñanza pública y desmunicipalización de la educación sin privatizar?.

Avezados especialistas opinan que la convocatoria de Piñera a dialogar constituye una iniciativa de alto riesgo político para su mandato, con su popularidad en declive y estimada sólo en un 26 por ciento según reciente encuesta.

Por lo pronto, los portavoces de la Confederación de Estudiantes de Chile y del Colegio de Profesores subrayaron que no podrá haber diálogo posible con el Ejecutivo si no están sobre la mesa las demandas estructurales que apoya la ciudadanía.

"El pueblo chileno se cansó (...), la gente quiere cambiar (el modelo) por otro donde la distribución de la riqueza sea más justa y donde tengamos condiciones dignas para desarrollarnos", enfatizó la líder estudiantil Camila Vallejo.

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Colombia: Sindicalistas asesinados y una ex senadora exiliada

Emilio Marín (LA ARENA)

El presidente Juan Manuel Santos quiere presentar un nuevo rostro de Colombia. Lo mostró en la Unasur. En su país siguen los crímenes, desapariciones y hasta la ex senadora Piedad Córdoba debió exiliarse por las amenazas.

El presidente Juan Manuel Santos, asumido en la Casa de Nariño de Bogotá el 8 de agosto de 2010, es un dilecto hijo de la clase oligárquica y aliado de la superpotencia norteamericana, de gran injerencia en los asuntos políticos, económicos y militares.

El hombre fue ministro de Defensa de Alvaro Uribe (2002-2010) y pieza decisiva en la concesión a Washington de bases militares. También del operativo aéreo y de Ejército con que bombardearon e invadieron Ecuador, donde fue asesinado Raúl Reyes, una veintena de guerrilleros y algunos estudiantes visitantes mexicanos.

Aún con ese prontuario a cuestas, Santos busca poner cierta distancia con Estados Unidos. En la cumbre de Unasur en Lima, fue el primero en plantear que la región debía blindarse ante la crisis internacional. Su iniciativa fue elogiada por sus colegas sudamericanos, comenzando por Cristina Fernández de Kirchner.

Reciclado de imagen

Casi inmediatamente, el 18 de agosto pasado, el colombiano llegó a Buenos Aires. Firmó ocho convenios que no tenían gran importancia comercial, pues se referían a transporte urbano y por carretera, hidrovías y puertos, y a transferencia tecnológica para la promoción comercial. El sentido político era lo sobresaliente. "Mi visita es un descongelamiento en nuestra relación, hace más de diez años que no venía un presidente colombiano", señaló. CFK lo elogió: "Para nosotros es algo más que un presidente, es un amigo y hemos trabado una excelente relación personal".

El reciclado de su imagen de proyanqui todoterreno lo hizo compartir un homenaje a Néstor Kirchner, organizado por La Cámpora. Sus amigos conservadores de Buenos Aires, como "La Nación", no lo podían creer. Habrán pensado que eso, más que flexibilidad, era oportunismo.

Mostrando los límites de esa oxigenación del "establecimiento" (Estado), ese mismo día, 18 de agosto, salía del país la ex senadora Piedad Córdoba. Había sufrido muchas amenazas de muerte, de quienes no le perdonan que haya servido de nexo civil con la guerrilla de las FARC, permitiendo en los últimos tres años al menos seis liberaciones de los retenidos de esa guerrilla. La política gubernamental procura el exterminio de esos rebeldes y no admite negociaciones para un acuerdo humanitario. Hay una decena de militares y policías en manos rebeldes, y 7.500 presos políticos en las deplorables cárceles del Estado. Los primeros liberan, Santos no.

Por perseverar en ese diálogo y peticiones a ambas partes (sólo obtuvo respuesta positiva de la agrupación comandada por Alfonso Cano), Córdoba fue separada del Senado y penada con la imposibilidad de ejercer cargos públicos durante 18 años. El procurador Alejandro Ordóñez promovió esas condenas en septiembre del año pasado. Ahora ella debió exiliarse.

Tiren contra Piedad

Una semana antes del exilio forzoso la ex parlamentaria presentó una exhortación pacifista a la guerrilla para que libere a sus retenidos. Su petición fue acompañada de las firmas de personalidades de derechos humanos como las premios Nobel de la Paz, Jody Williams y Rigoberta Menchú, la senadora uruguaya Lucía Topolanski, la escritoras Elena Poniatowska, de México; Alice Williams, de Estados Unidos, e Isabel Allende, de Chile; más Danielle Miterrand, de Francia; y Mirta Baravalle, de las Madres de la Plaza de Mayo, etc.

La ex senadora hacía esa solicitud a los insurgentes no porque los considere "los malos de la película". Entiende que es la única parte dispuesta hoy a hacer aportes a la paz. Si ellos daban ese primer paso, a Santos se le haría cuesta arriba permanecer en su cerrazón militarista.

"Este nuevo gesto podrá desencadenar compromisos ciertos para la humanización de la situación de los combatientes y de la población civil, y el eventual inicio de un diálogo que propicie una salida política negociada al conflicto interno", se podía leer en la misiva.

Amiga de Chávez

El 8 de agosto, tres días de esa iniciativa, el presidente había aclarado que no había autorizado a nadie a iniciar contactos para un diálogo con los guerrilleros. El único lenguaje que está dispuesto a hablar es el de los operativos militares, los bombardeos, las recompensas, la delación, la tortura indefinida, los secuestros, etc.

Un sector importante de la población, ganada por esa política de Santos, acuerda con la solución militar. Por eso votó primero a Uribe, lo reeligió y finalmente le abrió a Santos la Casa de Nariño. Esa parte de Colombia odia a Piedad Córdoba, que sin ser guerrillera ni muchos menos (era senadora disidente del Partido Liberal), incurrió en dos delitos muy graves en su terruño. Uno, fue facilitadora de las negociaciones para liberar retenidos. Dos, es amiga de Hugo Chávez. A raíz de la enfermedad de éste, le dirigió mensajes públicos de solidaridad y amistad, correspondidos por el convaleciente vía Twitter.

En los años de Uribe y hasta el final de su mandato, Bogotá estuvo a un paso de una agresión armada contra Venezuela, pretextando que allí había campamentos de insurrectos colombianos.

Cómo será la mala imagen de Piedad entre la derecha colombiana, que un dirigente de la Confederación de Fútbol, Alvaro González, a raíz del despido del DT "Bolillo" Gómez, que había golpeado a una mujer, manifestó: "Si Piedad Córdoba fuera agredida por un hombre, estaría todo el mundo aplaudiendo".

Escuchas ilegales

El 18 de agosto último Piedad Córdoba salió del país con su hija y Santos buscaba chapa de progresista con los muchachos kirchneristas de La Cámpora. Pero ese día había algo más, que relacionaba a ambos personajes. El ex presidente Uribe comparecía ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para declarar por la causa de las "chuzadas" (intercepciones) telefónicas de la Dirección Administrativa de Seguridad (DAS, policía secreta) contra políticos de oposición, periodistas, sindicalistas, jueces, etc.

La ex jefa del DAS, María de Pilar Hurtado, acorralada por las denuncias, ya estaba asilada en Panamá y resiste un eventual pedido de extradición, invocando "estatus de asilo territorial".

Todo el mundo sabe que Hurtado espió ilegalmente siguiendo las directivas de Uribe, pero éste lo negó en la audiencia. Sólo admitió que le preguntó al DAS por determinados personajes contrarios a su gobierno, caso de Córdoba, pero sin ordenar pinchar teléfonos ni mails. Lejos de pedir disculpas a la ex senadora, el ex presidente justificó esas prevenciones debido a los supuestos vínculos de Córdoba con la guerrilla.

Esa circunstancia debe haber sido la última gota que colmaba el vaso, y decidió a la aludida a salir de Colombia, temiendo por su vida. Su abogado Luis Guillermo Pérez justificó ese exilio temporal diciendo que "estas intimidaciones han sido constantes, le dijeron que se estaba fraguando un atentado para matarla".

Peor para sindicalistas

Lo notable es que la Corte Suprema de Justicia declaró inválidos los supuestos mails que la DAS, la Policía Nacional y el Ejército dijeron haber obtenido de las computadoras incautadas en 2008 en el campamento donde asesinaron a Raúl Reyes. La Procuración de Ordóñez armó un proceso de destitución de Piedad como senadora, argumentando esos presuntos mails. Ahora que el más alto tribunal dictaminó que esas informaciones no son válidas para la justicia, ¿se anulará la destitución? No. Quedó bien firme. Y peor aún, Ordóñez anticipó que impulsará un nuevo expediente contra la mujer, basándose en supuestos mails de las computadoras halladas cerca del cuerpo del comandante Jorge Briceño, "Mono Jojoy", asesinado en 2010 en Macarena.

Tanta persecución contra la democrática Piedad no son la situación más grave pues hay otros casos peores, por caso para los sindicalistas. "Colombia es el país más peligroso del mundo para los sindicalistas: Confederación Internacional" titulaba un cable del 8 de junio pasado la Agencia EFE. Puntualizaba que la Confederación Internacional de Sindicatos (CIS) había denunciado ante la 100º Conferencia de la OIT, "que 49 activistas fueron asesinados en Colombia en 2010, lo que representa el 55 por ciento de los sindicalistas muertos en todo el mundo". La mala puntería hizo que otras 20 sindicalistas víctimas de atentados pudieran salvar la vida.

Periodistas, campesinos, estudiantes y desplazados, también la pasan mal; junto a los anteriores y los luchadores populares nutren la impresionante lista de 61.000 desaparecidos. A estos temas no los canta Shakira, siempre más cerca de Miami que de Antioquia o el Putumayo.

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